CONTRARREFORMA NO

Hoy huelga, el domingo 19 nueva “marea blanca”, el 22 más huelga ¡¡no se rinden porque en esto no cabe rendición posible!!

Los trabajadores sanitarios de Madrid, convocados a su segunda jornada de huelga

Los sindicatos instan a movilizarse, de nuevo, contra la privatización de seis hospitales impuesta por el Gobierno de Ignacio González

 

EUROPA PRESS, Madrid.

 

Sindicatos del sector de la sanidad en Madrid han convocado este jueves la segunda jornada de huelga contra la privatización de seis hospitales iniciado por la Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty. El Gobierno regional, a su vez, ha establecido los servicios mínimos, que consisten en la dotación de plantilla habitual en un domingo o festivo, además de unos adicionales en unidades especiales como diálisis o radioterapia, en el caso de los centros hospitalarios.

 

Los paros, convocados por AMYTS, SATSE, AFEM, USAE, FESITESS, AME, SIME (federado en CSIT-UP) y CGT, se iniciaron a las 22.00 horas de ayer y terminaran esta noche, a la misma hora. Un total de 75.000 trabajadores están llamados a secundarla. Las siguientes fechas de huelga sanitaria están programadas para el día 22 (miércoles), el día 29 (también miércoles) y el día 4 de junio (martes).

 

La huelga se fundamenta por la presentación del pliego de condiciones para la gestión sanitaria externalizada de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el Hospital del Sureste, el Hospital del Henares y el Hospital del Tajo.

 

En este último centro sanitario, precisamente, tendrá lugar también la manifestación convocada en la localidad madrileña de Aranjuez, donde se desplegará La Antorcha por la Sanidad Pública.

 

Servicios mínimos

Por otro lado, en los servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad se determina que en los centros de salud con cuatro o más médicos de familia se garantizará la presencia de dos médicos de familia, dos pediatras en cada uno de los centros de salud que cuenten con SUAP, dos enfermeras y un auxiliar administrativo por turno.

 

En los centros de salud con menos de cuatro médicos de familia, se garantizará la presencia de un médico de familia, un pediatra, una enfermera y un auxiliar administrativo por turno, mientras que en administración tendrá que estar el 10% del personal.

 

En los centros hospitalarios se ha establecido la fijación de unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en domingos y/o festivos y personal con guardia programada para cada día de huelga para atender todas las actividades sanitarias urgentes.

 

También se ha considerado necesario fijar unos servicios mínimos adicionales en determinadas unidades como Diálisis, Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos y Hospitalización, Quirófanos, Anatomía Patológica, Hospital de Día Oncología, de SIDA, Pediatría, Médico Quirúrgico y Unidades de Cuidados Paliativos. También en Farmacia, Diagnóstico por Imagen y Otras Exploraciones, Laboratorio, Extracción y Trasplante de Órganos, Radioterapia, Hemodinámica, Admisión y Archivo, Administración, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, e incluso de riesgo vital.

 

En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35%  del total de la plantilla del centro sanitario cada uno de los días de la huelga.

 

Suspensión de operaciones

Por otro lado, la Consejería de Sanidad aseguró que la primera jornada de huelga sanitaria convocada por los sindicatos, el 7 de mayo, provocó la suspensión de 262 intervenciones quirúrgicas, 6.719 consultas y 429 pruebas de radiografía. Ese día también estaban convocados al paro el personal no sanitario del sector.

 

En cuanto a centros, el Hospital Gregorio Marañón con 22 intervenciones quirúrgicas canceladas es el que más anulaciones ha registrado. En el otro extremo, se sitúan el hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda, Hospital Carlos III y el Hospital Severo Ochoa, en el que no se produjeron ninguna cancelación quirúrgica.

 

Desde las organizaciones sindicales se argumenta que el objetivo de los paros es perjudicar lo menos posible a los ciudadanos y que, con ellos, pretenden situar en el debate público la situación que genera este modelo de gestión.

 

Durante esa jornada de paros se produjo la habitual guerra de cifras entre los convocantes y la administración. Así, Sanidad cifró el seguimiento global de la huelga en un 5,26% de la plantilla, mientras que los sindicatos elevaron la participación en un 60% del personal durante el turno de mañana.

 

Marea blanca

Segunda jornada de huelga en la sanidad pública de Madrid

Desde la pasada madrugada los hospitales funcionan como una jornada festiva o un domingo. 75.000 sanitarios están llamados a esta nueva protesta, que tuvo un seguimiento de más del 60% la semana pasada, según fuentes sindicales convocantes.

