LEGISLACION

Nuevo recorte “injusto innecesario y excesivo” a los más débiles ¡¡como siempre con este PP!!

Fecha de caducidad para las prejubilaciones

El Gobierno castiga las jubilaciones anticipadas y parciales pero salva de la reforma los despidos colectivos de las grandes empresas firmados antes de abril

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Ver el texto del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, publicado hoy en el BOE.

Manuel V. Gómez, en El País.

El Gobierno ha aprobado la reforma de la reforma de pensiones de 2011. Lo hizo ayer. En ella, hay una cruzada visible contra las prejubilaciones con un objetivo: retrasar la edad real de jubilación. Pero la batalla es desigual. Por un lado, el Consejo de Ministros decretó el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y parcial: desde abril se va a exigir más edad y más años cotizados, y, además, se pagarán menores pensiones. Por otro, respetará la legislación vigente —más favorable para el trabajador— para los prejubilados procedentes de despidos colectivos firmados antes del próximo 1 de abril, aunque, eso sí, tendrán fecha de caducidad: 2019.

La ofensiva contra las prejubilaciones no se queda en la reforma parcial de las pensiones. También contempla, como adelantaba ayer EL PAÍS, un cambio sustancial en la llamada enmienda Telefónica, la que obligaba a las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores a pagar el desempleo de los despedidos en ERE mayores de 50 años. Ahora las empresas solo tendrán que asumir este coste si, entre los afectados, el porcentaje de mayores de 50 años supera el porcentaje de la empresa. Además, también se creará la obligación si la compañía encadena dos años con beneficios en el periodo comprendido entre el ejercicio anterior al ERE y los cuatro posteriores.

La última línea de ataque contra las prejubilaciones sigue el endurecimiento del subsidio para desempleados mayores de 55 años. “Así hay menos posibilidades de que esa persona entre el juego de las prejubilaciones”, afirmaban ayer en el Gobierno.

“Las recomendaciones de la Unión Europea siempre han ido en la línea de acercar la edad real de jubilación a la edad legal”, justificó ayer la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.

La reforma de la reforma de 2011 ha sido una imposición de Bruselas. A comienzos de este año tenía que entrar en vigor en toda su extensión el texto aprobado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que contaba con un amplio apoyo social (se pactó con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme) y político (prácticamente todo el arco parlamentario votó a favor, excepto el PP, que se abstuvo, y la oposición de IU-IcV). Aquella reforma tenía una clave de bóveda: el retraso paulatino de la edad legal de jubilación hasta que en 2027 se alcancen los 67 años. Pero a la Comisión Europea ese periodo transitorio le parecía muy extenso, así que recomendó que se acortara.

El Gobierno español se resistió. Negoció en Bruselas otras medidas a cambio, que, en teoría, se saldan con más ahorro a corto plazo. Logró su propósito y se comprometió a endurecer la jubilación anticipada y parcial más de lo que ya lo hacía la reforma de 2011. Así que lo que hizo el Ejecutivo el pasado diciembre fue permitir que el 1 de enero entrara en vigor toda la norma de Zapatero tal y como estaba previsto, excepto en la parte que se había comprometido a retocar.

El compromiso no le ha salido gratis al Gobierno. El encontronazo con sindicatos y empresarios ha sido importante. Unos y otros querían que entrara en vigor la reforma de 2011 y hacer los cambios necesarios tras ver su funcionamiento. Una posición similar ha encontrado el Ejecutivo entre los integrantes del Pacto de Toledo. Pero cuando se trata de elegir entre Bruselas y el Parlamento, ya se sabe, el Gobierno, sea del PSOE o del PP, elige a la primera.

Y si Bruselas aceptó el cambio, es porque el resultado final que exige es el mismo: menor gasto en pensiones. El endurecimiento del acceso a la jubilación parcial y anticipada —estadio final y habitual del prejubilado— acaba por traducirse en retiros más tardíos y, por tanto, un aumento de la edad real media de jubilación (casi 64 años) para acercarla a la edad legal (en 2013, 65 años y un mes). Siguiendo con la hipótesis, esto supone que a la larga el sistema gasta menos. Y así lo ha calculado la Seguridad Social, que estima que cuando todas las medidas aprobadas ayer estén plenamente en vigor, en el año 2027, el ahorro ascenderá a unos 5.000 millones.

Límite: 1 de abril

Por el número de afectados, el cambio más significativo atañe a la jubilación anticipada. Crea dos modalidades: una forzosa para los afectados por despidos colectivos y una voluntaria para el resto. Ambas endurecen la norma vigente en la actualidad, aunque más en el segundo caso. Hay una importante excepción: los afectados por despidos colectivos pactados antes del 1 de abril y registrados en la Seguridad Social antes del 15 del mismo mes se regirán por la norma vigente (la anterior a la reforma de ayer). Es decir, para los prejubilados como los de Iberia o Bankia, aunque sean despedidos después del 1 de abril, regirá la norma antigua.

La excepción no es baladí por un doble motivo. El número de afectados por ERE que se encuentra en los últimos años de su vida activa se cuenta por miles, solo en la banca más de 7.000. La segunda causa es más compleja: la norma de 2011 preveía que a los afectados por despidos colectivos y convenios pactados tras su publicación se les aplicara la nueva ley; ahora en cambio se regirán por la norma vieja, más favorable al trabajador (e indirectamente, a la empresa, ya que le hace más barata la indemnización).

A la vista de este corto plazo, lo previsible es que en pocos días se produzca una avalancha de pactos. Para muestra un botón: ayer por la tarde, apenas dos horas después de que se conociera la nueva norma, el Grupo Santander cerró un pacto con los trabajadores por el ERE que estaba negociando para Banco Santander y Banesto.

Pero si hay una medida que reducirá gasto son los nuevos obstáculos en la jubilación parcial. La reforma eleva las trabas a esta modalidad de retiro que en unos años acabará por convertirla en un aspecto residual de la normativa laboral. También confía el Gobierno en que ayude a “contribuir a la sostenibilidad del sistema” en una importante novedad para la Seguridad Social española: la posibilidad compatibilizar salario y pensión.

Por último, la norma que ayer vio la luz abre la puerta a la siguiente reforma: la introducción del factor de sostenibilidad. Para definir este índice, que se traducirá en una reforma automática y periódica del sistema según la esperanza de vida y otros factores, el Gobierno designará una comisión de expertos antes de un mes.

