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CONTRARREFORMA NO

Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, asociaciones de consumidores y usuarios, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, prácticamente toda la oposición política… todos se oponen, de hecho ni siquiera todo el PP, por abreviar, lo defiende, pero la ministra: “erre que erre como siempre”.

Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, asociaciones de consumidores y usuarios, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, prácticamente toda la oposición política… todos se oponen, de hecho ni siquiera todo el PP, por abreviar, lo defiende, pero la ministra: “erre que erre como siempre”.

Siete autonomías se oponen al copago farmacéutico en los hospitales

Asturias gastó en medicamentos en agosto 19,5 millones, un 23,8% menos que en 2012

26.09.2013, Oviedo / Madrid, P. R., en La Nueva España.

Al menos siete comunidades autónomas se resisten a la decisión del Ministerio de Sanidad de implantar el copago farmacéutico en los hospitales a partir del 1 de octubre. Castilla y León, Extremadura -ambas gobernadas por el PP-, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias han invitado a la ministra, Ana Mato, a reconsiderar una propuesta que, según advierten los distintos responsables sanitarios, no servirá para ahorrar y sí, en cambio, para castigar a los enfermos crónicos o con enfermedades graves. Los pacientes no ingresados en hospitales deberán pagar un 10% (con un máximo de 4,20 euros por envase).

 

Mato defendió ayer la medida en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La Ministra explicó que todos los medicamentos de dispensación hospitalaria tienen una aportación reducida y señaló que algunos de esos fármacos cuestan hasta 43.000 euros, de los que los ciudadanos pagarán un máximo de 4 euros.

 

Mato advirtió a Andalucía, que interpondrá un recurso de alzada contra la medida, que tiene «bastantes deudas» en Sanidad, lo que «pone en riesgo el futuro de la misma».

 

Por otra parte, Asturias gastó en farmacia en agosto 19,5 millones de euros, un 23,8% menos que el pasado año en el mismo mes. La factura de las autonomías en ese mismo mes ascendió a 713.406.657 euros, lo que supone un descenso del 0,04% con respecto a 2012.

 

Ahorro en fármacos del 24% en agosto

26.09.13 – El Comercio.

Asturias registró en agosto un gasto farmacéutico de 19,5 millones de euros, lo que supone una reducción del 23,8% respecto a los 25,6 millones del mismo mes de 2011, antes de la reforma sanitaria que implicó la puesta en marcha del copago hace catorce meses. Según informó el Ministerio de Sanidad el Sistema Nacional de Salud ha ahorrado 2.306 millones de euros en el gasto farmacéutico desde que se puso en marcha el copago.

 

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Médicos del Mundo denuncia 1.192 vulneraciones del derecho a la salud

Firmar un compromiso de pago o abonar una factura para recibir asistencia son algunas de las consecuencias de la reforma sanitaria.

EFE, Madrid.

Médicos del Mundo ha denunciado la existencia de 1.192 casos de personas que han sufrido algún tipo de vulneración del derecho a la salud con la reforma sanitaria, como la exigencia de firmar un compromiso de pago o de abonar una factura para recibir asistencia, incluso a niños y mujeres embarazadas. Los casos están documentados en el informe El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud, que el presidente de la organización, Álvaro González, entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

El informe documenta "detalladamente" esas 1.192 vulneraciones producidas en un año desde la entrada en vigor del real decreto de medidas urgentes de sostenibilidad de la sanidad, que proceden de las 12 comunidades donde la organización tiene implantación. Incluyen 254 casos ocurridos en Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Navarra entre 2012 y 2013, a los que hay que sumar otros 250 registrados únicamente en la Comunidad de Madrid y 290 más en Balears. A ellos hay que añadir los casos documentados a través del trabajo en red como el realizado por Médicos del Mundo-Valencia junto con otras 49 organizaciones: 398 entre diciembre y junio de 2013.

González ha explicado que el informe recoge "fundamentalmente" casos de inmigrantes que quedan excluidos del sistema sanitario por no tener los papeles en regla, pero también otros de personas a las que se les exige un compromiso de pago previo para recibir atención médica en primaria. Las denuncias incluyen también a niños y mujeres a los que se ha exigido ese compromiso de pago para ser atendidos en urgencias, a pesar de que tienen ese derecho garantizado.

El presidente de Médicos del Mundo ha llamado también la atención sobre el hecho de que cada vez se están empezando a detectar más casos de españoles con rentas bajas y jubilados "que acuden desesperados" a la entidad "porque con las medidas de copago farmacéutico no son capaces de hacer frente a los medicamentos que necesitan para el tratamiento de sus enfermedades crónicas". González ha advertido de que lo importante no son los casos documentados sino los que no se conocen, debido al miedo de personas en situación irregular a contar su experiencia o las reticencias de los españoles, "porque a nadie le apetece reconocer públicamente que tiene una situación económica muy difícil" que le dificulta acceder a los fármacos. Aunque algunos casos se resuelven de forma puntual, la organización aspira a que la resolución pase por "una nueva implantación del derecho a la salud que las personas tienen".

La entrada en vigor el próximo 1 de octubre del copago de medicamentos de dispensación hospitalaria para enfermedades crónicas como la hepatitis, el VIH o determinados tumores, agravará la situación, según la organización. Así, un estudio publicado recientemente en la revista PLOS Medicine, realizado en Grecia, Irlanda, Portugal y España, mantiene que introducir el copago por medicamentos puede reducir el acceso a los cuidados necesarios y tener consecuencias negativas en la salud.

Un "claro" ejemplo, dice Médicos del Mundo, es el caso de la hipertensión, donde hay evidencia de que cuanto mayor es el copago son también más los tratamientos que se interrumpen. Ante esta situación, que la organización "se niega a aceptar como irreversible", la ONG ha puesto en marcha la campaña Nadie desechado, que tiene como objetivo recabar el apoyo de toda la sociedad para luchar contra los efectos de la reforma sanitaria.

Unas medidas que, según la entidad, han excluido del sistema sanitario a 2.300 personas cada día, si se tienen en cuenta los datos del propio Gobierno que reconoce haber retirado 873.00 tarjetas sanitarias desde septiembre de 2012. "Cada vez son más las personas desechadas por el actual sistema sanitario y por el copago de medicamentos. Te puede pasar a ti", es el lema elegido para acercar a la opinión pública una situación de indefensión en la que nadie puede sentirse ajeno.

Cada vez hay más personas excluidas de la sanidad, según Médicos del Mundo

La asociación ha denunciado 1.192 casos ante la Defensora del Pueblo

25.09.2013, Madrid, en La Nueva España.

Inmigrantes en situación legal, personas con dependientes a su cargo, pensionistas y familias con bajos ingresos son los colectivos más perjudicados por la reforma sanitaria española, que ha llevado a retirar casi 900.000 tarjetas sanitarias, según denunció ayer Médicos del Mundo. «Cada vez son más las personas desechadas por el actual sistema sanitario y por el copago de medicamentos. Te puede pasar a ti», es el lema elegido para acercar a la opinión pública una situación de indefensión en la que nadie puede sentirse ajeno.

La organización, que ha puesto en marcha la campaña «Nadie desechado», ha constatado la existencia de 1.192 casos de personas que han sufrido algún tipo de vulneración del derecho a la salud con la reforma sanitaria, como la exigencia de firmar un compromiso de pago o de abonar una factura para recibir asistencia, incluso a niños y mujeres embarazadas. Los casos están documentados en el informe «El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud», que el presidente de la organización, Álvaro González, entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo.

González ha llamado también la atención sobre el hecho de que cada vez se están empezando a detectar más casos de españoles con rentas bajas y jubilados «que acuden desesperados» a la entidad «porque con el copago farmacéutico no son capaces de hacer frente a los medicamentos que necesitan para sus enfermedades crónicas».

Médicos del Mundo, contra los recortes

25.09.2013, El Comercio.

'Nadie desechado' es la campaña que Médicos del Mundo, oenegé presidida por el asturiano Álvaro González, lanzó ayer en toda España para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de los recortes en sanidad. La organización dice que ha comenzado a recibir llamadas de auxilio de personas mayores que no pueden hacer frente al pago de los medicamentos que necesitan. Médicos del Mundo insiste en que los ajustes pueden «afectarte mañana a tí».

DE LA WEB DE MEDICOS DEL MUNDO…

Lanzamos la campaña “Nadie Desechado” para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de los recortes en sanidad

Desde septiembre de 2012, el nuevo sistema sanitario ha “desechado” a 2.300 personas cada día

Madrid, 24 de septiembre de 2013.-

Médicos del Mundo presentamos hoy “Nadie Desechado”, una campaña que busca recabar el apoyo de la ciudadanía para luchar contra la reforma sanitaria y los recortes en materia de salud que están perjudicando especialmente a los colectivos más afectados por la recesión económica: pensionistas, personas con dependientes a su cargo, inmigrantes o familias con bajos ingresos.

