CONTRARREFORMA NO

Datos espeluznantes facilitados en la comparecencia de hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso ¡¡tras un año del inicio de la contrarreforma sanitaria del PP y con visos de empeorar!!

Médicos del Mundo denuncia en el Congreso la "asimetría y desigualdad" de la reforma sanitaria"

Este decreto es injusto, ineficaz, peligroso y, desde un punto de vista ético, es injustificable, ya que conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios", ha concluido el presidente de la organización

Foto: Álvaro González, a la derecha, junto a otros miembros de Médicos en el mundo hoy a las puertas del Congreso.

EUROPA PRESS, Madrid, 19.06.2013

El presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, ha denunciado este miércoles, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la "confusión, asimetría y desigualdad" que ha creado el Real Decreto sanitario, aprobado hace un año por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Allí, el presidente de la asociación ha hecho un resumen sobre cuál es la posición de la organización ante el Real Decreto, que ha calificado como un "cambio de modelo sanitario" en el que se pasa del universalismo al aseguramiento, "bajo los discursos de la austeridad y el control del déficit hurtando a la sociedad el debate". Y es que, a su juicio, la reforma emprendida por el departamento dirigido por Ana Mato "no se justifica" ni desde el punto de vista de derechos humanos, ya que "la salud no es un lujo"; ni económico, ya que, ha recalcado, el servicio de Urgencias es "más costoso" que la Atención Primaria y la prevención.

Asimismo, ha proseguido, no se puede sustentar tampoco en la idea de salud pública, puesto que dejar sin cobertura a poblaciones vulnerables puede suponer un "grave riesgo" para la población; ni en la de ética médica ya que, según ha apostillado, esta medida es "totalmente contraria" al código deontológico y al juramento hipocrático. "La aplicación del Real Decreto ha provocado un notorio entorno de confusión entre los profesionales sanitarios, generando una aplicación manifiestamente asimétrica y desigual, con colectivos excluidos con especial repercusión entre los más vulnerables -víctimas de trata o de violencia de género, enfermos mentales o pacientes crónicos-, así como una constante infracción de la propia medida, excluyendo de la atención sanitaria a mujeres embarazadas, menores y atenciones urgentes", ha denunciado González.

En este sentido, el presidente de la organización ha advertido a los diputados de que, concretamente, la normativa está generando respuestas "contradictorias" entre las distintas comunidades autónomas, así como una "marcada descoordinación" entre niveles asistenciales, provocando "múltiples" situaciones de "desinformación y desatención". Además, ha lamentado los errores que se están produciendo a la hora de asignar el código de aportación farmacéutica como consecuencia de la introducción del copago en los medicamentos. En este sentido, ha denunciado que, también, esta medida está generando situaciones "absolutamente dramáticas", personales y familiares, que están ocasionando un "deterioro físico inexorable" y un "sufrimiento psicológico intenso" por incapacidad de hacer frente al coste económico de sus tratamientos.

Del mismo modo, González ha advertido de que, tras un año en vigor, el Real Decreto sanitario ha provocado una "ruptura" en el seguimiento de pacientes con enfermedades graves o crónicas, tales como enfermos con VIH, diagnosticados de cáncer, enfermedades renales avanzas o personas en lista de espera de cirugía. "En Balares, por ejemplo, hay trasplantados renales a los que se impide el seguimiento en consultas o el tratamiento inmunosupresor, con la consecuente pérdida del órgano trasplantado", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que se está produciendo una pérdida de efectividad de los programas de prevención sanitaria en Atención Primaria y ha avisado de que su organización ha detectado la "imposibilidad" de acceder a métodos diagnósticos del VIH, así como el seguimiento de la enfermedad y la "correcta" prescripción terapéutica para mantener el estado inmunológico de los pacientes.

"Se está produciendo también que las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género, no tienen acceso a la atención sanitaria, cuando está demostrado el importante rol que los profesionales sanitarios asumen en este tipo de problemas. Respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria sólo está aceptada si tienen autorización de residencia temporal por estar acogidas al periodo de restablecimiento y reflexión, un requisito que, además de ser restrictivo, es inaplicable en un número muy elevado de casos", ha argumentado González.

 

"Desatención" a embarazadas y menores

Por otra parte, el presidente de Médicos del Mundo ha lamentado que el Real Decreto de Sanidad ha provocado una "exclusión" de atención a embarazadas y menores en situación irregular, así como una facturación "sistemática" en la atención de Urgencias. Aspectos que, a su entender, "no están contemplados" en la normativa y son el resultado de la "confusión" que creada y de "tensar excesivamente la cuerda".

Concretamente, González ha criticado que se estén aportando a los menores informaciones "erróneas" sobre sus derechos, se les niegue la derivación a especialistas o se les mande "innecesariamente" a Urgencias; y que a las mujeres embarazadas se les niegue el acceso a programas prenatales, se les facture la atención al parto y que, también, se derive a Urgencias en casos en los que no son necesarios.

Además, ha indicado, a estos colectivos se les está prohibiendo el acceso a los servicios públicos de Salud Sexual y Reproductiva, con las consiguientes "dificultades" para acceder a los servicios de contracepción, y, del mismo modo, se está produciendo un "intento sistemático" de exigir la firma de compromisos de pago previo a recibir atención sanitaria. "Este mismo mes, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Baleares ha emitido un comunicado oficial en el que exige retirar las cartas de compromiso de pago en los servicios de Urgencias. Esto pone de manifiesto que no es un hecho aislado sino que, por el contrario, es algo promovido desde las propias administraciones", ha apostillado.

 

Un "grave error" de previsión

Por todo ello, González ha asegurado que el Gobierno ha tenido un "grave error" de previsión a la hora de aprobar el Real Decreto porque, según ha insistido, está suponiendo una "clara vulneración" de derechos humanos, un cambio de modelo sanitario y, al mismo tiempo, está fomentando actitudes xenófobas y un deterioro de la atención médica. "Con todo esto queda demostrado que no son casos esporádicos, resultantes de mala práctica médica o de errores puntuales, sino que son el resultado de la aplicación confusa de la normativa injusta, ineficaz y peligrosa. Como consecuencia de todo esto, solicitamos su derogación inmediata y la restitución de la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria", ha aseverado el experto.

De esta forma, el presidente de Médicos del Mundo ha presentado a la Comisión de Sanidad del Congreso una serie de propuestas de aplicación a nivel autonómico entre las que destacan el desarrollo de un protocolo de atención a menores, embarazadas, víctimas de trata y violencia de género; la elaboración de un procedimiento que facilite la inclusión en el sistema sanitario de las personas sin recursos económicos; y la inclusión en la atención sanitaria a las personas con enfermedades de declaración obligatoria, salud mental y enfermedades crónicas. Por último, ha solicitado suspender la emisión de facturas ante la atención en los servicios de Urgencias y rectificar los códigos de aportación farmacéutica, para poder "facilitar" el derecho a la exención de pago.

"En resumen, desde un punto de vista de derechos, este decreto es injusto; desde una perspectiva económica, es ineficaz; desde el punto de vista de la salud pública, es peligroso porque las patologías infectocontagiosas no entienden de barreras administrativas; y desde un punto de vista ético, es injustificable, ya que conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios", ha zanjado.

Así todo queda en casa o debiéramos decir: todo lo de todos queda en “sus” casas aún a costa de nuestra salud.

El ‘número 2’ de la sanidad catalana contrata con firmas que representa

Josep Maria Padrosa es apoderado de seis empresas privadas que facturaron a Salud 14 millones de euros.

Él controla el presupuesto de la red pública

Foto: Padrosa camina tras el consejero de Sanidad de Cataluña Boi Ruiz.

Oriol Güell, Barcelona, en El País.

 

Las intensas relaciones entre el sector público y el privado de la sanidad catalana tienen en Josep Maria Padrosa, número 2 del Departamento de Salud, el último y más llamativo ejemplo. Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud —CatSalut, organismo público con el que la Generalitat financia a hospitales y servicios sanitarios— es a la vez apoderado de seis empresas privadas que en 2012 facturaron al propio CatSalut más de 14 millones de euros. Este hecho, que podría vulnerar dos leyes catalanas sobre incompatibilidades, cuestiona además los duros recortes aplicados por el CatSalut desde la llegada al cargo de Padrosa. Las medidas de ahorro, que han llegado al 20% en algunos hospitales desde 2011, no han superado el 9% en las empresas de Padrosa, que ya trabajaban anteriormente para el Gobierno catalán.

 

Este último caso de presuntas irregularidades en la sanidad catalana se remonta a diciembre de 2010, tras la primera victoria de Artur Mas (CiU) en las elecciones catalanas. Mas eligió como consejero de Salud al presidente de la patronal, Boi Ruiz, quien se llevó con él al departamento a la cúpula de la Unión Catalana de Hospitales. Padrosa ocupaba un cargo en la Unión como director de Corporación Fisiogestión, holding de empresas dedicado a la fisioterapia, rehabilitación y logopedia.

 

Padrosa era director general del holding y apoderado de 16 de sus empresas, que tienen a las Administraciones públicas como principal y casi único cliente. En 2010, último año que Padrosa dirigió Corporación Fisiogestión, seis de sus empresas —Fisioterapia SA, Fisio Girona SA, Servicios de Fisioterapia SA, Instituto Logopédico de Barcelona SA, Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia SA y Kinesiterapia SA— facturaron al Cat Salut 15,74 millones. Según datos del Registro Mercantil, esta cantidad supuso la práctica totalidad de la cifra de negocios de las seis empresas.

 

El año 2011 resultó duro para las empresas del grupo, al igual que para toda la sanidad catalana. La facturación de las seis empresas al CatSalut —en ocasiones en solitario, otras formando parte de uniones temporales de empresas (UTE) en las que casi siempre son mayoritarias— cayó hasta los 14,31 millones, un 9,1% menos. El recorte para el conjunto de la sanidad fue ese año del 10%.

 

Más llamativo fue lo ocurrido al año siguiente, en 2012. Mientras los recortes siguieron en el conjunto del sistema —el CatSalut vio reducido su presupuesto un 4,76% adicional, según datos de la Generalitat—, las empresas de Padrosa apenas notaron las tijeras y redujeron su facturación al CatSalut en solo 20.000 euros hasta los 14,29 millones (un 0,1% menos).

 

Padrosa dejó la dirección general del grupo tras ser nombrado director del CatSalut, pero los poderes en sus empresas no le fueron revocados, admite el administrador del holding, Carlos Núñez. “Nuestra práctica administrativa es la de no derogar los poderes, porque los custodiamos nosotros y podemos asegurar que Padrosa no los ha utilizado”, explicó ayer. Pese a ello, Núñez reconoce que “visto con la perspectiva del tiempo, es evidente que se ha podido cometer un error”. Padrosa, por su parte, declinó ayer atender a EL PAÍS y el Departamento de Salud se limitó a asegurar que “en todos los concursos y procedimientos se ha cumplido la ley”.

 

La doble situación de Padrosa, sin embargo, puede violar dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán. La primera, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Generalitat, establece en su artículo 3: “Los altos cargos deben ejercer su función con dedicación plena y no pueden compatibilizar su actividad con el ejercicicio de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial de carácter público o privado por cuenta propia o ajena”. La Ley de Ordenación Sanitaria, por su parte, fija en su artículo 13.3: “La condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.

 

Andrés García, miembro de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) considera que “este es un nuevo caso de perversión del servicio público por personas con evidentes intereses en el sector privado”. “Esto ha sido una constante desde la llegada de Boi Ruiz, expresidente de la patronal, al frente del departamento de Salud. Prácticamente todos los cargos relevantes que ha nombrado son personas que proceden del sector privado y ven en lo público una fuente de financiación del engranaje privado del que proceden”, añadió.

 

En la estructura de la Generalitat de Cataluña, el CatSalut ocupa un lugar clave. Depende del Departamento de Salud y acapara casi todo su presupuesto: un 97,9% de los 8.685,01 millones en 2012. El organismo financia la red asistencial pública: hospitales, centros de salud, ambulancias, centros sociosanitarios, de rehabilitación... Entre los equipamientos sanitarios financiados por el CatSalut están los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ocho hospitales y 400 centros sanitarios gestionados por la Generalitat. El ICS se vio salpicado hace un año por otro caso de incompatibilidades: su presidente, Josep Prat, hoy imputado y también nombrado por Boi Ruiz, compatibilizaba el cargo con la vicepresidencia del grupo privado USP Hospitales y la dirección de Innova, empresa del Ayuntamiento de Reus con intereses en el sector sanitario.

 

 

Dos años y medio de escándalos

 

►La sanidad pública catalana se ha visto sacudida, desde la llegada de Boi Ruiz al cargo, por una sucesión de casos de supuestas irregularidades que ahora investigan los juzgados o la fiscalía.

 

►‘Caso Manté’. Dos de los máximos dirigentes de la sanidad catalana en las últimas dos décadas, Josep Prat y Carles Manté, fueron detenidos el pasado 27 de febrero por el pago desde la empresa municipal de Reus (Innova, dirigida por Prat) de 720.000 euros a Manté por trabajos que, según el Ayuntamiento, no existen. Prat dirigió el CatSalut entre 1998 y 2003 y Manté entre ese año y 2007.

 

►‘Caso Bagó’. Ramon Bagó, exalcalde de Calella por CiU, es dueño del grupo Serhs, que cuenta con varias empresas dedicadas a la restauración de colectividades. La Oficina Antifraude de Cataluña ha remitido a la fiscalía un informe que constata que Bagó utilizó sus cargos en la sanidad pública para ayudar a sus empresas a conseguir contratos en hospitales públicos.

 

►‘Caso Sant Pau’. Una denuncia del comité de empresa dio origen a una macroinvestigación judicial que mantiene imputados a prácticamente todos los directivos del hospital en los últimos 15 años. El juez investiga pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones irregulares. Los beneficiados son gestores próximos a CiU y PSC, además de constructoras.

 

►‘Caso Crespo’. El diputado de CiU en el Parlamento catalán Xavier Crespo obtuvo más de 200.000 euros de forma irregular de una empresa filial de dos hospitales públicos, a los que causó unas pérdidas de 2,4 millones. El caso, investigado por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, fue ocultado por el primer organismo y el propio Departamento de Salud de la Generalitat.

 

►‘Caso Innova’. Además de los pagos investigados en el caso Manté, un juzgado de Reus investiga cobros irregulares y la gestión de Josep Prat al frente de Innova, empresa municipal del Ayuntamiento de Reus que gestiona dos hospitales y decenas de centros sanitarios en la provincia de Tarragona. Prat también está imputado.

 

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Hasta un sistema sanitario con un nivel y una salud de hierro como el nuestro acaba resintiéndose a base de recortes y recortes

VER NOTA DE PRENSA IPSOS-ESPAÑA

El 43% cree que el sistema sanitario español está peor que hace cinco años

Solo un 14% piensa que ha mejorado.

Corea del Sur y Argentina reciben las mejores evaluaciones del estudio Ipsos

• Resumen encuesta Ipsos

Emilio de Benito, Madrid, en El País

 

El sistema nacional de salud tiene una buena salud de hierro. Es siempre lo mejor evaluado por los ciudadanos. Pero hasta una organización tan sólida empieza a acusar los recortes. Un estudio del Instituto Ipsos hecho con 15.000 entrevistas en 15 países ha detectado que en España es donde la opinión de los ciudadanos más ha empeorado respecto a su sistema sanitario. Agrupando las respuestas y tomándolas en un conjunto, un 42,8% opina que ha empeorado y otro tanto que está igual que hace cinco años. Solo el 14,3% dice que ha mejorado en el último lustro.

 

El estudio utiliza un sistema propio de medida. Mide 13 variables que van desde la adecuación de la oferta a las necesidades de los pacientes, la coordinación o la oferta de opciones de tratamiento hasta la facilidad de acceso al especialista, al hospital o a los últimos fármacos. Se da un punto a cada porcentaje de ciudadanos que dice que ese apartado ha mejorado, cero si dice que sigue igual y menos uno si dice que ha empeorado, y así se hace la clasificación. El resultado final es que España obtiene el peor puesto, con -372, lo que viene a decir que los ciudadanos son los que más empeoramiento perciben. Hungría saca un -136 e Italia un -70. Portugal y Grecia no estaban en la muestra.

 

En el lado contrario, son los ciudadanos de Corea del Sur los que creen que han tenido más mejorías (+635), seguidos de los argentinos (+421) y Japón (+291).

 

En ninguna de las 13 categorías hay un balance positivo para los españoles (en todas hay más gente que piensa que el sistema está peor que los que piensan que ha mejorado), algo que no sucede con ningún otro país. De las 13 variables, en 8 son mayoría los que piensan que se está igual que hace cinco años, y en cinco (acceso general, a un especialista, al hospital, a pruebas como los rayos-x y a fármacos) son más los que piensan que se ha empeorado.

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Vecinos y vecinas de Vallecas contra el cierre de centros sanitarios por la privatización ¡¡Madrid no se rinde!!

14 detenidos tras ser desalojados de un centro de salud en Vallecas

Son trasladados a comisaría tras concentrarse en el Centro Federica Montseny

Foto: La concentración momentos antes de la intervención policial de los antidisturbios.

El País, Madrid.

La Policía Nacional ha detenido esta noche a 14 personas que protestaban por la privatización del Centro de Especialidades Federica Montseny de Vallecas, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Moratalaz.

Pasadas las siete de la tarde un grupo de vecinos se ha concentrado en señal de protesta  por la decisión de la Comunidad de Madrid de privatizar el complejo, y ha terminado encerrándose en el edificio. Una parte de ellos subió al ático cuando agentes de la UIP o antidisturbios entraron en el recinto para desalojarles.

“Lunes 17: Concentración en Vallecas contra la privatización de los centros Sanitarios Vecinos y vecinas de Vallecas contra el cierre de centros sanitarios por la privatización”, rezaba el cartel de convocatoria de la protesta. La privatización de la parte sanitaria del Hospital Infanta Leonor (el edificio y la parte “no sanitaria” son privados desde su inauguración) conllevará la cesión a la empresa privada concesionaria de los dos ambulatorios de Vallecas (Vicente Soldevilla y Federica Montseny) y de los dos Centros de Salud Mental (Puente y Villa de Vallecas). Posteriormente (en 9 meses según señalan los pliegos de privatización) serán cerrados el Centro de Especialidades Federica Montseny y el Centro de Salud Mental Villa de Vallecas.

El presidente regional, Ignacio González, anunció el pasado noviembre su intención de dar un vuelco privatizador al sistema sanitario madrileño: la gestión integral de seis hospitales iba a pasar a manos de empresas, así como los servicios no sanitarios (cocinas, limpieza, administración…) de todos los demás. Y por primera vez planteaba algo inédito en la región y en buena parte de España: privatizar también la gestión de los centros de salud. Un 10% del total (270) los dirigirían sociedades mercantiles. El Gobierno regional se corrigió el pasado marzo, cuando anunció que, de momento, no serán 27, sino solo cuatro los centros externalizados.

La Consejería de Sanidad rebajaba sus previsiones iniciales. En parte, porque los profesionales interesados en crear una sociedad son muy pocos. La viceconsejera Patricia Flores explicó hace dos meses que los interesados en asumir la gestión de esos centros se reducían a cuatro de esos complejos, aunque Flores no renunció entonces a extenderlo a los 27 previstos.

 

Liberados diez de los catorce detenidos por ocupar centro salud en Vallecas

Agencia EFE, Madrid

Diez de los catorce detenidos por la ocupación de un centro de Salud en Vallecas en protesta por la privatización de la Sanidad madrileña han sido liberados a lo largo de la madrugada, informó hoy a Efe un portavoz de la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad.

La Policía Nacional detuvo a estas catorce personas y las condujo a la comisaría de Moralataz después de que un grupo de personas ocuparan en la tarde de ayer el centro de Salud Federica Montseny, de Vallecas.

Las citadas fuentes, que indicaron que aún quedan otros cuatro detenidos en las dependencias policiales, informaron de que a los diez que han sido liberados hasta el momento se los acusa de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad.

Un grupo de miembros de la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad aguarda en el exterior de la comisaría a la puesta en libertad del resto de los detenidos.

Durante la pasada tarde, un grupo de vecinos se concentró ante la puerta del centro para protestar por la privatización de la sanidad madrileña que impulsa el gobierno regional.

Un cartel de convocatoria de la protesta fue distribuido entre el vecindario con el texto: "Van a privatizar tu hospital, tu centro de especialidades, tu centro de salud. Vecinos y vecinas hay que impedirlo. Fuera empresas de la Sanidad".

Los portavoces de la Coordinadora señalaron que agentes antidisturbios entraron en el centro de salud y procedieron a la detención de varios de los concentrados, "que han salido esposados por los agentes".

Las mismas fuentes informaron de que una manifestación espontánea se dirigió a la Comisaría de Moratalaz para pedir la liberación de los detenidos, lo que se está produciendo a medida que se les identifica y se les toma la filiación.

 

Recurren, también, el proceso, como ya lo han hecho previamente el Partido Socialista de Madrid y el sindicato de médicos AMYTS…

El sindicato de enfermería recurre el pliego de condiciones para la externalización de seis hospitales de Madrid

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS)

El sindicato de enfermería SATSE ha registrado esta mañana un recurso contencioso administrativo contra el pliego de condiciones para la licitación de la gestión externalizada de seis hospitales de la región.

Según ha informado el colectivo en un comunicado, se ha procedido a impugnar el proceso que impulsa la Consejería de Sanidad para la externalización del Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.

Con esta medida, el sindicato espera que "se paralice el proceso de privatización que el Gobierno regional pretende implantar en la Comunidad de Madrid". Con ello, SATSE también recurre el proceso como ya han hecho el PSM y el sindicato de médicos AMYTS.

Por otro lado, SATSE reitera su rechazo al Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario que impulsa el Ejecutivo autonómico, que a su juicio se ha elaborado "sin tener en cuenta las alternativas presentadas por dichas organizaciones".

Es más “un reparto” que un concurso

La privatización sanitaria se embrolla en Madrid

El grupo puertorriqueño que puja por tres hospitales habla de promover el “turismo sanitario” y sugiere retirar su oferta

• La empresa que aspira a tres hospitales se lo replantea

Foto: Protesta contra la privatización en el hospital del Henares (Coslada).

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

El proceso de privatización de la gestión de seis hospitales madrileños inaugurados hace cinco años, la mayor operación de este tipo puesta en marcha en España, se embrolla con sospechas de que puede abrir la puerta al negocio del turismo sanitario en instalaciones públicas. El presidente de HIMA San Pablo, grupo puertorriqueño que puja para hacerse con tres de los hospitales, afirmó ayer en una entrevista en la cadena SER que uno de sus objetivos es “atraer turismo sanitario de Marruecos o de otros puntos de Europa”.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, tuvo que salir al paso horas después: “Las condiciones en que se prestará la asistencia en los seis hospitales están definidas en los pliegos y van a ser esas, ninguna otra”, afirmó, sin precisar más. Los pliegos explicitan que “queda expresamente prohibida la utilización de la infraestructura y medios puestos a disposición del adjudicatario, para [...] la prestación de servicios sanitarios de carácter privado”.

El aparente desconocimiento de las condiciones del contrato por parte del responsable de la principal empresa interesada disparó ayer las sospechas que vienen expresando los partidos de la oposición, sindicatos y otras organizaciones acerca de un proceso que consideran más “un reparto” que un concurso. “UPyD ya alertó en su momento de la falta de competencia en el sector y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia”, asegura el responsable de Sanidad de este partido en Madrid, Enrique Normand, que no descarta que las declaraciones “busquen presionar” al Gobierno madrileño para mejorar las condiciones del contrato.

El proceso de privatización ha sido controvertido desde el inicio. Madrid no ha encontrado apoyo en ningún otro partido ni organización profesional o científica del sector sanitario. La presión de la marea blanca de protesta puede explicar, según expertos consultados por este diario, el hecho de que las empresas más potentes de la sanidad privada, las que figuraban en todas las quinielas para optar a gestionar estos hospitales, finalmente decidieran no presentarse al concurso (IDC Salud, antes Capio, y HM Hospitales, entre ellas).

"Las declaraciones del presidente de HIMA son las de un señor que habla con franqueza", opina el portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire. "Claramente muestra que no conoce bien la realidad sanitaria en la que pretender aterrizar ni la naturaleza y condiciones del concurso al que se presenta. Tengo la impresión de que en su afán de atraer propuestas, como se dice vulgarmente, los agentes comerciales de la Consejería de Sanidad de Madrid, le han vendido una moto. Aunque cabe una hipótesis peor: que tengan una agenda oculta para la actividad de estos hospitales y se la han adelantado al Presidente de HIMA como señuelo", añade Freire.

El consejero madrileño añadió ayer a preguntas de los periodistas que la propuesta presentada por HIMA es "absolutamente firme", a lo que agregó que el proceso de "externalización" de seis hospitales públicos va a seguir adelante. Este diario preguntó ayer a la Consejería de Sanidad si el consejero dispone de alguna información adicional que le permita afirmar que la propuesta de esta empresa es "firme" cuando su propio responsable dice lo contrario. "Porque se ha presentado al concurso", fue la respuesta que ofreció por escrito la Consejería, que también aseguró que no se ha negociado ninguna condición que no figure en los pliegos.

El portavoz socialista llama la atención sobre la "extraordinariamente baja probabilidad de que sea el mero azar el que lleve a que tres empresas sanitarias, que solo pueden optar a un máximo de dos lotes-hospitales cada una de un total de cinco, terminen cubriendo con sus opciones los cinco lotes sin que exista coincidencia alguna entre ellas en optar a un mismo lote". "La probabilidad de que tal cosa ocurra por azar es inferior al 0,02%", subraya, y añade: "Es decir, la probabilidad de que esta situación haya sido organizada es superior al 98,2%. Una probabilidad con la que los juzgados atribuyen paternidades cuando existe esta coincidencia de ADNs. En este caso la paternidad de este reparto le correspondería al presidente de la Comunidad de Madrid y a su consejero de Sanidad".

El Partido Socialista anunció ayer que denunciará el concurso ante la Comisión Europea —ya lo ha hecho ante los tribunales—. Las tres empresas interesadas (además de HIMA, Sanitas puja por un centro y Ribera Salud por dos) no compiten entre ellas; cada una ha elegido distintos hospitales. Y podrían quedar tres desiertos. El presidente de HIMA sugirió ayer en la entrevista en la Cadena Ser que “las críticas y las objeciones de los médicos” les estaban haciendo replantearse su oferta. También habló de contactos previos al concurso con los responsables políticos de la Consejería. El grupo rechazó ayer, sin dar explicación, conceder a este diario una entrevista solicitada el miércoles y a la que había accedido el jueves.

"Este proceso privatizador esta siendo un caos", opina el responsable de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano. "Está siendo severamente contestado en la calle, en los centros sanitarios, en las instituciones y en el mismo Tribunal Constitucional. Están solos en este cambio de modelo. Ellos mismos han modificado el plan desde el pasado mes de noviembre. Y hasta en los propios pliegos han modificado las garantías para las posibles empresas adjudicatarias".

Un paso más allá de la inaceptable ruptura de la universalidad de nuestro sistema sanitario público establecida por el PP en el Real Decreto 16/2012

Deniegan la tarjeta sanitaria a un enfermo de cáncer con permiso de residencia en España

eldiario.es entrevista a la hija del afectado, Yunia Romero, con nacionalidad española desde hace 10 años

“Tras tres meses de papeleo, nos han negado la atención médica. Y mientras, mi padre se va muriendo”, lamenta

Este tipo de exclusión afecta a los extranjeros casados con españoles y a los familiares extranjeros reagrupados después del Real Decreto de abril de 2012

Foto: Yunia Romero (a la izquierda) y M. M. integrante de Yo Sí Sanidad Universal, en un encuentro en Madrid con eldiario.es.

Olga Rodríguez, en eldiario.es

En un paso más hacia la restricción del derecho a la asistencia sanitaria, las plataformas defensoras de la salud universal se están encontrando con nuevos casos en los que se niega la atención médica no solo a personas sin papeles, sino también a extranjeros con permiso de residencia obtenido tras el 24 de abril de 2012, fecha del Real Decreto 16/2012.

Desde el cambio legislativo ya han fallecido al menos dos inmigrantes sin papeles por falta de atención sanitaria. Uno de ellos tenía una simple tuberculosis, pero fue rechazado hasta en tres ocasiones en un hospital de Mallorca.

Ahora se están hallando casos en los que se deniega atención sanitaria incluso a extranjeros con permiso de residencia, si éste ha sido requerido después de abril de 2012. En esta situación se encuentra H.R.R, un hombre cubano de 75 años con permiso de residencia en España. Su hija, Yunia Romero, nos recibe en una céntrica cafetería de Madrid, acompañada por dos integrantes de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal.

Yunia es médica de origen cubano, lleva catorce años en España y hace diez obtuvo la nacionalidad española. A principios de este año solicitó la reagrupación de sus padres.

“En febrero ya estaban aquí en Madrid y tenían aprobado el permiso de residencia”, cuenta. Poco después su padre empezó a sentirse mal. Yunia lo llevó a un médico privado porque aún no habían recibido la tarjeta de residencia.

“Allí le diagnosticaron un cáncer terminal. Poco después, ya con la tarjeta de residencia en la mano, fui al centro de salud pública, donde me dijeron que no podían atenderle, que antes tenía que acudir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para hacerle la tarjeta sanitaria. Y así empezó mi periplo”, recuerda.

“Mi padre está en situación regular, con permiso de residencia, pero le deniegan el derecho a una tarjeta sanitaria. Es de locos. Y además como es un paciente no rentable porque tiene cáncer terminal tampoco le aseguran en la sanidad privada. Yo he podido pagar una cita con un médico privado para lograr un diagnóstico, y soy médico, así que no camino a ciegas. Pero de no ser así, me habría vuelto loca. Por eso quiero hacer público todo esto”, denuncia.

"Váyase a la sanidad privada"

Yunia viene provista de fotocopias que muestran algunos de los trámites que ha hecho en los últimos meses. Nos enseña una copia del Real Decreto 16/2012 y otra que le entregó un funcionario del INSS, donde se indica lo siguiente:

"A partir del 24 de abril de 2012 nacionales de un país distinto de España no tienen derecho a la asistencia sanitaria por este tipo de aseguramiento por cuanto que la concesión de la residencia en España por más de tres meses sin actividad requiere, entre otras condiciones, que el extranjero disponga, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España”.

"Con esto en el INSS me dijeron que mi padre, padre de una española que soy yo, reagrupado, con permiso de residencia, no tiene derecho a la tarjeta sanitaria. Sin embargo, esta exclusión, este papel que me mostraron no es público o no se ha publicado aún”, explica.

“Yo le dije a este funcionario: Y qué hago con mi padre, si está enfermo?”. Y él me dijo: “Pues váyase a la sanidad privada”, recuerda.

En total han sido cinco las veces que Yunia ha acudido al INSS, desde marzo hasta ahora, con la esperanza de obtener para su padre una tarjeta sanitaria y con ella, la atención médica que precisaba. Sus esfuerzos fueron en vano.

“Finalmente me puse en contacto con la trabajadora social de mi centro de salud, con Médicos del Mundo y con Yo Sí Sanidad. Entonces regresé al INSS, acompañada de una persona de Médicos del Mundo, y por primera vez me mostraron ese papel escrito que dice que los reagrupados con permiso de residencia solicitado a partir del 24 de abril de 2012 no tienen derecho a a la sanidad”, señala.

Pregunta: ¿Cómo está su padre ahora?

Yunia: Pues muy mal. Cada día peor, porque está terminal. Ya no se levanta, está desorientado, a ratos nos conoce, a ratos no, cada vez come menos, y tiene dolor.

¿Qué atención recibe ahora?

Desde hace unos días hemos logrado que esté atendido, gracias a la solidaridad de la trabajadora social, de un administrativo y de varios médicos 'desobedientes' de la sanidad pública. Pero todo ello sin cobertura en cuanto a medicamentos.

¿Cómo han logrado esa atención?

Yunia: Un administrativo se ofreció a inscribirlo en el centro de salud como transeúnte sin permiso de residencia, porque como persona con residencia no le dan la atención médica, lo cual es increíble. Una vez inscrito comenzó la atención, también gracias a la solidaridad del médico y de los doctores de paliativos, que son conscientes de la situación real.

Una de las dos integrantes de Yo Sí Sanidad Universal que nos acompañan, y que responde a las iniciales C.I.,  interviene en la conversación:

C.I:“Conocen la situación pero desobedecen. La ley puede ser la que sea, pero por otro lado está lo que tú como médico debes hacer, tu obligación. Creo que ningún sanitario o administrativo que trabaje en sanidad le puede negar a nadie la asistencia”.

Su compañera de plataforma, M.M, añade: “El discurso en realidad no es el de “estamos desobedeciendo”, sino el de “estamos haciendo lo que hay que hacer”.

Pregunta: ¿Qué medicación está tomando su padre?

Yunia: En estos momentos alguna pomada y analgésicos, porque si no estaría todo el día llorando de dolor, algún laxante a veces, o sedante. No come nada sólido, así que también le compramos en la farmacia batidos especiales que cubren sus necesidades proteicas, y que como mínimo cuestan 23 euros.

P: Los medicamentos los están pagando ustedes, entonces

Yunia: Los compro yo, claro. Todo lo compro y pago yo, afortunadamente de momento me lo puedo permitir. Si no, no podríamos estar tratándole del dolor. Es probable que haya gente que en estos momentos esté en situación similar a la de mi padre y, que al contrario que él, no tenga acceso a nada. Es para volverse loco, ver a tu padre cada día peor, no tener atención médica y no poder acudir a nadie.

P: ¿En qué momento decidieron ponerse en contacto con la Plataforma Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo?

Yunia: Lo decidí en el momento en el que vi que el INSS es impenetrable, un sitio donde nadie te explica nada y además a veces con una actitud de “no es mi problema”. Fui a ver entonces a la trabajadora social y le expliqué. Ella misma no se lo creía, porque todo esto es nuevo. En los hospitales te dicen que sí tienes derecho, que es un procedimiento fácil, vas al centro de salud y te dicen lo mismo, pero vas al INS y te ponen trabas. No hay conexión entre los diferentes organismos y nadie sabe lo que tienes que hacer.

M.M (Yo Sí Sanidad): A pesar de ser un ascendiente de una española, el padre de Yunia ni siquiera tiene derecho a las urgencias sin facturación. Es un hueco que ha quedado ahí, que ha pasado muy desapercibido, y que afecta a las personas casadas con españoles después de abril de 2012 y a los familiares reagrupados. El Real Decreto es una medida de excepción para un derecho fundamental. Hicieron una chapuza y han ido poniendo parches.

C.I (Yo Sí Sanidad): Con estas medidas lo que logran es poner trabas a la reagrupación y a la inmigración, a través de la sanidad.

