OPINION

Informe de la pensiones

Descodificando a los expertos

La Opinión de Joan Coscubiela.

nuevatribuna.es

Sinceramente he dudado mucho en meterme en este berenjenal, pero como la cabra tira al monte, vamos a intentarlo. No es tarea fácil intentar descodificar políticamente el informe de los expertos. Por su complejidad, pero sobre todo porque en este debate se han consolidado al mismo tiempo dos imágenes tan estereotipadas como falsas que es difícil combatir con explicaciones. Una, que es inevitable y urgente la definición del factor de sostenibilidad, sin esperar al período 2027/2032 previsto en la ley 27/2011. Otra, que el informe de los expertos sólo tiene una lectura, la de la reducción de las pensiones y que además el informe es el marco en que debe hacerse la reforma legal. Durante el día de ayer comprobé hasta qué punto estas dos imágenes construidas mediáticamente están consolidadas y dificultan una reflexión serena.

INFORME TAN POLÍTICO COMO TÉCNICO. El informe se presenta como técnico y en buena parte lo es, pero contiene una gran cantidad de valoraciones políticas y juicios de valor estrictamente políticos. Hasta el punto que en muchos de sus apartados las reflexiones políticas solapan claramente las sugerencias técnicas. Ello confirma que el Gobierno nunca debió iniciar el debate de la pensiones intentando marcar las cartas con un informe de “expertos”. Entre otras razones porque los análisis técnicos bien podían haber sido aportados por los propios “expertos” de la Seguridad Social, que a lo largo de décadas han demostrado ser quienes más han acertado en sus proyecciones y los menos contaminados.

Pero me temo que al Gobierno le puede haber salido el tiro por la culata. El informe está lleno de matices, de dobles interpretaciones y de llamadas a la toma de decisiones políticas. Lo que permite intuir que el debate en la Comisión ha sido intenso y que en los temas más conflictivos se ha optado por abrir diferentes interpretaciones y derivar la decisión al Gobierno, al Pacto de Toledo y al Parlamento, como no podría ser de otra manera. Las políticas de pensiones requieren solvencia económica, pero son sobre todo decisiones políticas que no se pueden delegar en el “despotismo ilustrado” de los expertos.

PREJUICIOS Y ADANISMOS. El informe sólo comenzar incurre en dos flagrantes prejuicios. Dar por hecho, sin argumentarlo técnicamente, que es inevitable y urgente adelantar el cálculo del factor de sostenibilidad previsto para entrar el vigor el 2032. Y el habitual adanismo de afirmar que hasta llegar los “expertos” no se han abordado las reformas necesarias.

EL INFORME SE EXTRALIMITA EN EL MANDATO RECIBIDO. El Gobierno del PP intenta justificar su decisión de abordar ahora la reforma en el artículo 8 de la Ley 27/2011 que mandata al establecimiento de un factor de sostenibilidad para el calculo de las pensiones futuras, pero no dice nada de tocar la revalorización de las pensiones actuales. Al proponer una nueva fórmula de revalorización de las pensiones actuales, los expertos lo hacen con criterios políticos para los que no están legitimados democráticamente. Se da la circunstancia que en algunos de los países que han abordado el factor de sostenibilidad, este no afecta a las pensiones presentes.

CARTAS MARCADAS EN EL CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD. Todo el informe gira alrededor de una variable importante, como es el aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, pero ignora otros factores. En el terreno demográfico las entradas de nuevas cohortes al sistema, vía inmigración o aumento de la natalidad – clave en algunos países gracias a las políticas de familia-. O la ampliación de la base de sistema contributivo, con más y mejores cotizaciones. Sin olvidar el impacto de las mejoras de la productividad – con mucho recorrido en España – y de su reparto social de manera equitativa. Con los restrictivos criterios de “sostenibilidad” del informe, el sistema de pensiones construido en Europa durante el siglo XX no hubiera sido posible.

EL INFORME ABRE LA VÍA A CONSEGUIR MÁS INGRESOS. Y puede que esa sea la razón de que el informe incorpore, como un añadido en su página 22, una reflexión sobre las diferentes posibilidades políticas de mejorar la sostenibilidad, no sólo moderando el crecimiento del gasto, sino aumentando los ingresos. Y no sólo los provinientes de cotizaciones sociales, sino vía fiscalidad general. Y ello a pesar que desde los teóricos de la sostenibilidad siempre se ha querido limitar el debate a un ajuste de gastos en función de los recursos disponibles.

