OPINION

Entrevista a la fundadora y presidenta de “Dempeus per la salut publica”

“Sanidad y educación son fundamentales en la lucha contra las desigualdades”

 

Entrevista de Manuel Menor a Àngels Martínez, experta en políticas económicas, feminismo y salud pública, para la revista ESCUELA Núm. 3.978 (560) del 4 de abril de 2013.

 

WEB de “Dempeus per la salut pública”

 

Angels Martínez Castells (Mollet del Vallés, 1948) es buena conocedora de las políticas económicas, especialidad de la que ha sido profesora en la Universidad de Barcelona y sobre la que había escrito su tesis doctoral. Ha aplicado su saber a asuntos como las deslocalizaciones industriales, feminismo, Europa, la crisis económica, las relaciones entre género y trabajo, y, sobre todo, la salud pública. Ha tratado todos estos asuntos en una gama amplia de revistas y también ha participado en obras colectivas de gran impacto lector, como Reacciona (Aguilar, 2011) o Actúa (Debate, 2012). Lo suyo es la defensa de los servicios sociales y el derecho a ser ciudadanos exigentes con lo que es de todos. Es fundadora y presidenta de “Dempeus per la salut publica” y acaba de ser elegida para el consejo científico de Attac. Tiene un blog personal bilingüe: http://puntsdevista.wordpress.com/. Su asociación es más directamente accesible en: http://dempeusperlasalut.wordpress.com/. Si se quiere dialogar sobre cuestiones candentes como las que aquí comenta, se puede twittear con ella en: @angelsmcastells

 

Salud-sanidad. La sanidad solo es un componente de la salud, del mismo modo que creo estaremos de acuerdo con que la enseñanza solo es un ingrediente más de la educación, por importante y central que sea su papel. La sanidad previene, atiende y trata de curar a las personas enfermas. Pero la salud es mucho más: significa poder vivir la vida de forma autónoma y solidaria (porque las relaciones entre personas son siempre interdependientes) y nos permite ser felices. Para ello hay que considerar la sanidad como un determinante más de la salud, tan importante como un trabajo digno, un subsidio de paro asegurado que nos permita sobrevivir si hemos perdido el empleo o una pensión de jubilación que no degrade a las personas mayores. Y, junto con ello, son determinantes de salud también una alimentación nutritiva, una vivienda en condiciones en un barrio saludable y participar de un buen sistema educativo.

 

Sanidad-derechos sociales. Sanidad y educación públicas están en el centro de la conquista de los derechos sociales. Si se enfocan hacia la equidad, son instrumentos fundamentales en la lucha contra las desigualdades. Pero también pueden utilizarse para objetivos espurios: la enseñanza puede alejarse de la formación de ciudadanos y ciudadanas, y convertirse en un mero adiestramiento de mano de obra –en diferentes grados de cualificación– según las necesidades de las empresas; y la sanidad pública centrarse, en gran medida, en la mera “reparación de daños” para acortar el tiempo de bajas. Sin embargo, podemos asegurar que cumplan su cometido como derechos fundamentales si ampliamos su dimensión social y conseguimos que se afirmen como núcleo de un amplio sistema de servicios públicos al servicio de las personas.

 

Derecho universal a la sanidad. Precisamente este verano recordaba en la UIMP, en la presentación del libro Actúa y para explicar la actualidad del capítulo “La sanidad como mercancía, la salud como botín”, la obra legal que, con graves quebrantos, había iniciado el Ministro de Sanidad Ernest Lluch (1982-1986). Con el RD-ley 16/2012 de 20 de abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno del PP nos obliga a un viaje en el tiempo; elimina, de un plumazo, conquistas fundamentales en derechos de ciudadanía. Con el Decreto-ley del pasado abril, Ana Mato se propone enterrar definitivamente la universalidad de la sanidad iniciada por Ernest Lluch.

Junto a la desaparición de los derechos de ciudadanía por derechos derivados de situación laboral, con un claro sesgo de género, reaparece el carácter de la beneficencia, al que se podrán acoger todas las personas con nacionalidad española, extranjeros residentes o “titulares de unas autorización para residir en España”, “siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”.

Desaparecido el ciudadano como sujeto de derecho, en el Decreto-ley se considera imprescindible regular la condición de asegurado, como condición previa a partir de la cual (en tiempo verbal de futuro) “se podrá garantizar una asistencia pública gratuita y universal”… ¡Una asistencia pública universal a la que ya teníamos derecho hasta que se ha puesto en vigor el Decreto- ley! Y así, serán “asegurados”, pues (y tendrán derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos), quienes formen parte de la población activa (personas empleadas por cuenta propia o ajena, o en paro), los pensionistas, quienes acrediten su condición de “beneficiario” por su relación de dependencia, quienes acrediten su falta de medios. El estatuto de “beneficiario” tendrá una relación efectiva similar. Finalmente, se podrá acceder a la asistencia sanitaria pública mediante el pago de contraprestación o cuota derivada de un convenio especial… Y aquí convendrá leer atentamente la reglamentación que acompañe la medida, porque de hecho puede significar una mayor apertura hacia mutuas privadas (o seguros privados) para que sigan colonizando el servicio público de salud.

Insisto en la necesidad de leer con atención, puesto que el retroceso de la universalidad entendida como un derecho ciudadano fundamental, se expresa claramente en el propio texto del Decreto-ley cuando dice textualmente, que lo que era en anteriores disposiciones legales un sistema de salud “universal”, pasa ahora a tener “vocación universal” (2ª línea Decreto-ley)… Y por los artículos y disposiciones que siguen, creo que cabe dudar, con sobrados motivos, de dicha “vocación universal”.

 

Salud pública-salud privada. La salud privada no existe, existe la sanidad privada. La salud, por definición, siempre es pública. Vale la pena insistir en la diferencia porque ayuda a entender mejor las causas inmediatas de la enfermedad, los condicionantes de salud y las políticas (o causas de las causas) que pueden fomentar una sociedad autónoma y solidaria (sana) o una sociedad con paro, marginación, precariedad, miedo… (una sociedad enferma). Pero es que además, cuando la atención sanitaria se convierte en mercancía (y, por ejemplo, se obtiene a cambio del pago de una cuota a una mutua privada), solo se nos aceptará como “clientes” si gozamos de buena salud. Probemos a contestar a alguna de las ofertas que actualmente proliferan: “su oferta me viene de maravilla porque tengo 65 años, padezco diabetes, una enfermedad autoinmune y me han hecho un triple bypass”…; le colgarán el teléfono antes de que pueda acabar de contar sus males reales o imaginarios. Si no fuera por la sanidad pública, una auténtica conquista de civilización, la selección natural de nuestra sociedad sería incluso peor –de forma relativa– que en sociedades de muchos menos recursos.

 

Privatización del sistema sanitario público. En el inestable equilibrio de un sistema mixto público-privado, basado en el supuesto de “colaboración” entre ambos, descubrimos de hecho un proceso de colonización del sistema privado que parasita el sistema público y consigue que se privaticen los servicios más rentables. Con ello convierte la satisfacción de necesidades y el ejercicio de derechos universales en maximización de beneficios para unos pocos bolsillos. Tenemos las alertas sobre qué significa este proceso para el bienestar, la salud y la vida, en los múltiples estudios realizados sobre el proceso de privatización del sistema público británico iniciado en tiempos de Margaret Thatcher; y conocemos también los pobres resultados en términos de esperanza de vida, bebés muertos al nacer y mujeres que fallecen durante el parto en países con alto nivel de PIB, pero con sistema privado de salud.

