OPINION

PENSIONES: Frente al falso debate que ya da por cerrado “de facto” el gobierno, el verdadero que tenemos que oponer

La insoportable levedad del Informe sobre el factor de Sostenibilidad (Resumen)…

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Por Bruno Estrada López

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El incremento del peso de las pensiones en el Producto Interior Bruto (PIB) es algo ineludible, ya que va a haber un mayor volumen de pensionistas en el futuro, al que hay que dar una solución en términos de ingresos. En todo caso estimaciones realizadas por la propia UNESPA calculan que dentro de más de veinte años, en 2035, el gasto en pensiones en España aún estaría en un 11,9% del PIB, muy por debajo de Italia, Francia, Bélgica, Austria y Finlandia, y sería igual al de Alemania.

 

En la medida en la que el número de pensionistas en el futuro crecerá, se deberán destinar más recursos para cubrir las demandas de ese colectivo, los porcentajes actuales en muchos países del euro están en torno al 14% del PIB. Lo que permitió que en 2010 el gasto público en pensiones ascendiera al 13,5% del PIB en Francia, frente al 8,9% de nuestro país, y es que la remuneración de los asalariados supone el 60% del PIB francés, así como una clara voluntad de la mayoría de los franceses de defender su sistema público de pensiones

 

El conflicto sobre el que hay que actuar para resolver los supuestos problemas de financiación del sistema de Seguridad Social es sobre el reparto de la riqueza generada entre capital y trabajo, esto es, mejorar la distribución primaria de la renta a favor del trabajo. En este sentido nuestro país debe avanzar mucho para llegar a los parámetros europeos: la participación de la remuneración de los asalariados en nuestro país, en 2012 se situó por debajo del 50%, al menos diez puntos inferior a Francia, EEUU y Reino Unido, que están en el entorno del 60%.

 

Actualmente hay un problema coyuntural, derivado del fuerte incremento del desempleo, pero el sistema de Seguridad Social tiene mecanismos para afrontarlo: el Fondo de Reserva que está dotado -derivado de las épocas en las que el sistema ha generado superavit-, en este momento con más de 63.000 millones de euros.

 

En el Informe sobre el factor de sostenibilidad de la Comisión de expertos:

 

No hay estimaciones sobre los ingresos y gastos futuros del Sistema de Seguridad Social.

Ni previsiones demográficas correctas.

Se ignoran elementos claves sobre su suficiencia, como es la evolución de la productividad.

 

Las falsas razones demográficas utilizadas en el Informe son un intento de utilizar los desequilibrios actuales de la Seguridad Social, derivados del incremento del desempleo, para reducir las pensiones en el futuro.

 

El Presidente del Comité dijo en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso: “Creemos que el reto principal de la sostenibilidad del sistema resulta de la combinación de la evolución de la esperanza de vida y de la tasa de dependencia a largo plazo. La esperanza de vida aumenta unos dieciséis meses cada diez años…”. Sin embargo este dato es contradictorio con las cifras que aporta el propio Informe sobre las previsiones de evolución de la esperanza de vida en el anexo 2. Es más, en el borrador [1] del Informe de abril se llegaba a la conclusión que en el año 2027 la esperanza de vida de las personas que alcanzaran los 67 años de edad tan sólo se habría incrementado en poco más de un año. Eso sin tener en cuenta las consecuencias que la actual crisis, y las erróneas medidas de la política económica tomadas para enfrentarse a ella, puedan tener en un descenso de la esperanza de vida (recorte de gasto sanitario publico, malnutrición infantil), como ya ha sucedido en 2012.

 

La previsión de incremento de la esperanza de vida de la OCDE [2] para los países miembros de esa organización hasta 2050, es tres años para los varones y tres años y medio para las mujeres, mucho más aproximada a la del borrador de abril del Informe que a la expresada por los expertos y publicada en la versión final. Estamos hablando de previsiones muy a largo plazo sobre las que hay numerosas incertidumbres sobre su real cumplimiento.

 

En relación con la tasa de dependencia, la mayoría de los expertos no han juzgado necesario tener que demostrar nada sobre esta cuestión capital en el Informe final.

 

El demógrafo Julio Pérez [3] ya puso en evidencia que la tasa de dependencia en España, desde 1976 hasta la actualidad, ha estado condicionada fundamentalmente por la evolución de los dependientes en edad laboral (entre 16 y 64 años), no por el incremento de la relación entre dependientes mayores de 65 años y ocupados. Por dos factores, uno positivo de carácter estructural, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, y otro negativo de carácter coyuntural, el fuerte incremento del desempleo, a principios de los años noventa y en la actualidad.

 

La relación entre población de más de 65 años y población ocupada fue prácticamente la misma en 2005 que en 1985, un 0,4%, a pesar de un incremento absoluto del número de personas mayores de 65 años en más de tres millones y medio, un 77% más. Esto fue posible gracias al fuerte aumento del número de ocupados en ese periodo, en casi ocho millones, un 72% más.

 

Las sinrazones demográficas de los supuestos peligros de sostenibilidad del sistema ya han quedado suficientemente rebatidas por la propia realidad en el pasado. En los años 90, al calor del incremento del desempleo, surgieron multitud de estudios sobre la insostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social en el horizonte del cambio de siglo. El fuerte crecimiento del empleo y la migración exterior se encargaron de refutar las predicciones supuestamente científicas de dichos estudios.

 

Por otro lado, un factor clave que cuestiona los supuestos argumentos de base demográfica es la evolución futura de la productividad.

 

Lo fundamental es ¿cuánto producirá la población ocupada en el futuro?.

