CONTRARREFORMA NO

A los interinos y eventuales les estaban ofreciendo contratos con aumento de la jornada laboral, disminución del salario (una media de 300 euros al mes), reducción en los pluses por nocturnidad y supresión del de festividad ¡¡y ahí se les cortó “la cosa” por la paralización judicial!!

Las concesionarias cierran sus despachos

Las adjudicatarias de los seis hospitales privatizados congelan su toma de control tras el auto judicial

José Marcos / Cristina Pop Madrid, en El País.

Las empresas adjudicatarias de la gestión de los seis hospitales públicos que la Comunidad sacó a concurso no tomarán, de momento, posesión de sus despachos. O si ya estaban en ellos, los cerrarán, después de conocer ayer la decisión del juzgado de lo contencioso que ayer paralizó el proceso privatizador. Estaba previsto que los nuevos responsables empezasen a tomar decisiones ejecutivas el próximo día 1 de octubre, momento en que se haría efectiva la externalización de la gestión.

 

A finales de septiembre la gestión de la asistencia sanitaria de más de un millón de madrileños iba a pasar a manos privadas. Pese a la multitud de recursos en los juzgados contra el proceso, de los que la mayoría todavía siguen pendientes, la Comunidad adjudicó a mediados de agosto la gestión de los seis de los hospitales más nuevos de la red madrileña. El Gobierno regional decidió seguir adelante alegando que no se podía parar el procedimiento administrativo. Primero adjudicó las del hospital Infanta Leonor (Vallecas), y el del Sureste (Arganda del Rey), ambos a Ribera Salud. El del Henares (Coslada) lo asumió BUPA Sanitas. Una semana después hizo lo propio con el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, responsable de la gestión de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).

 

El auto judicial del martes que paralizó el proceso de privatización de la gestión de seis de los hospitales más nuevos de la red pública madrileña pilló desprevenidas a las concesionarias. También al Ejecutivo, que recibió la decisión con “absoluta sorpresa”, según reconoció el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

 

La incertidumbre que plantea la interrupción del proceso —el auto considera “virtual” el ahorro del 20% que defiende la Comunidad— abre varios frentes incómodos para el Gobierno de Ignacio González. Para empezar, la inseguridad jurídica que afrontan las empresas ganadoras, que tuvieron que depositar avales por valor de 28 millones de euros. Otra es que, en caso de que finalmente la justicia tumbe la privatización, la Comunidad debería modificar sus presupuestos de 2013. Madrid ya tuvo que recortar más de mil millones a mitad de 2012.

 

“En el hospital del Henares habíamos empezado una fase de toma de contacto, de presentar propuestas, de hablar con colectivos... De momento se paraliza hasta que sepamos hacia dónde va a ir esto ahora”, expuso un portavoz de BUPA Sanitas. “La decisión judicial no está relacionada con nuestra propuesta o con nuestra puesta en escena, es una decisión judicial relacionada con el procedimiento del concurso. Es la Comunidad de Madrid quien tiene que presentar sus alegaciones, lo único que podemos hacer es esperar”, añadió.

 

La compañía, que contaba con dos despachos en el centro hospitalario, anuló todas las entrevistas que tenían previstas para ayer con trabajadores. Desde principios de esta semana, representantes de BUPA Sanitas ya se habían instalado en el centro y habían comenzado a mantener reuniones informativas con los diferentes colectivos. El más perjudicado era el de los trabajadores interinos y eventuales, a los que se les estaban ofreciendo contratos con aumento de la jornada laboral, disminución del salario una media de 300 euros al mes, reducción de bonificaciones por nocturnidad y supresión de pagas suplementarias por trabajar en domingos y festivos. La adjudicataria se escudaba en que el contrato con la Comunidad solo le obligaba a mantener el número de puestos de trabajo pero no las condiciones económicas y subrayaba que estaba ofreciendo contratos indefinidos a todos.

 

Tras conocer el auto, el grupo Ribera Salud cerró las “oficinas técnicas de asesoramiento” con las que ya contaba en los hospitales a su cargo. “Tenemos plena confianza en la continuidad del proceso. Desde nuestra experiencia de 15 años, sabemos que los proyectos innovadores tienen varios hitos en su implantación”, dijo una portavoz, que quiso resaltar que el “95% de los profesionales ya habían mostrado su aceptación” a las condiciones de la adjudicataria. Hima San Pablo afirmó que “mantiene su interés por el mercado español”.

 

Un juzgado paraliza la privatización de seis hospitales de Madrid

El Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid ha decretado la suspensión cautelar del proceso de externalización de seis hospitales de la región, en un auto dado a conocer este martes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que es quien encabeza la acción judicial.

nuevatribuna.es

De esta manera se vuelve a paralizar temporalmente la concesión, después de que el pasado mes de julio lo hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la levantara el alto tribunal dos semanas más tarde al tiempo que inadmitía el recurso en este sentido del PSM.

La Consejería de Sanidad ha explicado que la Comunidad de Madrid va a estudiar este nuevo auto y que presentarán las alegaciones correspondientes dentro del plazo de 15 días con el que cuentan, y pese a las contradicciones que considera existen entre jueces después de que el TSJM ya confirmara que el proceso podía seguir adelante.

El auto del magistrado Carlos Gómez Iglesias explica que los razonamientos expuestos por AFEM en los apartados precedentes "conducen, en definitiva, a la estimación de la solicitud formulada por la parte recurrente y a la adopción de la medida cautelar por ella solicitada, sin que, por otra parte y finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las especiales circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la LRJCA, para efectuar un pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en este incidente".