“Cada vez son más las personas desechadas por el actual sistema sanitario y por el copago de medicamentos. Te puede pasar a ti”, es el lema elegido por Médicos del Mundo para acercar a la opinión pública una situación de indefensión en la que nadie puede sentirse ajeno, porque cada vez son más los colectivos “desechados” por el sistema sanitario.

Unas medidas que han sido adoptadas en nombre de la austeridad, lo que ha llevado al presidente de nuestra organización, Álvaro González, a preguntarse quién será el siguiente grupo de población “penalizado” por el sistema sanitario si la crisis se mantiene en el tiempo.

De momento, las y los enfermos de hepatitis C, artritis reumatoide o determinados tumores acaban de comprobar cómo, a partir del 1 de octubre, van a tener que desembolsar el 10% del coste de sus tratamiento en las farmacias hospitalarias. Esto afectará a pacientes con enfermedades crónicas que ya consumen otros medicamentos sometidos a copagos y que en muchos casos tienen ingresos reducidos.

González ha relatado cómo algunos médicos de familia están atendiendo ya a pacientes que se interesan por la caducidad de las recetas para calcular el tiempo que les queda para conseguir el dinero con que abonarlas.

Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) sostiene que el 16% de jubilados no puede completar sus tratamientos farmacológicos debido a su elevado coste, y esto en un momento en el que las pensiones mantienen en pie a 4 de cada 10 familias en España.

En esta misma línea, la investigadora Helena Legido-Quigley, de la prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha desvelado que un estudio publicado recientemente por su equipo en la revista PLOS Medicine mantiene que introducir el copago por medicamentos puede reducir el acceso a los cuidados necesarios y tener consecuencias negativas en la salud. Un claro ejemplo es el caso de la hipertensión, donde hay evidencia de que cuanto mayor es el copago farmacéutico, son también más los tratamientos que se interrumpen.

El Real Decreto Ley 16/2012, una ley que genera personas “desechadas”

La ministra de Sanidad, Ana Mato, declaró la semana pasada sentirse “moderadamente satisfecha” por lo que ha logrado la reforma sanitaria. Pero la realidad es que más de 2.300 personas han perdido cada día su tarjeta sanitaria desde la entrada en vigor del decreto (cifra obtenida de la facilitada por el gobierno, que reconoce haber retirado 873.000 tarjetas desde septiembre de 2012). La mayoría, personas que llevaban años viviendo y trabajando en España, que han formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado han perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

El balance de la organización humanitaria es que el RDL 16/2012 ha demostrado ser un grave error de previsión, una regresión en el marco de derechos humanos y un radical cambio en el modelo de la sanidad pública española, que sustituye la cobertura universal por un sistema de aseguramiento. Todo en virtud de una “reforma sanitaria” que no va a suponer además ningún ahorro significativo.

Un balance que queda reflejado en el informe “El impacto de la reforma sanitaria sobre el derecho a la salud”, basado en 1.192 casos de vulneraciones de este derecho documentados por la organización, y que el presidente de nuestra asociación entregó la semana pasada a la Defensora del Pueblo.

Desde Médicos del Mundo llevamos más de 20 años atendiendo a población en riesgo de exclusión, pero en los últimos meses las consultas que recibe la entidad ya no sólo provienen exclusivamente de estos colectivos, sino también de personas con rentas moderadas desesperadas por no poder adquirir la medicación que necesitan o de inmigrantes, incluso con autorización legal de residencia, a quienes se ha negado la atención médica.

¿Por qué recortes en sanidad?

Según un reciente estudio del sindicato Comisiones Obreras, en todas las comunidades autónomas el presupuesto sanitario de este año ha sido el más bajo del último quinquenio y, en algunos casos, la reducción ha llegado al 10%. En los gastos de personal, esa caída es superior al 13% en algunas regiones. En cuanto a inversiones reales, la reducción es superior al 90% en determinados casos.

Helena Lejido-Quinsey ha investigado también los efectos de los recortes entre el personal sanitario. “En las entrevistas realizadas a profesionales de la salud en Andalucía, Valencia y Cataluña, estos reportan cansancio y preocupación por dar unos servicios de peor calidad”, afirma la profesora.

La campaña “Nadie Desechado”

Ante esta situación, que en Médicos del Mundo nos negamos a aceptar como irreversible, hemos presentado esta mañana una campaña de sensibilización y captación de apoyos que se vertebra en torno a la página web www.nadiedesechado.org y que espera contar con el apoyo mayoritario de la opinión pública.

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Con renovado ánimo y con la clara idea de que las movilizaciones deben continuar…

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Miles de personas marchan en una nueva Marea Blanca

Celebran la paralización temporal de la privatización de seis hospitales públicos, decretada por Tribunal Superior de Justicia de Madrid

PÚBLICO / AGENCIAS, Madrid.

Miles de personas se han dado cita este domingo en la Plaza de Neptuno para protestar contra el proceso de externalización sanitaria, animados por el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya procedido a la paralización cautelar en los últimos días.

 

La marcha de la Marea Blanca, que partía a las 12 horas rumbo a la Puerta del Sol, ha congregado a más personas que en la última convocatoria de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que tuvo lugar en julio. Si bien el tercer domingo de agosto también se produjeron protestas por la externalización, en esa ocasión no fue la Mesa quien convocó el encuentro, y la participación fue minoritaria.

 

En la manifestación han podido escucharse lemas ya habituales como "Sí se puede" o "La sanidad no se vende, se defiende", y otros de nuevo cuño como "Paralización, sí se podía", "Privatizar es despilfarrar, no privatizar es ahorrar", además de insultos al Gobierno regional y peticiones de dimisión hacia sus integrantes.

 

"No se ha ganado la guerra pero sí una batalla y es importantísimo ese paso, aunque tengamos que esperar a que se resuelva de forma definitiva", ha asegurado Carmen Medranda, de UGT. Para Mariano Martín, de CCOO, "Madrid siempre ha sido el laboratorio de los gobiernos del PP y este mensaje de los tribunales puede y debe paralizar las privatizaciones y poner las cosas claras a los distintos gobiernos regionales".

 

"Es un paso más, seguimos adelante en las reivindicaciones de que la sanidad es pública no hay que privatizar nada, lo único que hay que arreglar es que se utilicen bien los fondos públicos y bien gestionados", ha señalado Jesús González Martín, del CSIT-Unión profesional.

 

Para José Gabriel González, de CSIF, la sentencia del tribunal madrileño es "un avance importante después de meses de reivindicaciones", pero ha advertido de que la "marea blanca seguirá celebrándose el tercer domingo de cada mes, mientras el plan no se paralice del todo".

 

Varios miles de manifestantes han realizado el recorrido amenizado por distintas bandas y con canciones como la de "Sí se puede, a por ellos, con tu salud harán caja o tu ataúd".

 

La marcha de hoy (por ayer) ha sido más numerosa que algunas de las anteriores, tal y como habían anticipado los organizadores "por la inyección de ánimo y confianza que ha supuesto" la sentencia sobre el proceso de Madrid, ha opinado uno de los portavoces, Pablo Martínez.

 

En Madrid, además de la suspensión cautelar del proceso, han sido admitidos a trámite los recursos contenciosos de varios sindicatos contra el concurso público y están pendientes de resoluciones otros recursos contra el plan de traslado a otros centros públicos.

 

Protestan "por la defensa de sus intereses corporativos"

En la línea marcada por el Gobierno de Ignacio González, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha declarado este domingo que los participantes de la Marea Blanca que salen a la calle este mismo día "no salen a protestar por la defensa de la sanidad pública, sino por la defensa de sus intereses corporativos".

 

Victoria ha asegurado que "quien defiende la sanidad pública universal, gratuita y de alta calidad es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y quien respeta a los contribuyentes es la Comunidad de Madrid, y no quienes hoy salen a la calle por el centro de la ciudad".

 

El consejero ha reiterado que respeta "cualquier ejercicio pacífico del derecho de manifestación", pero que la "marea importante" era la carrera ’Madrid corre por Madrid’, en la que ha participado. "Hoy la marea importante es esta marea de la solidaridad y la marea del deporte", ha concluido.

 

La «marea blanca» sanitaria vuelve a la carga en Madrid

23.09.2013, La Nueva España.

 

La denominada «marea blanca» que recorrió ayer el centro de Madrid celebró la paralización del proceso de externalización de seis hospitales de la capital tras sentencia del Tribunal Superior madrileño y va a continuar las movilizaciones hasta que se detenga cualquier proceso de privatización. Profesionales, pacientes y representantes sindicales secundaron la manifestación de Madrid, que transcurrió con ambiente festivo, y donde se han coreado los habituales lemas, música y canciones. La marcha fue más numerosa que algunas de las anteriores, tal y como habían anticipado los organizadores, «por la inyección de ánimo y confianza que ha supuesto» la sentencia sobre el proceso de Madrid.