UNAS MEDIDAS PROCICLICAS. Al reflexionar y proponer medidas para una nueva forma de revaloración de las pensiones, se insiste en que la nueva propuesta pretende ser anticíclica en relación al impacto de la revalorización en los gastos del sistema. O sea que en períodos de menos crecimiento de la economía, menos revalorización de las pensiones. Pero al hacerlo se ignora que lo que puede ser anticíclico para el sistema de seguridad social, resulta procíclico para el conjunto de la economía. Porque revalorizar menos las pensiones, cuando la economía crece menos, sin duda puede agravar la crisis en una economía con fuerte dependencia del consumo interior.

FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL. Es la fórmula propuesta para acomodar el crecimiento futuro de las nuevas pensiones. Hasta ahora en el cálculo de las pensiones intervienen tres factores, años cotizados, bases de cotización y edad de jubilación. Y los expertos proponen una cuarta, el de la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación. Una nueva proporcionalidad que significa que a más esperanza de vida, menos % sobre 100 se cobraría. De manera que siempre se cobrara menos del 100% actual si la esperanza mejora y solo se cobrara más de 100% actual si cae la actual esperanza de vida. La formula propuesta por los expertos comporta que cada uno se hace cargo del reparto de su pensión a lo largo de su vida por vivir más años. Aunque de nuevo aparece el matiz en el informe, cuando se dice que nada impide que la solución sea aumentar los ingresos del sistema de seguridad social, siempre que se explique de donde salen estos nuevos ingresos. Como ven, de nuevo, las formulas técnicas ceden el paso a la política, que es de lo que se trata.

FACTOR DE REVALORIACIÓN ANUAL (FRA). Es el que determina como hacer la revalorización de las actuales pensiones, acabando con la revalorización automática para mantener el valor real de las pensiones, que ha funcionado hasta hoy, con la excepción de los años 2011 y 2012. Ya hemos dicho que en este apartado el informe de los expertos se extralimita en sus consejos. Pero lo más interesante es como el informe abre la vía a tantas posibilidades como quiera la política. Después de proponer una formula nueva, que no garantiza el valor real de las pensiones, se introducen algunos matices. Para evitar que la aplicación de su formula de revalorización pueda suponer una reducción del valor nominal de la pensiones, se plantea una cláusula suelo y se dice que para financiarla se usará el Fondo de Reserva, nutrido de los excedentes de las cotizaciones en épocas de bonanza. Y lo que es más curioso, se abre también la posibilidad de que si así se decide políticamente se pueda garantizar el mantenimiento integro del poder adquisitivo, siempre que se habiliten los recursos necesarios y se explique de donde salen.

APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. A pesar de que los expertos no justifican el porqué de su propuesta, se plantea que las reformas deberían aplicarse cuanto antes, dentro el período 2014/2019. El porque de este período transitorio y no otro, no se explica. Aunque no es exagerado pensar que es el margen político, no técnico, que se le da al Gobierno para que el impacto de las medidas no sea visible – ni en pequeñas dosis- hasta pasados dos ciclos electorales, el del 2015 y el del 2019 – en la hipótesis de no adelanto electoral-. Pero hay más, nada impide en el informe que se pueda acordar políticamente que los criterios adoptados entran en vigor después del 2019. Y más aún, se sugiere que sea cual fuere la fecha escogida para la entrada en vigor de los cambios, los nuevos pensionistas reciban a partir del 2014, además de la información de la pensión reconocida, otra en paralelo sobre cual seria su pensión en el caso de haberse aplicado los nuevos criterios. Total que lo que se podría hacer, si así se decide políticamente, que los criterios propuestos no entren en vigor hasta transcurridos unos años de comprobación de cuales serian sus efectos en los pensionistas y en el gasto agregado del sistema.

Bien, hay muchas más cosas y muy interesantes, como una referencia explícita al artículo 135 de la Constitución Española y a los límites que impone a la política democrática.

Espero haber sabido explicar tres cosas: que el informe es todo menos un informe exclusivamente técnico – los eunucos ideológicos no existen- . Que el informe intenta marcar el terreno de juego de la reforma, pero que permite tantas interpretaciones como quiera la política. Y que el Gobierno no debe escudarse en el informe de los expertos y si quiere plantear una reforma, por otra parte no necesariamente urgente, deberá mojarse.

Y será entonces, cuando el Gobierno presente su propuesta política a los agentes sociales y a la Comisión del Pacto de Toledo, cuando de verdad comenzará el debate de fondo y en el terreno del que nunca debió salir, el de las decisiones de las instituciones democráticas.

Si el Gobierno pretendía con el informe marcar la agenda política de los debates, escondiéndose detrás de los expertos, no deberíamos permitírselo. Y además, son tantas y tan variopintas las hipótesis que abre el informe, que al Gobierno no le va a quedar más remedio que responsabilizarse de las propuestas que haga. Y decidir si quiere tirarse a la piscina, y si lo quiere hacer antes o después de las próximas elecciones.

