OPINION

Buenos análisis como siempre.

La Sra. Cospedal, el nazismo y la democracia en España

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

La Secretaria General del Partido Popular, el partido gobernante en España, la Sra. María Dolores de Cospedal, ha acusado nada menos que de ser nazis a las personas que protestan por los desahucios manifestándose frente a los domicilios de las autoridades del partido político responsable del veto de las Cortes Españolas a las medidas propuestas por el movimiento social más popular hoy existente en España, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Lo que es preocupante y alarmante es que tal autoridad haya basado dicha grave acusación (en realidad, insulto) en que –según ella- estos manifestantes “no aceptan el voto”, es decir, que no respetan la mayoría parlamentaria, mayoría que –según ella- es resultado del mandato popular expresado por las urnas. Éstas, es decir, los votos, asignan al gobierno las responsabilidades de tomar decisiones, sean éstas las que sean, que deben acatarse por parte de la población, independientemente de que se esté en desacuerdo con ellas.

Tal interpretación de lo que es democracia, por una personalidad del nivel de la Sra. Cospedal, es alarmante. Y puesto que esta interpretación está ampliamente extendida en España, merece una respuesta. Esta percepción tan generalizada de lo que es democracia suele presentarse en un argumentario más elaborado, indicando que la democracia es un sistema de leyes que deben obedecerse, y por lo tanto, todo comportamiento que no siga tales leyes es considerado antidemocrático. Esto es lo que en realidad está diciendo la Sra. Cospedal, en un estilo y narrativa mucho más vulgar y directo, llamando nada menos que nazis a aquellos que protestan por la aplicación de las leyes, a pesar de que son manifestaciones no violentas que denuncian a los gobernantes que aplican tales leyes, estén éstos donde estén.

Lo que tal argumento deliberadamente olvida es que la soberanía popular procede de la ciudadanía, y que la expresión de tal soberanía ocurre a través de las instituciones llamadas representativas que en España están extremadamente limitadas debido al enorme dominio que las fuerzas ultraconservadoras, herederas de la dictadura, tuvieron sobre el proceso de Transición, al cual se le define erróneamente como modélico. El enorme desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil en el proceso de Transición dio lugar a un proceso muy sesgado, con unas instituciones representativas muy poco democráticas. Y lo que está ocurriendo, reflejado en las declaraciones de la Sra. Cospedal, es un claro ejemplo de ello. Veamos los datos.

Dentro de esta democracia sumamente limitada, sólo el 28% de la población adulta que podía votar, votó al Partido Popular, lo cual no fue obstáculo para que tal minoría alcanzara una enorme mayoría parlamentaria, mayoría totalmente desproporcionada en su tamaño y que no se correspondía con el voto real. En realidad, la gran mayoría (72%) de la población que podía votar, no votó al PP. La mayoría en las Cortes no representa, pues, a la mayoría de la población. Si el sistema hubiera sido proporcional, tal partido no hubiera estado en mayoría. Está claro, pues, que el PP se benefició de unas leyes electorales que le favorecían, pero que no respondían numéricamente a un mandato mayoritario.

Pero la cosa es incluso peor, pues la elección de la minoría que votó al PP (28%) se basó en un programa electoral que el PP se comprometía a realizar, en caso de ser elegido, cosa que no ha hecho. Promesa electoral tras promesa electoral ha sido desatendida. La evidencia de ello es abrumadora. Como también es abrumadora que la élite dirigente del PP sabía que no la cumpliría, mintiendo a la ciudadanía. La rapidez con la que actuó, ignorando sus promesas, era el mejor indicador que sus acciones reales (muchas de ellas opuestas a su programa electoral) estaban ya programadas en la época pre-electoral.

Es obvio, pues, que gran número de políticas que el gobierno PP está realizando (desde las políticas de recortes de gasto público social, que contrastan con el gran apoyo a la banca, hasta el veto a la propuesta altamente popular de la PAH) carecen de mandato popular, entendiendo como tal el deseo por parte de la mayoría de la población de que las políticas que el gobierno aplique son las deseadas por tal población. Incluso entre sus votantes, la mayoría no eligió al PP para que llevara a cabo políticas opuestas a las que prometió durante el periodo electoral. Y la impopularidad de tales políticas, incluso entre sus votantes, es la mejor prueba de ello.

Pero lo que la Sra. Cospedal  ignora es que tales políticas que el gobierno PP está implementando, contrarias al deseo de la mayoría, no sólo son altamente impopulares, sino que deslegitiman al gobierno y a la democracia, pues lo que el gobierno está haciendo no es llevar a cabo las políticas expresadas por la mayoría de la población, sino que las está imponiendo en ausencia de un mandato popular. La respuesta de la ciudadanía ante esta situación es la protesta pública  en defensa de la democracia mediante cualquier medio (utilizando medios no violentos) pues está intentando salvar la democracia en España frente a una violencia legal que es inasumible. El echar a una familia a la calle, sin techo, es enormemente violento y toca las dimensiones más íntimas de la persona. Cuando, además, estas políticas, aún siendo legales, no son legítimas –al carecer de mandato popular- es injusto y traduce una prepotencia y arrogancia exigir que los responsables de tal situación tengan un trato distinto, que definen como civilizado, opuesto al incivilizado que están imponiendo.