Por ello, decide "estimar la solicitud formulada por la parte recurrente para la adopción de la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados" hasta que "sea dictada sentencia firme que ponga fin al procedimiento o hasta que éste finalice por cualquiera de las otras causas de terminación previstas legalmente".

 

PIDEN LA DIMISIÓN DE LASQUETTY

La Asociacion para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid entiende que la nueva paralización judicial del proceso de privatización de los hospitales madrileños "es una buena noticia porque permite detener este proceso tan negativo para la Sanidad Publica".

Según esta organización, "el proceso de privatizaciones tan lleno de irregularidades y anomalías es una evidencia de la inutilidad del Sr. Lasquetty y sus correligionarios de la Consejería de Sanidad. Ya sabíamos que no tenían ningún conocimiento de Sanidad, ahora esta claro que tampoco lo tienen de requisitos legales y administrativos, y que su actitud llena de ignorancia y prepotencia ha sido una de las causantes del conflicto".

 

"El consejero de Sanidad, un incompetente reconocido debería de dimitir inmediatamente y así mejoraría la eficiencia del sistema sanitario, los ciudadanos pagaríamos un sueldo menos que podría dedicarse a contratar profesionales sanitarios y buenos gestores para mejorar la atención a la salud de la población. Vayase Sr Lasquetty, le haría un favor a la sanidad madrileña y a usted mismo, porque no es bueno para su salud hacer tanto el ridículo".

 

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El científico del CSIC y experto en política social y estado del bienestar, Francisco Javier Moreno, habló sobre 'Las políticas sanitarias: ideología y gestión' en el inicio de la Escuela de Verano de la UGT-Asturias

Los riesgos de la regresión sanitaria

El investigador del CSIC Francisco Javier Moreno critica la «traición» a los principios universalistas del Sistema Nacional de Salud

03.09.2013, F. L. JIMÉNEZ, en La Nueva España.

España tuvo un sistema nacional de salud basado en las cotizaciones a la Seguridad Social -el modelo más extendido en Europa- hasta 1999, año en el que después de una década de negociaciones se generalizó un nuevo sistema basado en la universalidad de la atención sanitaria (tiene derecho a ser atendido cualquier persona por el simple hecho de ser español o residir en el país, independientemente de que cotice o no a la Seguridad Social). Pero por los derroteros actuales, según la opinión del científico del Consejo Superior de Investigaciones Francisco Javier Moreno, «caminamos en regresión hacia un sistema de beneficencia». El ponente que abrió las conferencias de la presente edición de la Escuela de Verano de la UGT de Asturias se refirió a los recortes en materia sanitaria, y muy especialmente a la expulsión de los inmigrantes sin papeles del Sistema Nacional de Salud, como una «traición» al principio de universalidad que en su día inspiró el modelo sanitario vigente. Y dejó entrever que el paulatino traspaso de usuarios a la sanidad privada tendrá un efecto demoledor para la pública «pese a que es indiscutible que sus ratios de calidad y modernización tecnológica son más que satisfactorios».

 

Sin llegar a hacer una crítica directa al PP -partido que ni siquiera nombró-, Francisco Javier Moreno destacó las ventajas de un sistema sanitario universalista como el español y plasmó en números su punto de vista: «España dedica el 9,6 por ciento de su riqueza nacional a la Salud y logra dar cobertura al cien por ciento de la población; Estados Unidos (adalid del modelo liberal), emplea en Salud el 16 por ciento de su riqueza y sólo logra dar cobertura al 81 por ciento de la población...».

 

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La póliza para cubrirles aún no tiene fecha

Las ONG denuncian problemas constantes

Foto: Cecilia Asuko Sami, trasplantada en 2008 en nuestro SNS de entonces…

María R. Sahuquillo / Emilio de Benito Madrid, en El País.

Cecilia Asuko Sami llegó a España en 1981 desde Malabo (Guinea Ecuatorial). No tenía pensado quedarse, pero tres de sus hermanos vivían en Madrid, el país le gustó y poco a poco fue hilando un trabajo con otro: limpiadora, camarera, cuidadora de ancianos. Trabajó a temporadas durante 26 años. Siempre sin contrato. En 2007, en una de sus estancias en Guinea, fue al médico. Llevaba tiempo encontrándose mal, le faltaba el resuello y se mareaba. No supieron decirle qué tenía, así que volvió a España. En Madrid, los médicos le diagnosticaron que un virus le había dañado el corazón y que necesitaba un trasplante. Un año después, en 2008, se sometía a la intervención que le salvó la vida. Desde entonces y hasta ahora, esta mujer de 51 años, menuda y de ojos grandes, debe tomar una decena de fármacos al día y necesita control médico. Seguimiento que no ha tenido durante casi dos años. En 2012, cuando le hubiera tocado la visita con el cardiólogo, se le caducó la tarjeta sanitaria y la Administración no se la renovó por la próxima entrada en vigor del real decreto que, desde hace un año, excluye a los inmigrantes irregulares —como ella, que ha perdido la residencia legal— de la sanidad pública normalizada. Su caso ha sido denunciado por ONG como Médicos del Mundo y la Red Acoge, y, por fin, dos años después, el lunes pasado consiguió una revisión. Ella no sabe si fue por mediación o presión de estas organizaciones, pero sí que está mucho más aliviada.

