CONTRARREFORMA NO

Un año de movilizaciones y para seguir: ¡¡porque hay motivos!!.

La 'Marea Blanca' mantiene su fuerza tras un año de movilizaciones

Más de 60.000 personas han participado en la marea Blanca realizada en Madrid, cuando hace ya un año que se iniciaron las movilizaciones contra el proyecto del PP en Madrid para deteriorar y privatizar la Sanidad Publica.

nuevatribuna.es

Miles de personas han acudido a la duodécima 'Marea Blanca' convocada este domingo por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid para rechazar el proceso de externalización y los ajustes en el sector sanitario bajo el lema 'Hay motivos para seguir luchando'.

 

La marcha se produce después de que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Gerardo Martínez, haya decidido agrupar todos los recursos contra el proceso de externalización de seis hospitales de la región.

 

Ante esta decisión, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha registrado un recurso de reposición al entender que no es un procedimiento habitual dentro de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

 

En este sentido se ha pronunciado la portavoz del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Elvira González, para quien "es una estrategia política para que vaya en la misma dirección el fallo" del juzgado.

 

Igualmente, la secretaria de sanidad general de la federación de sanidad de CC.OO. en Madrid, Rosa Cuadrado, ha afirmado que les "desagrada profundamente lo inusual de que todas las causas se unifiquen en una sola y más con la vinculación que va a tener el presidente de esa sala al Partido Popular".

 

Por su parte, la secretaria de sanidad de UGT en Madrid, María del Carmen Medrantas, se ha alegrado de que "los ciudadanos quieran ser atendidos en la pública por la gran calidad" pero que esto puede cambiar si no se modifican los presupuestos de la Comunidad para sanidad.

 

Entre los asistentes a la manifestación ha estado el secretario general de los socialistas madrileños, Tomas Gómez, quien ha advertido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que "dentro de un año y medio hay elecciones, que aparque ahora la privatización y que la incluya en su programa electoral para que decidan los madrileños en las urnas si quieren privatización o no".

 

La mesa convocante de la 'Marea Blanca' está integrada por asociaciones de profesionales sanitarios, asociaciones vecinales, coordinadoras, movimientos sociales, organizaciones sindicales, plataformas y asambleas populares del 15-M, entre otros colectivos.

 

NOTA DE LA FADSP:

LA MAREA BLANCA DE MADRID MANTIENE SU FORTALEZA DESPUES DE UN AÑO DE MOVILIZACIONES

 

Mas de 60.000 personas han participado en la marea Blanca realizada hoy en Madrid, cuando hace  ya un año que se iniciaron las movilizaciones contra el proyecto del PP en Madrid para deteriorar y privatizar la Sanidad Publica

 

El amplio y continuado respaldo popular y profesional son las causas principales de que la Consejeria de Sanidad no haya conseguido llevar adelante sus proyectos de desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público madrileño.

 

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid consideramos que las movilizaciones y su mantenimiento son un exito y que marcan el camino a seguir

 

LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE... SE DEFIENDE

 

Un año de marea blanca contra la privatización: 6 cosas que hay que recordar

El Gobierno de Madrid no ha conseguido traspasar la gestión de seis hospitales a empresas como diseñó en octubre de 2012.

La cesión a contratistas de casi cualquier actividad dentro de los centros sanitarios sí se ha cumplido.

La plantilla y actividad sanitaria han disminuido, como anunciaba el Plan de Medidas del consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

Raúl Rejón, en eldiario.es

El 31 de octubre de 2012 el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció un Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público ligado a los presupuestos regionales. El documento contenía una "reforma estructural" basada en esta premisa: "Lo primero y más importante es ahorrar". La línea maestra del plan era la cesión a empresas de la gestión de hospitales, centros de salud y cualquier servicio no sanitario. Por su parte, la Consejería de Sanidad se dedicaría a la reducción de la plantilla asistencial.

La manifestación de la marea blanca este domingo recuerda un año de acciones contra el "desmantelamiento de la sanidad pública". Un año de la instalación de un nuevo modelo sanitario diseñado por el Partido Popular de Madrid, y de manifestaciones, huelgas y acciones legales.

 

1. Cambio de modelo y privatización

El cambio de modelo en la sanidad pública fue un acto sobrevenido del Gobierno madrileño. Nada ni remotamente parecido figuraba en las propuestas electorales de Esperanza Aguirre al acudir a las elecciones autonómicas de 2011 (en septiembre de 2012 la presidenta del PP madrileño abandonó su puesto y dejó paso a González). La entrada a gran escala de las empresas en todas las esferas de la sanidad fue justificada por la caída de ingresos en las arcas públicas. Y la oposición al plan de medidas se materializó en una huelga de profesionales sanitarios en noviembre de 2011.

Se le sumó una batería de manifestaciones protagonizadas por médicos, cuyas batas dieron el nombre a las marchas de marea blanca. Tras la aprobación, el 27 de diciembre de 2012, del texto legal que permitía la entrada de empresas en la dirección médica de seis hospitales, la oposición se trasladó de la calle a los juzgados. Dos recursos contra la orden de cesión presentados por la asociación de facultativos AFEM han conseguido la suspensión cautelar actualmente activa. Todo el proceso ha acumulado 14 recursos judiciales.

 

2. Sanidad gestionada por contratistas

El Gobierno regional ha adjudicado la atención sanitaria de 1,2 millones de ciudadanos a tres empresas (Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo) al cederles la gestión de seis hospitales, por la que calcula pagar 4.600 millones de euros. Las concesiones han sido ya firmadas, pero el traspaso de gestores está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia. En el concurso no hubo ninguna competencia. Cada empresa optó por centros diferentes, sin colisionar en sus intereses. Las ofertas apenas redujeron mínimamente las cantidades propuestas por Sanidad.

Sanitas concursó por el hospital del Henares (Coslada), cercano a otra concesión pública que gestiona: Torrejón de Ardoz, que a su vez había comprado a la adjudicada original: Ribera Salud. Ésta, tras salir del negocio sanitario madrileño, regresó para dirigir dos hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), y del Sureste (Arganda del Rey). Para completar los lotes, acudió a la subasta un grupo hasta entonces ajeno a la realidad médica española: la puertorriqueña HIMA San Pablo, especializada en captar turistas sanitarios hacia el Caribe. El grupo se quedó con el hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, también diseñó la privatización del servicio de un 10% de los centros de salud en Atención Primaria, medida que de momento está en el limbo tras presentar 320 directivos públicos de estos centros sus renuncias anticipadas para hacerlas efectivas "en cuanto salga un concurso de adjudicación". Aunque la cesión de centros sanitarios ha encallado en los tribunales, la privatización de servicios se ha ido profundizando. Actualmente, casi cualquier actividad que no sea médica está ya en manos de contratistas. La limpieza, el mantenimiento, la lavandería o las comidas han pasado al mercado.

