O.P.E. y RR.HH.

Cosas que se discuten en la Mesa General de Función Pública, que nos afectan, pero de las que nos enteraremos cuando estén consumadas

El Principado cambia la ley, para elegir «a dedo» a todos sus mandos y eludir el control judicial

La reforma permite a la Administración regional esquivar sentencias que juzgan excesivo el recurso a la libre designación - La medida afecta a 3.000 funcionarios y permite nombrar sin concurso de méritos a jefes de servicio, coordinadores, letrados y hasta a los chóferes

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El Gobierno regional quiere aprovechar la reforma de la ley de Función Pública para poder designar «a dedo» a la totalidad de los cargos de media dirección de la Administración regional. El cambio en esta ley permitirá al Ejecutivo asturiano esquivar el cumplimiento de varias sentencias que perdió porque los tribunales consideraron excesivo el uso que se hacía en el Principado del sistema de libre designación y que anularon varios concursos convocados por el Ejecutivo asturiano.

La reforma la ley, aún en fase de discusión en la Mesa General de la Función Pública, es similar a la aprobada en la Comunidad de Valencia, donde gobierna el PP, y podría afectar a unos 3.000 funcionarios la plantilla actual de la Administración regional, afectados por las designaciones en distinto grado. De prosperar la iniciativa del Principado, el Gobierno regional tendía capacidad para nombrar «a dedo» a los jefes de servicio, a los letrados de la Administración autonómica, a los asesores y coordinadores y hasta los puestos de secretaría de despacho y de los chóferes de los altos cargos regionales, entre otros.

La reforma de la ley de Función Pública es uno de los compromisos contraídos por el Ejecutivo de Álvarez Areces al principio de esta legislatura, que arrancó en 2007 y concluirá en la primavera de 2011. La Dirección General de Función Pública tiene un borrador que ayer mismo se discutió en la Mesa General de la Función Pública y en la que están presentes los sindicatos mayoritarios: UGT, CC OO y CEMSATSE (agrupación de los sindicatos de médicos y enfermeros.

El artículo 1 de ese borrador define de manera diáfana los puestos que se podrán cubrir «a dedo» en la Administración regional: «Atendiendo a su especial responsabilidad y confianza, se proveerán, en todo caso, por el sistema de libre designación las jefaturas de servicio y los puestos de trabajo directamente adscritos a cargos nombrados por decreto del Consejo de Gobierno». Es decir, la nueva ley regional pretende equiparar el nombramiento de los jefes de servicio con el de los altos cargos del Gobierno, cuando, hasta ahora, la normativa estatal establecía que el procedimiento ordinario para cubrir la jefatura de servicio es el concurso y no la libre designación.

El borrador que pretende sacar adelante el Ejecutivo asturiano también incluye entre los puestos que pasarán a ser de libre designación o «a dedo» los de coordinador o asesor, letrado de la Administración del Principado, secretaria de despacho, conductor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos así como de los directores o gerentes vinculados a la Administración regional. El texto del nuevo articulado incluso abre la puerta a la libre designación en otros empleos de la Administración siempre que quede «suficientemente acreditada y justificada» por parte del Gobierno de turno.

Otro de los artículos de la ley de Función Pública que el Principado pretende modificar afecta a las comisiones de servicios, donde se establece que se valorará un máximo de dos años en los concursos de méritos, pero con la salvedad de que abre la puerta a ampliar ese período de valoración a todos los funcionarios que se encontraban en dicha situación «con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley».

Fuentes de la Administración regional aseguraron ayer que en la actualidad hay en comisión de servicios unos seiscientos funcionarios en el Principado, una cifra que algunos sindicatos creen excesiva. La valoración de la comisión de servicios fue precisamente el motivo de la anulación de tres concursos por parte de la judicatura asturiana, uno de jefe de negociado y dos correspondientes a jefes de sección.