Otra masiva 'marea blanca' en Madrid

La protesta se produce después de que el TSJM haya dictado la paralización cautelar del proceso de externalización de seis hospitales

22.09.13 - EFE | MADRID, en El Comercio.

La undécima ‘marea blanca’, que ha completado el recorrido entre Cibeles y la Puerta del Sol, ha celebrado la paralización cautelar del proceso de privatización de seis hospitales madrileños y ha anunciado que va a continuar las movilizaciones hasta que se detenga cualquier proceso de externalización.

 

Lo han anunciado las distintas plataformas convocantes de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública que bajo el lema 'Sí se puede' llevan meses batallando por poner freno al proceso de privatización de la sanidad madrileña y hoy han celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) mantiene frenado el procedimiento.

 

Profesionales, pacientes y representantes sindicales han secundado la manifestación de Madrid, que ha transcurrido en un ambiente festivo y donde se han coreado los habituales lemas, como "la sanidad pública no se vende, se defiende", "Sanidad 100 X 100 pública y universal" y "Somos médicos, somos pacientes, defendemos la sanidad pública".

 

Pero la marcha de hoy ha estado marcada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de paralizar de forma cautelar el proceso de privatización de la gestión de los seis hospitales. "No se ha ganado la guerra pero sí una batalla y es importantísimo ese paso, aunque tengamos que esperar a que se resuelva de forma definitiva", ha asegurado Carmen Medranda, de UGT.

 

Para Mariano Martín, de CC OO, "Madrid siempre ha sido el laboratorio de los gobiernos del PP y este mensaje de los tribunales puede y debe paralizar las privatizaciones y poner las cosas claras a los distintos gobiernos regionales".

 

"Es un paso más, seguimos adelante en las reivindicaciones de que la sanidad es pública no hay que privatizar nada, lo único que hay que arreglar es que se utilicen bien los fondos públicos y bien gestionados", ha señalado Jesús González Martín, del CSIT-Unión profesional.

 

'Sí se puede'

Varios miles de manifestantes han realizado el recorrido amenizado por distintas bandas y con canciones como la de "Sí se puede, a por ellos, con tu salud harán caja o tu ataúd". La marcha de hoy ha sido más numerosa que algunas de las anteriores, tal y como habían anticipado los organizadores "por la inyección de ánimo y confianza que ha supuesto" la sentencia sobre el proceso de Madrid, ha opinado uno de los portavoces, Pablo Martínez.

 

En Madrid, además de la suspensión cautelar del proceso, han sido admitidos a trámite los recursos contenciosos de varios sindicatos contra el concurso público y están pendientes de resoluciones otros recursos contra el plan de traslado a otros centros públicos.

 

Las marchas también sirven de intercambio a los distintos colectivos vecinales o de barrios para hacer públicos sus distintas iniciativas para visibilizar la defensa de la sanidad pública, como carreras solidarias o distintos concursos. Por ejemplo, la I Carrera en defensa de la Sanidad Pública "Corre por tu salud", que partirá el domingo 29 de septiembre del Hospital Infanta Cristina de Parla.

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Como no podría ser de otra manera…

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El Principado rechaza "el nuevo copago" del PP porque "ataca la equidad y castiga a las personas más vulnerables"

21.09.13 - EUROPA PRESS | | OVIEDO, en El Comercio.

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha rechazado este sábado la decisión del Gobierno del Gobierno central de imponer el copago también en algunos fármacos de dispensación hospitalaria, "porque representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad".

Por estas razones, reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida, el próximo 1 de octubre, según indican desde el Gobierno autonómico en nota de prensa.

"Entendemos que el Ejecutivo de Rajoy sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables", sostiene Blanco.

El titular asturiano de Sanidad considera que "desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del Ministerio por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida. Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como lo que nos está tocando vivir".

Faustino Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la escasa disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.

"Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo", advierte.

Por otra parte, ha remarcado que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro "lo que añade a la decisión del PP un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato".

Por tanto, asegura el consejero, "este nuevo copago es una medida injusta, excluyente y, desde el punto de vista de la prestación del servicio, absolutamente disparatada". "Limitar el acceso a los fármacos y actuar sobre la cartera de servicios, que parece ser una de las nuevas medidas que va a desarrollar el PP, genera inequidad y desigualdad entre ciudadanos", añade.

A su juicio, también resulta "inaceptable" la visión de la sanidad pública que demuestra el Ejecutivo central y que entiende el sistema público de salud "únicamente como un sector de gasto, sin valorar su aportación a la actividad económica". "Una visión tan recortada por parte del Gobierno de Rajoy resulta inadmisible", concluye.

Asturias se enfrenta a Madrid y rechaza el copago de fármacos en los hospitales

La medida, que afecta a los pacientes externos con enfermedades largas y crónicas, es para el Principado «inadmisible, injusta y peligrosa»

Oviedo, E. G. / Efe, en La Nueva España

Asturias volvió ayer a abrir un frente político en materia de Sanidad al criticar sin ambages ni rodeos en una nota oficial de la Consejería de Sanidad la reciente decisión del Gobierno central de obligar al copago farmacéutico de dispensación hospitalaria para enfermos graves o crónicos que no estén hospitalizados.

El consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, rechazó lo que considera una «imposición» que afecta a determinados medicamentos y, sobre todo, a un sector de la población condicionado por la enfermedad. Un copago que, a juicio del titular de la Sanidad asturiana, «sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables».

La posición del PSOE asturiano ya había quedado clara un día antes con las declaraciones de la diputada nacional María Luisa Carcedo: «El copago de los fármacos hospitalarios es una crueldad y una clara injusticia social», advirtió.

Como se ha venido anunciando, la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entraría en vigor el próximo 1 de octubre, y supondrá que esos pacientes crónicos no hospitalizados paguen un diez por ciento del coste de los medicamentos que les prescriban, aunque con un tope máximo de 4,20 euros.

El Principado reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida. Asturias no está sola en la reclamación, a la que se han sumado Andalucía, Canarias, el País Vasco y, sobre todo, Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. Ahí, en nuestra comunidad vecina, están depositadas buena parte de las esperanzas. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta castellano- leonesa, mantiene una postura muy crítica al respecto y ha reclamado al menos un aplazamiento hasta estudiar mejor el asunto.

Otras voces en el PP señalan que los beneficios económicos del nuevo copago son muy escasos si se los compara con la erosión de imagen que produce en un Ministerio ya muy tocado por la crisis económica y la gestión de la misma.

Asturias, más allá del profundo desacuerdo con la medida, augura, además, nuevos problemas burocráticos. Faustino Blanco indica que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro, lo que añade a la decisión del Gobierno nacional «un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato».

En el comunicado emitido ayer desde Asturias, el consejero Faustino Blanco se lamenta de esta medida porque «representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad».

El titular de Sanidad asturiano considera que «desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del Ministerio, por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida».

«Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como la que nos está tocando vivir», subraya. Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la «escasa» disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.

«Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo», advierte la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.

El comunicado de Sanidad llega 24 horas después de que la Consejería de Bienestar Social anunciara medidas para reducir el copago de la ayuda a domicilio, en contra de los baremos aprobados por el Gobierno central, que llegan en algunos casos al noventa por ciento del coste del servicio.

Comunidades, pacientes, profesionales y partidos cargan contra el nuevo copago

Castilla y León, gobernada por el PP, pedirá al Gobierno que no aplique la medida

El País, Madrid.

Comunidades gobernadas por el PP y por otros partidos, asociaciones de pacientes, profesionales y consumidores, y la oposición parlamentaria han cargado contra el nuevo copago farmacéutico anunciado por el Gobierno y que gravará, a partir de octubre, a 42 fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales. Estos medicamentos se usan para tratar enfermedades como el cáncer y la hepatitis C, aparte de ayudar en la fecundación asistida, y se había decidido su dispensación en centros sanitarios para ahorrar.

Entre las autonomías que se opusieron destaca Castilla y León, cuyo presidente, Juan Vicente Herrera (PP), ha anunciado que pedirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no aplique el copago al considerar que tendrá “escasísima repercusión económica". Herrera ha asegurado que la medida debe ser retirada “por coherencia”, ya que los pacientes afectados, enfermos crónicos en su mayoría, precisan “necesariamente” esos medicamentos. También ha manifestado su oposición la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE) que se ha mostrado en desacuerdo con que el coste de esos medicamentos “los sufran los ciudadanos” y ha anunciado que su Gobierno estudiará “qué margen tiene” contra esa decisión. El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que el Gobierno de esa comunidad (PNV) intentará que el copago no se aplique en su territorio. Cataluña (gobernada por CiU) ha acatado la decisión del ministerio, pero su departamento de Salud ha afirmado que buscará “mecanismos para que no supusiera una barrera para ningún paciente”.

