Ninguna comunidad autónoma aplicará este martes el copago en farmacias de hospitales
Unas comunidades se oponen, otras alegan dificultades para aplicarlo.
Afectará a 42 medicinas para enfermedades como cáncer y hepatitis C.
La comisión de Farmacia del Sistema Nacional de Salud se reúne este martes.
Foto.- Mapa de “La Sexta” destacando en rojo las que no lo aplicarán y con mazo las comunidades que ya han anunciado recurso…
RTVE
Ninguna comunidad autónoma aplicará en las farmacias hospitalarias el copago para pacientes, no ingresados, que sufran enfermedades graves y crónicas este martes, 1 de octubre, en unos casos porque se oponen a la medida y en otros solo por dificultades técnicas para realizarla.
Algunas autonomías, como Andalucía, País Vasco, Navarra, Asturias, Baleares, Canarias y Castilla y León han pedido al Gobierno que no la aplique; otras como Madrid, Murcia, La Rioja, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón, la asumen, pero no pueden ponerla en marcha aún, por motivos técnicos, al no tener adaptados sus sistemas informáticos para el cobro de medicinas.
Los 42 tipos de medicamento incluidos en el copago son tratamientos contra varios tipos de cáncer, también algunos para la hepatitis C y para la esclerosis múltiple, entre otras enfermedades. De esta forma, los pacientes que acceden a sus tratamientos en los hospitales, tendrán que hacerlo, al igual que ya ocurre en las oficinas de farmacia de calle, mediante una aportación.
Su aplicación en las unidades de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) supondrá una "aportación reducida" equivalente al 10% del precio del medicamento, con un máximo 4,2 euros por envase. El cálculo será proporcional a la dosis adquirida, por lo que la mitad de un envase tendría un coste de 2,10 euros.
La medida, que entra oficialmente en vigor este 1 de octubre, busca poner en práctica un real decreto aprobado en diciembre de 2012 que ya contemplaba el copago para las farmacias de los hospitales. De nuevo su aplicación vuelve a posponerse esta vez por varios motivos.
Mientras, desde el Ministerio de Sanidad, su secretaria general, Pilar Farjas, ha apelado un día antes de la entrada en vigor, a la responsabilidad de las comunidades autónomas para aplicar el copago. Farjas ha dicho, que el Gobierno ha establecido un marco normativo que "garantiza la equidad" y que ahora corresponde a los gobiernos autonómicos "responder a su responsabilidad que es garantizar que se atiende por igual a todos los pacientes, independientemente de donde vivan".
Consideran que la medida es "equitativa y justa" porque "los parados de larga duración no tendrán que pagar por las medicinas, como tampoco las personas con rentas de integración y con las rentas más bajas". En concreto, la medida excluye del copago a los enfermos que perciben una renta de integración social, las perceptoras de rentas no contributivas, las que han perdido el derecho a recibir el subsidio por desempleo, los afectados de síndrome tóxico y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Comunidades que piden su retirada
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Navarra, Cataluña y País Vasco son las autonomías más reticentes a la aplicación de este copago, aunque es obligatorio y finalmente tendrán que hacerlo, en caso de no prosperar los recursos.
La consejería andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha presentado este lunes un recurso de alzada ante la Delegación del Gobierno en esa comunidad. El gobierno andaluz cree que la medida pone en riesgo la salud de los pacientes, y que se trata de una nueva penalización para la ciudadanía con más costes que beneficios, ya que habría que adaptar todos los sistemas informáticos actuales y establecer un nuevo protocolo de trabajo. En esta comunidad autónoma son 90.000 los pacientes que tendrían que asumir el nuevo gasto.
El Gobierno de Canarias también ha recurrido ante la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad para pedir la suspensión cautelar del copago en farmacias hospitalarias. La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, ha señalado que afecta a pacientes con patologías "muy sensibles", de cáncer de mama, de próstata, de pulmón y hepatitis C, entre otros, y ha reclamado el Ejecutivo central que escuche lo que es un "clamor" de todas las comunidades.
También el gobierno de Asturias ha recurrido el copago a Sanidad y ha solicitado su anulación. El responsable de la consejería de Salud, Faustino Blanco, ha explicado que su primer objetivo es "convencer al Ministerio de que es una mala solución", antes de hablar de una negativa a poner en marcha una medida "contra la que no cabe resistencia" en caso de ponerse en marcha, ya que es obligatoria.
Tampoco el Gobierno navarro es partidario de su aplicación. El departamento de salud de esta comunidad ha pedido a los responsables de Sanidad que reconsideren su decisión porque "no logra efecto disuasorio" y desde el punto de vista recaudatorio "tampoco es importante", según ha explicado la consejera de Salud de Navarra, Marta Vera, además de que "no está claro cómo aplicarlo".