Digital2.

Los trabajadores de la sanidad pública de Madrid están llamados a una huelga general, la segunda de los paros convocados, días después de conocerse el resultado de la consulta pública que ha mediado entre ambas convocatorias. Un 99,4% del casi millón de personas que participó en el referéndum votaron a favor de una sanidad de carácter universal, pública y de calidad.

 

Este jueves, nuevamente, se protesta contra la externalización de la gestión de seis hospitales y hasta 27 centros públicos de la región. Entre los convocantes de este segundo día de huelga se encuentran Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE- además de AFEM, Fesitess, AME y la CGT. En tota, más de 75.000 trabajadores, que expresan su rechazo al plan de privatización de la Comunidad de Madrid.

 

Por su parte, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha subrayado en las últimas jornadas que seguirá adelante con la hoja de ruta marcada por el presidente regional calificando de "burla" y "parodia" la consulta pública orquestada por la marea blanca y el Movimiento 15-M, con el apoyo de Equo e Izquierda Unida entre otras formaciones.

 

Tampoco la admisión a trámite en el TC del recurso presentado por el PSOE ha frenado la intención del Ejecutivo regional de externalizar la sanidad pública. Con ocasión de esta nueva segunda jornada de paro, el Hospital del Tajo, en Aranjuez ha organizado un acto consistente en el encendido de una antorcha que partirá desde el hospital y recorrerá las calles de la localidad llevada por médicos, enfermeras, pacientes, ciudadanos y personal no sanitario.

 

Con esta llama, los organizacdores quieren transmitir el mensaje de que "la Sanidad pública madrileña es un bien social (la luz de la antorcha) que es de todos los ciudadanos y que debemos cuidar, proteger, custodiar y mejorar pero no vender".

 

Tras la protesta de hoy quedarán otras tres, que tendrán lugar los próximos martes, miércoles y jueves de las semanas sucesivas a razón de un día por cada una de ellas.

Hoy y mañana celebran en Oviedo su II Congreso regional y XII Reunión anual

Los pediatras temen que los recortes pasen factura a la salud de los niños

70 especialistas se dan cita hoy y mañana en Oviedo en el II Congreso Regional de la Asociación de Pediatría de Primaria

Foto: José Ignacio Pérez Candás, presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría.

L. FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.

La salud de los más pequeños podría verse resentida a consecuencia de la crisis y los recortes. De momento es un temor, un temor hecho público desde la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap), que hoy y mañana celebra en Oviedo su II Congreso regional y XII Reunión anual.

Ignacio Pérez Candás, presidente de la entidad, indicó que en una encuesta publicada recientemente por la Asociación Española de Pediatria de Primaria «el cien por cien de los consultados opinaba que la situación de recortes repercutirá negativamente en la salud de la población infantil».

Por ahora, hasta las consultas de los pediatras asturianos no han llegado casos graves, «no hemos visto ningún niño desnutrido», aclara Pérez Candás, «pero sí estamos observando que hay un mayor grado de deterioro entre la población inmigrante, porque tiene menor nivel de contención ante situaciones de precariedad con respecto a la población española, donde los abuelos, con sus pensiones, están actuando de verdadero soporte familiar».

En la reunión que dará comienzo esta tarde en el Colegio de Médicos se darán cita más de 70 especialistas que debatirán, entre otras cosas, sobre la actual situación de la sanidad pública. En este sentido, Pérez Candás hizo hincapié en el alto nivel que ofrece nuestro sistema sanitario: «El modelo público ha permitido que la sanidad en España sea considerada una de las mejores del mundo. Por eso, el presidente de los pediatras de Primaria criticó los procesos de privatización como el que se está llevando a cabo en Madrid. «El objetivo de la gestión sanitaria ha de ser la mejora de la salud, no la obtención de beneficios económicos particulares».

Los pediatras reclaman, a su vez, mejorar su acceso a actividades de formación e investigación. Afirman que en los dos últimos años la Administración asturiana no organizó ninguna actividad formativa y que congresos como el que hoy se inicia intentan suplir esta carencia.

El cónclave arrancará a las 16.45 horas de hoy con la conferencia de Javier Soriano, pediatra del centro de salud de Fuensanta, en Valencia, que hablará sobre el programa de supervisión de salud en la infancia. La jornada del viernes se centrará en la nefrología infantil.