 

Desde 1900 la riqueza de nuestro país ha crecido 24 veces [4] y la población tan sólo una vez y media, este fuerte crecimiento de la productividad es lo que ha permitido la mejora de las condiciones de los españoles. En este sentido lo que debería preocupar en primer lugar a nuestras autoridades económicas son las bajas tasas de crecimiento de la  productividad del trabajo registradas en el periodo 1986-2010. La tasa anual acumulativa en dicho periodo fue del 1%, muy lejos de la tasa anual del 4,9% que se experimentó en nuestro país en el periodo anterior, 1961 y 1985, e inferior también a las cifras de los últimos veinticinco años del Reino Unido, un 2%, Japón y EEUU, un 1,7% y Francia, un 1,3%. El reducido volumen de stock de capital productivo privado por empleo de nuestro país, en 2009 tan sólo alcanzó el 75,6% de la media de la UEM-13, está detrás de esa baja productividad. Causa de ello es la escasa reinversión de los beneficios empresariales a la que están acostumbrados los empresarios de nuestro país. El porcentaje que representaba la parte del capital que sale de la empresa, que no se reinvierte en ella, pasó de un 39% en 1995, a un 60% en 2008.

 

En un sistema público de reparto, como el de la Seguridad Social, la viabilidad futura del sistema no se va a garantizar en función de resolver un falso conflicto intergeneracional entre los pensionistas y trabajadores ocupados, o entre jubilados actuales y jubilados futuros, lo que, para la mayoría de los expertos redactores del Informe, justificaría el Factor de Equidad Intergeneracional. Ni siquiera en un sistema basado de cuentas personales (o nocionales), como reconocen incluso algunos defensores de esos sistemas: “Aunque el sistema de cuentas nocionales tiene en cuenta la esperanza de vida de los jubilados a la hora de calcular la pensión, esto no soluciona totalmente este riesgo demográfico: si aumenta el número de pensionistas en relación a los cotizantes, será necesario, en un futuro, disminuir las pensiones o aumentar la tasa de cotización, o bien introducir transferencias del Estado para pagar dichas pensiones” [5].

 

La diferencia fundamental es que en los sistemas de capitalización, de cuentas personales, las pensiones recibidas en el futuro dependerán de las aportaciones realizadas y de la rentabilidad de dichas inversiones. Desaparece toda redistribución, solo aquellos que tengan salarios elevados podrán tener una pensión digna en el futuro, como dice la OCDE: “De hecho, en la mayoría de los países que cuentan con sistemas de pensiones voluntarias es menos probable que los trabajadores de ingresos bajos participen en los planes de pensiones privados” [6]. El propio Presidente de la Comisión reconoció que la “equidad intergeneracional” plantea un problema importante de individualización del riesgo.

 

Individualización del riesgo supone, en palabras de un informe de UNESPA de 2011: “un modelo flexible  (…) en el que la prestación deja de ser una función directa del número de años cotizados y pasa a ser una función directa de lo aportado”. Es decir, que quienes hayan tenido salarios bajos, o largas épocas de desempleo, cobrarán “la pensión que les corresponde”: una pensión de miseria, por cierto.

 

Esto es plenamente coherente por lo expresado por dos de los expertos en el mencionado trabajo realizado para UNESPA: “El sistema de cuentas personales, por otra parte, sirve para garantizar (…) que la relación entre las aportaciones y las prestaciones no está alterada por factores redistributivos”.

 

Aún así nadie garantiza la rentabilidad futura de los planes de pensiones privados, muchos han quebrado, como ha sucedido en Suecia, Chile y Argentina. Él propio Presidente de la Comisión ha reconocido en el citado trabajo de UNESPA de 2011, que: “la tasa de rentabilidad que proporcionan los sistemas basados en la capitalización no puede llevar asociado a largo plazo una tasa de rentabilidad mayor que la que proporciona el sistema de reparto”.

 

Por eso, para que los planes privados de pensiones sean atractivos es imprescindible una financiación pública encubierta, a través de incentivos fiscales que restan ingresos públicos (ya que son gastos fiscales), con un elemento fuertemente regresivo al no estar al alcance del resto de la población. El 20% de declarantes con mayor renta se benefician del 70% de esos incentivos fiscales [7].

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que nuestro sistema fiscal y de prestaciones sociales ha reducido en el periodo 2005-2011 en menor medida las desigualdades sociales que la media de los sistemas europeos [8], por el menor volumen de gasto social per capita, y que más de la mitad del efecto redistributivo de todas las políticas se ha producido a través de las pensiones contributivas. Resulta evidente, por tanto, que las modificaciones propuestas en el Informe tendrían como resultado, dadas las carencias de nuestro Estado del Bienestar en políticas clave como vivienda o dependencia, el incremento de la elevadísima desigualdad de nuestro país.

 

Por tanto, asegurar una pensión digna en el futuro a millones de jubilados significa desarrollar nuevos ingresos, incluidos los impuestos, como sucede en la financiación de la Seguridad Social en Dinamarca: “las prestaciones de la Seguridad Social se financian con carácter general mediante los impuestos” [9].

 

LAS LLAMADAS:

[1] Página 45 del borrador del Informe.

[2] Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012. OCDE 2012.

[3]  Apuntes de Demografía. Blog de Julio Pérez Díaz.

[4] Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Vicenç Navarro y Juan Torres. Editorial Espasa, Barcelona, 2013.

[5] Cuentas nocionales de aportación definida: Fundamento actuarial y aspectos aplicados. Carlos Vidal, José Enrique Devesa y Ana Lejárraga.

[6] Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012. OCDE 2012.

[7] Efectos distributivos de los incentivos fiscales a planes de pensiones complementarios en España. José Ignacio Antón. Principios nº 12, 2008

[8] La capacidad redistributiva del sistema español de prestaciones e impuestos. Olga Cantó. Papeles de Economía Española nº 135, 2013.

[9] La Seguridad Social en Dinamarca. Comisión Europea. Julio 2012. 

 

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Uno más de los múltiples aspectos del “negocio” de la privatización de nuestro sistema sanitario público

Los hospitales de Madrid y el turismo de alto nivel

Por Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP)

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El consejero Lasquetty, sordo al clamor de la población madrileña, se ha apresurado a “certificar” que Hima-San Pablo, Bupa Sanitas y Ribera Salud cumplen los requisitos técnicos y económicos de los pliegos y son aptos para gestionar los hospitales públicos madrileños. Faltaría más.

