OPINION

Una clase de vez en cuando no hace daño y menos si es magistral

Los costes económicos de la corrupción

Por José María Mella, Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid.

Público.es

El objeto de estas  líneas es el análisis de la corrupción tanto desde el lado de los corruptos como de los corruptores, de modo que se pueda tener una visión más completa de los efectos económicos de la misma.

Las reflexiones que siguen se apoyan en los avances del análisis económico reciente y en la evidencia empírica internacional, teniendo en cuenta como telón de fondo los casos de corrupción en España. Los casos contemplados son diversos y están a diario en los titulares de los periódicos. Van desde la  corrupción en la cúspide de los partidos políticos, en los aledaños de la Casa Real y en el seno de determinadas empresas, hasta los diferentes niveles de las administraciones públicas.

Cada uno de ellos tiene sus propias peculiaridades; pero, en conjunto, muestran comportamientos irregulares que afectan al partido de gobierno (en el ámbito central, autonómico o local), en los que median donaciones de carácter anónimo, opaco e ilegal, y que llevan consigo delitos múltiples: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude fiscal, evasión de capitales, falsedad en documento oficial, financiación ilegal, concesiones y adjudicaciones ilícitas, delitos urbanísticos y blanqueo de dinero. Asimismo, en los casos de las empresas privadas, lo habitual es que la corrupción trate de eludir las cotizaciones sociales-“dumping social”-, las cargas impositivas-“dumping fiscal”- y la reducción irregular de los costes de producción distorsionando la competencia.

Todos estos comportamientos forman parte del concepto amplio de corrupción; es decir, de aquella actividad que implica  abusos del poder público por parte de quienes lo detentan para, a cambio de sobornos del sector privado,  influir en la elaboración de leyes, regulaciones, licitaciones y concesiones. Este concepto de corrupción supone asimismo la búsqueda de rentas consistente en acceder o controlar las oportunidades de ganancias -en detrimento de los intereses colectivos- derivadas del ejercicio de “lobbying” de los grupos de presión ante las administraciones públicas.

La complejidad del fenómeno de la corrupción obliga a limitarnos únicamente a tratar tres aspectos: la relación negativa entre corrupción y crecimiento económico, los perjuicios de la corrupción en el sector público y el aumento de la desigualdad social  que dicho fenómeno comporta.

En primer lugar, la corrupción es un incentivo a la inversión en bienes tangibles (suelo, construcción y vivienda, por apropiación de rentas al ser contratados) frente a la inversión en bienes intangibles (educación, formación, investigación, desarrollo, innovación y progreso técnico), que promueven en mayor medida la elevación de la productividad y generan el crecimiento de las economías.

La corrupción deteriora el entorno de las actividades económicas, crea inestabilidad política y erosiona la seguridad jurídica, empeora la imagen del país y degrada su confianza, eleva el riesgo y aumenta la incertidumbre económica, actúa como un impuesto perverso que premia a las actividades no productivas (depredadoras y buscadoras de rentas) de los corruptores y castiga a los talentos  creativos incrementando sus costes, provee menos recursos y bienes públicos (y de menor calidad) y perjudica las bases de la inversión y, por ende, el crecimiento económico.

Por otro lado, la corrupción disuade a la inversión extranjera al hacer menos transparente y accesible el laberinto burocrático de las administraciones, disminuye la protección efectiva de los inversores (sobre todo de la propiedad intelectual) ante contenciosos entre socios nacionales y extranjeros y, en el caso de inversiones con un  alto contenido tecnológico, induce una mayor aversión a involucrarse en proyectos empresariales en países con una alta corrupción percibida.

En segundo lugar, la corrupción reduce los ingresos públicos al comprometer la capacidad recaudatoria y aumenta el gasto público improductivo al subir los costes de licitaciones no competitivas, limita la capacidad inversora del Estado y empeora la calidad del servicio por utilización de materias primas y equipos de inferior calidad para disminuir costes.

Al tiempo, la corrupción incentiva la evasión fiscal de las empresas, expande la economía informal, asigna ineficientemente los recursos y altera la composición del gasto público en perjuicio de actividades socialmente más rentables (educación y sanidad) frente a otras con ganancias rápidas y fáciles vinculadas a grandes operaciones urbanísticas. Este es el caso de los “elefantes blancos” o proyectos públicos de difícil justificación económica y social por su naturaleza y dimensión (grandes proyectos frente a otros ajustados a las necesidades), que no han sido previamente evaluados con criterios razonables basados en el análisis coste/beneficio.

Asimismo, la corrupción genera regulaciones ineficientes amañadas para generar rentas, porque los corruptores sólo están dispuestos a pagar sobornos (para licencias, concesiones y otras políticas públicas) únicamente si esas rentas son de acceso restringido. Obviamente, los potenciales corruptores son todos aquéllos que tienen un acceso privilegiado a la información y conexiones de influencia sobre los decisores públicos para obtener subvenciones, beneficios de monopolio y regulaciones más laxas; cuando no para alterar en beneficio propio el precio del bien público  sometido a privatización.

En tercer lugar, la corrupción aumenta la desigualdad social. Perjudica a la distribución equitativa de la renta, porque desvía recursos en perjuicio de las clases y grupos sociales de menores ingresos, encarece los costes de  acceso a los servicios públicos, implica mayores cargas fiscales y costes públicos derivados de la evasión fiscal, reduce el gasto social y provoca pérdidas de empleo por un menor crecimiento económico.  Y  al contrario, la corrupción no sólo es depredadora de recursos de la sociedad, sino que permite acumular más poder y riqueza a la minoría social de mayores ingresos.

En una palabra, la corrupción está afectando a factores claves de salida de la crisis: el consumo, la inversión y las exportaciones. Impide a su vez el saneamiento de las cuentas públicas, desvía recursos hacia actividades improductivas y deteriora el modelo de desarrollo de la economía española haciéndolo cada vez más desigual e insostenible.