La exclusión empezó cuatro meses antes de implantarse la ley que limita los derechos sanitarios de los extranjeros

Baleares empezó a discriminar a los usuarios de la sanidad sin recursos hace un año

Documentos electrónicos a los que ha tenido acceso la Cadena SER revelan que los coordinadores de los centros de salud recibieron la directriz en mayo de 2012 de no asignar un médico de cabecera a ningún ciudadano sin recursos que pidiera asistencia a la espera de la opinión del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Foto: Martí Sansaloni (PP), actual conseller de Salud en Baleares.

ÁLVARO GIL | Palma de Mallorca, 13-05-2013, en la SER.

La gestión y planificación de la sanidad pública dependía en ese momento de Martí Sansaloni, actual conseller de Salud. Una serie de mails en aquellas fechas revelan como responsables del área estratégica de la Conselleria de Salud, entonces dirigida por Carmen Castro, indicaron a los responsables de admisión de los centros de salud cómo actuar con los 'sin recursos', generalmente inmigrantes en situación irregular.

Así, se explica que "a partir de ahora en cuanto soliciten asistencia se emitirá un impreso con título 'sin nombre de médico'" y se les dará opción exclusivamente a ser atendidos sin cita previa. El matiz no es baladí porque esto supone que al no asignárseles médico se evitaba ya entonces, cuatro meses antes de la polémica aplicación de la ley de Ana Mato, que accedieran a todas las prestaciones del servicio sanitario hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social desbloquease sus limitaciones.

De hecho, uno de los mails recuerda que "si ya tuvieran médico asignado tienen derecho a todas las prestaciones".

Las directrices de los servicios del IbSalud dirigidos por el entonces alto cargo y ahora conseller Martí Sansaloni concluían agradeciendo a los médicos que si visitaban a algún paciente sin recursos, pero con nombre de médico de cabecera asignado y acceso a todas las prestaciones, se lo notificaran inmediatamente.

La oposición va a dedicar el pleno del Parlament mañana martes a pedir explicaciones al Govern por la situación de la sanidad pública que ha desembocado en escándalos como la muerte de Alpha Pam, un senegalés al que se habría cobrado la asistencia en Urgencias sin hacerle las pruebas necesarias para diagnosticar la tuberculosis por la que murió solo en su casa.

El diputado socialista Vicens Thomàs afirma que los documentos revelan que el actual conseller estaba al corriente de una política de discriminación de los usuarios sin dinero antes incluso de que se aplicase la normativa relativa a los extranjeros sin recursos en septiembre.

El caso de Baleares no es único, la Comunidad de Madrid también comienzó a denegar la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' cuando el Real Decreto no se había ratificado.

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Una histórica 'marea blanca' que se hizo visible demasiado tarde

Los ataques a la sanidad pública comenzaron en los años 90, pero no obtuvieron respuesta social hasta este momento, en el que las consecuencias de la privatización y otras medidas neoliberales se han manifestado "de golpe"

 

PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.es

 

1990: La Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya permite el uso de hospitales privados con financiación pública. No hubo respuesta.

 

1991: El Informe Abril Martorell recomienda "reducir el nivel de aportación de cotizaciones de la Seguridad Social" al Sistema Nacional de Salud (SNS) y que los usuarios participen "en el pago de los servicios". La calle consiguió paralizarlo.

 

1997: La Ley 15/97 permite que "la gestión de los servicios sanitarios" se pueda llevar a cabo "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas". Sin respuesta.

 

1999: Nace en el País Valencià el primer modelo público de gestión privada en España, el "modelo Alzira". De nuevo, sin respuesta.

 

2005-2008: Esperanza Aguirre comienza a implantar el sistema en Madrid con la construcción de seis hospitales nuevos. ¿Marea blanca? No; no hasta 2012, cuando su sucesor Ignacio González anuncia un Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público con el que pretende privatizar la gestión de seis hospitales públicos y 27 centros de salud.

 

Los "ataques" contra el sistema sanitario público comenzaron en los años 90, pero no ha sido hasta ahora cuando la sociedad ha salido a la calle, de forma masiva, a darles contestación. Las grandes protestas sanitarias de los últimos meses se han producido dos años después del nacimiento del 15-M y, aunque aparentemente tengan poco que ver ambos movimientos, algunas batas blancas reconocen que las plazas llenas de carteles y debates hicieron, al menos, que se recuperara la ilusión por batallar.