 

Pago/copago/repago. El agravamiento en las condiciones de co-repago, con la exclusión de prótesis y productos por determinar, la introducción del repago en servicios ambulatorios fundamentales como el transporte asistido para diálisis, tratamientos invalidantes, etc., va a significar (significa ya, de hecho) la pérdida de servicios y medicamentos fundamentales para personas que los necesitan para su salud y bienestar, en tanto que supondrá una carga burocrática costosa e inefi caz por la complicada (e injusta) aplicación de los distintos tramos de repago, incluido el repago con que se grava a pensionistas y la fórmula (todavía por concretar) en que se efectuará la devolución de los límites de gasto permitido (pero siempre en contra de la persona enferma).

El repago ha dado lugar a acciones de protesta de distinto tipo. Por ejemplo, en Catalunya, desde asociaciones de vecinos, iaioflautas y Dempeus per la Salut Pública, hasta negarse a pagar el euro adicional que impone el govern de CiU por receta, y que discrimina con alevosía a las personas más enfermas. Algunas han elegido no tomar sus medicamentos, con el consiguiente peligro para su salud. Personal de atención sanitaria de primaria ya está advirtiendo que mujeres y hombres que antes no pagaban por sus medicamentos por estar en la jubilación y siguen necesitando sus medicamentos, les preguntan si se los pueden facilitar de muestras gratuitas porque, de otra manera, tienen que escoger entre comer o pagar a la farmacia…

 

Mujeres y nuevo sistema sanitario (repercusiones). Resulta inadmisible que, bajo la excusa de los recortes económicos, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos de las mujeres, tan duramente conquistados. También es salud la despenalización del aborto voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud. Volvemos a ello casi 30 años después de la Ley Orgánica 9/1985. Aquella “Ley de despenalización del aborto” o “Ley de interrupción voluntaria del embarazo” –que incluía la reforma del Artículo 417 bis del Código Penal (Anexo 1) –, tuvo que hacer frente a fuertes oposiciones y graves problemas. Vino precedida por otra conocida sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 53/1985) – que se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proyecto de despenalización parcial del aborto durante dos años–, y a su amparo se elaboró el texto definitivo que entró en vigor en 1985. Dicha Ley, aprobada después de superar todos los escollos clericales y acientíficos, despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada o supuesto terapéutico; el supuesto criminológico, cuando el embarazo era el resultado de violación; y, finalmente, el supuesto relacionado con malformaciones o graves defi ciencias físicas o psíquicas. Naturalmente, el movimiento feminista no estuvo de acuerdo con las limitaciones establecidas por la Ley, aunque valoró que se abriera un proceso despenalizador que debía continuar a medida que se fueran venciendo las hipocresías de sacristía que implican –siempre– el sometimiento de las mujeres.

Gallardón se opone a la actual ley de interrupción del embarazo mintiendo: dice que es por la liberación de las mujeres, que por “opresión” se ven obligadas a abortar (y mientras, el Gobierno del cual forma parte recorta sanidad, enseñanza, prestaciones y todas las políticas amigas de las mujeres para “activarlas”, seguramente, y que encuentren su liberación en embarazos no deseados…). Y lo hace engañando: porque alega que quiere volver a la Ley de 1985, pero sin contemplar el supuesto de malformación, equiparando al ser nacido con problemas a los embriones (una vieja polémica que el Ministro se empeña en reabrir). Y lo hace enfureciendo con toda razón a las mujeres que siguieron luchando por la ampliación de derechos que había abierto la Ley de 1985 hasta la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Los grandes beneficiados del nuevo sistema. Sin duda, las mutuas y las clínicas privadas, los laboratorios farmacéuticos que han intervenido en la elaboración de las listas de medicamentos excluidos de financiación… Pero sus beneficios privados son insignificantes comparados con los graves quebrantos para toda la sociedad y la salud pública de este nuevo sistema que intenta parecerse al de Estados Unidos. Pero hay que saber que, en dicho país, el primer riesgo de quiebra para muchos hogares de clase media es una intervención quirúrgica complicada y una larga enfermedad. En ambos casos, incluso teniendo seguro de enfermedad, las mutuas procuran abandonar a las personas enfermas a su suerte, con mil y una excusas que las eximen del contrato suscrito. Y que no quieran presentar como beneficio que se excluya a personas inmigrantes de la atención primaria, porque significa mayor afluencia al servicio de unas urgencias ya ahora colapsadas en muchos casos y un peligro real para la salud pública. Los policías y los burócratas distinguen entre papeles en regla y no. Los microbios y los virus no distinguen en absoluto.

 

SANIDAD Y EDUCACIÓN: PUNTOS DE CONTACTO

Como Dempeus per la Salut Pública nos parecería que un programa mínimo inicial que potenciara la salud en nuestra época debería pasar por:

 

1) Desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria, como la quieren el control privado, la infl uencia del neoliberalismo y la industria biomédico- farmacéutica. En este sentido, rechazar tanto las propuestas de recortes de salarios del personal como de plantilla, copago, etc., que en la práctica reducen las prestaciones que reciben los pacientes y tienen por objetivo real potenciar un sistema público con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares, y otra acelerada y diligente para quienes paguen también un seguro privado).

2) Desbiomedicalizar la salud proponiendo avances en la educación, la prevención, la humanización y la atención de la salud a través de una integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en una visión integral de la salud.

3) Integrar la atención sanitaria dentro de la salud pública, haciendo especial hincapié en la prevención primaria de la enfermedad y la promoción de la salud. Por ello, es imprescindible hacer pedagogía activa de los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud. Potenciar la equidad en salud es también potenciar una sociedad de personas más iguales, en una sociedad más justa.

4) Vigilar y proponer políticas para cambiar los principales determinantes de la salud y de la equidad, como recomienda la Comisión de Determinantes de Salud. Hoy está más claro que nunca que deben ser las políticas surgidas desde las personas, sus derechos y sus necesidades, las que marquen las políticas de salud. En este sentido, una sociedad excluyente, con una tasa media de paro del 25% de la población activa –que prácticamente se dobla en la población menor de 25 años–, es un elemento de desigualdad y una atentado a la salud pública de primer orden.

5) Hay que conseguir que el lema de salud –en todas las políticas– sea más útil que nunca. Esto significa hacer posibles las medidas que satisfagan los derechos y las necesidades, con su evaluación relativamente constante. Si la política planteada puede afectar negativamente a la salud o incrementar las desigualdades debe desestimarse e impulsar otras que favorezcan la mejora de la salud entendida de forma global.

6) Hay que explicar qué es la equidad en salud y por qué la equidad puede no corresponderse con lo que está escrito o lo que parece más igualitario. Como se sabe perfectamente en el mundo de la enseñanza, ni es justo ni permite alcanzar la igualdad tratar de manera igual a los desiguales…

7) Hay que hacer énfasis en la figura del trabajador/a social, que junto con los médicos y médicas de atención primaria constituyen una fi gura de proximidad estrechamente en contacto con los sectores más débiles de nuestra sociedad, donde hay que invertir más solidaridad y toda la ayuda necesaria, especialmente para los colectivos más vulnerables.

8) Promover el reconocimiento del papel imprescindible que deben jugar los agentes educativos (escuela formal y no formal) en la promoción de la salud de la comunidad. Su acompañamiento en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, así como la situación de proximidad cotidiana que les permite conocer los contextos socioeconómicos de niños, jóvenes y familias, sitúa a los agentes educativos como elementos claves en la promoción de modelos de vida y entornos físicos y psicosociales saludables.