 

Como Cecilia, desde el pasado 3 de septiembre, unos 150.000 sin papeles mayores de 18 años solo tienen derecho a la atención de urgencias, parto y posparto. La nueva ley, además, ha creado un panorama desequilibrado entre autonomías: algunas, como Asturias, Andalucía o País Vasco, han decidido seguir garantizando la asistencia a estas personas; pero en otras, como Madrid o Castilla-La Mancha, las barreras para acudir a una consulta o conseguir la medicación son grandes.

 

Cecilia ha vivido trampeando en el centro de salud que le correspondía cuando tenía tarjeta. “A veces en la ventanilla hay una persona que me conoce y que me tramita las recetas. Luego compro las medicinas que puedo en la farmacia, aunque cada vez me ponen más pegas porque hay que ir con la tarjeta y yo no tengo. Tengo que mentir y decir que aún no me la han mandado”, explica. El resto de la medicación la consigue —siempre con receta— en una entidad social que tiene un programa de donación de fármacos. Al mes paga unos 180 euros, gracias a la ayuda de sus hermanos. “Son medicinas muy caras. Si tuviera que pagarlas enteras me moriría... No entiendo cómo el Gobierno, después de pagar un trasplante, que es carísimo, lo echa ahora todo a perder. He estado meses así”, lamenta Cecilia, que además se enfrenta ahora a una orden de expulsión del país.

 

Pese a que cada mes las ONG envían a la Administración casos como este, el Ministerio de Sanidad y las autonomías que aplican a rajatabla el decreto —Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, La Rioja, Aragón— aseguran que no hay desasistencia. Insisten en que la atención urgente está garantizada. Aunque este tipo de asistencia puntual poco resuelve a Vladimir, ucranio de 35 años y con asma, o a Clementina, chilena de 75 años que además de una angina de pecho espera desde hace casi dos años una operación de rodilla. “Cuando me desactivaron la tarjeta sanitaria llevaba esperando un año; no he vuelto a tener noticias...”, relata la mujer, que llegó a España hace 17 años.

 

Rafael Sotoca, uno de los responsables de la organización Médicos del Mundo, insiste en que no son ejemplos aislados. Afirma que la atención a los sin papeles no está en absoluto garantizada, que los casos se resuelven poco a poco y gracias a la atención de los médicos objetores y a las presiones de ONG como la suya; y que el gran problema para los excluidos es el seguimiento médico y el acceso a la medicación. “Solo conocemos una pequeña parte de lo que está ocurriendo. Seguro que muchos casos no llegan a nosotros”, abunda Inés Díez de Frutos, de Red Acoge —una de las entidades que ayuda a Cecilia—, que asegura que el embrollo desatado por el decreto está provocando también desatención en urgencias, a menores y embarazadas; situaciones teóricamente cubiertas.

 

También un informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, da cuenta de desasistencias de ese tipo. Problemas motivados, apuntan los expertos y varios funcionarios, por la falta de información de los centros de salud, los hospitales y de los profesionales que atienden. Ejemplo de ello, apunta Sotoca, es que a pesar de que la ley recoge que los sin papeles pueden acudir a urgencias, en muchos centros no se les identifica como tal y se les da una factura con el coste de su atención. Una factura que, según las Administraciones, se emite desde hace años a todo aquel que vaya sin documentación —español o extranjero— y que no deben abonar. A la chilena Clementina le dieron una hace unos meses. “Luego la trabajadora social nos dijo que no teníamos que pagar, pero lo hacen para meternos miedo, para que no volvamos...”, dice.

 

Ni ella ni Cecilia ni Vladimir han pensado en suscribir la póliza —convenio, lo han llamado— que el Gobierno ha creado para personas que no tienen derecho a asistencia. Creen que los 60 euros al mes para menores de 65 años y 157 para mayores es caro. Además, solo incluye el acceso a la cartera básica de servicios. No da derecho a los fármacos financiados, ni al transporte sanitario no urgente o a las prótesis. Aunque, como explican fuentes de la dirección general de Farmacia y Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad, las comunidades pueden, con sus fondos, “complementar y mejorar” lo que dan.

 

El polémico convenio —póliza Mato, lo llama la oposición— está tardando en llegar. Un año después de que se haya hecho efectiva la exclusión sanitaria, las comunidades no la han puesto en marcha. Y aunque las condiciones del convenio entraron en vigor ayer, tampoco tienen una fecha límite para hacerlo. Son las autonomías quienes desarrollarán su sistema y quienes recaudarán las cuotas que, según estima Sanidad, podrían interesarse en suscribir unas 90.000 personas.

 

Las organizaciones, mientras, dudan de que los sin papeles lo contraten. “Es injusto, pero además, han puesto un precio prohibitivo”, apunta Díez de Frutos. Médicos del Mundo recuerda que la sanidad se financia a través de los impuestos tanto directos (que los extranjeros habrían aportado en el caso de que hubieran trabajado antes de quedarse sin empleo y, por ello, sin tarjeta sanitaria) como indirectos (que estarían sufragando a través del IVA y otras tasas al consumo). Por ello, dicen, a estas personas se les estaría obligando a pagar dos veces por la atención sanitaria. “Es perverso. Y lo que es peor, están lanzando un mensaje de que los inmigrantes son grandes consumidores de recursos, y que o pagan por ellos o se tienen que marchar”.