Al final, será la política la que decida, como no puede ser de otra manera y la ciudadanía tiene mucho que decir. Lo contrario significaría sustituir la democracia por el despotismo ilustrado.

Sobre el trasfondo del proyecto de Ley sobre farmacovigilancia que no sólo se limita a incorporar al ordenamiento jurídico español las directivas de la UE

Mato dificulta la compra de medicamentos a los hospitales

Por José Martínez Olmos, portavoz de sanidad del PSOE del Congreso de los Diputados

Redacción Médica

En estos momentos, se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, por la que se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

 

Entre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, hay una especialmente relevante. Dice así: "El precio industrial de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido".

 

Durante su mandato en Sanidad, Mato y el Gobierno han pleiteado contra Andalucía para acabar con la subasta de medicamentos mostrando así una y otra vez una actitud incomprensible hacia una medida que no perjudica a los pacientes y que beneficia a las cuentas públicas. Pero ahora, con esta enmienda que les comento, la actitud es peor aún y creo que la irresponsabilidad del Gobierno es de tal calibre y las consecuencias son tan graves, que no sé si es un error y se han pasado de frenada o si es una decisión calculada.

 

¿Por qué digo esto?, porque esta enmienda podría suponer acabar de un plumazo con la posibilidad de que los centros sanitarios públicos de todas las comunidades autónomas aprovechen los concursos públicos para obtener ahorros al adquirir suministros de medicamentos mediante este procedimiento.

 

Estos concursos públicos, que se realizan desde siempre, incluso desde la creación del Instituto Nacional de Previsión hace decenios, sirven para que los hospitales y centros sanitarios obtengan mejores precios en relación al autorizado por el Ministerio de Sanidad. Estos mejores precios se obtienen bien por la cantidad a adquirir, bien por pronto pago o por la combinación de ese tipo de argumentos.

 

La medida que propone el Grupo Parlamentario Popular a instancias del Gobierno puede suponer millones de euros de pérdidas a las arcas públicas porque siguiendo el tenor literal de la propuesta, las compañías no tendrían ningún interés en acudir a los concursos de compra de medicamentos que realizan los hospitales públicos para no rebajar así ni un céntimo, dado que estarían obligadas a hacer extensiva la rebaja a todo el territorio nacional.

 

En mis cálculos, las compras de medicamentos por los hospitales, a través de concursos públicos, suponen un ahorro de entre 800 y 1000 millones de euros anuales, cantidad que se perdería ahora con este nuevo “invento” de Ana Mato. Todo ello sin contar la más que dudosa legalidad de la iniciativa ya que invade claramente la capacidad de gestión de las comunidades autónomas que además pierden herramientas para conseguir ahorros ciertos a las arcas públicas y al bolsillo de los ciudadanos.

 

Una prueba más de su incompetencia como ministra de Sanidad responsable de la gestión de nuestros servicios públicos de salud. Un argumento más para exigir su cese como ministra del Gobierno de España.

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Si las premisas son falsas o incorrectas, la conclusiones también lo son

Cuestionando la sabiduría convencional sobre las pensiones

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

 

En la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones públicas se está haciendo toda una serie de aseveraciones, reproducidas algunas de ellas por la llamada Comisión de Expertos sobre las Pensiones, que requieren una reconsideración a la luz de la evidencia existente. En tal discusión se asumen erróneamente varias suposiciones, presentándolas como hechos y realidades, cuando en realidad la evidencia científica existente las cuestiona. Entre ellas están las siguientes declaraciones:

 

1. El hecho de que la esperanza de vida de los españoles haya crecido seis años en los últimos treinta años quiere decir que las personas ancianas viven seis años más. Esto no es así. Hay que saber cómo se calcula la esperanza de vida. Si España, por ejemplo, tuviera solo dos ciudadanos, uno la Sra. García, que vive hasta que tiene 80 años, y otro, el pequeño Juanito, que muere al poco de nacer, entonces la esperanza de vida promedio de España sería (80+0)/2=40 años. Suponga el lector que treinta años más tarde España continuara teniendo solo dos ciudadanos. Uno la Sra. Pérez que, como la Sra. García, muere a los 80 años, y el otro ciudadano, Manuel, que vive hasta los 20 años. La esperanza de vida de esta España reciente sería de (80+20)/2=50 años, es decir, diez años más que la España de ayer. Pero esto no quiere decir, como constantemente se malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez años más. En realidad, continúa muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que el bebé que moría antes, ahora ya no muere y vive 20 años más.