9) Finalmente, nos parece fundamental democratizar la salud pública y la atención sanitaria con participación de la población. Mejora su salud de forma directa –por la misma acción e implicación de las personas– e indirecta –por el impulso de objetivos que de otra manera podrían no llegar nunca a estar en la agenda de quienes hacen las políticas–. Esta participación debe ser libre e insurgente, con voz propia; debe crear un contrapoder fuerte, real, con propuestas alternativas. Solo así tiene sentido hablar de participación de la sociedad civil.

 

La propuesta de Dempeus per la Salut Pública es por una sociedad sana, equitativa, plenamente democrática y saludable, en armonía, autonomía y solidaridad. Y exigimos además, como un valor de salud fundamental, que nuestros chicos y chicas dispongan de un sistema de enseñanza presidido por contenidos y valores humanistas, y se eduquen en la solidaridad y la libertad, sin los peligros reductores y empobrecedores de magias trasnochadas, fundamentalismos integristas, y el virus empobrecedor para las mentes y la convivencia en democracia que representa el pensamiento único.

Especialmente recomendado

Delenda est Monarchia

Por Luis García Montero en el Blog “La realidad y el deseo”

Foto: Escarapela bordada de la república española (pieza de colección).

Público.es

Es el título de un famoso artículo que publicó José Ortega y Gasset el 15 de noviembre de 1930 en el periódico El Sol. Después de apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera, Alfonso XIII había intentado regresar a una aparente normalidad constitucional a través del gobierno presidido por el general Berenguer. Como en España nunca pasaba nada –eso se decía-, como la sociedad española era confundida con un rebaño, el error de Alfonso XIII y de Berenguer consistió en creer que la realidad no les iba a pasar factura. El filósofo convocó a los ciudadanos: “Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. Ortega acertó y el 14 de abril se proclamó la II República.

Sería un error nuestro pensar ahora que la imputación de la Infanta Cristina en el proceso por corrupción del caso Nóos, y la presión sobre la justicia ejercida por la Casa Real mediante un comunicado fuera de tono, suponen acontecimientos equiparables al golpe de Primo de Rivera y al gobierno Berenguer. Son noticias que no desencadenan una república de la noche a la mañana. Pero también sería un error no tomar conciencia del descrédito que estos sucesos implican para una monarquía que está en horas muy bajas. El sentido común de la calle ya no acepta de forma sumisa la opacidad de las cuentas del Rey y va a resultar muy difícil que la gente no comprenda que las corrupciones de su yerno se han gestado al amparo de la Casa Real. ¿Qué otro poder tenía el señor Urdangarín para ganar dinero con tanta facilidad? Tampoco será fácil que la gente no se ría cuando el monarca vuelva a decir en el tono solemne de los discursos que todos los españoles son iguales ante la ley. Y que los ciudadanos no vivan como un acto de humillación política que el Partido Popular y el PSOE se pongan de pie para ovacionar durante muchos minutos semejante hipocresía.

El Congreso de los Diputados ovacionó a un monarca que, advertido de los negocios de su yerno y su hija, había intentado silenciar el asunto mandándolos vía Telefónica a los Estados Unidos. ¿Está España en condiciones de seguir viviendo en la mentira? ¡Españoles vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!

Y es que la corrupción que afecta a personajes de la familia real se produce en un momento de radical empobrecimiento, de indignación ante los escándalos generalizados y de fracaso de la política. Y la Corona empieza a vivirse como el síntoma más evidente de la tristeza de España, de las mentiras de España. Las cosas se agravan, además, cuando el fracaso de la política se entiende como consecuencia del sistema organizado por la Transición, el rey Juan Carlos a su cabeza. Las precariedades en la justicia, los amparos públicos, la economía, la información y el juego bipartidista exigen un cambio de época, la configuración de un nuevo tiempo.

Una ilusión política puede surgir de la gente de la calle, gente de tres al cuarto y nada revolucionaria. Que el sistema esté envenenado por la corrupción y la mentira desencadena una serie de responsabilidades. En primer lugar fueron las cúpulas de los partidos mayoritarios. Después se hicieron cómplices los militantes de base por su incapacidad de exigir responsabilidades a sus dirigentes. Permitieron que las siglas se ensuciaran y se generalizara el descrédito. Y el turno nos llega ahora a los votantes. Corremos el riesgo de convertirnos en la causa última de la descomposición, bien por volver a votar a los corruptos, bien por no articular una respuesta política de dignificación del Estado.

Y no se me ocurre ningún distintivo mejor para el ciudadano insumiso que una escarapela republicana.

Soluciones hay y más si se exprime la imaginación.

Una solución efectiva contra la corrupción: carné por puntos para los políticos

En EL BLOG DE DERECHO PÚBLICO DE SEVACH

VER EL ARTICULO EN SU PUBLICACION ORIGINAL

Leo con incredulidad que el partido del gobierno va a promover un pacto para la regeneración contra la corrupción. Exactamente la noticia dice que “ El PP promoverá un pacto ético con los demás grupos para estudiar cuándo un cargo público implicado en un caso de corrupción debe abandonar sus responsabilidades políticas”. No sé si es que los actos de contrición propios de Semana Santa llevan a formular los buenos deseos que serán rotos el resto del año o si se intenta nuevamente jugar con la ciudadanía y utilizar ese cortina de humo para aplacar los ánimos de los indignados consistente en un bonito “Pacto nacional”, que sirve para todo como el bálsamo de Fierabrás: corrupción, salud, educación, hipotecas, o sobre cualquier otro tema ardiente que requiera ser sofocado con urgencia.

Confieso que cuando oigo hablar de “Pacto Nacional” (especialmente cuando desliza esas válvulas de seguridad que aseguran su total inocuidad, que son la alusión a pacto “ético”, con el objetivo descafeinado “para estudiar”), no puedo evitar recordar aquello que decía el malvado nazi Goering: “cuando oigo hablar de cultura, quito el seguro a mi pistola”.

I. Digámoslo claro. Los “Pactos nacionales” (salvo los legendarios Pactos de la Moncloa o los pactos anti-terrorismo) son una zarandaja:

a) En primer lugar, porque los pactos pueden y deben cocerse en sede parlamentaria, en Ponencias y Comisiones, lugar donde las transacciones tienen cabida. Las ideas de los partidos políticos han de expresarse en proposiciones de ley, proyectos o enmiendas. Lo demás es jugar con cartas marcadas y con “reserva mental” (ya haré lo que tenga que hacer).

b) En segundo lugar, porque tales Pactos suelen plantearse entre los grandes partidos, y como “entre bomberos, no se pisan la manguera” pues suelen alcanzar acuerdos para la galería. O sea, declaraciones pomposas “mientras la peste se expande”.

II. Para Sevach la solución para la solución a la corrupción requiere coger el toro por los cuernos. Y no se diga que solucionar la corrupción es imposible o difícil.

Si se quiere, se puede, y voy a apuntar una sugerencia sencilla y me atrevo a decir que eficaz al ciento por ciento.

De entrada señalaré que el punto de ataque contra la corrupción política debe partir del castizo refrán de que “el miedo guarda la viña”. Está claro que un político sabe que la vía penal entre imputaciones y vacilaciones suele acabar en vía muerta. Lo que duele auténticamente es la sombra de la guillotina a la carrera política. O sea, miedo a la inhabilitación para los cargos políticos. Además esa inhabilitación no debe limitarse al ámbito de las Administraciones Públicas sino que debe alcanzar a los cargos de ese retiro o refugio dorado que son las empresas o fundaciones públicas (el sector público).