 

De hecho, el nuevo modelo de aseguramiento sanitario se anunció por parte del Gobierno como una herramienta para impedir que turistas extranjeros se aprovecharan del sistema público español. Querían frenar el llamado turismo sanitario que poco tiene que ver con el limitado uso —así lo muestran los estudios— de la sanidad que hacen los inmigrantes en España: una población más joven y, por tanto, más sana que la media. Con la nueva norma, que retira la asistencia a los extranjeros en situación irregular —o que pretende cobrársela— el Gobierno aspiraba a ahorrar 917 millones al año, según la memoria económica de Sanidad.

 

Las organizaciones no solo critican la nueva póliza Mato. Creen, además, que se ha trazado con unas condiciones —exige un año de empadronamiento, por ejemplo— disuasorias. “Es improbable que alguien la contrate. Es cara en comparación con la privada”, dice Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos en España Rumiñahui.

 

Sin embargo, la póliza no ha inquietado ni interesado lo más mínimo a las que serían su competencia natural: las compañías de seguros sanitarios privados. “Ni nos afecta ni le hemos prestado demasiada atención”, afirman fuentes de una de las mayores empresas del ramo. Las compañías aseguran que no han notado ningún tipo de demanda específica.

 

Es difícil comparar precios porque los seguros privados varían por edad, sexo o si se contrata una póliza familiar, pero algunos extranjeros en situación irregular ya las han contratado. Es el caso del colombiano Siskander Huerta, de 45 años y diabético. Él ha optado por suscribir un seguro familiar con su esposa y sus hijos —su esposa sí tiene papeles—. Paga 130 euros al mes. “Aunque las tirillas para medir el azúcar y la insulina no están cubiertas, así que sigo teniendo muchos problemas y me las tengo que seguir ingeniando para conseguirlas”, explica. Los seguros, comenta además, tienen periodos de carencia.

 

Con información de Jaime Prats.

 

NO EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE CUMPLE CON EL DECRETO DE LA EXCLUSION…

Diferencias autonómicas

La atención a los sin papeles varía en cada autonomía. Algunas han aprobado normas para garantizar la asistencia, otras no desactivaron sus tarjetas sanitarias; el resto cumple el decreto de la exclusión a rajatabla. En esas regiones muchos de los casos se resuelven por la presión de las organizaciones o de los servicios sociales. Si es que el afectado llega a ellas.

 

Solo urgencias. Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha acatan la norma del Ministerio de Sanidad. Allí los sin papeles mayores de 18 años solo tienen derecho a acudir al hospital por patologías urgentes —también a la asistencia al parto y posparto—. Eso dificulta el seguimiento médico. También supone una barrera para acceder a los fármacos, que tienen que cubrir al 100%.

 

Paraguas sanitario. Andalucía y Asturias optaron por desobedecer el decreto del Gobierno. Estas dos autonomías no desactivaron las tarjetas sanitarias de los sin papeles. Allí se garantiza la atención y los fármacos financiados. El coste de estos en Asturias, por ejemplo, se cubre con los fondos de los programas de inclusión.

 

Tarjeta especial. País Vasco y Navarra han aprobado decretos para garantizar la atención. En estas dos comunidades los sin papeles que soliciten el nuevo documento que les garantiza la asistencia tienen que llevar un año empadronados en la región. Cataluña también emplea un sistema similar, aunque el trámite de la tarjeta sanitaria es tan complicado que, según las organizaciones sociales, dificulta el acceso. La Generalitat catalana, además, pone límites a la atención: solo aquellos que lleven un año empadronados tienen derecho a la atención especializada.

 

Normas de cobertura. También algunas comunidades del PP han creado vías de atención, aunque con condiciones. Se exige un mínimo de empadronamiento a los extranjeros y también que tramiten la solicitud como personas sin recursos. Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia usan ese sistema. Sin embargo, pese a esta vía, se han detectado casos de desatención.

 

Facturas disuasorias. En la mayoría de las autonomías (excepto aquellas que desobedecen el decreto) los hospitales emiten facturas a los ciudadanos que acuden a urgencias sin tarjeta sanitaria o sin documento acreditativo; sean españoles o extranjeros. El sistema, que rige desde hace años y que se emplea porque no toda la asistencia se cubre por la Administración pública (cuando es un accidente, por ejemplo, lo debe cubrir la mutua), no se ha modificado tras el decreto del Gobierno, a pesar de que son muchos los extranjeros que llegan ahora sin tarjeta sanitaria. Estas facturas o compromisos de pago, que en realidad no se abonan, actúan, según denuncian los trabajadores de los servicios sociales, como un elemento disuasorio. Provocan que algunos de los enfermos no vuelvan al centro sanitario.

“La exclusión sanitaria es un robo”

La ONG Yo sí Sanidad Universal ayuda a los inmigrantes a sortear el peaje (leer más)

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Nuestro balance demuestra además lo absurdo de esta medida del PP: la población extranjera sin recursos se trata, por lo general, de un colectivo joven y sano, que representa un gasto muy poco significativo

1 año de la entrada en vigor el Real Decreto Ley del gobierno central, 16/2012 de 20 de abril, de exclusión sanitaria…

El Sespa atiende en un año a 3.289 inmigrantes en situación irregular

El Ejecutivo regional critica la norma de 2012 por la que «el Gobierno central dejó sin atención sanitaria a grupos vulnerables»

01.09.2013, Oviedo, A. M., en La Nueva España.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) proporcionó 3.289 consultas o pruebas diagnósticas a inmigrantes en situación administrativa irregular desde el 1 de septiembre de 2012.

