OPINION

Oportunísimo artículo al hilo de la publicación de los datos de la EPA

Los errores de diagnóstico de la crisis

Los excesos y desequilibrios en los años de euforia, factores internos de la crisis económica española, cuyo reflejo más dramático es el paro

Por JAVIER CUARTAS en la ultima hora de La Nueva España en su edición digital.   

Gráfico: Evolución del paro, según la EPA, en Asturias.

De las crisis se sale atacando sus causas reales. Pero como ningún sujeto y agente económico quiere admitir su parte alícuota de culpa y su contribución al desastre, la tendencia a buscar falsas tesis o explicaciones parciales es muy fuerte. Esta crisis no ha sido en esto distinta a las anteriores, salvo que la propensión a esgrimir argumentos que oculten o maquillen los factores más decisivos y profundos del desplome ha sido mayor en la medida en que esta larga recesión es el desenlace traumático de una gravísima acumulación de desequilibrios y errores económicos concatenados a lo largo de varias décadas, y en los que han participado organismos supranacionales, reguladores, bancos centrales, gobiernos, empresas, bancos y ciudadanos. Esto, que es cierto para la crisis general internacional, es aún más evidente en el caso español.

El economista Enrique Fuentes Quintana, exvicepresidente económico del Gobierno y padre de los Pactos de la Moncloa, alertó en 1983, a propósito de las dos grandes crisis del petróleo, del riesgo de confundir o malinterpretar las causas de los problemas: "Hay que conocer qué es y de dónde procede la crisis: si no, uno no puede defenderse. Una sociedad que ignora los rasgos que definen la crisis económica y los factores que la producen está condenada a seguir padeciéndola". Desde 2008 se han acumulado diagnósticos que muchas veces han contribuido más a esconder los problemas que a afrontarlos.

Origen de la crisis. El primer error de diagnóstico fue buscar el origen de la crisis en 2008, la fecha en que explosionó. Las crisis, como las enfermedades y los desastres naturales, se incuban siempre mucho antes, justo cuando todo parecía ir bien. Lo dijo Merkel el 14 de junio de 2012 en el Bundestag. El origen de los problemas españoles derivan, dijo, de la década precedente: de la "burbuja financiera e inmobiliaria" derivada de comportamientos de una "década irresponsable". Tres meses antes, el 21 de marzo, también lo había dicho el secretario de Estado del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner: España, aseguró, "es víctima de un fenómeno específico de endeudamiento privado y burbuja inmobiliaria". Y 'The New York Times' sostuvo el 2 de octubre de 2012: los problemas españoles "proceden del abrupto colapso de una temeraria burbuja inmobiliaria en el sector privado, alimentada de forma artificial por el crédito barato".

Deuda pública previa. Durante demasiado tiempo, y aún hoy, se dijo que la singularidad española obedece a su elevado endeudamiento público. Falso. La crisis internacional de 2008 alcanza a España con una deuda pública del 36,3% del PIB (cierre de 2007), la menor tasa de deuda del Estado desde 1984. Todos los grandes países europeos entraron en la crisis con una deuda pública entre el 56% y el 104% del PIB. La media de la UE (27 países) estaba en el 61,5%. La media de la zona euro (17 países), en el 69,3%.

Deuda pública actual. La deuda pública española, aunque se duplicó desde 2007, cerró 2011 en el 69,3% del PIB, el nivel al que ya había llegado la zona euro hace cinco años. El 69,3% de deuda pública española sigue siendo 20 puntos inferior a la de la zona monetaria (87,3%) y 13,2 puntos menor que la media de la UE. A fines de 2011 (último año del que hay datos oficiales definitivos) 12 de los 27 países de la UE tenían más deuda pública que España.

Todos salieron de la crisis. A fines de 2009 y comienzos de 2010 se generalizó otro diagnóstico falso: todos los países -se dijo- salieron ya de la crisis menos España. En realidad habían salido sólo -y de forma muy leve- de la primera recesión. España también lo hizo. Pero casi todos entraron después en la segunda recesión. De Guindos, ministro de Economía, dijo este miércoles: "La recesión ya no se limita a los países del Sur". La crisis, pues, continúa aún en 2013 en la UE.

El déficit público es insólito. De los 27 países de la UE, 24 (todos menos Suecia, Estonia y Hungría) tuvieron déficit fiscal en 2011. El déficit es consustancial a las fases recesivas de la economía. El hecho distintivo español es la elevada cifra del descubierto presupuestario desde 2009. Tiene causas:

-Gasto público. España tuvo déficits públicos muy altos en los cinco años de la crisis y en 2011 fue el segundo país con mayor déficit (9,4%, al igual que Grecia), sólo por detrás de Irlanda (13,4). La explicación que ha imperado es que el gasto público español es exagerado. Pero el gasto público español es inferior a la media de la UE. En 2008 estaba en el 75% de la media europea cuando la renta española estaba en el 90% del promedio. Hasta 2007 el gasto público español rondó el 38% del PIB frente al 45% de media europea. En 2010 representó el 45,6% del PIB, aún inferior a la media de la eurozona (51,1%) y de la UE (50,6%). España sólo superaba en gasto público a ocho países excomunistas y a Luxemburgo. Y ello pese a que se elevó del coste de la deuda pública y pese a asumir el mayor gasto por desempleo de la OCDE: el coste de la cobertura de desempleo aumentó en España el 61% durante la crisis (en la UE creció el 33%).