Las críticas también han llegado desde diversos colectivos. Como la Federación de Padres de Niños con Cáncer que ha lamentado la nueva normativa y ha pedido que no afecte a los “niños y adolescentes” que sufren esa enfermedad. Su presidenta, Pilar Ortega, ha recordado que las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600 euros y que algunos de sus miembros dejan el trabajo para atender al menor afectado. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también ha mostrado su preocupación, ha revelado que había solicitado a Sanidad que se dejara fuera de los ajustes a los pacientes graves y ha recordado que la medida afectará a varios tipos de cáncer como el renal, el de próstata, los linfomas o las leucemias.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad ha subrayado que el nuevo copago supone “una nueva barrera de entrada en el Sistema Nacional de Salud” que afecta “a las personas que más necesitan los servicios sanitarios”. “Se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas”, ha dicho su presidente Mario García. Una apreciación similar a la del Sindicatos de Técnicos de Enermería, que ha acusado al Gobierno de “falta de sensibilidad”. “Estas aportaciones suponen un castigo añadido a los enfermos, ya que lo más probable es que estos pacientes estén en situación de incapacidad laboral y hayan visto reducidos sus ingresos”, ha añadido el sindicato.

La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH han manifestado que "no tiene ningún sentido esta aportación reducida. Si el copago se ha presentado hasta ahora como una medida para disuadir el consumo poco responsable de medicamentos por parte de los pacientes, es difícil de entender que se aplique para enfermedades que, de no tratarse, pueden ser mortales".

Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha calificado de “profundamente injusta y cruel” la medida y ha avisado que los afectados “son enfermos que no tienen más remedio que seguir tomando sus medicinas para toda la vida”. El portavoz sanitario de IU, Gaspar Llamazares, ha publicado un mensaje en Twitter en el que llamaba a la norma del Gobierno “decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública”, a lo que añade: “Ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento”.

Personal hospitalario consultado tiene una visión ambigua sobre la medida. por un lado, creen que es de muy difícil aplicación, ya que implica establecer sistemas de cobro en las farmacias hospitalarias. por otro lado, miembros de la Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología temen que sea un primer paso para cobrar otros medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias, como los antivirales contra el VIH u otros oncológicos, lo que supondría dificultar el seguimiento del tratamiento (la llamada adherencia), que puede suponer el empeoramiento de los pacientes.

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Medida injusta, cruel, de ensañamiento con los más pobres y débiles, contraria a la ética sanitaria – aumentarán la mortalidad y el sufrimiento -, que no generará ningún tipo de ahorro… pero al PP le da igual, ellos tiran para adelante con su contrarreforma ideológica.

El PSOE asturiano califica de "injusticia social" y "grave crueldad personal" el copago en fármacos hospitalarios

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS)

La diputada socialista por Asturias en el Congreso María Luisa Carcedo ha calificado este viernes de "injusticia social" y "grave crueldad personal" la incorporación desde el 1 de octubre del copago en diversos fármacos dispensados en farmacia hospitalaria, sin hospitalización, entre los que se encuentran anticancerosos.

Según la parlamentaria socialista, con en esta medida se pone en marcha un copago "a un colectivo de personas que tienen enfermedades que requieren tratamientos especiales y costosos".

"Esto supone en sí mismo una barrera económica, pero también una injusticia social y una grave crueldad personal, en la que ningún gobierno debería siquiera pensar", ha dicho.

Carcedo remarca que "una de las características que hacía del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores y más accesibles del mundo era su financiación mediante presupuestos generales, lo que suponía un elemento de justicia social y de redistribución de la riqueza, garantizando un acceso universal al servicio en base al derecho de ciudadanía".

Con todo, María Luisa Carcedo incide en que "las decisiones del PP han eliminado el derecho de ciudadanía y han ido incorporando barreras económicas que dificultan el acceso a servicios y prestaciones a las personas en peor situación económica o que requieren mayor uso de los servicios".

Los contrarios al copago denuncian la "crueldad" de la medida de Mato

El PSOE, asociaciones en defensa de la sanidad pública y comunidades como Euskadi, Castilla y León y Andalucía tachan de "injusto" el nuevo recorte sanitario

AGENCIAS, Madrid, 20/09/2013

Andalucía, Castilla y León y Euskadi junto con el PSOE y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se han manifestado en contra de la decisión del Gobierno de implantar el copago para una serie de fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos no ingresados. Con esta medida publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir una aportación por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros por envase. Estos medicamentos hasta ahora eran de dispensación gratuita y se dirigían a enfermos con hepatitis C, distintos tipos de cáncer, VIH y artritis, entre otras muchas enfermedades crónicas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que el Gobierno regional no está de acuerdo con que el coste adicional "lo sufran los ciudadanos", ya que considera que deben ser las grandes industrias las que lo afronten. En ese sentido, ha precisado que "ahora toma sentido aquella medida de subasta de medicamentos, ahora se entiende con claridad por qué el Gobierno andaluz la lideraba".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se dirigirá al Gobierno de la nación para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. En su opinión, se trata de una postura "que hay que defender por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable.

 

Nueva barrera

Euskadi, por su parte, estudia medidas legales para no aplicar el copago.  El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que "no es una medida adecuada para mejorar el sistema sanitario y menos en el momento económico actual". Ha insistido en que el Ejecutivo vasco no entiende que se implante este nuevo copago a personas afectadas por enfermedades crónicas importantes y ha añadido que las farmacias hospitalarias no están  administrativamente preparadas para aplicar el copago y, aunque lo estuvieran, la medida es "inadecuada".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha grabado un videoblog en el que también critica la medida: "No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente que no tiene recursos a pagar para poder seguir viviendo", afirma Pérez Rubalcaba en este blog. Rubalcaba asegura que este cambio afecta a pacientes que "no tienen más remedio que seguir tomando las medicinas y que en muchos casos deben tomarlas de por vida".

Su compañero de partido Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, ha ido más allá y apunta a una posible privatización del servicio. "Se acabó el negocio en los ladrillos, y ahora han decidido que hay que hacerlo con la sanidad y las pensiones", defendió Gómez en una visita al municipio madrileño de Meco. Así, defendió que los españoles y los socialistas van a "impedir que se lleve a cabo el proceso de privatización de la sanidad".

El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también ha calificado el nuevo copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública. Llamazares se ha pronunciado así en su cuenta personal de Twitter: "El Real Decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública continúa: ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento", escribió.

Al mismo tiempo, la FADSP considera que se trata de "una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos", lo que genera el "aumento de la morbilidad y de la mortalidad" en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud. "Se trata de una agresión más del Ministerio de Sanidad", opina esta organización en una nota.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) también ha rechazado esta nueva medida, que afectará, dicen, "a las personas que más necesitan los servicios sanitarios". A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago "se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas" y, todo ello, "por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario".

El Gobierno echa balones fuera

EP

Por su parte,  la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se ha excusado hoy por la resolución del Ministerio de Sanidad dejando la imposición del nuevo copago en farmacia hospitalaria en manos de las comunidades autónomas.

Los ejecutivos regionales van a ser los encargados de gestionar el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes no hospitalizados, según ha recordado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  De esta forma, serán las autonomías las que organicen las aportaciones del pago de medicamentos que se dispensen en los hospitales a aquellas personas que no están ingresadas en los mismos.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre y, tal y como ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, tendrá un límite de aportación reducida.  En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de  poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

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El BOE de 19 de septiembre de 2013 publica la resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia por la que se establece este nuevo copago…

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IMPLANTAR UN SISTEMA DE FACTURACION EN LA FARMACIA HOSPITALARIA ES MAS CARO QUE LA RECAUDACION QUE SE PRETENDE…

El copago se amplía desde el 1 de octubre a fármacos de dispensación hospitalaria

20.09.2013 - J. F., GIJÓN, en El Comercio.

La lista de medicamentos sometidos al copago crecerá desde el 1 de octubre al incluirse una serie fármacos que se despachan de forma gratuita en los servicios de farmacia de los hospitales pero que van dirigidos a enfermos no ingresados. Entre estos tratamientos, que estarán sometidos a la aportación reducida del 10% del precio de venta al público -hasta un máximo de 4,2 euros por envase- por aplicarse en casos de enfermedades graves o crónicas, se encuentran algunos para pacientes de «hepatitis C, distintos tipos de cáncer, VIH o artritis». Así lo denunció ayer el Defensor del Paciente, toda vez que el BOE publicó la decisión tomada por el departamento de Ana Mato.

«Los enfermos tendrán que pagar el 10% de los medicamentos de dispensación hospitalaria», comenta la institución en una carta abierta a la titular de Sanidad. «¿Saben que esto es anticonstitucional? ¿Saben la cantidad de enfermos con patologías graves que dejarán la medicación por no poder pagarla?», dice el Defensor del Paciente en su nota a Ana Mato.

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública también manifestó su desacuerdo con el nuevo copago.