El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, ha pedido a la Defensora del Pueblo estatal que pida a Sanidad la derogación de la medida que afectará a 1.400 pacientes en esa autonomía.
El País Vasco también ha recurrido el copago, como medida que considera "injusta, injustificable e incongruente" y su responsable de Sanidad, Jon Darpón, llegó a decir que en caso de no prosperar el recurso de alzada recurrirían a los tribunales porque invade competencias y no mejora la sostenibildad del sistema.
Cataluña ha cifrado en 500.000 euros el ahorro en caso de aplicarse la resolución del Ministerio, una cifra que consideran poco significativa. Su responsable de sanidad, Boi Ruiz, ha garantizado que no la aplicacarán por el momento y que "nadie se quedará sin el medicamento que necesite". Una semana antes, el Govern había asegurado que no se aplicaría a pacientes que no pudieran asumir el coste.
Por su parte, el Govern balear, del PP, ha rehusado la aplicación del copago "mientras no haya directrices claras, concretas y obligatorias", y su decisión, ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional Núria Riera "supone una apuesta por estar al lado de los necesitados".
Castilla y León, también gobernada por el PP, es otra de las comunidades en desacuerdo con la medida, aunque con matices. Su consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha mostrado su rechazo "a esta medida concreta y parcial", aunque ha añadido que no significa que haya "frentes ni posiciones en contra del Ministerio". Los cambios en el copago parecieron "razonables" el año pasado, ha explicado, mientras que esta medida solo supondría un ahorro de 200.000 euros.
La aceptan, aunque no podrán aplicarla por motivos técnicos
Otras nueve comunidades han anunciado que aplicarán la medida, y no se han mostrado críticas con la misma, aunque aún no han determinado la fecha en la que se pondrá en marcha, una vez hayan hecho las adaptaciones necesarias.
El principal problema, en general, es el mecanismo de cobro de alguna cantidad económica en los hospitales. Así, pese a este inconveniente, fuentes del Gobierno de Aragón aseguran a RTVE.es, que los hospitales ya identifican en la actualidad a todos los pacientes externos y por eso pueden saber si están exentos o no de una aportación. Aseguran que las bases de datos de medicamentos pueden "incorporar rápidamente la aportación que corresponde a cada fármaco".
El presidente de la Xunta de Galicia ha admitido que el ahorro con el nuevo copago es "francamente escasísimo", pero lo ha justificado ya que forma parte de "una política farmacéutica homogénea". "No hay intencionalidad de que vaya destinada a los ahorros", ha asegurado.
La Junta de Castilla-La Mancha está "estudiando" la resolución del Ministerio, aunque al mismo tiempo ha avanzado que no podrá ponerla en marcha "a corto plazo. Tampoco la comunidad de La Rioja, cuyo presidente, Pedro Sánz ha defendido este lunes que el copago se ponga en marcha "de manera coordinada" entre todas las comunidades autónomas.
Extremadura es la única autonomía que sí ha podido explicar a RTVE.es que los usuarios no hospitalizados que recojan sus medicamentos tendrán que rellenar la primera vez el "modelo de alta a terceros" en el que facilitarán un número de cuenta, en un trámite similar a las domiciliaciones de la luz y el agua. De este modo, en las sucesivas visitas al hospital, el paciente podrá acudir directamente a recoger los medicamentos sin necesidad de hacer más gestiones.
Mientras, la Comunidad Valenciana no considera que sea una medida "prioritaria" para la sostenibilidad del sistema sanitario, según ha explicado el consejero valenciano de Sanidad, Manuel Llombart, que la ha considerado de "difícil aplicación técnica" y por ello la Generalitat no la pondrá en marcha este martes. Al mismo tiempo reconoce que es de "competencia estatal" y que se pondrá en marcha cuando estén "en disposición de poderlo hacer".
Madrid, Murcia y Cantabria se han limitado a asegurar que la medida se pondrá en marcha cuando se haya adaptado el sistema informático y coinciden en señalar la importancia de cumplir con la "legalidad".
Pacientes y médicos han coincidido en mostrar su rechazo al copago. Asociaciones como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y el Defensor del Paciente han denunciado que el nuevo copago se dirige contra los enfermos, que además ya tienen que hacer frente al pago de otros medicamentos en las oficinas de farmacia de calle. El Defensor del Paciente ha instado además a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a que presente un recurso de inconstitucionalidad sobre la medida.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer aseguran a RTVE. es que ven con preocupación la medida y ahora estudian el impacto económico que puede tener para los enfermos. Temen que los pacientes con rentas inferiores a 18.000 euros tengan que plantearse "si seguir el tratamiento o dar de comer a sus familias".
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