Finalmente, alguien podría argüir, con razón, que la corrupción es inherente a la naturaleza misma del capitalismo (incluidos los regímenes de capitalismo de Estado), porque es un sistema económico que tiene como motor la búsqueda del beneficio privado, lícito o ilícito, moral o inmoral. Sin restarle un ápice de rigor a tal argumento, mientras no se tenga otro sistema mejor y las opciones anticapitalistas no prosperen, convendría fijarse en lo que se ha hecho en otros países de democracia más avanzada y más cohesionados socialmente,  en los que la corrupción es mínima o sus posiciones relativas en el clasificación internacional de transparencia son mucho mejores que las nuestras.

En estos países, las políticas anti-corrupción descansan en una fuerte voluntad política basada en la calidad  de las instituciones y en regulaciones y legislaciones que fomentan la transparencia democrática, la rendición de cuentas, la existencia de un poder judicial independiente, la persecución y el castigo de los responsables, la participación ciudadana, el control de los elegidos por parte de los electores y la cultura cívica. Pero me temo que las políticas anti-corrupción sean insuficientes, sino van acompañadas de otras políticas que permitan  una mayor igualdad social y una economía más sostenible.

Para que no perdamos el hilo del “culebrón”

Una demanda simulada, fraccionada, en diferido y por partes

Por Ignacio Escolar en su blog ESCOLAR.NET

Simulada

Cosas que pasan en la sede del PP: Luis Bárcenas sabía, antes de que se presentase, los detalles de la demanda contra El País. ¿Clarividencia? ¿Adivinación? ¿Tomadura de pelo por parte de un partido incompatible con la corrupción?

Fraccionada

En realidad no es una demanda, son dos. El PP, según su nota de prensa, ha presentado “una contra El País” y otra “contra el autor de los papeles”. ¿Por qué dos, en vez de una? Evidente: porque, en aras de la transparencia habitual, los textos de las dos demandas son secretos. Sin embargo, cada demandado conocerá de qué se le acusa, pero por separado. Así el PP evita que la segunda demanda, la que dicen que han interpuesto contra “el autor de los papeles” (un soldado desconocido, al parecer), no llegue a manos de El País. Hay que evitar, a todo costa, que alguien pueda abusar de su “irresponsable libertad de expresión”.

En diferido

El PP ha tardado más de un mes en presentar la demanda y los acontecimientos les han vuelto a superar. Ya no es solo que Bárcenas gane por tres a cero en el marcador judicial. Es que el juez Ruz ha decidido interesarse por los apuntes de Bárcenas; que la policía los relaciona con la Gürtel y con la presunta financiación del PP. La “sombra de la sombra de un indicio manipulado” – como denominó a esas pruebas Rajoy – es hoy un caso con vida propia en la Audiencia Nacional.

Y por partes

Lo malo para el PP es que todo esto no ha acabado; la peor parte aún está por llegar. El juez Ruz ha pedido al notario donde Bárcenas presentó el “listado de donativos” del PP que le entregue toda la documentación. Si el notario guarda copia –que no está claro– ese acta con todos los nombres de los donantes “anónimos” del PP va a ser curioso de ver.

El extesorero puede haber sido cazado ante notario porque cometió un error: no sabía que los notarios españoles proporcionan a la Administración un registro con todos los nombres que se pasan a firmar; es un protocolo pensado para combatir el blanqueo. A la UDEF le bastó con buscar el nombre de Luis Bárcenas en una base de datos para saber de la existencia de esa misteriosa acta notarial que tantos insomnios provoca en la gran familia popular.

Por Ignacio Muro, miembro de “Economistas Frente a la Crisis”

El retorno de Marx: precariedad, innovación y falsas salidas

05/03/2013, en la WEB economistasfrentealacrisis.com       

La salida que nos proponen las élites del mundo implica, aunque lo oculten, un desenganche progresivo de los actuales valores occidentales que supera los pequeños ajustes del Estado de Bienestar que las sociedades occidentales están dispuestas a asumir. Y que solo será posible si se acompaña de un fuerte retroceso democrático y la instauración de formas políticas autoritarias.

Lo que se denomina “devaluación interna” no es algo limitado a las periferias de Europa. Es, aunque pocas veces se hace explícita, la solución que las élites dominantes ofrecen al conjunto de Occidente ante la batalla de la globalización. Esa batalla nos “obliga”, dicen, a una wageless recovery, es decir, a una salida basada en un rápido descenso de los sueldos y del nivel de vida de los ciudadanos, según los términos utilizados por Stephen Roach, presidente de Morgan Stanley en Asia. Es la única forma de frenar el desplazamiento de actividad hacia los países en desarrollo que conlleva la globalización.

El progreso imposible

Desde este lado del mundo pareciera que ya no es posible aspirar a una vida mejor. ¿Dónde van los incrementos de productividad que favorecen las nuevas tecnologías? ¿Y la aceleración de las innovaciones en todos los campos del saber?, ¿qué pasa con ellas? ¿No son suficientes para facilitar una mejora generalizada del nivel de vida de los trabajadores de todo el mundo?

Mejor no hacer esas preguntas. Al relato dominante solo le interesan los discursos políticos e ideológicos que potencian o justifican un trasvase extraordinario de rentas a favor del capital y en contra del trabajo. Eso y no otra cosa es la wageless recovery: un ardid intelectual más que pretende desmontar los contrapesos del Estado de Bienestar, los mismos que facilitaban la estabilidad de la demanda interna, presentados como un lastre. Lejos de ser “la solución”, es un camino hacia el desastre.  Y es que el predominio absoluto del capital sobre el trabajo provocará inexorablemente  crisis de subconsumo sistémicas, especialmente intensas en los países desarrollados, y el retorno a las convulsiones recurrentes del capitalismo que ya denunciara Carlos Marx.