 

Los pacientes graves no ingresados también deberán pagar hasta 4,2 euros por medicamentos de farmacias hospitalarias

20.09.2013, Madrid / Oviedo, Agencias, en La Nueva España.

Los pacientes no ingresados deberán asumir una «aportación reducida» desde el próximo 1 de octubre por los medicamentos para tratar enfermedades graves o crónicas que se dispensan en los servicios de farmacia de los hospitales, con un máximo de 4,2 euros por envase. Así lo establece una resolución publicada ayer por el «Boletín Oficial del Estado» (BOE), que incluye una relación de más de 150 presentaciones de fármacos afectadas. «La aportación reducida conforme a lo dispuesto en el artículo 94 bis de la ley 29/2006 es de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,2 euros», precisa el texto. Cuando la dispensación no se ajuste al envase comercial, la aportación será proporcional a la medicación suministrada.

 

La lista incluye fármacos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado, como el Afinitor o el Tyverb; para el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos, como el Votrient, o para tumores cerebrales, como el Temodal. Figuran, asimismo, medicamentos para la leucemia mieloide crónica, los tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal, la reproducción asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular y la hepatitis C crónica. Sin embargo, no están afectados fármacos de uso hospitalario, como son los antirretrovirales para el VIH

 

LA FADSP RECHAZA EL NUEVO COPAGO EN MEDICAMENTOS

El BOE de 19 de septiembre de 2013 publica una resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia por la que establece el copago de los medicamentos dispensados a los pacientes no hospitalizados por los servicios de farmacia de los hospitales.

Estos medicamentos hasta hora eran de dispensación gratuita y se dirigían a enfermos con hepatitis C, distintos tipos de cáncer, VIH, artritis, etc.

Aunque la resolución establece que se trata de una aportación reducida, con un tope máximo de 4,20€, hay que tener en cuenta que se trata de enfermos con patologías crónicas que ya consumen otros medicamentos sometidos a copagos y que en muchos casos de trata de personas con ingresos muy reducidos (pensionistas, etc), por lo que se trata de una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menores ingresos.

El copago farmacéutico ya en vigor ha producido serias dificultades para acceder a los medicamentos a los pensionistas. Diversas encuestas señalan que entre el 12,4 y el 16,8% de los pensionistas no retiran los medicamentos prescritos por problemas económicos.

En esta situación entendemos que este nuevo copago agrava la situación, produce mas problemas en el acceso a los medicamentos y generara un aumento de la morbilidad y de la mortalidad en los grupos de población con bajos ingresos y graves problemas de enfermedad. Se trata de una agresión mas del Ministerio de Sanidad a los mas pobres y mas enfermos.

 

La Federación de Vecinos rechaza el copago de medicinas hospitalarias

La organización que preside Antonio Cabrera solicita al Principado que se desmarque del plan estatal del PP

20.09.2013, F. L. J., en La Nueva España.

La federación de asociaciones de vecinos de Avilés y comarca, «La Unión», plantará cara al nuevo recorte de servicios sanitarios que promueve el Ministerio de Sanidad y que, según publicó el Boletín Oficial del Estado (VER LA PUBLICACION EN EL BOE), persigue que los enfermos paguen parte del coste de las medicinas que consumen en ciertas instalaciones hospitalarias, como las ambulatorias. El presidente de «La Unión», Antonio Cabrera, salió a la palestra para mostrar su indignación contra el «nuevo ataque al Estado del Bienestar» que promueve el Gobierno de Rajoy y anunció que su organización pedirá la convocatoria de una reunión urgente del consejo local de Salud en la que poder analizar las consecuencias de la nueva fórmula de copago hospitalario que entrará próximamente en vigor. La esperanza de «La Unión» es que el Gobierno asturiano, haciendo valer sus competencias en la materia, se desmarque del planteamiento nacional y deje al Principado al margen de la fórmula ideada por el ministerio de Ana Mato para repercutir a los usuarios parte del coste de las medicinas.

«Las agresiones del PP al Estado del Bienestar son constantes y cada vez más atrevidas. Pretender cobrar parte de las medicinas a los enfermos hospitalizados roza lo inhumano; yo me pregunto cómo pretende el Gobierno que la gente sin recursos pague los medicamentos necesiarios para seguir vivos», expuso sin ocultar su indignación Antonio Cabrera.

La nueva vuelta de tuerca que quiere dar el Ministerio de Sanidad a los bolsillos de los usuarios de los hospitales españoles en su afán por controlar el gasto sanitario consiste en cobrar a los pacientes que precisen medicación hospitalaria ambulatoria un máximo de 4,2 euros por cada envase farmacológico que precisen para el tratamiento de sus enfermedades. Entre éstas se encontrarían distintos tipos de procesos oncológicos, víricos o de diagnósticos que requieran tratamientos crónicos.

Comparecencia de la ministra con el telón de fondo del esperpéntico y sarcástico "Pacto por la sostenibilidad"…

Comparecencia de la ministra con el telón de fondo del esperpéntico y sarcástico "Pacto por la sostenibilidad"…

El Gobierno ya tiene lista la tarjeta sanitaria válida entre comunidades

La interconexión entre las bases de datos autonómicas había retrasado el proyecto

Emilio de Benito, Madrid.

 

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso que el Gobierno aprobará la tarjeta sanitaria única interoperable este viernes. Con ello se pondrá fin a la situación actual, en la que “un ciudadano que habiendo nacido en Galicia viviera en Madrid llegaba a tener dos tarjetas sanitarias y, si pasase largas temporadas en Castilla y León, podría tener hasta tres”, según ejemplificó Mato.

 

La propuesta es una vieja aspiración, que se vio indispensable hace 13 años, cuando se completaron las transferencias sanitarias a las comunidades. Ya entonces, gobernando el PP, se planteó la necesidad de buscar un sistema para que los ciudadanos que viajaban no tuvieran problemas si necesitaban ir al médico.

 

Mato no dio más detalles en su comparecencia, pero por lo que se ha sabido en otras ocasiones la tarjeta permitirá el acceso a las historias clínicas digitales. Ha sido la interconexión entre las bases de datos autonómicas la que ha retrasado el proyecto. Y este es el principal obstáculo para la medida, ya que, según dijo Mato, solo 20 millones de ciudadanos —menos de la mitad de la población— tienen ya historia clínica digitalizada, que es el requisito previo. Este proceso va con un claro retraso (en 2009 se anunció para 2011), pero es indispensable para que la tarjeta sea eficaz.

 

Sin datos médicos

 

El decreto —del que Sanidad no da detalles— deberá fijar los requisitos técnicos, así como la información básica que llevarán las tarjetas y definir un plazo para su implantación. Se ha descartado la idea de que en el propio documento figuren datos médicos (grupo sanguíneo, enfermedades crónicas relevantes) como se pensó en un principio.

 

Repago y exclusión

Mato admitió que se había pedido un esfuerzo a los pensionistas que más ganan para que paguen parte de sus medicamentos, pero, a cambio, presumió de que casi un millón de parados de larga duración no abonaban nada por ellos. Sobre otra de sus medidas más polémicas, la exclusión de los extranjeros en situación irregular, ante las críticas de PSOE, IU y Compromís-Equo, y pese a los ejemplos que le pusieron, insistió en que “no tienen tarjeta”, pero sí “la atención que requieren”.

 

Pacto por la sostenibilidad

publico.es

Al margen del debate sobre la ley antitabaco, la ministra compareció en la Comisión de Sanidad para explicar los dos acuerdos a los que su departamento ha llegado recientemente con "los representantes de 500.000 profesionales sanitarios" (médicos y enfermeros)  para "garantizar la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud". El objetivo de los mismos, dijo, es alcanzar un "Pacto por la Sanidad" que la aparte "del debate partidista", crear una nueva política de recursos humanos y avanzar en nuevas estrategias para la gestión clínica.

 

Mato tendió la mano a "todos los grupos parlamentarios" para que se unan a ese "pacto histórico" que homologará el sistema de desarrollo profesional y mejorará la organización del proceso asistencial. En este caso fue la oposición quien dejó la puerta abierta al diálogo, siempre que en dicho acuerdo se cuente también con sindicatos, pacientes y otros profesionales que no sean médicos y enfermeros. Asimismo, PSOE e Izquierda Plural pusieron una condición primordial: que la ministra derogue el Real Decreto Ley 16/2012 por el que se retiró la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, entre otras medidas.

 

También el Grupo Mixto, en palabras de su portavoz, Joan Baldoví (Compromís), se unió a esta petición. Todos ellos denunciaron que, con dicha medida, el sistema sanitario público ha dejado de ser universal y que, por tanto, la ministra no puede pedirles que firmen un pacto que se supone que intenta garantizar "una sanidad pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad y económicamente sostenible".