En segundo lugar, para evitar una caza de brujas de todos los políticos (hay mas de 80.000 altos cargos en el país) hay que tener en cuenta que la corrupción suele estadísticamente llamar a la puerta de los “políticos profesionales” considerando tales no a los bisoños de la política, llenos de sueños y que toman posesión de su escaño o poltrona pública. No. La tentación de corrupción llega cuando el político comienza a dominar los resortes del sistema, a conocer la fuerza de un clientelismo bien administrado y sobre todo cuando descubre que aunque la Jurisdicción Contencioso-administrativa controla la actuación administrativa, “nunca pasa nada” ( y no digamos la sonrisa de gato de Cheshire que se le escapa cuando le hablan del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas). En esa segunda legislatura es cuando algunos ceden a la tentación de adoptar decisiones arbitrarias, de adjudicar contratos vistiendo el santo, de desviar fondos para los favoritos, de asignar plazas a familiares y correliginarios, etc. Y el mal acecha a cualquier político de cualquier ideología. Tómese alguien ajeno a la política y de moral intachable, súbasele a un cargo público, désele poder, déjesele cocerse entre los grupos de presión, agitémosle y al cabo de un tiempo no largo, veremos sus debilidades y un rastro de corruptelas que dejarán paso a grandes corrupciones.

III. Por eso, me dejaría de pactos y sencillamente emplazaría a los grandes partidos a que, con valentía implantasen por Ley formal un modesto “carné por puntos”, como el de tráfico, pero para conducirse en la política y manejar fondos públicos. No puede ser que un político ocupe un cargo, provoque grandes estragos jurídicos, personales y económicos, y vaya de cargo en cargo como de “oca en oca” , en total impunidad.

Aquí va mi propuesta articulada de proposición de Ley ( y manifiestamente mejorable, pero como líneas maestras podría abrir el debate):

1. Todo alto cargo que inicie un segundo mandato representativo al frente de cualquier Administración o entidad pública tendrá un crédito máximo de errores relevantes (CER), cuyo agotamiento determinará la inhabilitación permanente para todo cargo político en cualquier Administración, entidad o sector público.

2. Se considerarán errores relevantes computables los que se ponen de manifiesto implícitamente con el dictado de sentencias contencioso-administrativas que invaliden actuaciones administrativas expresas o presuntas imputables al alto cargo como titular de órgano de gobierno unipersonal o al órgano colegiado presidido por el mismo (siempre que hubiere votado a favor). Tales sentencias deberán ser firmes, no enervando tal firmeza el planteamiento de recursos extraordinarios ( nulidad de actuaciones, recurso de revisión, Tribunal Constitucional, Derechos Humanos, etc), sin perjuicio de lo que resultase de su eventual estimación.

3. El número máximo de errores relevantes dentro de un período máximo de cuatro años, bien por ocupar el mismo o distinto cargo, de forma continua o discontinua, será el que se cometa en alguno de los siguientes supuestos:

A) Cuatro sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por sentencia dictada por el procedimiento ordinario.

B) Dos sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por conculcación de derechos fundamentales o libertades públicas en sentencia dictada por el procedimiento especial para su tutela.

C) Dos Sentencias estimatorias de la invalidez de la actuación administrativa que consideren probada la desviación de poder.

D) Tres multas coercitivas impuestas para la ejecución de la misma sentencia o auto firmes.

4. Asimismo tendrán idéntica eficacia dos Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas declarando la existencia de responsabilidad contable.

5. El Registro de Créditos de Errores Relevantes  se llevará por la Junta Electoral Central.

Con eso, se notarían en breve los efectos auténticamente regeneradores de la cosa pública. Lo contrario es seguir tolerando la “Cosa nostra”.

Interesantísimo artículo de Agustín Moreno * en el espacio “Tribuna” de cuartopoder.es

Construir la alternativa

 “La democracia, toda democracia es un proceso en construcción” (Paco Fernández Buey)

Realmente vivimos tiempos sombríos, que diría Brecht. Aquellos que todavía ríen ignoran el posible despido que les puede afectar, los recortes que sufrirán, las nuevas subidas de impuestos, el deterioro de los servicios públicos, los años que tendrán que seguir trabajando más allá de lo razonable y la merma futura de su pensión. Ya no hay muchos jóvenes que rían porque sufren el brutal paro, conocen la inseguridad laboral y quizá estén haciendo las maletas. Los griegos han sido empobrecidos un 40%; en España vamos, de momento, por el 22% y el paro es mayor, la desprotección aumenta y se convierte en humillante en muchos casos.

El problema de España es sobre todo político. Las crisis económicas y financieras se repiten periódicamente, pero son la consecuencia de las equivocadas políticas que se han aplicado durante mucho tiempo: modelo especulativo, dependencia tecnológica, subvenciones a los empresarios, mercado de trabajo degradado y con bajos salarios, excesivo gasto militar… Y la rampante corrupción: se repartieron comisiones delincuentes metidos a concejales y políticos, se financiaron los grandes partidos, se enriquecieron los sinvergüenzas. Acabó la fiesta del ladrillo, nadie pagó la cuenta y ahora nos la pasan a todos nosotros.

La crisis tiene un carácter político que presenta rasgos más importantes incluso que la crisis económica. Desafección política y electoral, desconfianza hacia partidos, instituciones y casta política. Deslegitimación que se resume en  el “No nos representan” como metáfora del alejamiento de los ciudadanos de lo que consideran  un simulacro de democracia.

Cuánto vamos a aguantar, se preguntan muchos, conscientes de que la política de ajuste nos lleva al abismo, a levantarnos cada día con un nuevo recorte de derechos. En Grecia resisten, y algún día de huelga y de protestas ardieron bancos y edificios en Atenas. En algunos barrios sublevados contra la injusticia como la Exarchia los vecinos y los jóvenes anarquistas se autoorganizan en la solidaridad y en la lucha: no entra allí la policía. Aquí se han quemado cuatro papeleras con un alto coste de detenciones y el Ministerio de Gobernación, dirigido por un tipo del Opus Dei, quiere criminalizar a la PAH por los escraches, porque consideran que no entra en el sueldo de los políticos que actúan contra el pueblo que les llamen sinvergüenzas y ladrones. La vía para cambiar las cosas no es la violencia. La violencia suele ser el recurso que ejerce el poder para mantener inmutable la injusticia y en ese terreno llevamos las de perder.

Si tras la Transición había quien hablaba del desencanto por la quiebra de expectativas, hoy podríamos hablar del tiempo de la desesperanza.  O de la simple espera a que llegue algún día el final de esta pesadilla. Y esto es lo peor. El desánimo y la pasividad son los aliados cruciales para que el poder imponga sus políticas. Aquí nada va a cambiar a mejor por sí solo. Cuando una parte importante de la sociedad no es capaz de armarse de esperanza y juntar un volumen importante de optimismo y de energía transformadora, el horizonte se nos cierra más a todos y la vida se vuelve más angustiosa.

Ha empezado a haber un importante proceso de movilización. Pero la pregunta que se hace todo el mundo es si va a servir para algo. O si al final, a pesar de tanta calle y huelgas, acaba ganando de nuevo las elecciones la derecha, un gobierno que se protege de los ciudadanos, o los que también harían políticas económicas liberales. Por todo lo anterior, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. De lo contario, la movilización sin expectativas de cambio se convierte en una rutina de manifestaciones. Y acabarían teniendo razón los que dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, por odioso que nos pueda parecer. Y, en este caso, estaremos más cerca de ser súbditos políticos y esclavos del mercado, que ciudadanos libres.

