OPINION

En “TRIBUNA SANITARIA” de El País

El nuevo Comité de Bioética de España: piensa en una gaviota

El grupo de expertos elegido por el Gobierno destaca por su oposición a dos símbolos: el aborto y el matrimonio gay

Por Pablo Simon Lorda

Dice G. Lakoff en su famoso libro, No pienses en un elefante, que dos de los temas morales que enmarcan el pensamiento conservador son la oposición frontal al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto. Aunque los socialistas de Zapatero, que leyeron el libro y los consejos de Lakoff, no aprendieron de él muchas cosas, de estas dos sí que parece que tomaron nota. Puesto que en muchas políticas públicas económicas y sociales reales no podían diferenciarse mucho de sus oponentes conservadores, utilizaron estos dos puntos para enmarcar su propio discurso como “progresista”. Ahora, el conservadurismo radical que nos gobierna quiere tomarse la revancha ideológica. Necesitan demostrarse y demostrarnos lo fieles que siguen siendo, pese a todas las traiciones y fracasos poselectorales, al ideario ultraconservador.

El primer problema con el que se han encontrado en esta operación de reconversión moral resultaba obvio a poco que se analizase: el matrimonio entre personas del mismo sexo había generado ya una serie de derechos concatenados, que no se podían revertir tan fácilmente sin producir un caos jurídico, civil y administrativo. Además, el discurso de aceptación de este derecho había ya penetrado en las mismísimas filas del partido conservador, con hechos y dichos públicos de apoyo a su reconocimiento por parte de algunos. La tendencia europea y norteamericana va además en sentido contrario. Era claro pues que el Tribunal Constitucional, todavía no totalmente controlado por el ala conservadora, no podría satisfacer las ansias de la facción más radical y rancia del partido gobernante y de la Iglesia oficial. El resultado era previsible.

Ahora queda entonces la otra pieza moral a batir: el aborto. Esta pieza ideológica es aún más importante que la anterior para el sector tea party del partido gobernante y para la jerarquía eclesiástica. Es más visceral y de más calado para ellos. Por tanto, esta sí que no pueden permitirse el lujo de perderla. Para cobrársela se ha iniciado ya una gran operación política. Es clave la próxima remodelación del Tribunal Constitucional, que consolidará una mayoría conservadora. Y es clave, tanto para este Tribunal como para la batalla en la opinión pública, contar con un informe que avale “éticamente” la reforma que propugna el antaño liberal Ministro de Justicia. Ahí es donde entra en juego la reciente remodelación del Comité de Bioética de España.

La historia de este Comité es desgraciada. La ignorancia de la administración socialista lo ninguneó y lo minusvaloró desde su creación. No entendieron que un Comité de Ética potente e independiente es un elemento importante para generar una ética cívica pública, para alimentar debate crítico ciudadano, para incrementar el pluralismo y apuntalar la democracia. Jamás consultaron al Comité para nada, ni siquiera para que opinara sobre la reforma del aborto. El Comité opinó por propia iniciativa. Pero también hay que decir que, al menos, jamás intentaron instrumentalizarlo a su favor.

Sin embargo todo apunta a que el actual gobierno tiene claro que el Comité debe ser una herramienta totalmente al servicio de su proyecto moral radical, donde la reforma del aborto es crucial. Por eso ha expurgado totalmente al Comité anterior de una forma bastante indigna y ha configurado un Comité nuevo, totalmente a su medida. El nuevo Comité, plagado de comisarios morales, hará lo que quiere el gobierno y se ganará su aplauso. Pero, en el camino, la ética plural lo habrá abandonado. Se habrá ganado el cielo, pero habrá perdido el alma.

Pablo Simón Lorda es exvocal del Comité de Bioética de España y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

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Especialmente recomendado para los que se resisten a que les insulten la inteligencia ¡¡por muy presidente de gobierno que sea!!

El discurso de Rajoy: un comentario de texto

Por Ignacio Escolar, en Escolar.net

Mariano Rajoy: “Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo. No tiene nada que ver con el Partido Popular, pero se atribuyó intencionadamente al Partido Popular. ¿Por qué?”

Yo le respondo, presidente. Los 22 millones de euros estaban en una cuenta en Suiza que operaba Luis Bárcenas: un hombre que durante casi veinte años trabajó en la administración del Partido Popular, primero como gerente y después como tesorero. La cifra hallada es obscena: un trabajador con el salario medio en España tardaría en cobrar esa cantidad 975 años. Y el dueño de tamaño botín era el primer responsable de la contabilidad de su partido.