 

"El 15-M nos devolvió la ilusión, consiguió reanimar a todo el mundo, incluyendo a los grandes sindicatos que han vuelto a estar beligerantes en su defensa de lo público y social, como debería haber sido siempre", afirma Pepe Cabanillas, responsable de Salud de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) que ocupa este cargo desde 1998. "Ahora, en la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública hay mucha gente del movimiento y se ha creado una conjunción muy positiva: ellos nos han hecho ver cosas que algunos no veíamos y nosotros les hemos aportado cierta estructura organizativa que ellos, por su espontaneidad natural, no tenían", cuenta Cabanillas. "Su lema de que "no representan a nadie" está muy bien, pero para llegar a ciertos compromisos hay que tener un interlocutor con la Administración y ahí entramos nosotros", aclara.

 

"Yo creo que, en realidad, el 15-M tiene poco que ver con las mareas blancas pero sí es verdad que, en cierto modo, ha animado a la gente a manifestarse y a rebelarse contra el sistema que nos están imponiendo", manifiesta, por su parte, Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "No obstante, el hecho de que la marea se haya hecho multitudinaria se debe a que, hasta ahora, las medidas privatizadoras se iban tomando poco a poco, paso a paso, y han ido pasando desapercibidas hasta que González y [el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández] Lasquetty han sacado este plan que transforma el sistema de forma importante y muy de golpe", explica. "Con los hospitales de Aguirre, por ejemplo, les fue fácil conseguir el apoyo de la ciudadanía, porque eran hospitales nuevos y todo el mundo quería un hospital en su barrio", especifica Sánchez-Bayle. "Ahora, a la privatización de los seis centros de golpe, se han unido las protestas en Castilla-La Mancha contra el cierre de las urgencias, los copagos impuestos por [la ministra Ana] Mato... ha salido todo a la vez y eso ha hecho que la gente abra los ojos", argumenta.

 

"Las políticas neoliberales se han ido desarrollando lenta y sibilinamente, desde el Informe Abril Martorell, pasando por la Ley 15/97, el modelo Alzira o ahora Madrid, que pretende instalar el sistema valenciano pero de una forma muy virulenta", confirma también Carmen Esbrí, coordinadora del observatorio de servicios públicos de ATTAC. "Todos estos ejemplos suponen un auténtico atentado contra los Derechos Humanos porque intentan privatizar un servicio que es uno de los pilares del Estado de bienestar", denuncia. "Las prioridades de un Estado democrático no pueden ser obtener beneficios económicos y guiarse por razones ideológicas que sólo van a provocar mayor sufrimiento y muerte en beneficio de unos corruptos", lamenta.

 

ATTAC, precursor e impulsor del 15-M, en cierta medida, coincide en muchas de las reivindicaciones tanto del movimiento como de la marea blanca. Sin embargo, Esbrí opina que, a pesar de pertenecer a él, "el 15-M, no ha dado fuerza a la marea blanca". "La marea surgió dentro del sistema sanitario, cuando los trabajadores dijeron 'basta ya' y rompieron su silencio. Hasta ahora no se habían percatado de que tenían el demonio encima, pero cuando lo han visto se han plantado", sentencia.

 

En una línea parecida se muestra también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS-Madrid, que opina que ambos movimientos tienen una raíz completamente diferente. "El 15-M nació con la protesta de los hijos de la clase media que veían que no iban a poder acceder al nivel de consumo que se les había prometido. La actual marea blanca, en cambio, igual que la verde, comenzaron siendo luchas laborales, muy lícitas, pero que nada tenían que ver contra la privatización del sistema", asevera. "Muchos de los que ahora salen a la calle a pedir una sanidad pública y se agarran a las pancartas de cabecera permitieron su privatización con anterioridad", critica Gómez, que se muestra firme frente a ambas movilizaciones, aunque también reconoce que tienen "su parte buena". "Al menos ahora la gente, los pacientes, se han enterado de lo que intentan hacer los de arriba", señala.

 

"Nosotros hemos tenido altibajos en cuanto a nuestras movilizaciones en defensa de la sanidad", reconoce Cabanillas. "Hicimos un buen trabajo en la época del aceite de colza o de las vacas locas pero es cierto que en 2008, cuando Aguirre abrió los hospitales PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés) estábamos en un punto muy bajo. Ahora nos hemos dado cuenta de que la expresidenta traía el modelo inglés pero con pretensiones de avanzar hacia el americano", lamenta.