 

Y esto es lo que ha ocurrido en España, la mortalidad infantil ha estado bajando mucho (lo cual ha estado ocurriendo también en la mayoría de países de la Unión Europea) y con ello la esperanza de vida (que es el promedio de años de vida que el ciudadano medio vivirá) ha subido. Pero el aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en el mismo aumento de años de vida de los ancianos.

 

2. Como consecuencia de que las personas vivan más años, existe la necesidad de que también trabajen más años. Si viven seis años más, deberían trabajar seis años más. Este supuesto ignora la enorme variabilidad en las tasas de mortalidad que existe en España entre las personas pertenecientes a distintas clases sociales. Un catedrático de Universidad, por ejemplo, es probable que viva siete años más que la mujer de la limpieza de la Universidad en la que él trabaja. Es una medida profundamente injusta exigir a la segunda persona –la mujer de la limpieza- que trabaje dos años más (y algunos están incluso hablando de cinco años más) para pagarle la pensión al primero –al catedrático-. El retraso indiscriminado de la edad de jubilación es profundamente injusto. Y es, sin embargo, el criterio que se está utilizando y promoviendo. Hoy, en España, la persona del decil superior de renta vive diez años más que la persona del decil inferior. Hacer una propuesta “igual para todos” sin tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y muerte debería ser rechazado por inmoral y antidemocrático.

 

3. A mayores años de vida  adicionales de la población, mayor es su capacidad y obligación de trabajar. Esta observación, derivada de la anterior, continúa ignorando que no solo la esperanza de vida varía mucho según la clase social, sino también su calidad de vida. La calidad de vida de los años añadidos a la longevidad de una persona jubilada varía también de una manera muy evidente y clara según el tipo de trabajo y empleo (y, por lo tanto, de clase social del individuo) que ha tenido durante su vida laboral. A menor nivel de renta de la persona, y a menor autonomía, creatividad y condiciones satisfactorias del trabajo y empleo que la persona haya desarrollado, mayor es la discapacidad y limitaciones “propias de la edad”, con menor deseo de continuar su trabajo. De esta realidad se deriva el principio aplicado en muchos países –pero no en España- de que la jubilación es un derecho más que una obligación. Para la mujer de la limpieza es una bendición el poder dejar de trabajar. Pero no así para un catedrático, o para un médico, o para un profesional que goza en su trabajo. La aplicación del principio de considerar la jubilación como un derecho (como ocurre ya en muchos países a los dos lados del Atlántico) implica el derecho a que no haya obligación de jubilarse. Como profesor de Hopkins yo no tengo el deber de jubilarme. Siempre y cuando el trabajo esté al nivel que se exige de un profesor de universidad, la institución no puede jubilarme, como resultado de la ley que prohíbe la discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que sería muy necesaria en España, donde la discriminación en contra de los ancianos es muy acentuada).

 

4. El mayor problema que determina la necesidad de reformar el sistema de pensiones es el demográfico. A más gente anciana que vive más años y menos gente joven, mayor será el problema de la financiación. Esto no es así, pues se ignoran muchas realidades. En los sistemas de financiación a base de contribuciones sobre el trabajo (las cotizaciones sociales), el escenario no consiste en jóvenes versus ancianos, sino en trabajadores versus pensionistas. E incluso más importante es la cantidad de la aportación, que depende del salario y de la productividad. De la misma manera que ahora el 2% de la población que trabaja en agricultura produce más alimentos de los que producía el 18% que trabaja en el campo hace cuarenta años, un trabajador dentro de cuarenta años producirá y contribuirá muchas veces lo que produce y contribuye un trabajador ahora. En realidad, el mayor problema que tiene el sistema de financiación actual de las pensiones no es el demográfico, sino el laboral, es decir, el escaso porcentaje de puestos de trabajo, consecuencia, en parte (no de la siempre supuesta rigidez del mercado laboral) de la escasísima producción de puestos de trabajo (e incluso más escasa producción de buenos puestos de trabajo) resultado de un escaso desarrollo de la infraestructura social y humana del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del Bienestar que tiene Suecia, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo. Es esta escasez de puestos de trabajo el problema de las pensiones contributivas, tema que ni está ni se espera en la citada Comisión. Es lamentable que la solución que predeciblemente aparece como más factible sea la reducción de las prestaciones en lugar de aumentar los recursos para mantenerlas e incluso expandirlas.

 

Para profundizar leer “Lo que debes saber para que no te roben la pensión” (Espasa, 2013) de Vicenç Navarro y Juan Torres…

 

NOTA: Al respecto de esto último os hemos puesto el audio con Juan Torres López, publicado en el Podcast “Te Doy mi Palabra” el 19/05/2013, en “Política, economía y opinión”, al principio de este artículo.