La respuesta de las fuerzas conservadoras (incluidas las de algunas voces de las izquierdas ex gobernantes) es que la manera de responder democráticamente es esperar al voto hasta dentro de cuatro años, en un sistema que tampoco refleja el deseo popular. Ahí está el triunfo de las fuerzas conservadoras, escrito en piedra en sus leyes y en la Carta Magna, la Constitución. La continua defensa de la Constitución como intento de legitimar toda una serie de políticas sin mandato popular es parte de la defensa de los intereses de aquellos que dominaron el proceso de Transición, que eran, a su vez, los herederos de los que ganaron la Guerra Civil. A la Sra. Cospedal parece escapársele la incoherencia de acusar a sus adversarios de nazismo, cuando ella está donde está, repito, como consecuencia de la historia de este país en los últimos setenta y cinco años, donde el enorme poder de las fuerzas ultraconservadoras, incluyendo su partido político, sobre los aparatos del Estado ha determinado la configuración de las instituciones políticas, siendo el punto de origen de su poder el golpe militar del General Franco apoyado precisamente por el nazismo alemán y el fascismo italiano, apoyo sin el cual la democracia no hubiera sido derrotada en España.

Si España tuviera un Estado auténticamente democrático, además de tener leyes electorales más representativas, habría referéndums decisorios, que podrían debatirse (en unos medios más plurales que los que hoy existen en España), siendo tal debate las bases para la decisión popular. Y no hay duda, según los resultados de las encuestas, de que las políticas decididas por referéndums (incluidas las propuestas del PAH) serían mucho más mayoritarias que las decididas por las Cortes, mostrando que las Cortes Españolas hoy, en su mayoría, no representan a la mayoría de la población española, incluido, por cierto, el votante y ex votante del PP.

A raíz del último exceso verborreico de tan ilustre personaje

Los españoles de bien

Por Ignacio Escolar, en el Blog Escolar.net de eldiario.es

España se divide en dos mitades: la chusma, esos nazis filoetarras que ladran su rencor por las esquinas, y los españoles de bien. "Nuestros votantes dejan de comer antes de no pagar la hipoteca", dijo María Dolores de Cospedal en una intervención para guardar (que después ha desmentido, con la misma contundencia con la que explicó el despido simulado de Luis Bárcenas). Son esa "mayoría silenciosa" que no protesta, asegura la secretaria general del PP citando a Nixon. Es una mayoría tan callada que nunca hemos sabido de ella; en las estadísticas no aparece. En España hay un 3% de familias que dejan de pagar la hipoteca y también tenemos un 0% de muertos por no comer, así que una de dos: o Cospedal miente, o ya es casualidad que absolutamente todos los hipotecados que pagan sus deudas voten al PP; de hambre no parecen fallecer.

Por supuesto, nadie duda de la buena voluntad de los votantes conservadores. Hay de todo, como en cualquier grupo social de ese tamaño: honestos, esforzados, trabajadores, pero también corruptos y vagos, probablemente en parecidos porcentajes a los que existen entre los votantes del PSOE o IU. La trampa una vez más no está en la estadística sino en la política: en esa polarización que el PP quiere provocar con un discurso victimista, que busca dividir a la ciudadanía entre justos y pecadores, hormigas y cigarras. Un día los que protestan son etarras, al siguiente son nazis y al otro caraduras que no quieren pagar.

Por desgracia para De Cospedal, la realidad no corrobora esa ficción. Las encuestas son rotundas. La mayoría de los españoles confía más en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que en los partidos políticos, también los votantes del PP. La mayoría respalda los escraches, incluso lo hacen los votantes del PP. La mayoría de los ciudadanos pide a gritos una solución al problema de los desahucios, sean o no sean votantes del PP. Una solución: no una permanente campaña de descalificación contra unas víctimas a las que el PP quiere presentar como verdugos.

Entrevista a Luis Montes, Médico y presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

«Han secuestrado nuestra muerte. Mi vida es mía y me apeo cuando quiero»

«El debate sobre la eutanasia no se abre porque el moribundo no suele votar y porque con la Iglesia hemos topado»

16.04.13 - AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO, en El Comercio.

Lo llamaron «nazi» y «doctor muerte». Lo acusaron de haber cometido 400 homicidios por sedaciones ilegales. Y no pasó nada. El doctor Luis Montes Mieza (Villarino de los Aires, Salamanca, 1949) era jefe del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés cuando fue denunciado por mala praxis durante el denominado 'caso Lamela', pero la Justicia le declaró inocente. Hoy, el anestesista y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente interviene en el Curso de Extensión de la Universidad de Oviedo 'Vidas íntegras y muertes razonables'.

 

-¿Ya le ha pagado Miguel Ángel Rodríguez lo que le debía?

-La sentencia fue puramente testimonial. Y no solo por la cuantía después de las barbaridades que dijo. Además, porque quienes tuvieron que pagar al doctor Montes fueron los medios donde este señor salió. Se repartió entre 'La Noria', de Telecinco, y TVE, así que la mitad de la cuantía la pagó el erario público, la pagamos los españoles. A él le condenaron a pagar los gastos del juicio.

 

-¿Se considera víctima de una campaña de acoso y derribo?