Decía Marx que, en la medida en que crece el volumen y la intensidad del capital, se produce un incremento extraordinario de la capacidad productiva del trabajo; pero el desarrollo de la técnica y la racionalización de la producción que trae consigo, en lugar de aliviar la carga del trabajo, genera, paradójicamente, desocupación, precariedad y descenso salarial. La expresión de esa apropiación de la productividad del trabajo se percibiría porque los beneficios empresariales crecerían en una espiral exponencial en relación con los salarios hasta el punto de provocar periódicamente crisis de subconsumo y sobreproducción. Desgraciadamente, esa tendencia se está volviendo a cumplir desde que la globalización y el neoliberalismo se han convertido en fuerzas dominantes, periodo en que los beneficios empresariales están creciendo 8 veces el nivel de los salarios.

La otra salida: el mito de los nuevos modelos productivos

La defensa de nuevos modelos productivos basados en la innovación y en un trabajo más cualificado forma parte del relato común en Occidente.  Si uno observa la prensa de países europeos o americanos, puede confirmar que las corrientes dominantes de todos ellos afirman como receta común que “hay que estar más preparados y ser más flexibles para ganar competitividad y competir en el exterior con productos de alto valor añadido”. ¿Es esa la solución? ¿Es el mercado exterior la solución? ¿Es la falta de preparación de nuestros jóvenes o su mala actitud ante el trabajo la que impide un  modelo productivo diferente? ¿Cómo interpretar entonces la soblecualificación reconocida y su adaptación a entornos más competitivos, precisamente en el exterior?

Esa “salida” oculta conscientemente que Asia (China, India…) y muchos países del mundo (Brasil, Rusia…) están ya capacitados para elaborar bienes y servicios de alto valor y no solo productos de baja gama. La economía de los países emergentes se caracteriza por una explotación intensiva del trabajo, eso es cierto, pero con un trabajo de creciente cualificación capaz de producir productos y servicios avanzados, como se puede apreciar haciendo un repaso a las más diversas industrias desde automóviles a trenes de alta velocidad, desde software a terminales tecnológicos o a nuevas energías y materiales.

Un informe reciente elaborado por IDC y Microsoft afirma que las tecnologías del ‘cloud computing’ generarán en torno a los 14 millones de puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2015. Pero, atención, por zonas geográficas, la generación de empleo se concentrará, sobre todo, en los países emergentes,  la mitad de ellos entre China e India, (6,8 millones de nuevos puestos de trabajo). ¿Por qué ocurre esto? Entre otras cosas, porque, desde 2004, la mayoría de las transnacionales que más invierten en I+D de todo el mundo han utilizado China, la India u otros países emergentes para desarrollar sus programas.

La diferencia esencial de esos países no es, por tanto, la ausencia de ingenieros, técnicos, investigadores o científicos sino su disposición a trabajar jornadas de 14 horas con salarios ínfimos. La socialización del conocimiento que facilitan las nuevas tecnologías y la creciente preparación de sus gentes les capacitan para cualquier tarea.

“Nuestras” multinacionales y la transferencia de tecnología

Lo que denominamos socialización del conocimiento es, sobre todo, transferencia de tecnología. Cuando generamos ventajas diferenciales en Occidente, éstas se pierden a la misma velocidad que emplea el capital americano, europeo o japonés en desplazar las rutinas innovadoras ya testadas en Europa o EE UU, hacia los países emergentes.

La deslocalización no solo es traslado de capital-dinero sino transferencia de conocimiento organizativo y técnicas de management que permiten fabricar allí , cada vez más, productos de alta gama y valor añadido y tomar la delantera en otras iniciativas. El capital occidental se muestra feliz en esta situación, porque toma contacto con naciones con un trabajo infinitamente más barato, desprotegido y “ motivado” que facilita unas altísimas tasas de rentabilidad.

En realidad, no hablamos de modelo productivo, hablamos de modelo social. Ya no queremos “exportar” nuestros valores democráticos, los consensos internos, los sistemas fiscales progresivos que eran la base del equilibrio social. Ya no queremos mostrarlo como referencia para los países periféricos. Al revés, se ensalza su capacidad de sacrificio, propia de sus penurias económicas para ponerlos como nuevo paradigma frente a las sociedades obsoletas y acomodadas occidentales. En 15 años, el modelo chino, exportador y basado en un evidente “dumping social”, ha pasado a convertirse en el patrón (devastador, insostenible) al que se desea someter al conjunto de Occidente. Anhelan sus bajos salarios y las jornadas interminables y su “disciplina”, eso es todo.

Identificar las falsas salidas es imprescindible, rechazarlas con fuerza también. El modelo productivo que necesita España es, simplemente, el que extrae lo mejor de nuestras ventajas comparativas y ello requiere una política industrial adecuada a los principales sectores: desde las industrias culturales al turismo, desde la automoción a las energías renovables, desde la construcción a la agricultura sostenible. Y, común a todos ellos, la revalorización de nuestros trabajadores y la inteligencia colectiva, justo lo contrario que potencia la reforma laboral del Gobierno. Ese sí es el camino.

A propósito de las “explicaciones” (¿ ?) de Cospedal de ayer

“La parte contratante de la primera parte”

Por I. Escolar en Escolar.net

Habla María Dolores de Cospedal,  Grouchomarxista declarada: "La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución". Se refiere a Luis Bárcenas, el innombrable Voldemort del PP, al que De Cospedal hay veces que llama "esa persona" y otras en las que lo cita como "ese señor". El extesorero ahora es "ese", por resumir. Alguien que pasaba por allí y sin relación alguna con ese gran partido incompatible con la corrupción.