El subsidio para mayores de 55 dependerá de las rentas de la unidad familiar

RTPA

El Gobierno ha endurecido el acceso al subsidio para los mayores de 55 años y ha establecido que, para cobrarlo, no se tendrán en cuenta como hasta ahora sólo las rentas del beneficiario sino las de la unidad familiar.

Así, se considerará que existe carencia de renta cuando ésta no supere el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (641,30 euros para 2013) excluida la parte de las pagas extraordinarias.

Esta medida se incluye en el real decreto ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

En paralelo, los mayores de 55 años serán prioritarios en materia de políticas activas de empleo, según ha informado el Ministerio, que ha confirmado que esta medida no afectará a quienes están cobrando el subsidio en la actualidad y que sólo se aplicará en las nuevas solicitudes.

El subsidio para mayores de 55 años se sitúa en la línea de otros programas, como el plan Prepara, que contempla la ayuda de 400 euros para desempleados sin cobertura.

El Gobierno excluyó de dicho plan a los desempleados que convivan con sus padres si éstos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia.

La legislación vigente considera que son ingresos suficientes 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar.

Por otro lado, las empresas con 100 o más trabajadores que hagan despidos colectivos e incluyan a mayores de 50 años tendrán que costear su prestación por desempleo si entre el año anterior al despido y los cuatro años siguientes al mismo encadena dos ejercicios positivos.

Según la norma, las aportaciones deberán realizarse cuando exista discriminación por razón de edad en los despidos, es decir, cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años incluidos en el despido colectivo, sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa.

Además, se introduce una modificación relativa al requisito de obtención de beneficios.

Así, además de las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo como ocurría hasta ahora, se incluyen las que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio anterior al despido y los cuatro posteriores al mismo.

Eso supone que si una empresa con 100 empleados hace un despido colectivo y afecta a 20 trabajadores de los que sólo 2 son mayores de 50, y, a su vez hay 25 trabajadores mayores de esa edad, la empresa no tendrá que hacer la aportación al Tesoro.

¿Cómo me afecta la reforma de la jubilación parcial y anticipada?

Retirarse antes de tiempo será más difícil y supondrá una menor pensión

Hará falta más edad, más cotización y aumentan las penalizaciones

Miguel Jiménez, Madrid, EN El País.

El decreto ley aprobado ayer por el Gobierno hará más difícil jubilarse antes de la edad legal y además supondrá para quienes lo hagan un mayor coste. También se complica la jubilación parcial. En cambio, se abre la puerta a compatibilizar trabajo y el 50% de la pensión. Estas son las principales medidas:

Para acceder a la jubilación anticipada

• Más edad. Hasta ahora, la edad de acceso era de 61 años. Ahora, será la inferior en 4 años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Así, ira pasando de 61 años y un mes a 63 años.


• Desde el paro. Se puede acceder cuando el cese en el trabajo es involuntario, consecuencia de una situación de crisis o cierre de la empresa. Quienes la soliciten deben haber estado inscritos como parados, al menos, 6 meses.


• Más cotización mínima. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización efectiva exigido. A estos efectos, se puede computar hasta un año de mili o de prestación social sustitutoria.


• Más penalización. Se endurecen los coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento de la jubilación anticipada, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe de la pensión no podrá superar la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.


• Nueva jubilación anticipada voluntaria. Junto a la jubilación anticipada forzosa, que era la única que existía hasta ahora (aunque a veces se distrazasen de tales acuerdos voluntarios entre la empresa y el trabajador) se crea ahora una jubilación anticipada voluntaria. La edad de acceso deberá ser inferior en dos años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Es decir, irá pasando de los 63 años y un mes actuales a los 65 años. En este caso, harán falta 35 años de cotización efectiva (se podrá computar uno de mili u objeción de conciencia). Además, los coeficientes reductores son más agresivos (ver tabla). El importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. Es decir, esta figura no es compatible con complementos a mínimos.


Para acceder a la jubilación parcial

• Más edad. Se eleva progresivamente la edad de acceso hasta llegar a los 63 siempre y cuando se tenga 36 años y 6 meses cotizados o más y hasta llegar a los 65 años si cuenta con 33 años cotizados o más.


• Menos reducción de jornada. Sigue habiendo que acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. La reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial debe estar entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50% (antes, el 75%). Se puede llegar al 75% (antes, al 85%) en los casos en que el trabajador que releve al jubilado parcial sea contratado a jornada completa mediante un contrato fijo, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.


• Más periodo de cotización. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial.


• Base de cotización creciente. Se mantiene la exigencia de que la cotización correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del jubilado parcial. Además, durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa, si bien este punto se aplica gradualmente comenzando con un 50% de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa e incrementándose un 5% cada año hasta llegar al 100%.


Para trabajar y cobrar pensión a la vez

• La mitad de la pensión. Se facilita la posibilidad de cobrar el 50% de la pensión ser a la vez trabajador en activo, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial.


• Cotización solidaria. Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales, aunque se introduce una llamada “cotización de solidaridad” del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador). Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.


• También para funcionarios. Al final, el Gobierno ha decidido establecer para los funcionarios condiciones semejantes para compatibilizar empleo y pensión.


REACCION…

Los sindicatos acusan al Gobierno de incrementar la desprotección social

En un comunicado conjunto, CC OO y UGT denuncian que "vuelve a utilizar como excusa" la situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social "para imponer un nuevo recorte injusto, innecesario y excesivo"

16.03.13 - AGENCIAS | MADRID

Los sindicatos CC OO y UGT han acusado al Gobierno de incrementar la desprotección social y de vulnerar el Pacto de Toledo y el acuerdo social y económico de 2011 al aprobar en Consejo de Ministros una nueva reforma que afecta a la jubilación anticipada y parcial y al subsidio de desempleo de los mayores de 55 años. En un comunicado conjunto, los sindicatos denuncian que el Gobierno, en lugar de hacer valer las fortalezas del sistema de pensiones ante la UE, "vuelve a utilizar como excusa" la situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social "para imponer un nuevo recorte injusto, innecesario y excesivo".

A su parecer, es "innecesario" porque la reforma de la jubilación anticipada y parcial ya estaba prevista en otra ley con un "amplio acuerdo social y político"; es "injusto" porque se basa en gran medida en la traslación de una "idea falsa" de los jubilados anticipados; y es "excesivo" en un momento en que la crisis y las reformas han facilitado el despido y disminuido las redes de protección social. Además, critican al Gobierno por no haber convocado la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Pensiones de 2011 para informar de sus pretensiones, al tiempo que advierten de ciertas diferencias entre las propuestas que se remitieron al Congreso en noviembre y los textos que se han ido filtrando a los distintos medios de comunicación.