Como parece que Rajoy no va a dimitir voluntariamente, ni se vislumbra siquiera una moción de censura, hay que mantener la movilización sostenida y toda la desobediencia civil susceptible de generalizarse. También hay que crear y desarrollar espacios de autonomía ciudadana y formular propuestas alternativas para influir en las instituciones y fuerzas políticas. Pero no hay por qué renunciar al espacio político-electoral, el reto es recuperarlo para la ciudadanía. Y para ello es fundamental trabajar de cara a las primeras elecciones políticas que se celebren. No importa de qué sean las elecciones. Hay que convertirlas en un profundo rechazo de la política de saqueo de derechos que se está practicando.

Y en algo más importante si fuéramos capaces: un profundo cambio político que conllevaría un proceso constituyente hacia una democracia real. “La cuestión clave estriba en cómo conseguir que las reivindicaciones aisladas o sobre temas concretos (…) confluyan en un proceso constituyente protagonizado por las mayorías sociales, por las clases populares, por lo que se ha dado en llamar el 99%”, como dice Gerardo Pisarello en un interesante artículo sobre el tema.

Si estamos a un año de las elecciones europeas, no hay tiempo que perder. Hay que seguir en la calle deslegitimando un poder ilegítimo que actúa al servicio de los mercados, que arruina al país, que incumple por completo su programa electoral. La lucha es importante, pero hace falta una alternativa que sea palanca de cambio. Josep Fontana lo expone muy crudamente: Que salgan en manifestación los jóvenes no importa a nadie. Mientras vayan a la Puerta del Sol o la plaza de Catalunya y sus padres voten al PP o a CiU, no hay nada que hacer.

En este país ha habido ejemplos históricos que conviene tener presente. Siempre que se ha producido un cambio político en profundidad: la “Gloriosa” de 1868 (que acabó con el trono de Isabel II), las elecciones municipales de 1931 (que permitieron la proclamación de la II República), hubo previamente un acuerdo amplio y muy plural de las fuerzas políticas de la oposición. El Pacto de Ostende o el Pacto de San Sebastián permitieron que el pueblo español visualizara la alternativa de cambio y se volcara en los levantamientos populares que apoyaron a Prim y  a Serrano, o fueran a votar masivamente por las candidaturas republicanas en una elección de concejales.

Hay que ponerse manos a la obra, a allanar el camino para dar con una alternativa política esperanzadora y viable. Y en este proceso deben de participar todos y todas las personas, movimientos ciudadanos, miembros de organizaciones y sindicatos, partidos políticos que sientan la urgencia de cambiar la situación política, económica y social en España. Hay que arremangarse para la tarea, teniendo en cuenta que, como decía Paco Fernández Buey, la política sin ética es politiqueo y la ética sin política puede ser narcisismo.

No nos sirve el PSOE, si no cambia de programa de forma radical, ya que practica una política que les hace ser parte del problema y no una solución. Lo que podríamos llamar el “socialismo de derechas” que implantó González y que consiste en  una impostura de izquierda para hacer políticas económicas neoliberales que apenas se diferencian de la derecha; no olvidemos el cambio constitucional del artículo  135 para que el pago de la deuda sea la gran prioridad, es decir, la rendición del Estado Social a la deudocracia. Por otro lado, practica la “política de la fruta madura”, esperando que el desgaste del PP por la crisis le permita recuperar el poder y seguir jugando al eterno juego del bipartidismo cómplice. Es decir, esperando no ganar las elecciones, sino que las pierda el gobierno; y para ello no necesitan renovación ni cambio programático de fondo.

No es suficiente el avance que pueda experimentar IU. Las encuestas le pronostican hasta un 15% y es importante y merecido, pero hace falta más presencia política y electoral para cambiar las cosas de raíz. Y se necesita generosidad política para entender que los intereses generales deben de estar por encima de los de la formación, después de tantos años de travesía del desierto.

Habría que crear algo así como “el partido de los honrados”, “el frente por la decencia”, donde se sientan representados esa amplísima mayoría que padece las políticas actuales y que necesita un referente político electoral. Que necesita recuperar la ilusión de que es posible acabar con la falsa política de apaciguamiento de los mercados que conduce al recorte si fin. Para que no se quede la indignación en casa y llegue a las urnas, porque la abstención es un regalo para el poder que seguiría gobernando tan deslegitimado como ahora. Para salir de la actitud de espera, para romper el miedo.

Para ello, haría falta avanzar en una serie de líneas de acuerdo: un programa de mínimos que cuestione la política de ajuste, se plantee la recuperación de derechos expoliados y los objetivos del empleo, la protección social y los servicios públicos; una orientación hacia un proceso constituyente que cambie las bases del modelo político, que resignifique el concepto de democracia y cambie la ley electoral; una elección de candidatos con criterios muy participativos, representativos y plurales (mujeres, jóvenes, afectados, personas con la formación necesaria…); un código ético muy riguroso en el ejercicio de los cargos públicos, la limitación de mandatos y la revocación; así como todas aquellas propuestas de interés que se consensúen. En resumen, un programa alternativo y una bandera ética.

Cómo se llame el movimiento de alternativa (unidad popular, bloque progresista, frente amplio, océano de mareas…) no es lo más importante, aunque debería no tener connotaciones excluyentes ni que produzcan rechazo y que sirva para sumar y construir. Que dispute el poder institucional y combine ésta presencia con la organización en las bases y la movilización social.

Para que esta alternativa política ciudadana cristalice, tienen que participar los ciudadanos comunes. Pero el mayor riesgo no es la radicalidad del proyecto sino los sectarismos y contra ellos hay que  vacunarse. Como decía Paulo Freire, “la radicalidad es tolerante, mientras que el sectarismo es ciego y antidemocrático, aferrado a sus certezas. El radical está al servicio de la verdad, mientras que el sectario está al servicio de su verdad, que además pretende imponer”.  De ahí que el sin duda difícil debate sobre proyecto y propuestas no debe de estar reñida con un funcionamiento amable que permita confluir a muchos y desmontar de forma paciente los sectarismos  bloqueadores.

Si falta la inteligencia necesaria para construir la alternativa, el futuro nos deparará más desigualdad, menos derechos y más represión para imponerlo. Estamos ante la ocasión histórica de acabar con el bipartidismo de esta segunda restauración borbónica, de cambiar de base esta sociedad y abrir un nuevo proceso constituyente. No va a ser fácil, seguro. Pero el 23-F demostró con un gran éxito en la movilización que es posible la unidad de muchas mareas o movimientos sociales, ciudadanos y políticos. Quiero mantener la esperanza de que seamos capaces, pero no tengo la certeza. Si lo conseguimos y luchamos tendremos esperanza, por ello estamos obligados a intentarlo.

(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.

En “opinión” de ayer del Diario de Castilla la Mancha

Las urgencias son nuestras

Por Manuel Pérez Castell

Episodio nacional ha sido este el de las urgencias en centros de salud de Castilla La Mancha. "La calidad asistencial se va a ver mermada a lo bestia", rezaba una enfermera del centro asistencial de Honrubia (Cuenca); los cuatro concejales PP dimitían; Petra pregonaba: "no te pongas a las nueve que no te vale el santolio: como te dé una miaja de apechusque, la roscas". Ante tan determinante oráculo, la Presidenta de Castilla La Mancha y Secretaria General del Partido Popular de España, ella, deroga el Decreto de supresión de las veladas sanitarias por Decreto. Penélope, que teje y desteje. Porque oyó también a mis paisanos y paisanas de Villahermosa, quienes, con su alcalde al frente, como lo hicieron los veintiún pueblos amenazados, dijeron y expusieron, cual pancarteros denostados: "Villahermosa en defensa de sus Urgencias". Según el Consejero, lo derogado era mejor que lo conservado. No era política lo que se decretó, era pura ciencia. Y advierte que, si algo va mal, allá ellos: políticos, jueces y gente inculta. ¿¡Pero qué sabrá de esto la gente ésta!? ¿Para esto la democracia? Como digáis, pero las urgencias son nuestras, dice la gente.