Yunia: Han hecho una ley sin pensar en las consecuencias de la ley, y por tanto no han creado medios para solucionar los problemas que se puedan presentar. Insisto: Si no fuera porque yo misma lo sufro, no me podría creer que una persona que está legalmente en este país no pueda ir ni a que le mire el médico. Y con una enfermedad terminal, ¡que no es un catarro!! Mucha gente se pone muy nerviosa al hablar de la eutanasia o el aborto, pero esto no les escandaliza. ¿Se va a tener que morir la gente en su casa sin ser atendida?

Pregunta: ¿Cómo está afectando esta situación a su familia?

Yunia: Mi madre es la que está permanentemente con él, pero yo también me he pasado un montón de días sin dormir. Y esta situación nos crea impotencia. A mi papá aunque cambien la ley tiempo no le va a dar, porque ya no hay nada que hacer, solo atenderle con cuidados paliativos. Pero si hubiese tenido remedio, y teniendo en cuenta que su cáncer es de hígado, que es muy agresivo, no habría dado tiempo ni a hacerle una biopsia ni a cirugía ni a nada, porque desde que me puse con el papeleo hasta hoy ya no hubiese tenido remedio.

Pregunta: ¿Han pensado reclamar a nivel legal?

Yunia: Sí lo hemos pensado. Todavía no he concretado con mi abogado, pero lo hemos pensado. No tanto por mi situación, que también, sino por la situación de otras personas. No puedes negar atención médica a la gente como si fueran animales.

P: ¿Cuando solicitaron la reagrupación les informaron de que no le iban a conceder atención médica?

Yunia: Nunca. Nadie nos informó. Él está legalmente en España. Es de locos. Mi padre es un ciudadano en reagrupación, depende de mí y de mi hermano, que somos españoles y le dicen “vete a la sanidad privada”. Hay mucha gente que no tiene dinero para eso. Y además gente como mi padre, que tiene 75 años, no es rentable y por tanto no les aseguran en la privada.

C.I (Yo Sí Sanidad): Nos estamos encontrando además con gente que tiene derecho a la asistencia sanitaria pero que con los repagos no puede comprarse todos los medicamentos y está muriendo por desnutrición, no por metástasis, sino por desnutrición. O están muriendo por infecciones de la piel. Son situaciones que van a más, cada vez vemos más.

M.M (Yo Sí Sanidad): Y el caso del padre de Yunia lo sufren también personas que han aportado riqueza al país pero después se han quedado sin trabajo, porque al quedarse sin trabajo pueden perder la residencia, o gente que estaba en la construcción con tarjeta, se quedaron sin trabajo, perdieron la tarjeta y ahora tienen un contrato pero sin cotización y por tanto nada.

Pregunta: Ahora que ya tiene acceso a los paliativos, ¿cómo le podrán beneficiar?

Yunia: El apoyo psicológico es fundamental, lo necesitábamos mucho. La enfermera enseguida al ver a mi madre le dijo: “Tú no estás durmiendo, tienes que dormir”. Nos están enseñando a limpiarle en la cama, a aplicarle la medicación, a limpiarle escaras, que son úlceras. Y nos podrán enseñar más cosas fundamentales, colocar sondas, etc. Además de ese modo mi padre podrá tener acceso a sedantes o morfina.

Pregunta: ¿Tiene usted alguna petición a las autoridades?

Yunia: Que se pongan en la piel de la persona que pasa por algo así, porque esto es muy difícil. Ya es muy difícil para nosotros, que tenemos recursos, así que imagina para la gente que no tiene nada. Es muy duro que te digan que tu padre no tiene derecho a ser atendido. Derecho tenemos todos. Pero no lo quieren reconocer.

Yunia Romero se detiene en este punto porque no puede contener el llanto. Toma aliento, muestra una fotografía en la que aparece ella con su padre y su madre, y murmura: "Lo que nos está pasando a nosotros le puede pasar a cualquiera. Está claro que cada vez somos más vulnerables. Que haya gente sin atención médica aunque esté en situación regular es tan injusto que es difícil de creer. Y sin embargo es cierto".

Grecia: Una mirada que asusta a nuestro más inmediato futuro ¡¡si no le(s) ponemos freno yá!!

Primero fueron a por los griegos y …, luego a por los portugueses y …, luego… ¡¡nosotros!!

Insulina un 25% más cara y un aumento del 200% en los contagios de VIH

Los recortes desmantelan el sistema de salud griego

María Antonia Sánchez-Vallejo, Madrid, en El País.

El anuncio, este jueves, del cierre de 13 hospitales en el país es la última noticia aciaga para el sistema de salud griego. El sinfín de ajustes y recortes de fondos públicos ha dejado a un número creciente de personas sin seguro médico –entre ellas, unos 470.000 inmigrantes sin permiso de residencia- y a alrededor del 10% de la población en situación de “extrema pobreza”. Los recortes se hacen notar especialmente en dos ámbitos: en la salud mental, con un incremento de los suicidios de alrededor del 20% sólo entre 2009 y 2011, así como una reducción drástica de los programas de prevención y asistencia, y en el campo de las enfermedades infecto-contagiosas, con un aumento dramático de los contagios por VIH –los casos se han disparado un 200% desde 2011- y brotes de enfermedades que se creían erradicadas en Europa, como la tuberculosis, o son propias de otros continentes, como la malaria. En paralelo, se ha producido una sangría de médicos en el país: sólo en la región de Atenas, 4.000 médicos han emigrado al extranjero en los últimos tres años, según el colegio médico local.

La reducción de personal en hospitales públicos es otra consecuencia de la austeridad. Grecia gastará este año 2.000 millones de euros, frente a los más de 3.000 millones que destinaba a tal efecto en 2009. El segundo rescate, acordado en febrero de 2012 por valor de 130.000 millones de euros, establecía la obligatoriedad de cerrar o fusionar hospitales para reducir la factura sanitaria del Estado; en este contexto se inscribe el anunciado cierre de 13 establecimientos en todo el país. El Estado adeudaba a mediados de abril 35 millones de euros en sueldos a trabajadores hospitalarios.