Otra creencia asevera el fracaso del recurso al gasto público como política de estímulo. Pero con las políticas de gasto se consiguió reducir la destrucción de empleo de 890.00 afiliados a la Seguridad Social en 2008 a 665.595 en 2009 (25,22% menos) y a 161.923 en 2010 (81,8% menos que en 2008) mientras que, con las políticas de austeridad, la destrucción de empleo remontó en 2011 hasta los 248.173 (53,26% más) y 2012 fue el segundo con mayor pérdida de empleo desde que estalló la crisis: la Seguridad Social perdió 787.241 afiliados (el 217,21% más que en 2011).

-Gasto social. Tenemos, se dice, un gasto social que no nos podemos permitir. El gasto social por habitante en España es 13 puntos inferior a la media de la UE. Todos los grandes países europeos (Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Austria, irlanda, Suecia, Alemania, Francia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido e Italia) gastan más que España y están por encima de la media europea. Siete de estos países mantienen la triple A, máximo "rating" de solvencia.

Estado de Bienestar. Se dice que España no puede sufragar el Estado de Bienestar. Los países del norte europeo, con un Estado de Bienestar superior al español, se están defendiendo mejor de la crisis que España. La diferencia está en la política tributaria. Hasta las recientes subidas de impuestos, España se dedicó, con Gobiernos del PP y del PSOE, a bajar unos impuestos (renta, sociedades... ) y a suprimir otros (IAE, patrimonio, Sucesiones... para la mayoría de sus contribuyentes). España se situó en la parte baja de la política fiscal de la UE e intentó sostener un Estado de Bienestar a la europea con una estructura fiscal al estilo de EE UU. Este intento es el que ha fracasado, como certificó, entre otros economistas, el asesor español de la Reserva Federal Juan Rubio Ramírez.

Comunidades autónomas. Las comunidades autónomas "llevaron a España a la ruina", se dijo en 2012. Pero las autonomías, aunque participaron -como el resto de administraciones y agentes privados- de la alegría inversora y de gasto de los años de la euforia anteriores a la crisis, sólo son responsables del 18,74% de la deuda total del Estado, aunque gestionan el 36,2% del gasto público de España. De sus partidas de gasto, el 75% se va en educación y sanidad. A ello se suma Justicia, Dependencia, Protección Civil y otros servicios básicos. La deuda de las autonomías, al cabo de 30 años, es de 150.758 millones. Las familias españolas deben 845.489 millones (5,6 veces más). Y las empresas y empresarios españoles adeudan 1,2 billones, casi 8 veces más. Si de la deuda de las ciudadanos españoles se restan las hipotecas, la deuda contraída por los particulares en gastos de consumo (195.623 millones) es el 30% superior a toda la deuda autonómica española acumulada en tres décadas. Y del déficit público de 2011 (9,4%), las comunidades -aunque concentraron el grueso del incumplimiento- fueron responsables de menos de 3 puntos del descubierto fiscal total.

Políticas de estímulo. En España se acusó del desequilibrio de las cuentas públicas a los planes de estímulo y gasto que se concertaron en el G-20 entre 2008 y 2009. Pero el gasto total español en esas políticas keynesianas fue de 34.000 millones de euros. Es decir, supuso el 3,4% del PIB (1,7 de media anual) cuando el déficit fiscal total acumulado por España en 2008-2011 fue del 33,3% del PIB. Las políticas de estímulo costaron menos dinero que el rescate europeo a la banca española, que va a suponer 41.000 millones y un aumento de la deuda pública española que, según dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Bruselas en octubre, "no es relevante" porque "sólo supone 4,1 puntos del PIB".

Recaudación. El drama español es que, junto a un aumento del coste del paro hasta los 35.000 millones anuales y unos intereses de la deuda que consumirán otros 38.000 millones en 2013, la recaudación fiscal española se derrumbó en casi 70.000 millones. Éste es el hecho crucial y diferenciador del país. La caída de la recaudación es "un drama nacional", dijo Montoro en julio. Mientras en la zona euro los ingresos estatales se han mantenido a lo largo de la crisis entre el 45,3 y el 44,7% del PIB, en España -y a causa del "pinchazo de la burbuja", de la asfixia de la economía por el gravísimo endeudamiento privado y del aumento de la actividad sumergida-, los ingresos tributarios cayeron del 41,1% del PIB en 2007 al 35,1% en 2011. La recaudación fiscal de España en 2011 fue la más baja del "mundo desarrollado" (Montoro, julio de 2012) y su desplome sólo lo superó Bulgaria (Eurostat). "El problema más importante es que no hay ingresos", dijo Rajoy en Nueva York en septiembre de 2012).

Deuda privada. La opinión pública española lleva 5 años focalizando el hecho singular y diferencial de la crisis española en el endeudamiento público (pese a que es 20 puntos inferior a la media de la eurozona) y omitiendo que el problema gigantesco de España está en el sector privado: la deuda pública española suma hoy 817.000 millones (0,8 veces el PIB). La deuda privada es de 2,051 billones (más de dos veces el PIB). De esta cifra, 1,2 billones son deuda empresarial. Pero la deuda de las familias también supera a la estatal. El ministro De Guindos aludió por vez primera a la deuda privada como principal problema de España el 23 de julio de 2012 en el Congreso. Pero la reconoció de verdad como desencadenante principal de la crisis específica española el 4 de octubre en una reunión en Londres con economistas de la London School Economics: "El problema lo ha causado la deuda del sector privado", dijo.