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No vaya a ser que a todos nos dé por “pensar” y por exigir “justicia”

Hay que cargarse a Ada Colau

Por Juan José Téllez, en el Blog “Corazón de Olivetti” de público.es

España entera es un escrache. Los harekrishna del neoliberalismo aprovechan la rendija de los televisores para colarse en nuestras salitas de estar con pegatinas del déficit cero y el conocido mantra de “habéis vivido por encima de vuestras posibilidades”, mientras parece ser que la herencia millonaria del Rey también veranea en Suiza.

La muchachada antidesahucios increpa a los representantes de la soberanía popular cuando desayunan en la tasca de la esquina, con la misma querencia que los candidatos daban la brasa al pueblo soberano visitando sus bares y plazas de abastos, entre octavillas del vótame, vótame mucho y cartelitos de verás que guay soy o yo he nacido para resolver tus problemas o, en todo caso, para creártelos.

En el español de mi barrio, eso del escrache, ese palabro tan lunfardo, tan inglés, tan genovés, debe significar lo mismo que meterle una bulla a alguien. Y surgió en Argentina y en Uruguay para avergonzar en público a quienes permitieron que, durante las dictaduras, se torturase en privado. Claro que algunos contertulios identifican dicho movimiento con sus antípodas, con la noche de los cuchillos largos; con la misma propiedad que el obispo de San Sebastián califica al aborto como un holocausto silencioso. Está visto que en España no sólo Toni Cantó se gana la vida con las ocurrencias. Al menos, él no sale del twitter o de los guateques del tea party de UPyD.

Escucho en un viejo microsurco aquella canción portuguesa de Luis Cilia: Contra la idea de violencia, la violencia de la idea. Mejor un alegato que una bronca, un grito que un insulto, un discurso que unos brazos cruzados. Vale que no sea demasiado edificante que unos cuantos indignados se planten ante la casa de un alcalde o en el despacho de cualquier señoría y empiecen a seguirlos para que devuelvan la confianza perdida, su vara de mando o su escaño, aunque sea mediante dación en pago. Pero a fin de cuentas es lo mismo que hace el cobrador del frac y no recuerdo haber leído ninguna columna de prensa comparando a tan pintoresca organización con la kale borroka. Debe ser que el pensamiento único también protege a los profesionales frente a los aficionados. Ocurre con los piquetes informativos que montan los sindicatos en día de huelga: la opinión pública y la opinión publicada les ponen a parir de un burro, pero nadie dice ni pío sobre la presión de los empresarios –muy eficaz y con certificado de calidad– que intentan llenar de silicona la cerradura de los cerebros, con tal de que sus trabajadores no secunden los paros a riesgo de terminar parados.

Ay, barroco mío, con el corazón eternamente helado entre el juez Ruz y el juez Gómez Bermúdez, donde los presidentes sólo existen en las pantallas de plasma y la oposición parlamentaria debe haber quedado aislada por la lluvia a cántaros de la mayoría absolutista. En el país de Luis Barcenas y de Francisco Javier Guerrero, del caso Noos y de Bankia, la consigna parece ser la de que hay que cargarse a Ada Colau, la Pasionaria contra los desahucios, como le llaman sus fieles. La demagoga, como repiten al unísono, entre piropos más rotundos, la división acorazada de la gente de orden. Sus detractores incluso han llegado a compararla, tanto a ella como a Stop Desahucios, con el entorno de ETA porque usa las mismas prácticas de acoso de los batasunos de antaño, que sería lo mismo que asegurar que todas las manifestaciones son iguales o que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es una especie de herriko taberna si confirma finalmente su fallo en contra de la doctrina Parot.

Probablemente, Ada Colau no sea Santa Rita, patrona de lo imposible, ni Agustina de Aragón ni Mariana Pineda. Pero no nos ha birlado la cartera como los bancos ni hasta ahora nos ha suprimido o congelado los derechos, como la Unión Europea y buena parte de nuestros gobiernos. Y el mayor escrache de este país lo está sufriendo ella por parte de quienes no sólo callan sino que aplauden o justifican que haya familias, sin Constitución que le ampare, expulsadas de una casa que tienen que seguir pagando a no ser que pasen a la clandestinidad de la economía sumergida.

Ahora que quieren examinar de España a los inmigrantes, habríamos de preguntar dónde tenemos que examinarnos para que nos borren de esa España que ensalza al poderoso y criminaliza al vulnerable. Hay que desconfiar de Ada Colau, que algo oculta, nos dicen. Cuando realmente los diputados y senadores que forman parte de la Plataforma de Afectados por el Olvido de Promesas quieren buscarse una coartada para votar en contra de la Iniciativa Legislativa Popular que pretende acabar con la sangría de los desahucios en esta nación de sincurros y sintechos.

Es tan burdo todo que seguramente le saldrá bien al poder. En el fresco de la sociedad de hoy, siempre juega a su favor el trazo grueso. Hay que desactivar a esa muchacha y a su Plataforma de Afectados por la Hipoteca, antes de que acabe desactivando a nuestra Ley Hipotecaria. O, lo que es peor, que su aparente búsqueda de la justicia sea una enfermedad contagiosa y termine extendiéndose a otras plataformas de afectados. Por los recortes en educación y en salud, por los recortes salariales o los recortes de derechos. Cabe recordar que las Adas siempre le ganaron la partida a las madrastras. En un país lleno de Adas Colau, no harían falta los escraches porque los representantes populares sabrían perfectamente a quienes representarían. A los ciudadanos que les pagan con sus impuestos y con sus votos. Y no a los lobbys de quienes les manejan –a ellos y a nosotros—como marionetas de un retablillo en decadencia, que va quedándose definitivamente sin público, como títeres rotos de la dignidad y la vergüenza.

Las previsiones indican que por cada 80 €/habitante/año recortados se incrementa la mortalidad general casi un 1%...

Atención Primaria, salud y crisis

Por Luis Palomo, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Las consecuencias sobre la salud de las crisis económicas deben ser motivo de preocupación para sanitarios y políticos. La población sufre esas consecuencias. Especialmente preocupantes son las repercusiones en las desigualdades sociales y sanitarias, así como las respuestas que se dan desde los servicios asistenciales, en especial desde la atención primaria (AP), que es la puerta de entrada en el sistema de salud para la mayoría de la gente y para la gran mayoría de la gente de niveles socioeconómicos más bajos.

Disponer de indicadores válidos para medir la repercusión sobre la salud de las crisis y de las desigualdades es necesario para proponer medidas correctoras, sin embargo esos indicadores no son tan sensibles como para detectar los cambios con la rapidez que desearían los científicos sociales y los salubristas concienciados. Por su parte, aquellos políticos a los que les incomoda el discurso de las desigualdades puede que no estén muy interesados en que esos indicadores sean más fiables y se disponga de ellos con más rapidez.