Varios colectivos y organizaciones sindicales afirman que el contenido de esta ley es «muy similar» al aprobado en la Comunidad de Valencia por el Gobierno de Francisco Camps, del PP. El Conceyu por otra Función Pública, que promovió los pleitos que perdió el Principado por el uso de la libre designación, considera que con esta reforma el Gobierno de Areces «pretende legalizar la dedocracia anulada por la justicia asturiana en cuatro sentencias consecutivas, copiando el método de Camps».

Solo se puede decir que ya era hora

Publicado en el BOPA de hoy:

Nombramiento con la toma de posesión de las 80 plazas de Aux. Adtvos. que se transforman en plazas de Administrativos…

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, por el turno de promoción interna, en la categoría de Administrativo de la Función Administrativa del Servicio de Salud del Principado de Asturias, convocado por Resolución de 6 de noviembre de 2007 (BOPA de 19 de febrero de 2008), de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos.

“Los aspirantes nombrados, de conformidad con lo establecido en la base octava de la convocatoria y en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 1/99, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, vigente con rango reglamentario en virtud de la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de los derechos derivados de su participación en el concurso-oposición, quedando sin efecto su nombramiento.

La toma de posesión se efectuará en la Gerencia de Área a la que esté adscrita la plaza adjudicada.”

VER RESOLUCION INTEGRA

Los funcionarios rechazan ligar salario con productividad

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, asegura que el Ejecutivo está buscando una fórmula para vincular parte del sueldo de los trabajadores públicos con su rendimiento

Foto: Funcionarios de la Fiscalía de Menores de Oviedo durante su jornada de trabajo.

La Voz de Astrias. 17/11/2010 / Luis Fernández Oviedo

El Gobierno estudia ligar el salario de los funcionarios a su productividad, una intención que ayer fue duramente criticada por los sindicatos. Según las centrales, se trata de un nuevo ataque del Ejecutivo a los empleados públicos, que lo único que quiere es, en su opinión, demonizar la figura de estos trabajadores y convertirlos en los culpables de la crisis. Actualmente, una parte del salario de los trabajadores ya está vinculado a su productividad a través de pluses e incentivos.

 

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territoral, Manuel Chaves, aseguró ayer que están “estudiando” una fórmula que permita ligar el salario de los funcionarios a su productividad, y anunció su intención de reunirse con los sindicatos para tratar el asunto. Además, Chaves rechazó la posibilidad de que los empleos públicos no sean de carácter indefinido.

 

La oposición a las declaraciones del vicepresidente no se hizo esperar y los sindicatos criticaron con dureza la postura del Gobierno. El secretario de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Asturias, Jesús González, afirmó ayer que el objetivo de esa medida es “una rebaja encubierta de los salarios”.

 

González recordó que “en septiembre de 2009 firmamos un acuerdo con ellos con tres años de duración, que todavía está vigente”, motivo por el que “exigimos que se cumpla lo pactado y rechazamos cualquier negociación en ese sentido”. Además, el responsable de CCOO calificó la intención del Gobierno como “una estupidez que no vamos a permitir”.

 

El secretario General de USO, Francisco Baragaño, aseguró que “es una vuelta de tuerca más que pretende paliar la incompetencia del Gobierno para reducir el déficit”. El líder sindical asegura que “una vez más buscan la solución fácil, que es la de meterse con funcionarios y pensionista, mientras que siguen sin articular políticas encaminadas a la creación de empleo”. Baragaño definió a Chaves como “un hombre trasnochado en la política” y calificó la propuesta del vicepresidente tercero del Gobierno como “un nuevo parche” En una línea similar se expresó ayer el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos (FST) de UGT Asturias, Luis Ángel Ardura, quien aseguró que “estamos asistiendo a una situación de acoso y derribo contra los empleados públicos”. Ardura advirtió de la dificultad que existe para medir esa productividad y se pregunta “quién va a medirla y de qué manera”. En ese sentido, alertó de la posibilidad de que “se trate de una nueva fórmula para premiar el servilismo a los políticos”. Además, Ardura afirmó que la única intención que persigue el Gobierno con esta medida es la de “convertir a los funcionarios en chivo expiatorio y culparlos de la crisis”.