Prima de riesgo. Se dice que España tiene mayor prima de riesgo que otros países a causa del Estado de sus arcas públicas. Pero la prima mide la capacidad de pago del país con el exterior una vez que esto no puede expresarse con el tipo de cambio de una moneda de uso sólo nacional. El problema, por tanto, es la deuda externa. El Gobierno lo reconoció a partir de mayo. El ministro Cristóbal Montoro lo dijo el 1 de mayo, el 20 de junio y el 23 de octubre de 2012 y De Guindos lo afirmó el 23 de julio de 2012. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, ya lo había dicho el 16 de noviembre de 2011.

Deuda externa. De la abultada deuda externa española (1,8 billones, equivalentes al 180% del PIB), y que se fue acumulando en los últimos decenios, el 85% es privada. La deuda pública supone el 15%. El origen fue el grave endeudamiento de bancos, empresas y familias, que convirtieron a España en demandante de ahorro externo masivo y en importador neto de bienes con un déficit exterior acumulado durante años. En los años de bonanza, España llegó a tener uno de los mayores déficits externos del mundo.

Corregir el déficit. Si corregimos el déficit público saldremos de la crisis, se afirma con insistencia. Pero el equilibrio presupuestario resolvería en parte la crisis de deuda soberana que arrancó en 2010 a causa de Grecia, pero no la crisis financiera y de la economía real que estalló en 2007 en EE UU y en Europa en 2008. Lo escribió De Guindos el 25 de octubre de 2009, antes de ser ministro: "La salida de la crisis no se producirá hasta que se saneen los balances de las familias, las empresas y los bancos y hasta que no se elimine la sobrevaloración de la vivienda».

El Estado, como una familia. El aserto de que la gestión económica del Estado y su control es igual al de una familia es uno de los que más repetidos. Pero es otro gravísimo error de enfoque. Una familia ahorra tanto como reduzca sus gastos porque el recorte de sus desembolsos no afecta a sus ingresos. Pero un Estado que recorta gastos e inversiones disminuye también sus ingresos porque su austeridad recorta el crecimiento económico y por ello su recaudación fiscal. Además, puede aumentar sus gastos en desempleo. Es lo que se conoce como multiplicador y divisor fiscal. Aunque su cálculo difiere según épocas y territorios, el FMI acaba de estimar que por cada euro que recorta el Estado, la actividad económica retrocede 1,5 euros.

No habrá empleo con déficit. Otra idea falsa es que "España nunca ha creado empleo con déficit público". Este argumento lo han repetido muchos políticos, entre ellos Alfonso Alonso en el debate de presupuestos en el Congreso el 25 de abril de 2012. Pero en casi 40 años de democracia, España siempre estuvo en déficit fiscal, salvo en 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, fue un país con una alta tasa de generar empleo. Entre 1985 y 1992 pasó de 11 a 13 millones de ocupados y, tras la recesión de 1992-1993, saltó de los 12 millones de ocupados en 1993 a 22 millones en 2007.

Crisis de cajas y políticos. La tesis de que la crisis financiera sólo afectó a las cajas, y que ello fue debido a la presencia de políticos en sus órganos es una verdad sesgada. La crisis financiera nació en la banca privada de EE UU. Tras dejar quebrar a Lehman Brothers, EE UU y Europa se dedicaron a salvar bancos privados. En la UE fueron rescatados 760 desde 2008. En España hubo bancos privados salvados por otros bancos y hay cajas con niveles de solvencia superiores al grueso de la banca europea. Muchas cajas sanas fueron arrastradas por fusiones con otras dañadas. Las cajas sucumbieron más porque eran más, crecieron mucho más en los años de la euforia y no tenía capacidad jurídica y societaria para ampliar capital, como sí hicieron los bancos. Aunque se expusieron más al riesgo inmobiliario, el porcentaje de morosidad de las cajas a fines de 2011 sobre el total de su cartera de créditos era prácticamente igual a la de los bancos. (Desde 2012, al transformarse en bancos, el Banco de España ya no desagrega la morosidad entre bancos y cajas).

Las ayudas a la banca. El coste del rescate de la banca española es, en contra de la creencia general, menor que la mitad del coste europeo de salvamento bancario. La UE lleva invertido en rescatar bancos el 12% del PIB de los 27 países. España ha dedicado a ese fin desde 2009, el 5,3% (Datos de la Comisión Europea de Competencia el 20 de diciembre pasado).

¡¡Muy didáctico y recomendable!!... casi obligado leerlo, nos atrevemos a afirmar.

Por qué debería importarle la privatización de los servicios sanitarios

Los profesionales de la privada pueden tener otros objetivos aparte de la calidad de la atención

Por Sergio Minué Lorenzo, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

El País

“Democracias en las que no existen opciones políticas que elegir, donde la política económica es todo lo que importa (y donde ésta es determinada por actores no políticos como bancos centrales, agencias internacionales o corporaciones transnacionales) acaban por dejar de ser democracias funcionantes, acomodándose una vez más a políticas de frustración o de resentimiento populista”. Reappraisals. Toni Judt

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en su reciente mensaje navideño, aseguraba que los ciudadanos de su región seguirán contando con una sanidad “universal, gratuita y de la máxima calidad”. Pero para mantenerlo “es preciso hacer reformas que permitan racionalizar nuestros gastos”, reformas que el gobierno madrileño define como externalizaciones de la gestión, evitando en todo momento el término de privatización. Sin embargo, el European Observatory on Health System and Policy de la Organización Mundial de la Salud define privatización en los sistemas sanitarios como el proceso de transferencia de propiedad y funciones gubernamentales de entidades públicas a privadas (ya sean organizaciones con o sin ánimo de lucro).Es decir algo muy parecido a lo que acaba de aprobar la Asamblea de Madrid. Por si no fuera suficiente argumento, Oliver Letwin, ministro del gobierno conservador británico de David Cameron, y uno de los miembros más influyentes del Center for Policy Studies (un importante Think tank liberal) escribía hace unos años: “hay tres importantes y poderosos instrumentos para privatizar servicios, cada uno de ellos parcialmente útil para la privatización de un aspecto particular del sistema: externalizar servicios públicos, des-regularizar monopolios y negociar la venta de compañías en mala situación”. En definitiva, parece difícil (además de absurdo), ocultar que se pretende privatizar servicios públicos.