Fue usted, señor Rajoy, quien le ascendió hasta un puesto que compatibilizó con esa millonaria cuenta en Suiza. Era su hombre de máxima confianza y aún no nos ha explicado por qué le nombró. ¿De verdad es un asunto que no tiene nada que ver con el PP? ¿Por qué razón entonces no hay en su contundente discurso siquiera una leve crítica a Luis Bárcenas? ¿Por qué en lugar de ofenderse porque la prensa relacione al extesorero del PP con el PP –mira que somos maldicentes– no ofrece al menos unas disculpas a los ciudadanos por haber nombrado a Bárcenas para ese puesto? ¿Es que acaso no entiende la indignación popular de tantos ciudadanos que han descubierto que el primer beneficado de su amnistía fiscal es, precisamente, el hombre que le llevaba las cuentas a su partido?

 

“Repito aquí lo que os dije el otro día, el Partido Popular ni tiene ni ha tenido cuentas en un país extranjero. Y nunca ha dado órdenes de abrir cuentas en un país extranjero.”

Es falso. El Partido Popular tuvo durante varios años una cuenta en Luxemburgo a nombre de una de sus fundaciones.

 

“Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte.”

¿Y dinero blanco en las fechas que aparecen en esa supuesta contabilidad de Luis Bárcenas? ¿Cobró usted, señor presidente, dinero del Partido Popular durante sus años en el Gobierno de José María Aznar? Le pregunto – siempre retóricamente, ya que no es posible hacerlo en rueda de prensa– porque aunque no fuese en negro, aunque lo hubiese declarado, habría sido ilegal: la ley de incompatibilidades prohíbe expresamente a cualquier miembro del Gobierno tener otras remuneraciones.

Irónicamente era usted, entonces ministro de Administraciones Públicas, quien debía vigilar para que nadie del Gobierno cobrase sobresueldos.

 

“Quiero recordaros también que cuando este partido ha detectado alguna irregularidad, ha actuado, y lo ha hecho con un alto nivel de exigencia que nadie ha igualado. Y esto es un motivo de tranquilidad para todos.”

Yo le recuerdo a usted, señor presidente, algunos ejemplos de su inigualable contundencia ante las “irregularidades”. Luis Bárcenas: un imputado por corrupción que tuvo despacho, secretaria y chófer en Génova 13 hasta hace tres telediarios. Ana Mato: a la que la Policía acusa de aceptar varias decenas de miles de euros de la Gürtel en regalos y que se sienta en su Consejo de Ministros. Su exmarido, Jesús Sepúlveda: imputado por corrupción y que aún trabaja en el PP. El grupo Gúrtel en las Cortes Valencianas: esos diez diputados autonómicos del PP que siguen sentaditos en el escaño. Carlos Fabra: imputado por varios casos de corrupción al que usted piropeó como un “político ejemplar”...

 

“La sombra de la sombra de un indicio manipulado no puede servir para que cualquier español pierda la presunción de inocencia”

Lo que está sobre la mesa no es una “sombra de la sombra de un indicio manipulado”: son unos documentos veraces. Nada menos que la supuesta contabilidad B de su partido, escrita de su puño y letra – según confirman incluso desde el PP– por la persona a la que usted mismo nombró como tesorero del partido.

Esta “sombra de la sombra de un indicio”, como usted denomina a lo que otros llamaríamos simplementes "pruebas", es verosímil. Los papeles están corroborados por varios estudios caligráficos. Algunas de sus anotaciones coinciden con otros documentos judiciales de la contabilidad negra de la Gürtel y del PP de Galicia. Incluso hay dirigentes de su partido que admiten las fechas y algunas de las cantidades como operaciones reales.

Lo de la “sompra de la sombra” habría valido cuando toda la acusación se basaba en lo que decían esas cinco fuentes anónimas que citaba el diario El Mundo cuando publicó por primera vez esta noticia. Pero ahora estamos ante serias evidencias documentales que no son sombras: que están a plena luz del día, a la vista de todos los ciudadanos. Ya no vale con decir que todos mienten, incluidos nuestros propios ojos.

Artículo de opinión de RODRIGO CORDOBA, en El País del 28 de enero de 2012

La estafa de la sanidad privada

La falta de datos económicos y científicos enturbian el debate sobre la gestión sanitaria

(Rodrigo Córdoba García es médico de familia y profesor de la Facultad de Medicina de Zaragoza).