El salario simulado de la parte contratante de la primera parte es lo que parece: otra mentira más, una especialmente ridícula porque, para negar lo obvio, el PP es capaz incluso de aceptar una gravísima infracción ante la Seguridad Social. A todos los efectos, el Partido Popular siguió pagando un sueldo a su extesorero imputado. El privilegio ni siquiera terminó al acabar el 2012, como nos habían dicho en el engaño anterior. Bárcenas cobró puntualmente su generoso salario –200.000 euros anuales pagados al 95% con el dinero de los contribuyentes hasta que el diario El País publicó esos papeles secretos donde supuestamente apuntó todos los secretos inconfesables del tesoro del PP. Si le despidieron no fue por golfo. Fue por traidor.

¿Por qué el PP pagó durante años ese generoso sueldo a Bárcenas? Parte de la respuesta probablemente esté en este análisis de sus papeles que hoy publicamos en eldiario.es:  Gran parte de los "donativos" coinciden en el tiempo con adjudicaciones decididas por administraciones del PP. La parte contratante de la primera parte empieza a cuadrar.

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Ilustrativo per se y porque igual este estilo de debate lo utiliza hoy Rajoy ¡porque lo de sacarse un “as” real de la manga en materia económicas está complicado!.

El ninja Montoro lanza una bomba de humo

Por Ignacio Escolar en Escolar.net.

Si el señor ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro Romero, tiene la prueba o siquiera la sospecha de que hay actores que defraudan y que por culpa de ello – nada menos – el déficit público no baja, que avise a los inspectores fiscales, que los tiene a mano. En caso contrario, que haga el favor de callarse. O, al menos, que no insulte a nuestra inteligencia, esquivando de la manera más burda una cuestión relevante que sí le atañe. ¿Qué hora es? Manzanas traigo. A Cristóbal Montoro le preguntan por la amnistía fiscal y responde culpando del déficit a los actores que no pagan impuestos. En el uso de bombas de humo, el ministro es todo un ninja. Apenas se le ve la mano.

Nótese la precisión en la frase: "Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España (...) El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias y la recaudación corrigiendo el déficit público podrá bajar en nuestro país". "Algunos", dice el ministro, que no quiere señalar porque es de mala educación. O porque es la mejor manera de sembrar una sospecha contra todo un colectivo que es incómodo porque está rodeado de cámaras y micrófonos, y se queja en prime time, y deja mal a un Gobierno que, entre otros muchos defectos, es también incapaz de reírse de sí mismo (¿alguien se imagina a un secretario de Estado de Obama protestando contra las bromas de los actores en la gala de los Oscar?).

Pero la razón del "algunos" es otra. Montoro usa este pronombre indefinido porque, si diese los nombres, su argumento vestiría aún más ridículo. Sí, hay famosos actores españoles que probablemente tributan fuera de España... porque viven y trabajan fuera de España. Como son incómodos actores, y no deportistas o cantantes melódicos, son una molestia para Montoro que merece que se hable de ellos en el Senado. ¿Porque el déficit depende de ellos? Claro que no. Son un problema porque estos famosos protestan, no como los anónimos ladrones millonarios a los que el ministro ampara con su amnistía.

Porque la sanidad pública es “la solución” y no “el problema”

¿Quiénes y cómo quieren vender la sanidad a costa de nuestra salud?

Por Joan Benach y Carles Muntaner en Público.es
Profesores de salud pública de la Universitat Pompeu Fabra y la University of Toronto respectivamente; ambos son miembros del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), y coautores junto con Gemma Tarafa y Clara Valverde del libro La Sanidad está en Venta (Barcelona: Icaria, 2012).
El actual proceso de contrarreforma neoliberal de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores” de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo defender la sanidad pública?

Tal y como muestran gran número de estudios, la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico, realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.

Los principales mercaderes de la sanidad son el poder económico representado por las grandes empresas aseguradoras y los oligopolios de una industria farmacéutica-biomédica-tecnológica sanitaria que trabaja sin descanso para ampliar un modelo sanitario cuyo potencial de negocio es enorme. Empresas como Capio Sanidad, el Grupo Ribera Salud, USP, Sanitas, HM Hospitales, entre otras, invierten y compiten por consolidar sus intereses privados y ampliar sus beneficios económicos. El pastel a repartir al mejor postor es de miles de millones de euros. Junto a las empresas, otros “presuntos” implicados en el proceso son las elites políticas y gestores de partidos como el PP, CiU e incluso del PSOE, que velan por sus intereses personales y de clase inmediatos, siendo dependientes financiera, ideológica y psicológicamente de los poderes económicos. La connivencia se refleja en valores e intereses compartidos y en prácticas de clientelismo y “puertas giratorias” con favores políticos, pagos y salarios irregulares, y adjudicaciones sin concurso. Un ejemplo es el de la Generalitat de Catalunya, donde Boi Ruiz, Conseller de Salut desde finales de 2010, ha sido director y presidente desde 1994 de Unió Catalana d’Hospitals, la patronal sanitaria que agrupa a más de 100 entidades. Un ejemplo de su lealtad para promover la entrada de capital privado en la sanidad pública se refleja en el informe de principios de 2011 realizado por la consultora PwC para la Generalitat de Catalunya. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria… Se puede decir más fuerte pero no más claro. Por último, otros beneficiarios del proceso privatizador son los “vendedores”, los cuales incluyen ideólogos y consultoras o “voces de su amo”, y analistas o correas de transmisión de las bondades del negocio sanitario: gestores tecnócratas que manejan “clientes” en vez de pacientes, tertulianos “sabelotodo” que claman lo indefendible y, también, expertos, analistas e investigadores, malabaristas del coste-beneficio, disfrazados de científicos.