En concreto, creen que genera una "especial preocupación" la información referida a la reforma del subsidio de mayores de 55 años, que es el principal recurso de protección social que tienen los trabajadores que han sido despedidos al final de su vida laboral y, en la mayoría de los casos, su única fuente de ingresos y cotización hasta la jubilación.

CC OO y UGT recuerdan que el verano pasado ya sufrió un "importante recorte" al elevar la edad de 52 a 55 años, reducir la base de cotización hasta la mínima y limitar la duración del subsidio hasta la primera fecha posible de jubilación, cuando antes podía utilizarse hasta la fecha de jubilación ordinaria. Tras la reforma aprobada este viernes, además, se dejarán de tener en cuenta los ingresos sólo del trabajador para acceder al subsidio y pasarán a utilizarse los de su unidad familiar, lo que supone un "castigo adicional" para las familias solidarias que acogen a estos desempleados.

Asimismo, se cambia la regulación de la compatibilidad entre pensión y empleo, algo que no consideran "urgente ni necesario" en un momento en el que hay cerca de 2,5 millones de jóvenes sin empleo, con una tasa de actividad de las personas de más de 55 años débil y con más del 50% de los trabajadores mayores 55 años de edad expulsados del mercado laboral por motivos de desempleo o discapacidad. En este sentido, advierten de un "claro riesgo" de planificación empresarial y "efecto sustitución" en el empleo si no se articulan garantías legales e inspectoras suficientes. "Es imprescindible evitar que, como consecuencia de la compatibilidad, los trabajadores en activo sean sustituidos por otros con menores costes de cotización", subrayan.

Entre los Acuerdos del Consejo de Gobierno del P. de Asturias celebrado ayer

Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Sanidad, y Cruz Roja Española.

Acuerdo con Cruz Roja para el Centro Comunitario de Sangre

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Sanidad, y Cruz Roja Española para establecer las condiciones de la colaboración entre ambas en relación con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

El acuerdo recoge que el Centro Comunitario tiene la competencia en la realización, sin ánimo de lucro, de la promoción, obtención, preparación, procesamiento, almacenamiento, preservación y distribución de sangre y sus derivados y de todo tipo de tejidos humanos susceptibles de ser utilizados clínicamente. Además, tendrá entre sus fines fomentar la investigación científica y promover la formación de profesionales en los campos de interés de este organismo.

La financiación del Centro Comunitario se realizará mediante los ingresos procedentes de su propia explotación, así como de las subvenciones otorgadas a su favor por la Consejería de Sanidad y la Cruz Roja, pero también de otras instituciones de índole pública o privada que quieran contribuir al mantenimiento del mismo.

Con independencia de las competencias que pudieran corresponder a Cruz Roja Española como entidad titular, el Centro Comunitario estará regido por una junta rectora, presidida por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y un gerente. Además, se creará una comisión de seguimiento encargada de asegurar la coordinación entre las partes y velar por lo establecido en el presente convenio.

El convenio propuesto extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre y podrá prorrogarse por periodos de un año previo acuerdo de las partes, salvo que con anterioridad a dicha fecha se haya constituido una entidad que ostente la titularidad del Centro Comunitario y asuma sus funciones.

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Al margen de evitar vacíos manteniendo con carácter provisional a los directores de las UGC las nuevas convocatorias deberían corregir el defecto en las 7 áreas anuladas y en todas las demás que adolecen del mismo defecto o ¿hay que impugnarlas también?

Los jefes del Hospital Central destituidos por una sentencia serán repuestos en sus cargos

08.03.2013, Oviedo, P. Á., en La Nueva España

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) difundió ayer un comunicado en el que anuncia que mantendrá en sus puestos -en régimen de comisión de servicios y con carácter provisional- a los cinco directores de áreas de gestión clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cuyo nombramiento fue anulado la semana pasada a causa de una sentencia.

En su nota, el Sespa señala que presentará «antes de un mes» una nueva convocatoria para la provisión de las citadas plazas que cumplirá con las exigencias formuladas por los jueces. Y agrega que «la mejor garantía de un correcto funcionamiento de este modelo (...) es el mantenimiento en sus puestos de los profesionales que han desempeñado hasta la fecha estas tareas», lo que viene a significar que retornarán a sus responsabilidades de forma estable.

La citada resolución judicial fue la respuesta a un recurso presentado por una enfermera del HUCA que rechazaba que las direcciones de área estuvieran reservadas para licenciados en Medicina y no abiertas a trabajadores de otras categorías.

Sanidad mantiene a los directores de gestión del HUCA y anuncia otra convocatoria

08.03.2013 - L. FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

La Consejería de Sanidad anunció ayer que mantiene en sus funciones a los directores de las áreas de gestión clínica del HUCA cuyos nombramientos fueron impugnados por orden judicial. En el plazo de un mes, la Administración sanitaria sacará otra convocatoria para las siete unidades cuyas designaciones, que datan de hace tres años, tuvieron que ser anuladas a raíz de un fallo judicial.

La designación de los directores de las áreas de Pulmón, Pediatría, Medicina Interna, Laboratorio de Medicina y Neurociencias se hace ahora en comisión de servicios y tiene carácter provisional. La convocatoria de 2010 fue anulada por excluir a la enfermería.

NOTA OFICIAL EN LA WEB DEL P. DE ASTURIAS:

El Servicio de Salud mantiene a los directores de las áreas de gestión clínica del HUCA en comisión de servicios

El Sespa prepara una nueva convocatoria para la provisión de las plazas afectadas por la sentencia que anula el anterior concurso

07/03/2013

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha decidido mantener al frente de las unidades de gestión clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) afectadas por la sentencia que anuló las siete convocatorias a los mismos profesionales que desempeñan el cargo en estos momentos. El nombramiento se hace en comisión de servicios y tendrá carácter provisional, hasta que se produzca la adjudicación de los nuevos concursos.

El Sespa considera que es imprescindible dar continuidad a las funciones de dirección de las distintas áreas de gestión clínica para seguir ofreciendo una atención sanitaria segura y de calidad. Asimismo, cree que la mejor garantía de un correcto funcionamiento de este modelo y del cumplimiento de sus objetivos asistenciales es el mantenimiento en sus puestos de los profesionales que han desempeñado hasta la fecha estas tareas.