El Principado señala que en esa fecha fue cuando entró en vigor el real decreto ley 16/2012 de 20 de abril por «el que Gobierno central dejó sin derecho a la atención sanitaria a colectivos y grupos de población especialmente vulnerables como el de las personas inmigrantes en situación irregular residentes en España».

En el caso de Asturias, la atención a estos pacientes se sustenta en las instrucciones dictadas por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco. «El Gobierno del Principado, con el respaldo y la participación de diferentes organizaciones sociales y profesionales del sector sanitario, respondió a esta decisión del Gobierno que preside Mariano de Rajoy con dos medidas específicamente orientadas a salvaguardar el derecho básico a la asistencia sanitaria para la población inmigrada y, por extensión, para otros colectivos sociales en situación asimilable», subraya Sanidad.

Por áreas, el mayor número de consultas se registró en la V, con cabecera en Gijón, con 1.380, seguido del área IV, que se corresponde con la zona de Oviedo, con 934. En el área III, con cabecera en Avilés, se atendieron 421 consultas, mientras que en la comarca de Langreo se contabilizan 212. En la cuenca del Caudal se dio servicio a inmigrantes sin recursos en 39 ocasiones; en el área I, con cabecera en el Hospital de Jarrio, 182 veces, y en el área VI, que se corresponde con el oriente de Asturias, se han dado 109 citas. Finalmente, en el área suroccidental de Asturias, con cabecera en Cangas del Narcea, hubo 14 consultas.

También se autorizó la asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular sin recursos mediante su inscripción en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres), posibilidad de la que hasta la fecha se han beneficiado ya 696 extranjeros residentes en el territorio asturiano.

El SESPA atiende en un año a 3.289 inmigrantes en situación irregular

31.08.13 - EFE | | OVIEDO, en El Comercio.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha proporcionado 3.289 consultas o pruebas diagnósticas a inmigrantes en situación administrativa irregular desde el 1 de septiembre de 2012, informa la Consejería de Sanidad.

El Principado señala que en esa fecha fue cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril por "el que Gobierno central dejó sin derecho a la atención sanitaria a colectivos y grupos de población especialmente vulnerables como el de las personas inmigrantes en situación irregular residentes en España".

En el caso de Asturias, la atención a estos pacientes se sustenta en las instrucciones dictadas por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, que fueron publicadas el mismo 1 de septiembre de 2012 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para que el Sespa garantizase la asistencia sanitaria a este colectivo.

"El Gobierno del Principado, con el respaldo y la participación de diferentes organizaciones sociales y profesionales del sector sanitario, respondió a esta decisión del Gobierno que preside Mariano de Rajoy con dos medidas específicamente orientadas a salvaguardar el derecho básico a la asistencia sanitaria para la población inmigrada y, por extensión, para otros colectivos sociales en situación asimilable", recalca la Consejería.

De un lado, se ha autorizado la asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular sin recursos mediante su inscripción en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES), posibilidad de la que hasta la fecha se han beneficiado ya 696 extranjeros residentes en Asturias.

La normativa autonómica contempla que toda persona que resida en Asturias y que lo solicite, sea cual sea su situación administrativa, sea incorporada a la base de datos de población del Servicio de Salud, se le asigna centro de salud y médico de referencia y se le garantice la posibilidad de acceso a la atención dentro de los servicios sanitarios autonómicos.

Por áreas, el mayor número de consultas se ha registrado en el área sanitaria V, con cabecera en Gijón, con 1.380; seguido del área IV, que se corresponde con la zona de Oviedo, con 934.

En el área III, con cabecera en Avilés, se han atendido 421 consultas mientras que en la comarca de Langreo se han contabilizado 212.

En la cuenca del Caudal ha sido preciso dar servicio a inmigrantes sin recursos en 39 ocasiones; en el área, I con cabecera en el Hospital de Jarrio, 182 veces; y en el área VI, que se corresponde con el oriente de Asturias, se han dado 109 citas.

Finalmente, en el área suroccidental de Asturias, con cabecera en Cangas del Narcea, ha habido 14 consultas.

Además, la Consejería señala que el Servicio de Salud ha articulado, junto con Cruz Roja, un procedimiento que permite el acceso a la prestación farmacéutica a estos colectivos en condiciones semejantes a la población general.

"Esta alternativa se lleva a cabo con cargo a los programas de inclusión y atención sociosanitaria para los inmigrantes sin recursos y, por tanto, está sujeta a un circuito de facturación ajeno al Servicio de Salud debido a que la regulación del PP impide que se emitan a estas personas recetas del Sistema Nacional de Salud", afirma.

Añade que los datos sobre los primeros meses de aplicación de la medida "ponen de relevancia un consumo muy bajo de medicamentos por la población extranjera sin recursos, lo que confirma que se trata, por lo general, de un colectivo joven y sano, que representa un gasto muy poco significativo".

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El triste y vergonzoso balance del año de entrada en vigor del mayor logro de nuestra ministra Sra. Ana Mato

Médicos del Mundo asegura que 800.000 personas permanecen sin control médico en España

A punto de cumplirse el primer año de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, que comportó la retirada de las tarjetas sanitarias a los sin papeles, Médicos del Mundo asegura que más de 800.000 residentes en España se encuentran sin cobertura sanitaria y que cerca de 1.000 casos de personas inmigrantes que han sido excluidas del sistema sanitario.

Madrid, en Acta Sanitaria.