 

3. Reducción de plantilla

Además de liberarse de los trabajadores que pasaron a depender de las empresas adjudicadas, Madrid ha aligerado parte de sus equipos con la jubilación de profesionales a los 65 años. La medida, anunciada en el plan de octubre de 2012, tuvo evidencias de su alcance en mayo de este año, cuando de golpe quedaron fuera de los hospitales 700 médicos. Hasta entonces, la trayectoria profesional se podía prolongar sin grandes incovenientes hasta los 70 años. Esta es la primera fase de un adelgazamiento de 1.200 facultativos para cinco años, según los propios cálculos de Sanidad.

 

4. Sin actividad hospitalaria por las tardes (y con más lista de espera)

La Consejería de Sanidad de Madrid prohibió en 2012 la actividad extra que muchos profesionales realizaban por la tarde en los hospitales. El argumento fue que resultaba demasiado cara, porque las llamadas peonadas se pagaban como horas extras. A cambio, el Gobierno madrileño anunció que implantaría turnos "ordinarios" vespertinos contratando otros profesionales para aprovechar mejor las infraestructuras sanitarias.

Al final, la eliminación de las intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas extra se hizo efectiva. El nuevo turno, no. Mientras, las listas de espera quirúrgicas llegaron a su máximo histórico. En marzo aguardaban 64.311 personas. En junio, 64.113. El presupuesto para atender a pacientes o hacer pruebas diagnósticas de pacientes derivados desde los hospitales públicos a centros privados creció un 17% en 2013.

 

5. Hospitales "especializados"

En noviembre de 2012, el consejero Javier Fernández-Lasquetty decretó el cambio del hospital general La Princesa a geriátrico. O, como explicó entonces, "especializado en atención a mayores". Este fue el primer gran detonante de movilizaciones y manifestaciones. Hasta la alcaldesa de la capital, Ana Botella, puso su firma de apoyo para que el hospital no perdiera sus servicios generales. Esta ha sido la única medida que el Ejecutivo de Ignacio González ha retirado de forma pública. Sanidad explicó que el hospital debería recortar en cinco millones extra sus gastos. No corrió tanta suerte el Hospital Carlos III, que se convierte en centro de estancia media.

 

6. El euro por receta

Madrid emuló la medida adoptada por Cataluña de cobrar un euro por cada receta que los pacientes presentaran en las farmacias. Se puso en macha rápidamente y ya funcionaba el 1 de enero de 2013. El día 29 de ese mes, el Tribunal Constitucional lo suspendió al admitir el recurso que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy. Según el departamento de Economía de la región, en ese periodo se habían recaudado cinco millones de euros. En abril, un director general de Sanidad anunció en el Parlamento regional que si el Constitucional no anula definitivamente la medida, perseguirán a los objetores para "reclamar lo que no se ha pagado".

 

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“Hay motivos para seguir luchando”

La Marea Blanca celebra su aniversario tomando el centro de Madrid contra la privatización sanitaria

Tras doce meses de protestas, los manifestantes mantienen el pulso y el ánimo para tratar de frenar la cesión a contratistas de hospitales públicos

La marcha ha arrancado casi al lado de donde Esperanza Aguirre e Ignacio González, los precursores del cambio de modelo sanitario del PP, se reunían convocados por la AVT

Raúl Rejón, en eldiario.es

Apenas unos centenares de metros separaban hoy a mediodía a los antagonistas que luchan desde hace doce meses a cause del cambio de modelo sanitario en Madrid. En la plaza de Cibeles, la marea blanca se reunía por décima vez en un año para gritar: "Sanidad Pública". Un poco más hacia el norte, en la plaza de Colón, los políticos que iniciaron y continúan con la entrada de empresas contratistas en la gestión sanitaria: Esperanza Aguirre (ex presidenta de la Comunidad) y el actual jefe del Ejecutivo regional, Ignacio González. Ambos dirigentes del PP estaban en la concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No pudieron oír los vítores de la manifestación sanitaria que, al pasar por la sede del Gobierno madrileño, iban cantando: "Sanidad, no se vende, se defiende".

La Marea Blanca ha soportado bien el desgaste del tiempo en su duodécima edición -la primera se reunió en noviembre de 2012-. Miles de médicos, médicas, enfermeras, pacientes y otro personal han confluido desde el norte, sur y este de la capital para desembocar en la Puerta del Sol. Casi un año tras el anuncio de la Consejería de Sanidad que abría una batería de medidas encaminadas a recortar el presupuesto sanitario público mediante la concesión de las actividades médicas y no médicas del sistema a empresas privadas, las muestras de protesta gozan de buena salud. "Sí se puede", repetían muchos manifestantes al ser preguntados. El parón a la privatización de hospitales decretada por los jueces, aunque provisional, ha reforzado la moral de los opositores.

María, una bata blanca, al frente de las pancartas, se preguntaba: "¿Cuánto dinero se va a las cuentas de resultados de la empresas de la privatización?". Mientras, un grupo de chicas con pañuelos rosas en la cabeza afeaban a la Consejería de Sanidad estar "empeñados en privatizar en lugar de gestionar. Y así se les pasó lo de las mamografías". Se referían al retraso de siete meses en las pruebas preventivas del cribado del cáncer de mama que la Comunidad de Madrid provocó al no conseguir renegociar -a la baja- los contratos con las clínicas a las que deriva parte de las mamografías. 30.000 pruebas no se realizaron según el calendario y ahora tendrán que correr para llegar a hacerlas antes de que acabe 2013. Si se da abasto.

La privatización de seis hospitales está siendo el caballo de batalla. La administración del consejero Javier Fernández-Lasquetty la ha convertido en objetivo prioritario pero, al tiempo que la comunidad profesional y los pacientes se han plantado ante la entrada de contratistas en las consultas, el resto de medidas que transforman la sanidad pública han ido tomando cuerpo. En octubre se hizo efectiva la privatización de la limpieza en centros sanitarios. Antes, la lavandería hospitalaria también fue adjudicada por concurso. Las cocinas de los hospitales que seguían bajo dirección de las gerencias pasan a manos de empresas. Las listas de espera quirúrgica soportan la mayor fila desde que se contabilizan al haberse extinguido la actividad extra de los quirófanos por las tardes... Un sindicalista del servicio de orden de la manifestación de hoy decía mientras ordenaba una cabecera: "si lo miramos bien, nos las están colando por todos los sitios...".

Protesta multitudinaria

La 'marea blanca' sale de nuevo a la calle en defensa de la sanidad

Miles de personas se concentran en Madrid en la duodécima manifestación desde el inicio del conflicto sanitario en contra de la privatización

27.10.13 - EFE | MADRID.

Miles de personas se han manifestado en Madrid en defensa de la sanidad pública y en contra de su privatización, convocados por varias asociaciones y sindicatos, en la que ha sido la duodécima protesta de la "marea blanca". Se trata de la segunda manifestación tras la paralización cautelar del proceso de privatización de la gestión de seis hospitales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por lo que a su lema habitual "La sanidad no se vende, se defiende", en la pancarta principal, han incorporado otra con la frase "Hay motivos para seguir luchando".