 

Hima-San Pablo, a la vez que anunciaba su supuesta retirada del Concurso desvelaba su verdadero objetivo, participar en el negocio del turismo sanitario privado en España, dirigido a clientes provenientes de otros países de Europa y del Norte de África. El consejero Lasquetty no se ha posicionado en contra de las pretensiones de HIMA, a pesar de incumplir las condiciones de los pliegos.

 

En unos momentos de crisis económica profunda, tras la quiebra de bancos y empresas, solo nuestro SNS permanece en pie, gracias a la eficiencia de la gestión pública y al buen hacer de sus profesionales, y como ha ocurrido en los demás sectores, se privatizará casi en su totalidad, y esta privatización incrementará los precios y disminuirá la accesibilidad de la población más enferma y más vulnerable, mientras se despilfarran los recursos en las elites españolas y extranjeras, que dispondrán de estudios de ADN, reproducción asistida, aborto a la carta y toda la sedación y el control del dolor que sean necesarios. Una medicina tan tecnológica y personalizada como puedan permitirse.

 

Y los acontecimientos se suceden. Aunque la justificación del gobierno de Rajoy para la suspensión del derecho a la asistencia sanitaria pública a los emigrantes era combatir el turismo sanitario y no promoverlo, acaba de constituirse el "Clúster Español de Turismo de Salud" formado por la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Confederación Española de Hoteles, balnearios y Agencias de Viajes, atraídos por las inmejorables perspectivas de negocio, que casi cuatriplicará su facturación, según ellos mismos afirman.

 

El anuncio del aumento de las camas y la puesta en funcionamiento de los quirófanos por las tardes en los hospitales privatizados, construidos en terrenos públicos y financiados con dinero público, para permitir el incremento de sus beneficios y la atención sanitaria a los turistas de élite, mientras se deniega la asistencia más básica a los trabajadores emigrantes y se decide el cierre de camas, el recorte de profesionales y la suspensión de la asistencia sanitaria por las tardes en los hospitales públicos, es una afrenta a la población madrileña, que padece un  incremento continuado de las LE.

 

Por si esto no fuera suficiente, el exconsejero Manuel Lamela, uno de los políticos españoles que más hizo por desacreditar el sistema sanitario público y privatizar la asistencia, incrementará sus beneficios a través de un pacto entre su empresa, Madrid Medical Destination (MMD), y el sector del turismo sanitario, pacto por el que ingresará el 8% de la facturación del sector, que pasará de 140 millones a 500 millones de euros anuales según las previsiones de los propios empresarios, sin contar las posibilidades que se abren con el proyecto de Eurovegas. Unos beneficios descomunales, suficientes para justificar cualquier “colaboración” público-privada. Todo estaba atado y bien atado, ¿verdad Sra. Aguirre?

Pensiones: camino de la ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático

El factor de sostenibilidad: una propuesta innecesaria e inaceptable

Por Alberto del Pozo Sen, Borja Suárez Corujo y Antonio González González. Miembros de Economistas Frente a la Crisis.

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Tiempo habrá en las próximas semanas para analizar con detalle la propuesta del Comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, su contenido y sus implicaciones. Pero se hace necesario ya al menos dar una respuesta clara a las tres preguntas que los propios expertos plantean en un ejercicio de retórica, más que de pedagogía, en las últimas páginas de su Informe.

¿Es necesario ahora el factor de sostenibilidad? La propuesta de los “expertos” –de los once que la asumen, habría que matizar siempre– parte de la premisa de que la introducción de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones es necesaria y urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema que, en otro caso, se vería amenazada ya en el corto plazo. Sin embargo, llama poderosamente la atención que precisamente un grupo selecto de expertos no explique –más allá de la manida e insuficiente referencia al envejecimiento de la población– ni aporte dato alguno acerca de las razones de esa urgencia. Máxime cuando el gasto actual en pensiones de jubilación en España es muy inferior al de la mayoría de países de la UE. Y cuando las proyecciones demográficas, económicas y de gasto a largo plazo del propio Gobierno español y de la Comisión Europea (2012 Ageing Report y Pension Adecuacy Report 2010-2050), que acreditan la sostenibilidad de las pensiones públicas, no han sido puestas por ellos en cuestión.

Establecer por anticipado un mecanismo de adaptación ante posibles desequilibrios del sistema de pensiones derivados de factores demográficos más intensos de lo esperado puede ser una medida razonable. De hecho, la reforma consensuada de 2011 –esa que sorprendentemente los “expertos” ignoran por completo– así lo contemplaba. Pero lo hacía en términos bien distintos a la propuesta de esta Comisión de expertos, pues sólo comenzaría a aplicarse en 2032, una fecha que no es caprichosa sino que coincide con el momento en el que se sabe que se intensificará el gasto en pensiones por la jubilación de la generación del “baby boom”.

Por todo ello, introducir ahora el factor de sostenibilidad de forma precipitada no sólo resulta innecesario, sino que, al hacerlo sin aportar argumentos que lo justifiquen, pone de relieve una estrategia de utilización de la coyuntura de crisis como coartada para el recorte de los derechos.

¿Es adecuado? Si de lo que se trata es de salvaguardar el sistema público de pensiones que hoy conocemos, el factor de sostenibilidad propuesto no es adecuado. Porque la doble fórmula planteada garantiza la pervivencia de un sistema público de pensiones, sí, pero de uno muy limitado respecto de los parámetros actuales, que no satisfaría el requisito de suficiencia y adecuación de rentas. Vayamos por partes.

En virtud del Factor de Revalorización Anual (FRA), se sustituye el mecanismo de actualización automática conforme al incremento del IPC por una nueva previsión que condiciona la revalorización de las pensiones a la situación financiera del sistema de pensiones. El crecimiento de su cuantía se hace depender de una favorable evolución del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, de la cuantía media y del equilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Dos grandes objeciones cabe hacer a esta nueva definición del mecanismo actualización.