En cualquier caso, los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, consideran que al ciudadano no tiene por qué importarle si su médico trabaja para una institución pública o para una empresa privada, puesto que se supone que recibirá un servicio similar en las mismas condiciones. Pero, ¿es cierto que es indiferente el tipo de empresa para la que trabaja su médico?

Analicemos en primer lugar la cuestión desde el punto de vista de su papel como paciente. Por supuesto, partimos de la base de que usted es un ciudadano respetable, es decir ostenta la condición de asegurado. Porque si usted forma parte del colectivo de emigrantes irregulares, la sanidad no es universal para usted.

El lugar de residencia es otra cuestión a tener en cuenta. Una empresa privada tiene como objetivo fundamental maximizar sus beneficios empresariales; el bien social, en el mejor de los casos, será un objetivo secundario. Como dice Thomas Berglund, presidente de Capio (una de las empresas privadas proveedoras de servicios sanitarios más importantes de Europa), “a las empresas las mantiene el capitalismo, no el altruismo”. Tradicionalmente los sistemas sanitarios públicos han planificado la ubicación de sus servicios en función de las necesidades de la población, lo que permitía que ningún ciudadano quedara desasistido por vivir en un pequeño pueblo de montaña. Según informaba el periódico The Guardian el pasado 18 de diciembre, la administración pública sueca (que lleva privatizando servicios públicos desde hace 15 años) puede determinar el número de proveedores privados con ánimo de lucro que recibirán dinero de los impuestos para la prestación de servicios. Pero no puede decidir la ubicación de esos centros que quedan a criterio de la empresa, y entre los cuales las necesidades poblacionales suelen sacrificarse a la rentabilidad. Por lo tanto si usted vive en zonas poco “rentables” ya tiene una primera razón de preocupación. Algo que no debería extrañar a nadie viendo como el Ministerio de Fomento cierra líneas de ferrocarril a lugares “poco atractivos”.

Pero supongamos que usted tiene suerte y vive en Madrid en vez de uno de los lejanos pueblos de su sierra. Es posible que usted padezca una o varias enfermedades crónicas. Algunas quizá impliquen un consumo importante de recursos sanitarios, ya sea en forma de procedimientos diagnósticos, visitas médicas o tratamientos costosos. Al margen del euro por receta que tendrá que pagar y del abono de la ambulancia en caso de precisarla, en ese sistema sanitario que el Sr. González denomina “gratuito”, podría ocurrir que para la empresa privada para la que trabaja el médico que le atiende, usted resulte demasiado gravoso. Una de las tentaciones que tendrá su médico es intentar evitar tener que atenderle, dado el gasto que usted genera. Esta situación se llama “selección adversa de riesgos” y fue una de las principales debilidades de la reforma que emprendió Margaret Thatcher en el sistema sanitario británico en los años 90, donde recibió el curioso apelativo de “cream skimming”(descremar la leche). Es decir, usted podría ser considerado un tipo peculiar de “nata” (sanitariamente hablando).

Siempre le quedará el consuelo de que la calidad de lo privado es igual a la de lo público, e incluso mejor (algo que está grabado en el inconciente colectivo social). Buenos (y malos) profesionales hay en cualquier organización sanitaria, sea pública o privada. Pero los que trabajan en éstas últimas puede que tengan otros objetivos además de hacer todo lo posible para mejorar su salud. Creswell y Abelson alertaban el pasado 30 de noviembre en el New York Times sobre el funcionamiento de las compañías privadas americanas que condicionan cada vez más los procedimientos que los médicos tienen que hacer y el tipo de pacientes que deben ingresar. En este sentido, en una interesante revisión sistemática (Devereaux et al, JAMA, 2002) se comparaba el proceso de diálisis en hospitales con y sin ánimo de lucro, observando un menor riesgo de mortalidad en los segundos. Entre las causas de ello se señalaba que los hospitales con ánimo de lucro tenían menor número de profesionales y una menor cualificación de los mismos. Lógico cuando lo que prima es la rentabilidad.

Ampliando el análisis a nivel de un estado, Italia privatizó durante la década de los 90 una buena parte de sus servicios sanitarios, lo que permitió comparar a un grupo de investigadores (Quercioli et al, JECH 2012) la efectividad de la asistencia pública o privada en disminuir la mortalidad evitable (aquellas muertes que no deberían producirse si la asistencia sanitaria fuera la adecuada). El gasto público se asociaba significativamente a disminuciones en las tasas de mortalidad evitable, lo que no ocurría en cambio con el gasto privado. En definitiva, accesibilidad a los servicios, equidad en la prestación, calidad de la asistencia y mortalidad evitable parecen elementos de suficiente interés para que a un ciudadano le interese para qué empresa trabaja su médico.