Gracias al esfuerzo, la competencia y el compromiso de miles de profesionales sanitarios, nuestro sistema sanitario público ofrece unos excelentes resultados en gasto y en salud de la población cuando lo comparamos con el resto de modelos sanitarios y de países. Somos un país “top ten” en indicadores sanitarios como la expectativa de vida al nacer o la mortalidad infantil con un gasto sanitario total del 9,5% del PIB en 2009 (un 6,2% es gasto público). Países con potente sanidad privada como EE UU tienen peores indicadores sanitarios que España a pesar de que su gasto total es del 17,6%. La OMS sitúa a España como el 7º mejor sistema sanitario del mundo (el 3º entre los países más poblados) mientras Alemania está en el 25º y EE UU en el 37º. Sin embargo, no hay motivos para el triunfalismo. Nadie niega que existan serias bolsas de ineficiencia en la sanidad pública que se deberían corregir. Pero en vez de coger el toro por los cuernos, y mejorar la gestión pública, algunos gobiernos autonómicos llevan años empecinados en privatizar la gestión sanitaria. Me refiero aquí al “Modelo del Hospital de Alzira” o las crecientes intenciones privatizadoras de la gestión de hospitales y centros de salud en Madrid. Entre otras cosas prometen un gasto 25% menor en los modelos de gestión privada. Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente” y” da buenos resultados clínicos”,pese a su reiteración aun no se ha dotado de evidencia que la sustente entre otras cosas por la pertinaz opacidad en los datos clínicos de los centros de gestión privada y la consiguiente ausencia de evaluaciones independientes. Hay innumerables hechos que ponen en duda estas afirmaciones. Veamos algunos:

- La Comunidad de Madrid pretende privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud que atienden 1,4 millones de personas. El coste per cápita de la atención hospitalaria es de 600 € pero, según los presupuestos para 2013, ofrece pagar 441 €. Cualquier ciudadano o profesional no puede dejar de hacerse varias preguntas. ¿Cómo es posible que una empresa con ánimo de lucro, gane dinero y a la vez consiga ahorrar, mantener el personal y la calidad de la asistencia sanitaria? Hasta un niño se da cuenta que son los ciudadanos y los profesionales los que van a salir perdiendo en esta insensata operación

- En el caso del Hospital de Alzira la Generalitat Valenciana concedió en 1999 la gestión a una empresa privada a un coste capitativo pactado para 7 años que suponía un ahorro frente a otros hospitales de gestión pública. Pero a los dos años la empresa tenía un déficit de cinco millones de euros. El Gobierno valenciano anuló la concesión y les indemnizó con 25 millones de euros, para seguidamente sacarla de nuevo a concurso y adjudicarla a aquellos que habían fracasado, eso si aumentado sustancialmente el canon por habitante pasó de 225 euros a 369 (un 68%).Un informe los expertos en Administración Sanitaria de España (Sespas) señala que la “excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios…exacerba el enorme riesgo de la captura del regulador”. En otras palabras, los gobiernos pueden dejar de cumplir su función de árbitro y convertirse en el delantero centro de los intereses privados.

¿Y en Europa? El Gobierno del Reino Unido esta acelerando el proceso de privatización de la gestión de la sanidad británica (el prestigioso NHS) bajo la bandera de la “eficiencia”. El resultado es que de momento la sanidad ha tenido un coste anual añadido entre 1.800 y 2.400 millones de euros mas que antes mientras que las intervenciones programadas se han reducido en un 10% anual con lo cual aumentan las listas de espera ¿Dónde este al ahorro? Con respecto a los médicos, las experiencias de gestión privada es muy evidente: a los nuevos se les paga menos y a los antiguos se les carga de trabajo con igual salario. Normalmente cuando un hospital británico pasa a gestión privada es posible que mejore aspectos superficiales pero pierde buena parte de su personal de enfermería, disminuye la calidad asistencial clínica y hay indicios de que aumente la mortalidad intrahospitalaria. Para las empresas de gestión privada todo esto no son más que “daños colaterales”.

- Según George Halvorson, presidente de la aseguradora americana Kaiser Permanente, en EE UU se emplea incorrectamente el 25% del presupuesto sanitario en prácticas clínicas que no aportan ninguna salud a las personas y que no tienen ninguna evidencia científica. Eso indica que una buena gestión puede disminuir los costes en buena medida sin mermar los resultados en salud. En ese país donde la mayoría de la sanidad es privada, los hospitales mas eficientes tienen un gasto per capita un 16% menor que los más derrochadores lo que indica la variabilidad de las prácticas de gestión sanitaria, dentro de los propios sistemas, sean estos públicos o privados. Sin embargo, globalmente la sanidad americana es de las más ineficientes del mundo si observamos los indicadores de salud, los que atañen a la gente corriente.

La cuestión clave es cómo mejorar la gestión. Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor. Esto se logrará evaluando el centro en función de los resultados de salud y no sobre criterios economicistas. Y ello se puede hacer con fórmulas de gestión pública en las que los profesionales tengan protagonismo. El camino equivocado es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente. Finalmente, si no hay evidencia de que la gestión privada de la sanidad sea más eficiente ¿por qué no apostamos por mejorar la gestión pública? Hace poco ha sido contratado por la Administración de Estados Unidos el Consejero de Salud del País Vasco, Rafael Bengoa, un claro ejemplo de que también hay buenos gestores en la sanidad pública. La sanidad es un servicio, tiene costes y debe ser eficiente pero no es un negocio para que se lucren los amiguetes de los políticos.