Médicos del Mundo, que anuncia acciones específicas para el mes de septiembre, recuerda que a lo largo de este año no ha dejado de denunciar lo injusto de esta medida por todos sus medios: llamada a la objeción de conciencia del personal sanitario con la campaña "Derecho a Curar", comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente de la organización, acción viral en las redes sociales bajo la etiqueta #Leyesquematan, realización de un documental sobre las consecuencias de la reforma sanitaria que se está exhibiendo por todo el país, etc.

 

Advertencias en la prensa científica internacional

Las consecuencias de esta normativa y de los efectos de otras políticas de austeridad han tenido reflejo en medios tan prestigiosos como The Lancet o Medical British Journal.

 

Algunos especialistas, como Helena Legido-Quigley de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres o Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal, ya han alertado del previsible aumento de las patologías transmisibles como el VIH y la tuberculosis como resultado de dejar sin atención y sin acceso a medicamentos a cerca del 2% de la población. El caso de Alpha Pam, el joven senegalés fallecido por TBC en Baleares que resultó ser la fuente primaria de un brote de tuberculosis, es un claro ejemplo de ello. Como consecuencia de la aplicación del RDL 16/2012, Alpha Pam no tenía asignado médico de familia y su

historial clínico ya no figuraba en las bases de datos, lo que impidió que su enfermedad fuera diagnosticada a tiempo y que se aplicara el protocolo médico correspondiente.

 

Otros expertos, como el consultor de la OMS Manuel Desviat, han advertido de un probable aumento de los trastornos mentales, e incluso de suicidios, entre la población afectada.

 

Herramientas

Con el objetivo de documentar con la máxima precisión los casos que se detectan y las barreras de acceso que existen, Médicos del Mundo ha promovido los llamados observatorios, como el que ya funciona con éxito en la Comunidad Valenciana (ODUSALUD) -compuesto por 49 entidades- y el Observatorio de Derecho a la Salud (ODAS) que acaba de presentarse en Baleares.

 

Hasta ahora, las situaciones más habituales detectadas por Médicos del Mundo han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos (incluido el cáncer) y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos (falta de insulina para la diabetes, Sintrom para las cardiopatías, etc), además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.

 

La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, ha sido otra de las situaciones más habituales.

 

También se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirrechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

Las privatizaciones sanitarias exigen periódicas inyecciones de dinero público, sólo así se blindan los beneficios pero de eso se trata en realidad, ¿o no?, ¡¡el negocio es el negocio, tu salud es cosa secundaria!!

Rescates públicos de la privatización sanitaria

Las administraciones implicadas en la privatización de la sanidad han inyectado dinero extra para mantener cesiones que no funcionaron financieramente

Raúl Rejón, en eldiario.es

Cuando el negocio de la privatización de la sanidad no funciona, las arcas públicas son reclamadas para rescatar las cuentas de los hospitales. Los modelos de privatización sanitaria implantados en Gran Bretaña o Valencia y también la Comunidad de Madrid han reclamado inyecciones extra de dinero público al no cuadrar las cuentas.

 

El sistema PFI  de colaboración público privada expandió la red hospitalaria en Inglaterra y Gales. En este modelo, un consorcio empresarial construye y dirige administrativamente los centros a cambio de un canon anual que se alarga durante décadas. Según un estudio de la Universidad de Edimburgo, se aplicó  en "101 de los 135 nuevos centros" construidos entre 1997 y 2000 en la islas. "Utilizó el 90% de los 12.000 millones de libras previstos para construcción", calcula, al tiempo que asegura que los compromisos de pagos a empresas entre 2009 y 2010 ascendieron a 42.000 millones. La Comunidad de Madrid dirigida por Esperanza Aguirre aplicó esta fórmula para inaugurar en 2008 siete hospitales. Fue la primera oleada de privatizaciones diseñada y dirigida por los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes (ambos deberán declarar ante el juez por estas adjudicaciones en septiembre). Los hospitales fueron: el Infanta Sofía, Infanta Leonor, Tajo, Henares, Infanta Cristina y Sureste- son los que se han adjudicado recientemente a tres empresas para que se encarguen de la atención médica a cambio de un nuevo canon anual añadido-. En ambos casos, una vez puestos en marcha, los proyectos han necesitado más dinero público para funcionar.

 

En Gran Bretaña, los aportes por parte del Tesoro han sido ingentes. Según una respuesta del Departamento de Sanidad -en virtud de una Ley de Información Pública- en los dos últimos años, han debido gastar 543 millones de libras en rescates para las instituciones que dirigen los hospitales. EL Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico supo en 2012 que, "al menos 22 hospitales tuvieron que ser rescatados debido a las cargas que suponían sus contratos PFI". Es decir, las deudas con los contratistas ahogaban a los centros. La portavoz del comité, Margaret Hodge, admitió que "el Departamento de Sanidad no ha podido asegurarnos que los problemas financieros no dañen la calidad y equidad del servicio. Especialmente en los centros que se ven minados por contratos PFI inabordables". El rescate entonces se contabilizó en 1.500 millones de libras esterlinas. En España, el  Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió en 2010 modificar al alza el canon de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste. En total: una inyeccion extra anual de 1,9 millones de euros. Descubierto el movimiento, el PP de Madrid lo llamó "reequilibrio".