Pero tal vez existan algunas razones añadidas que puedan interesarle como contribuyente. En principio introducir nuevos prestadores de servicios debería obligar a la administración a aumentar los procedimientos de seguimiento y control para verificar que su actuación se ajusta a lo acordado. A mayor número de entidades prestadoras de servicios más burocracia, y a mayor burocracia más gasto. El paradigma de ello es el sistema sanitario americano, en el que intervienen una gran variedad de proveedores. Estados Unidos gasta el 18% de su PIB en sanidad, casi el doble de España, del cual más del 20% se emplea en gastos administrativos. Además de ello, dada la larga duración de los contratos en los procesos de “externalización” (20 o 30 años e incluso más), en el caso de que posteriores administraciones pudieran estar interesadas en rescindir los contratos de la concesión, muy difícilmente podrían hacerlo por los costes que ello supone. Si la concesión administrativa fuera deficitaria, el problema nunca suele achacarse a la mala gestión de la empresa, sino a la insuficiencia de la financiación, como ha ocurrido recientemente con las concesiones administrativas en Valencia. Y en el caso extremo en que la empresa adjudicataria quiebre, el déficit acabará siendo asumido por el sector público, socializando las pérdidas (lo que ocurrió en Inglaterra cuando se vieron afectadas algunas entidades bancarias que participaban bajo la fórmula de Private Financial Initiatives). Por último, al contribuyente quizá también le interese saber que su médico puede estar trabajando para una entidad cuyos propietarios son una empresa de capital riesgo que invierten en salud hoy y en telecomunicación mañana, y que modifican sus inversiones en función de la rentabilidad que obtengan.

El ciudadano es posible que considere que todos estos riesgos son evitables con un buen sistema de regulación y control de la asistencia sanitaria, ya sea pública o privada. Pero España, también en esto, sigue siendo diferente. En 2011 una representación de directivos del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) visitó Valencia para conocer su modelo de concesiones administrativas. En sus conclusiones (NHS European Office, 2011) señalaban que era preocupante el grado de cercanía entre los representantes de la administración valenciana y las empresas adjudicatarias lo que reducía la efectividad de la labor de vigilancia que debería ejercer (la llamada “captura del regulador”). Basta leer la prensa diaria para confirmar que no andaban descaminados.

En 1988 el anteriormente citado Oliver Letwin escribió un ilustrativo texto destinado a orientar las reformas sanitarias de los gobiernos neoliberales (Privatizing the World: a study of International privatization in theory and practice), que incluía una guía de diez páginas para fomentar la privatización de bienes públicos “en contra de los intereses de los electores” (Reynolds & Mckee 2011). El él se recomendaba especialmente el uso de la desinformación como táctica, justificando las reformas de los gobiernos en las supuestas deficiencias del sistema público. Un proceso que ya ocurrió en Suecia e Inglaterra, y está a punto de ocurrir en la Comunidad de Madrid. De no evitarse, los cambios serán muy difícilmente reversibles.

Sergio Minué. Profesor. Escuela Andaluza de Salud Pública.

Imprescindible leer por los interesados en el tema de la “colegiación obligatoria” ¡¡y no sólo por estos!!

STC 3/2013: inconstitucionalidad de la exención de colegiación a los empleados públicos para funciones públicas

Por SEVACH en su Blog de Derecho Público.

La historia del Estado ha sido la historia de las tensiones entre el interés público, el interés corporativo y el interés particular.  La Comunidad andaluza dio un paso adelante y de forma clara precisó por Ley “ que que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones Públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones, o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas”.

   Y aquí vino la madre de los desastres. LEER TODO EL ARTICULO EN SU PUBLICACION ORIGINAL

Diferencias entre las políticas liberales del PP y la apuesta socialista por el mayor logro colectivo español

Asturias afianza su modelo sanitario público

Por JULIO BRUNO, DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL PRINCIPADO 

La Nueva España

Vivimos estos días un momento clave en el debate sobre el sistema sanitario público, sus propiedades idóneas y la aceptabilidad de su coste en un momento de profunda caída de los ingresos públicos. Esto, que enunciado así parece poca cosa, no lo es. Estamos debatiendo, en definitiva, sobre lo que seguramente sea el mejor logro que hemos conseguido los españoles como sociedad.

En la construcción del sistema nacional de salud se han empleado tal vez los mayores esfuerzos públicos y políticos. Ha sido una cuidadosa tarea de construcción sostenida en el tiempo que ha venido transmutando durante los últimos treinta años la precaria situación sanitaria de la España de los primeros 80. Una labor que ha culminado con la implantación de un modelo de servicio público, regionalizado, conquistando el aprecio de los ciudadanos hasta el punto de que en 2010 los españoles que consideraban la sanidad como un problema eran menos del 10%, y los asturianos, un porcentaje aún menor, por debajo del 3%.

España se encontraba entonces entre los diez países preferidos para recibir asistencia sanitaria por los ciudadanos europeos («Health Systems in Transition, HiT, Spain 2010»), valorando el estado de salud de la población, la cobertura, la accesibilidad, la equidad financiera, los resultados de salud atribuibles a la acción del sistema sanitario, la calidad y la seguridad de la atención, la satisfacción de los usuarios y la legitimidad del sistema. También porque el sistema nacional de salud está considerado entre los más eficientes de la OCDE.

La decisión del PP, partido gobernante, de modificar las bases del sistema, fragmentando el aseguramiento para introducir «el mercado» en la provisión de servicios sanitarios, está cambiando drásticamente aquella percepción de los ciudadanos, convirtiendo en un serio problema el futuro de la atención sanitaria. Las actuaciones realizadas en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, introduciendo modelos privados de explotación de lo público, o la falta de transparencia y dudosa legitimidad, por no figurar en su programa electoral, están señalando el carácter eminentemente ideológico -por mucho que se empeñen en vincularlo a la crisis- de este modelo trufado de improvisación, que, a su vez, intenta la evasión de los controles democráticos que caracteriza la actuación del PP sobre la sanidad.