¿Cuánta indignación más soportaremos?...

No son sobresueldos, es el reparto organizado del botín

Por Ignacio Escolar, en Escolar.net

Es un golpe sistémico, no un escándalo más. La contabilidad B de Bárcenas es la piedra roseta de la corrupción: un documento que retrata al principal partido de Gobierno en España como una organización institucionalmente podrida, que durante décadas se repartió en sobres las comisiones que ponían constructores, empresarios y otros filántropos de la recalificación. No son sobresueldos, no los llamemos así. Si se demuestra la autenticidad de estos papeles que hoy publica El País, estamos ante la prueba del reparto sistemático y organizado del botín.

Las consecuencias en un país con algo más de cultura democrática que el nuestro serían sencillas de predecir: la apertura inmediata de una investigación judicial, la dimisión en bloque del Gobierno y de todos los dirigentes y diputados que cobraron estas comisiones, la convocatoria inmediata de unas nuevas elecciones generales y la refundación de la derecha española en un nuevo partido donde sean los propios militantes de base quienes corran a gorrazos a todos aquellos implicados en un pasado así.

Dudo mucho que tal cosa vaya a suceder.

Lo veremos en las próximas horas, pero lo más probable es que asistamos  a otro ejercicio de hipocresía más, probablemente acompañado de demandas en los juzgados para cerrar la boca a la prensa e intimidar. Nuevamente será la excusa Bart Simpson: “Yo no fui, nadie me vio, no puedes probarlo”. Y esta vez, el enroque llegará en la tercera parte de la oración: no puedes probarlo. Probablemente será así, desde un punto de vista penal: la mayoría de los pagos que aparecen en estos papeles están prescritos: el delito fiscal caduca a los cinco años y el de financiación ilegal, a los cuatro. Además, los pagos no declarados que no estén prescritos, quedarán por debajo del umbral del delito, que está en 120.000 euros defraudados por persona al año.

¿Hay más presuntos delitos, más allá del fiscal? Apunta a que sí: es ridículo pensar que los empresarios que entregaban estas enormes cantidades de dinero lo hiciesen sin esperar un retorno a cambio. Pero el cohecho –el soborno, en castellano más vulgar– es un delito mucho más difícil de probar.

Sin consecuencia penal, ¿habrá consecuencia política? Soy pesimista: estamos ante Mariano Rajoy, el hombre cuya mayor virtud política conocida es aguantar y aguantar, amarrado a su sillón como el percebe a la roca. Sin embargo, la indignación de la sociedad va a ir más. ¿Con qué cara podrán pedir estos políticos sobrecogedores esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos? La combinación de crisis económica y moral es letal: estamos viviendo el fin de una era y el choque de una fuerza imparable –la indignación de los ciudadanos– con un obstáculo insalvable –el aguante de Rajoy– solo puede acabar de una manera. Con una explosión social.

Interesantísimo enfoque

Responsabilidad asociada al conflicto sanitario madrileño

Por Lorenzo Fernández Fau, Ex Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa, y Javier Ledesma Bartret, Presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)

nuevatribuna.es

La toma de decisiones políticas en la gestión pública exige que estas sean aplicadas una vez que hayan sido rigurosamente evaluados los riesgos y beneficios que su implementación puede entrañar; sobre todo, cuando afectan a la ciudadanía en su conjunto y a cuestiones tan relevantes como la salud de la población.

Como consecuencia de recientes acontecimientos que han causado hondo impacto socioeconómico, con repercusión internacional global, se viene asociando en el pensamiento intelectual, científico y jurídico, la responsabilidad judicial en que pueden incurrir los sujetos, o entidades, que llevan a cabo actuaciones que repercuten peyorativamente en el bien común, sean estas tanto de dominio exclusivamente privado como las que se efectúan en el ámbito, y con el erario, de lo público.

En ese sentido, el término anglosajón “accountability” viene a expresar, entre otras cosas, la responsabilidad en la que incurren aquellos que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se trata, en definitiva, de rendir cuentas por las decisiones y acciones de la gestión pública. Existe amplia bibliografía tanto internacional como nacional acerca de este asunto. Al mismo tiempo, en la literatura médica se ha asociado el principio de accountability al de primun non nocere.

Tal como hemos expresado en publicaciones previas, el principio de primun non nocere -no hacer mal, no hacer daño- está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento que establece la moderna bioética es éste, la No maleficencia, el único del que se pueden derivar responsabilidades judiciales.