La manifestación se ha iniciado en Cibeles, donde han confluido las tres columnas que partían de Colón, la Puerta de Alcalá y Atocha, unos minutos después de las 13.00 horas. La columna de Colón coincidía con el lugar donde había convocado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) una concentración contra la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y varios de sus asistentes insultaban a los de la "marea", por lo que la Policía ha establecido un cordón entre ambos grupos y ha hecho avanzar unos metros a los usuarios de la sanidad.

La protesta, más numerosa que en otras ocasiones según observadores de otras marchas, ha tenido un carácter festivo y reivindicativo en todo momento, acompañada por varias batucadas, música y una orquesta del 11-M. Los gritos a favor del carácter público de la sanidad y en contra de los recortes, especialmente de la sanidad, han sido los más coreados, aunque los políticos y la crisis no han sido ajenos a los eslóganes de los manifestantes.

"De la sanidad fuera las empresas", "Para la privada nada, nada, nada" y canciones populares adaptadas a la sanidad han sido las más coreadas, pero también "Dónde está el dinero? Lo tenía el tesorero", "Así, así lucha Madrid" o "Pueblo de Madrid movilizate y a estos sinvergüenzas parales los pies". Unas figuras del Gernika de Picasso de cartón también clamaban en contra de la privatización, de las jubilaciones forzosas de los médicos y por el derecho a la sanidad pública.

Cuando la manifestación ha pasado a la altura de la Consejería de Sanidad, las pitadas han arreciado así como los gritos de "Sí se puede", en tanto que al llegar al Ministerio de Hacienda, ambos en la calle Alcalá, los manifestantes se han parado unos minutos y, con las manos en alto, han gritado "Manos arriba, esto es un atraco" o "No es una marea, es un tsunami". Al llegar a la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, los gritos mayoritarios eran de "Ahí está la cueva de Alí-Baba".

 

"Una nueva sanidad pública"

El portavoz de una de las asociaciones convocantes, Patusalud, y médico del hospital Ramón y Cajal, Luis Fernández, ha comentado que van a continuar con las manifestaciones porque "hay mucho que hacer y mucho que parar". Ha confiado en que dada la afluencia de gente "la Comunidad nos tenga en cuenta, nos escuche y atienda y que el Plan de Sostenibilidad de la sanidad pública madrileña no tenga efecto".

Esta marcha se ha celebrado después de que el presidente de lo Contencioso-administrativo del TSJM dictara un auto unificando en una sala todos los recursos presentados contra el concurso de los seis hospitales, una decisión que los médicos de AFEM han recurrido. "Las últimas noticias no nos han gustado nada", ha reconocido Luis Fernández, quien ha indicado que las organizaciones siguen a la espera de lo que resuelvan los tribunales. "Esperamos -ha continuado- que la Justicia siga siendo justa y que se detengan las privatizaciones".

En su opinión, los centros de salud "están en claro peligro de privatización"; hay "leyes que impiden que miles de personas no tengan sanidad pública en Madrid" y "todo eso hay que borrarlo del mapa y hacer una nueva sanidad pública gestionada desde lo público y contando con los profesionales y usuarios. En la Puerta del Sol varios usuarios de ella han leído un manifiesto en favor del carácter pública de la sanidad y en contra de la privatización, desaparición o reconversión de los centros sanitarios madrileños.

Tras celebrar la paralización cautelar de la justicia, han pedido que se deroguen las leyes que "justifican la privatización de la sanidad" y han animado a seguir "en la lucha y con la ayuda de la justicia" para parar el proceso. Después numerosos ciudadanos han dado testimonio de sus razones para mantener y mejorar la sanidad pública.

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Trascendente “Marea Blanca”, mañana 27 de octubre 2013

Madrid: Manifestación 27 octubre a las 12h.

Con tres puntos de salida:

1. Plaza Colón
2. Puerta de Alcalá
3. Atocha

Salida a las 12h. desde esos tres puntos para confluir en CIBELES a las 13h. y desde ahí se partirá, todos juntos, hacia Sol.

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Más del esperpéntico y sarcástico "Pacto por la sostenibilidad" de la ministra y

No nos representan (ni Ana Mato ni sus mariachis)

Contra el pacto entre los autodenominados "Foros Profesionales" y el Ministerio de Sanidad. Por Marciano Sánchez Bayle y Sergio Fernández Ruiz.

Foto.- La ministra de Sanidad Ana Mato, junto a los consejeros de Sanidad, de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y de Castilla y León, Antonio María Sáez, durante la presentación del pacto por la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

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El Ministerio de Sanidad y los denominado "Foros de la Profesión Médica y de Enfermería" organizan una autodenominada “Conferencia de Profesionales Sanitarios” en los que estas entidades se arrogan la “representación” de todos los profesionales sanitarios llegando a acuerdos con el Ministerio de Sanidad que establecen distintas medidas que perjudican claramente al Sistema Público de Salud:

La finalidad de este pacto es:

-Crear microempresas dentro de los centros para competir entre sí, en el marco legal de un mercado sanitario mixto (público y privado), financiado esencialmente con fondos públicos.

-Establecer alianzas y acuerdos con otras empresas del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales. Esto permite dar entrada al capital privado de empresas, a los laboratorios farmacéuticos, a las industrias de electro-medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios.

-Dar apoyo a la política de recortes, deterioro de la Sanidad Pública, copagos y privatizaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad y los gobiernos del PP.  

Consecuencias previsibles:

1. Desmantelamiento del sistema sanitario que se fragmentaría en múltiples parcelas de poder y negocio con participación del capital privado y de grupos empresariales.

2. Deterioro de los derechos de los profesionales que perderían las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión).

3. Desmantelamiento del nivel de Atención Primaria que quedaría sometido a los intereses empresariales.

4. Aumento de los costes del sistema sanitario (costes burocrático-administrativos) vinculados a la trasformación de las unidades y servicios en empresas autónomas (facturación etc.).

5. Trabas de acceso a determinados servicios a los pacientes con patologías no rentables, -selección de riesgos-, por estas empresas que tienen la oportunidad de apropiarse de los beneficios económicos que se generen.

6. Abre las puertas a la privatización del sistema sanitario ya que se le da la oportunidad a empresas privadas de intervenir e influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en las patologías más prevalentes.

La evolución de las reformas del NHS de la Sra Thatcher y la producida en otros países nos indican, que el primer paso en las contrarreformas privatizadoras de los sistemas sanitarios públicos tiene como objetivo la ruptura de la red pública en microempresas y la introducción de los criterios de mercado en la atención sanitaria. Después y de manera progresiva las empresas privadas irían, como así ha sucedido en Gran Bretaña, ganando espacio y negocio en el sector y haciéndose con un porcentaje cada vez mayor del mismo.  

Sabemos cuál es el horizonte y la intencionalidad de quienes hoy formulan unas propuestas aparentemente suaves, poco relevantes, sin embargo, sus objetivos son conocidos: desestructurar el sistema sanitario público y romper su carácter integrador y de colaboración entre profesionales, niveles asistenciales y servicios.