La decisión del Servicio de Salud afecta a las direcciones de las unidades de gestión clínica de Pulmón, Medicina Interna, Laboratorio de Medicina, Neurociencias y Pediatría. Las otras dos áreas a las que hace referencia el fallo judicial, Nefro-Urología y Salud Mental, permanecían vacantes en el momento de producirse la sentencia y han sido recientemente cubiertas también de modo provisional por profesionales de reconocido prestigio.

La resolución del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo anula la convocatoria porque estaba restringida a licenciados sanitarios. El Servicio de Salud presentará antes de un mes una nueva convocatoria para la provisión de las siete plazas de dirección. 

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En Una Resolución publicada en el BOPA el pasado 25 de febrero

El Sespa retira a los gerentes la competencia para decidir sobre la exclusividad médica

05.03.2013 - L. FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

Los gerentes ya no podrán decidir sobre las peticiones de renuncia a la exclusividad médica. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) les ha retirado las competencias de las que hasta ahora gozaban las gerencias sanitarias a la hora de determinar si daban curso o no a una petición sobre exclusividad y, con ello, a la renuncia del complemente específico que los médicos cobran por ejercer sólo en la pública.

El Sespa ha adoptado esta determinación después de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia emitida el 6 de noviembre de 2012, echara abajo la exclusividad médica obligatoria. La administración sanitaria asturiana la impuso en 2003, convirtiéndose en la única comunidad autónoma donde los facultativos (de todas las categorías) no pueden compatibilizar trabajo público y privado. El Servicio de Salud abrió un periodo para que los médicos que querían seguir ejerciendo en la privada así lo hicieran constar. Desde entonces, hace ya diez años, todos los facultativos del Sespa que no hayan renunciado por escrito a la exclusividad están obligados a trabajar únicamente en la sanidad pública.

Criterio homogéneo

Para evitar «disfunciones en la tramitación de los expedientes de renuncia al complemento específico», el Sespa ha revocado las competencias que desde agosto de 2012 tenían los gerentes de las áreas sanitarias, así como a los jefes de la unidad del programa marco de atención a urgencias y emergencias sanitarias. Por otra parte, la Consejería de Sanidad continúa trabajando en la elaboración de una nueva normativa para regular la nueva exclusividad médica. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Sespa está buscando fórmulas legales para que los médicos de la sanidad pública no puedan renunciar fácilmente a la exclusividad. Sanidad quiere regular por ley la renuncia de los facultativos a la dedicación exclusiva. Después de nueve años, el Principado se ha visto obligado a modificar su normativa, única en España, tras un fallo del Constitucional que declaró ilegal la exclusividad médica forzosa de Asturias. Ahora, la consejería que dirige Faustino Blanco asegura que elaborará una ley que próximamente remitirá a la Junta General, y advierte de que la renuncia a la exclusividad «tendrá condiciones».

El Colegio de Médicos de Asturias ya anunció que si el Principado sacaba adelante una ley para limitar el acceso a la exclusividad recurriría la medida.

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Ninguno de los comparecientes en la JGPA pertenecientes al mundo asociativo ha apoyado la desaparición de la Procuraduría General de Asturias, todo lo contrario

Alertan de "un nuevo distanciamiento" entre políticos y ciudadanos

Expertos y asociaciones defienden la labor de la Procuradora General especialmente en época de crisis

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS)

Expertos y asociaciones asturianas han defendido este lunes la labor desarrollada por la Procuradora General del Principado, especialmente en una coyuntura económica como la actual, dado que entienden que ante la crisis y las dificultades sociales y económicas que padece la ciudadanía sus funciones son "más necesarias que nunca".

Así lo han apuntado durante las comparecencias informativas acerca de la Proposición de Ley del Principado de Asturias de supresión de la Procuraduría General en el marco de la Comisión de Presidencia que se ha celebrado esta mañana en sede parlamentaria.

En concreto, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida ha incidido en que los defensores del pueblo son órganos de intervención directa para desarrollar la función de control de los parlamentos. De este modo, ha incidido en la inmediatez y proximidad que, dice, les han valido su "éxito" a todos los niveles.

No obstante, ha resaltado que el Defensor del Pueblo español "no cumple la función de inmediatez", por lo que sostiene que "la duplicidad más bien habría que achacársela al Defensor del Pueblo" toda vez que ya existen las procuradurías o defensores del pueblo de carácter autonómico. "Es necesario defender la dignidad de la autonomía asturiana y proteger un órgano auxiliar del parlamento asturiano", ha argumentado.

El experto ha propuesto, además, la unificación con otras figuras autonómicas como del defensor del menor o del anciano como fórmula de ahorro y eficiencia. "Este órgano en época de crisis es realmente importante", ha dicho, calificando de llamativo que el PSOE se sume a esta iniciativa de supresión, rechazada por IU y defendida por Foro, PP y UPyD.

LAS ASOCIACIONES PIDEN QUE SE RECONSIDERE

Junto con el criterio del catedrático de Derecho Constitucional, el conjunto de los representantes de asociaciones que han comparecido en la Junta General han mostrado su apoyo unánime a la Procuraduría General, coincidiendo en pedir que se reconsidere la idea de suprimirla y en su lugar, se potencie su actividad, que entienden "prioritaria".

Por ello, han pedido a los grupos parlamentarios que reflexionen sobre la labor de este órgano en defensa de los derechos de la ciudadanía, fundamentalmente de los colectivos vulnerables, "más allá de los intereses de los partidos" para evitar que "una institución útil e independiente" sufra "la crónica de una muerte anunciada". "Sería una vuelta atrás sin justificación", han dicho, alertando de "un nuevo distanciamiento" entre la clase política y los ciudadanos.

En esta línea se han posicionado los representantes de Amnistía Internacional de Asturias, de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), de ACCEM, de Cáritas Diocesana de Asturias, de Proyecto Hombre, de la Fundación Secretariado Gitano, de la Fundación Siloé de Asturias, de la UCE-Asturias, de la Coordinadora de ONGs de Cooperación de Asturias, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Asturias y del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Asturias (Cermi).

Con todo, han agradecido al Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad su invitación para exponer su opinión sobre la Procuraduría General, incidiendo en que no todo puede analizarse en base a la rentabilidad económica, dudando, además, de que la supresión suponga un ahorro significativo. "Cómo se evalúa la rentabilidad cuando se trata de la protección de los derechos de los ciudadanos", han preguntado desde las asociaciones a los miembros de la Comisión.

LOS GRUPOS

Los grupos parlamentarios han agradecido la intervención de los comparecientes, destacando la diputada de IU Noemí Martín su aspiración a que lo dicho hoy se tenga en cuenta en la tramitación de la Ley.