-Fue público y notorio. Pero, cuando realmente me hicieron escrache, fue cuando fui a declarar. Los militantes del PP, que fueron convocados a la puerta de juzgado, casi me linchan. Y en presencia de mis hijos, además.

 

-¿Se ha recuperado?

-En mi vida profesional, acabaron con un proyecto muy bonito, en el que lo estábamos haciendo bien. Además, con bastante represión. Acabaron con 16 compañeros que trabajaban conmigo. Ahora, no trabajo nada más que yo en el Severo Ochoa. Y destituyeron a jefes de servicio, supervisores... Hicieron mucho daño personal. A nivel moral, me satisface bastante que se abriese el debate de la eutanasia y del suicidio asistido en este país. Me satisface que, gracias al 'caso Leganés', se pueda morir mejor en este país.

 

-Lamenta que nunca se le haya pedido perdón a los pacientes.

-Con la superioridad con la que el PP gobierna, siempre en posesión absoluta de la verdad, pedir perdón sería un acto de humildad impensable. Diríamos: «¡Nos los han cambiado! ¡Estos no son los que eran!». (Risas) ¿Pedir perdón? Ni se les ocurre.

 

-Nunca volvió a su anterior cargo.

-No. Me destituyeron «por cuestiones organizativas». Y no organizaron nada. Lo desorganizaron todo.

 

-Sostiene que todo aquello no fue más que una cortina de humo para ocultar la privatización de la sanidad madrileña.

-Fue una campaña mediática nacional tremenda. Todos los días, de marzo a agosto, primeras páginas y cientos de titulares: «400 homicidios, sedaciones irregulares, comisiones de investigación». No se hablaba de otra cosa y, mientras tanto, Madrid daba contratos a empresas privadas para la construcción de seis nuevos hospitales. Lo que querían era que los ciudadanos no debatieran sobre los planes del Gobierno. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque parece que lo van a privatizar absolutamente todo.

 

-También para que la eutanasia no llegase a la agenda política. ¿Por qué el asunto sigue postergado?

-Según la última encuesta del CIS, más del 80% de los ciudadanos defienden la eutanasia pasiva. Y el porcentaje baja al 67% si se trata de que los médicos o de que el colaborador necesario procure los medios al enfermo para poner fin a su vida. Es un clamor y ellos conocen perfectamente esa encuesta. ¿Por qué, entonces, no se abre el debate habiendo tanta concordancia?

 

-Dígamelo usted.

-Por dos motivos. El primero: que los que nos morimos -y eso sí que es una verdad absoluta, que aquí no nos vamos a quedar- no somos candidatos a votantes. Y segundo: porque con la Iglesia hemos topado. La ley del matrimonio entre personas del mismo sexo suponía mucho más debate social, no había unas encuestas de opinión tan claras como con la eutanasia, pero ya con un enfrentamiento vale. Si encima los ciudadanos pueden decidir sobre su muerte, si la vida ya no es un don recibido, apaga y vámonos. Sería pasar de súbdito a ciudadano. Un ciudadano que intenta gestionar lo mejor que puede su vida -aunque con los recortes cada vez se puede gestionar peor- y su muerte. Pero no nos dejan. Nos la han secuestrado y siempre está en manos de terceros. Ellos nos quieren una sociedad potencialmente suicida, porque es ingobernable. Es un ejercicio de la libertad tan supremo que les da un miedo terrorífico.

 

-La ley de muerte digna del PSOE se quedó en papel mojado.

-Lo que pedimos ahora son tres. Una es la de rechazo al tratamiento. La segunda, de planificación de voluntades y de universalización de los cuidados paliativos, que son un derecho que pagamos todos. Y la tercera es una ley de muerte a petición o muerte voluntaria, que lo engloba todo. Ese es, por ejemplo, el marco jurídico holandés, pero en este país sólo tenemos una.

 

-La de autonomía del paciente, que data de 2002, de signo popular.

-Así es. Permite rechazar el tratamiento, aunque eso conlleve tu muerte.

 

-Asegura usted que piensa vivir muchos años, pero preparado.

-Tengo mi testamento vital hecho y soy médico. Y los médicos nos morimos mejor. Yo manejo mejor las drogas que cualquier otro profesional y, además, tengo amigos que las saben manejar. Yo me voy a morir mucho mejor que tú, aunque antes (Risas). Y eso me parece totalmente injusto. Que tú te mueras mejor que otro porque tienes un cuñado anestesista o una profesión concreta.

 

-¿Las veremos esta legislatura?

-No. Con el PP, jamás, porque no creen en la autonomía, pero quizá en la siguiente. Es una ley que nos beneficia a todos, con absoluto respecto para los que creen que la vida es sagrada, pero una minoría no puede decidir por los que somos mayoría. Mi vida es mía y me apeo de ella cuando yo quiero.

Obvio pero absolutamente oportuno

 

Expropiar no es pecado

 

Por Ignacio Escolar en su blog “Escolar.net” de eldiario.es

 

Aquellos que tanto se escandalizan por ese decreto de la Junta de Andalucía, que expropiará viviendas a los bancos para evitar los desahucios más sangrantes y multará a los dueños de casas vacías, deberían releer la Constitución. «Se reconoce el derecho a la propiedad privada (¿) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino  por causa justificada de utilidad pública o interés social» (artículo 33; las negritas son mías). La palabra  expropiación, que tanto asusta, no solo está admitida en la Carta Magna, sino que tiene una ley en vigor que la regula. No hay país donde tal cosa no suceda y en todos ellos, hasta en los mismísimos Estados Unidos, se entiende que el derecho a la propiedad no está por encima de todo: que debe prevalecer el interés general de todos los ciudadanos.