Primero, detrás de una apariencia técnica, objetiva, se esconde un planteamiento tramposo, en la medida en que hoy se sabe que en las próximas décadas dos de las variables que integran esa fórmula –el número de pensiones y la cuantía media– van a crecer necesariamente por la jubilación de los “baby boomers” y el efecto sustitución, lastrando así la posible revalorización hasta el punto de que sólo un aumento espectacular de los ingresos podría compensar los otros dos y garantizar lo que hasta ahora era un derecho de los pensionistas: que sus pensiones no perdieran poder adquisitivo. Segundo, el FRA, así definido, devalúa el derecho a la revalorización de las pensiones vulnerando el artículo 50 de nuestra Constitución en el que se garantiza a los ciudadanos durante la tercera edad la “… suficiencia económica…” a través de “… pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Es decir que –mal que les pese a los “expertos”– los poderes públicos tienen el deber constitucional de proveer los recursos necesarios para garantizar la revalorización, algo que resulta incompatible con una fórmula que pretende abocar a todos los pensionistas, actuales y futuros, a una pérdida constante de poder adquisitivo.

Por su parte, el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) supone aplicar un descuento en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida. Con ello se trata de mantener el equilibrio entre el tiempo de vida activa y el que se pasa como pensionista. Este objetivo, también en principio razonable, es de nuevo coincidente con la línea seguida por la reforma de 2011. Sin embargo, frente a la más prudente solución de entonces basada en un mayor esfuerzo contributivo, ahora se plantea una fórmula mucho más drástica y con un importantísimo impacto social. Porque se establece una corrección automática –a la baja por el alargamiento de la esperanza de vida– que desprecia el previsible incremento del nivel de riqueza de la sociedad en su conjunto. Quiere ello decir que los “expertos” desatienden flagrantemente una cuestión fundamental como es la equidad, pues difícilmente puede explicarse que una sociedad más rica, como será la española dentro de veinte años, esté abocada a pagar pensiones cada vez más modestas a sus jubilados marginándolos del progreso económico colectivo.

¿Es aceptable? Sorprende que el Informe de los “expertos” no ofrezca ninguna descripción de la realidad actual de nuestro sistema público de pensiones. A juzgar por la determinación con la que plantea una reducción importante de la cuantía de las pensiones actuales y futuras, cabe deducir que consideran que nuestras pensiones actuales son excesivamente generosas. Pero lo cierto es que no es así, ya que la pensión media apenas alcanza los 820 euros mensuales y más del 50% de todas las pensiones no llega a la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional.

Por eso entendemos que condenar a los ciudadanos a unas pensiones menguantes en una sociedad que, una vez superada la crisis, recupere su capacidad de crecimiento, es una contradicción muy difícil de salvar sin tener presente la existencia de poderosísimos intereses financieros. Porque lo que la propuesta esconde –de manera consciente– detrás de fórmulas matemáticas es un cambio de modelo de Seguridad Social en el que la limitación de las pensiones públicas libera un amplio espacio a las pensiones privadas. Tal planteamiento podrá ser legítimo; pero lo exigible, en todo caso, es que se hable claro a los ciudadanos y se explique de forma meridiana quién pierde y quién gana con este cambio: perdería la mayoría que al llegar a la jubilación no posee más que un patrimonio social, la pensión pública, pues el recorte de su cuantía incrementaría el riesgo de pobreza y de desigualdad; ganaría el poder financiero que vería promocionado el acceso a un lucrativo negocio.

Desde nuestro punto de vista, este nuevo diseño del modelo de pensiones degrada el Estado de Bienestar que hemos construido en los últimos treinta y cinco años. Representa, en otras palabras, una ruptura del núcleo esencial del pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema democrático, y por ello resulta inadmisible.

Hay que reconocer que tiene toda la razón, ni más ni menos

El problema de las izquierdas

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra

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Uno de los mayores problemas que tiene España es la excesiva atomización de las izquierdas, divididas en distintos partidos y movimientos sociales, muy celosos de su autonomía y reacios a establecer plataformas conjuntas orientadas a crear una cultura contestataria y un movimiento político-social que cuestione y transforme el sistema político-económico hacia un país más democrático, más justo y más solidario.

 

No soy muy partidario de referirme a experiencias personales, pero creo que aquello a lo que me voy a referir explica claramente el problema que estoy describiendo. Hace años, cuando cumplí 70 años, un muy buen amigo nos invitó a mi esposa y a mí a ir a cenar el día de mi cumpleaños al Ateneo Barcelonés. Creía que sería una cena íntima, de poquísimas personas, y así se nos había anunciado. Pero cuál sería mi sorpresa, cuando llegamos al Ateneo y mi amigo nos desvió y, en lugar de ir al restaurante, nos llevó al salón mayor y, al abrir la puerta me encontré con una enorme sorpresa. La sala estaba llenísima de amigos de muchos años, algunos de los cuales no había visto desde los años cincuenta. Y había desde amigos ocupando puestos de representatividad institucional, como el que había sido President de la Generalitat, Pasqual Maragall (a quien había conocido en los años sesenta) y su esposa, a compañeros de la lucha antifascista en los años cincuenta. Allí habían socialistas, comunistas reciclados como verdes, comunistas no reciclados, nacionalistas de izquierda, independentistas de izquierda, anarcosindicalistas, cristianodemócratas de izquierda (que los había entonces) y un largo etcétera.

 

Uno de los momentos más interesantes fue cuando cada uno de los presentes comenzó a explicar cómo me había conocido. Comenzaron los de los difíciles años cincuenta y sesenta, muchos de ellos miembros de lo que se llamaba el SUT (Servicio Universitario del Trabajo), que resultó de la infiltración de la resistencia antifascista en el sindicato vertical universitario, el infame SEU, y que fue prohibido más tarde porque fue una de las asociaciones que concienció y radicalizó a muchos estudiantes, presentes en la reunión. Había incluso enfermeras que me habían ayudado en los años sesenta cuando establecimos el único Centro de Salud que había en el Somorrostro, el barrio más pobre de Barcelona, donde vivían los inmigrantes de otras partes de España (que las derechas llamaban “los charnegos”). Y así todos fueron explicando lo que habían hecho y en qué habían participado en los años cincuenta, sesenta y, más tarde, setenta. Lo que fue muy valioso fue que en aquella explicación de lo que había hecho cada uno, se estaba, en realidad, narrando parte de la historia de las mayores fuerzas políticas de todas las sensibilidades y movimientos sociales que habían existido en la clandestinidad. ¡Qué lástima que no se grabara! Era una pequeña pieza de una historia poco conocida y muy olvidada.