 

División en el movimiento

Otro de los motivos por los que la marea blanca no llegó a ser un tsunami hasta hace poco es la división que existía entre los miembros que la conforman. "Cuando se licitaron los hospitales de Aguirre, en 2005, todos los que ahora agitan la marea se callaron: partidos, grandes sindicatos, trabajadores... Los alcaldes tragaron porque se les prometía un hospital en la puerta de casa y cedieron terrenos públicos para centros que iban a gestionar empresas privadas", recuerda Gómez, de CAS-Madrid. "Antes de eso, cuando nosotros ya estábamos en la puerta del Ministerio de Sanidad protestanto por la Ley 15/97, PSOE y CCOO la apoyaron y los demás, a excepción de IU y BNG, callaron", continúa. "Ahora los partidos quieren arañar los votos de médicos y pacientes y por eso se rebelan contra la privatización, pero... ¿acaso está el PSOE pendiente de lo que pueda pasar con la remodelación de la cartera sanitaria?", se pregunta.

 

Cabanillas, de la FRAVM, reconoce que se cometieron errores en aquella época. "Con la ley 15/97  sí hubo respuesta de CAS y Matusalen y también protestó la Fadsp, que ya existía desde mucho antes [desde el 81, fueron los impulsores -según Marciano- del SNS público y la Ley General de Sanidad], pero es cierto que no fue masiva". "Yo, que ya era miembro de la junta directiva de la Fravm, llegué a tener rifirafes con mi propio sindicato [está afiliado a CCOO] porque yo ya veía que el final de aquella ley era la privatización", relata. "Ni CCOO ni el PSOE vieron venir, o no quisieron ver venir, en aquel entonces, la que se avecinaba", confirma. "Creían en un sistema mixto, pero ahora han tenido que rectificar, cuando se han dado cuenta de que el "todo privado" del PP significa dar mucho dinero público a unos pocos y poco al resto".

 

"FRAVM ya quiso tirar entonces de los grandes sindicatos pero tampoco lo vieron venir. Éramos cuatro los que advertíamos de esto, nadie se creía lo que decíamos, nadie pensó en lo que iba a venir, ni mucho menos en que fuera a venir tan rápido", lamenta Cabanillas. "Ahora estamos mucho más unidos, se han dado cuenta de que ellos son necesarios dentro del movimiento, pero sin que las banderas de cada pata del mismo -que son necesarias- lleguen a tapar el trabajo de todos por alcanzar un objetivo común", concluye

 

Protesta "sostenible" en el tiempo

Comparten un objetivo común, pero cada organización de la marea blanca propone distintos modos de llegar a él. No obstante, ninguna de las plataformas consultadas por Público se plantea constituirse en partido político "para no dividir más" y, aunque la idea de promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) como sí ha hecho -sin el éxito esperado-  la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) les parece buena, no creen que pueda llegar a buen puerto dada la mayoría absoluta de que goza el PP. También coinciden en su intención de seguir luchando, siempre, por la sanidad pública, aunque difieren en el cómo. 

 

"A nosotros no nos quieren ni en el bloque de Afem+Patusalud ni en el de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a asociaciones de vecinos, partidos y sindicatos de la Mesa Sectorial", bromea el portavoz de CAS-Madrid. "El problema es que nosotros llamamos a las cosas por su nombre", añade y cita un ejemplo: "Afem no quiere hacer un análisis político de esta situación, dicen que no están en contra de la sanidad privada, sino de la privatización de la pública. En CAS sí estamos en contra de la privada porque la privada también lleva 30 años comiendo de la pública", especifica Gómez. ¿Cómo avanzar en la lucha? "A largo plazo deberíamos sentarnos y atacar de verdad a las causas que han desmantelado la sanidad pública, extender la movilización a todo el Estado y concienciar a la gente para que defienda lo que es suyo y reclame un sistema de protección social real", apuesta.

 

Carmen Esbrí también cree que "se necesita un cambio mucho más profundo, un cambio en el modelo político neoliberal y corrupto por uno justo". "Y eso no se va a conseguir con los reformistas, sino con los que realmente creen en la democracia, los que creen que las personas son lo primero y no las cuentas en las islas Caimán". "La sanidad, en realidad, no es un problema, porque invertir en sanidad es pagar para el futuro y todo lo demás es un genocidio. El problema actual de la sanidad es un problema ideológico, de corrupción, de querer hacer negocio con la vida de las personas", continúa. "A estos hay que ponerles la cara colorada, sacarles del puesto que les han cedido, denunciar su vanidad, su uso ilegítimo de la democracia", concluye.

 

Para Cabanillas, de la FRAVM, la movilización debe continuar, pase lo que pase finalmente con los hospitales de Madrid: "Hay que seguir luchando independientemente de que lleguen a privatizarse". "También hace falta estructurar un movimiento más amplio en toda España, porque la privatización, después de Valencia, Castilla La-Mancha y Madrid seguirá extendiéndose", aventura.  "Sobre todo -añade- hay que ponerle freno a la clase política para terminar con la corrupción y el despilfarro".