Como una mercancía más, la sanidad pública ha sido puesta en venta al mejor postor para lograr el máximo beneficio económico. Las estrategias para mercantilizar son variadas. Una de ellas es “culpar a las víctimas” de sus enfermedades y señalar su responsabilidad personal (“repagos”) diluyendo el papel de las políticas y los determinantes sociales. Una segunda, es destruir la buena imagen y la capacidad de “lo público”. Se intenta hacer creer que la entrada del sector privado es “racional” y cubre una “función social” y, con la excusa de la “austeridad”, los brutales recortes presupuestarios están desangrando la sanidad pública. Y una tercera estrategia fundamental es la progresiva realización de cambios “político-legales” para parasitar a lo público, facilitar la gestión privada, crear fundaciones y consorcios para ocultar la realidad, segmentar la sanidad pública para ayudar a su venta, y promover el aseguramiento privado.

Tener una atención sanitaria de calidad no puede ser una mercancía sino un derecho regulado democráticamente y sufragado públicamente. Contra lo que apuntan los mercaderes y vendedores que se lucran con la salud y la vida de la gente, la sanidad pública es “la solución” y no “el problema”. La historia enseña que los procesos de movilización y lucha social, y la consiguiente generación de pérdidas y miedo en la clase dominante, son cruciales para defender nuestros derechos y conseguir otros nuevos. La salud no se vende, se defiende. Nuestra salud está en juego.

A propósito de este artículo hemos rescatado la siguiente reseña del libro “La sanidad está en venta. Y también nuestra salud”, de J. Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde (Icaria, Barcelona, 2012, 111 páginas. Prólogo de Vicenç Navarro), efectuada por Salvador López Arnal en El Viejo Topo, en junio de 2012:

¡Pequeño gran libro!

Lo esencial puede decirse en apenas tres o cuatro líneas: La sanidad está en venta [LSEV] es un libro sólido, documentado, magníficamente escrito, urgente, de lectura más que agradable y, por si lo anterior fuera poco, necesario e incluso imprescindible en los momentos que estamos viviendo. Para interpretar el mundo y para transformarlo. En la estela del joven Marx revolucionario.

LSEV está estructurado en cinco capítulos -“Salud solo para algunos”, “La salud pública, mucho más que la atención sanitaria”, “La sanidad pública, un logro colectivo que no podemos perder”, “Golpes de Estado sobre la sanidad” y “Retomar la salud en nuestras manos”-, acompañados de un breve apartado de referencias bibliográficas y videográficas y de un segundo dedicado a páginas web de colectivos y movimientos.

Viçenc Navarro en su prólogo –“Lo que está en juego”- señala nudos esenciales de la situación: tras intensas y a veces olvidadas luchas populares, una gran parte de las Constituciones actuales han incorporado el derecho a la salud entre los más importantes en su compilación de derechos (la española, por ejemplo, la demediada constitución de 1978 lo hace en el artículo 43). Esta importante conquista social, este derecho ciudadano, está siendo puesto en cuestión por muchos representantes políticos que representan fiel y servilmente los intereses de corporaciones privadas. Un ejemplo entre otros posibles: las posiciones defendidas por el señor Boi Ruiz, el conseller de Salud del Gobierno de la Generalidad de Cataluña: la salud es un bien privado que depende de cada uno de nosotros, de nuestra genética, de nuestros antecedentes familiares y de nuestros hábitos personales. Esta es la tesis de este doctor en gestión hospitalaria de orientación neoliberal.

En el primer capítulo, “Salud solo para algunos”, los autores nos ofrecen un documentado panorama de la situación actual. Uno de sus nudos destacados, una sangrante paradoja económico-sanitaria: Estados Unidos, con un tercio de la riqueza mundial, es el país más poderoso de la tierra, el que cuenta con los centros de investigación biomédica con más recursos, el que ha conseguido el 60% de los Premios Nobel, y, al mismo tiempo, es el país del mundo que más gasta en sanidad (¡el 16% del PIB!), pero donde unos 50 millones de personas carecen de cobertura sanitaria –en torno al 16% de los ciudadanos censados-, lo que anualmente provoca la muerte de entre 45 y 100 mil personas (p. 16). Por si fuera poco, otros 62 millones tienen una cobertura insuficiente, sin los servicios médicos adecuados. ¿Esta es la gran aportación a la salud de la humanidad del gran Imperio del capital y de las desigualdades sociales?

La situación, desde luego, es aún peor para cientos de millones de personas que viven en los países más necesitados del planeta. Las desigualdades sociales que vertebran nuestro mundo –también en el interior de los países- afectan a la salud humana de forma brutal, brutalmente desigual. Una niña sueca recién nacida, es un ejemplo de los autores, “tiene una probabilidad de vivir (83 años) tres décadas y media más que una que nazca en Chad (48 años)”, casi el doble que esta segunda. Nuestra mayor epidemia, una de las tesis básicas del libro, no son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las infecciones o el tabaquismo sino los determinantes sociales que afectan a la salud pública: seguridad y calidad de agua y alimentos, la precariedad laboral y la calidad de las condiciones de empleo y trabajo, las condiciones ecológicas y el medio ambiente, disponer de protección social, el acceso y la calidad de la vivienda.

Las páginas finales de este primer capítulo, brillante sin atisbo de duda, están dedicadas a la equidad en salud –“la ciudadanía, los pueblos, deben tomar la salud en sus propias manos” (p. 28), señalan- y a problemas en salud ocultos, “invisibles” o poco visibles, que es necesario conocer y de los que apenas se habla: los riesgos y problemas de salud del medio laboral, los problemas de salud de los que apenas si tenemos información (violencia, salud mental, precariedad laboral) y la distribución no equitativa de la enfermedad y la muerte entre las poblaciones y territorios.