La diputada Marina Huerta ha hecho hincapié en el valor de las comparecencias y el diputado de UPyD Ignacio Prendes ha defendido que "sí hay alternativa" para mantener la función de la Procuradora General en la Junta General.

Desde el PP, el diputado Matías Rodríguez ha dicho que hay medidas que sin ser las que se quisieran adoptar son "obligadas" en épocas de crisis, desde la máxima de "evitar las duplicidades". "La época de bonanza de 2005 ya pasó", ha comentado, en referencia al año de creación de la Procuraduría. "Apostamos porque este gasto se reoriente a los colectivos", ha añadido.

Al respecto, la presidenta de la Coordinadora Asturiana de ONGDs,  Mercedes González, ha incidido en que las asociaciones quieren "luchar por derechos, no por una caridad".

Finalmente, la diputada socialista Judit Flórez se ha comprometido a atender las sugerencias, al tiempo que ha puesto en valor el anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno. Además, ha explicado que en caso del PSOE la supresión no se apoya en razones económicas sino en otras de carácter administrativo.

En este sentido, Francisco Bastida ha señalado que "no convencen" las razones de los grupos para la supresión de la Procuraduría. De lo contrario, considera que obedecen a una "insensibilidad doble", de falta de aprecio a la autonomía asturiana y de carácter social por no proteger la función que desempeña la Procuraduría, "que podrá mejorarse o redimensionarse, pero que no será sustituida por ninguna alternativa".

Asimismo, ha lamentado la postura de los socialistas, al considerar que su compromiso para la constitución se debía a atender la petición de IU, por aquel entonces socio de Gobierno, al igual que ahora su compromiso con la supresión atiende a la exigencia de UPyD como socio minoritario. "A mi juicio es lamentable que un grupo socialista, que debe mostrar sus prioridades sociales más que ningún otro, apoye la supresión de un órgano necesario", ha concluido.

En la misma línea, el portavoz de la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Víctor García, ha pedido a los grupos que, si realmente van a tener en cuenta la postura del tercer sector, "reconsideren" la proposición para que no se lleve a efecto y "no se destruya" la institución.

Rechazo de varias asociaciones a la Ley de supresión del Procurador General

RTPA

En la Junta General del Principado ha comenzado la ronda de comparecencias de la Proposición de Ley de supresión del Procurador General. Una iniciativa legislativa secundada por todos los grupos parlamentarios menos por Izquierda Unida. 

Los diputados han escuchado a los respresentantes de 13 asociaciones y al catedrático de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida. Todos han expresado su rechazo a la eliminación de la figura del Defensor del Pueblo en Asturias.

Bastida, ha abogado por "mantener" la continuidad del Procurador General, y ha dicho que la Junta General debería "hacer una iniciativa legislativa para restringir, en la medida de lo posible, la función del Defensor del Pueblo".

Ha defendido "instar una modificación para que las defensorías autonómicas sean competentes para controlar todas las Administraciones radicadas en un territorio", y "si se quiere mayor eficacia", eliminar las "singulares" que hay en la región, en referencia a las del Menor y Anciano, para "centrarlas en la Procuraduría General".

Para Bastida, si se suprime este órgano se "prescinde de un elemento de control, que no va a ser suplido por una comisión de esta Cámara", y "se desampara en época de crisis a colectivos vulnerables, que son los que acuden a la defensoría"

Por su parte, los partidos políticos, que han declinado realizar preguntas, han dejado, en el caso de IU, abiertas sus aspiraciones a "corregir" la ley durante su tramitación; el Grupo Mixto ha planteado "buscar alternativas" y el PP ha reiterado que son medidas "necesarias" pese a que no son "las que más" les gustan.

El responsable de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández, ha expresado su "preocupación por proyecto de supresión", y ha indicado que durante más de 6 años de existencia de la Procuraduría, ésta ha desarrollado una "extensa labor, ha elaborado observaciones, además de las resoluciones emitidas, ha ofrecido informes y explicaciones sobre derechos de los ciudadanos".

La presidenta de la Federación de Mayores, Dolores San Martín, que ha expresado la "sorpresa" que ha causado la propuesta de supresión, se ha referido a la Procuraduría como "una figura correcta, clave para la ciudadanía por proximidad y cercanía con el movimiento asociativo".

La portavoz de Cruz Roja de Asturias, Celia Fernández, ha revelado que en la Procuraduría han encontrado "colaboración y entendimiento", y que "siempre ha estado dispuesta a ayudar y facilitar el trabajo",

El presidente de Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez, ha dicho que "se propone suprimir" al Procurador cuando "lo habría que potenciar", ha advertido que "no se cuestiona su trabajo" y que "defender los derechos de los más débiles nunca puede ser un lujo".

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha opinado que la desaparición propuesta "debilitaría el control", y ha pedido a los grupos políticos que "reconsideren mutilar" un órgano "fundamental" para los ciudadanos.

"Error y paradoja" conviven en opinión del portavoz de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, Carlos Ponte, con la propuesta de supresión del Procurador, que "ahondaría en la fractura y distancia entre la calle y la política".

La más flagrante demostración de la inoperancia absoluta de nuestros representantes, sean estos sindicales o políticos

BECAS: ¡¡Para laborales SI, para estatutarios NO!!

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para el personal laboral del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) incluido en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos de Salud Mental, Hospital Monte Naranco y Hospital General de Asturias, durante el curso 2009/2010, con hijos e hijas con discapacidad. 

PDF de la disposición 

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del personal laboral del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) incluido en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos de Salud Mental, Hospital Monte Naranco y Hospital General de Asturias, durante el curso 2009/2010. 

PDF de la disposición 

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal laboral del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) incluido en los ámbitos de aplicación de los convenios colectivos de Salud Mental, Hospital Monte Naranco y Hospital General de Asturias, durante el curso 2009/2010. 

PDF de la disposición 

El proyecto elevará de 16 a 18 años la edad autorizada para el consumo de alcohol en el Principado

Sanidad llevará a la Cámara una ley integral de prevención, tratamiento e integración social de la drogodependencia

El consejero Faustino Blanco promoverá un gran pacto social que garantice el cumplimiento de la normativa

La encuesta Edades 2011 revela un consumo más moderado de alcohol entre los menores de 18 años en Asturias, así como una menor frecuencia de las intoxicaciones etílicas

21/02/2013, en la WEB del P. de Asturias

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha anunciado que su departamento trabaja ya en la elaboración de una ley integral de prevención, tratamiento e integración social de la drogodependencia, que elevará la edad autorizada para el consumo de alcohol de los 16 a los 18 años para homogeneizarla con la normativa del resto de España.