 

La secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea) Beatriz Quirós, se mostró especialmente crítica con la propuesta del Gobierno. En su opinión, “se trata de un nuevo ataque a la independencia de la función pública” y añade que “primero fue la rebaja de los salarios y ahora atacan la estructura de los sueldos de los trabajadores públicos”.

 

Quirós recordó que “aquí tenemos la mal llamada carrera profesional, que depende de unos baremos arbitrarios que nosotros rechazamos”. La responsable sindical se mostró especialmente preocupada al asegurar que “quieren crear un sistema piramidal donde solo cuatro privilegiados sean los que cobren un buen sueldo, mientras que la inmensa mayoría pague las culpas de la actual situación”. Por último, aseguró que “la intención del Gobierno es volver a hacernos los culpables de la crisis y criminalizar nuestro trabajo”.

 

El secretario de Acción Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Asturias, Juan Gavira, no se mostró tan crítico con la propuesta gubernamental, aunque aseguró que, de llevarse a cabo, deberá quedar claramente especificado cuáles son esos criterios de productividad.

 

Gavira recordó que “desde el año 1984 existe el concepto de productividad en la función pública”, una fórmula que, en su opinión, “sirve para dar a dedo lo que la Administración quiere a quien a ellos les da la gana”. Pese a la crítica, el responsable del CSIF asegura que “no nos negamos a que nos evalúen, no tenemos ningún problema en ese sentido, pero pedimos que se apliquen criterios objetivos, no como ocurre en el Principado”. En su opinión, “es imprescindible que se sepa qué es lo que se pide” y añade que “sería aceptable siempre y cuando se tratase de una partida variable, pero no de la partida mayoritaria del salario, porque eso no ocurre ni en la empresa privada”.

 

Por su parte, el secretario General del Sindicato Médico del Principado de Asturias (SIMPA), Antonio Matador, tampoco fue tan duro como la mayoría de sus compañeros con la propuesta del Gobierno. Matador afirmó que “siempre que se trate de una medida ligada a objetivos claros, que se puedan medir, nos parece bien”. Desde el SIMPA recuerdan que “una medida parecida ya existía y se suprimió hace 3 ó 4 años” y aseguran que “se trataba de una parte ligada a objetivos que se fue reduciendo con el paso del tiempo hasta desaparecer”. Respecto a cómo funcionaba ese complemento salarial, Matador afirma que “los médicos creamos una comisión mixta donde se dirimía el grado de cumplimiento de esos objetivos”.

 

Carácter indefinido Durante su comparecencia pública del día de ayer, Chaves descartó terminar con el carácter indefinido del trabajador público, ya que no es partidario de que la Administración Pública “sea una empresa privada”. Además, aseguró que el sector privado no presta mejores servicios ni funciona mejor que el público. Lo que sí reconoció es que se debe mejorar la situación de los funcionarios, su formación y su prestigio ante la sociedad.

 

Respecto a este asunto, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, volvió a referirse ayer al “alto número de trabajadores públicos que dependen de los presupuestos” y advirtió que si no se estimula la actividad económica y se generan más ingresos públicos el mantenimiento de ese alto número de empleados será insostenible”.

Las decisiones médicas

La Nueva España.

Dicen los expertos que el médico es el profesional que más decisiones toma.

Básicamente son de dos tipos: la elección de las pruebas para diagnosticar al paciente y la elección de las intervenciones para curarlo, o al menos aliviarlo. Son decisiones en las que frecuentemente se enfrenta con la incertidumbre y en las que está sometido a la presión de la industria tecnológica, de la cortedad de recursos, de la premura del tiempo, de las recomendaciones clínicas y de las expectativas y preferencias del paciente.

No debe extrañar que los médicos sufran con tanta frecuencia el síndrome de quemado, un tipo de estrés.