La salud pública es mucho más que la atención sanitaria. Este es el tema del segundo capítulo. ¿Cómo entienden los autores la salud pública? Esta es su penetrante definición: “La salud pública puede definirse como aquella disciplina cuyo objetivo debe ser conseguir la máxima salud colectiva posible aplicando el conocimiento disponible en un determinado contexto social e histórico” (p. 32). Su principal objetivo no es sólo la descripción de los patrones y causas de las enfermedades en las poblaciones, “sino trabajar para su mejora mediante acciones en el medio ambiente, las condiciones de empleo y trabajo, los factores sociales y políticos, y la atención sanitaria” (p. 33). Conviene, señalan, no confundir “salud pública” con las actividades realizadas por los servicios de atención sanitaria públicos, lo que conocemos como “sanidad pública” (en contraposición a sanidad privada). La importancia de los determinantes sociales en salud y la equidad es nuevamente resaltada en los compases finales del capítulo.

A un logro colectivo que no podemos perder, a la sanidad pública, “un determinante importante de nuestra salud”, está dedicado el tercer capítulo del libro. Históricamente, indican, la aparición de la asistencia sanitaria pública se explica “por la idea de que en caso de que exista una enfermedad, la sociedad no debe responder con un sistema basado en la beneficencia sino con servicios de salud a los que todo ciudadano tiene derecho” (p. 43). A nadie se nos escapa la importancia política actual de esta consideración, razonable donde las haya.

Los autores explican, en breves pero sustantivas páginas, como las luchas sociales permitieron obtener la sanidad pública universal, una conquista social de enorme calado e importancia que es cuestionada desde cincuenta mil atalayas, ninguna de ellas inocente ni desinteresada. Es el caso en nuestro país por ejemplo en estos mismos momentos.

Por lo demás, se presenta en las páginas 49-53 un resumen excelente de las razones por las que la sanidad privada es peor para la salud y la calidad de vida. “Los únicos aspectos donde el sector privado muestra ser mejor que el público es el confort y el menor tiempo de espera” (p. 50). La diferencia en calidad entre la privada y la pública, por ejemplo, es abrumadora en la atención hospitalaria y en servicios como los de diálisis externos. Una sucinta crítica a la “reforma sanitaria” de Obama puede verse en las páginas 51-52, las que cierran este apartado.

“Golpe de Estado sobre la sanidad” es el título del siguiente capítulo de LSEV. El título puede parecer un pelín exagerado, pero tras su atenta lectura esa metáfora creemos que se confirma plenamente. No hay espacio aquí para dar cuenta de las razones esgrimidas ni del proceso histórico de contrarreforma neoliberal sobre la sanidad pública que nos es presentado, ni de las razones esgrimidas para dar cuenta de la importancia del lenguaje en los debates sobre estas temáticas, ni sus brillantes comentarios sobre el denominado “copago” –ineficaz, injusto e inequitativo, un “impuesto al enfermo”-. Baste recordar las palabras con las que cierran este capítulo: “Para que el negocio tenga éxito, la élite económica y política debe asegurarse de que el debate en los medios de opinión y desinformación social sea escaso y limitado y, sobre todo, que sea “filtrado” y quede definido bajo ciertos criterios. No caben las opciones ni los debates de ideas. Ellos nombran, ellos crean las palabras, definen el marco del debate y controlan los medios para convencer a la población” (pp. 76-77).

El último –“Retomar la salud en nuestras manos”- es el capítulo más leninista. Qué hacer, hemos podido preguntarnos. Mucho puede hacerse responden. De entrada, argumentan “el silencio y la pasividad son nocivos para salud”. Sabemos lo que queremos: los grupos sociales y movimientos populares trabajan para consensuar ideas y propuestas para luchar por la salud y la sanidad pública que se desea:

1. La salud es bio-psico-social.

2. Una atención sanitaria humana, eficiente y de calidad.

3. Una atención universal, equitativa, gratuita y sin repagos.

4. Una sanidad que potencie la atención primaria y comunitaria.

En fin, una sanidad pública que requiere una participación ciudadana real.

No es una carta a los Reyes magos ni a ninguna instancia trans-ciudadana. Se trata de investigar y analizar, entre todos y todas, para pasar a la acción, entre todas y todos, organizándonos a través del diálogo y el consenso. También esto es posible. Como en tantas otras ocasiones, como en tantos otros asuntos, nada nos será dado gratuitamente. Los autores recuerdan oportunamente una reflexión del gran historiador Josep Fontana: “Buena parte de las concesiones sociales [conquistas provisionales hubiera sido tal vez mejor] se lograron por el miedo de los grupos dominantes a que un descontento popular masivo provocara una amenaza revolucionaria que derribase el sistema”. ¡Debemos darles miedo nuevamente! Esta es también una de las tareas de la hora y el minuto en que vivimos: enseñar nuestros dientes afilados y enrabietados.

El libro, este magnífico e imprescindible pequeño-gran libro, no sólo como medio de formación y documentación sino como procedimiento que ayuda a una intervención política razonable, constante y cada día más necesaria, está dedicado a Oriol Martí: “salubrista y médico de personas”. Este es también precisamente el rovell d l’ou del asunto: las personas, personas muy vulnerables en numerosos casos, y no las cuentas de resultados de grandes corporaciones ni la servil columna curvada de muchos políticos, partidos e instituciones. Para ello no vale la desesperanza ni el desánimo.

La cita de Jorge Riechmann con la que los autores abren su texto cierra consistentemente el círculo: “No tenemos derecho a la desesperanza. Nosotros los que no pasamos hambre, los que no morimos de enfermedades curables, los que podemos estudiar y reflexionar, los que no tenemos nuestras facultades físicas ni intelectuales mermadas por las secuelas del hambre y las enfermedades, no tenemos derecho a la desesperanza”.