 

Sánchez-Bayle, presidente de la Fadsp resume, más o menos, lo expuesto anteriormente por sus compañeros de faena. "Las luchas para el futuro son tres: la primera, desmontar los planteamientos ideológicos que justifican los ataques a la sanidad pública, llegar a que el 99% de la población a la que le han recortado sus derechos se rebele contra ello", comienza la enumeración. "En segundo lugar, hay que conseguir que la movilización social sea sostenible en el tiempo para que no pase como ahora, que ha tenido altibajos desde los años 90 y ha pasado lo que ha pasado. Esto es como una maratón: no hay que salir primero, sino llegar al final lo mejor colocados posible", metaforiza. "Por último, tiene que haber un cambio electoral: la izquierda tiene que tener la posibilidad de convertirse en mayoría, siempre que los partidos tengan claro el compromiso con lo que representan los movimientos sociales: los partidos tienen que representar a las mayorías", concluye.

Éxito de la consulta popular

La consulta contra la privatización sanitaria recaba más de un millón de votos

La plataforma quiere ahora escanear las firmas recogidas y enviarlas a la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados y el Senado

11.05.13 - A. P. | MADRID, en El Comercio.

La consulta popular contra la privatización de centros sanitarios, que terminó el viernes por la noche, ha recabado en menos de una semana más de un millón de votos, de los que 924.733 se obtuvieron de forma presencial en 1.399 mesas repartidas en la Comunidad de Madrid y otros 157.474 a través de internet.

Los organizadores estiman que la iniciativa ha estado coronada por el éxito y aducen que los votos por internet proceden de toda España, entre ellos 55.924 votos de Madrid, 12.686 de ciudadanos de Valencia, 5.168 de Alicante, 4.905 de Barcelona, 3.971 de Vizcaya y 3.803 de Las Palmas.

El referéndum popular, que atacó con virulencia el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, fue auspiciado por 75 organizaciones de trabajadores, de ciudadanos y sindicales con el fin de conocer la opinión de los madrileños sobre el proyecto del Gobierno regional. Los responsables de esta campaña informarán mañana de los resultados del recuento de votos.

 

Envío al Congreso

Los ciudadanos podían firmar contra la privatización de los centros en las mismas mesas en que respondían a la pregunta: "¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?". La plataforma quiere ahora escanear las firmas recogidas y enviarlas a la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Coincidiendo con la huelga de la sanidad convocada por diez sindicatos, el Gobierno de Ignacio González dio a conocer el pasado martes los pliegos para la privatización de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), del Henares (Coslada), Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez).

En otro orden de cosas…

Solidaridad de America Latina con las movilizaciones contra la privatización sanitaria en España‏

Finalizó el encuentro del Nodo Argentina del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud

El Ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello, junto a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, clausuraron la segunda y última jornada del VI Seminario y II Encuentro del Nodo Argentina del Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud, que en 48 horas produjo mesas redondas con la participación de 31 destacados profesionales del extranjero y del país.

El evento fue organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud con el objetivo de producir o integrar información para facilitar un proceso de comunicación virtual o presencial sistemático sobre los aspectos relevantes que fortalecen los sistemas públicos y universales de salud y las políticas que inciden en las inequidades en salud.

La FADSP participo activamente en el Encuentro y el seminario presentando ponencias sobre Financiamiento de los sistemas de salud y una propuesta de barómetro sobre la privatización de los sistemas de salud.

OBSERVATORIO

El Observatorio es una iniciativa interinstitucional, intergubernamental de carácter nacional e internacional, constituido por una red de observatorios en los diferentes países participantes. Es una iniciativa sin fines de lucro que tiene como propósito colaborar con el fortalecimiento de los sistemas públicos universales de salud organizados y coordinados por la atención primaria, apoyando los espacios interinstitucionales de articulación y vinculación entre gobierno (local, regional, nacional), actores y sujetos sociales que actúan en el área de salud (universidades, ONG, redes, entre otros) y luchan por el derecho a la salud (movimientos sociales, organizaciones sociales, entre otros).