Pues bien, la Asamblea de Madrid ha aprobado un cambio del modelo de salud público, en el que está previsto privatizar una parte sustancial del mismo, con el propósito de mejorar su eficiencia y, al mismo tiempo, disminuir el coste sanitario. Y lo han hecho sin que los responsables de tal decisión hayan aportado datos convincentes de que con ello mejoren las prestaciones sanitarias al conjunto de la sociedad y de que se consiga un ahorro económico con tal medida. Incluso aún más arbitrario, preguntado el Consejero de Sanidad en un medio de difusión acerca de esa cuestión reconoció que no podía aportar pruebas de que así fuese y que se vería una vez puesto en marcha el proyecto. Y lo han aprobado, en medio de una contestación y repulsa de considerables dimensiones de los usuarios sanitarios, así como de los organismos profesionales, científicos, corporativos y de la sociedad en su conjunto. Y lo han hecho, mientras que alguno de los diputados que han aprobado un cambio de tal envergadura y riesgo, estaban enfrascados, con absoluta frivolidad, en juegos de ocio a través de sus correspondientes ordenadores.

Sin embargo, existen datos contrastados en nuestro país de que la gestión privada de la sanidad pública no sólo no es más barata que la pública sino que ha sido necesario inyectar sumas considerables de dinero del erario público, del contribuyente, para conseguir mantener, o aumentar, los beneficios de los accionistas de las empresas privadas del sector.

De igual modo, existen datos contrastados de que la sanidad pública española está situada desde hace años entre la tercera y séptima mejor del mundo. Aún más, que es una de las más eficientes del planeta porque la eficiencia productiva de un sistema es aquella en la que se obtiene el máximo producto utilizando los mínimos recursos posibles; tal como ocurre en la sanidad pública de España. Así mismo, existen datos contrastados de que al disminuir el presupuesto sanitario empeora la calidad asistencial y aumenta la mortalidad.

Ahora bien, cuando se habla de datos contrastados es preciso hacer hincapié en que existen parámetros e indicadores sanitarios internacionalmente aceptados que permiten evaluar la rentabilidad, eficiencia y calidad de un sistema.

Estamos, pues, ante una situación comprometida porque si lo anteriormente expuesto puede ser verificable sería obligado preguntarse por qué cambiar algo que ha probado su eficiencia, calidad y equidad por un Plan de, al menos, dudoso rigor conceptual, en el que se pretende privatizar una parte considerable de la sanidad madrileña.

Una situación, además, en la que en el caso de que una vez puesto en marcha el Plan de medidas aprobado por la Asamblea de Madrid los citados indicadores sanitarios demostrasen un empeoramiento de los mismos, incluido el índice de mortalidad, estaríamos ante una conculcación del principio de No maleficencia y, por asociación, sería preciso exigir responsabilidades y rendición de cuentas a aquellos que lo han implementado.

Y esa rendición de cuentas no debería sustanciarse con una evanescente responsabilidad política, sino que debería explorarse la responsabilidad judicial. El Código Penal sanciona las conductas de aquellas autoridades que, con ánimo de lucro personal o ajeno, y con grave perjuicio para la causa pública, dieran una aplicación privada a bienes pertenecientes a cualquier administración, máxime si faltan a la verdad en la narración de los hechos que motivan su decisión (delitos de malversación y falsificación de documentos públicos).

Circunstancias, en su conjunto, nada deseables porque, ante todo, deben prevalecer la cordura y el objetivo del bien común. Hemos ya señalado en otras publicaciones, que es preciso evolucionar desde una ética que persigue los medios, ética estratégica, a una ética de los fines, ética de la responsabilidad. Y la responsabilidad obliga a establecer un consenso sobre la sanidad a través de una deliberación entre los representantes de los trabajadores sanitarios, las fuerzas políticas, los sindicatos, las sociedades científicas y en la que no puede faltar la propia ciudadanía; los entes sociales. Una negociación ponderada que pueda permitir la sostenibilidad de un modelo que ha demostrado con creces su bondad, equidad y eficacia.

Lorenzo Fernández Fau | Ex Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de la Princesa

Javier Ledesma Bartret | Presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)

Desde cualquier punto de vista, mínimamente riguroso, que se analice la conclusión es la misma: No a la privatización lo cual no impide reconocer que son necesarias reformas.

Los riesgos de la reforma sanitaria madrileña

Por PABLO FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ, Politólogo, como firma invitada en ElDiario.es

El gobierno regional de Madrid ha puesto en marcha un plan para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en seis hospitales de la comunidad. El plan consiste en ceder la gestión de la atención sanitaria de los hospitales a empresas privadas concesionarias a cambio de una aportación pública anual, la llamada cápita. En definitiva, la reforma establece que la atención sanitaria se preste mediante financiación pública pero con gestión privada. Se trata de un proyecto que ha generado una muy importante movilización entre los profesionales del sector. Aquí me voy a detener en los problemas que esta reforma plantea, tanto desde un punto de vista del proceso como del tipo de modelo al que se aspira.