 

Más tarde, como resultado de la comida y también de la bebida, apareció la faceta más emotiva. La cultura catalana es excesivamente austera en su emotividad y parece que solo a través del canto se permiten expresar ciertas emociones. Y fue claramente emotivo cuando todos, independientemente de su sensibilidad política o de la generación en la cual participó, cantamos conjuntamente canciones de la resistencia, incluidas las que se conocieron en la mal llamada Guerra Civil, que en realidad fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, contra un gobierno democráticamente elegido y muy popular.

 

Pero el momento álgido de la noche fue cuando una persona, con voz alta, dijo lo siguiente: “Compañeros y compañeras, ¿os dais cuenta de que es la primera vez que personas de las distintas izquierdas cantamos juntos en una fiesta?”. E irónicamente añadió “tendríamos que celebrar cada año el cumpleaños de Vicenç, utilizándolo para que nos veamos y lo hagamos”.

 

Y llegó el momento en que me cedieron la palabra. Y allí, con el control de la emotividad, que no era fácil de mantener en aquella ocasión, sí que recuerdo que, con cierta contundencia, indiqué que no podía ser que las izquierdas celebraran sus fiestas cada una de ellas por separado, sin celebrarlo conjuntamente. Y que era criticable que ello ocurriera tan raramente. Las izquierdas tenían que transcender sus propias fronteras para crear una cultura más allá de cada partido, de cada sindicato y de cada movimiento social. En realidad, lo que las unía era mucho más de lo que las separaba y la evidencia de ello continúa siendo abrumadora. Excepto en espacios como la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (Universidad Progresista de Verano de Catalunya) (ver el programa de este año en mi blog www.vnavarro.org), todavía hoy es raro que las izquierdas se encuentren, dialoguen y discutan. Y todavía más que se creen coaliciones estables. El movimiento progresista está atomizado y ahí está el problema tanto en Catalunya como en el resto de España. De ahí que enfatizara que la falta de camaradería y la limitada solidaridad que existe entre las izquierdas es un grave problema en nuestro país. Y así lo dije en la reunión al final de la fiesta. Mi esposa, que es la personificación del sentido común, me dijo más tarde que puede que no fuera el momento más adecuado para decirlo. Y llevaba razón.

 

Pero lo repito ahora pues poco ha cambiado. Con contadísimas excepciones hay escasísimos espacios de hermandad y colegialidad entre las izquierdas. Como bien dijo Manuel Vázquez Montalbán, amigo de los sesenta, “contra España vivíamos mejor”. Había más camaradería entonces que ahora. Naturalmente que mucho ha cambiado. Pero no la resistencia que todavía existe entre las izquierdas a anteponer la colegialidad de las izquierdas al partidismo (no libre en ocasiones de sectarismo) dominante en nuestro país.

 

La necesidad de un cambio radical

Pero la situación actual requiere y exige un cambio radical. Hoy estamos viendo lo que mi amigo Noam Chomsky ha definido –en su introducción del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España- como una “guerra de clases unilateral”, de una minoría frente a las clases populares, que son la mayoría de la población. El gobierno más reaccionario que España ha tenido desde que terminó la Dictadura está desmontando el Estado del Bienestar y está eliminando la protección social. Y está intentando debilitar a los sindicatos y forzando enormes reducciones de los salarios y, ahora, de las pensiones. Nunca antes en el periodo democrático habíamos visto unas políticas públicas tan regresivas y tan hostiles a la clase trabajadora de España como ahora. Y la respuesta de las izquierdas ha sido extremadamente moderada. Solo los movimientos sociales y, muy en particular, el 15-M y sus sucesores, han respondido con una radicalidad necesaria, sin excluir la desobediencia civil. Creo evidente que es necesario un movimiento político-social (que no quiere decir un nuevo partido político) que movilice a la ciudadanía en contra del establishment financiero –gran patronal- y político, a fin de recuperar los escasos derechos democráticos, civiles, laborales y sociales que las clases populares habían adquirido y que ahora se les está robando (y no hay otra manera de decirlo). Este movimiento ya está radicalizando a los partidos políticos de la izquierda, a los sindicatos y a los movimientos sociales, a fin de conseguir la segunda transición hacia una democracia completa con un bienestar social hoy todavía muy limitado.

 

Una última observación dirigida a las personas de izquierda que se quejan de los partidos de izquierda y de los sindicatos, sin que ellos mismos hagan algo. Independientemente del mérito y demérito de las críticas, el hecho es que la pasividad de gran parte de las personas e instituciones de izquierda es sorprendente. ¿Qué hace, usted, lector, frente a esta guerra de clases unilateral? ¿Cuántas veces ha llamado, por ejemplo, a la televisión, a la radio o a la prensa, para mostrar su protesta frente a la desinformación que se difunde? ¿O ha protestado frente a un político, o un banquero, o un director de un rotativo o un canal televisivo, que está contribuyendo a promover políticas y actuaciones que dañan a la población? ¿Cuántas veces ha escrito a diarios o a canales de televisión protestando por su sesgo conservador o neoliberal? ¿Cuántas veces…?