Decía que el médico siente la presión de la industria tecnológica. Ella es experta en lograr que los médicos elijan sus productos, saben que su ventas dependen lo que ellos haga en el día a día. Además de las pruebas científicas con las que los bombardean y de conseguir que los profesionales con más reconocimiento se presten a explicar las bondades de su producto empaquetado en conferencias de alto nivel científico, compran a los médicos de a pie invitándolos a reuniones, cursos y congresos. La mayoría de los médicos sienten que es una necesidad acudir a estos eventos, pues es allí donde discuten, aprenden, comparten. Y no irían si lo tuvieran que pagar de su bolsillo. La industria tecnológica los invita aparentemente a cambio de nada. Pero en el subconsciente queda esa deuda y por una suerte de altruismo recíproco, se la pagan en la práctica clínica. Así se crea un conflicto moral.

 

Otra situación que se vive como un conflicto es la de atender a las preferencias del paciente mientras trata de elegir la opción más correcta. Creo que es un conflicto saludable, una oportunidad para progresar en el camino correcto. Hasta no hace mucho la relación médico enfermo era paternalista. El enfermo, que se consideraba a sí mismo ignorante e incapaz de aprender o entender, se ponía ciegamente en manos del médico. Dicho crudamente, el que vendía el producto decidía qué necesitaba el comprador. Las cosas están cambiando poco a poco. Los pacientes ya no son ignorantes ni los médicos todopoderosos. El camino al que me refiero es el que lleva a colocar al paciente en el centro de la atención, de manera que sean su necesidades y preferencias las que guíen las decisiones. La mente, dice la teoría, es la capacidad de ponernos en el lugar de los otros. Esto es a lo que debemos aspirar, a que el médico vea con los ojos del paciente. Algunos pacientes, o en algunas situaciones, preferirán descargar toda la responsabilidad en el médico. Otros exigen ser ellos los principales protagonistas. Son posturas legítimas. Tienen derecho incluso a elegir algo que a la vista del médico o la ciencia es equivocado. Se hace todos los días, como es el caso del paciente que opta por fumar a pesar de que en la consulta, al conocer que fumaba, se le aconsejó que lo dejara. Puede ser que juzgue que los beneficios que el tabaco le proporciona son superiores al perjuicio o que el esfuerzo del abandono le resulta imposible en ese momento o simplemente que elige vivir así. El respeto a esa decisión es fundamental. En una relación ideal, el paciente debería poder expresar esta actitud. La cuestión que se puede plantear es si en la siguiente consulta el médico debe explorar su comportamiento respecto al tabaco. Creo que lo correcto es preguntar si fuma y en caso de hacerlo preguntarle si quiere discutir ese extremo. Si no quiere, ahí se acaba la intervención. Lo que creo que no debería hacer es añadir malestar al que seguramente ya tiene por fumar, es decir, recordarle una vez más los perjuicios del tabaco cuando ya tiene tomada la decisión de seguir fumando.

 

Otra cosa es la influencia en la sociedad de un comportamiento que deteriora la salud de uno de sus miembros. Es un problema económico, porque serán preferentemente los individuos sanos los que carguen con el coste de las consecuencias de esa conducta poco saludable: el tratamiento, la baja laboral, la invalidez etcétera. Y generalmente pagarán más los que están más sanos, los que se cuidan más. Se podría plantear el derecho de la sociedad a exigir a sus miembros comportamientos saludables o bien a cargarles con un impuesto por «contaminarse». Sería difícil de llevar a cabo y desastroso para la sociedad. Difícil porque, dónde se pone el límite a lo que es libre decisión individual o consecuencia de las presiones y opciones sociales, los azares o la propia genética. Desastroso porque rompería importantes lazos de solidaridad y esa idea de equidad que tanto cohesiona: dar más a quien más lo necesita.

 

El médico es el profesional que más decisiones toma. En ellas cada vez ha de tener más protagonismo el paciente.