El objetivo de esta entrada no es criticar la existencia de una agenda de reforma per se. De hecho, como apuntaba en este mismo blog Víctor Lapuente, es necesaria una cierta apertura de miras en la gestión de la sanidad. El actual modelo es mejorable.  Son posibles y necesarias mejoras en la gestión de personal y en la de las infraestructuras. Sin embargo la reforma que ha propuesto la Comunidad de Madrid adolece de dos problemas básicos. En primer lugar, se ha planteado en un contexto de máxima opacidad, y sin participación de las partes concernidas en el debate. En segundo, el modelo que se quiere implantar conlleva unas debilidades estructurales que cuestionan su idoneidad.

En efecto, el argumento dado por la Comunidad de Madrid para justificar la reforma ha sido la existencia de un ahorro en el gasto público derivado de la privatización de la gestión. Sin embargo, esta afirmación no ha sido apoyada por un estudio serio de los costes que soportan los hospitales actualmente, previamente a la privatización. Sin un estudio de costes, ¿cómo es posible calcular el ahorro esperado? Por un lado, la consejería argumentó que el coste de la gestión pública de la atención sanitaria en los seis hospitales era de 600 euros por habitante y año frente a 441 en los de gestión privada. Sin embargo, un estudio de la asociación de facultativos de Madrid (AFEM) calcula que el gasto real es de sólo €380. Así pues, el ahorro por la privatización no sería tal. En cualquier caso, una divergencia tan importante entre estas dos estimaciones sólo es posible en un contexto de ausencia grave de datos sobre el coste real de la gestión de los hospitales. Esta opacidad, asimismo, genera sospechas respecto a la posible existencia de colusión entre los políticos que están tomando las decisiones y las empresas candidatas a hacerse con las concesiones.

Uno de los mayores riesgos existentes en un contexto de falta de transparencia y sospechas de captura del gobierno por parte de los intereses privados es que las condiciones de la externalización sean abusivas para el contribuyente. Los contratos de cesión de la gestión de los hospitales suelen hacerse a largo plazo, y establecen un criterio para la actualización periódica de las cantidades que el gobierno regional abona a la concesionaria para financiar la provisión del servicio. Sin un grado suficiente de transparencia, lo que en un primer momento puede parecer como un mecanismo de ahorro, puede convertirse al cabo de los años en un acuerdo ruinoso para las arcas públicas. Sin ir más lejos, las condiciones de la concesión del hospital de Valdemoro establecen que la aportación de dinero público se actualice durante 30 años a una tasa anual igual al IPC más un 2%, lo cual indica que las condiciones se hacen más generosas año a año en términos reales. Hagamos un ejercicio muy simple: supongamos que la aportación es de 400 euros por habitante el primer año y que la inflación es del 3% durante todo el periodo. Como muestra el gráfico, al cabo del mismo, la aportación será de €1729. Si la actualización hubiera sido únicamente igual al IPC, es decir, manteniendo el valor real de la financiación pública, la aportación final sería sólo de €971. La diferencia acumulada a lo largo de los 30 años entre una actualización al IPC+2 y otra igual al IPC asciende a un total de 8303 euros por habitante.

Pero aunque el proceso institucional funcionase de manera transparente y sin captura, el modelo de financiación pública y gestión privada de los hospitales tiene una serie de problemas estructurales a tener muy en cuenta.

En primer lugar existe el problema de los rescates de hospitales de gestión privada por parte de la administración. Los hospitales son un gran ejemplo de “too big to fail” (demasiado grandes para quebrar): dado que los centros hospitalarios prestan la atención en régimen de cuasi-monopolio dentro del ámbito de su población de referencia, si la empresa concesionaria de un hospital entra en quiebra, es probable que la administración se vea obligada a acudir en su rescate, dado que no se puede permitir que los ciudadanos dejen de percibir el servicio mientras se resuelve la situación. El inconveniente fundamental de estos rescates es que generan un problema de riesgo moral: si las empresas saben que, en caso de dificultades, van a ser rescatadas, no tienen incentivos para gestionar los recursos de la manera más eficiente, lo cual pone en entredicho el propio objetivo de la privatización.

En España han existido ya un cierto número de rescates de hospitales de gestión privada. El ejemplo más conocido es el de Alzira, precisamente el primer centro en el que se aplicó este modelo de gestión. Privatizada la gestión en 1999, en 2003 la Generalitat valenciana tuvo que acudir en socorro de la concesionaria, Ribera Salud. Se rescindió el contrato existente y se sustituyó por otro con unas condiciones de concesión más generosas. Otro ejemplo, ya en Madrid, es la Fundación Jiménez Díaz. En 2002 se declaró en suspensión de pagos y la respuesta del gobierno regional fue revisar el contrato de concesión aumentando la aportación pública.