Esta situación de revisión encubierta y opaca, de objetivos negados en la campaña electoral, y basada más tarde en aseveraciones tan falsas como ese mantra neoliberal de que la sanidad privada gestiona mejor, es una cuestión que afecta de un modo muy diverso a las comunidades autónomas en función de las políticas públicas que se adoptan.

Lógicamente, la posición de quienes, como el Gobierno de Asturias, defienden un modelo de servicios públicos basado en la universalidad, la eficiencia y la equidad, confrontan con gobiernos del PP de comunidades que consideran la sanidad como una carga impositiva y un nicho de negocio para la empresa privada. No cabe la justificación basada en la crisis financiera que el partido gobernante utiliza como burladero para ocultar las verdaderas razones -como digo, ideológicas- que animan su política de deconstrucción del sistema de salud.

El contraste entre Asturias y Madrid o Valencia es evidente, y demuestra que la voluntad política de preservar el sistema sanitario público se traduce en actuaciones diametralmente opuestas a las de quienes quieren privatizarlo. El último barómetro del CIS colgado en el Instituto de Información Sanitaria del Ministerio nos lo reveló en 2011: Asturias era la comunidad autónoma en que los ciudadanos estaban más satisfechos con la sanidad, mientras que aquéllas ya mostraban notables déficits. Del mismo modo, la Agencia Estatal de Evaluación señaló que el 83% de los asturianos estaban bastante o muy satisfechos con la asistencia sanitaria, mientras que las comunidades de Madrid, Valencia o Cantabria estaban en la cola.

El informe 2012 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lo corroboró entonces y vuelve a hacerlo ahora, en 2013, situando a Asturias entre las comunidades en que mejor se valoran los servicios sanitarios públicos, junto a Navarra, el País Vasco y Aragón. El sistema asturiano siempre ha estado bien situado en este tipo de evaluaciones, que ahora la incluyen como la región con mayor esperanza de vida en buena salud. Sin embargo, de modo reiterado en los informes de satisfacción y también en los que valoran la accesibilidad y los recursos, las comunidades gobernadas en las últimas legislaturas por el partido conservador registran la peor valoración.

Estas valoraciones que traducen finalmente el efecto de una concepción de lo público y del servicio a los ciudadanos también se visualizan en el modo de enfrentar la crisis fiscal, diametralmente opuesto según se mire para Asturias o para Madrid o Valencia, por poner dos ejemplos. Mientras que Asturias mantiene la cartera de servicios, aquéllas la recortan; mientras que aquí se mantienen los dispositivos, en Madrid, en Castilla-La Mancha o en Valencia o se cierran o se privatizan, y mientras aquí se afronta la productividad del sistema público para hacerlo más eficiente para el ciudadano, los gobiernos del PP aplican políticas liberales ajenas a la eficiencia del sistema público -en el que demuestran no creer-, actuando sin base en ninguna evidencia sobre la bondad del modelo que proponen.

Por eso, los últimos meses de conflicto sanitario en Asturias en nada se parecen al conflicto que se está viviendo a nivel nacional. Aquí se discutía cómo hacer más productivo -y por lo tanto más legítimo- lo público. Allá, por el contrario, se protesta por las decisiones de mercantilización de la salud y de copagos impuestos por el PP a la ciudadanía y a los profesionales. Del conflicto de Asturias hemos salido aumentando en más de tres millones las horas de capacidad anual del conjunto de los profesionales del sistema sanitario. Es decir, más recursos al servicio del ciudadano, con una disminución de más de seis millones de euros en horas extraordinarias, con una disponibilidad de más de 66.000 horas anuales de dedicación profesional a la organización y el trabajo en equipo, sin cuantificar las que se puedan incorporar por los médicos mayores de 55 años y con el compromiso de desarrollar un amplio diálogo profesional para incorporar la gestión clínica en el sistema y la mejora de los servicios.

La estrategia del Gobierno central (avanzar de manera continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un sector de negocio basado en el privilegio para quien pueda pagarla, un servicio limitado para mantener la capacidad productiva de algunos asegurados y dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia) está consiguiendo hacer perceptible su modelo mercantilización del sistema. Las diferencias de valores son claras. La crisis no justifica, por otra parte, la implantación de modelos injustos además de ineficientes. En Asturias, por el contrario, se afianza un modelo de servicio sanitario de calidad con la continuidad del sistema público que tanto aprecian los ciudadanos.

Muy a propósito y muy oportuno el artículo

Una casta insostenible

Los que culpan a los ciudadanos del déficit público son los mismos que reclaman para sí la presunción de inocencia ante casos de corrupción

Por Gabriela Cañas Pita de la Vega, en El País.

Por fortuna, y por muy mal que funcione, existe un sistema judicial capaz de hacer de contrapeso de las erróneas decisiones políticas. La paralización del euro por receta en Cataluña es una buena muestra de ello. El artículo 149 de la Constitución Española dice que es “competencia exclusiva” del Estado la “legislación sobre productos farmacéuticos”, razón por la cual el Gobierno central recurrió la tasa. La admisión a trámite por el Contitucional ha dejado en suspenso la medida, una vez recaudados, eso sí, casi 46 millones de euros que los ciudadanos que pagaron quizá no recuperen nunca.