 

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Un artículo con el sentido común que la “presunta ingenuidad” de la ministra de sanidad le impide tener

Ana Mato en el país de las maravillas

Por Ignacio Escolar, en ESCOLAR.NET

 

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Pase que la ministra no viese en el garaje el nuevo coche Jaguar regalado a su marido. Vale que tampoco supiese quién organizaba las fiestas de cumpleaños o la comunión de sus hijos. Supongamos, y ya es mucho suponer, que tampoco fuese muy consciente de quién pagaba los vuelos, los trenes, los aviones, los alquileres de coches y los hoteles de sus muchos viajes en clase Gürtel. Pero, ¿de verdad hay que creer que Ana Mato se fue a Eurodisney a solas con su hija, con los gastos pagados por la tarjeta de Francisco Correa, sin que ella se enterase de nada? ¿Quién pensaba que pagaba sus vacaciones? ¿Mickey Mouse? ¿Los reyes magos? ¿El ratoncito Pérez?

 

La posición de la titular de Sanidad en el Consejo de Ministros es insostenible e inexplicable, salvo en el Gobierno de Rajoy, que con todos los problemas se fuma un puro. Hasta en el PP, en privado, muchos no entienden cómo es posible que la ministra de Sanidad no haya sido hace ya tiempo despedida. Las explicaciones que ofrece Mato son completamente inverosímiles, salvo que estamos ante una persona tan incompetente e ingenua como para no ser apta para puesto de responsabilidad alguno. Si dice la verdad y no sabía nada, razón de más para que dimita.

 

Por si hubiera pocos motivos para pedir su cese, por si no bastara con Eurodisney y la Gürtel, su gestión política también es un desastre. La última perla la ha soltado esta semana en el Congreso al admitir públicamente que su ministerio, el de Sanidad, no tiene absolutamente nada que decir, que opinar o que ejercer con la reforma de la ley del aborto, que eso lo lleva Justicia. Si ese tema no es de su competencia, ¿de qué se ocupa? ¿De hacer de pararrayos del Gobierno hasta que se chamusque, igual que hizo Rajoy en la oposición con Acebes y Zaplana?

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La “ayuda” (¿ ?) de la Unión Europea ¡¡desgraciadamente una vez más!! y cada vez arrogándose más competencias que no son de su incumbencia como nuestro sistema de pensiones

Más impuestos, menos pensiones

Por Ignacio Escolar, en ESCOLAR.NET

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"Los españoles hemos demostrado que merecemos que se nos ayude, no que se nos dirija", presumió Mariano Rajoy hace unos meses en el Congreso. A la vista está: la Unión Europea, en una demostración más de que España es un país sin soberanía, ha decidido ayudarnos con algunas "reformas", unos "compromisos" que el Gobierno tendrá que cumplir de forma "rigurosa y puntual", en palabras del comisario Olli Rehn, que ayer leyó la cartilla a Mariano Rajoy. Europa pide más IVA, más impuestos en la gasolina, más reforma laboral, menos sanidad y menos pensiones. Concede graciosamente el permiso a España para endeudarse dos décimas más (una deuda que pagaremos los españoles), pero a cambio nos manda la factura. La lista de peticiones de la Comisión Europea se camufla de "recomendaciones" pero es obvio que no lo son. Una recomendación es siempre opcional. Esto son órdenes, como recordó después otro comisario europeo, Joaquín Almunia: "Las recomendaciones son obligaciones". Pues eso.

A cambio, Mariano Rajoy se trae también del norte un plan de empleo para jóvenes tan ridículo como intentar vaciar el océano con un cubo. Europa destinará 6.000 millones de euros para luchar contra el paro juvenil; parecen muchos hasta que se hacen los números. El dinero es para los próximos siete años, hasta 2020. Y con él se pretende solucionar la situación de 5,7 millones de jóvenes sin trabajo (dos millones de ellos son españoles). Traducido: el gran plan por el empleo juvenil alcanza la increíble cifra de 150 euros al año por cada joven parado. ¡Seguro que con ese dinero lo arreglamos!

Además, parte de esa inversión –según ha propuesto Hollande con el respaldo de Alemania– irá destinada a crear un remedo de la beca Erasmus que ayude económicamente a las empresas que contraten como becarios a jóvenes de otros países con mucho paro. Es decir, que la genial ideal de la UE para acabar con el desempleo juvenil pasa por descapitalizar aún más a España, subvencionando a las empresas francesas, holandesas o alemanas que contraten en prácticas a esos jóvenes españoles que tanto dinero ha costado formar. Pues muchas gracias por la ayuda, querida Europa.