Este pacto, además, de manera escandalosa, se hace con exclusión de los sectores no afines al Gobierno del PP, con la ausencia de transparencia y participación de la mayoría de los profesionales y trabajadores sanitarios, y asumiendo posiciones que estos rechazan cotidianamente, en los centros de trabajo y en las calles, tal y como se ha demostrado en las movilizaciones realizadas en todo el país rechazamos su contenido y la firma de este pacto.

Triste papel el de estos “mariachis” de Ana Mato que a cambio de no sabemos cuántas prebendas (alguna si se conoce ya, el mantenimiento de la colegiación obligatoria) sirven de apoyo “mediático” a una ministra lesiva para la Sanidad Pública y responsable del mayor retroceso que ha vivido nuestro sistema de salud desde hace 40 años. Por todo ello no nos podemos sentir representados por estos pactos y creemos que hay que denunciar y rechazar este pacto hecho contra los intereses de la Sanidad Pública y a espaldas de sus profesionales.

Para que se haga mas evidente este rechazo hay que sumarse más activamente a este rechazo participando en la próxima convocatoria de la MAREA BLANCA (Madrid 27 de Octubre) y firmando el manifiesto 'Contra el pacto entre los autodenominados "Foros Profesionales" y el Ministerio de Sanidad'.

 

CCOO, UGT Y CSIF EXIGEN A LA MINISTRA que convoque LA MESA SECTORIAL

La Audiencia Nacional admite el recurso sindical contra el pacto entre Mato y los profesionales

Consideran que el pacto entre médicos y Ministerio “deja al margen a los representantes legítimos de los trabajadores en cuestiones que afectan troncalmente a las condiciones laborales del personal al servicio del SNS”

Redacción Médica, Madrid

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, el Foro de la Profesión Médica y el colectivo de Enfermería presentado por CSIF, CCOO y UGT y con el que exigen que las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) pasen por el Ámbito de Negociación.

 

Los sindicatos impugnan estos acuerdos al entender que “invaden competencias sindicales”, y por tanto, “dejan al margen a los representantes legítimos de los trabajadores en cuestiones que afectan troncalmente a las condiciones laborales del personal al servicio del SNS”, informa CSIF.

 

En este sentido, el sindicato que dirige Fernando Molina en el área de Sanidad ha pedido a la ministra que “tome buena nota de esta decisión y atienda a las reivindicaciones de los sindicatos, en vez de despreciarles y dejarles al margen, como ha ocurrido este mismo lunes en el acto de presentación de los Pactos por la Calidad y Sostenibilidad del SNS”.

 

Los sindicatos reclaman “la convocatoria urgente de la mesa de negociación para abordar cuestiones básicas, como los reiterados recortes en condiciones laborales que han sufrido los profesionales sanitarios desde el comienzo de la crisis, los recortes en volumen de empleo y la fuga de profesionales, tanto al sector privado como al exterior, obligados a emigrar por la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo en España”.

 

CSI-F considera que “el SNS atraviesa un momento de suma gravedad por los recortes, que afectan tanto a los profesionales como a los usuarios de la sanidad: la externalización de servicios de la sanidad pública, menor inversión sanitaria, aumento de las listas de espera, rebajas salariales, incrementos de la jornada, amortización de plazas y despidos, o el incremento del copago en medicamentos, como ha ocurrido recientemente en el caso de los fármacos de dispensación hospitalaria”.

 

Asturias no acude a la reunión del pacto sanitario convocada por la ministra Mato

22.10.2013, Madrid / Oviedo, EN La Nueva España.

 

Asturias estuvo ausente ayer, junto a Cantabria, Andalucía y Canarias, en la reunión convocada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, para la firma del pacto por la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud, suscrito por el Ministerio y representantes del sector médico y la enfermería.

 

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, considera "inaceptable" que las negociaciones del pacto excluyan a las comunidades, a pesar de que afecta a sus competencias. "La búsqueda de la sostenibilidad es un objetivo compartido, pero algunos modelos afectan a la equidad y eso nos preocupa", advirtió Blanco, quien afirma que el Ejecutivo invitó a Asturias "con menos de 18 horas de antelación" y para respaldar un documento que no se ha conocido hasta ayer.

 

CUANDO LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE VA EN SENTIDOS DIAMETRALMENTE OPUESTOS…

Mato propone a las autonomías agilizar la gestión sanitaria

La ministra Ana Mato anuncia que presentará un paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema

21.10.2013, EFE

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que en los próximos meses van a presentar un paquete de más de 50 medidas para mejorar la política y gestión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y poder planificar las necesidades de profesionales sanitarios "a medio y largo plazo".

 

Así lo ha asegurado durante la inauguración de la Conferencia de Presentación de los Pactos para la Sostenibilidad y la Calidad del SNS, a la que han asistido representantes de la profesión médica y enfermera y de todas las comunidades salvo Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias.

 

La ministra no ha precisado el contenido de estas propuestas pero sí ha avanzado que serán "coherentes con los problemas del desempleo, la oferta formativa y las necesidades asistenciales".

 

"Necesitamos una gestión eficiente de los recursos, en la que los profesionales sanitarios estén y se sientan motivados e implicados", ha dicho Mato.

 

Todas las medidas están recogidas en el Libro Blanco que han elaborado en el último año los miembros del Consejo Asesor de Sanidad y la Universidad Rey Juan Carlos, y en los próximos meses se las presentarán a las comunidades en el marco del Consejo Interterritorial para su valoración.

 

El Ministerio también ultima otros puntos acordados en el pacto con los profesionales sanitarios, como el Registro Estatal de Profesiones Sanitarias, cuya regulación estará lista a comienzos de 2014; y el desarrollo de la prescripción enfermera, que "será una realidad en breve", según Mato.

 

Además, se presentará el proyecto legislativo que establezca un marco estable para el diálogo abierto con médicos y enfermeros, en el Foro de Profesiones sanitarias tituladas; se dará un impulso definitivo a la regulación de la troncalidad y el desarrollo profesional, y se estudiarán con las comunidades las oportunidades que ofrece el nuevo modelo de gestión clínica para su aplicación en el SNS.

 

En su intervención, Mato ha insistido una vez más en la necesidad de que todos los agentes del sector se unan en un Pacto por la Sanidad. "Todos tenemos sitio en el pacto por la sanidad, todos somos necesarios, nadie debe eludir su responsabilidad", ha remarcado.

 

De hecho, ha asegurado que en próximos días se sumarán a este pacto los farmacéuticos y también han mantenido conversaciones con algunas asociaciones de pacientes.

 

No obstante, ha añadido, hay que tener en cuenta que la sostenibilidad del sistema "no es una mera cuestión de más recursos económicos".

 

"Nadie duda de que los esfuerzos presupuestarios vinculados a la crisis son importantes, pero también depende de problemas organizativos, cultura de gestión y políticas de recursos humanos", según la ministra.