 

Pese a todo, Mato insistió en que "los inmigrantes siguen teniendo la asistencia sanitaria que necesitan" y defendió también el "ahorro" conseguido con sus recortes. Según los datos esgrimidos hoy por la ministra, los copagos y la remodelación de la cartera común básica -aún en revisión- y el avance en la central de compras común o el fomento de medicamentos genéricos han conseguido "reducir la deuda sanitaria en más de 10.000 millones de euros". También presumió de que "por primera vez, los parados de larga duración no tienen que pagar fármacos"; una medida de la que se han beneficiado, dijo, 979.348 personas. La oposición le reprochó, en cambio, que también era la primera vez que los pensionistas debían "repagar" por su medicación y que las consecuencias de ello también se notan ya.

 

Por último, Mato anunció que el Gobierno está a punto de aprobar el Real Decreto que regulará la nueva Tarjeta Sanitaria Única Interoperable que será efectiva en todo el país, resida donde resida el titular de la misma. Fuentes de su Ministerio aseguraron que la titular de Sanidad llevará la medida al Consejo de Ministros este mismo viernes.

 

El Gobierno pondrá en marcha este viernes la tarjeta sanitaria única

La ministra Ana Mato hace un balance del ahorro logrado en farmacia y promete "mejorar la competencia profesional"

19.09.13 - EFE | MADRID

 

El Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

 

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha comparecido en la Comisión correspondiente del Congreso para informar, entre otros asuntos, del Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud alcanzado con los representantes de la profesión médica y enfermera. Mato ha manifestado la intención de consensuar "un sistema de evaluación de resultados en salud que vaya más allá del mero análisis cuantitativo o de coste", para saber qué se hace bien y qué se puede mejorar y valorar "adecuadamente" el buen desempeño de centros y profesionales sanitarios.

 

En cuanto a las listas de espera, el Ministerio trabaja en el proyecto de Real Decreto de Calidad y Seguridad de los Pacientes, que establecerá criterios de priorización en intervenciones y pruebas diagnósticas, como la gravedad, el impacto en la salud futura y los criterios clínicos y funcionales. Incluiría una relación de especialidades, procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos para aplicar el sistema de garantías de tiempo máximo de acceso.

 

Este decreto también regulará el derecho a la libre elección de médico de familia, pediatra, enfermero y hospital. La ministra ha defendido un sistema de desarrollo profesional homologado en toda España y la participación de médicos y enfermeros en la gestión clínica para mejorar la eficacia y seguridad en la asistencia sanitaria.

 

Mato ha asegurado que las reformas "están funcionando" con "la implicación y participación activa" de los profesionales sanitarios, "el mejor activo de nuestra sanidad". Así, ha invitado a todas las fuerzas parlamentarias a que hagan posible el Pacto Sociosanitario, además de reconocer que es imprescindible contar con las CCAA. "Es el momento de dar un paso al frente y encontrarnos todos en la consolidación y en la fortaleza del Sistema Nacional de Salud", ha pedido.

 

A nadie se le niega la asistencia

Sobre las críticas a la reforma sanitaria del decreto ley de 16/2012, ha respondido que "el problema de no hacer la sanidad pública económicamente sostenible es que nos podemos quedar sin ella, y el Gobierno trabaja para que eso no pueda ocurrir". En cuanto a la supuesta exclusión de ciertos grupos de población de la Sanidad, ha reconocido que algunas personas han dejado de tener derecho a tarjeta sanitaria, pero mantienen el de la atención que "requieren".

 

Concretamente, sobre los inmigrantes, ha dicho que a nadie se le niega la asistencia porque iría en contra de la Constitución y el real decreto, así todos reciben asistencia de urgencia "cualquiera que sea la causa y hasta el alta". Ha negado que haya "copago sanitario", sino una "modificación de la aportación" de los ciudadanos al coste de los medicamentos. "Hemos hecho más justo el sistema (...) para que quien más tiene aporte más y quien tiene menos o nada no pague".

 

Entre los grupos de la oposición, el diputado socialista José Martínez Olmos ha reprochado a Mato el "tremendo recorte de recursos y prestaciones" que suponen las reducciones presupuestarias y le ha preguntado cómo y cuando se va abordar la financiación sanitaria. Sobre el pacto sanitario, acordado hasta ahora con médicos y enfermeros, el diputado considera que tiene "varias patas cojas" porque no se ha contado con los sindicatos, los grupos parlamentarios, los pacientes y otros profesionales.

 

Lourdes Ciuró (CiU) ha acusado a la ministra de hablar de diálogo, pero "sólo ofrece monólogo", y ha amagado con abandonar la subcomisión del Congreso que analiza los problemas estructurales del sistema sanitario. En nombre de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha opinado que la ministra hace “propaganda 'orwelliana'” al presentar una y otra vez el acuerdo con los profesionales sanitarios, más cuando éstos se manifiestan en las calles contra las políticas del Ministerio.

 

A su juicio, el Gobierno se comporta "con infamia y deslealtad" hacia el Sistema Nacional de Salud, pues pretende "debilitarlo para buscar el negocio" privado en un "desbarajuste total". "Ese supuesto ahorro por el copago o repago (farmacéutico) y la barbaridad de exclusiones de personas de la asistencia se va a traducir en un incremento de la enfermedad y de la mortalidad".

 

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Las movilizaciones contra la privatización sanitaria

Por Sergio Fernández Ruiz, Araceli Ortiz Arteaga, Marisa Fernández Ruiz y Marciano Sánchez Bayle. Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

 

nuevatribuna.es

 

Casi desde que se produjeron las primeras iniciativas privatizadoras comenzó a plantearse una importante respuesta social y profesional de rechazo de las mismas, aunque es cierto que estas han ido creciendo en importancia en los últimos tiempos, también porque es ahora cuando se han producido las agresiones más importantes.

 

La primera oposición contra la privatización surge con la aparición del Informe de la llamada Comisión Abril, de hecho la respuesta generalizada en contra de sus conclusiones paralizo su aplicación, que luego se fue planteando de una forma paulatina y silente a lo largo de los años.

 

El siguiente momento de desarrollo de movilizaciones organizadas contra la privatización se produjo en Galicia contra la implantación de las fundaciones sanitarias y la empresa MEDTEC, en esa lucha nacieron las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, entidades de carácter unitario que agrupaban a fuerzas políticas, sociales, vecinales y profesionales alrededor de un problema concreto, y que luego pasarían a constituir SOS Sanidade Pública.

 

Posteriormente y con la llegada del PP al gobierno central el movimiento de las Plataformas se extendió por todo el país llegando a existir una Plataforma Estatal que tuvo una corta vida. Estas Plataformas intervinieron activamente en temas como el “medicamentazo” (exclusión de medicamentos de la financiación pública), contra los intentos de convertir los hospitales públicos en fundaciones (de hecho no se ha producido todavía ningún caso a pesar de que las leyes que lo permiten se aprobaron en 1996-1997 y 1998) y en multitud de problemas concretos. El movimiento contra las privatizaciones y las Plataformas han tenido una vida muy irregular y distinta según las CCAA. Vamos a centrarnos en 3 casos más concretos (Galicia, Cataluña y Madrid)

 

Galicia

SOS Sanidad Publica ha sido la denominación que acabo adoptando el movimiento en Galicia. Existen Plataformas en multitud de puntos, en algunos casos de localidades concretas y en otros de áreas sanitarias (A Coruña, Ferrol, Vigo, Ourense, Lugo, Monforte, etc) en algún caso las plataformas de área agrupan varias plataforma locales, así la plataforma de Vigo coordina plataformas, además de Vigo, de Cangas, Bueu, Valmiñor, Nigran, Redondela y Pazos de Borbén.

 

Las plataformas tienen composición variable según cada sitio concreto. De manera general incluyen grupos ciudadanos (asociaciones vecinales, de pacientes, organizaciones de consumidores, etc), organizaciones no gubernamentales que trabajan con grupos marginados y excluidos sociales, sindicatos (generalmente sindicatos de clase, UGT, CCOO, CIG, pero también sanitarios como SATSE o SAE), organizaciones profesionales (AGDSP, sociedad gallega de medicina de familia, estudiantes de medicina, etc), organizaciones políticas (los partidos de izquierda y nacionalistas) e incluso algunos ayuntamientos. Aunque esta es la composición más habitual hay algunos casos en que las plataformas esta formadas por ciudadanos a titulo personal (aunque como es lógico mayoritariamente se trata de personas que ya pertenecen a algunas de las organizaciones mencionadas).

 

En Galicia la actividad de las plataformas ha sido muy importante, realizando numerosas manifestaciones, concentraciones y todo tipo de movilizaciones y fomentando 2 iniciativas legislativas populares en el parlamente regional. En su haber tiene el haber conseguido que sea la primera comunidad autónoma en la que se produzco una reversión del proceso privatizador con la integración de las fundaciones sanitarias en la red pública (recientemente también se ha producido en Asturias con la única fundación existente en esta comunidad).