No, no tenemos derecho. Como Ernst Bloch: el principio esperanza. Y con acción documentada como vértice complementario e ineludible.

Clarísimo, cómo el propio autor afirma

La Privatización de la Sanidad

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Ilustración de Maria Boehling para opensource.com

publico.es

A aquellos políticos y economistas que desean privatizar la sanidad, utilizando el argumento de que la sanidad privada es mejor que la pública, les aconsejo que estudien el sistema sanitario estadounidense, cuya financiación es predominantemente privada, gestionándose a través de compañías de seguros privadas, tal como están sugiriendo que se haga los partidos conservadores y liberales en España y en la Unión Europea. Es un sistema que conozco bien, como resultado de haber vivido en aquel país durante muchos años, habiendo intentado cambiarlo cuando la Sra. Hillary Rodham Clinton me pidió que la ayudara, integrándome en su grupo de trabajo en la Casa Blanca, cuyo objetivo era precisamente cambiar aquel sistema para hacerlo más equitativo y más eficiente, pues es uno de los sistemas sanitarios más ineficientes y menos equitativos de los hoy existentes. Sólo basta citar algunos datos para verlo.

1. Es un sistema enormemente caro, tanto para el país (es el país con el gasto sanitario como porcentaje del PIB más alto del mundo), como para el Estado (el gobierno federal se gasta per cápita la mayor cantidad de dinero en sanidad del mundo) y para el individuo y las familias. El gasto sanitario en 2012 era el 17,9% del PIB y 8.952 dólares per cápita. Y a pesar de este enorme gasto la cobertura sanitaria es muy insuficiente. El indicador más claro de ello es que el 39% de las personas con enfermedades terminales, es decir, que se están muriendo, declaran que están preocupadas por cómo ellas o sus familiares pagarán las facturas médicas y/o hospitalarias. (Ver Annals of Internal Medicine 2000; 132:451 – Study of 988 terminally ill patients). Estas personas se encuentran en una situación cruel e inhumana en la que, además de preocuparse por su propia muerte, tienen que preocuparse de cómo pagar a los profesionales y/o a las instituciones sanitarias o a las compañías de seguros.

1. Pero además de una cobertura muy insuficiente, el número de ciudadanos y residentes sin ningún tipo de cobertura sanitaria es muy elevado. Llegó en el 2011 a ser el 15,7% de toda la población, es decir, 48,6 millones de personas. De ellos 7 millones son niños. El 31% de los ciudadanos de origen hispano, el 19,5% de origen afroamericano y el 11,5% de los blancos no tienen ninguna cobertura sanitaria. Incluso después de la aplicación de la ley conocida como “Obamacare”, el número de personas sin ninguna cobertura sanitaria y, por lo tanto, sin ningún derecho a acceder a servicios sanitarios (según la Congressional Budget Office)  será de 36 millones.

1. El Tea Party y sus economistas afines en la ideología ultraliberal (de la cual hay una gran abundancia en España) indican que no es cierto que la gente se quede sin atención, pues pueden ir a los servicios de urgencia, lo cual no es del todo cierto, pues muchos hospitales se las apañan para no proveer tales servicios a los que no pueden pagar los servicios médicos, tal como ha señalado y demostrado el propio Congreso de EEUU en varios informes.

1. El sistema de copago y deducciones está generalizado en el sistema de aseguramiento privado e incluso público. Medicare, el programa federal de atención sanitaria para los ancianos, solo cubre el 54% de sus gastos sanitarios.

1. La mayoría de la población estadounidense, aún cuando está satisfecha con su médico o su hospital, no está satisfecha con el sistema de financiación y organización del sistema sanitario. EEUU es el país que tiene un mayor descontento con su sistema sanitario. Casi el 50% de la población considera que debería reconstruirse desde el principio.

1. Según un estudio del sistema sanitario en EEUU, Alemania y Gran Bretaña, EEUU es el país que tenía un mayor número de muertes prevenibles (significándole una sobremortalidad de casi 100.000 personas), con el menor incremento de esperanza de vida.

1. EEUU es el país donde un mayor número de personas dejan de ir al médico por causas económicas. El 52% de las mujeres ha indicado que no estaban seguras de poder pagar las facturas médicas en caso de que cayeran gravemente enfermas

Estos datos explican por qué el grupo de trabajo dirigido por la Sra. Clinton deseaba cambiar el sistema a fin de dirigirlo hacia uno de cobertura universal, con un mayor grado de intervención pública. En una visita del entonces Presidente Felipe González a la Sra. Clinton en la Casa Blanca (en el periodo álgido del trabajo de la Casa Blanca en la reforma sanitaria) y en cuya preparación presenté un informe al Presidente González, explicándole las líneas generales de las propuestas del grupo de trabajo, la Sra. Clinton subrayó que, aún cuando intentábamos (en el grupo de trabajo que ella presidió) hacer propuestas de cambio del sistema sanitario estadounidense que se atuviesen al sistema sanitario existente, el grupo de trabajo quería también aprender de los sistemas europeos, incluyendo el español, correspondiéndome a mí la labor de escribir un informe de la posible relevancia del sistema sanitario español para EEUU, lo cual hice enfatizando que el sistema sanitario español era mucho más eficiente y equitativo que el estadounidense, aún cuando el español tenía un grave problema, que era su enorme subfinanciación, problema que continúa hoy en día.

No es creíble el argumento aducido por los reformadores liberales y neoliberales que sostiene que el sistema sanitario privado es más económico y eficiente que el público. La evidencia científica, robusta y convincente, señala lo contrario. En realidad, el estudio más detallado que se haya hecho analizando la calidad de la atención hospitalaria comparando la mortalidad (estandarizada por diagnóstico y características del paciente) en los hospitales privados con afán de lucro con los sin afán de lucro (fueran éstos públicos o privados) la mortalidad era más alta en los primeros que en los segundos (P.J. DEVEREAUX, et al “Payment for care at private for profit and private not-for profit hospitals: a systematic review and metaanalisys” 08-06-04 Journal of the Canadian Medical Association).