Interesantísimas reflexiones a raíz de las conclusiones del “megaestudio” publicado en el BMJ el pasado 22 de mayo: Megastudy links pediatric CT to higher cancer rates.

La sobreutilización tecnológica, un riesgo para la salud

Por Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

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Un “megaestudio” publicado en el BMJ el pasado 22 de mayo, realizado a 700.000 niños de 0 a 19 años que habían sido sometidos a exploraciones de Tomografía Computarizada (TC) confirma un incremento de un 24% en la incidencia de cáncer, en relación con la población de la misma edad que no se había sometido a exploraciones TC, con un mayor aumento de cáncer encefálico, relacionado con la TC cerebral. Este riesgo aumenta cuanto mayor es el número de exploraciones realizadas (16% adicional) y cuanto menor es la edad del niño. (Megastudy links pediatric CT to higher cancer rates. BMJ. Mayo 2013)

 

Con toda hay que tener en cuenta que el riesgo podría ser superior en el momento actual ya que las innovaciones de los últimos años, especialmente los equipos de TC multicorte (TCMC) han incrementado los estudios TC en niños pequeños, al permitir la realización de exploraciones ultrarrápidas que no requieren sedación.

 

Hay que ser consientes de que, probablemente en relación con esto, tanto la leucemia como el cáncer cerebral, los más relacionados con los estudios TC, han sufrido un fuerte incremento en la población infantil española en los últimos años (de hasta un 38% en 2005-2009 con respecto al quinquenio anterior) (Registro Nacional de Tumores Infantiles (RNTI-SEHOP)

 

En los primeros 4 años de vida se diagnostican buena parte de los tumores radioinducidos (38% de los tumores cerebrales y hasta el  50% de las leucemias ocurren en este grupo de edad). Debemos tener en cuenta que los niños son especialmente radiosensibles y su riesgo es varias veces superior al de la población general. Además, los equipos TC están pensados para adultos por lo que las dosis de radiación aplicadas, aún ajustando los parámetros, son proporcionalmente mayores en la población pediátrica.

 

Aunque la información sobre la utilización de tecnologías en los hospitales del SNS es limitada y no desglosada y en los servicios externalizados o centros privados, prácticamente inaccesible, existen estudios que confirman el incremento progresivo de los estudios TC en España  (hasta un 8% de crecimiento anual en Euskadi)

 

Existe falta de información y por lo tanto de sensibilidad con este problema entre la población y los profesionales. Según estudios realizados en otros países, un alto porcentaje de la población y muchos profesionales que solicitan y realizan TC subestiman el riesgo de la radiación ionizante. Los consentimientos que firman los pacientes o sus responsables antes de realizar los estudios TC no siempre informan del peligro de las radiaciones ionizantes ni de las posibles exploraciones alternativas, más inocuas.

 

Existe una gran variabilidad en las dosis de radiación impartidas entre los distintos equipos, los distintos hospitales o los distintos operadores, pero los controles de calidad se encuentran en manos de empresas privadas o con gestión privada, al menos en algunas CCAA, y sus conclusiones son desconocidas, tanto para la mayor parte de los profesionales como para la población, lo que impide la autoevaluación y la implantación de medidas de mejora.

 

Por otra parte, aunque los radiólogos de los hospitales del SNS realizan generalmente ecografías para el diagnóstico de patologías urgentes frecuentes, como la apendicitis aguda en niños, esto puede no ser posible en centros privados sin radiólogo presencial las 24 horas o en hospitales con los informes radiológicos exterrnalizados, como ocurre en los hospitales de gestión mixta o privada de Madrid, donde es más frecuente la reconversión de ecografías en TC, y esta situación puede empeorar ya que los anillos radiológicos son también una apuesta de otras CCAA, como ya ha anunciado el  gobierno popular de Galicia. Este es un caso más en que la privatización puede provocar efectos indeseados, y no controlados, sobre la salud de la población

 

Es obvio que la alta tecnología ha supuesto un gran avance para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de muchos pacientes, pero su banalización conlleva un alto coste, como ya ha ocurrido en USA, donde se ha pasado de realizar 3 millones de TC anuales en 1980 a 70 millones anuales en 2010, 4 millones de estos en niños.

 

Los radiólogos estadounidenses consideran la privatización (pago por acto médico) y la externalización de la radiología las causas principales de esta sobreutilización y la evolución hacia un SNS como la medida más eficaz para combatirla. En España, sin embargo, caminamos en sentido contrario y los estudios TC están sufriendo un crecimiento imparable, por la presión de la industria y por la reconversión de ecografías en TC, debido a la externalización de los servicios de diagnóstico por imagen y los anillos radiológicos.