 

El segundo modelo que incorpora a contratistas al sistema sanitario es el de la cesión total de la atención especializada. En septiembre 1,1 millones de madrileños pasarán a ser atendidos por hospitales con este sistema. Las compañías son Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo. Está inspirado en la experiencia valenciana de Alzira y se ha aplicado ya en Madrid en los hospitales de Móstoles, Torrejón de Ardoz y Collado Villalba (este último sin poner en marcha para no tener que pagar el canon a la empresa a pesar de estar preparado. En compensación, Sanidad abona una cantidad a la empresa adjudicataria: Capio). Pero Alzira también necesitó un rescate en 1999. Al comprobar la empresa contratada (Ribera Salud) que los números no salían, la Generalitat rompió el contrato de cesión y redactó uno nuevo que ampliaba el radio de acción del hospital y, de esa manera, también la cantidad por persona que abonaba la consejería de Sanidad. Con ese sistema llegaron luego Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Vinalopó-Elche (2010).

 

Ambos modelos se venden como fórmulas para hacer "sostenible" el sistema sanitario. Las autoridades públicas apuestan por que la gestión empresarial es más eficiente y ahorra dinero. En el caso de la Comunidad de Madrid, se aventuraron a predecir que las compañías serían capaces de dirigir los hospitales con un "20% menos de gasto". Y ese recorte le dieron a los presupuestos. Ambos modelos, una vez puestos en marcha, han necesitado el rescate económico del estado ante el fracaso financiero. De hecho los pliegos de condiciones que guían estos contratos prevén el aumento de la cuota que reciben las empresas año tras año. Una especie de blindaje para el beneficio.

 

En Gran Bretaña han dado una vuelta de tuerca y este año el Gobierno ha presentado unas nuevas regulaciones -aprobadas ya por el Parlamento- que, básicamente, obligan a sacar a concurso todos los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud. Un estudio publicado recientemente en el British Medicine Journal concluyó que las enfermeras están viéndose obligadas a reducir los cuidados "porque no tienen tiempo suficiente". La investigación abarcó 3.000 enfermeras de 76 hospitales.

 

En Gran Bretaña, la expansión de hospitales se realizó mediante la fórmula PFI. Un consorcio construye el edificio sanitario y lo gestiona administrativamente a cambio de una cuota que paga la Hacienda pública durante décadas.  En la región madrileña, el 100% de los hospitales desde 2006 se han proyectado mediante la cesión, parcial o total, de la gestión a grupos de empresas. Una primera oleada imitó directamente el modelo británico. Son los seis hospitales cuya gestión sanitaria se ha privatizado este año.

 

La segunda oleada de centros nacieron con otro modelo como guía. El de la privatización absoluta del hospital que es construido, gestionado y dirigido sanitariamente por empresas a cambio de una cuota por paciente y año. Es el llamado modelo Alzira por haber nacido en esa población valenciana.

El gasto sanitario a pagar directamente por la ciudadanía española supera ya el 30% del total, una de las más altas de la Unión Europea, con un crecimiento exponencial consecuencia de la aplicación de la generalización de los copagos por el uso de los servicios, la supresión de prestaciones y los recortes de la sanidad pública...

La universalización de la asistencia sanitaria avanza en el mundo y retrocede en España

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), a la vista del último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se pone el acento sobre la universalización de la asistencia sanitaria, ha elaborado un breve informe en el que subraya el contraste con lo que está sucediendo en España.

Madrid, Acta Sanitaria

La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, presentó recientemente en Pekín el Informe Mundial de la Salud de 2013, en el que se insta a todos los países  a  continuar con los esfuerzos para lograr una Cobertura Universal de la población por los Sistemas Sanitarios Públicos.

En el documento se afirma que el acceso de los ciudadanos  a la atención de salud, en condiciones de equidad, es el instrumento más poderoso para conseguir la igualdad y  representa la mayor expresión de justicia social.  Por todo ello  la atención de salud no debería depender de la capacidad económica de cada persona y debería ser provista por los estados.

Otra importante  conclusión contenida en el Informe es que los esfuerzos para alcanzar la cobertura sanitaria universal son fundamentales,  tanto  para garantizar la salud de la población como para mejorar la economía de los países. La OMS presenta pruebas irrefutables de que  una suficiente inversión en salud y la garantía de acceso a la asistencia a toda la población es imprescindible para que los países puedan alcanzar su nivel máximo de desarrollo.

En el Informe se especifica que la OMS tiene la obligación de facilitar que todos los países compartan aquellas experiencias que más éxito hayan alcanzado en materia sanitaria, aunque  la financiación y el compromiso para desarrollar los sistemas de salud y la cobertura universal  de la atención, dependen  de la voluntad de cada gobierno. Por último la directora general de este organismo de Naciones Unidas, afirma que la cobertura universal es el concepto más poderoso que la salud pública puede ofrecer y supone la herramienta fundamental para consolidar los avances sanitarios alcanzados en los últimos años.

Contradicciones y paradojas en la evolución de los sistemas sanitarios en el Mundo

Mientras  las economías de los países emergentes como Brasil, India y China – las potencias económicas de los próximos años -  han incrementado sus inversiones en sanidad en torno a un 5% anual a los largo de la última década – lo que supone un 50% en su conjunto- como una de las bases para asegurar su desarrollo económico y social, en España   y otros países de la Europa desarrollada se están poniendo en práctica una política destinada a recortar, desmantelar y privatizar sus sistemas sanitarios, pese a que estos han garantizado el bienestar social de sus poblaciones y han garantizado la paz social europea durante los últimos 70 años, acabando con las guerras que periódicamente asolaban el continente.