Se expropia a diario en todo el mundo capitalista. Para hacer carreteras o autopistas, por ejemplo. O incluso para construir Eurovegas; así lo acaba de aprobar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el del «liberal»  Ignacio González, en un decreto que permitirá a míster  Adelson comprar terreno a bajo precio para sus casinos y que nadie ha calificado de comunista. En un país con miles de casas vacías y miles de familias desahuciadas, ¿de verdad hay que explicar la «causa justificada de utilidad pública» del decreto de la Junta? ¿En serio hay alguien capaz de argumentar que existe más «interés social» en abaratar costes a Eurovegas que en rescatar a las familias desahuciadas?

En la Constitución también figura otro artículo, el 47, donde se reconoce el derecho a «una vivienda digna» y se pide a los poderes públicos que impidan la especulación. Se aplica mucho ¿en el resto de Europa, donde son comunes las leyes que permiten multar y expropiar a los propietarios de viviendas vacías. Hay incluso países (Suecia y Alemania) donde es legal expropiar y derribar bloques enteros vacíos para evitar, entre otras cosas, problemas como el reciente incendio en Bermeo, que empezó en un edificio deshabitado. La propiedad no es un derecho absoluto: con condiciones, está sometido al interés general. Y no puede ser más cínico ese discurso de cierta derecha que justifica el intervencionismo público para rescatar al sector financiero mientras demoniza que una Administración intervenga en ayuda de los desahuciados. Es ese liberalismo del embudo, tan castizo, que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios; que exige la aplicación más estricta del capitalismo y la competencia para los pobres, pero no para los ricos. La novedad de este decreto andaluz no es la expropiación, eso es cotidiano. Tampoco la intervención del Estado en la economía: eso es también común, cuando hablamos del sector financiero o las autopistas. La noticia es que, para variar, será una expropiación que beneficie a los más débiles frente a los poderosos. Bien por Andalucía.

Entrevista a “Cuqui” Bances con motivo de su jubilación

«El nuevo HUCA es envidiable pero será un hospital caro de mantener»

«Aunque no era la opción que más me convencía, reconozco que el proyecto fue un impulso para una zona deprimida como La Cadellada»

Dámaso Bances Subdirector de Gestión del Hospital Central. Se jubila tras 45 años en activo

Foto: Dámaso Bances, ingeniero industrial, llegó al HUCA casi de casualidad. Su plaza originariamente estaba en el Hospital de Cabueñes, en Gijón, recuerda. Le pidieron que la intercambiara con el Central.

14.04.13 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Historia viva del HUCA, fue el directivo que más años se mantuvo en ejercicio en la sanidad española. Una especie de Ferguson, el entrenador de fútbol más longevo en el cargo, pero de hospitales. Dámaso Bances (Oviedo, 1943), el casi eterno responsable de Gestión del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se ha jubilado a los 70 años. Lo hizo el pasado lunes, 8 de abril, tras 45 años «en el tajo» y con más nostalgia de la que habría deseado después de que convirtiera la maraña de edificios del Central en su segundo hogar. Eso, a pesar de que las obras de reforma del viejo Hospital General le hayan costado un ojo de la cara. Es literal. El plan para apuntalar el vetusto edificio le causó un golpe de estrés y perdió la visión del ojo izquierdo.

-Cuando llegó al HUCA en 1968, ¿qué había en aquella zona?

-Había mucho 'prao'. Sólo estaba en pie la residencia, que era el Hospital Covadonga, donde saqué la plaza; el Hospital General, de la Diputación, y parte del centro de Rehabilitación.

-¿Cuántos edificios hay ahora?

-Diecisiete, que dieron como resultado un centro hospitalario con 93 puertas de entrada. Una locura. En aquellos años participé en la construcción de Silicosis, del Materno, de las consultas externas, el Edificio A, la planta de cogeneración, la lavandería...

-Imagino que guardará cientos de anécdotas de estas cuatro décadas.

-Uf, a porrón. Darían para un libro.

-Adelánteme alguna.

-Pues desde que nos enteramos casi de casualidad de que se iba a construir el edificio de Maternidad (las grúas aparecieron de un día para otro), hasta que tuvimos que montar el Instituto de Silicosis para su inauguración en quince días. Entonces, los edificios se levantaban en siete meses.

-Podrían haberles contratado para el nuevo HUCA, que empezaron en 2005 y aún no está acabado...

-Se construía de otra forma. Son edificios que se levantaron muy rápido pero que luego dieron problemas.

-En estos años asistió a la construcción de 14 edificios, vio cómo envejecían sus paredes, luchó contra goteras y techos de escayola que caían. Casi se le viene abajo una escalera de incendios, tuvo que apuntalar el viejo Hospital General y, por si fuera poco, un viceconsejero de Sanidad llegó a decir públicamente que en el hospital había riesgo de derrumbe. ¿Me olvido algo?