La experiencia internacional muestra claramente que existe un conflicto claro entre la optimización de los beneficios (el objetivo principal de una empresa con afán de lucro) y la calidad de los servicios. Las empresas que cotizan en bolsa intentan ahorrar los recursos a fin de optimizar sus ingresos y ello puede repercutir en la calidad de los recursos. En ocasiones esta dinámica se presenta también en los servicios privados sin afán de lucro que compiten con las empresas con afán de lucro.

La situación en España

La subfinanciación de la sanidad pública española explica el elevado desarrollo de la sanidad privada habiéndose creado una polarización, por clase social, en el sistema sanitario. El 30% de renta superior de la población va a la sanidad privada mientras que el 70% va a la pública. Las reformas privatizadoras tienen como objetivo aumentar el porcentaje de la privada a costa de la pública, argumentándose que tal extensión de la privada beneficia a la pública permitiéndole tener más recursos por paciente, disminuyendo así la masificación de la sanidad pública.

Lo que tal argumento ignora es que tal polarización de la sanidad por clase social perjudica a todas las clases y sectores sociales pues, aún cuando la sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes tales como el confort (por ejemplo una cama por habitación) la cortedad de las listas de espera y la atención personalizada al paciente, la pública es mucho mejor que la privada en España en la calidad del personal y la estructura técnico-científica. De ahí que cuando los enfermos tienen necesidades elevadas de alta tecnología se les desplace a la pública.

Lo que se necesita en España es una sanidad multiclasista universal y única que tenga los atributos de la privada y la calidad de la pública. Pero para conseguir tal objetivo se requiere un gasto público mucho mayor. La reducción del gasto público sanitario que está ocurriendo en España es un paso enormemente regresivo que deteriora toda la sanidad española. Así de claro.

El presidente del Sindicato de Enfermería (SATSE), a la vista de lo ocurrido en el Reino Unido como consecuencia de los recortes en sanidad, o de la decisión de Alemania de suprimir el copago sanitario, hace una llamada para repensar lo que se quiere hacer en España pues, según dice, no responde al interés general de lo que debe esperarse de la sanidad.

La experiencia británica. ¿Por qué no aprendemos de los errores ajenos?

Por Víctor Aznar, en Acta Sanitaria

El hecho de escuchar a un alto responsable político pedir disculpas públicas se ha convertido en algo insólito en nuestros días; por ello, nos ha llamado más la atención que el primer ministro británico lo hiciera hace unos días por la gestión desarrollada en algunos centros hospitalarios de Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. Y lo hizo al constatar una investigación que en un solo centro hospitalario se habían registrado de forma indebida, y fruto de la pésima atención recibida, entre 440 y 1.200 defunciones a lo largo de cuatro años. Casos dramáticos de personas con nombres y apellidos a los que, al parecer, se les privaba incluso de agua y alimentos.

Ésta y otras investigaciones que se están conociendo recientemente vienen a demostrar que el proceso privatizador del sistema sanitario británico puesto en marcha a iniciativa de Margaret Thatcher a finales de los años 80, siguiendo una hoja de ruta denominada 'White Paper Working for Patiens', ha conllevado negativas consecuencias en la atención que se presta al ciudadano y en las condiciones de trabajo de los profesionales que no debemos pasar por alto en nuestro país.

Lo sucedido en el Reino Unido no debería quedarse en un mero titular de prensa sino servirnos a todos para hacer una profunda reflexión sobre el modelo de futuro que queremos para nuestra sanidad. Ahora, más si cabe, al ser muchos y poderosos los intereses políticos y económicos que, aletargados pero a la expectativa a lo largo de los últimos años, están protagonizando una ofensiva en toda regla contra lo público y a favor de lo privado.

Otro buen ejemplo que deberíamos también tener en cuenta es la "marcha atrás" del Gobierno alemán de Ángela Merkel al copago sanitario que se puso en marcha hace años para reducir las visitas innecesarias a los centros sanitarios, al demostrarse que no se había conseguido este objetivo y que se perjudicaba a las personas con escasos recursos económicos.

¿Por qué no aprender de los errores ajenos si todavía estamos a tiempo?, ¿por qué no atender a las experiencias de Reino Unido o Alemania, verdaderos referentes para el resto del mundo en su manera de gestionar y adoptar todo tipo de políticas?. Pues de la misma manera que tampoco parece que nos queremos dar cuenta de los intentos de otros países, como Estados Unidos, de "copiar" el que hasta ahora ha sido un modelo sanitario envidiado por muchos.

Y lamento decir hasta ahora, porque la realidad tozuda es que muchos de nuestros gobernantes han emprendido un camino para ellos de no retorno, donde la sanidad no es ya un fin sino el medio para conseguir otras cosas (reducir el déficit, conseguir dinero rápido, hacer nuevos amigos…).

¿Es posible dar marcha atrás?. En el Sindicato de Enfermería creemos que sí. La fuerza de la razón y la unión de ciudadanos y profesionales pueden todavía cambiar las cosas. No será fácil porque son muchos los focos de atención y preocupación de los ciudadanos que provocan que la movilización se divida y disperse (el desempleo, la economía, la corrupción…), pero es posible, muy posible.

Aún estamos a tiempo de evitar que las portadas de los periódicos de 2025 de nuestro país y del resto del mundo denuncien prácticas y actuaciones que hayan perjudicado a la salud del paciente, el cual, no lo olvidemos nunca, es el centro y razón de ser de nuestro sistema sanitario.

Víctor Aznar Marcén es presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE