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CONTRARREFORMA NO

El líder de los socialistas madrileños viajará este miércoles a la capital europea para presentar una denuncia ante la Comisión Europea ante las irregularidades en el proceso de privatización de varios hospitales de la Comunidad de Madrid…

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El PSM denunciará la privatización sanitaria ante la UE

Tomás Gómez llevará hoy a la Comisión un escrito en el que recoge las irregularidades en la concesión de la gestión de seis centros

26.06.13 - AGENCIAS | MADRID, en El Comercio.

 

El secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, interpondrá en Bruselas una denuncia ante la Comisión Europea (CE) por supuestas irregularidades en el proceso de privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid, que suponen el desmantelamiento del sistema sanitario público. A las once de la mañana, Gómez ofrecerá una conferencia de prensa en el Parlamento europeo ante la vuelta de tuerca en el "proceso de privatización" que, a juicio de los socialistas madrileños, supone el "desmantelamiento" del sistema sanitario público.

 

Durante la visita está previsto que Tomás Gómez, que además es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y senador, mantenga una reunión con los responsables de la sección de Contratación Pública de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios. Igualmente, mantendrá una reunión con el presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, y con la dirección del Grupo Parlamentario.

 

Desde que el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha el proceso de externalización hospitalaria, los socialistas iniciaron una batería de iniciativas en las instituciones y también en el plano judicial, con diferentes recursos contencioso-administrativos ante los tribunales ordinarios, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y el Tribunal Constitucional. A estas medidas se sumará hoy la denuncia ante la Comisión Europea para conseguir "frenar el desmantelamiento y privatización" de la sanidad pública madrileña.

 

Los socialistas han advertido a los grupos privados que se han presentado al concurso que, de llevarse a cabo el cambio a la gestión indirecta, lo primero que harán si llegan al Gobierno regional será revertir todas las privatizaciones sanitarias.

 

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Un nuevo contrato da 160 millones a las empresas del director del CatSalut

Corporación Fisiogestión se llevó el 79% de los lotes del concurso del pasado noviembre

Josep Maria Padrosa era apoderado de las filiales ganadoras

El consejero Boi Ruiz rechazó "rotundamente" irregularidades en el caso

Gif.- Viñeta de El Roto de hoy…

Oriol Güell, Barcelona, en El País.

 

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) adjudicó el pasado mes de noviembre un concurso que reportará en la próxima década un total de 160,2 millones de euros - ampliables a 240,3 millones, según una cláusula de la licitación - a seis empresas del grupo Corporación Fisiogestión (CF). Josep Maria Padrosa, director del CatSalut, era también apoderado de las seis empresas beneficiadas en el momento de la adjudicación.

 

El concurso entregó a CF la gestión de los servicios en la sanidad pública de rehabilitación y logopedia - ambulatoria y a domicilio - hasta 2022. La cifra obtenida por CF supone un 79% de los 203,6 millones de euros licitados y marca para el grupo un salto cualitativo importante respecto al anterior contrato, convocado en 2006 y con vigencia para seis años. Entonces, la porción del pastel obtenida por CF se quedó en el 56% del total del importe licitado.

 

Josep Maria Padrosa se vio envuelto la pasada semana en una enconada polémica después de que EL PAÍS y la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) destaparan que alternaba su puesto al frente del CatSalut - el ente con mayor presupuesto de la Generalitat, con 8.506,5 millones en 2012 - con el de apoderado de 16 sociedades del grupo CF. Entre ellas están las seis que trabajan para el propio CatSalut: Fisioterapia, SA; Fisio Girona, SA; Servicios de Fisioterapia, SA; Instituto Logopédico de Barcelona, SA; Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia, SA, y Kinesiterapia, SA.

 

El consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, rechazó entonces “rotundamente” que la doble faceta pública y privada de Padrosa sea irregular. Mientras, el propio Padrosa responsabilizó de lo ocurrido al grupo CF por no haberle retirado los poderes cuando dejó la dirección del grupo en enero de 2011 al ser elegido por Boi Ruiz para dirigir el CatSalut. La empresa, por su parte y tras admitir que Padrosa seguía de apoderado en 16 sociedades del grupo, anunció que empezaba a dejar sin efecto los mandatos.

 

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abrió de oficio una investigación al apreciar “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación” de Padrosa. La OAC es un ente público que persigue la corrupción en las Administraciones catalanas. Concluye sus investigaciones publicando unas recomendaciones o, en caso de apreciar delitos, remitiéndolas a la fiscalía.

 

Dos leyes catalanas prohíben que el director del CatSalut pueda “compatibilizar su actividad con el ejercicio de cualquier otro cargo, puesto, representación...”, y dejan claro que “la condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con la prestación de servicios”.

 

El caso de Josep Padrosa ha coincidido en el tiempo con otros escándalos que han sacudido la sanidad catalana y la de la Comunidad de Madrid. Josep Prat y Carles Manté, exdirectores del CatSalut, están imputados por varios delitos, entre ellos el de malversación, mientras los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, también han sido encausados por el proceso de privatización de hospitales desarrollado en la última década.

 

La noticia publicada por este diario el pasado miércoles se refería al pago a las seis empresas de CF de los conciertos correspondientes a 2011 y 2012 del contrato de 2006, que ascendían a 14,3 millones de euros.

 

EL PAÍS ha tenido desde entonces acceso a otros documentos que detallan el nuevo contrato firmado por el CatSalut con las empresas de las que Padrosa era apoderado. Cualquier comparación que se haga entre los contratos de 2006 y 2012 da como resultado que CF resulta ahora mucho más beneficiada.

 

Por cada uno de los seis años licitados en 2006, el CatSalut preveía un gasto de 25,7 millones en servicios de rehabilitación y logopedia para la sanidad pública. De ellos, 7,75 fueron ganados en solitario por empresas de CT (o uniones entre ellas). Otros 6,54 millones fueron a parar a uniones temporales de empresas (UTE) en las que al menos había una filial de CF. La suma de ambas cifras ascendió a 14,3 millones, un 56% del importe total licitado.

 

Las cifras del contrato de 2013-2022 son contundentes. El importe adjudicado por año es menor en una quinta parte —de 25,7 a 20,4 millones de euros— a causa de los recortes, aunque una cláusula permite ampliar esta cifra en un 50% - hasta 30,6 millones anuales -.

El concurso justifica el hecho en “previsión de las posibles modificaciones durante la vigencia del contrato”, aunque no entra en más detalles sobre las condiciones que deben reunir estas posibles modificaciones.

 

Las adjudicaciones ganadas por las empresas de CF en solitario crece ahora respecto a 2006 hasta los 9,75 millones, un 26% más. En total, las adjudicaciones en las que está presente Corporación Fisiogestión aumentan desde los 14,29 millones de 2006 a los 16,02 millones de 2012.

 

La conclusión más destacable del nuevo contrato es, pues, que mientras la partida del CatSalut destinada a rehabilitación y logopedia se reduce en una quinta parte, el negocio para el grupo del que formó parte Padrosa creció de forma muy notable.

 

Preguntado por la importante mejora lograda en el último contrato del CatSalut, el administrador de CF, Carlos Núñez, contestó por correo electrónico que “el concurso estuvo regido por el principio de transparencia e igualdad, al igual que en 2006”. “La actividad real que nos ha contratado el CatSalut es prácticamente la misma”, sostiene Núñez, pese al incremento adjudicado a sus empresas, y añadió: “Reiteramos que los recortes que han afectado la sanidad catalana han sido aplicados con el mismo porcentaje que en todo el sector”.

 

Un portavoz del Departamento de Salud, por su parte, insistió en que Padrosa “no ha utilizado ninguno de los poderes [en las empresas de CF] de los que era titular” y aseguró que “en su labor como director del CatSalut, no ha participado en ninguno de los procesos de adjudicación (...) ni en deliberaciones del CatSalut ni en los órganos de contratación, con el objetivo de garantizar la mayor transparencia y objetividad en estos procesos”.

 

La empresa que fichó a Lamela gestiona el mantenimiento del Hospital de Getafe

El grupo Assignia ha recibido cinco millones de euros del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la limpieza del centro hasta 2014

 

PÚBLICO, Madrid.

 

El grupo empresarial al que asesora el exconsejero de Sanidad Manuela Lamela ha recibido cinco millones de euros del Gobierno de la Comunidad de Madrid por el mantenimiento del Hospital de Getafe hasta 2014, según ha informado la Cadena Ser.

 

El contrato fue adjudicado hace unos meses por el Servicio Madrileño de Salud al grupo Assignia, al que Manuel Lamela se incorporó como consejero poco después de abandonar el Gobierno madrileño en 2010. Tiene vigencia hasta 2014 pero puede ampliarse hasta 2015 y pasar de los 5 a los 7,5 millones de euros. A cambio de este canon pagado por la Consejería de Sanidad, Assignia se encarga de la limpieza de las instalaciones del Hospital de Getafe y de los de especialidades y de salud mental que dependen de él.

 

 

Un portavoz de la Consejería de Sanidad ha declarado a la cadena Ser que el grupo Assignia consiguió el contrato debido a que "presentó la oferta económica más ventajosa y que en ningún momento Lamela realizó ninguna gestión ni con el hospital ni con la Consejería". Así mismo señala que "Assignia no está excluida de poder concurrir a ningún concurso público".

 

Manuel Lamela ha sido imputado junto al que fue su sucesor en la consejería de Sanidad, Juan José Güemes, por un presunto delito de prevaricación y fraude en la privatización de la sanidad madrileña.

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Porque hay que lograr que nos “privemos de privatizaciones”... entre otras.

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La Marea Blanca sale a la calle para defender la Sanidad Pública

Madrid, Cuenca, Albacete, Murcia, La Rioja, Zaragoza, Gran Canaria y Tenerife, entre otras, se han manifestado este domingo contra la privatización sanitaria.

ARANTZA DE CASTRO, Madrid, en Público.

Miles de ciudadanos de diversas ciudades como Madrid, Cuenca, Zaragoza, Gran Canaria, Albacete, Murcia, La Rioja y Tenerife han salido a la calle este mediodía en defensa de la sanidad pública. Al grito de "reforma sanitaria, reforma funeraria" los asistentes de la Marea Blanca de Madrid, la más numerosa, han partido a las 12.00 horas de la Puerta del Sol hasta la de Alcalá.

Las movilizaciones de las otras ciudades también han comenzado su marcha a la misma hora, excepto Zaragoza, donde la protesta se ha adelantado a las 11.00 horas en la Plaza de España con el lema "Contra recortes y privatizaciones. Solidaridad con las trabajadoras de limpieza".

Estas marchas llegan dos días después de que el juez admitiera a trámite la querella de la asociación de médicos Afem contra los responsables de la sanidad madrileña por prevaricación, cohecho, fraude y malversación en la externalización de la sanidad. Por ello, la asociación PATUSALUD (Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud) convocaba para este mediodía una marea blanca nacional.

En un comunicado, PATUSALUD denunció que "numerosos gobiernos autonómicos" tienen la "intención" de transformar el sistema nacional de salud "en un modelo que considera clientes a los usuarios y que mercantiliza las prestaciones sanitarias, trasvasando una parte importante de nuestros impuestos a empresas privadas con ánimo de lucro".

Con esta declaración se referían a los grupos Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo, de Puerto Rico, que optan a la gestión de seis hospitales públicos madrileños (Sureste, Infanta Leonor, Henares, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo).

Con una lluvia de papeletas blancas partía de la Puerta del Sol la Marea Blanca de Madrid. Profesionales y pacientes comenzaban su protesta frente a la sede del Gobierno regional con el lema "Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad pública", en alusión a las cerca de un millón de firmas recogidas en la consulta popular celebrada del 5 al 10 de mayo. Por ello, los manifestantes han lanzado estas papeletas todas con el "sí" marcado en ellas.

"Privémonos de privatizadores" o "Salvan bancos, cierran hospitales" podía leerse en las pancartas que portaban los asistentes a la Marea Blanca Madrileña. Tres mujeres médicos de Asistencia Primaria han explicado que estaban allí porque "luchamos por lo de todos y lo nuestro no se vende". Así como, una auxiliar administrativa del Hospital de Getafe que afirmaba haber ido a la marcha "para que no se privatice la Sanidad, no sólo como trabajadora sino también como paciente. Somos, al parecer, la tercera sanidad en calidad de Europa y no queremos que eso cambie".

Entre los asistentes también había lemas como "Tu sobre es mi recorte" o "Con el PP, al cielo me iré". Una trabajadora de urgencias de la Fundación Alcorcón explicaba estar ahí no solo como trabajadora sino también como usuaria ya que "es una vergüenza que con todos los recortes perdamos la facilidad a la hora de trabajar, algo que se nota en la resolución final del paciente. Además, tenemos que ver como en urgencias los pacientes están en los pasillos, pierden su intimidad y nosotros, como trabajadores, estamos a mil por hora".

La marea blanca, que ha dejado de ese color el suelo de la plaza por las papeletas, iniciaba poco después la marcha detrás de la pancarta "Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad Pública" que llegaría una hora y media más tarde a la Puerta de Alcalá. Junto a la cabecera, ciudadanos que portaban chalecos con mapas de todas las comunidades autónomas, han caminado al grito de "de Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste".

La lucha contra la externalización sanitaria, reflejada en esta marea blanca, han querido desvincularse de toda ideología política al comienzo de la marcha. El doctor Millet, un profesional jubilado sin su aprobación, ha afirmado que "esto no es un movimiento ni de izquierdas ni de derechas, es una lucha de todos los ciudadanos españoles".  El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que quienes han convocado la nueva marea "ya no están pensado mucho en la sanidad" sino que siguen una "pura estrategia de confrontación con el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A su paso por el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, la marcha ha comenzado a señalar el edificio y a gritar consignas como "Ahí está la cueva de Alí Babá". Una auxiliar de enfermería del hospital de Móstoles ha afirmado que "no me parece justo que a nosotros nos rebajen el sueldo y los propios políticos no lo hagan".

A su llegada a la Puerta de Alcalá han leído un manifiesto en el que se ha asegurado que los hospitales "están siendo despojados, desangrados y maniatados". Además, han criticado el proceso de externalización en el que "están vinculadas aseguradoras y bancos" por lo que en pocos años, "lo público será un servicio de beneficencia".

La iniciativa ha finalizado con un minuto de silencio por "las personas que se dejan la vida en los hospitales de gestión privada y por la asistencia universal". Durante este minuto,  los miles de participantes han levantado un folio con la palabra "SÍ" y han realizado un aplauso silencioso con las manos en alto. Además, han recordado con otro aplauso, esta vez sonoro, a los trabajadores de la clínica Federica Montseny que fueron detenidos la semana pasada por encerrarse en el centro de salud de Vallecas para luchar contra su privatización.

En Logroño, la Marea Blanca de la Rioja, alrededor de 200 personas han secundado la concentración ruidosa para "exigir y reclamar" una sanidad pública "algo que es nuestro y nos están arrebatando descaradamente".  Durante media hora, los asistentes han defendido la Sanidad Pública frente al Palacete del Gobierno y tras una pancarta en la que rezaba ’Sanidad Pública, de todos y para todos’.

La ’marea blanca’ vuelve a tomar las calles en defensa de la sanidad pública

La concentración se produce después de que los exconsejeros de Sanidad madrileños fueran imputados por presuntas irreguralidades en la externalización sanitaria

23.06.13 - EFE | MADRID

La concentración contra el proceso de externalización sanitaria, conocida como ’marea blanca’ ha vuelto a reunir hoy en Madrid a miles de personas que han denunciado que "lo que está en juego es la salud de toda una nación". En el manifiesto leído al final de la concentración en la Puerta de Alcalá se ha asegurado además que los hospitales "están siendo despojados, desangrados y maniatados" y que "huele a cambio de modelo en toda regla, por ideología y por negocio".

Además, han apuntado que tras el proceso de externalización "están aseguradoras y bancos", por lo que "en unos años, lo público será un servicio de beneficencia".

La cabecera de la marcha, que ha partido a las 12 horas de la Puerta del Sol, alcanzaba su destino a las 13.15 horas. A lo largo del recorrido se han escuchado cánticos como el habitual "sanidad pública, no se vende, se defiende", otros contra la reforma laboral, contra el Gobierno nacional, regional y municipal y contra las entidades bancarias. Además, se han lanzado al aire varios montones de papeletas de las empleadas en la ’Consulta por la Sanidad Pública’.

A continuación, ha tomado la palabra el doctor Millet, uno de los profesionales que han sido jubilados pese a su intención de continuar en su labor profesional. Millet ha llamado a la ciudadanía "para que se unan a esta defensa de la sanidad pública".

Además, ha querido huir de vinculaciones políticas, asegurando que "esta lucha no es de derecha o de izquierda, es de todos los ciudadanos españoles".

Más adelante, se ha pedido un minuto de silencio en reconocimiento "a los que se están dejando la vida en los hospitales de gestión privada" y "por el final de la asistencia sanitaria universal". Durante ese tiempo, los manifestantes han agitado las manos en alto, una tradición adquirida tras los acontecimientos del movimiento 15-M.

Tras la lectura del manifiesto oficial, se ha anunciado que este miércoles a las 11 horas se entregarán las firmas de protestas de ciudadanos que han sido derivados a centros privados o concertados, lo que tendrá lugar en la sede de la Consejería de Sanidad madrileña.

Los asistentes se han ido marchando paulatinamente, tras una mañana de calor intenso, hasta quedar vacía la glorieta de la Puerta de Alcalá sobre las 14.20 horas, cuando se ha procedido a las labores de limpieza y se ha restaurado el tráfico.

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¡¡La Sanidad Pública no se vende, se defiende!!…

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La 'Marea Blanca' vuelve a las calles madrileñas este domingo

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha convocado para este domingo una nueva 'Marea Blanca' en rechazo a la externalización de seis hospitales de la región que impulsa la Consejería de Sanidad, la sexta en lo que va de año.

nuevatribuna.es

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha convocado para este domingo una nueva 'Marea Blanca' en rechazo a la externalización de seis hospitales de la región que impulsa la Consejería de Sanidad, la sexta en lo que va de año.

Como cada tercer domingo de mes desde que se inició el conflicto sanitario por la externalización, los colectivos que integran la Mesa convocan a usuarios y pacientes a secundar la marcha, que tendrá lugar a las 12.00 horas y su recorrido comenzará en la Puerta del Sol para terminar en la Puerta de Alcalá.

Por su parte, la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud manifestó el pasado fin de semana que esta nueva 'Marea Blanca' tenía vocación 'nacional' para tratar de demostrar que la ciudadanía rechaza cualquier forma de 'desmantelamiento' de la sanidad pública. Por ello, el lema de la marcha será 'Por un millón de razones. No a la privatización de la sanidad pública'.

La protesta se produce después de conocerse que las empresas que optan a la gestión de los seis hospitales (HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud) ha demostrado cumplir los requisitos de solvencia y han presentado sus ofertas técnicas.

Por otra parte, el 28 de junio está previsto que se proceda a la apertura de las ofertas económicas presentadas por las empresas (que supone el 50 por ciento de la valoración del proceso) y se aporte la valoración de los planes técnicos para la gestión de los hospitales.

Aparte, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), los sindicatos AMYTS y SATSE, y el PSM han registrado recursos contra el pliego de condiciones para la licitación del concurso público convocado por la Consejería de Sanidad.

Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, manifestó recientemente que las protestas contra la externalización, como la 'Marea Blanca', se "desinflan" al contar cada vez con menos respaldo por parte de profesionales y usuarios.

VER NOTICIA DE LA ULTIMA MAREA BLANCA

¡¡Falsedades de radicales y extremistas!! … y como todos sabemos que estos chicos del PP jamás mienten, ya está todo dicho.

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Lasquetty: “No han conseguido su propósito: parar la externalización”

El consejero de Sanidad madrileño tilda todas las acusaciones de la querella de “falsas” y llama “radicales y extremistas” a los que protestan contra la privatización

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha optado hoy por negarlo todo y acusar a quienes a su vez acusan de irregularidades a la cúpula de la sanidad madrileña de mantener una “estrategia de acoso y derribo” contra su Consejería y las “reformas necesarias” del sistema que quiere llevar a cabo. Lasquetty ha asegurado que la decisión judicial de admitir a trámite una querella de la asociación de médicos de Afem contra altos cargos sanitarios por presuntas irregularidades en el proceso de privatización es algo “normal” y solo significa que el juez va a investigar, no que atribuya ningún delito a los imputados.

Pese a que la querella la presentó la asociación Afem, que contrató a un despacho de abogados gracias a una colecta masiva entre los sanitarios, Lasquetty se la ha atribuido al “Partido Socialista y su sindicato afín”. “Quienes acusan son el PSOE y el sindicato, no el juez”, ha repetido. “Y no han conseguido su verdadero propósito, que era parar la externalización”. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid aceptó en el auto de admisión a trámite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular".

En cambio, rechazó la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.

Lasquetty, que presentaba datos sobre la investigación biomédica en la región, ha dedicado varios minutos a enumerar las supuestas irregularidades que desgrana la querella de 86 páginas admitida a trámite. El juez cita a declarar con abogado, es decir, en calidad de imputadas, a nueve personas. Cuatro son o fueron responsables políticos sanitarios en Madrid. Entre ellos, los dos últimos exconsejeros, Manuel Lamela y Juan José Güemes. Lasquetty aseguró que todas las acusaciones son “falsas”.

“Es falso que los hospitales de gestión privada rechacen a los pacientes crónicos con necesidades complejas”. “Es falso que atraigan a pacientes a través del call center. Todos los pacientes acuden haciendo uso de su libre voluntad”. “Es falso que Antonio Burgueño [director general de Hospitales que trabajó para empresas que ahora gestionan centros privatizados en Madrid] beneficiara a ninguna concesión”. “Es falso que hayamos cedido los ambulatorios de Pontones y Quintana a Capio sin contraprestación”. “Es falso que no exista un mecanismo de control de la facturación intercentros”.

De todas estas alegaciones tendrá que dar cuenta la Consejería de Sanidad madrileña con documentos, puesto que el juez requiere todo tipo de información contable, económica y de gestión administrativa.

Muchos de los datos que le pide son los que la asociación Afem, la oposición y el comité profesional que se creó (formado por jefes de servicio de hospitales, directores de centros de salud, el Colegio de Médicos, etc.) para negociar con la Consejería cuando se inició el conflicto estuvieron solicitando, sin éxito, a los responsables sanitarios de Madrid. La información desglosada del coste por paciente de los hospitales de gestión privada, que incluya a los que son tratados en centros de la red pública, es básica para determinar si las concesionarias están cobrando de la Administración más de lo que deberían, una de las principales acusaciones de la querella y de los variados recursos administrativos presentados en los tribunales.

“La Comunidad de Madrid seguirá adelante con las reformas previstas”, ha subrayado Lasquetty, que se ha mostrado muy firme en sus declaraciones y solo ha perdido ligeramente el temple cuando una periodista le ha señalado que no era cierta la afirmación de que los citados a declarar con abogado no están imputados. El consejero ha reiterado que “nadie ha sido imputado” y le ha leído a la periodista el término que emplea el juez en el auto, “querellados”. Todas las fuentes jurídicas consultadas indican que, en el ámbito de una querella criminal, cuando el juez cita a declarar con abogado a alguien, es en calidad de imputado. De hecho, el auto cita a cuatro personas más, altos cargos de Sanidad, pero de perfil técnico, como “testigos” y sin necesidad de que acudan con abogado.

Preguntado por la nueva ‘marea blanca’ que está convocada mañana en el centro de Madrid para protestar contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos, Lasquetty ha asegurado que los manifestantes están “cada vez más radicalizados, son más extremistas”. “Cada vez se ven más banderas republicanas y se oyen gritos revolucionarios”, ha añadido, y se ha referido a la ocupación pacífica del centro de salud Federica Montseny, en Vallecas, la semana pasada como a un “asalto”. La Policía Nacional entró a desalojarlo después de que la Comunidad de Madrid pusiera una denuncia.

Después de centenares de encierros en los ocho meses que ha durado la ‘marea blanca’ de protesta sanitaria, es la primera vez que el Gobierno regional fuerza la actuación de la Policía al denunciar el allanamiento. Los agentes detuvieron a 14 personas. “Se trata de grupos extremistas que quieren mantener una estrategia de agitación”, ha insistido el consejero.

Lasquetty seguirá con la reforma sanitaria pese a la querella

El consejero madrileño de Sanidad dice que la admisión a trámite de la querella contra la externalización sanitaria es "normal" y "sólo significa" que el juez va a investigar

22.06.13 - AGENCIAS | MADRID, en El Comercio.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho hoy que la admisión a trámite de la querella contra la externalización sanitaria es "normal" y "sólo significa" que el juez va a investigar, y ha insistido en que la Comunidad de Madrid "sigue adelante" con las reformas previstas. Fernández-Lasquetty se ha referido de este modo a la decisión judicial de admitir a trámite una querella de la asociación de médicos Afem contra responsables de la Sanidad madrileña por prevaricación, cohecho, fraude y malversación en posibles irregularidades de la externalización, un proceso en el que se ha citado a declarar a los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela, entre otros cargos.

Durante una rueda de prensa de presentación de los resultados en materia de investigación de los hospitales públicos madrileños, el consejero ha dicho que las acusaciones de la querella son "falsas" y tienen como objetivo paralizar las medidas que el Gobierno regional ha emprendido para "garantizar" la sanidad pública.

El titular de Sanidad, que ha acusado al PSM de haber utilizado a su "sindicato más próximo", Afem, para llevar a cabo su "estrategia de acoso y derribo" al Gobierno regional, ha insistido en que es habitual que las querellas se admitan a trámite y que "después sean archivadas". "Eso no significa que el juez dé veracidad ninguna ni que haga suyas las acusaciones del PSOE y del sindicato", ha afirmado. El consejero ha incidido además en que "nadie" ha sido imputado. "Se ha citado a las personas a declarar como querelladas, lo cual queda claro y textualmente dicho en el auto", ha señalado en referencia al documento del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, que fija para septiembre el "interrogatorio" de los nueve querellados e indica que deberán acudir "asistidos de letrado".

Concretamente, el juez ha citado a declarar para los próximos meses de septiembre y octubre a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, a la viceconsejera Patricia Flores y al director general de hospitales, Juan Antonio Burgueño, y a responsables de la unión temporal de empresas Fundación Jiménez Díaz, el grupo Ribera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa.

Niega sobrecobros y trasvase de pacientes

La querella, presentada el 29 de mayo, se refiere a la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y a la vinculación de altos cargos a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias. A ese respecto, Fernández-Lasquetty ha dicho que es "falso" que guarde ninguna relación la adjudicación de servicios públicos con la presencia de Lamela en el consejo de Assignia -que participa en la UTE que gestiona los servicios del Hospital del Tajo- y de Güemes en Unilabs, cargo al que renunció en enero de este año.

Con respecto al fondo de la querella, el consejero ha indicado que Afem no ha conseguido su "verdadero propósito" de paralizar la externalización de seis hospitales públicos ya que, ha explicado, el juez rechaza esa medida al considerar que sería "notablemente desproporcionada". De igual modo, el consejero ha afirmado que cuenta con "todos los datos" de los pacientes que han sido atendidos en los centros hospitalarios gestionados por empresas y que "acreditan" que son falsas las acusaciones de Afem con respecto a sobrecobros en esos centros y la derivación de pacientes crónicos hacia otros hospitales.

Cuando los periodistas le han preguntado si una mayor transparencia por parte de la Comunidad habría evitado la presentación de la querella, ha admitido que no sabía "muy bien qué responder" pero que a su juicio el PSM hubiese actuado del mismo modo "porque está empeñado en que no se hagan las reformas". Sobre la marea blanca convocada para mañana, ha dicho que la ve "injusta" y que en esas manifestaciones cada vez hay "más extremistas" y "más gritos republicanos", por lo que cree que en ellas se defienden cuestiones que "no tienen nada que ver con la sanidad".

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Entrevista en Público a DAVID STUCKLER, Senior Research Leader de la Universidad de Oxford…

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"La recesión hace mucho daño, pero la política de austeridad mata"

Tras una década de investigación científica con herramientas estadísticas para analizar las políticas aplicadas frente a recesiones en todo el mundo, los científicos David Stuckler y Sanjay Basu han obtenido un resultado estremecedor: las medidas de austeridad son siempre devastadoras para la salud pública, causando decenas de miles de muertes sin ayudar en lo más mínimo a la recuperación económica

CARLOS ENRIQUE BAYO, en publico.es

Como científico, David Stuckler es rotundo: "Si las políticas económicas de austeridad se hubieran organizado como un ensayo clínico masivo, habrían sido rápidamente interrumpidas al acumularse las evidencias de sus mortíferos efectos secundarios".

Esa certeza no procede de convicciones ideológicas, ni de estimaciones o hipótesis, sino de una década de investigación, en la que este Senior Research Leader de la Universidad de Oxford ha trabajado con el epidemiólogo Sanjay Basu, del Centro de Investigación para la Prevención de la Universidad de Stanford, hasta presentar sus hallazgos en una obra imprescindible para entender la crueldad con que muchos gobiernos nos obligan a afrontar la crisis: Por qué la austeridad mata. El coste humano de las políticas de recorte (Taurus).

Ambos han aplicado el método científico clínico y las herramientas de la estadística para analizar las políticas aplicadas frente a recesiones en todo el mundo durante casi un siglo: desde la Gran Depresión que siguió al Crash del 29, hasta la actual Gran Recesión provocada por el estallido de la burbuja financiera en 2007. Y sus conclusiones, exhaustivamente demostradas con miles de datos y cientos de gráficos y de estudios científicos, son estremecedoras: siempre que los gobiernos aplican medidas de austeridad ante una crisis sus efectos son devastadores para la salud pública, causando decenas de miles de muertes sin que ayuden en absoluto a la recuperación económica... más bien todo lo contrario.

Stuckler y Basu han comparado minuciosamente los resultados obtenidos a lo largo de decenios por los países que han aplicado las recetas de austeridad, frente a los producidos por políticas económicas opuestas (de estímulo y gasto social), y en su informe demuestran que en los segundos no sólo se ha superado la crisis mucho antes sino que incluso se ha logrado mejorar la salud pública en plena recesión.

 

¿Cómo han podido comparar científicamente países tan dispares y con condiciones económicas y sociales tan distintas?

Bueno, en realidad muchas de las evaluaciones comparan naciones muy similares, como el análisis de la gran crisis asiática que se produjo al reventar la burbuja puntocom de los años 90. El Fondo Monetario Internacional impuso durísimos recortes del gasto público a los países afectados como requisito para darles créditos. Entre los muchos que accedieron a reducir drásticamente los programas de protección social, Tailandia rebajó el gasto de Sanidad en un 15%, recortando el de prevención del sida a sólo la cuarta parte; eso disparó la propagación del virus VIH y más que duplicó las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas, que habían estado reduciéndose hasta entonces. Además, los índices de pobreza se multiplicaron y el número de suicidios en el país aumentó un 60%.

En cambio, la vecina Malasia fue la única que rechazó la asistencia del FMI condicionada al famoso principio de "canjear dolor a corto plazo por beneficios a largo plazo", y emprendió programas de estímulo y de ayudas públicas a los más necesitados. Y no sólo logró mejorar la salud pública nacional, sino que, de los cuatro países que hemos examinado, fue el único que en la práctica consiguió cumplir los objetivos económicos primordiales marcados por el propio FMI. En definitiva, las recetas de austeridad sólo convierten las recesiones en auténticas pandemias de mortandad masiva. Lo que hemos aprendido es que el verdadero peligro para la salud pública no es la recesión en sí misma, sino la austeridad.

 

¿También en Europa?

Grecia, obligada a aplicar los implacables recortes exigidos por la Troika [FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo], está hundida en un desastre de salud pública. Fue forzada a reducir su presupuesto sanitario en un 40% y recortó drásticamente los programas de prevención del sida. Con el desempleo desbocado y un aumento del 25% del número de personas sin hogar, con la población desesperada y cayendo en la drogadicción, esos recortes han incrementado el número de seropositivos en más del 200%, convirtiendo a Grecia en un epicentro de la extensión del sida por Europa.

Otro ejemplo griego: estalló una epidemia de malaria a causa de la interrupción de los programas de fumigación contra las plagas de mosquitos y combatirla fue muchísimo más costoso que lo que se había ahorrado con los modestos recortes en pesticidas. Otro más: ante los recortes, la farmacéutica Novo Nordisk se retiró del país y no sólo se perdieron puestos de trabajo, sino que 50.000 diabéticos griegos se quedaron sin insulina.

El acceso de la población a la sanidad pública se ha reducido considerablemente en Grecia, y la mayor parte de los que se han quedado sin atención sanitaria son pensionistas que han contribuido al sistema de seguridad social durante toda su vida laboral. El Gobierno griego, al plegarse a las imposiciones de austeridad de la Troika, ha convertido una crisis económica en una catástrofe de salud pública. Y de seguridad: entre 2010 y 2011, el número de homicidios se duplicó. Todo ello previsible en un país donde está en paro el 62% de los jóvenes menores de 25 años.

Estos son sólo algunos de los efectos de la austeridad comprobados en Grecia, pero están también reflejados en España, Italia o Portugal.

 

¿Qué perjuicios para la salud pública causados por medidas de austeridad han podido comprobar en España?

Según nuestros cálculos, unas 180.000 personas han perdido el acceso a la atención sanitaria preventiva en España como consecuencia de los recortes presupuestarios, que han puesto en la calle a 280.000 empleados del sector público y han dejado sin ingreso ninguno a unos 600.000 españoles. El conjunto de las medidas de restricciones, copagos y eliminación de subsidios hace que los asalariados españoles deban pagar hoy un 60% más que antes por los medicamentos.

En noviembre pasado estuve en Barcelona, invitado por los responsables de la Agencia de Salud Pública catalana que estaban alarmados por sus propias estadísticas: los niños estaban sufriendo la crisis aún más que los adultos y había aumentado en un 3% el número de los que vivían por debajo del umbral de la pobreza, alcanzado el 23% de todos los menores de Cataluña. Además, la crisis había causado un incremento del 20% en el número de personas con síntomas de depresión grave, igual que se estaban multiplicando los índices de ansiedad y de alcoholismo. Pero en ese momento de máxima presión sobre el sistema de atención sanitaria pública, los objetivos de reducción del déficit impuestos por el Gobierno de Rajoy a la Generalitat obligaba a los hospitales de Cataluña a cerrar servicios, reducir la jornada de médicos y enfermeros...

En España, igual que en los demás países, las políticas económicas y sociales tienen más incidencia en que unos vivan y otros mueran que cualquier fármaco, cualquier operación quirúrgica o cualquier seguro médico. Invertir en salud pública es sabio en tiempos de vacas gordas, pero se convierte en una necesidad imperiosa en tiempos de vacas flacas.

 

¿Cómo se pueden comparar los efectos de la austeridad o el estímulo económico entre sociedades tan distintas como las del sur y las del norte de Europa?

Es que también hemos comparado regiones y países en el tiempo, su evolución desde el principio de la recesión, e incluso antes, para controlar las situaciones sanitarias previas de la población, su salud mental, sus niveles de alcoholismo, etc. Hemos comparado áreas que afrontaban el mismo nivel de shock económico pero aplicaban diferentes respuestas políticas. Y hemos comprobado que las recesiones no desencadenan automáticamente un aumento de los suicidios, el alcoholismo, los infartos debidos a estrés y otras causas principales de fallecimiento, sino que la espoleta de que esos índices se disparen es una y otra vez la imposición de medidas de austeridad.

Islandia fue el primer país europeo en colapsar a causa de la crisis financiera y el FMI pretendió obligarle, a cambio de su ayuda económica, a reducir el gasto público en un 15%, con un recorte de la sanidad pública del 30%. Pero Islandia rechazó plegarse a la austeridad e hizo lo opuesto: aumentó el gasto público en más de diez puntos, subió el presupuesto sanitario y reforzó los programas de protección social. También usó fondos públicos para aliviar las deudas de los hipotecados, de forma que no perdieran sus casas. Y todo ese aumento del gasto no generó ni inflación, ni una deuda astronómica imposible de devolver. Todo lo contrario: hasta el FMI tuvo que reconocer años después que la política rebelde de Islandia había dado lugar a una recuperación "sorprendentemente" firme superior al 3% del PIB.

No basta con decir que Islandia, que rechazó en referéndum el rescate a la banca, es muy distinta a Grecia, ya que los islandeses afrontaron una deuda del 800% del PIB, que ha sido en términos relativos la mayor crisis bancaria del planeta.

En su conjunto, las medidas de austeridad en Europa han supuesto un aumento del 40% de la mortalidad infantil. Y esos son datos oficiales, del Eurostat.

 

¿No saben los economistas del FMI que sus recetas siempre abocan a la ruina, además de a grandes pérdidas de vidas humanas, a sus pacientes nacionales?

¡Tendrían que saberlo! Al final, siempre acaban pidiendo perdón a las víctimas de la austeridad y a los que se negaron a obedecerles. Hasta 2012, el FMI no se disculpó formalmente con Tailandia, pero sus responsables ya están reconociendo ahora sus errores sobre Europa. ¡Acaban de darse cuenta de que los efectos de sus recetas de austeridad han sido nefastos, cuando les había ocurrido exactamente igual diez años antes!

 

¿Cuál es, entonces, el verdadero objetivo de imponer esa austeridad, si saben que va a ser un desastre humano y económico?

Ahí ya entramos en las especulaciones, y no se puede hacer un análisis auténticamente científico de las motivaciones e intenciones de los que nos imponen las políticas de austeridad. Pero parece claro que están tratando de aprovechar cada crisis del sistema capitalista para avanzar en sus metas ideológicas: arrebatarles derechos a los trabajadores y empobrecer al conjunto de la población en beneficio del ilimitado enriquecimiento de los más poderosos. Sin embargo, esta conclusión no puede ser sometida a un examen empírico y, por tanto, no quiero que se me cite defendiéndola como si hubiésemos podido demostrarla.

 

¿Qué cifras han podido verificar sobre las víctimas mortales causadas por las actuales medidas de austeridad económica?

Hemos documentado una pauta habitual, tanto en Europa como en EEUU, de aumento de los suicidios como consecuencia de las medidas económicas de austeridad, pues en realidad ese fenómeno se estaba reduciendo consistentemente en todos los países hasta que, con la crisis, se adoptaron medidas políticas drásticas. En total, nuestros cálculos ascienden a más de 10.000 suicidios adicionales y hasta un millón más de casos de depresión, algo no desdeñable. En España, entre 2007 y 2010 se suicidaron unos 400 varones más de lo previsto antes de los recortes, despidos y desahucios, pero no tenemos datos más recientes porque no los proporciona la administración española, mientras que en EEUU, Reino Unido y otros países europeos ya contamos con los datos oficiales hasta el 2012, incluido.

En cualquier caso, en casi todos los países que aplican políticas de austeridad hay un claro intento de ocultación estadística de las cifras de suicidios relacionados con la situación provocada por esos recortes. Por ejemplo, en Reino Unido los datos sólo se ofrecen en promedios de series de tres años, algo que suaviza los picos de las curvas estadísticas. Sin embargo, queda claro que en EEUU y en Reino Unido ha habido 4.750 y 1.000 suicidios adicionales, respectivamente, durante la actual recesión. En Estados Unidos, los suicidios son causa ya de más muertes que los accidentes de tráfico, tras aumentar vertiginosamente en la última década: un 30% entre los adultos y un 50% más entre los varones cincuentones, que son los que padecen más estrés cuando se quedan en el paro tras una larga vida activa y descubren que han sido marginados para siempre del mercado laboral.

 

¿El desempleo masivo es, pues, un fenómeno que causa muertes?

Sin ninguna duda. En nuestra investigación hemos descubierto que los índices de suicidio se disparan paralelamente a los de desempleo, pues multiplican las tasas de depresión a nivel nacional. Hemos determinado que un tercio de los que pierden su puesto de trabajo padecen depresión poco después. Y no hay que olvidar que por cada suicidio consumado se producen otros diez frustrados, que dejan a la víctima con vida pero padeciendo graves secuelas físicas o psicológicas.

Los gobiernos que imponen austeridad a ultranza no hacen frente al desempleo como la mortífera pandemia que en realidad es, mientras que los que optan por invertir en la asistencia a los parados durante las recesiones, como hicieron Suecia y Finlandia, no sólo logran reducir la tasa de suicidios sino que acaban por ahorrar más en sanidad pública de lo que han costado los programas de auxilio social y ayuda laboral a los desempleados.

 

¿Invertir más en Sanidad pública, en vez de recortar ese gasto, es rentable?

¡Por supuesto! Sale muy caro ahorrar en salud pública, como se ha demostrado una y otra vez. La austeridad sanitaria es el más falso de los ahorros. Eso lo aprendieron de la forma más trágica las autoridades de Nueva York al principio de los años 90, cuando recortaron 120 millones de dólares en programas de prevención de la tuberculosis y estalló un brote resistente a los antibióticos que costó más de 1.200 millones de controlar.

Hemos descubierto que invertir apropiadamente en sanidad pública suele tener una rentabilidad de tres dólares por cada uno que se invierte.

También se podría haber evitado muchas muertes por enfermedad con medidas para evitar los desahucios y el aumento del número de los sintecho. Las viviendas públicas y los subsidios a la vivienda son la mejor medicina para contrarrestar los riesgos de salud que padecen las personas sin hogar y que acaban teniendo un coste para las arcas públicas muy superior a los ahorros que imponen las políticas de austeridad.

Porque la recesión hace mucho daño, pero la austeridad mata.

De obligada lectura: ¡¡saber para mejor defender nuestra sanidad pública!!

De obligada lectura: ¡¡saber para mejor defender nuestra sanidad pública!!

"Hace falta una alianza entre ciudadanos y profesionales para frenar la contrarreforma sanitaria"

Este jueves se presenta en Compostela “La contrarreforma sanitaria”, una obra colectiva que analiza los procesos de privatización sanitaria en marcha en España. Hablamos con Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública y coautor del libro

Marcos Pérez Pena, en eldiario.es

La contrarreforma sanitaria, publicado por Los Libros de la Catarata y coordinado por Marciano Sánchez Bayle, es una obra colectiva en la que una docena de autores analizan los procesos de privatización sanitaria, definidos por Sánchez Bayle como "un sistemático desmantelamiento de los sistemas de protección social, entre ellos, la sanidad pública". El libro profundiza en el origen de estos movimientos, y también en algunos de los primeros intentos de trasvase de los servicios a la iniciativa privada: Alzira, Verín..., hasta llegar a la ofensiva actual.

 

El libro fue promovido por las plataformas en defensa de la sanidad pública y en él participan médicos, psicólogos y personal de enfermería, que consideraban que "ante la situación en la que nos encontramos de privatización acelerada del sistema público" hacía falta "analizar de manera detallada estos ataques, lo que está pasando con estas medidas que tanto están deteriorando la sanidad pública en este país". La contrarreforma sanitaria se presenta este jueves a las 17.30 horas en la librería Couceiro de Santiago de Compostela con la presencia de María Luísa Lores Aguín y Manuel Martín, coautores del libro, además de Xaquín Álvarez Corbacho, Pablo Vaamonde y Francisco Reyes Santiás. Hablamos con Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidad Pública y autor de uno de los capítulos del libro.

 

¿Cuál es el objetivo del libro?

 

El objetivo es denunciar e informar a la ciudadanía y a los profesionales de la salud de la estrategia que se está llevando a cabo para privatizar el sistema sanitario público. La crisis está siendo utilizada como excusa en este proceso. Esto de “nos obligan a reducir gasto público” es empleado no para racionalizar sino para recortar. Y están atacando en frentes diversos: en la financiación, con medidas como el copago y otras que se pondrán en marcha cuando se rompa la cartera única de servicios. También en la provisión, dando entrada a empresas privadas en la provisión de servicios. Lo que está pasando en Madrid con la entrada de fondos de capital riesgo en todos los hospitales nuevos, o aquí en el caso del Hospital de Vigo. Y también en la gestión: se están convirtiendo los hospitales en empresas, y como empresas que buscan beneficios lo que hacen es reducir el gasto en personal y también recortar los servicios que prestan. El libro quiere ahondar en los procesos particulares que se dan en algunas comunidades en las que la contrarreforma está más avanzada, como Madrid, Valencia, Galicia o Aragón.

 

¿Dónde nace esta estrategia?

 

Los grandes capitales, amparados por el Banco Mundial, el FMI o la OMC, vieron en los servicios públicos sanitarios una fuente importante de beneficio económico. En Galicia el 35-40% del gasto público va para sanidad. Estos grandes lobbys privados fueron capaces de imponer esta estrategia, basada en el recorte del sector público, en hacer que los ciudadanos paguen los servicios en el momento de su uso, y también en expulsar a los ’malos clientes’: los pacientes con enfermedades graves, crónicas, costosas... Por eso les van a hacer pagar las prótesis o el servicio de ambulancia.

 

En España vemos los primeros intentos en los años 90, con el famoso modelo Alzira...

 

En Galicia tuvimos el triste honor de ser los primeros, con el Hospital de Verín y la utilización de Medtec como proveedor de servicios de alta tecnología. Pero efectivamente el más conocido es el caso de Alzira, que ya en 1999 le cedió a una aseguradora, Adeslas, la gestión del hospital y la provisión de servicios. Lo que pasó después es que no resultó tanto negocio como pensaban, y el Estado tuvo que rescatarlo y sanearlo. Después hay otras modalidades, como la financiación pública-privada en seis hospitales de Madrid.

 

... O de Vigo, donde se están demostrando los problemas que genera...

 

Lo que pasa con este modelo es que es más caro y necesita una inyección de capital muy potente por parte del sector privada, y en estos momentos el sector privado no invierte. Y eso es lo que lleva a que el nuevo hospital de Vigo esté parado y a que se recortara su estructura para abaratar costes. Y lo mismo en Madrid: como ya no es negocio, la Comunidad les regaló la parte asistencial y la no asistencial. Pero el dueño de estos hospitales ya no es la Consejería de Sanidad, sino empresas de capital riesgo con sede en paraísos fiscales.

 

¿El proceso es doble: por un lado la privatización de servicios y en paralelo la degradación del sistema público?

 

Sí, va todo unido. Aquí en Galicia se ha paralizado la actividad de los hospitales por la tarde, se ha paralizado el Plan de Mejora de la Atención Primaria, prometieron 66 nuevos centros de salud y no hay ninguno, se va a despedir al 15% de los profesionales aprovechando las jubilaciones que no se van a cubrir, los laboratorios van a ser entregados a empresas privadas, el plan de mejora de los hospitales también está parado: en Lugo, en Ourense... En total un recorte de 1.000 millones de euros en tres años en Galicia. Y esto se nota: las listas de espera han aumentado más de un 30%, y eso la parte que reconocen, porque si tenemos en cuenta las listas ocultas, el incremento es del doble.

 

¿Cómo se para esta contrarreforma?

 

Los trabajadores somos afectados, y los ciudadanos también son afectados, y tienen que ser conscientes de que en breve van a tener que pagar por muchos servicios. Por ese motivo es necesario que haya una alianza estratégica entre los ciudadanos y los profesionales de la salud para frenar esta contrarreforma sanitaria. De momento somos un país democrático, y eso significa que si este gobierno sigue realizando estas políticas va a ser expulsado del poder. Ahora se trata de resistir y de poner sobre la mesa alternativas, basadas en la evidencia y en evitar el gasto superfluo y el uso no adecuado de la tecnología. Hay alternativas. Somos uno de los países de Europa que menos gasta en sanidad, y somos uno de los que mejor servicio ofrece, una referencia para casi todo el mundo, y una potencia en trasplantes y en otras áreas. ¿Por qué vamos a destruir algo que funciona bien?

 

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Antifraude investigará al ‘número dos’ de la sanidad catalana

Las empresas que apoderaba Padrosa facturaron 40 millones en tres años a Salud

Foto: Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud (a la derecha), y el consejero de Salud Boi Ruiz.

Oriol Güell / Maiol Roger, Barcelona, en El País.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) —ente público que persigue la corrupción— abrió ayer una investigación de oficio sobre Josep Maria Padrosa, el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que ha compaginado desde enero de 2011 este cargo público con el de apoderado de seis empresas privadas que facturan más de 14 millones de euros al año al propio CatSalut. El paso de la OAC, confirmado a EL PAÍS por fuentes del organismo, llega tras la publicación del caso por este diario y contrasta con la posición del consejero de Salud, Boi Ruiz, que negó “rotundamente” cualquier irregularidad. Dos leyes del Parlamento de Cataluña prohíben que el director del CatSalut tenga vínculos con empresas o entidades proveedoras.

La noticia tuvo ayer un gran impacto en la sesión del Parlamento catalán, donde todos los partidos —menos CiU— exigieron la comparecencia de Boi Ruiz y del propio Padrosa, y avanzaron que solicitarán la destitución del máximo dirigente del CatSalut si sus explicaciones no son satisfactorias. Mientras, la Corporación Fisiogestión empezó a retirar a Padrosa los poderes en sus sociedades —dedicadas a rehabilitación, fisioterapia y logopedia—, según confirmó el administrador del holding, Carlos Núñez.

Boi Ruiz es el expresidente de la patronal sanitaria —la Unión Catalana de Hospitales— y fue nombrado en diciembre de 2010 consejero de Salud por el presidente catalán, Artur Mas, tras la victoria electoral de CiU. Ruiz se llevó consigo al Departamento de Salud a la cúpula de la Unión y eligió a Padrosa para el cargo más importante de la sanidad catalana: la de director del CatSalut, organismo que financia toda la red asistencial —hospitales, centros de salud, servicios sanitarios, ambulancias...— y maneja el 97,9% de los 8.685 millones de presupuesto que Salud tuvo en 2012.

La doble posición de Padrosa cuestiona también la aplicación de los recortes sanitarios, que mientras en los grandes hospitales públicos alcanzan casi el 20% desde 2011, en las empresas de Corporación Fisiogestión apenas ascienden al 9%.