Esos políticos que tanto se llenan la boca defendiendo las instituciones, la democracia y las leyes son los mismos que actúan contra principios tan nítidos de la Carta Magna a costa de hacer pagar aún un poco más a los ciudadanos (una pizca de muchos es mucho dinero). Lo más sorprendente es que el presidente de Madrid, Ignacio González, mantenga la misma medida que Cataluña a la espera de que el Tribunal Constitucional paralice el cobro de la tasa. González ya advirtió en su día que en ningún caso devolvería el dinero recaudado. ¡Estupendo!

Todo esto viene a demostrar varias cosas. La primera de ellas es que los mecanismos que rigen en el Constitucional no son de sentido común. Tarda meses en admitir a trámite un recurso y lo hace justo cuando tiene la certeza de que en breve le llegará un recurso similar por el caso madrileño. La segunda evidencia es que no solo los políticos soberanistas desprecian, como alegan algunos, la Constitución Española. ¿Con qué autoridad podrá hablar González ahora de los planes de Artur Mas? Una tercera evidencia es el escaso respeto que se tiene hacia los administrados, a los que se les imponen nuevos pagos y, encima, se les acusa de malgastar en medicamentos. Víctimas culpabilizadas de esta crisis.

Ejemplo similar de mala gestión y desprecio hacia las leyes y los ciudadanos es el de esos gobiernos autónomos que, para ahorrar, se han lanzado a cerrar servicios de urgencias sanitarias en las zonas rurales. Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Madrid y Murcia ya lo hicieron. Ahora, Dolores de Cospedal pretendía ínfimos ahorros (entre 1 y 6 millones de euros) cerrando las urgencias de 21 pueblos; y ello a pesar de la ley orgánica 137/1984 que explicita en su artículo primero que la ubicación de un centro de salud no puede estar distante en “un tiempo superior a treinta minutos con los medios habituales de locomoción”. Por fortuna, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha paralizado el cierre. Nada se sabe a fecha de hoy si el resto de las comunidades van a tomar nota o, como Ignacio González, se van a hacer los locos con tal de seguir ahorrando unos euros a costa de aumentar la ansiedad de los ciudadanos y de poner en riesgo su salud.

Las razones aducidas por Cospedal para este nuevo ataque al Estado de Bienestar es que se hace para defender la sostenibilidad del sistema. Es otro mantra de la política actual: o recortes o el caos. El jueves pasado, su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, aprovechaba el escándalo de los 29.170 beneficiarios fallecidos que figuraban en las listas de la ley de dependencia para explicar en Abc que hay que reformar el sistema y cargar contra la cultura del despilfarro que fomentaron los socialistas. Por cierto, más de 200.000 personas siguen esperando su derecho a la asistencia estatal por dependencia, pero eso no parece llamar la atención.

Y todo este embrollo de la tasa por receta y el cierre de las urgencias en las áreas rurales ocurre mientras se conocen nuevas y escandalosas noticias de saqueo y corrupción política que salpican muy especialmente a estos gobernantes que tanto han clamado contra los excesos de sus oponentes políticos. Curiosa casta política esta que reclama para sí y los suyos la presunción de inocencia mientras no tiene empacho en culpar a los ciudadanos de los problemas de las finanzas públicas. Ellos sí que son insostenibles. No es que estén alejados de los ciudadanos; es que forman parte de las élites sociales que se mueven en coche oficial; esas que compran áticos millonarios en Marbella o que, presuntamente, cobran sobresueldos en negro, pero se escandalizan de que la gente se aprovisione de antidepresivos en casa.

En el Blog Interferencias de eldiario.es merece la pena leerlo.

Querido Lasquetty, tenemos que hablar…

Primera carta a Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

"Basada en un hecho real": ir al médico y a la farmacia con unas recetas

Por Stéphane M. Grueso.

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Querido Lasquetty, tenemos que hablar...

Oye..., pero si no sé ni como te llamas. A ver que mire… ¡Ah! Javier, y con un "Fernández-" antes del Lasquetty. Supongo que en el cole te pondrían bien con el nombre JOJOJO, te lo digo yo que tengo nombre francés y no veas... Te adelanto que nuestra relación va a ser meramente platónica y epistolar, que los hombres de ultracentro no somos de "distancias cortas", ya me entiendes…

Bueno, me (ultra)centro. Te escribo esta misiva porque esta mañana, como enfermo crónico que soy, he ido al medico a por las recetas que tengo que recoger cada mes (o cada dos meses) y a la farmacia, y me he encontrado por primera vez cara a cara con el famoso euro por receta. Sí ese euro por receta que parece que no le gusta a nadie. ¿No es un poco extraño que hasta tu propio Presidente, Don Mariano Rajoy Brey lo haya recurrido al Constitucional? Y si, Lasque, y perdona las confianzas, pero si tú me privatizas la sanidad, yo me puedo permitir cierta cercanía, entiendo. Decía que me resulta cuanto menos curioso que gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta en el Gobierno y en la Comunidad no se pongan de acuerdo con esto y tengan que ir a los tribunales con el coste, retraso y desconcierto para los ciudadanos que esto trae… Deben de ser las technicalities esas de las que hablaba Esperanza Aguirre, que por cierto, Lasque, hoy se ha ido a la empresa privada a hacer “cosas liberales”… Pero quedémonos en la sanidad, hombre, que tampoco se trata de agobiarte con cosas que no son de tu reino. Como sí que es el tema este de los análisis del bueno de Güemes. Anda que… ¿de verdad que no se pueden hacer estas cosas de una forma un pelín más discreta? Por cierto, siempre me quedé con la duda de si tuvo algo que ver con la dimisión del Sr. Güemes el hecho de que su suegro el Sr. Fabra se operase en Madrid de un transplante de hígado en vez de en Valencia… ya sabes eso de los transplantes, donde los poderosos no pueden hacer nada y todos somos iguales. No hay privilegios y el dinero no ayuda. Y ya sabes, el Sr. Fabra, el de la lotería y los aeropuertos… ¿Sabes tú algo de eso? Y me viene también a la mente el Sr. Lamela y el asunto de las sedaciones, perooooo… Bueno, mejor te cuento mi experiencia de hoy.