 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha reconocido a su entrada a la reunión que "el principal problema" del SNS para su sostenibilidad es el marco normativo de los profesionales sanitarios, "que se inventó para los funcionarios en el siglo XIX y se utiliza para gestionar hospitales del siglo XXI".

 

"Eso provoca disfunciones verdaderamente ineficientes, y perjudica mucho a médicos y enfermeras, por lo que toda iniciativa debe tender a hacer menos rígido el sistema", ha dicho.

 

A la salida de la misma, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha celebrado la importancia del pacto con los profesionales y ha reconocido que "cuando caen los recursos hay que ajustarse a las circunstancias" y tomar medidas para gestionar la sanidad "con más eficiencia".

 

Además, ha corroborado el consenso que existe en el PP sobre la conveniencia del Pacto y confía en que el resto de comunidades hoy ausentes se sumen al mismo.

 

De hecho, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha insistido en que el Pacto es "imprescindible" y en que "la sanidad no puede estar sujeta a banderías políticas", ya que "el principal perjudicado es el paciente".

 

"Hay que pedir a los políticos un ejercicio de responsabilidad", ha remarcado, pidiendo que el Pacto por la sanidad sea como el Pacto de Toledo que se firmó en materia de pensiones, "con todos cogidos de la mano".

 

Durante la celebración de la Conferencia en el Ministerio, casi un centenar de personas se han manifestado pidiendo una sanidad "sin empresas ni médicos empresarios" y luciendo pancartas que rezaban lemas como 'Políticos, fuera vuestras manos de la sanidad'.

 

Sanidad invita a los pacientes a sumarse al pacto por la sostenibilidad

Mato pide a todos los grupos políticos que se sumen a los acuerdos.

La ministra presentará a las comunidades 60 propuestas sobre gestión y recursos humanos

María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha invitado este lunes, a las asociaciones de pacientes a unirse al pacto para la sostenibilidad del sistema de salud que suscribió en julio con médicos y enfermeros. En la conferencia de presentación del acuerdo, al que se sumarán también los farmacéuticos, Mato ha anunciado que presentará a los consejeros de Sanidad de las comunidades en las próximas semanas un paquete de 60 propuestas sobre política y gestión de recursos humanos.

 

Este paquete, que analizarán los responsables autonómicos en el próximo consejo interterritorial, se suma al contenido sobre recursos humanos y gestión que incluyen los pactos por la sanidad firmados en verano con los representantes de 500.000 sanitarios. Acuerdos que recogen algunas medidas de desarrollo profesional, como la introducción de prescripción enfermera --reclamada durante años por el colectivo y prometida por varios ministros--; y de ordenación, como la creación de un registro de profesionales. Medidas que podrían empezar a aplicarse a partir del año que viene.

 

Más difícil es de alcanzar la parte menos tangible y política de los acuerdos: la que habla de la sostenibilidad del sistema sanitario. Solo las comunidades del Partido Popular han decidido rubricarlos. Autonomías que han hecho visible su compromiso con Mato hoy, asistiendo a la conferencia en Madrid --como lo ha hecho el consejero madrileño Javier Fernández Lasquetty, el de Valencia, Manuel Lombart o de Murcia, María Ángeles Palacios-- en la que no han participado los consejeros de País Vasco, Asturias, Andalucía y Canarias, que ya en julio aseguraron que no se les había consultado el contenido del pacto. Una crítica a la que se sumó también el PSOE que criticó que los acuerdos --que hablan de universalidad en la atención y de equidad-- ignoraban la realidad de los recortes y la reforma sanitaria del gobierno de Mariano Rajoy.

 

La ministra Mato y el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, han criticado las ausencias de las comunidades socialistas. “Todos cabemos en el pacto”, ha dicho Mato. “Todos somos necesarios y nadie debería eludir la responsabilidad”, ha aseverado la titular de Sanidad, que ha apuntado que con la firma de los acuerdos con los sanitarios se asientan las bases de un gran pacto para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud.

 

Los presidentes de los médicos, Juan José Rodríguez Sendín, y los enfermeros, y Máximo González Jurado, han pedido a las asociaciones de pacientes, al resto de profesionales sanitarios –se está negociando con los auxiliares de enfermería—y a todos los grupos políticos que se sumen a los compromisos para que se pueda alcanzar un pacto similar al Pacto de Toledo de las pensiones.

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha criticado la firma de los acuerdos y ha asegurado que se ha hecho “con la exclusión de los sectores no afines al Gobierno y con falta de transparencia y participación de los profesionales y trabajadores sanitarios”.

 

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Más claro ¡¡difícilmente!!

Rosa Aguilar reprocha a Mato que está cambiando "derechos para todos por negocios para unos pocos"

La portavoz socialista de Servicios Sociales, Rosa Aguilar, ha acusado a la ministra Ana Mato de estar "enterrando el Estado de Bienestar", "desmantelando lo público en favor de lo privado", y propiciando que "donde ahora hay derechos para toda la ciudadanía -sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, pensiones …- aparezcan negocios para unos pocos".

 

DIARIO PROGRESISTA

 

“Impulsan el camino hacia una nueva burbuja social que sustituya la burbuja inmobiliaria. Obedecen a intereses del sector privado que quieren hacer negocio con las políticas sociales”, ha denunciado. Para ello, “están acabando con lo público, que es la garantía de igualdad de derechos y cohesión social”, mientras “emergen cada día más empresas para gestionar lo social desde el ámbito de lo privado, todo de pago, a sabiendas de que tienen el negocio asegurado con el desmantelamiento que el gobierno está llevando a cabo”.

En una interpelación formulada hace dos días en el Congreso a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Rosa Aguilar ha subrayado que “la mayoría de la ciudadanía va a peor con su política: hay más paro, más precariedad, más temporalidad y los salarios, por más que se empeñe el ministro de Hacienda, han bajado –indicó-. Hay 1.821.000 hogares con todos los miembros en paro, la cobertura por desempleo ha descendido al 61,28% y la desigualdad se ha incrementado”.

“Ahora hay más ricos y son más ricos, y hay más pobres que son más pobres. Están abriendo una brecha entre las personas y provocando una auténtica ruptura social”, manifestó.

 

Los presupuestos de la desesperanza y la desesperación

La portavoz socialista ha puesto de manifiesto que las políticas del Gobierno “son un fracaso”, y que los presupuestos “no son los de la recuperación sino los de la de la desesperanza y la desesperación para muchas personas”.

Ha denunciado que el PP “gobierna a golpe de decreto para quitarle a la ciudadanía sus derechos” y que los “recortes brutales golpean con dureza a los más vulnerables - niños, jóvenes, dependientes, discapacitados, mujeres, familias, desahuciados, parados…-, generan cada día más desigualdad, más pobreza, más sufrimiento y más exclusión social”.

En este sentido, ha destacado que “la pobreza va a más: 3 millones personas en pobreza severa –sobreviven con menos 307 euros al mes-, más personas en los comedores sociales y dependiendo de las organizaciones sociales y de la solidaridad del conjunto de la sociedad”.

Ha acusado a la ministra de “abandonar a los más vulnerables”, rompiendo la universalidad de la sanidad e instaurando el copago, con los recortes en educación y la aprobación de la LOMCE que significa desigualdad y exclusión, y reduciendo a la mínima expresión los servicios sociales.

“Han reducido el 66% en el Plan Concertado, en un momento en el que hay un incremento del 200 % en las solicitudes de ayudas emergencia y del 30% de las personas que necesitan servicios sociales; recortan el programa de atención a la infancia y a la familia casi el 70%; están llevando a cabo una Reforma local que significará la privatización de los servicios sociales que gestionan los ayuntamientos; han dinamitado la Ley de Dependencia, quitándole 2.248 millones de euros; es una vergüenza el trato que dan a los pensionistas, con menos pensiones, pérdida poder adquisitivo, más impuestos, y copagos; 2.200.000 niños están en situación de pobreza, sin que el Gobierno haga nada; y con sus medidas, suman paro al paro”, enumeró.

Asimismo, la portavoz socialista ha puesto de manifiesto la “hipocresía política” del Gobierno: “Hablan de familia y las arruinan; hablan de discapacidad y dependencia y los dejan sin derechos; hablan de mayores y los asfixian; hay menos pensiones y más dificultades para los pensionistas; hablan de los niños y los abandonan; hablan de las mujeres y, salvo para quitarnos derechos, somos inexistentes; hablan de los parados y suman paro al paro, dejándolos abandonados sin prestación; hablan de jóvenes y les invitan a salir del país”.

Jornadas parlamentarias “Un año de recortes sanitarios: un año de desigualdad”

PSOE, IU y Defensa de la Sanidad Pública denuncian el deterioro del SNS tras el primer año de recortes

La responsable de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez; el diputado de IU, Gaspar Llamazares; y el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, han denunciado en unas jornadas en el Congreso el deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras el primer año de recortes en el ámbito sanitario.

nuevatribuna.es

La responsable de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez; el diputado de IU, Gaspar Llamazares; y el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, han denunciado en unas jornadas en el Congreso el deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras el primer año de recortes en el ámbito sanitario.

Los tres han inaugurado las jornadas parlamentarias 'Un año de recortes sanitarios: un año de desigualdad', que se han celebrado en el Congreso de los Diputados.

Así, Trinidad Jiménez ha insistido en que las medidas adoptadas por el Gobierno del PP "de nada han servido" más que para "perjudicar de manera grave" el Sistema Nacional de Salud, así como la salud de los españoles. A su juicio, en este último año se ha producido un "ataque directo" a la universalización de la sanidad desde la aprobación en marzo de 2012 del decreto de reforma sanitaria.

"Una ruptura de consenso que merma la calidad de la sanidad pública, con el copago o repago, el pago de medicamentos para pensionistas y el resto de ciudadanos pagamos más medicamentos. Son decisiones que nos enteramos por el BOE, como pagar los medicamentos se dispensan en hospitales", ha criticado la exministra de Sanidad.

Es más, sostiene que "poco a poco" la sanidad pública se va a ir desprendiendo de los principales elementos de cohesión y va a quedarse "residual". "Es nuestro gran temor, y la gente poco a poco querrá suscribir acuerdos con sistemas privados para tener esa cobertura que la pública no les da", ha insistido.

Eso sí, a pesar de este "panorama negativo" cree que se está todavía a tiempo de "rescatar" a la sanidad pública, al mismo tiempo que valora la protesta de los profesionales sanitarios en la materia.

 

LA SANIDAD YA NO ES UN DERECHO

Por su parte, Gaspar Llamazares ha subrayado que los españoles sufren desde hace un año una "contrarreforma dura y una bomba de fragmentación" que deteriora los principios del sistema sanitario. "La piqueta va a por los cimientos del sistema sanitario", ha alertado.

En su opinión, la sanidad ya no es un derecho sino que está para los que están asegurados. Según ha rechazado, el decreto de reforma sanitaria va a por la accesibilidad del sistema, no gratuidad porque se financia con impuestos, y pone en marcha mecanismos de recorte y repago, así como el cuestionamiento de prestaciones.

"No me parece casual la sobremortalidad del año anterior ni tampoco el cambio en la esperanza de vida, que ha descendido", ha apostillado.

Llamazares ha hecho referencia a datos del Ministerio de Sanidad por los que "la exclusión sanitaria abarca a 873.000 personas", y en relación a los recortes, según las organizaciones profesionales más de 50.000 profesionales han sido amortizados. Al mismo tiempo ha puntualizado que los pensionistas pierden entre un 15 y un 20 por ciento por pagarse sus medicamentos. "Se está produciendo un desbarajuste del sistema, nunca ha habido tanto lío entre las comunidades autónomas", ha remachado.

Desde FADSP, Marciano Sánchez Bayle, ha avisado de que España está retrocediendo 40 años en materia sanitaria, con los recortes emprendidos en este último año y desde que se aprobara el decreto de reforma sanitaria de marzo de 2012.

En su opinión, las actuaciones del Gobierno están incidiendo sobre el derecho a la salud y el propio derecho a la protección de la salud, si bien defiende que "hay soluciones"

"Cualquier estudio que se haga sobre la situación de salud y los recortes, sobre la accesibilidad de las personas (al SNS) siempre va en el mismo sentido, salvo si lo lee Montoro (ministro de Hacienda) y no hay mejor ciego que el que no quiere ver", ha sentenciado.

Trinidad Jiménez destaca que “la movilización del sector sanitario ha conseguido paralizar la privatización de la sanidad en Madrid”

El PSOE denuncia el deterioro de la sanidad pública y el perjuicio en la salud de los españoles y subraya la “unanimidad en el rechazo” al sistema que el PP pretende imponer.

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez1, ha denunciado hoy en el Congreso el “deterioro” del Sistema Nacional de Salud como consecuencia de los recortes sanitarios llevados a cabo por el Gobierno, que “han perjudicado de manera grave el sistema público de salud y la salud de los españoles”, y ha puesto de manifiesto la “unanimidad en el rechazo al sistema” que el PP pretende imponer.

La dirigente socialista ha destacado que “la movilización extraordinaria del sector sanitario, la fuerza demostrada en la calle ha conseguido paralizar la privatización de la sanidad pública en Madrid” y ha provocado que “otras comunidades que tenían los mismos proyectos, lo hayan visto como una advertencia para no seguir adelante”.

En la inauguración de la Jornada Parlamentaria “Un año de recortes sanitarios: un año de desigualdad”, organizada hoy en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista2, junto con Izquierda Plural y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Jiménez ha denunciado el “ataque directo a la universalidad” del Sistema Nacional de Salud, que ha supuesto la “ruptura del consenso que había imperado en últimos 35 años y que había permitido construir, entre todos, un sistema sanitario de referencia en cuanto a equidad, calidad y prestigio”.