El titular de Sanidad ha realizado este anuncio este jueves ante el Pleno de la Junta General, donde ha recordado que la promulgación y puesta en marcha de la ley es uno de los compromisos de legislatura del Gobierno presidido por Javier Fernández.

Blanco se ha mostrado convencido de que, con la implicación de todos, este cambio legal contribuirá a reducir los consumos entre los más jóvenes, pero también en la población adulta, reducirá la siniestralidad asociada al alcohol, especialmente en materia de tráfico y accidentes laborales, y contribuirá a generar un debate social constructivo.

El consejero ha avanzado que los profesionales que trabajan en el Plan sobre Drogas iniciaron este mes las consultas y los grupos de trabajo con expertos en la materia. Así, de acuerdo al calendario previsto, el borrador inicial de la ley podría estar listo en mayo y ser remitido en torno al mes de septiembre a Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión a la Cámara.

Faustino Blanco ha instado a todos los actores implicados a sellar un gran pacto social que contribuya a garantizar el cumplimiento de la ley. “Aunque la ley sea necesaria, no se puede cometer la hipocresía de promulgarla y dejarla que camine por sí sola a la inanidad, porque no tendría efectos”, ha advertido.

En este sentido, ha reconocido la escasa efectividad de la Ley 5/1990 de prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 16 años, carente de mecanismos jurídicos de aplicación, así como la prolija corrección de las normativas nacionales y autonómicas, centradas en la regulación de aspectos parciales de un problema multifactorial.

Durante su intervención en sede parlamentaria, ha insistido en que las leyes por sí mismas no tienen efecto si no se garantiza su cumplimiento, que debe implicar necesariamente a distintos agentes de la sociedad, desde los ayuntamientos hasta el sector de la hostelería, pasando por las fuerzas de seguridad, el medio educativo y las familias. 

En lo que respecta a los consumos, se ha remitido a los últimos datos de la Encuesta Estatal sobre Alcohol y Drogas en Población General en España, Edades 2011, que revela un consumo más moderado de alcohol entre los menores de 18 años en Asturias, así como una menor frecuencia de las intoxicaciones etílicas en ese grupo de edad, en relación con el conjunto del país. En concreto, según este estudio, un 43,8% de los jóvenes de entre 15 y 17 años encuestados en España había consumido alcohol en el último año, frente al 41,8% en el Principado.

El consejero ha recordado también que en Asturias los consumos se mantienen prácticamente estables desde el año 2007, con un ligero descenso en la ingesta diaria, que es la de mayor riesgo y ha pasado de un 11,5% en 2009 a un 11,2 en 2011, fecha de realización de la encuesta. Los datos son asimismo positivos en el consumo detectado en los últimos treinta días, que cae desde un 74,4% en 2009 a un 67,9% en 2011. Por último, en el caso de las intoxicaciones etílicas agudas registradas en el último año, su prevalencia ha descendido considerablemente a lo largo de toda la serie histórica.

INTERVENCION DEL CONSEJERO AYER ANTE LA COMISION DE SANIDAD DE LA JGPA 

Consejero de Sanidad: Interpelación sobre la ley integral de prevención, tratamiento e integración social de la drogodependencia

Oviedo, 21 de febrero de 2013

Señor Presidente, señorías…

Las distintas Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencia, han regulado diversas normas para afrontar el problema de prevención de las adicciones, bien sea regulando con carácter específico sobre el alcohol o sobre el conjunto de productos, centrándose más bien en el tipo de sustancia que en el carácter morboso que condicionan los determinantes sociales del consumo y del abuso y de las consecuencias para la salud.

En el caso de Asturias, es cierto que uno de los compromisos de legislatura de este Gobierno es la promulgación y puesta en marcha de una Ley integral de prevención, tratamiento e integración social de la drogodependencia, en la que se incorporará la elevación de la edad de prohibición del consumo de alcohol a mayores de 18 años. Así lo manifestó el presidente en su discurso de investidura, como usted bien expone, señoría, de la misma manera que yo me pronuncié cuando comparecí ante la Comisión de Sanidad para presentar el programa de gobierno en esta materia.

En concreto, lo que manifesté fue que “volveremos a traer aquí el debate sobre este problema que es para los asturianos de la mayor trascendencia. Impulsaremos los trabajos necesarios para poder traer a esta Cámara el desarrollo de una Ley de Prevención integral sobre Drogas”.

La tendencia general en la normativa nacional y autonómica ha sido ir desde el control policial y la prohibición normativa, a la más reciente de reducción de riesgos. La regulación de aspectos parciales de este problema multifactorial ha condicionado una prolija corrección de las normativas o aposiciones sucesivas para ir paliando los vacíos de las anteriores.

Es cierto que la Ley 5/1990, de prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 16 años, ha quedado obsoleta por no decir que su efectividad ha sido muy escasa por diversas razones. Entre ellas, el hecho de que esta norma no tuviera claros mecanismos jurídicos de aplicación, así como del procedimiento probatorio, ha hecho esta ley inservible para hoy y escasamente útil desde su promulgación.

Una vez desarrollada la Ley del Menor, que fija la mayoría de edad a los 18 años, esta ley ha sido claramente cuestionada. En el consenso nacional, el resto de Comunidades Autónomas han acordado fijar en 18 años precisamente la edad legal para consumir alcohol.

En el debate científico se ha planteado la eficacia de la elevación de la edad legal para prevenir los efectos del consumo. Aunque es controvertido, algunas revisiones científicas señalan evidencias de que las leyes prohibicionistas consiguen reducir la mortalidad por accidentes derivados del consumo de alcohol.

Sin embargo, si nos ponemos a analizar los datos de consumo de alcohol por menores en Asturias y lo comparamos con el resto de España, podemos obtener conclusiones que divergen de lo anterior.

Edades 2011

La Encuesta Estatal sobre Alcohol y Drogas en Población General en España, Edades 2011, revela un consumo más moderado de alcohol entre los menores de 18 años en Asturias, así como una menor frecuencia de intoxicaciones etílicas en este grupo de edad, en relación con el conjunto del país. En concreto, un 43,8% de los jóvenes de entre 15 y 17 años encuestados en España había consumido alcohol en el último año, frente al 41,8% en el Principado.