Un segundo asunto problemático es la inspección de la calidad del servicio que proporciona la empresa concesionaria. Esto es especialmente importante dado que los intereses de la ciudadanía y los de la empresa no están del todo alineados: la entidad concesionaria tiene incentivos para reducir la calidad del servicio para así aumentar su margen de beneficio. Un ejemplo claro podría ser abstenerse de proporcionar tratamientos particularmente caros a determinados pacientes. Sin un servicio de inspección externo, esta mala práctica es muy difícil de descubrir, porque el paciente no tiene por qué saber que se le está denegando tácitamente el acceso a un tratamiento. Esta inspección es pues imprescindible. Ahora bien, el control externo introduce un coste adicional a tener en cuenta, que puede anular el supuesto ahorro que la gestión privada prometía.

Así pues, la concesión de la gestión privada en los hospitales del sistema público conlleva unos costes que cuestionan muy seriamente la idoneidad del modelo. Estos riesgos son especialmente graves en un contexto en el que parece que la administración se encuentra en situación de captura por parte de los intereses privados.

Todo esto no implica que deba descartarse cualquier proceso de reforma de la gestión de la sanidad pública. Existen otras posibilidades, como una mayor autonomía en la gestión de los centros y una mayor competencia por los recursos basada en resultados. Muchas de ellas ya han sido implantadas en otros países y existen evaluaciones sobre su grado de éxito. En todo caso, un proceso de reforma de calado debe ir acompañado de un esfuerzo por la transparencia en los datos y por una amplia implicación del sector.

El siguiente artículo de opinión tiene algo más de un mes pero no ha perdido ninguna virtualidad, todo lo contrario

Publicado en medicosypacientes.com

"La sociedad y la profesión médica ante la crisis económica y social"

En el presente artículo de opinión los Dres. Luis Ángel Oteo y José Ramón Repullo, hablan sobre la fragilidad del entorno sociológico, económico y laboral actual, en el que dicen son necesarias importantes reformas estructurales en las instituciones sanitarias públicas que garanticen un ejercicio de buen gobierno, así como el desarrollo de políticas profesionales de confianza y participación real…

VER EL REFERIDO ARTICULO EN pdf.

Reforma laboral versus (vs) desempleo masivo vs. retroceso salarial vs. desmantelamiento de la protección social (también de la pensión de jubilación que se vislumbra), vs ¡¡adiós estado de bienestar y adiós democracia!!... pero puede que no nos resignemos.

Seis millones de parados: las uvas de la ira están engordando

Por Adoración Guamán, Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Héctor Illueca Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 

Publico.es

Cuando se aprobó la reforma laboral ya advertimos que tendría efectos devastadores sobre el empleo y sobre los salarios, desencadenando un proceso de involución laboral cuyo alcance resultaría inmanejable. Decíamos entonces que la reforma de la negociación colectiva, orientada a potenciar los acuerdos de empresa y limitar la ultraactividad de los convenios colectivos, provocaría una violenta devaluación salarial y convertiría al empresario en el centro principal y casi único de decisión en materia de relaciones laborales. Y por supuesto, en contra de lo defendido por el Gobierno, señalábamos que el abaratamiento del despido en el peor momento de la crisis sólo serviría para acelerar e intensificar la destrucción de puestos de trabajo en nuestro país. Algo así como apagar un incendio con queroseno.

Pues bien, muy a pesar nuestro, la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2012 respalda de manera concluyente aquella primera interpretación, evidenciando que estamos ante una disposición legal cuidadosamente concebida para convertir los derechos laborales en un vago recuerdo de museo. En efecto, según la precitada Encuesta, actualmente existen en nuestro país 5.965.400 personas sin empleo, lo que supone un 26,2 por ciento de la población activa y una variación al alza de 4,17 puntos respecto del mismo trimestre de 2011. En particular, la situación de paro juvenil es sencillamente insoportable, alcanzando al 55,13 por ciento de las personas menores de 25 años. Hasta Ángela  Merkel, que no se caracteriza por su especial sensibilidad social, se ha mostrado escandalizada ante un dato estremecedor que revela la verdadera magnitud de la catástrofe humanitaria inducida por la política de austeridad.

No menos preocupante parece la situación del segmento situado entre los 25 y los 54 años de edad, cuya tasa de desempleo ha pasado del 21,44 por ciento en 2011 al 24,64 por ciento en 2012, aumentando un punto completo durante los dos últimos trimestres del año. Éste es, sin duda, un dato alarmante, pues revela que los trabajadores típicos que se encuentran en edad adulta, que han acabado su formación y que han sufrido diferentes contratos precarios como viacrucis de inserción social y laboral, están siendo expulsados del mercado de trabajo precisamente cuando pensaban que disfrutarían de cierta estabilidad ocupacional en un marco de garantías jurídicas y laborales. Para ellos, el premio a los esfuerzos de toda una vida es la abrogación de los derechos de ciudadanía vinculados al trabajo y una existencia precaria que puede convertirse fácilmente en una pesadilla.