Junto a ello, ha criticado también la adopción de otras decisiones que “van mermando la calidad del servicio” -menos inversión pública, menos contratación de profesionales, menos prestaciones de servicios, o el copago- y que “penalizan, especialmente a los crónicos, a las personas mayores y a los más desfavorecidos”.

Decisiones que, por otra parte, “tampoco tienen justificación desde el punto de vista económico”. “La sanidad pública en España4 es relativamente barata” -ha señalado-, con un gasto del 5% del PIB, mientras que en otros países ronda el 7%. “Tenemos la sanidad más barata, con la cartera de prestaciones de servicios más completa, y con un grado de facilidad de acceso de los pacientes al sistema, que ha permitido que España tenga algunos de los mejores indicadores de salud”. Jiménez ha puesto de manifiesto que, en países como Holanda o Gran Bretaña5, que han sufrido procesos de privatización sanitaria, “se ha incrementado el gasto” y se han tenido que rescatar algunos hospitales.

La diputada socialista ha advertido del riesgo de que “poco a poco, la sanidad pública vaya desprendiéndose de los principales elementos de cohesión para la ciudadanía y quede como una sanidad residual”, mientras que “la gente decidirá ir suscribiendo sistemas privados para tener la cobertura que la sanidad pública ya no les da”.

“Las costuras del sistema pueden estallar por falta de inversión, por el proceso de privatización encubierto y por la falta de profesionales”, ha dicho. No obstante, a pesar de este “panorama negativo”, considera que “estamos todavía en condiciones de rescatar la sanidad pública”.

“No podemos permitir que con la excusa de la sostenibilidad se desmantele el sistema público de salud. Hay alternativas a lo que está haciendo el Gobierno, que nos permiten mantener un sistema público de calidad y de prestigio, universal y gratuito, que pueda ser sostenible para garantizar su funcionamiento en el futuro”, ha asegurado Trinidad Jiménez, quien ha apuntado que lo que sucede es que se quiere favorecer” un espacio de negocio muy importante. Si no fuera rentable, por qué estarían los sistemas privados interesados en hacerse cargo de la sanidad pública”, se preguntó.

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Tremendo varapalo a la Ministra y a España pero a “ellos” (léase PP) les da igual.

El Consejo de Europa asegura que la reforma de Mato socava los derechos humanos

La visita del comisario de Derechos Humanos en el mes de junio deja sobre la mesa un informe demoledor en el que critica los cambios introducidos por el RD 16/2012

Por Javier Leo / Enrique Pita, en REDACCION MEDICA

El Consejo de Europa ha hecho público este miércoles un demoledor informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muižnieks, en el que critica duramente la reforma sanitaria iniciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Real Decreto 16/2012. Tras su visita a España entre el 3 y el 7 de junio de este año, Muižnieks ha presentado sus conclusiones en Estrasburgo. Un severo tirón de orejas este informe, en el que se advierte de que los recortes en sanidad, educación y servicios sociales “tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos” de los ciudadanos residentes en España.

En el área de sanidad, el representante europeo niega la mayor defendida los últimos dos años por la ministra del ramo, Ana Mato, de que, tras el 16/2012, España mantiene su apuesta por una sanidad “pública, universal y gratuita”. “Hasta 2012, España ofrecía un sistema sanitario universal y de acceso gratuito a la asistencia”, subraya Muižnieks. El Consejo no se mete en si la sanidad sigue siendo pública o no, aunque tiene muy claro con su sentencia que aquello de gratis y universal es cosa del pasado después de excluir a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia continuada gratuita.

La sanidad española ha sufrido en 2012 un importante recorte presupuestario que “ha repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de sus servicios sanitarios”, continúa Muižnieks, que se muestra especialmente preocupado por la atención sanitaria que reciben los niños. “En general, los recortes masivos en personal médico, salud pública, servicios de Atención Primaria, el cierre de servicios de urgencias y la introducción del copago farmacéutico tienen un impacto desproporcionado en el acceso de los niños a la atención sanitaria”, sentencia en su informe.

Asistencia a inmigrantes

Tras reunirse con representantes de varias ONGs, el comisario subraya su preocupación por los casos en los que los hijos de inmigrantes no reciben asistencia porque sus padres no saben que, aunque ellos tengan que pagar por ella, sus hijos pueden recibirla sin coste. Además, citando también a las ONGs, pone el acento sobre varios casos de menores a los que se les ha denegado la asistencia en servicios de urgencias, situación que podría violar la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, advierte. En la misma línea, lamenta que en tiempos de crisis se haya optado por recortar en prevención, Atención Primaria y salud mental por considerarse aspectos “menos vitales” dentro de la sanidad, al mismo tiempo que recuerda al Ministerio que son precisamente estos servicios los que más aumento de demanda experimentan en tiempos de dificultad económica.

El departamento que dirige Mato ha respondido al comisario europeo en un documento oficial en el que defiende que la reforma sanitaria “es necesaria” y que España sigue teniendo "el sistema sanitario más generoso de Europa”. Justifica la exclusión de los inmigrantes indocumentados por los altos costes que genera al sistema el turismo sanitario y subraya en varias ocasiones que la atención a los indocumentados en los servicios de urgencias y la asistencia sanitaria a las embarazadas y a los menores se sigue ofreciendo “en las mismas condiciones que a los españoles”. Desde Sanidad también especifican que no han recibido notificación alguna de casos en los que se haya negado la asistencia en urgencias a ninguna persona por su situación legal o ilegal en España.

Moratoria y copago en el sistema de dependencia

Las reformas de la Ley de Dependencia promovidas, no solo por el actual Gobierno, sino también por el anterior Ejecutivo y por los distintos gobiernos autonómicos, han merecido también un análisis y una llamada a la reflexión. Sin embargo, el informe incurre en cierta confusión entre discapacidad y dependencia, aunque más allá de esto, el comisario no se muestra conforme con algunas de estas medidas. Así, señala que la moratoria en la inclusión de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia aprobada en diciembre de 2011 (y extendida hasta 2015) ha excluido del sistema a “cerca de 280.000 personas, principalmente dependientes moderados”. En este punto, Muižnieks recoge los temores expresados por distintas ONG que apuntan que “la falta de apoyo a las personas con un nivel moderado de discapacidad puede suponer un empeoramiento de su situación a largo plazo y un coste adicional para el Estado”. En opinión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esta medida “ha sido necesaria para priorizar el acceso de personas con un mayor grado de dependencia” y para subsanar el hecho de que hubiera personas con bajos niveles de dependencia recibiendo prestaciones frente a otros con grados más elevados que estaban a la espera.