Los participantes en el encuentro expresaron su solidaridad con las movilizaciones de la ciudadanía y los profesionales de la sanidad en España para detener el proceso de privatizaciones sanitarias y señalaron lo erróneo de una política de recortes y destrucción de los sistemas públicos de salud, y los efectos muy negativos sobre la salud que estas mismas intervenciones tuvieron cuando se aplicaron en América Latina

COMUNICADO DEL PASADO DIA 8

LA ADSP DE MADRID SE CONGRATULA DE LA ADMISION A TRAMITE POR EL CONSTITUCIONAL DEL RECURSO CONTRA LA PRIVATIZACION DE HOSPITALES‏

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid se congratula de la admisión a trámite del recurso presentado por senadores del PSOE contra la privatización total de 6 hospitales madrileños. Esta admisión a trámite por el Tribunal Constitucional pone de relieve que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no solo esta actuando contra la opinión mayoritaria de la ciudadanía y de los trabajadores de la sanidad, sino que además lo hace contra las leyes que protegen el derecho a la salud de la población.

Este debería ser un buen momento para retirar los pliegos y reconsiderar el plan privatizador.

En todo caso es una razón más para continuar las movilizaciones

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
8 de mayo de 2013

Omisión del deber de socorrer y denegación de auxilio

Un juez investigará el caso del senegalés que murió sin atención hospitalaria

El Gobierno balear retira las cartas de compromiso de pago para extranjeros en las urgencias

Andreu Manresa, Palma de Mallorca, en El País.

Un juzgado de Inca (Mallorca) deberá investigar si existen responsabilidades penales en el caso de la muerte por tuberculosis del inmigrante senegalés, Alpha Pam, de 28 años, que pereció el 21 de abril en su casa, sin haberle diagnosticado la enfermedad. A lo largo de más de dos meses, no recibir una asistencia hospitalaria adecuada ni, tampoco, fue objeto de las pruebas radiológicas que reclamó ante la persistencia de sus dolencias pulmonares. El 25 de febrero acudió a un centro de salud por primera vez.

El grupo econacionalista Més, minoría de oposición al Gobierno de Baleares, del PP, formuló ayer una denuncia penal en la que señala que los hechos "pueden ser constitutivos, entre otros, de un delito de omisión del deber de socorrer y de denegación de auxilio". La diputada Fina Santiago, que destapó este asunto junto a Médicos del Mundo, hizo un paralelismo: “si dirigentes del PP denuncian un escrache por sentirse presionados, aquí se denuncia por la muerte de una persona”.

El inmigrante del Senegal, que llevaba ocho años en España, tuvo que abonar dos veces una factura de la atención al sistema público de salud de Baleares por no tener tarjeta sanitaria, según denunció su compañero de piso en un escrito. En los servicios de urgencias del hospital de Inca al que acudió existían hojas de compromiso de pago que debían rellenar y asumir los extranjeros sin cobertura. Trabajadores de la red hospitalaria afirman que ésta era una manera de disuadir a los inmigrantes indocumentados. El Gobierno niega que se tratara de una forma sistemática de cobro y asegura que en las urgencias siempre se atendió a los extranjeros necesitados.

Después del escándalo, la Consejería de Salud retiró los formularios de cobro, vetó la práctica y anunció que retornaría el dinero percibido a los afectados. La consejería se escuda en que se trata de un error de interpretación de las decisiones del Ministerio de Sanidad sobre la atención sanitaria a los sin papeles, que desde septiembre 2012, se quedaron sin tarjeta sanitaria.

Al aparecer el primer relato-denuncia por la muerte de Alpha Pam, el 3 de mayo, el Gobierno regional atacó a los políticos denunciantes y defendió la bondad de la actuación del sistema público. El presidente, José Ramón Bauzá, y el consejero de Salud, Martí Sansaloni, aseguraron, a la prensa y en el Parlamento, que el paciente fallecido fue atendido en tres ocasiones: en el centro de salud y el hospital comarcal. Salud reconoció que se le dio un antiinflamatorio por una bronquitis aguda, sin internamiento ni placa radiológica. Ahora investigan el procedimiento y los detalles de un caso “puntual”.

Un compañero de la víctima K.A.G. detalló a la cadena SER que Alpha tuvo que pagar dos de las visitas médicas y que en una ocasión le denegaron la atención al ser rechazada su tarjeta del consulado de Senegal. Después le obligaron a firmar un compromiso de pago. Al no tener fondos, no consiguió la atención que solicitaba, dice la nota-queja manuscrita del amigo.

En la denuncia, que es no una querella criminal, los dirigentes del grupo Més aseguran que el inmigrante falleció “después de que se le denegara una adecuada atención sanitaria por no tener tarjeta". En el escrito entregado se solicita la declaración del consejero de de Salud, Martí Sansaloni, del director del Hospital de Inca, Fernando Navarro, del compañero de piso del fallecido, K.A.G., y de los representantes de las entidades Prosocial y Médicos del Mundo.