Si durante años de interino o sustituto has sido válido, es normal que entre los méritos esto sea considerado

La experiencia será clave en la adjudicación del 80% de las nuevas plazas de funcionario

La ley obliga al Principado a primar la trayectoria profesional de los interinos de sanidad y educación, que copan la oferta de empleo público

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
El Principado adjudicará la mayor parte de las nuevas plazas fijas de la Administración regional mediante el sistema de concurso-oposición por tratarse de empleos del ámbito sanitario. De los 2.639 nuevos empleos fijos que la Administración regional tiene previsto consolidar para reducir la tasa de interinidad, prácticamente el 80 por ciento corresponde a personal hospitalario. La ley estatal obliga a valorar la experiencia en las ofertas de empleo destinadas al personal sanitario y docente. De ahí que el Principado deba resolver esa oferta pública de empleo mediante la fórmula del concurso-oposición, en la que se tienen en cuenta los méritos y la trayectoria profesional, además de las pruebas y ejercicios de examen. En cambio, las plazas fijas que se convocarán para las consejerías se resolverán mediante oposiciones libres, en las que únicamente se tendrá en cuenta el resultado de los exámenes.

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, precisó esta misma semana que esos 2.639 empleos públicos no son nuevos, sino que estaban ocupados actualmente por personal interino. El Principado, tras analizar la composición de sus distintas plantillas, que suman cerca de 36.000 empleados entre funcionarios, personal estatutario, laborales e interinos, decidió reducir la tasa de temporalidad, una demanda planteada por los sindicatos en las mesas de negociación durante los últimos años. La consolidación de esas plazas obliga al Principado a convocar las correspondientes ofertas públicas de empleo, aprobadas ya en 2006, 2008 y 2009.

El Estatuto Básico del empleado público establece dos procedimientos para la provisión de esas plazas: el concurso-oposición y la oposición libre. Ambos procesos son igual de legales. El Consejo de Estado, no obstante, ha dictaminado que el método que mejor garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad es la oposición, según confirmaron a este periódico fuentes del Principado.

Sin embargo, la normativa estatal vigente establece que en las oposiciones del personal sanitario y docente debe valorarse la experiencia y los méritos contraídos en el ejercicio de la profesión. «El Principado, por lo tanto, está obligado a resolver las oposiciones de personal sanitario mediante concurso-oposición igual que en la educación, esté más o menos de acuerdo», aseguraron fuentes de la Administración regional. Es decir, el Ejecutivo regional está limitado por la norma estatal al convocar las ofertas públicas de empleo en la sanidad y la educación, de ahí que la mayoría de esta nueva convocatoria, en torno a más de dos mil plazas, vaya a resolverse mediante la fórmula de concurso-oposición.

La situación es completamente distinta en la provisión de plazas para el resto de la Administración. El Principado ha venido optando de manera repetida por la oposición libre para adjudicar las plazas fijas del personal que trabaja en las consejerías. «En Asturias, con carácter general, se ha elegido la oposición libre como el sistema ordinario», aseguraron las mismas fuentes.

Los precedentes dejan entrever que las más de quinientas plazas de administración incluidas en este paquete se dilucidarán mediante oposiciones. De hecho, de estas 2.639 plazas, unas novecientas ya están en proceso de adjudicación, bien en fase de exámenes o preparación, y las que afectan a puestos de la Administración se adjudicarán mediante oposición, según confirmaron fuentes sindicales.

Desde las organizaciones sindicales con fuerte implantación en la Administración, como USIPA y CSIF, se reconoce la potestad del Gobierno regional para elegir la fórmula de oposición pero, en cambio, se discrepa de que haya desigualdades en función del sector al que pertenecen los interinos. «La Administración debe utilizar el mejor sistema colectivo para captar a los mejores, pero lo que no se entiende es que en la sanidad y en la educación se opte por una fórmula y en el resto de la Administración, por otra», argumentó Juan Gavira, secretario de Acción Sindical de CSIF.

Opositores e interinos, intereses contrapuestos

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España

La convocatoria de nuevas plazas fijas en la Administración del Principado ha generado expectativas en dos colectivos con intereses contrapuestos y con la crisis económica como contexto.

El personal interino, ante la convocatoria de una oferta pública de empleo, prefiere que sea de concurso-oposición. De esa forma, los años trabajados en la Administración puntúan y les otorgan una ventaja, ganada en el ejercicio de su profesión. De hecho, en el ámbito sanitario y docente son muchos los opositores que se quejan de haber sacado las notas máximas en los exámenes sin que su esfuerzo se viera recompensado con un empleo. Los opositores sostienen que parten en clara desventaja por la puntuación de los méritos y experiencia de los interinos.