-No, no, está casi todo. Falta algún que otro incendio y cortes de luz.

-¿Su mérito fue haber sobrevivido al HUCA o a gerentes y consejeros?

-(risas) Pues no sabría decírselo.

-¿Cómo se consigue? ¿Guardándoles sus secretos?

-No, no, qué va. El secreto es centrarte en tu trabajo, que es eminentemente técnico. Hay que tener claro qué es un hospital.

-¿Y qué es un hospital?

-Una empresa que debe basar su funcionamiento en dos pilares: el paciente, por un lado, y el médico y la enfermera, por otro. Un hospital no es un hotel, aunque los pacientes deben estar bien atendidos, recibir buena comida, cambiarles la ropa...

-¿Cuánta ropa lava el HUCA?

-Pues 14 toneladas diarias, que al año suponen 4.554 toneladas.

-¿Y cuántas comidas prepara?

-Otro tanto. Calculo que son cerca de 1,3 millones de ingestas al año.

-¡Ni un hotel de Benidorm!

-Es verdad. Y además, jamás, jamás tuvimos una salmonelosis.

-Pero sí legionella.

-No, no, los casos de legionella detectados en su día no tuvieron su origen en el HUCA, sino en una torre de refrigeración de un hotel cercano.

-¿Le gusta el futuro HUCA?

-¿Como edificio?

-No sé, yo pregunté primero.

-Es un gran edificio.

-¿No es muy grande?

-Es inevitable en un hospital de esas dimensiones.

-¿La que salió adelante era la opción que más le convencía?

-No, aunque reconozco que sirvió de impulso económico para una zona que estaba muy deprimida.

-¿Usted qué habría hecho?

-Hubiera construido un nuevo hospital donde ahora está el viejo.

-¿Era técnicamente posible?

-Era posible. Hubo un proyecto para desarrollarlo en cuatro fases. El único edificio que había que tirar y volver a construir era el del General, los otros se podrían haber reutilizado.

-¿No habría sido un problema tanta grúa y obra junto a pacientes?

-Qué va. Toda la vida hubo obras en este hospital y nunca pasó nada.

-Pero no hubiera sido tan moderno como el de La Cadellada.

-Eso es verdad. Tecnológicamente, el de La Cadellada es un hospital envidiable, eso no se puede negar. Es una instalación extraordinaria.

-¿Será muy caro mantenerlo?

-Sí, claro que será muy caro. Pero la pregunta no es si es caro o barato, sino si es un hospital sostenible.

-¿Y es un hospital sostenible?

-Tendrá que serlo y dotarse de los elementos financieros necesarios.

-¿Eso qué significa?

-Que tendrá que tener el presupuesto suficiente, no menos.

-¿Qué pasará con los terrenos libres que dejará el actual?

-La idea era derribar los edificios, pero, ¿sabe lo que cuesta eso?

-No. ¿Lo sabe usted?

-(Silencio).

-¿Cuánto?

-...igual unos 15 millones de euros.

-¿Derribarlos?

-Derribarlos y desescombrar la zona. Lo que me pregunto es: los derribamos y qué hacemos, ¿un parque?

-Dejarlos en pie también tendría su coste.

-Habría que darles uso. Por eso Alemania va primero que nosotros, porque ellos no despilfarran como aquí.

-¿Qué usos se le podrían dar?

-El edificio de rehabilitación tiene unos gimnasios y unas piscinas que asustan de buenos que son; se podrían alquilar a una mutua o destinarlos a atención de pacientes de la pública. En Silicosis podrían poner juzgados... Hay muchos usos alternativos.

-Se hablaba de hacer viviendas.

-¿Cree que estamos para viviendas? Otra cosa en la que hay que pensar es qué va a pasar con los equipos que no vayan al HUCA. ¿También los tiramos?

-Hombre, habrá equipos que ya no valgan para mucho.

-Es verdad, hay equipamiento que es chatarra, pero hay otro muy valioso que no se va a trasladar y que habrá que pensar qué hacer con él.

-Prolongó su trabajo hasta los 70 años, y así y todo no ha sido capaz de ver inaugurado el nuevo HUCA.

-No fueron capaces ellos, no yo (risas). Sinceramente, me hubiera gustado cerrarlo porque casi lo abrí yo.

-La Consejería de Sanidad dice que lo inaugurará en enero de 2014.

-Tengo dudas sobre esa fecha. La veo precipitada para cómo está el hospital.

-Hombre, a lo mejor lo abren como hizo usted con el Materno-Infantil y el Instituto de Silicosis.

-Bueno, ya lo inauguraron cinco veces, ¿no?

Al Oviedo volvería hasta de acomodador, pero no de presidente

-¿Para cuándo un derby Sporting-Oviedo? Lo digo más por el Oviedo que por el Sporting, ¿sabe?

-Me imagino (risas). Confío en que sea pronto. Sería muy bonito para las dos aficiones. Y lo digo más por el Oviedo, ¿sabe?

-Mire que, de momento, lleva las de perder.

-Será por poco tiempo, ya verá.

-Ha sido presidente del Real Oviedo durante tres años. ¿Volvería?

-Al Oviedo volvería siempre, trabajaría hasta de acomodador, pero no como presidente.

-¿Tan mal le fue como 'presi'?