 

Cataluña

La victoria de CiU en las últimas elecciones catalanas supuso la puesta en práctica de un recorte del 10% en los presupuestos sanitarios. Como consecuencia se dejaron de hacer los hospitales que estaban previstos, se inició una política de no sustituir bajas y ausencias y se cerraron centros de salud; lo que derivó en un incremento importante de las listas de espera. Así, los profesionales catalanes llevan 18 meses con conflictos de baja intensidad pero constantes.

 

Los cierres anunciados se concentraron mayoritariamente en la provincia de Barcelona,  pero afectaron a todas las provincias catalanas. Se clausuraron 33 centros en horario nocturno (generalmente de las diez de la noche a las ocho de la mañana), otros 13 durante el mediodía (de las doce a las tres de la tarde) y cerrar 11 durante el fin de semana. La respuesta fue mayoritariamente ciudadana habiéndose producido protestas y manifestaciones y en varios q casos encierros de  los vecinos  en los centros sanitarios.

 

También en las principales ciudades catalanas se han producido manifestaciones de batas blancas para protestar contra los recortes. No solo porque los profesionales del sector consideren que los recortes son insostenibles, sino porque la reducción de los conciertos sanitarios está llevando a las entidades que gestionan hospitales y ambulatorios a reducir plantillas e incluso plantear expedientes de regulación de empleo (ERE) a los trabajadores.

 

Las movilizaciones perdieron actividad durante 2012, sin desaparecer,  pero en 2013 el anuncio de una nueva tanda de recortes ha reactivado el conflicto, particularmente del personal sanitario, que ha cristalizado en una masiva manifestación en Barcelona convocada por los sindicatos.

 

Una característica de las movilizaciones en Cataluña es la importante atomización organizativa que les ha restado cierta fuerza y operatividad, por un lado los sindicatos y por otro numerosas entidades de ámbito ciudadano y profesional. Otra son las ocupaciones de centros sanitarios amenazados de cierres y además la campaña de desobediencia civil sobre la tasa del euro por receta y la iniciativa penal popular que pretende el enjuiciamiento de los responsables sanitarios catalanes.

 

Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó el día 20 los presupuestos para 2013 y  el 27 la Ley de Acompañamiento de los mismos. En ambos se diseña el modelo de privatización presentado por el Gobierno del PP madrileño. Y lo hizo a pesar de la masiva y continuada oposición de profesionales y ciudadanos, y sin variar en nada el proyecto inicial que fue el que generó la contestación social y profesional.

El conflicto sanitario ha tenido una repercusión muy por encima de las más optimistas esperanzas de quienes lo iniciaron. A una huelga sanitaria de amplitud variable que se ha producido en 2 fases, entes y después de 2013, se unió una movilización de los profesionales sanitarios expresada en acciones de muy diversa intensidad (encierros, manifestaciones, concentraciones, vigilias, etc) y un apoyo muy sustancial de la ciudadanía (se han recogido ya mas de 2 millones de firmas contra la privatización durante 3 meses), una consulta popular con amplio respaldo (930.000 votos en 5 días) sin el cual el conflicto no habría podido mantenerse tanto tiempo en cantidad y en calidad. Lo mas importante es que se ha ganado la hegemonía ante la opinión pública y que hoy prácticamente nadie se atreve a discutir, salvo algún que otro escritor a sueldo, los efectos negativos de las propuestas privatizadoras del gobierno del PP madrileño.

 

La privatización sanitaria no ha comenzado ahora en Madrid, sino que es una política que viene avanzando desde que el gobierno de la Comunidad asumió las transferencias sanitarias, mediante una multitud de formulas diversas (planes para las listas de espera quirúrgicas, hospitales PFI, concesiones administrativas, etc) ¿Qué ha cambiado?. Básicamente 3 cuestiones: un proceso que se había llevado de manera paulatina con pasos pequeños, sufre un acelerón y se plantea un órdago que cambia sustancialmente la situación; la segunda es que afecta por primera vez de manera directa al personal sanitario de los centros que va a sufrir despidos y recortes de plantilla muy importantes, e incluso como en el caso de La Princesa, va a ver cercenado de manera definitiva su futuro desarrollo profesional; y por fin porque ataca a la Atención Primaria hasta ahora dejada de lado en los planes privatizadores del PP madrileño. Por supuesto a ello hay que unir los recortes económicos, los recortes de plantillas, los recortes presupuestarios, etc. El Plan de Lasquetty ha sido la gota que colmaba un vaso ya de por si a punto de rebosar.

 

Aunque el detonante del conflicto fue el encierro del Hospital de La Princesa, decidido y liderado por los sindicatos de la mesa sectorial, en su extensión al conjunto de la sanidad madrileña han surgido muchos protagonistas con intereses muy variados, en ocasiones antagónicos, el mas conocido por su amplio protagonismo mediático ha sido la AFEM, un sindicato de facultativos, de reciente creación (en 2006), y que carece de representación en las últimas elecciones sindicales. Sus planteamientos, bastante corporativos, han conseguido conectar con un amplio sector de los médicos madrileños de hospitales, y ha tenido dos méritos indiscutibles, movilizar a los médicos, incluso a los de ideología conservadora y a los desencantados, y realizar acciones muy imaginativas de gran impacto mediático, a su vez ha tenido dos fallos también importantes, su afán de protagonismo que ha dificultado las actuaciones comunes, y su empecinamiento en mantener una huelga que llamaron indefinida (en realidad paros de 4 días a la semana) que han producido agotamiento económico, descuelgue del sector menos convencido, menos militante, o simplemente con mas problemas de dinero, y que ha abierto algunas brechas y enfrentamientos entre quienes abandonaban la huelga y los que la continuaban. Pero aunque no han salido en los medios, o lo han hecho menos, la realidad es que ha habido un sinfín de organizaciones y organismos que han tenido un protagonismo importante en las movilizaciones, sin las que estas no hubieran sido posibles, el primero por supuesto la mesa sectorial (CC.OO, SATSE, CSIT-UP, AMYTS, y UGT) que ha sido la iniciadora del conflicto, luego las plataformas de los hospitales de composición y fuerza variable dependiendo de los centros, la mesa por la sanidad, la coordinadora de directores de los centros de salud, plataformas ciudadanas, y un largo etc. de organizaciones y organismos que han intentado vertebrar, con éxito variable, la respuesta social y profesional.

 

Una de las novedades de este conflicto ha sido con mucho la amplia movilización de los profesionales sanitarios, especialmente de los médicos, que es inédita en la Sanidad española de los últimos 30 años. ¿Porque ha sido posible?. En primer lugar ya se ha señalado que la AFEM ha conseguido movilizar a los sectores mas conservadores, pero además, tal y como estaba planteado el conflicto, los sectores progresistas han evitado el enfrentamiento ideológico en aras al mantenimiento de la movilización, de ahí su éxito, porque en el sector profesional no ha habido ninguna voz discordante y todo el mundo ha entendido, con razón o sin ella ( y esto solo lo sabremos cuando pase un tiempo suficiente), que era mas importante la fuerza de las movilizaciones que su claridad ideológica, que en todo caso se solventaría una vez finalizado el mismo. Luego hay un rechazo profesional al modelo empresarial de la Sanidad que pretende imponer el PP, porque supone, también, el fin definitivo del ejercicio profesional autónomo e independiente, que es uno de los mitos mas arraigados en el imaginario colectivo de los médicos españoles, a lo que se une la conciencia de que la privatización, especialmente en un momento de crisis económica profunda, significaba una perdida de empleo y de autonomía profesional. Por supuesto contaba también el rechazo a la privatización y la defensa de la Sanidad Pública y del modelo sanitario actual, aunque con muchas contradicciones.

 

La desaparición de las áreas sanitarias, en octubre del 2010, y la creación del Área Única, fue un elemento clave, decisivo en el proceso privatizador de los centros de salud, que ahora se anuncia. Los intentos de denuncia, de advertencia, de lucha, no consiguieron desvelar los objetivos ocultos de esa decisión y que hoy conocemos y por tanto el debate y el conflicto tuvieron poca repercusión social, profesional y mediática.

 

La diversidad de centros de salud, su dispersión y tamaño, son factores que influyen a la hora de que sus acciones y propuestas alcancen la repercusión mediática y en la impacto en la población de la dimensión que han alcanzado las acciones hospitalarias. Sin embargo, la repercusión en el zona básica en la que cada centro está ubicado ha sido muy importante, emotiva, solidaria y ha ido creciendo junto con la extensión del conflicto. Es un hito sin precedentes, ver a los pacientes conocidos de años por los profesionales, firmar, manifestarse, encerrarse junto con sus médicos, sus enfermeras y los administrativos, estos que les atiende todos los días desde hace años. La fidelidad al CS  y a la Sanidad Pública se ha puesto de manifiesto en este contexto.

 

El tratamiento que los diversos medios han dado al conflicto ha sido y es importante. Dependiendo de los medios, sean estos: la prensa escrita, radio, TV, la información ha sido muy distinta. Según el conflicto se extendía y la marea blanca se acercaba a la capital, la presencia de los medios ha ido en aumento.