La Atención Primaria es esencial

Desde hace veinte años se han acumulado pruebas suficientes que demuestran que la AP es esencial para mejorar la salud de los pueblos. Que los países que disponen de una AP fuerte consiguen mejores niveles de salud, mayor satisfacción de la población con su sistema sanitario y menores costes del conjunto de los servicios. También se sabe que el nivel de salud es mejor en las zonas con mayor número de médicos de AP; que las personas que reciben cuidados preferentemente de médicos de AP son más saludables y que una buena AP se asocia con mejores indicadores de salud.

En Europa, según los estudios del instituto neerlandés NIVEL, los países con mejor AP tienen una población más sana. Una AP fuerte está asociada con una mejor salud de la población, mejor salud autopercibida y menos hospitalizaciones innecesarias. Las personas que sufren enfermedades crónicas que pueden en gran parte ser tratadas en AP (por ejemplo, enfermedad cardiaca isquémica, enfermedad cerebrovascular y asma) pierden menos años de su esperanza de vida total. Ejemplos de países con fuerte atención primaria son Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido.

Los datos proceden del análisis comparado de 99 indicadores, cualitativos y cuantitativos, entre otros: las políticas de salud y la financiación existentes; la organización y las prestaciones de los centros de atención primaria; las condiciones educativas y de trabajo de los profesionales; las condiciones de accesibilidad para los pacientes y la cooperación y la coordinación de la atención entre los trabajadores de la salud. En el estudio se detecta que la infraestructura de información en la mayoría de los países tiene que mejorar para facilitar los análisis comparativos del rendimiento de la AP en Europa.

La variable de AP que más se relaciona con la variación de los indicadores de salud es el número de médicos de AP. Se ha notificado que el número de médicos de AP/ 10.000 habitantes se relaciona con la mortalidad por todas las causas, con la mortalidad específica por cáncer, enfermedades cardio y cerebrovasculares, con la mortalidad infantil, con el bajo peso al nacer y con la mala salud autopercibida. Ajustando por nivel socioeconómico, también se relaciona con la prevalencia de tabaquismo, de obesidad y del uso del cinturón de seguridad. La asociación es más fuerte con el médico de AP que con el número de pediatras o de médicos internistas. La influencia del número de médicos de AP es tal que incrementos de 1 médico/100.000 habitantes se sigue de descensos de la mortalidad de 0,65/100.000.

Tener un médico de AP asignado durante tiempo (longitudinalidad) se relaciona con descensos de la mortalidad, disminución de niños con bajo peso al nacer y con incrementos en la tasa de vacunaciones, así como mejoras en la calidad de las derivaciones. En España se han constatado descensos en la mortalidad por hipertensión arterial, por accidentes cerebrovasculares y por cáncer de pulmón.

Una AP fuerte mejora la cobertura de los cribados, de las tasas de vacunación, de la práctica de estilos de vida saludables y de la percepción de la salud. Los países con buena AP, con políticas públicas que favorecen la cobertura universal y el acceso equitativo, muestran mejores indicadores de mortalidad postneonatal, de bajo peso al nacer, de años de vida perdidos por suicidio y de mortalidad prematura por asma bronquial, por bronquitis, por enfisema, por neumonía y por enfermedad cardiovascular. Además disminuyen los costes totales en salud porque, entre otras cosas, disminuyen las hospitalizaciones. Según Starfield, una AP débil incrementa los costes con una correlación r = 0,61 (p < 0,001).

Evaluaciones de la Atención Primaria en España

La evaluación 2007-2012 de la Estrategia AP XXI enumera los resultados en varios indicadores de actividad asistencial y de resultados en salud. Destacan los datos sobre calidad asistencial, sobre frecuentación, sobre comportamientos saludables de la población atendida, consumo de fármacos, coberturas vacunales, estrategias implantadas para mejorar la efectividad y la resolución, incidencia de enfermedades vacunables, tasas de complicaciones y/o de mortalidad prematura por enfermedades como la diabetes, asma, enfermedades cardiovasculares; estrategias de mejora de la continuidad asistencial, de la eficiencia, de la gestión y de la organización; gasto en atención primaria; recursos diagnósticos por comunidades autónomas y actividades formativas.

La experiencia internacional en la evaluación de la AP es objeto de análisis en un artículo del último informe SESPAS, en el cual se señala el escaso desarrollo de las fuentes de datos sistemáticos y estandarizados que recojan diagnósticos y documenten procesos y resultados intermedios de ámbito individual. Para subsanar esa carencia, en España se propuso en 2003 el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP), cuyos primeros datos se publicaron en 2006.

Por su parte, la FADSP ha difundido recientemente un informe sobre la salud y el sistema sanitario en las comunidades autónomas donde se comparan datos de 2009 sobre salud, financiación, utilización del sistema sanitario, recursos humanos y tecnológicos, rendimiento/ calidad, factores de riesgo y opinión ciudadana.

En dicho informe se recogen datos, entre otros, de los siguientes indicadores: porcentaje de personas con valoración negativa de su estado de salud, mortalidad infantil, frecuentación en consulta de medicina de AP/persona/año, mortalidad prematura por cáncer por 100.000 habitantes menores de 75 años, mortalidad prematura por cardiopatía isquémica, mortalidad prematura por diabetes mellitus, mortalidad prematura por enfermedad vascular, cobertura (%) de vacunación frente a sarampión – rubéola –parotiditis, prevalencia de consumo de tabaco por 100 habitantes mayores de 15 años, porcentaje de bebedores de riesgo de alcohol, prevalencia de obesidad por 100 habitantes de 18 y más años, índice de frecuencia de accidentes de trabajo por millón de horas trabajadas, incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes y valoración global del sistema sanitario. Si analizamos la relación de esos indicadores con el número de médicos/1.000 habitantes las correlaciones obtenidas son discretas y sin significación estadística. Al añadir al número de médicos el PIB por comunidad autónoma, encontramos rectas de regresión estadísticamente significativas con  la mortalidad prematura por cardiopatía isquémica (r2 corregido = 0,40), con mortalidad prematura vascular (r2 corregido = 0,56), y con obesidad (r2 corregido  = 0,52), siendo el PIB per cápita la variable predictiva que más satura el modelo en todos los casos y con relación inversa (al aumentar el PIB disminuye la mortalidad prematura vascular y por cardiopatía isquémica, y la prevalencia de obesidad).

La Atención Primaria y la crisis

La impaciencia ocasionada porque los datos en que se basan los indicadores más potentes tardan en “cantar”, no nos debe hacer perder la actitud vigilante. Poco a poco se van conociendo datos que ponen en relación las consecuencias de la crisis con problemas concretos de salud.

Aunque la relación entre crisis económica y nivel de salud es controvertida, porque se han comunicado mejoras en algunos indicadores durante las crisis en los países de altos y medianos ingresos, lo cierto es que los datos actuales nos permiten afirmar, por ejemplo, que las tasas de suicidio o que los tres indicadores de mortalidad infantil están aumentando en Grecia desde el año 2008. En España en 2009 se mantiene la reducción conseguida hasta 2008 y no se incrementa dicha mortalidad.

Es sabido que cuando se reduce la financiación del conjunto de los servicios sociales públicos de un país, las previsiones indican que por cada 80 €/habitante/año recortados se incrementa la mortalidad general casi un 1% (0,99%); la mortalidad debida a problemas relacionados con el alcohol puede subir un 2,8%, las muertes por tuberculosis aumentarían un 4,3% y la mortalidad cardiovascular un 1,2%.