El incremento del número de parados de larga duración ha dejado sin prestación por desempleo a un creciente número de personas; actualmente sólo perciben subsidio de paro unas 160.000 personas del 1,3 millones sin trabajo. El desempleo golpea especialmente a los menores de 25 años (más del 60%), lo que ha multiplicado el consumo de drogas por vía parenteral y, consecuentemente, el número de contagios de VIH. El cierre de los centros que realizaban gratis la prueba del sida, otro recorte de la Administración, ha disparado la prevalencia a niveles epidemiológicos: el número de contagios es hoy un 200% mayor que en 2011; y los fondos públicos para la detección se hallan bloqueados desde 2012. El contagio entre drogodependientes supone la mitad de los casos; por primera vez, la principal vía de contagio han sido las relaciones homosexuales sin protección.

El sistema de copago vigente obliga al ciudadano a sufragar cualquier acto médico, de unos análisis a un parto o una cesárea, lo que expulsa del sistema –hacia la atención sanitaria de ONG o la beneficencia interesada de partidos como el neonazi Aurora Dorada, con un sistema de médicos “sólo para griegos”- a un creciente número de personas. En noviembre pasado, además, el Gobierno aprobó una subida del 10% al 25% en el copago de medicamentos para enfermedades crónicas graves. La tasa menor se aplicará a las enfermedades primarias o principales, y el 25%, a las derivadas o secundarias. Es decir, el tratamiento para el cáncer o el sida queda excluido de la tasa, pero no la medicación para las dolencias derivadas que suelen acompañarlas. En la lista de medicamentos gravados figuran los indicados para el tratamiento del Párkinson, la diabetes –la insulina tiene un recargo del 25%-, el Alzheimer y la demencia o las cardiopatías congénitas, entre una quincena de dolencias. A partir de 2014, además, se impondrá el pago de un euro por receta, además del correspondiente incremento del copago farmacéutico.

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CONTUNDENTE INFORME EN EL BRITISH MEDICAL JOURNAL

“Los recortes en el sistema sanitario español están poniendo vidas en peligro”

Miguel Ayuso en El Confidencial.

Los recortes en el sistema de salud español han llegado a las páginas del prestigioso British Medical Journal. Según la influyente publicación, las reformas realizadas por el Gobierno podrían conducir al desmantelamiento de gran parte de nuestro sistema de salud, lo que implicará “efectos potencialmente perjudiciales para la salud de los españoles”.

El estudio, liderado por la doctora Helena Legido-Quigley, profesora de salud global en la London School of Hygiene & Tropical Medicine, asegura que los recortes están afectando de forma especialmente preocupante a los ancianos, los minusválidos y los enfermos mentales. Los  investigadores, además, aseguran que ha habido un importante incremento en la depresión, el alcoholismo y los suicidios desde que comenzó la crisis y empezó a dispararse el desempleo.

Con la crisis, aseguran los autores, han aumentado las demandas de servicios sanitarios, a la vez que se están recortando las prestaciones. Según el estudio, el presupuesto nacional destinado a salud se ha recortado en 2012 en un 13,65% y el regional en una media de un 10%, lo que ha llevado a nuestro país a tener uno de los presupuestos en sanidad más bajos de la Unión Europea. En 2013 están previstos, además, nuevos recortes en el fondo de dependencia (1.108 millones de euros) que, según los investigadores, pondrán a las personas mayores y discapacitadas en riesgo.

 

“Las medidas para ahorrar no se basan en la evidencia”

El estudio advierte de que los principales cambios realizados por el gobierno español, como excluir a los inmigrantes indocumentados de los servicios de salud gratuitos y el aumento de los copagos para acceder a los medicamentos, prótesis, y algunos viajes de ambulancia, tendrán importantes consecuencias. Los investigadores británicos prestan especial atención a Madrid y Cataluña, donde “se están privatizando los hospitales, han aumentado los tiempos de espera, se han recortado los servicios de emergencia y  cada vez hay un menor número de procedimientos quirúrgicos”.

Legido-Quigley asegura que su estudio es el primero que analiza el impacto general que las políticas de austeridad han tenido en el sistema sanitario español y asegura que sus conclusiones deberían preocuparnos enormemente: “Muchas de las medidas adoptadas para ahorrar dinero no se basan en la evidencia. Hemos visto cómo los recortes tienen un efecto perjudicial sobre la salud de los españoles y, si no se aplican medidas correctivas, la situación podría empeorar, con un aumento del sida y la tuberculosis, –tal como hemos visto en Grecia, donde también ha habido importantes recortes en el sistema sanitario– así como el riesgo de una escalada de los problemas con las drogas y la propagación de enfermedades”.

Como parte del estudio, los investigadores han realizado entrevistas con 34 doctores y enfermeras de Cataluña. Muchos han reconocido estar “sorprendidos”, “anestesiados” y “desilusionados” con los recortes, y han expresado el miedo de que “los recortes acaben matando gente”. Algunos, además, han mostrado su preocupación sobre la “clara intención de privatizar y hacer negocio con la salud y los servicios sociales”, además de asegurar haber sido testigos de casos de corrupción y conflictos de intereses.

El coautor del estudio, Martin Mckee, profesor de sanidad pública europea en la London School of Hygiene & Tropical Medicine cree que “durante estos cinco años las políticas para combatir la crisis financiera se han centrado únicamente en los indicadores económicos. Nuestro trabajo arroja luz sobre la carga de sufrimiento humano que conllevan esas políticas”.

Otro de los autores, José Martín-Moreno, profesor de medicina y salud pública de la Universidad de Valencia, cree que este estudio ofrece por fin un análisis exhaustivo del impacto que los recortes están teniendo en el sistema sanitario español, y demuestra que los recortes en servicios esenciales no están lo suficientemente apoyados en la evidencia, lo que está ocasionando una desestabilización del sistema de salud, “que pone en peligro no sólo la igualdad en el acceso a la salud, sino la calidad de la atención, y puede generar aumentos en el coste a largo plazo”.