 

Nunca la sanidad pública había concitado tanto interés social, y tal hecho ha permitido escuchar entrevistas, debates, opiniones, no sólo de expertos sanitarios, sino también de escritores, científicos, profesores… que han ahondado en el problema que han puesto de manifiesto las consecuencias negativas que para todos  puede tener el desmantelar el estado del bienestar, conseguido con tanto esfuerzo.

 

Por todo ello, es llamativo, incompresible, y demuestra una gran ignorancia, centrar, limitar de forma exclusiva y excluyente, la atención sanitaria y el buen nombre  de la Sanidad Pública de este país, en los médicos.

 

No deberíamos olvidar que la calidad de sanidad pública, tal ensalzada en estos meses, está sustentada por una mayoría silenciosa de trabajadores sanitarios y no sanitarios, que hacen posible que el mismo funcione, aceptablemente, aunque mejorable. Detrás de médicos de renombre, de prestigio, hay equipos humanos multiprofesionales que trabajan silenciosamente y de forma eficaz y que garantizan la calidad de la atención sanitaria.

 

Solo señalar, brevemente, que el uso de las redes sociales le ha dado al conflicto una inmediatez en la noticia, una creatividad y viveza nunca vista. Y no cabe duda que parte del espíritu del 15 M se ha filtrado en las mareas, tiñendo de color el blanco serio, grave del sector.    

 

Ahora que el conflicto ha pasado a otra fase se debe plantear como objetivo central mantener unas movilizaciones sostenibles y hay que ser consientes que, aunque solo sea por motivos económicos, el mantenimiento de convocatorias de huelgas  son difíciles de seguir de un modo generalizado. Por ello, es preciso tener una actitud flexible e inclusiva que permita a todo el mundo seguir el conflicto en la medida de su compromiso y/o posibilidades. Habrá personas que solo participaran en los encierros, concentraciones o manifestaciones, e incluso solo en acciones ocasionales, quienes harán algunos días de huelga y quienes estén dispuestas a seguir todas las convocatorias. Hay que generar un marco de comprensión que permita a cada uno colaborar de acuerdo con sus posibilidades y disponibilidad, evitando enfrentamientos que solo pueden dividir. Por otro lado, la prolongación del conflicto puede deteriorar el apoyo popular que hasta ahora tiene. Queda todavía tiempo hasta que se consumen las privatizaciones (seguramente después del verano) y hay que ser capaces de mantener la movilización hasta el final, probablemente al menos hasta las próximas elecciones autonómicas. Estamos ante una carrera de fondo y hay que asegurarse de que llegaremos a la meta con una capacidad significativa de intervención y de éxito.

 

La Sanidad Pública es propiedad del conjunto de la ciudadanía, no de los profesionales sanitarios, ni de los médicos, ni de los políticos de turno. Pertenece a la población que es quien la ha hecho posible y la mantiene con sus impuestos. Los profesionales de la salud deben de ser consultados para encontrar soluciones ante los problemas, y también el conjunto de la población y las entidades sociales que les representan. La población madrileña con su masiva y generosa participación en el conflicto parece haberlo entendido, su posición debe de ser tenida en cuenta a la hora de buscar soluciones y alternativas.

 

Por supuesto los profesionales de la salud deben tener un papel de asesoramiento técnico de los proyectos y propuestas. Desde la ADSPM venimos reclamando hace años que deben ser los profesionales de la salud, los ciudadanos y los responsables de la Administración Sanitaria, los encargados de gestionar conjuntamente el sistema sanitario público y que es esta conjunción de planteamientos la única capaz de garantizar el carácter de servicio público de calidad de la Sanidad Pública.

 

El conflicto se ha desarrollado con una multiplicidad de agentes que han ido tomando iniciativas de índole diverso, y a veces contradictorias. Hasta ahora las cosas han ido funcionando de una manera más o menos razonable, porque este espíritu guerrillero  ha sabido encontrar huecos de colaboración en la práctica. En este caso tampoco se ha logrado una unidad organizativa, aunque hay una Mesa por la Sanidad Pública que aglutina a los sindicatos con representación en la mesa sectorial, a las asociaciones y plataformas ciudadanas, 15M y a la ADSPM, siguen existiendo otras entidades con animo de coordinación (en Atención Primaria), sindicatos (AFEM, AEM) , plataformas fundamentalmente de profesionales con alguna presencia ciudadana (PATUSALUD) y el Observatorio Madrileño de Salud (con presencia ciudadana, sindical, profesional y con la participación de un numeroso grupo de ayuntamientos) que intentan dinamizar el conflicto, aunque como es lógico con problemas que de momento no han sido sustanciales, porque todo el mundo, o casi, ha procurado evitar rupturas y/o colisiones publicas que inevitablemente debilitarían las movilizaciones.

 

Las últimas decisiones judiciales dan un margen de tiempo, pero hay que tener cuidado en verlas como definitivas. Primero porque todavía quedan muchos recursos y contrarrecursos en una maraña difícil de desentrañar y de la que no saldrá nada definitivo hasta que pase tiempo (probablemente años), y luego porque es obvio que la política privatizadora no va a desaparecer y tomara otras vías, quizás mas lentas y menos evidentes, pero no menos lesivas, porque no debe olvidarse que la política del PP esta en el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública y no van a cejar en el empeño, por eso no hay que bajar la guardia y deben continuar las movilizaciones, por supuesto adaptándolas a la realidad de cada momento concreto.

 

Aunque hemos detallado mas la situación en estas 3 CCAA la realidad es que existen movilizaciones contras las privatizaciones y/o los recortes en la mayoría de las CCAA adoptando formulas y estructuras muy diversas y con muchas diferencias en su coordinación, extensión y actividad. Solo mencionar la situación de Castilla la Mancha con extensas movilizaciones de ámbito local y/o comarcal (Cuenca, Villarrobledo, Almansa, Tembleque, Malpica, etc) donde se ha conseguido por ejemplo el éxito de obligar a la Junta a reabrir Puntos de Atención Continuada previamente cerrados y las recientes declaraciones de Cospedal diciendo que no se van a privatizar los hospitales tal y como  prometió; Aragón (plataformas de Zaragoza, Huesca y Alcañiz), Asturias (plataformas de Asturias y Navia), La Rioja, Navarra, Cantabria, Castilla y León (plataformas en Salamanca, Valladolid, Segovia, área rural, etc ), Valencia, Baleares, y Canarias (Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública) que ha presentado una iniciativa legislativa popular, y un largo etc, de plataformas y movimientos sociales de composición y actuación muy variable, a los que hay que unir Foros y Cumbres Sociales, 15M, etc.

 

¿Qué resultados se han producido a raíz de estos movimientos?

 

Se podrían esquematizar en las siguientes:

 

  • Se ha logrado crear un estadio en la opinión pública y profesional en contra de la privatización del sistema y del cambio del modelo
  • Se ha colocado  la privatización y desmantelamiento del sistema sanitario en la agenda de las organizaciones políticas y en las instituciones representativas como las Cortes Españolas, Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos..
  • Han permitido generar movilizaciones en torno a problemas sanitarios como las listas de espera, deterioro servicios, recortes de recursos y servicios, deficiencias organizativas y funcionales centros
  • Han servido para unificar y racionalizar el discurso y las alternativas de las organizaciones progresistas (partidos, sindicatos, organizaciones vecinales y de usuarios, etc.), en temas complejos y controvertidos como los problemas de la privatización, la necesidad de financiación pública, la mejora de  la  gestión, la racionalidad en la asignación y  el uso de los recursos, la potenciación de la Atención Primaria, etc.
  • Se ha promovido la implicación agentes sociales en debates y elaboración de alternativas sanitarias
  • Se han puesto en evidencia los riesgos y las deficiencias del modelo de gestión empresarial-privada de centros sanitarios (fundaciones sanitarias) e incluso han conseguido su reversión  a la gestión publica como en los casos  de Galicia y en Asturias
  • Han contribuido a frenar durante años la estrategia de privatización y parcelación de la Sanidad Pública. Hay que ser conscientes de que las movilizaciones han conseguido retrasar e incluso detener esta estrategia
  • Han promovido las alianzas para  hacer frente a la crisis y las políticas de desmantelamiento del Estado del Bienestar promovidas por la Troika (UE, Banco Europeo y Fondo Monetario Internacional): Foro Social y Cumbre Social

 

Cabria destacar por último el papel  impulsor y nuclear de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en la teorización, diseño, creación, impulso y mantenimiento de las Plataformas en toda España.

 

Creemos que es importante continuar con las movilizaciones de profesionales y ciudadanos contra esta política suicida de privatización y desmantelamiento de la Sanidad Pública, y que eso solo podrá lograrse con la actuación unitaria, coordinada  e integradora de todos los sectores y organizaciones presentes en el conflicto, y con su generalización en todo el Estado.