-Me llevé muchos disgustos... pero bueno, era algo que sabía de antemano.

-¿Es de Slim, vamos, 'slimista'?

-Soy oviedista y me siento orgulloso de pertenecer a un equipo que tiene la mejor afición del mundo. Lo siento por los del Sporting. Tengo que confesar que el HUCA y el Oviedo son mis dos pasiones.

Un repaso de la historia reciente para entender mejor la “dePPredación” actual en la sanidad madrileña

La sanidad madrileña del PP: solo negocio

Por Carlos Barra Galán, Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud.

nuevatribuna.es

La llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tras el tamayazo, supuso la aplicación de una política sanitaria diseñada con el objetivo de privatizar la totalidad del sistema sanitario público madrileño; su actuación política, enmarcada en una ideología neoliberal, contempla la salud como un producto de consumo y la asistencia sanitaria como un mercado de negocio con posibilidades de obtener grandes beneficios, se inició así un proceso privatizador que obvió cualquier planteamiento racional de planificación en la asignación de recursos ya que su finalidad era facilitar la entrada en tromba de las empresas privadas en la gestión y provisión de los servicios y prestaciones sanitarias; se iniciaba un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública que hoy es desgraciadamente una realidad poco discutible.

Con inusitada rapidez se procedió a la adjudicación de los contratos para la construcción de ocho hospitales con financiación privada y se utilizó de forma deleznable las falsas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa como cortina de humo que eclipsó e impidió el debate político que una democracia exigía ante un tema de tal calado. Una irrupción de capital privado de tal magnitud y de manera simultánea en la sanidad pública, no tenía parangón alguno ni dentro ni fuera de nuestras fronteras y como algunos dijimos entonces ponía en peligro el futuro de la sanidad pública madrileña; hoy una década después, la deuda sanitaria en Madrid no es suficientemente conocida, la situación financiera de la Consejería de Sanidad es desastrosa y el pago de los cánones durante treinta años a las empresas adjudicatarias de las concesiones son un pesado lastre que hipoteca en gran medida el futuro inmediato, todo ello sin haber conseguido ninguna de las mejoras sustanciales que el Gobierno del PP publicitó iban a lograrse. Lo que hoy es una realidad es el desmantelamiento de los hospitales de gestión directa, el enorme deterioro de la Atención Primaria no proporcionándola los recursos humanos necesarios para cumplir su importante misión como puerta de entrada al sistema, lo que hoy es una realidad es la amortización de plazas, la no renovación de numerosos contratos y la extrema precariedad de los pocos que se realizan; ello está llevando a una disminución de la calidad asistencial a pesar de los esfuerzos de los profesionales y trabajadores del sector.

El marketing despilfarrador puesto en marcha para confundir y engañar a los ciudadanos se ha venido abajo como un castillo de naipes y hoy las masivas manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública y contra la política sanitaria del Gobierno Regional son un hecho indiscutible, participando en ellas muchos votantes del PP. Los profesionales ajenos durante tiempo a lo que estaba pasando, han reaccionado y mostrado su indignación ante el expolio que se está haciendo con la sanidad madrileña. Las mareas blancas han supuesto la unión en las calles de Madrid de profesionales y ciudadanos defendiendo la Sanidad Pública y rechazando su privatización.

Ante tal rechazo social parecería lógico pensar que el Gobierno pudiese rectificar, ello es frecuente en democracia, más no ha sido así y ante esta actitud inamovible cabría preguntarse: ¿por qué no rectifica? Esta es una pregunta que hechos ya conocidos como otros que pudieran aparecer en un futuro, pueden ayudar a darle respuesta. Me explicaré.

En el proceso privatizador llevado a cabo ha habido un elemento que ha tenido una evolución francamente positiva, me estoy refiriendo al incremento constante que el volumen de negocio de las empresas privadas ha tenido en el campo sanitario; las partidas presupuestarias asignadas a privatizar (lo llaman externalizar) la provisión de determinadas prestaciones (diagnóstico por imagen, cirugías provenientes de la lista de espera, laboratorios) han crecido sustancialmente durante estos años en los que se ha hecho frente también a los pagos millonarios de los cánones a las concesionarias.

ES AQUÍ DONDE SE HA PLASMADO EL NEGOCIO SANITARIO con jugosos beneficios para las empresas; al mismo tiempo hemos sabido que ex-altos cargos de la sanidad madrileña han pasado a ocupar cargos de mucha relevancia en empresas a las que la Consejería de Sanidad había adjudicado contratos en época de su mandato o en periodos posteriores muy próximos, así hemos conocido que el Sr. Güemes fue nombrado consejero delegado de una empresa que gestiona los laboratorios de análisis clínicos privatizados por él cuando era Consejero; conocida por la opinión pública esta enorme desvergüenza legal y ante el escándalo que comenzó a producirse el citado Sr. Güemes se vio obligado a dejar su sustancioso empleo. Hemos conocido también que la Sra. Elena de Mingo, ex-directora  general de infraestructuras con rango de viceconsejera ha sido fichada por una empresa a la se adjudicaron sustanciosos contratos de asesoría y consultoría en el periodo de su mandato; a fecha de hoy no parece que la citada Sr. de Mingo se haya planteado abandonar su empleo. Es evidente que se trata de otro caso de desvergüenza legal impresentable.