La apertura de la investigación por la Oficina Antifraude está recogida en un documento al que ha tenido acceso este diario, que establece “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación del director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa”. La nota considera que estas “posibles irregularidades” tienen el calado suficiente para que la OAC “acuerde iniciar actuaciones de evaluación” del caso.

El grupo Corporación Fisiogestión, por su parte, emitió un comunicado en el que admite que Padrosa ha mantenido durante más de dos años los poderes en sus empresas mientras era director del CatSalut. Pese a ello, el grupo asegura que tanto su “actuación como la del doctor Padrosa han sido totalmente correctas” y defiende que ha obtenido adjudicaciones públicas con “total transparencia” y “sin ningún tipo de favoritismo”. La nota también niega que Corporación Fisiogestión haya sufrido los recortes en menor medida que el conjunto del sistema sanitario.

En el Parlamento catalán la oposición en pleno pidió explicaciones al director del CatSalut y a Boi Ruiz. A Padrosa, por sus presuntas incompatibilidades y al consejero, como responsable de su nombramiento, conocedor como era de su relación con el sector privado. Este es el primer paso que exige la oposición, y si las explicaciones no satisfacen a los partidos, la mayoría de grupos avanzaron que reclamarán la dimisión de Padrosa.

El PSC registró una petición de comparecencia en la cámara de Ruiz y Padrosa. La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Marina Geli, enfatizó la responsabilidad del consejero. Conocedora de las obligaciones del cargo —fue la predecesora de Ruiz al frente del departamento—, pidió conocer “si se hizo el informe de compatibilidad que debe realizarse para nombrar cada alto cargo”. Geli no anticipó si los socialistas pedirán la dimisión de Padrosa, pero lo dejó entrever: “Escuchadas las explicaciones decidiremos y actuaremos en consecuencia”.

La comparecencia de ambos altos cargos, Ruiz y Padrosa, parece segura porque generó un clamor prácticamente unánime en la oposición. Incluso Esquerra, aliada del Gobierno de CiU esta legislatura, abrió la puerta a forzar las explicaciones de los dos dirigentes en la Cámara. “Haremos lo que debemos hacer: pediremos las explicaciones correspondientes, que se expliquen sobre todo esto. Podría ser en una comparecencia”, avisó Alba Vergés, portavoz de Sanidad de ERC, que no alberga dudas: “La Ley de Incompatibilidades es clara”.

El resto de grupos fueron más contundentes todavía. El partido Popular alertó de que exigirá “la dimisión inmediata” de Padrosa si se constata la incompatibilidad. “En tres años, las empresas que representa han facturado más de 40 millones de euros. Todo, en un momento en la que más que nunca hay que utilizar eficientemente los recursos públicos”, denunció el portavoz del PP, Enric Millo.

El ecosocialista Josep Vendrell abundó en la misma tesis: “Las instituciones deben garantizar más que nunca su credibilidad en época de recortes”, remachó Vendrell. La portavoz de ICV subrayó “la gravedad” de los hechos y lamentó los sucesivos embrollos de la sanidad desde que Ruiz es su responsable en Cataluña: “Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a que haya una puerta giratoria entre el sector público y el sector privado”. Un diagnóstico similar hizo David Fernández, de la CUP, que no dudó en pedir la dimisión de Padrosa y describir su déjà vu con el escándalo.

Ciutadans resumó la situación de la sanidad pública catalana: “Está saqueada, troceada entre grupos de interés y expoliada”, describió Jordi Cañas, que pidió incluir el caso Padrosa en el orden del día de la comisión de investigación de los escándalos de la sanidad catalana.

 

Conflicto de intereses en Madrid

Elena G. Sevillano, en El País.

 

Antonio Burgueño, director general de Hospitales de Madrid, trabajó hace años con Ribera Salud, empresa que licita para conseguir dos de los seis hospitales cuya gestión privatiza el Gobierno regional. El conflicto de intereses, según la oposición, radica en que Burgueño asesora a la mesa de contratación que valorará la oferta que presenta esa misma empresa en el concurso para gestionar los hospitales públicos madrileños. Burgueño fue director asistencial de Adeslas y uno de los padres del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), gestionado por una UTE formada por Adeslas y Ribera Salud.

El portavoz socialista, José Manuel Freire, denunció públicamente hace unos días la presencia de Burgueño entre la lista de miembros de la mesa de contratación. Señaló, además de la propia trayectoria del director general, la de su hijo, que trabajó para Ribera Salud hasta el pasado mes de enero.

El alto cargo no se presentó ayer a la apertura de la oferta técnica de las tres empresas que optan a los hospitales —sin competencia, lo que ha multiplicado las críticas por “reparto”—, pese a que una resolución del 5 de junio le nombra miembro de la mesa de contratación como “asesor”. “Él mismo ha renunciado a estar en la mesa”, aseguró ayer un portavoz de la Consejería de Sanidad, que no precisó si esa renuncia se traducirá en una nueva resolución administrativa que lo acredite oficialmente.

“Me parece correcto que se haya retirado porque puede haber un conflicto de intereses, pero creo que lo hace tarde: ya ha estado involucrado en la decisión de privatizar y en la elaboración de los pliegos”, aseguró Enrique Normand, de UPyD.

 

Y EN PARALELO…

La Generalitat da a entender que ni este año ni el próximo los funcionarios tendrán extra

Unió pide a su líder Duran i Lleida que deje la secretaría general de CiU

20.06.2013, La Nueva España

 

La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, afirmó ayer que «no puede garantizar» que no se suprima una paga extra a los trabajadores de la función pública en 2014, al igual que este año, medida que calificó de «temporal» debido a la crisis y a la situación de las finanzas de la Generalitat.


Así respondió a la pregunta del PSC sobre si «¿En el 2014 habrá recorte, sí o no?». Tras indicar que las rebajas salariales de los funcionarios son medidas «temporales» que la Generalitat se ve obligada a tomar por la situación de la tesorería. «Nosotros actuamos con el máximo rigor, y no le puedo garantizar» si se suprimirá o no una paga en 2014, dijo Ortega.


La vicepresidenta aseguró que su actitud con los sindicatos de la función pública es de «voluntad» de diálogo y de negociación, después de que Collboni le haya recriminado que no se avenga a dialogar.


«Voluntad de diálogo toda, pero engañar no», añadió Ortega, quien previamente aseguró que su gobierno «no hará ni tolerará decisiones bajo coacciones en la mesa de la función pública».


Mientras la crisis en CiU se agrava. Dirigentes de UDC expresaron su malestar creciente contra CDC tras las críticas de su socio de Federación contra el líder democristiano, Josep Antoni Duran, y llegaron a plantear que éste abandone la secretaría general de CiU, después de que éste fuera acusado de generar dudas sobre la consulta por asegurar que no se celebrará.


Por último, el director del Servicio Catalán de Salud (Catsalud), Josep María Padrosa, es a la vez apoderado de seis empresas privadas que en 2012 facturaron al propio Catsalud más de 14 millones de euros. El dato, desvelado por «El País», pone al descubierto nuevamente los vínculos entre el sector público y privado de la sanidad catalana. En junio del año pasado, el presidente del Instituto Nacional se vio obligado a dimitir por un caso similar.

 

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