La “Marca España”, que tanto preocupa al PP y a sus palmeros, en su más genuino ejercicio

Las compraventas de la Infanta Cristina

Por Arturo González en “Puntadas sin hilo”

eldiario.es

 

Está visto que ya no podemos confiar en la fe pública, que era uno de los principios esenciales del comercio y de la convivencia en España. Pues puede ocurrir que algunos notarios y registradores de la propiedad que si no son unos falsarios son unos chapuceros. No tiene explicación lógica que se hayan inscrito trece escrituras públicas de compraventa de inmuebles y se haya practicado el asiento correspondiente en el Registro de la propiedad en los que aparece la Infanta Cristina como vendedora por un precio total de 1.400.000 euros, dándose la circunstancia especialísima de que el DNI de dicha señora solo tiene dos dígitos, 14, con lo que se debe excluir lógicamente cualquier salto o trasposición de números.

Algo está ocurriendo en este país, que dicen que pertenece a Europa y su unión, cuando nuestra seguridad jurídica carece de los principios más elementales de eficacia. ¿Quién nos puede asegurar hoy por hoy a usted o a mí que nuestra vivienda habitual en propiedad no es objeto de una transacción ante notario en la que interviene como vendedora una persona a la que no solamente no hemos otorgado poder alguno sino a la que ni siquiera conocemos?

En esta vergüenza nacional tiene y ha tenido un papel muy importante la Agencia Tributaria y por ende el Ministerio de Hacienda con su titular a la cabeza, ya que en el tiempo transcurrido desde que ha saltado el escándalo no han dado una explicación mínimamente entendible. Por ello, como siempre, y en vez de colaborar con la justicia como ordena el mandato constitucional, el juez tiene que pelear con el problema solo ante el peligro, y digo solo porque todavía no se ha visto impulso procesal alguno por parte del Ministerio Fiscal, representante de los ciudadanos.

Si yo fuera el juez, citaría para el próximo lunes para comparecer en el juzgado a los notarios y registradores de la Propiedad intervinientes en las escrituras en cuestión, con todos los antecedentes obrantes en sus archivos y que pudieran esclarecer el tema. Y desde luego, como punto final, citaría como testigo y en su caso como imputada a la Directora de la Agencia Tributaria.

Pero, en fin, esto son elucubraciones mías y espero que el juez Castro tenga otras ideas más claras.

 

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Algunos apuntes sobre el informe del comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones

Acerca del factor de sostenibilidad de las pensiones, por Santos Ruesga

Santos M. Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de Economistas Frente a la Crisis

NdE..- Santos Ruesga formo parte del comité de expertos, siendo el único que ha votado en contra del informe encargado por Empleo para aplicar el factor de sostenibilidad a las pensiones

WEB de Economistas Frente a la Crisis

En los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, hemos estado empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado Factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya referencia se remonta a la Ley 27/2011, por la que se llevo a cabo una reforma de calado en los parámetros básicos que definen la cuantía de la pensión en el sistema público español.

Como es sabido por los medios de comunicación me opuse al resultado final de dicho Comité, por razones que sintetizo a continuación.

Entendía cuando me convocaron a participar en dicho Comité que el objetivo era definir y modular un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con el ascenso de la esperanza de vida en el país, que según todas las predicciones seguirá produciéndose en las próximas décadas. La filosofía subyacente de la citada ley donde se contempla tal factor no es muy lejana a la aplicada en otros países europeos donde ya cuentan con un factor de tal denominación. Se trataba, a mi entender, de dar forma a dicho factor y analizar las consecuencias en diferentes aspectos del sistema público de pensiones, tras su aplicación en los diferentes parámetros que definen las mismas o en un mix de ellos. Para mi sorpresa, desde el inicio del funcionamiento de dicho Comité parecía haber un acuerdo tácito y mayoritario de que debíamos abordar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, en concreto aspectos económicos de la misma, y generar adicionalmente otro factor de sostenibilidad que revertiera también sobre el valor medio de las pensiones, como en el caso anterior. Tal acuerdo tácito venía refrendado por un documento entregado por el Gobierno a dicho Comité, hecho publico a través de su entrega a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que además de proyecciones sobre la aplicación del factor de sostenibilidad recogido en la Ley 27/2011 se incluían ejercicios prospectivos sobre la posible aplicación de otro factor para la revalorización anual de las pensiones, sustentando en el aplicado en Alemania.

Todo esto me indicaba que el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos,  a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo convenidos con la Comisión Europea y el resto de la Troika. En suma, al servicio de una política de austeridad contra la que me he manifestado en repetidas ocasiones, incluso en las propias reuniones del Comité. Política, que dicho sea de paso esta hundiendo desde hace algunos años a la economía española en una largo y negro túnel de recesión reiterada. El recorte de pensiones al servicio de los ajustes en el gasto público.

No hay razones económicas para pensar que los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva diseñado con tal finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las finanzas de la Seguridad Social.

Pero más allá de este servilismo a la coyuntura, o mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones públicas. La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060. A lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto porcentual, al menos de ahorro adicional, por la aplicación del factor de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida contenido también en la citada Ley. Con tales ajustes nos situaríamos en el referido horizonte en un nivel relativo de gasto en pensiones, en torno a la media de la Unión Europea de los 27 y por debajo de la media correspondiente a los países del área Euro.

Tocaba, a  mi modo de ver, que los próximos ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran por el lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro décadas. Ello significa no seguir cargando el ajuste presupuestario de nuevo sobre las pensiones medias, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de suficiencia.

Ya se que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro. Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el  camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia. Mecanismo que hasta la fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero esto es harina para debatir en otra ocasión. El caso es que este camino de complementar pensiones públicas con pensiones privadas no está al alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de vulnerabilidad económica.

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Todo incluido

Por Ignacio Escolar, en ESCOLAR.NET

eldiario.es

NOTA DEL AUTOR SOBRE EL VIDEO QUE ILUSTRA EL PRESENTE ARTICULO: González Pons, octubre de 2011: “No hay que hacer que paguen los más débiles”. No le den al play si no quieren enfadarse.