En definitiva, según los datos de la EPA, el número de parados ha alcanzado un nuevo máximo histórico, 5.965.400 personas, situándose en su nivel más alto de la serie histórica elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. La influencia de la reforma laboral se percibe fácilmente si relacionamos esta cifra con los trabajadores afectados por despidos colectivos, que aumentaron un 21,2 por ciento durante los ocho primeros meses de 2012, afectando a un total de 299.021 trabajadores de acuerdo con el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL). A la luz de estos datos, parece razonable pensar que el abaratamiento del despido acometido por el legislador, particularmente del que se produce por causas económicas, ha intensificado el proceso de destrucción de puestos de trabajo. Tal y como refleja el BEL, durante los 10 primeros meses de 2012 se registraron 19.599 ERE’s con invocación de causas económicas, un 108,63% más que en el mismo período del año anterior (9.394). Los datos son suficientemente elocuentes.

Por otra parte, como señalábamos anteriormente, la reforma laboral está provocando una violenta devaluación salarial que empieza a reflejarse en los diferentes datos estadísticos: negociación colectiva, IPC, etc. Por ejemplo, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2012 sitúa el coste salarial total por trabajador en 1.805,63 euros, un 7 por ciento menos que en el segundo trimestre (1.939,73). Es previsible que esta tendencia se acentúe notablemente en el futuro inmediato, pues la negociación colectiva se concentra en los primeros meses del año y todo hace pensar que la patronal va a utilizar la reforma, especialmente la limitación de la ultraactividad, para seguir deteriorando las condiciones de trabajo. Por si hubiera alguna duda, el reciente Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, prácticamente ha congelado el salario mínimo, abriendo el camino a una negociación devaluada que acabará convirtiendo a los mileuristas en auténticos privilegiados.

Por si ello fuera poco, la situación de desempleo masivo y el retroceso salarial descrito suponen un grave riesgo para el mantenimiento de la protección dispensada por el poder público a través de la pensión de jubilación. La Tesorería general de la Seguridad Social pública mensualmente la denominada “ratio de dependencia” del sistema de pensiones, que en agosto de 2012 contabilizaba apenas dos cotizantes por cada pensionista, o lo que es lo mismo, 16,68 millones de cotizantes por 8,12 millones de pensionistas. De no invertirse el ritmo actual de destrucción de puestos de trabajo (menos cotizantes) y el proceso de involución salarial (menos cotizaciones), es decir, de no modificarse radicalmente la política económica, estamos abocados a una sensible disminución de la cuantía de la pensión para la mayoría de la población. Los datos de afiliación correspondientes al mes de diciembre de 2012 resultan preocupantes: la Seguridad Social ha cerrado 2012 con un total de 16.442.681 afiliados, lo que supone un descenso del -4,57 por ciento respecto al año anterior, volviendo a niveles de 2003. La tendencia es muy acusada en el caso de personas de procedencia extranjera, experimentando una bajada anual del -5,35 por ciento.

Como puede observarse, los resultados de las últimas reformas laborales evidencian que no estamos ante medidas anti-crisis, sino una agresión directa y calculada contra los trabajadores. Los instrumentos normativos habilitados por el legislador están provocando una rápida devaluación salarial y un feroz ajuste de plantillas. Así, asistimos a una estrategia, buscada o permitida, para expulsar trabajadores adultos del mercado de trabajo hasta eliminar su capacidad de resistencia, forzándoles posteriormente a aceptar condiciones denigrantes sin apenas conflicto social. Mientras se ataca a la población adulta, siempre más consciente de los derechos que ha venido disfrutando durante años, se diseña otra estrategia para los más jóvenes: el aumento de su ocupación mediante contratos temporales y salarios por debajo del SMI, a modo de anuncio o preparación para lo que previsiblemente será el devenir de su permanencia en el mundo del trabajo asalariado.

De esta forma, la eliminación de los derechos conseguidos tras décadas de lucha sindical y movilización obrera se produce inexorablemente, sin que el supuesto contrincante, el Trabajo, parezca capaz de forzar un cambio de rumbo y, cuanto menos, un reequilibrio del ya lejano pacto entre capital y trabajo que sustentó el Estado de bienestar. En el plano individual, los trabajadores están paralizados por el miedo a perder el empleo; en el plano colectivo, se percibe un sentimiento cada vez mayor de aceptación de la derrota, ante la incapacidad de conseguir una respuesta colectiva que afronte con decisión la construcción de un contrapoder social de las clases subalternas. Sin embargo, a medida que se incrementa la indignación ante el expolio de los derechos sociales, se evidencia la necesidad política de una confluencia ciudadana que permita combatir y derrotar a las políticas de austeridad. No deberíamos entretenernos. Parafraseando a Steinbeck, las uvas de la ira están engordando en las almas de las personas y se vuelven cada día más pesadas, listas para la vendimia.