Por otra parte, Muižnieks es claro cuando hace referencia al aumento del copago en dependencia decretado en julio de 2012 por el actual Gobierno. Así, su informe señala que el Ejecutivo de Mariano Rajoy marcó una reducción del 13 por ciento en los costes que debe soportar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al tiempo que establecía un incremento “considerable” del copago para acceder a los servicios del sistema, que “a veces alcanza el 90 por ciento de los ingresos de las personas que necesitan de estos servicios”. El comisario muestra su preocupación por el hecho de que las personas con discapacidad tengan que invertir “una parte sustancial” de los beneficios sociales que les corresponden a fin de cubrir el coste de los servicios, lo que a su entender genera “una pérdida sustancial de su autonomía”.

El ya mencionado equívoco entre discapacidad y dependencia es especialmente significativo en el análisis del sistema para valorar los niveles y grados de dependencia. Así, el comisario señala que “el disfrute de derechos, como el derecho a vivir con independencia y a ser incluido en la comunidad, protegido por la Ley de Dependencia y por el artículo 19 de la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, no debería depender de un nivel diagnosticado de discapacidad”, al tiempo que apunta que “este enfoque se basa en la controversia entre el modelo médico de discapacidad en oposición al modelo social que promueve modelos de vida inclusivos”. Sin embargo, tal y como señala el Ministerio en sus respuestas al informe del comisario, lo cierto es que la Ley de Dependencia no califica la discapacidad, sino los grados de dependencia que determinan el acceso al sistema.

El informe de Muižnieks se hace eco también de un estudio de la Oficina del Defensor del Pueblo de 2012 que critica los largos plazos hasta que se determina el grado de discapacidad o dependencia. En este sentido, el comisario apunta a la falta de recursos humanos derivados de las restricciones presupuestarias, pero también a la complejidad burocrática y administrativa. Ante este punto, el Gobierno español se ha limitado a señalar que se ha creado un grupo de trabajo para analizar y mejorar estos plazos.

VER EL INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA (EN INGLES, Following his visit to Spain from 3 to 7 June 2013)

Así se las gastan (los del PP, quienes si no) a nuestros vecinos del oeste

Otro camino que en Asturias ni se menta…

La privatización de la gestión de la Alta Tecnología Sanitaria de Galicia

“Feijóo es el presidente del gobierno gallego, por eso debe gestionar los servicios públicos que la población ha dejado en sus manos, en vez de privatizar su gestión”.

Por Luisa Lores Agüin

nuevatribuna.es

El gobierno de Galicia ha decidido privatizar la gestión de toda la Alta tecnología Diagnóstica y Terapéutica del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) utilizando una figura no experimentada previamente, el “diálogo competitivo” con las empresas privadas españolas o extranjeras interesadas en el contrato, cuyo valor de salida es de 73 millones de euros, que con el canon puede superar los 200 millones.

La mayor novedad de esta forma de contratación es que las condiciones las impone la empresa privada, no la Administración ni sus profesionales, al considerar el gobierno, de forma inadmisible, que estas empresas propondrán las soluciones económicamente más ventajosas, así como los equipos más adecuados y la mejor forma de gestión de la Alta tecnología del SERGAS, esto a pesar del Informe del Consello de Contas de Galicia, que demuestra un fuerte aumento de las exploraciones innecesarias y un incremento de costes superior al 100% con las gestión privada de la Resonancia Magnética (RM) de Vigo, en relación con la gestión pública, en línea con un informe más reciente de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad valenciana, que también confirma la ineficiencia de la gestión privada de la RM, cuyos costes más que duplican a los del sistema público.

Así que, no es la eficiencia lo que parece buscar el gobierno de Feijóo.

Por otra parte, la renovación del parque tecnológico existente en el SERGAS no es el principal objetivo de las empresas, dado que, según el documento aprobado por el gobierno gallego “Estrategia del Sergas 2014” la dotación de equipamiento en los hospitales públicos de Galicia es superior a la media Estatal. Además, el 78% de los equipos de TAC tienen menos de 6 años, y aunque podría ser necesario renovar parte del equipamiento, esto puede realizarse de forma progresiva y no tiene porque implicar su sustitución, ya que existen nuevos avances (cambio de software y otros componentes)  que mejoran la eficiencia, la capacidad diagnóstica y amplían su vida útil al menos una década, solución más sostenible y enormemente más barata (75% menos de inversión) pero que probablemente descartarán las empresas privadas.

Así que no es la obsolescencia del equipamiento o los costes de la renovación de los equipos lo que parece mover al gobierno de Feijóo.

El objetivo esencial de este contrato es ceder el control de la tecnología sanitaria pública de Galicia a las empresas privadas (veremos a cuales) que les permita implantar las tecnologías híbridas que constan en los pliegos: PET/RM, TAC/Gammacámara, Mamógrafos con Tomosíntesis o TAC y RM tridimensionales de altísima resolución, para la detección y biopsia de lesiones supuestamente precancerosas o cánceres en estadios iniciales que requerirán  tratamientos muy intensivos y muy costosos, a pesar de que muchos de estos nunca se convertirían en enfermedades invasivas, o para seleccionar personas con hallazgos cerebrales mínimos, que supuestamente incrementarán el riesgo futuro de ciertas enfermedades, como la Enfermedad de Alzheimer, y a las que se someterá a controles seriados que les provocarán una enorme ansiedad, a pesar de que en la mayor parte de los casos la enfermedad nunca se manifestará y para la que ni siquiera existe un tratamiento eficaz.

Estas tecnologías son enormemente caras, presentan grandes problemas técnicos no resueltos, incrementan la radiación administrada a los pacientes y a la población general, y en la mayoría de los países no se utilizan en el diagnóstico clínico, ni en Europa ni en EEUU, ya que no se encuentran suficientemente evaluadas ni han probado su relevancia en los estudios publicados, por lo que su mención en los pliegos de contratación para la privatización de la Alta tecnología Sanitaria del SERGAS solo tiene una explicación, ensayar estas tecnologías en la población gallega para acelerar su implantación en todo el SNS y en otros países de nuestro entorno, lo que conllevará riesgos sanitarios, pero unos beneficios incalculables para las empresas seleccionadas por el gobierno de Feijóo.

Es paradójica la preocupación del gobierno gallego por el diagnóstico precoz de pacientes con enfermedad de Alzheimer u otros procesos neurodegenerativos, cuando a las personas con demencia se les niegan los cuidados y la protección necesaria, o el interés por el diagnóstico de pacientes con lesiones mínimas, cuando existen demoras y alta variabilidad en la asistencia a pacientes con graves enfermedades reales.

Feijóo es el presidente del gobierno gallego, por eso debe gestionar los servicios públicos que la población ha dejado en sus manos, en vez de privatizar su gestión.

Feijóo es el presidente del gobierno gallego, pero eso no le da derecho a descapitalizar el Sistema sanitario Público ni a ningunear a sus profesionales con los que no ha “dialogado” para la toma de decisiones tan relevantes. Tampoco le da derecho a la desprotección de los datos sanitarios de la población gallega, que pasarán a manos de las empresas privadas, ni a despilfarrar el dinero público, en unos momentos de grave crisis económica, con recortes en las prestaciones sanitarias más básicas y en los cuidados a los pacientes dependientes o gravemente enfermos.

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