 

¿Es aceptable que un político reciba dos sueldos públicos: uno como diputado, otro del partido? ¿Y que ese mismo político cobre del Congreso 1.800 euros mensuales en concepto de dietas de alojamiento mientras su partido le pague el alquiler de su piso? ¿Y que ese piso lo cobre una empresa investigada en la Gürtel? Bienvenido al sobrecogedor mundo popular, el partido del todo incluido: la casa, el segundo sueldo, el coche oficial y hasta los trajes. Una organización que tiene incluso su propia financiera y otorga créditos a sus dirigentes libres de impuestos y, por supuesto, sin intereses. Una casa, la de Génova 13, que se nutre al 90% de fondos públicos y que después reparte ese dinero arbitrariamente entre sus dirigentes. Sin transparencia. Sin dar explicaciones. Como si el dinero de los contribuyentes fuese suyo.

 

“El PP no alquiló el piso para Pons, sino para quien lo necesité”, explicó Carlos Floriano en una rueda de prensa para enmarcar donde no supo aclarar si hay más dirigentes del PP acogidos a esta oferta del todo incluido. Esteban González Pons, el necesitado, cobra al menos 136.000 euros al año que al parecer no le dan para alquilar un piso. No se sabe si ese pago en especie está incluido en su declaración de la renta, pero no aparece detallada en la declaración de ingresos que ha presentado ante el Congreso.

 

Tampoco se sabe si González Pons es el único necesitado de la bien pagada familia popular. El domingo, cuando desde eldiario.es trabajamos en esta información exclusiva que ayer dimos, un portavoz del PP nos confirmó que “el partido ha pagado el alquiler de otros vicesecretarios”. ¿Quiénes? No lo sabemos y en el PP no lo explican. Hay tres vicesecretarios: Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban Gonzalez Pons. Y dice Floriano que él no ha sido.

 

Además, ¿tiene sentido que algunos vicesecretarios generales tengan la casa pagada y no se haga lo mismo con sus superiores: el secretario general y el presidente del partido? ¿Quién más disfruta del “todo incluido”? Y la pregunta más importante: ¿qué credibilidad les queda a unos políticos que imponen toda clase de sacrificios y recortes a los ciudadanos mientras viven a todo lujo?

El pensionazo que se avecina – si no lo remediamos – es absolutamente ideológico y, por tanto, no está razonado sobre premisa cientifica alguna, sino sobre pretextos interesados

Pensiones: rebaja injusta e injustificada

Por Antonio Antón, Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

publico.es

 

El Gobierno del PP prepara una reforma profunda y regresiva del sistema público de pensiones. El efecto de las medidas fundamentales propuestas en el Informe de ‘su’ comité de expertos es una rebaja drástica, inmediata y generalizada de las pensiones públicas.

El pretexto utilizado es el de su ‘insostenibilidad’, cosa que como veremos es falsa. La solución del Informe es la reducción del gasto social previsto en pensiones públicas con un recorte sustancial de los derechos adquiridos de trabajadores y pensionistas. La consecuencia sería menor distribución pública de la renta global con mayor empobrecimiento, inseguridad y desigualdad para la mayoría de la sociedad: pensionistas presentes y futuros. Sí existen algunos desequilibrios entre los ingresos y los gastos, pero al contrario que la opinión del Informe, son resolubles por el incremento de los recursos a medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos y, si es preciso, transferencias presupuestarias puntuales. Y a corto plazo se puede utilizar el fondo de reserva.

 

La propuesta de reforma es insolidaria y no tiene base objetiva

Su justificación es la actual política neoliberal de austeridad, sin impulso a la creación de empleo, con la apuesta por la disminución de costes laborales y la referencia principal del pago de la deuda a los acreedores financieros, consolidada en la reforma constitucional. Por ello, deja al margen y no es capaz de contemplar la alternativa de incrementar los ingresos del sistema para garantizar la suficiencia financiera del sistema público de pensiones. Pero ello es una opción política unilateral en beneficio del poder económico y financiero y frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y pensionistas. Por tanto, es una opción que por su trascendencia e impacto debe ser sometida a debate público y decisión democrática.

 

Lejos de la apariencia técnica, el citado Informe parte de un diagnóstico interesado: el sistema público de pensiones es insostenible. En ese sentido, dramatiza y amplifica el previsible aumento del gasto en pensiones, particularmente a través del incremento de la esperanza de vida.

 

Al contrario, no considera que las pensiones en España son bajas: la pensión contributiva media a fin de 2012 no llega a mil euros -955 euros-, solo algo más de la mitad (56%) del salario medio bruto -1.700 euros-. Además, en España, el porcentaje de gasto público respecto del PIB (10,1% en 2010), dedicado a pensiones públicas, es menor que en los principales países de la eurozona (15,3% de Italia, 14,6% de Francia, 12,5% de Portugal y 10,8% de Alemania, e inferior a la media de la UE-27 -11,3%-).

 

Tal como se detalla en otro libro (ver Antonio Antón –coord.- La reforma del sistema de pensiones, ed. Talasa), en España no hay un ‘exceso’ de gasto en pensiones, su importe no es ‘generoso’, su evolución tampoco es ‘insostenible’ y, por tanto, la actual reforma de las pensiones no tiene fundamento científico y es regresiva. Los planes de reforma impulsados desde la UE constituyen un paso relevante en la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el debilitamiento del modelo social europeo. Sus fundamentos son los intereses de los inversores privados, a costa de la calidad de vida de la población, las prestaciones sociales y las garantías públicas de las ‘personas’. Veámoslo detenidamente.

 

El ‘factor de sostenibilidad’ como justificación del recorte

Para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social el Informe propone el llamado ‘factor de sostenibilidad’ con dos medidas principales: 1) la no revalorización anual de las pensiones actuales respecto del IPC sino sobre un nuevo índice menor que la inflación, disminuyendo su poder adquisitivo (FRA-Factor de Revalorización Anual); 2) rebajar la pensión media al asociarla a variables demográficas más restrictivas, como la esperanza de vida (FEI-Factor de Equidad Intergeneracional).