 

Las conclusiones de este estudio deberían servir como punto de partida para abrir un debate en la comunidad científica española, con el fin de articular medidas para atajar este problema, evitando los estudios innecesarios y utilizando otras técnicas de imagen que no requieren radiaciones ionizantes cuando sea factible, además de implantar programas formativos e informativos entre los profesionales y la población.

 

La implantación de la cartilla dosimétrica, ya iniciada en algunas CCAA, permite conocer el historial radiológico y las dosis impartidas a los pacientes antes de tomar decisiones sobre la indicación de nuevas exploraciones y la realización de estudios epidemiológicos, imprescindibles sobre el impacto de las radiaciones en la población. Por eso parece lógico exigir que el Ministerio de Sanidad de manera urgente la implante en el conjunto del país.

 

El “Puntadas sin hilo” de hoy de Arturo González

El atraco de las pensiones

publico.es

 

Está a punto de perpetrarse el mayor y más grave atentado contra el bienestar de los españoles. Las pensiones van a ser revisadas a la baja por el Gobierno, siguiendo órdenes de Bruselas-Merkel, y para ello se escudará en el informe del Comité de expertos nombrados ad hoc, en su mayoría coincidentes ideológicamente con las más duras tesis neoliberales, ya saben ustedes qué significa.

 

Los ocho millones y medio de pensionistas actuales sufrirán estos cambios desde el uno de enero del próximo año, y la argucia que empleará el Gobierno para la rebaja será que no se revalorizarán automáticamente según el índice del coste de la vida, sino que se aumentarán o disminuirán en función de la situación económica del país. Imaginen. (Nota para los trolls de la acérrima derecha: estamos hablando de este Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad ahora, no contesten por favor que el anterior de Zapatero también las congeló)

 

Aun siendo los pensionistas los ciudadanos más indefensos frente a los atropellos del poder, y como si el dinero fuese un generoso regalo que se les hace mensualmente y no de ellos como fruto y depósito de lo que han cotizado a lo largo de sus vidas, el Gobierno cometerá la villanía de incumplir la última de sus promesas incumplidas, y disfrazada de ajuste técnico a los nuevos sistemas de medición, en un alarde más de prostitución del lenguaje. A un pensionista que cobre 900 euros, el hecho de que cada año la minusvaloren un dos o tres por ciento le supone una merma notable en su lucha por la vida, amén del copago de medicamentos y otras minucias. Lo sorprendente será que, no obstante, los pensionistas, pero en una muy inquietante parte les seguirán votando. Cosas de la edad. Lo de las pensiones creíamos que constituía la barrera del sonido del voto, pero no es así. Hasta los viejecitos y demás pensionistas encontrarán razones para no desertar. Pobres pero tercos y asustadizos. Los rojos son mucho peores.

 

Esto en cuanto a los pensionistas actuales. Para los futuros, o sea muchísimos de ustedes, también preparan la delicia de que sus pensiones se calcularán, aparte de la obligación de cotizar muchos más años, en atención a la esperanza de vida y no de lo que hayan cotizado, abriendo la vía para que se reduzcan entre un 6% y un 12%, que no está mal como castigo. También se habla de que se tendrá en cuenta el patrimonio del pensionista, a más patrimonio, por poco que sea, menos pensión. De modo que no ahorren, por favor, los que puedan, claro.

 

Las pensiones se han convertido en el juguete sádico del Gobierno, en el instrumento de tortura preferido para el final de la vida. Debe de ser que los pensionistas también han vivido por encima de sus posibilidades. Resulta preocupante que este atraco no conmociones a quienes aún ven lejana su condición de pensionistas, como si a ellos no les fuera a llegar. Una irresponsabilidad social colectiva en la que debería ser la verdadera causa para rebelarse contra el Gobierno, contra los empresarios, contra los sindicatos, y contra Europa. Las pensiones son el tiro de gracia que le van a dar a los españoles. Por gastones. No hay derecho a que se enriquezcan y lleven una vida de molicie con unas cantidades tan desorbitadas como las pensiones españolas, cuya media de es 884,97 euros. Las de los políticos siguen siendo máximas (2.548) por tiempos de cotización mínimas. ¡Ele, la demagogia!

En "Punto de Vista" de ACTA SANITARIA...

 

Disponibilidad de la propia vida: eutanasia y suicidio asistido

A la vista del reciente artículo ’Estrasburgo y los derechos fundamentales. En torno al suicidio asistido’, los autores de este trabajo, ambos miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), ofrecen una visión distinta del planteamiento.