En España, los datos de evolución de la esperanza de vida difundidos por el INE relativos al primer semestre de 2011, mostraron que por primera vez en cincuenta años la esperanza de vida rompía su tendencia creciente y disminuía ocho centésimas respecto a 2010. Aunque era prematuro achacar ese mal dato a las consecuencias de la crisis, llamaba la atención el descenso en un año en que habían disminuido las muertes por accidente de tráfico, que es la causa de mortalidad que más contribuye a alargar la esperanza de vida. Afortunadamente la tendencia no se ha confirmado y en 2011 seguimos incrementando nuestra esperanza de vida respecto al año anterior, tanto en mujeres (85,0 años por 84,9 en 2010) como en hombres (79,2 por 78,9 en 2010).

Hay otros indicadores no tan robustos como los del movimiento natural de la población, pero que merecen ser vigilados por su relación con las desigualdades o con la contribución de la AP a la eficiencia de la actividad asistencial. Por ejemplo, la frecuentación en AP, que suele guardar una relación inversa con las tasas de hospitalización. En España tenemos un sistema sanitario muy centrado en la AP, con una red a este nivel muy extendida, de calidad y con gran accesibilidad, gracias a eso nuestra tasa de hospitalizaciones es de las más bajas de Europa. Esa misma accesibilidad de nuestra AP hace que tengamos mejores niveles de equidad en necesidad insatisfecha por demasiada espera, por lejanía del servicio o por barreras económicas.

Los recortes sanitarios no están afrontando mejoras en la eficiencia, son sólo recortes. A pesar de ello nuestra sanidad ha sido, al menos hasta ahora, notablemente eficiente en la relación resultados/coste en la comparación internacional, en los indicadores tradicionales de mortalidad y esperanza de vida y también en supervivencia al cáncer, mortalidad prematura evitable por el buen desempeño del sistema sanitario y esperanza de vida libre de incapacidad.

Los recortes de la crisis están afectando (deteriorando) más la financiación de la atención primaria que la  de atención especializada (incluido el gasto de personal) en el conjunto del país.  Las desigualdades en el gasto sanitario público per cápita se han incrementado desde la pérdida del carácter finalista de la financiación sanitaria ocurrida en 2001 y la última gran descentralización sanitaria de 2002. Entre 2001 y 2010 las desigualdades se han duplicado y han alcanzado el máximo de los últimos 20 años. Muy probablemente, la crisis económica esté contribuyendo al incremento de las desigualdades en el gasto sanitario público per cápita entre las CC.AA, y la atención primaria es el sector funcional del sistema en el que se detecta una mayor desigualdad en su gasto per cápita entre las CC.AA.

Tener una financiación suficiente es necesario para que la AP sea fuerte, y con ello mejorar el acceso a los servicios necesarios; mejorar la calidad técnica y humana de la atención; prestar más atención a la prevención realmente adecuada (vacunaciones sistemáticas, por ejemplo); mostrar una actitud activa para atender precozmente a problemas de salud potencialmente graves; reducir las hospitalizaciones evitables; reducir la atención especializada innecesaria y/o potencialmente dañina y favorecer el efecto acumulativo de la continuidad asistencial y de la longitudinalidad.

Para poder analizar las transformaciones que se produzcan en la salud y el sistema sanitario como consecuencia de las restricciones económicas producidas por la crisis y por la aceleración del proceso privatizador, es necesario disponer de información puntual y transparente, y perfeccionar los mecanismos de obtención de indicadores, y buscar indicadores nuevos cada vez más sensibles a los cambios de salud que se puedan producir.

Demandando “POLITICA” en mayúsculas

Sí nos representan

Por Esther Vivas en “Se cuecen habas”

Público.es

A menudo las palabras nos separan más que nos unen. No sólo se privatizan muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana sino también los conceptos y su significado. Ha pasado con términos asociados a cambio y a mejoras: solidaridad, verde, revolución, sostenibilidad, cooperación… que se han convertido en “adjetivos marca” al servicio del marketing empresarial. Y lo mismo le ha sucedido a la política. Sin olvidar el maltrecho concepto de democracia, largamente apropiado por quienes, en realidad, la han vaciado de contenido.

¿Qué entendemos por política? ¿Política para qué y en manos de quiénes? Nos han educado para pensar que la política es algo que se hace en las instituciones, una profesión con la que alguna gente gana dinero, y, de tanto en tanto, amaña contratos para sus amigos y familiares. Un asunto que no nos concierne y que hay que dejar a una minoría profesionalizada. Algo aburrido, pero necesario, que está allí y de lo cual algunos, a quienes votamos cada cuatro años, se encargan. Esa es la política que quienes mandan necesitan. Una “política florero”.

Pero, como dice el refrán, “todo lo bueno se acaba” y a los de arriba se les va terminando el “chollo”. La crisis, que estalló en septiembre del 2008, y, en particular,  las medidas de austeridad y de salida a la misma que han dado los gobiernos, a distinta escala, ha significado un reinterés social por la política. Aunque no nos confundamos, no por la “política” oficial. La gente no quiere más “política escaparate” ni más “política-ficción”. La gente exige una política de verdad, la de la calle.

La emergencia del 15M, de l@s indignad@s, significó precisamente eso. Un estallido de entusiasmo, necesidad y urgencia por reapropiarnos de los asuntos colectivos, largamente secuestrados en las instituciones. Frente a las medidas de recortes, ajustes, endeudamiento, privatizaciones… la respuesta era clara “la crisis que la paguen los que la han creado”, “no hay pan para tanto chorizo”, “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”. Y mucho más. El imaginario colectivo empezó a cambiar y nos volvimos a sentir dueños de nuestras vidas. Eso que tan bien sintetizaban unas pocas palabras del movimiento: “Junt@s podemos”.

A mayor desafección más hambre de política real. He aquí la paradoja. Y de este modo reivindicamos la política, como la lucha cotidiana por nuestros derechos. La de quienes luchan contra los desahucios, contra el robo de las preferentes, contra las tijeras que todo lo recortan, contra el sexismo y la homofobia. La que construyen quienes trabajan por un sindicalismo combativo, por unos barrios “vivibles”, por un mundo rural. Una política que estaba allí, como una nota a pie de página, y que ahora reclamamos en mayúsculas.

Hoy, tras el paro y los problemas de índole económica, las principales preocupaciones de las y los ciudadanos en el Estado español son, como recogía el último barómetro del CIS de enero de 2013, los partidos y la corrupción. El bipartidismo empieza a hacerse añicos y muchos que nunca antes se habían planteado qué hacer si un día “se van todos” ahora se lo preguntan. Las maquinarias electorales, que hasta ahora sostenían el sistema actual, se agotan a marchas forzadas. Y la gente de la calle frente a una situación de necesidad confía más, como señalaba una reciente encuesta de El País, en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y las ONGs que en el Gobierno, el PSOE y el resto de partidos.

En los albores del 15M y la ocupación de las plazas, una de las consignas más repetidas era “no nos representan”. Y así se ha demostrado. No nos representan quienes nos roban, nos venden, nos recortan, nos mienten y nos golpean.  Pero, en cambio, sí nos representan quienes luchan y desobedecen, quienes ocupan hospitales, escuelas, bancos, supermercados, universidades, y desafían leyes y políticas injustas.

Y a pesar de que han intentando estigmatizar a quienes protestan, criminalizarlos y reprimirlos, no lo han conseguido. Su estrategia no ha hecho mella. Al contrario, a más balas de goma, a más ojos “robados”, más indignación, más rebeldía y más desobediencia, pese a quien pese. Como decía V, en la película ‘V de Vendetta’: “Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales. Y los ideales son a prueba de bala”. Así es. Porque, ya sea en la vida real o en la gran pantalla: tod@s somos V. La fuerza de la gente.