En Asturias los consumos se mantienen prácticamente estables desde el año 2007, con un ligero descenso en la ingesta diaria, que es la de mayor riesgo, y ha pasado de un 11,5% en 2009 a un 11,2 en 2011, fecha de realización de la encuesta. Los datos son asimismo positivos en el consumo detectado en los últimos treinta días, que cae desde un 74,4% en 2009 a un 67,9% en 2011. En el caso de las intoxicaciones etílicas agudas registradas en el último año, su prevalencia ha descendido considerablemente a lo largo de toda la serie histórica.

Estos resultados autonómicos de la encuesta fueron presentados en enero por el director general de Salud Pública y su equipo. En dicha presentación también se señaló que se está trabajando ya en la modificación de la Ley de Prevención Integral sobre Drogas, que elevará la edad autorizada para el consumo de alcohol de los 16 a los 18 años, para homogeneizarla con la normativa del resto de España.

Más allá del alcoholismo, el problema de las drogas debe tener un enfoque general, basado en las condiciones sociales, ambientales y culturales donde este fenómeno ocurre y lo que debe perseguirse en su regulación es la reducción de daños, la rehabilitación y la reinserción de los enfermos.

El uso de diversas drogas, los modelos de consumo y el inicio en estas prácticas está vinculado a un tipo de comportamiento social donde se dan fenómenos tan diversos como el atracón semanal (binge drinking) o el uso de los espacios públicos para consumir “el botellón”, convirtiéndose también en un problema de convivencia. Esta tendencia a consumos más agresivos en jóvenes es un indicador preocupante.

Además, al igual que con el tabaco, se está dando un fenómeno de igualación del consumo por sexos, aumentando en mujeres. La prevalencia de binge drinking en España a los 15-19 años ha aumentado desde 20 a 21,8% (consumo en los últimos 30 días) en hombres y mucho más en mujeres que ha pasado de 13,7 a 17,2% desde 2007 al 2011.

La necesidad de legislar

Sobre la necesidad de legislar en esta materia, que comparto como ya he dicho, creo importante resaltar lo siguiente:

-   Lo primero que debemos destacar es que nuestro patrón de borracheras era mayor que el de España, pero en 2010 ambos patrones se han igualado.
-   Las normativas no parecen influir en el patrón de bebidas. Según datos de la última Encuesta EDADES a población general (2011), en Asturias se consume más alcohol que en España en la población mayor de18 años y menos en la población de 15 a 17 .
-   Lo que quiero aquí es exponerles el significado del planteamiento preventivo del Plan de Drogas que se llevó a cabo en la anterior legislatura.

Este se basaba en dos pilares:

-   Las leyes por sí mismas no tienen efecto si no se garantiza su cumplimiento, o al menos se progresa en él. Más del 70% de los jóvenes de 15 años obtienen alcohol comprándolo directamente.
-   Este cumplimiento implica necesariamente a distintos agentes de la sociedad, desde los Ayuntamientos hasta el sector de la hostelería, pasando por las fuerzas de seguridad, el medio educativo y las familias. Es necesario definir el papel de todos esos agentes que intervienen en la prevención y coordinar las actuaciones intersectoriales en el ámbito de la disponibilidad, de la prevención, de la asistencia sanitaria y social del fenómeno de las drogodependencias.

Con esto no quiero decir que la situación correcta sea la que hay en Asturias y no la que existe en el resto de las CCAA. Al contrario, es necesario plantearse una modificación legislativa y, por esa razón, es un compromiso de este Gobierno.

Debe plantearse por tres razones fundamentales:

-   Toda la evidencia científica señala que el aumento de la edad para el consumo no sólo disminuye este consumo, sino que actúa como elemento protector sobre un Sistema Nervioso Central en fase de desarrollo.
-   Además, se ha evidenciado que el aumento de la edad de consumo reduce la siniestralidad asociada al alcohol, especialmente en materia de tráfico.
-   La Administración Pública, a través de sus actos, emite mensajes a la sociedad sobre las preocupaciones por temas concretos y contribuye a generar debates que tienen efecto sobre el problema. Se ha visto como el debate social sobre las leyes del Tabaco contribuyó (incluso más que la propia Ley) a reducir el consumo de Tabaco.

Es por ello que la nueva Ley integral de prevención, tratamiento e integración social de la drogodependencia incluirá este aspecto, pero también medidas para llevarlo a cabo. Desde el Gobierno llamamos a un gran pacto social que debe implicar a todos los actores en el problema. Aunque la Ley sea necesaria, no se puede cometer la hipocresía de promulgarla y dejarla que camine por si sola a la inanidad, porque no tendría efectos.

Por último, no es cierto que “a pesar del tiempo transcurrido la situación permanezca invariable y los compromisos estén sin cumplir desde la aprobación de la resolución”.

Le recuerdo que este Gobierno se formó en mayo y, supongo que, siendo usted parlamentario, de sobra conocerá los tiempos y procesos que conlleva elaborar una norma de esta envergadura.

Estamos, como no podía ser de otra manera, trabajando en su elaboración.

Este es el calendario:

• Febrero de 2013:
  • Consultas y Grupos de Trabajo con expertos/as en la materia por parte del personal del Plan sobre Drogas.
  • Recopilación normativa y bibliográfica. Bases de la evidencia científica de los planteamientos.

• Marzo- Abril 2013:

• Formación y desarrollo del trabajo de los distintos Grupos de Participación Institucional y Comunitaria.
• Elaboración de documentos de los distintos grupos.

• Mayo 2013:

• Elaboración del borrador inicial.
• Remisión a los participantes en los Grupos de Trabajo. Recogida de aportaciones.
• 1ª Revisión del Borrador.

• Junio 2013:

• Nueva remisión del Borrador  a los participantes. El cuerpo general ya no se modifica y se recogen cambios menores y matizaciones.
• Presentación a la Dirección de la Consejería

• Septiembre 2013:

A Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión a la Cámara.

Según los datos de las experiencias piloto en Andalucía y Navarra, han conseguido reducir las visitas al médico y el coste y la duración de las bajas

El paciente ya no deberá renovar su baja médica cada semana

El Gobierno ultima un real decreto que permitirá estar hasta 35 días sin ir a consulta

Se estandarizará el tiempo medio de curación de cada patología

Elena G. Sevillano, en El País.