 

Como reconoce el Informe “la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional da lugar a una pensión inicial que irá disminuyendo respecto a su base reguladora” (p. 12). Analicemos brevemente esta variable demográfica. Según el INE-2012, con datos que también recoge el Informe, la esperanza de vida a los 65 años es la siguiente: en el año 2014 es de 20,17 años; en el 2020, 21,14; en el 2030, 22,52; en el 2040, 23,80, y en el 2050, 24,97. Ello supone un incremento porcentual, en cada periodo respectivo, de 4,3%, 6,5%, 5,7% y 4,9%; en total casi cinco años, más de un 20% adicional de la esperanza de vida media que tenemos a los 65 años. Así, según el índice utilizado por el Informe, el resultado de esta última medida es una reducción acumulada y progresiva de aproximadamente un 5% cada década. En concreto, para el año 2030 el recorte de las pensiones sería del 10% y en el año 2050 cerca del 20%, lo que supone en torno a 20.000 millones de euros –de hoy- (2 puntos del PIB).

 

Respecto del otro factor (revalorización anual) no se concreta, pero alude a tener en cuenta un periodo anterior y posterior al año de referencia (para evitar cambios coyunturales muy pronunciados). También se consideran las previsiones de ingresos y gastos del sistema. Todo ello lleva abandonar la referencia del IPC como garantía de mantenimiento del poder adquisitivo, aunque la tendencia actual ya era su distanciamiento progresivo respecto de la evolución del salario medio que incorporaba, salvo en estos años, una pequeña parte del aumento de productividad. Con el nuevo índice, el resultado posible es, al menos, una pérdida de un punto anual de poder adquisitivo; es decir, en un periodo medio de cobro de 20 años la pensión final terminaría perdiendo un 20% del poder adquisitivo de la pensión inicial, con una reducción media del 10% en el conjunto del periodo.

 

Sumando el impacto de las dos variables tenemos que la rebaja de la pensión para el año 2050 puede rondar el 30% respecto de los derechos actuales; es decir, en torno a unos 30.000 millones de euros –de hoy-, cerca del 3% del PIB. Pero, además, según los datos del anterior Gobierno socialista, el impacto de su reforma de las pensiones, aprobada en el año 2011 y aplicada desde primeros de este año 2013, cuando se desarrolle totalmente para el año 2050, supondrá una reducción de unos 3,5 puntos de PIB, es decir, se retraerán del sistema unos 35.000 millones de euros, respecto del gasto previsto con los derechos anteriores. Si le añadimos la repercusión presupuestaria de la reciente restricción de la jubilación parcial y anticipada (calculada oficialmente en unos 5.000 millones, el 0,5% del PIB), tenemos que el conjunto de estas reformas, cuando se apliquen totalmente, van a detraer al sistema público de pensiones unos 70.000 millones de euros.

 

Frente a la pérdida de derechos, incremento de los ingresos

No es de extrañar esta cifra, de recorte de gasto público del 7% del PIB. En algunas previsiones oficiales (por ejemplo, de la Comisión Europea) el gasto estimado en pensiones en España, para el año 2060, antes de la reforma del año 2011, se situaba en el 17,7% del PIB y ahora, deduciendo el impacto de la reforma en vigor, lo cifra en el 13,7%. Pues bien, el objetivo institucional de gasto público en pensiones parece que se sitúa entre el 9% y el 10% del PIB, similar al de de estos últimos años. Es decir, que este gasto, el mayor de todos los gastos sociales, se pretende contener y reducir los derechos de los trabajadores y jubilados para que encajen en ese nivel distributivo. Así, aunque haya más pensionistas, vivan más tiempo y la cuantía de las pensiones que se dan de alta en el sistema sean mayores que las que se dan de baja, el total de la tarta a repartir sería el mismo; o sea, mensualmente tocaríamos a menos.

 

Los objetivos económicos y políticos de la derecha son la contención del gasto público social en detrimento de la seguridad de los jubilados, la prioridad a los compromisos de pago de la deuda a los acreedores financieros (la confianza de los mercados) y el impulso de una nueva oportunidad de negocio para el sector financiero al estimular los fondos privados de pensiones. Pretende imponer la pérdida de derechos y calidad de vida de la mayoría social, para defender los privilegios distributivos privados. Sus resultados son el empobrecimiento de los pensionistas y la subordinación de la mayoría de la sociedad, el retraimiento del consumo de la población y la consolidación de la desigualdad distributiva y el poder empresarial. Todo ello favorece el estancamiento económico y del empleo y la prolongación de la crisis socioeconómica.

 

Pero la alternativa, particularmente para los sectores progresistas, debiera ser la clásica protección social suficiente a la vejez. Existen recursos para ello y la justificación social y económica es clara. Si aumenta la esperanza de vida (un logro civilizatorio) es normal que la sociedad aumente los recursos necesarios para evitar el deterioro de la calidad de vida de los ancianos. Si el nivel de riqueza y rentas del conjunto de la sociedad se incrementa, al igual que los beneficios de la productividad del trabajo y, por tanto, la suficiencia presupuestaria y de impuestos, sería lógico que se arbitrara un nuevo acuerdo intergeneracional, con un amplio debate social, que beneficie a toda la sociedad jóvenes, adultos y ancianos. Es un principio básico para garantizar la cohesión social. El obstáculo es que la mayor parte de la tarta, y cada vez más y de forma insaciable, la quiere para sí las capas ricas y el sistema financiero. El resultado es que se somete al deterioro económico y la subordinación e inseguridad a la mayoría de la sociedad cuestionando los pilares de la solidaridad social y su bienestar.

 

En definitiva, para  consolidar el sistema público de pensiones y para remontar también la crisis económica hay que incrementar el empleo decente (cotizantes), las rentas salariales (bases de cotización) y la suficiencia presupuestaria con una reforma fiscal progresiva para ampliar nuestro débil Estado de bienestar y mejorar nuestra democracia. Estamos ante una pugna distributiva y democrática: las opciones están entre si la prioridad son los mercados financieros o es el bienestar público y la seguridad social. Lejos de una discusión técnica estamos ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y democrática de nuestra sociedad.