 

Por Luis Montes Mieza y Carlos Barra Galán (*)

 

La Constitución Española proclama "como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". El artículo 10, recoge"la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Asimismo el artículo 15 afirma: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Algunos interpretan que la Constitución, en virtud del citado art. 15, mandata al poder civil para que garantice la vida por encima de la libertad individual, transformando así el derecho a la vida en la obligación de vivir. Esta interpretación del derecho a la vida no contempla que la Constitución establece que la libertad es el valor superior y pretende obligar al ciudadano a seguir viviendo aún en medio de sufrimientos o en situaciones para él indignas y degradantes. En nuestro criterio, que también es compartido por juristas prestigiosos, no se trata de garantizar cualquier clase de vida, sino una vida digna, respetando la biografía de cada cual y el libre desarrollo de su personalidad.

Es fácil entender que un enfermo, en circunstancias ciertas de sufrimiento, estime que su vida no tiene sentido, que no merece la pena vivirla porque no se corresponde con su idea de la dignidad humana y que obligarle a vivirla es una falta de respeto a su integridad moral. Esta posición queda reflejada en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y las leyes autonómicas llamadas "de muerte digna", al establecer el derecho a renunciar a un tratamiento aunque ello conduzca a la muerte.

Que la vida no es un bien absoluto, sino que es más importante la libertad de decidir la propia biografía que el mantenimiento de una vida que, por las razones que sólo a uno mismo corresponde valorar, ha dejado de ser un bien, queda reflejado claramente cuando se les pregunta a los profesionales de la salud.

En España, en 2002, el 59.9% de los médicos se manifestaba a favor de la eutanasia y el suicidio asistido y el 97.7% afirmaba que los cuidados paliativos no solucionan todas las demandas de eutanasia (CIS, estudio 2.451). En 2009, el 75,7% de los médicos opinaba que debería permitirse por ley la eutanasia y el 64,2% el suicidio médicamente asistido en el caso de pacientes con cáncer terminal y, con porcentajes ligeramente inferiores, para enfermedades degenerativas que incapacitarán física o mentalmente en el futuro. Curiosamente, en contra de la abierta oposición de la jerarquía católica sobre la eutanasia, el 70,1% de los que respondieron se declaraba católico (CIS, estudio 2.803).

El argumento de la sacralidad de la vida es un intento de hacernos comulgar con ruedas de molino a toda la población, olvidando que desde hace cuarenta años el pecado ya no es delito. Que la propia vida es disponible es un hecho éticamente justificado cuando se lleva a cabo con responsabilidad; si uno no se siente propietario de su vida, hará muy bien en no disponer de ella en ninguna circunstancia, pero no tiene ninguna legitimidad para imponer su visión particular a los demás. El miedo a la libertad nace de la misma cosmovisión que la santidad de la vida, que advierte alarmada que la eutanasia actuará como una presión sobre los débiles, los dependientes, los que se sientan una carga para los suyos, siendo empujados a solicitar la muerte. Una vez se dé el primer paso en admitir que es legítimo dar la muerte a petición, se pasará a decidir la muerte de quienes no lo solicitan pero cuyas vidas sean consideradas indignas. Dementes, ancianos, niños… estarán en peligro inminente y la figura mítica del médico como protector de la vida y del débil, quedará destruida y la confianza en él, perdida irremediablemente, de ser nuestro protector pasará a constituirse en un peligro.

Frente a estos argumentos "del miedo", están los hechos. Obviamente, esto no es cierto y forma parte de las líneas de propaganda que contaminan el debate. En cualquier caso, evitar el posible mal uso de un derecho negando el propio derecho conduce al absurdo. Todos los derechos pueden dar lugar a abusos: la libre circulación de personas y bienes puede permitir la huida de delincuentes y la fuga de capitales a paraísos fiscales; la capacidad de ordenación del territorio por los Ayuntamientos puede dar lugar a la corrupción urbanística. Aplicar ese principio negaría, por ejemplo, el derecho a la enseñanza en centros eclesiásticos para evitar que se produjera un caso de pederastia.

Las leyes deben acotar las circunstancias en que determinadas conductas sean admitidas y establecer procedimientos para asegurar que se cumplen y no haya desviaciones de uso, porque está bien demostrado por la experiencia que la no regulación de una necesidad real hace que su acceso sea injusto y sin seguridad, porque nadie lo controla. Así lo demuestran las experiencias de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Oregón, Washington, Montana o Vermont. Francia, por fin, regulará el suicidio asistido y más pronto que tarde, a medida que los ciudadanos dejen de ser súbditos, lo harán todos los países democráticos. El médico debe tener un marco legal que le permita ayudar a morir, respetando la voluntad del paciente. El paciente debe tener garantizados sus derechos de salida

(*).- Luis Montes Mieza es presidente federal de Derecho a Morir Dignamente (DMD) y Carlos Barra Galán es vocal de dicha asociación