Ante esta situación, los sindicatos defienden los derechos de sus afiliados. Admiten la legalidad de la oposición pero entienden que debería existir una fórmula intermedia, ya que sostienen que los opositores tienen más tiempo para preparar una oposición que el personal interino, que podría perder su empleo, dicen, en este proceso. Y el Principado es el encargado de decidir la fórmula de selección (personal sanitarios y docente aparte). «La Administración está para velar por el interés general y son más las personas que aspiran a tener un empleo público que los interinos», manifestaron fuentes del Principado, que afirmaron: «no hay ninguna intención de despedir a los interinos, deben concurrir en igualdad de condiciones».

Concursos de traslados y oposiciones se alternan primero uno y después lo otro. Hacer dos concursos de traslado antes de adjudicar plazas de la oposición “apesta” a trato de favor para alguien

Cuarenta y cuatro médicos que aprobaron una oposición temen que las mejores plazas sean para «algunos amigos»

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Han aprobado un concurso-oposición y ahora temen que las mejores plazas (las mejor situadas geográficamente) que deberían otorgarles se las den «a personas que ya están dentro de la Administración» mediante un concurso de traslados que podría recibir luz verde hoy mismo.

Así lo afirmó ayer Belén Fidalgo, portavoz de un colectivo de 44 médicos asturianos que superaron un proceso selectivo del Principado que formaba parte de una oferta pública de empleo aprobada en 2006 y que se ha visto afectada por sucesivos retrasos que los facultativos consideran «intolerable».

«Queremos la toma de posesión ya» es el grito de guerra de estos médicos desde hace más de un año. Aducen que antes de celebrarse su oposición ya se desarrolló un concurso de traslados, y llevan tiempo sospechando que el que ahora planea el Ejecutivo autonómico «puede tener como objeto recolocar en los sitios más apetecibles a algunos amigos que llevan años fuera de sus plazas», según denunciaron meses atrás.

Entre tanto, Daniel Álvarez, director general de la Función Pública, parece dispuesto a pactar con los sindicatos lo que considera una obligación legal: convocar un concurso de traslados. A su juicio, «no podemos dar a un funcionario de nueva incorporación una plaza que no se haya ofertado antes a un funcionario de carrera». Álvarez agrega que desde 2006, año en que se aprobó la oferta de empleo, «se han producido nuevas vacantes y desde un punto de vista legal no podemos hacer otra cosa».

A principios de este año, Daniel Álvarez situó la posible adjudicación de las plazas de estos médicos en el tramo final de 2010. Por el momento, no hay noticias. Los facultativos afectados pertenecen a un colectivo denominado de asistencia pública domiciliaria (APD).

¿Y no se enteraron hasta ahora? ¡¡suspenso en carrera, desarrollo o lo que sea que tengan para evaluarlos!!... de traca

«El funcionario fijo sale más barato», dice el director de la función pública

29.10.10 - REDACCIÓN | GIJÓN, en El Comercio.

El director general de la Función Pública del Principado, Daniel Álvarez, defendió ayer la decisión de la administración regional de convocar oposiciones para adjudicar plazas fijas ya aprobadas pero ocupadas por interinos y aseguró que «el empleo fijo sale más barato que el eventual». Álvarez explicó que «al tratarse de plazas de funcionarios fijos se entienden que nunca van a pasar al paro y, por lo tanto, no cotizan el desempleo».

El Principado, que en la actualidad tiene casi 36.000 empleados públicos en plantilla (14.000 en Sanidad, 11.000 en educación y dos mil en Bienestar Social), convocará 2.639 plazas fijas, que irán cubriéndose a lo largo de 2011 y 2012.

Daniel Álvarez confirmó que la Administración regional está aplicando en la actualidad una tasa de reposición para los funcionarios por la que de cada diez empleados que se jubilan, sólo se cubre una plaza.