Supongamos que un trabajador acaba de someterse a una operación delicada, por ejemplo, un trasplante de hígado. Pese a que su baja laboral va a ser larga, tiene que acudir —él o alguien en su nombre— a la consulta del médico cada semana a buscar el parte de confirmación de su baja. ¿Tiene sentido? Los médicos de familia llevan años denunciando que no. Calculan que un 40% de su tiempo se va en burocracia, y la gestión de la incapacidad temporal (IT) por enfermedad supone una parte nada desdeñable. Un trámite engorroso, tanto para el paciente como para el médico, que tiene los días contados. El Gobierno ultima un decreto que eliminará la necesidad de acudir cada siete días a renovar la baja, según se recoge en un borrador de real decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La nueva norma, que están elaborando conjuntamente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el de Sanidad, prevé estandarizar los tiempos medios en los que se cura cada enfermedad para así poder alargar el lapso entre visitas al médico hasta un máximo de 35 días. El texto del borrador, fechado el 21 de enero y que ahora están analizando las comunidades autónomas y las sociedades científicas, crea cuatro categorías de bajas en función de la duración estimada del proceso: menos de cinco días naturales, entre cinco y 30 días, entre 31 y 60 días y 61 días o más.

El primer grupo correspondería, por ejemplo, a una gripe. Si el médico cree que el trabajador no estará enfermo más de cinco días, emitirá un parte de baja y a la vez el de alta. En el caso de las patologías de recuperación más lenta, las que necesitan un mínimo de dos meses, el borrador de decreto prevé una revisión médica antes de 14 días desde la baja, con su correspondiente parte de confirmación. A partir de entonces, el trabajador podrá estar hasta 35 días sin pasar por la consulta para cumplir con este trámite administrativo.

Comunidades como Andalucía y Navarra han puesto en marcha en los últimos años proyectos piloto para gestionar de manera diferente a la actual la incapacidad temporal por enfermedad. Según sus datos, han conseguido reducir las visitas al médico y el coste y la duración de las bajas. En Navarra, por ejemplo, ya son 25 los centros que trabajan con el nuevo modelo que gestiona las bajas y las altas con criterios clínicos y no administrativos —prescinden del parte semanal de confirmación y únicamente hacen los controles sanitarios necesarios—. Empezaron en mayo de 2010 con cinco centros de salud. “En la actualidad, aproximadamente el 60% de la población trabajadora de Navarra está sujeta al nuevo modelo de gestión de la IT”, explica la directora general de Salud, Cristina Ibarrola.

La crisis ha disminuido en general el número de bajas, su duración media y el número de jornadas perdidas, añade Ibarrola. Sin embargo, “ese cambio se nota de una manera más acusada en los centros con el nuevo modelo de gestión”, asegura. Y pone un ejemplo: “La duración media de las bajas es 1,1 días menor en las zonas con este nuevo sistema”. Se nota especialmente en los procesos de duración muy corta, corta o media, añade. Hace unos meses, el departamento de Salud navarro hizo públicos datos según los cuales las bajas por gripe duraban 4,1 días en zonas con el nuevo sistema y 5,1 en zonas con el tradicional; en caso de esguinces de tobillo, eran 10 días con el nuevo y 16,6 días con el antiguo. Navarra emite el parte de baja y de alta en una misma consulta para incapacidades inferiores a 10 días.

Andalucía puso en marcha un sistema similar en enero de 2010, aunque basado en dar por adelantado los partes semanales. Dos años después, según datos de su Consejería de Salud, los médicos andaluces habían pasado de destinar el 17% de su tiempo de trabajo a gestionar bajas a hacerlo solo en el 4% de su jornada. De los 8,5 millones de consultas dedicadas a la gestión de la incapacidad temporal antes del programa piloto, 6,5 se correspondían con partes de confirmación semanales.

“Agradecemos lo que supone de descarga del trabajo burocrático. Las bajas son actos administrativos que poco tienen que ver con el trabajo del médico”, asegura Isidoro Rivera, vicepresidente tercero de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Su organización sugiere subir de 35 a 45 días, “o más”, el tiempo que puede pasar entre visita y visita en las patologías largas. “Imagine una persona aquejada de cáncer, cuyo tratamiento va a ser muy largo. No debería venir a renovar cada poco tiempo”, explica.

“Los partes son una pérdida de tiempo”

La vicepresidenta de Semfyc ve con buenos ojos el nuevo sistema de incapacidad temporal

E. G. S., Madrid, en El País.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que representa a unos 20.000 profesionales de atención primaria en España, ha sido una de las organizaciones más críticas con el actual sistema de incapacidad temporal (IT). Su vicepresidenta, Ana Pastor, considera el real decreto “una mejora”.

Pregunta. La reforma de la gestión de las bajas era una demanda histórica. ¿Cómo valora que se vaya a cambiar el sistema?

Respuesta. Supone un gran avance, que necesita un último esfuerzo, sobre todo porque falta criterio clínico. Se ha pedido la colaboración de las sociedades de primaria y esperamos que se tenga en cuenta nuestra valoración.

P. ¿Cuánto tiempo destina un médico de familia a la burocracia, y en concreto a las bajas?

R. Un porcentaje no despreciable consiste en realizar tareas burocráticas. De todas, la que menos sentido clínico tiene y menos se relaciona con nuestro trabajo es la expedición de partes de confirmación de IT cada semana porque sí, no porque el paciente necesite ser visto. Esto supone una pérdida de tiempo para el paciente y para el médico. Los partes de confirmación son cada siete días y yo puedo necesitar ver a mi paciente cada dos días o cada dos meses.

P. ¿Qué ventajas tendrá para los pacientes?

R. No necesitarán hacer visitas a su médico carentes de sentido clínico, sino que irán cuando lo necesiten. En muchas IT hay que hacer tratamientos complicados, pedir ayuda a la familia y los amigos para la compra, cuidar a los hijos, y, además, pedirle a alguien que vaya todas las semanas a por un parte.

P. ¿Cómo se determinará la duración de las bajas?

R. Se van a estandarizar por patología y por tipo de trabajo. Además, serán orientativos, una ayuda para establecer una cadencia para la dispensación de los partes de confirmación.

P. ¿Cree que la división en cuatro grupos que propone el ministerio es adecuada?

R. Pensamos que se puede simplificar y establecer tres grupos: inferior a siete días sin revisión; entre 7 y 28 días, con revisión entre los días 7 y 14; y superiores a 28 días con revisión entre los días 14 y 28, partes cada 28 días.

P. En el caso de pacientes hospitalizados, ¿seguirá firmándoles la baja el médico de familia como hasta ahora?

R. El proyecto de decreto especifica claramente que la baja debe hacerla el médico que reconoce al paciente. Pensamos que hay que ser aún más explícito, e insistir en ello, ya que la normativa anterior decía esto mismo y con mucha frecuencia acababa en la consulta del médico de familia.