Las políticas neoliberales promovidas de los organismos que rigen la Unión Europea están obligando a los países que la integran a adoptar medidas de austeridad y de recortes en los servicios públicos que están ahogando sus economías y que las han conducido a una recesión crónica sin visos de salida. La mayoría de las medidas están orientadas a reducir  el gasto y el endeudamiento público,   mediante el  desmantelamiento de los pilares del Estado del Bienestar como son la educación, la seguridad social y la sanidad pública (universal, accesible y equitativa).

El desmantelamiento de la Sanidad Pública en España

Hasta ahora el Sistema Nacional de Salud ha garantizado  en nuestro país el acceso universal a los servicios de salud de toda la población, con un nivel de calidad más que razonable y un gasto plenamente asumible (en torno al 6% del PIB)  uno de los más bajos de los países desarrollados (muy por debajo  del 16%  del PIB de los Estados Unidos,  que a pesar de ello deja sin el derecho a la atención de salud a una parte importante de su población).

Sin embargo la política sanitaria del actual gobierno está dirigida a recortar el gasto sanitario público (más de 7.000 millones de euros en el último año), introducir el copago, reducir la oferta de prestaciones (Cartera de Servicios) y a desmantelar y privatizar los servicios sanitarios.

El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema junto a la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  están siendo los  principales instrumentos para poner en marcha esta estrategia. El núcleo duro de las medidas está dirigido a introducir los copagos, reducir la cartera de servicios y prestaciones del sistema (pendiente de desarrollo normativo aunque algunas medidas como el pago de ambulancias o prótesis ya están siendo puestas en marcha),  eliminar el derecho universal a la asistencia sanitaria y reducir el gasto sanitario.

Este Decreto vulnera de manera flagrante la Constitución Española y la Ley General de Sanidad, al vincular el derecho a la asistencia a la cotización laboral en lugar de a la residencia  en el país. Esto ha supuesto la pérdida de este derecho a importantes colectivos sociales como los jóvenes mayores de 26 años que nunca han trabajado, las amas de casa divorciadas y a los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida  (aunque de manera transitoria y con la finalidad de prevenir un estallido se mantiene la posibilidad de acceder a la tarjeta sanitaria a los jóvenes y amas de casa por debajo de determinados ingresos y en algunas CCAA se ha proporcionado documentos provisionales a los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida) , aunque se ha eliminado de manera definitiva el derecho a la asistencia sanitaria, al menos por ahora.

Consecuencias  y resultados de la aplicación de estas medidas

Como advertía la OMS en su Informe del 2013, en muchos países millones de personas pasan apuros porque no tienen acceso a la asistencia sanitaria que necesitan o porque tienen que pagar los servicios de salud. Esta situación contribuye a que en estos países las tasas de mortalidad evitable sean muy elevadas y a que la esperanza de vida esté muy por debajo de las de los países desarrollados,  favoreciendo el aumento de la pobreza.

En España la política de recorte sanitario y de supresión de la universalidad de acceso asistencia sanitaria está teniendo consecuencias para la salud de la población:

•En un reciente estudio de la FADSP se ha objetivado que el 16,8% de los pensionistas y el 27,3% de las personas de menores ingresos, no retiran todos los medicamentos que les prescriben los facultativos en los centros públicos

•Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2012la mortalidad aumentó en el Estado español un 4,6%, lo que es el primer indicio de la repercusión de la crisis y los recortes en sanidad sobre la salud de las personas. Los análisis de las series de datos de los últimos años muestran un incremento de lamortalidad para 2012 de un 2%más de la esperada sin los recortes.

•La esperanza de vida se ha reducido, por primera vez, en dos décimas en el total de la población (de 82,3 a 82,1 años),siendo esta reducción sobre todo a costa de la disminución en el grupo de las mujeres.

Al mismo tiempo los recortes en asistencia sanitaria y sociosanitaria están reduciendo las oportunidades de trabajo,  calculándose en más de 200.000 los empleos para personal cualificado en este tipo de atención  que se han dejado de crear por los recortes y que habrían  contribuido a  reducir el enorme paro juvenil y a acabar con la desatención de muchos personas con enfermedades crónicas y discapacidades.

Este retroceso en el derecho a la atención sanitaria, que va en sentido contrario a las recomendaciones de la OMS de  universalizar la asistencia, es además de injusto e irracional desde el punto de vista sanitario, un suicidio para la economía del país.

El gasto sanitario a pagar directamente por la ciudadanía española supera ya el 30% del total, una de las más altas de la Unión Europea,  con un crecimiento exponencial  consecuencia de la aplicación de la generalización de los  copagos por el uso de los servicios, la supresión de prestaciones y los recortes de la sanidad  pública. 

La única explicación a tanto despropósito es que el actual gobierno se ha comprometido a satisfacer las demandas de la Unión Europea de reducir gasto público; favorecer los intereses de empresas constructoras, laboratorios farmacéuticos, industria de la electromedecina,  multinacionales sanitarias y fondos de inversión que pretenden apoderarse de los servicios sanitarios públicos;  y sobre atender las demandas de las aseguradoras sanitarias de suprimir  el aseguramiento público y la universalidad de las prestaciones, para forzar a los ciudadanos a contratar seguros privados complementarios con los que cubrir los riesgos y los servicios que el sistema sanitario público dejara de ofertar a toda la población.

Solo una gran alianza social y profesional en torno a una movilización social universal podría hacer frente a la terrible situación que se avecina para la sanidad pública en España.

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