Daniel Álvarez, que valoró en 1.600 millones de euros la factura del Principado para el pago de los salarios de los funcionarios, defendió que la Administración regional «es pequeña y no es excesivamente cara si la comparamos con las de países europeos».

Demasiada rimbombancia y polémica para lo que es, de cumplirse, una simple subsanación de lo hasta ahora incumplido

Aviso para “navegantes”: … hay que hacer bien los números de las plazas que tienen que convocar, porque siempre se pierden por el camino…

Migoya explica que para estabilizar las plazas no hay que aumentar efectivos ni gastos

TPA, 27.10.10

La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, ha explicado hoy que las próximas convocatorias para convertir puestos de trabajo del Principado de interinos en fijos no suponen "en ningún caso un incremento" del personal público ni de los gastos, e incluso conlleva un abaratamiento de costes laborales.

Migoya lo ha aclarado así en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno a preguntas referidas al anuncio surgido en la mesa del ACEBA el pasado lunes de que el Principado se compromete a finalizar en 2011 los procesos de selección para 2.639 plazas de empleo público.

De éstas, que en su mayoría corresponden al ámbito sanitario, 944 ya tienen iniciada su tramitación, mientras que otras 1.695 lo harán próximamente.

Asimismo, Migoya ha expuesto que estas 2.639 plazas forman parte de las 5.611 interinidades surgidas en los años 2006, 2008 y 2009 y que estaban pendientes de su conversión en puestos fijos después de que el Gobierno regional analizara que se trataba de puestos estructurales y no coyunturales.

"No hemos estado de brazos cruzados", ha indicado la portavoz del Principado y consejera de Administraciones Públicas al señalar que, por tanto, 3.022 plazas ya han sido adjudicadas con anterioridad a este compromiso para que lo estén todas en 2011.

Migoya ha subrayado que no supondrá incremento de gasto alguno para la Administración, y que, al contrario, en algunos casos puede suponer una merma en los costes laborales al dar estabilidad al empleo.

El PP dice que el anuncio resta credibilidad al gobierno.

El portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Joaquín Aréstegui, ha dicho que el Gobierno asturiano ha perdido "toda la credibilidad" con su anuncio de convocar oposiciones para consolidar los puestos de 3.000 funcionarios. A juicio de Aréstegui, se trata de una medida que choca frontalmente con la bajada de sueldo a los funcionarios, la congelación de las pensiones o las políticas de austeridad.

A preguntas de los periodistas, en los pasillos de la Junta General del Principado de Asturias, Aréstegui señaló que quizás el Gobierno asturiano busca conseguir "un puñado de votos" con ese tipo de anuncio.

El portavoz adjunto del PP ha señalado que todas las medidas contra la crisis de los socialistas están llenas de "vaivenes" y "han fracasado", en un contexto además en el que se está exigiendo un esfuerzo a los funcionarios. "No hay una política coherente para luchar contra la crisis", ha dicho.

 

CCOO y UGT recuerdan a Vigón que lo que ahora rechaza sobre el empleo público lo suscribió él mismo en el Aceba

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT ha recordado hoy al presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, que lo que ahora rechaza sobre el empleo público lo suscribió él mismo en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (Aceba).

Ante las declaraciones efectuadas ayer por el presidente de la patronal asturiana (FADE), Severino García Vigón, en las que rechaza la oferta de empleo público acordada durante la reunión del Aceba del pasado lunes, los secretarios generales de CCOO y UGT, Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, consideran que con ese rechazo, Severino García Vigón está "cuestionando lo que él mismo suscribió" en el acuerdo de concertación.

Por ello, los responsables sindicales entienden que los acuerdos son para cumplirlos, por lo que ponerlos en cuestión de esta manera, como acaba de hacer Severino García Vigón, "no es consecuente ni serio ni responsable".

Por último, señalan que aparte de cumplir con lo acordado, la creación de empleo, y de empleo estable, es el desafío principal al que se enfrenta ahora mismo la sociedad. "Entorpecer los pasos en esa dirección resulta incomprensible", añaden.