Acabamos de conocer que el nefasto personaje Sr. Lamela, exconsejero de Sanidad, protagonista de la actuación política más ruin en la sanidad española en toda su historia (falsas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa) ha sido asimismo nombrado consejero delegado de la empresa Asigna que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo, centro construido y adjudicado en su mandato, también hemos sabido que esta empresa desde que Lamela ocupa en ella un puesto tan relevante ha conseguido contratos por valor de cuatro millones de euros tanto desde la Consejería de Sanidad como de estructuras administrativas dependientes del actual Presidente Regional. Parece por tanto que no sólo las empresas hacen negocio sino que determinados ex-altos cargos se procuran cargos relevantes en empresas privadas relacionadas directamente con el sector sanitario y que han recibido adjudicaciones importantes desde la Administración sanitaria. Nada ilegal ciertamente, pero asimismo una falta absoluta de ética y una desvergüenza intolerable en una sociedad democrática; quizás estos casos puedan explicar de alguna manera la negativa del gobierno regional a rectificar su política sanitaria ya que la privatización sanitaria parece favorecer el futuro laboral de altos cargos cuando abandonan los mismos. Observando lo ocurrido no parece descabellado pensar, que si no hay rectificación en la política sanitaria, veamos en el futuro cercano a otros altos cargos político-sanitarios pasar a ocupar puestos relevantes en empresas privadas que han estado relacionadas con la Administración Sanitaria; parece que al igual que todos los extesoreros del PP tienen un rasgo común, ser multimillonarios, los exaltos cargos sanitarios del PP madrileño puedan terminar teniendo un rasgo común, ser Consejeros Delegados de empresas privadas directamente relacionadas con el mundo sanitario.

Ante esta política depredadora, que está produciendo un expolio de la sanidad pública madrileña, los ciudadanos tienen la capacidad y la obligación de evitarlo, haciendo que las mareas inunden pacíficamente las calles de Madrid exigiendo la retirada de la totalidad de los planes privatizadores; en ello va en juego mantener un pilar fundamental del Estado de Bienestar: la Sanidad Pública. Es una batalla que la ciudadanía no va a perder.

En la sección de Opinión de El Comercio del miércoles 10 de abril de 2013

Sanidad y educación: por un reparto del empleo.

Por Joaquín Arce Fernández, Economista y Luis Ignacio Vega Pérez, Enfermero.

Sanidad y educación son los principales capítulos del gasto de la Administración regional y los mayores empleadores de nuestra región. El presupuesto para sanidad y educación, en 2013, es de 2.237 millones de euros, casi el 70% del presupuesto regional, excluido el gasto en deuda.

Estos dos servicios dan empleo a 27.500 personas, en tomo al 80% del empleo público de nuestra Administración regional. A lo que habría que añadir el personal de la enseñanza concertada (unos 2.000 profesores), la Universidad (3.000 trabajadores) y la sanidad concertada.

En la educación pública no universitaria asturiana trabajan más de 11.000 profesores. Entre ellos, unos 3.000 interinos. Desde hace años, la educación asturiana es un servicio sobredimensionado en relación a nuestra evolución demográfica y a la ratio europea de número de alumnos por profesor: en Asturias, 9,5 y en Europa más de 15. Y con peores resultados académicos. Las reformas emprendidas por los gobiernos español y asturiano para racionalizar el sistema y reducir el déficit público (aumentos de jamada docente y de número de alumnos por grupo, revisión y concentración de la obsoleta red de colegios e institutos...) deberán provocar en pocos años una disminución de al menos 1.500 o 2.000 docentes.

En el sistema público sanitario asturiano trabajan 15.000 personas. Muchas de ellas realizan cantidades ingentes de horas extraordinarias y jornadas complementarias. Aunque la demanda sanitaria es creciente, la necesidad de ajustar los gastos de nuestro valioso sistema de salud para buscar su sostenibilidad también hará que, a falta de otras medidas, se deba reducir la plantilla en los próximos ejercicios.

¿Qué se puede hacer para que los ajustes de gasto y plantillas no aumenten el desempleo en nuestra región, con lo que eso supone de drama económico, social y personal? En el mercado de trabajo, como en cualquier otro, siempre hablamos de dos cosas: de precio y de cantidad. En un contexto de decrecimiento y menor recaudación fiscal, si no queremos que disminuya la cantidad de empleados (o si queremos que aumente) debemos reducir el precio por empleado. Así se hace en los países con mercado de trabajo más ágil y equilibrado y por eso tienen menos paro, incluso en las peores crisis.

¿Cómo podemos hacer eso? Se pueden bajar los costes laborales con carácter general, cómo ya se ha hecho en varias ocasiones en los últimos años con medidas como el aumento de horas de trabajo, la disminución del 5% de la masa salarial en 2010 y la eliminación de una paga extra en 2012 (-7%), en el marco de la dolorosa devaluación interna en la que estamos inmersos. Pero también hay que hacerlo aplicando políticas de reparto del empleo, sobre todo en casos en que pueden ser de gran utilidad.