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Foto: Factura de un Hospital del SESCAM por un parto… VER AMPLIADA (en Avilés de seguro reconocen la firma del Director de Gestión)

09-05-2013, TERESA RUBIO en Cadena SER

Es lo que están oyendo decenas de inmigrantes irregulares cuando llegan enfermos a las urgencias de algunos hospitales. Se les ha retirado la tarjeta sanitaria, no tienen derecho a la atención primaria ni a la especializada y pagan íntegramente los medicamentos cuando, en general, se trata de miembros de un colectivo en riesgo de exclusión. La reforma sanitaria asegura la asistencia en urgencias a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que a los españoles.

Médicos del Mundo tiene documentados decenas de casos de facturación en Canarias, en Madrid, en Castilla la Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en Baleares o en Aragón. La mayoría son casos de inmigrantes sin papeles, tratados en urgencias, único lugar al que pueden acudir según el Real Decreto Ley 16/2012 por el que el pasado mes de septiembre se retiraron las tarjetas sanitarias a cerca de 900.000 inmigrantes.

Según esta norma, los inmigrantes sin tarjeta sanitaria sólo tendrán garantizado el derecho a la asistencia en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica; asistencia al embarazo, parto y postparto; menores de dieciocho años y solicitantes de protección internacional (asilo y refugio). Pues bien, según Médicos del Mundo la ley se ha vulnerado en todos los casos menos en el de protección internacional.

Se han encontrado con casos de facturas sanitarias por asistencia a niños y embarazadas donde la norma especifica claramente que deben ser atendidos e integrados en el sistema como cualquier beneficiario español.

También asegura Médicos del Mundo que en varios de estos casos se ha obligado a firmar a los inmigrantes, antes de atenderles medicamente, un compromiso de pago por la asistencia.

Este domingo es el día mundial dedicado a estas dolencias también afectadas por los recortes.

21.000 asturianos con fibromialgia y fatiga crónica

Son dolencias aún catalogadas como raras y cuyos afectados suelen sufrir años de espera antes de ser diagnosticados

Foto: Paloma González Barrio, presidenta de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Principado de Asturias (AENFIPA).

LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

20.000 asturianos con fibromialgia y otros mil con fatiga crónica. En total, 21.000 personas residentes en el Principado afectadas por enfermedades mal catalogadas como raras y cuyos afectados en ocasiones llegan a esperar años antes de que se clarifique su diagnóstico. Ambas dolencias, que este domingo celebran su día mundial, cursan con trastornos músculo-esqueléticos que dificultan el día a día de los enfermos. Quienes las padecen suelen sufrir cansancio permanente, dolor persistente y rigidez en músculos y tendones. Su origen, tal y como explica Paloma González Barrio, presidenta de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Principado de Asturias (AENFIPA), es desconocido. Afecta a un 4% de la población general, de la que un 85% son mujeres y un 15%, hombres. La fatiga crónica mantiene el mismo perfil de género, aunque cursa en el 1% de los adultos.

Paloma González, la actual presidenta de los afectados de fibromialgia en Asturias, empezó con los primeros trastornos (hinchazón en las manos) a los 27 años pero no fue hasta los 40 que le dijeron que lo suyo era una enfermedad de difícil pronunciación de la que «poco se sabía y se conocía», recuerda.

 

Apoyo emocional

Para hacer visible una dolencia que aún permanece a la sombra y «normalizar» la situación, la AENFIPA ha organizado esta semana una serie de actos que arrancaron ayer con un ciclo de conferencias en el Auditorio Príncipe de Asturias, en Oviedo. Magdalena Muguiro Loring, psícologa de la asociación, se refirió a la importancia del apoyo emocional. «El estrés sostenido en el tiempo hace que el sistema nervioso y hormonal se desajuste. De ahí, la importancia de controlar y reconocer las emociones, en esta y en otras muchas dolencias crónicas», indicó la especialista, quien insistió que «con esto no quiero decir que se trate de una enfermedad de origen psicológico como han querido hacer ver durante muchos años de manera errónea».

Colectivos como la Asociación de Fibromialgia no escapan a los efectos de los recortes, tanto a nivel administrativo como entre los pacientes que ven como se limita el acceso a tratamientos. En este sentido, Paloma González indicó que varios de los fármacos retirados en junio pasado de la financiación pública «son cremas y geles antiinflamatorios muy utilizados por los enfermos y que ahora tenemos que pagar de nuestro bolsillo». Asimismo, AENFIPA corre el riesgo de quedarse en junio próximo sin el trabajo de la fisioterapeuta y la trabajadora social al no sacar el INEM las subvenciones para empleo.