En educación, una medida de reparto puede ser generalizar la contratación de profesorado interino a media jornada, en vez de a jornada completa. La contratación a tiempo parcial está muy extendida, en Europa y poco en nuestro país, sobre todo en la Administración. Si se generalizase, permitiría ajustar mejor los horarios y plantillas de los colegios e institutos y mantener, o incluso incrementar, el número de personas que trabajan como profesores. Esto ya se aplica desde hace años en la Universidad, donde abundan los profesores asociados a tiempo parcial, con pocas horas de docencia.

En sanidad habría que eliminar de forma total, o al menos, en la mayor medida posible, en un plazo razonable, las jornadas complementarias (guardias, 'peonadas', etcétera) sustituyéndolas por nuevas contrataciones de personal. Existen excelentes profesionales en paro a los que les estamos pagando la prestación por desempleo y, a la vez, personal de plantilla que realiza 50, 100 o incluso 200 horas extras al mes, para obtener una retribución adicional, a veces muy elevada. Este doble gasto, del paro y de las horas extras, supone un despilfarro del dinero del contribuyente y una inmoralidad social que no se puede aceptar. Son horas extras que deben convertirse en nuevos empleos.

Aunque cueste creerlo, en sanidad y educación se puede crear más empleo y ahorrar a la vez. Con esas medidas, en sectores tan intensivos en mano de obra, sin gastar más o, incluso, gastando menos, se podría sacar del paro a muchos profesionales en Asturias, aumentar la calidad del sistema y además reducir el gasto en prestaciones de desempleo, aumentar el consumo y las cotizaciones sociales y mejorar las expectativas económicas y la confianza en el sistema.

El Gobierno que lo haga se encontrará con la oposición de colectivos afectados y tal vez con la de aquellos sindicatos que prefieran defender los intereses de trabajadores pluriempleados antes que los de los desempleados. Pero si realmente reducir el paro en la actual situación de crisis (o decadencia) es una prioridad social, el reparto del empleo es un camino que debemos seguir.

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Diáfano

Quienes ganan y quienes pierden con la privatización sanitaria

Por Manuel Martín García, Médico y Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

La Sanidad española está inmersa en un duro proceso de recortes y privatizaciones impulsados por los gobiernos neoliberales a nivel central y en las CCAA. Conviene hacer algunas reflexiones sobre cuáles son los intereses en presencia y quienes salen ganando en la privatización y quienes van a ser los perdedores en este proceso

Ganan

Los principales beneficiarios de esta política son las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad para ampliar su negocio. Las entidades de capital riesgo como CAPIO Sanidad, Ribera Salud (Sanitas y Adeslas), USP-Quiron; grupos empresariales como HM hospitales, que se están apoderando de gran parte de los hospitales de numerosas CCAA. Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela y ayudas fiscales (desgravaciones por suscripción de pólizas complementarias). Empresas auditoras como PWC que están suplantando a la administración en las funciones de Planificación  Estratégica (elaborando los Planes de Salud Autonómicos, Planes Directorios de Hospitales, concursos de adjudicación de plazas, provisión de recursos etc.), lo que le otorga una enorme capacidad para utilizar los fondos públicos para satisfacer sus intereses económicos y empresariales. Estas medidas también benefician a los grupos de gerentes y expertos sanitarios que actúan como un potente lobby profesional. También forman parte de los ganadores los dirigentes del Partido Popular, familiares y allegados que salen y entran de la administración y de las empresas adjudicatarias en función de sus intereses (puerta giratoria). Por último las empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo que ven en la PFI la oportunidad de seguir con sus negocios utilizando los prepuestos sanitarios públicos y las entidades bancarias (financiadoras de las PFI),  que se benefician de los contratos millonarios a pagar por las administraciones públicas

Pierden

Los ciudadanos en general que han sufrido recortes en sus derechos sanitarios, que deben pagar más por la una asistencia sanitaria  que antes se  financiaba con impuestos (manera más justa y progresiva socialmente),  y  que deberán contratar seguros privados para complementar la menor oferta de servicios de la atención sanitaria pública, por otro lado pierden también la garantía de que en su atención sanitaria priman la evidencia científica y los intereses generales y no los criterios empresariales. Las personas con menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que verán dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero para afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y mayores recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados por los recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la Sanidad que han perdido salarios, derechos laborales,  estabilidad en el empleo y puestos de trabajo. Los sanitarios tienen además una menor oportunidad para desarrollar su profesión, conocimientos y habilidades  y muchos de ellos se verán obligados a emigrar a otros países para poder trabajar, pese al enorme esfuerzo que el sistema educativo y sanitario ha dedicado a su formación. Estas pérdidas serán mayores entre las mujeres que son numéricamente predominantes en el sector. Pierde también la economía española que con los recortes en los servicios sanitarios y socio-sanitarios reduce los puestos de trabajo que estimularán la economía y reduciría la elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar que los sistemas sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios para mantener la fuerza de trabajo que se asocia a mejores niveles de desarrollo económico y social.

La contradicción de intereses entre ganadores y perdedores de esta política, de desmantelamiento y privatización  de la sanidad pública,  marca con claridad que hacer. Aunque es verdad que la privatización está apoyada y respalda por grupos de presión muy poderosos, los afectados por la misma son la mayoría de la población. Solo una gran alianza estratégica entre la ciudadanía y los trabajadores sanitarios puede paralizar ese proceso, que sólo beneficiará a una minoría, eso sí muy poderosa e influyente.