Siéntate y ponte un Soberano, que la historia te va a encantar...

Diez de la mañana. Voy a mi ambulatorio a por recetas. Tengo un serie de enfermedades crónicas y consumo actualmente bastante medicamentos. En este caso voy a recoger las necesarias para dos meses. En total unas 20 recetas.

A las diez y diez estoy fuera. Por cierto, me encanta ver mi centro de salud empapelado de carteles reivindicativos y SOBRE TODO informativos sobre los derechos del paciente y pidiendo comprensión por las molestias de la huelga.

Me voy de allí habiendo agradecido a todo el personal que me he encontrado sus esfuerzos en su lucha (que es la nuestra) y me acerco a la farmacia. Una farmacia cualquiera. Una farmacia de barrio. [Nota mental: llevarle naranjas de las que me ha traído mi hermano de Sevilla a mi enfermera la próxima vez que vaya, que es un solete.]

En la farmacia me encuentro a una señora que precisamente está rellenando los papeles de negarse a pagar el euro por receta y, ¡SORPRESA! No te lo vas a creer, Lasquetty, era Helen Darbishire, sí, la vicepresidenta de Acces Info Europe, esa ONG que trabaja por la transparencia y a la que acabáis de multar con 3.000€ por atreverse a preguntar, precisamente sobre transparencia… Pues estuve hablando con ella y con mi farmacéutica y no veas que exitazo. ¡Lo habéis petao Lasque! En esa farmacia pequeña del centro, docenas de formularios en pocos días. El tóner acabado… Helen no podía rellenar los suyos y se fue a la ofi. Yo me fui a casa a imprimir los míos. Acabé yendo a la copistería.

Volví con unas 60 (SESENTA) copias medio rellenas ya y otras 300 (TRESCIENTAS) vacías para la farmacia. Cuando volví, Helen había dejado ya otro tacote más para la farmacia (joder con los antisistema…) y bueno, pues me puse a rellenar formularios. Ya había traído yo impreso los míos con todos los datos menos fecha, firma y número de receta. Pero me llevo más de una hora (UNA HORA, UNA HOOOORAAAA) rellenarlos...

Lasque, compadre, no es por nada, pero algún malpensado antisistema perroflauta podría eventualmente llegar a pensar en determinado momento que esto está mal hecho a drede, ¿no? Y yo tengo 39 años y todavía veo bien. No te quiero contar los abuelos buscando el “ número CIPA” de su tarjeta sanitaria. Por no hablar de que el Colegio de Farmacéuticos se ha plantado y ha dicho que ellos pasan de recoger fotocopias del DNI. Vamos que funciona todo como la seda.

También me contó mi farmacéutica que estaba encantadísima de su nueva línea de internet que había tenido que contratar (y pagar, claro) obligatoriamente con Telefónica para un servicio que todavía no funcionaba. Me contaba como los abuelos sólo canjeaban ya las recetas urgentes y todas las demás se las guardaban para el fin de semana: “Nos las llevamos al pueblo y así no pagamos el euro”. Vamos, que en las zonas rurales de las dos Castillas tienen que estar contentísimos despachando las medicinas de la tercera edad de toda la Comunidad de Madrid los sábados. Me contaba también mi farmacéutica, que a pesar de su insistencia y activa ayuda, mucha gente declinaba hacer la objeción ante lo farragoso del sistema y ante las “posibles represalias esas” de las que hablas en la tele. Pues vaya.

También me ha explicado “el truco”. Sí, Lasquetty, lo de el 1,67€. Repito de memoria pero creo que no me equivoco. Resulta que a partir de esa cantidad es cuando hay que pagar el euro por receta. Me puso un ejemplo. Omeprazol. El Omeprazol es un protector de estómago que lo toma prácticamente la totalidad de las personas mayores que toman otros medicamentos, o sea, todo el mundo. Pues tiene un precio de venta al público de 2,40€. O sea que cae dentro del euro por receta. Si vas a tu médico y te lo receta, y tu tienes un copago del 50% (que es algo bastante usual según me cuenta), se te queda en 1€ de la receta mas 1,20€, con lo que acabas pagando 2,20€, prácticamente lo mismo que el PVP. Así que no vas la médico y no pides la receta, y renuncias a tu derecho, que es de lo que se trata, no Lasquetti?

Al final salí de la farmacia dos horas después con mis medicamentos, habiendo pasado por la copistería, habiendo aprendido un montón, reforzado lazos en el barrio, conocido a mi farmacéutica y habiendo NO-PAGADO 20€ a la Comunidad de Madrid o tal vez a la red Gürtel o al mismísimo Sheldon Adelson, que hoy en día ya no se sabe, oiga. 

Así que aquí estoy, Lasquetty. Ven a cobrarme antes de que te tiren esa ley los tuyos. O de que acabes mal o bien, que por lo visto de esa Consejería no se sale indiferente.

Un saludo de tu muy crónicamente enfermo,

Stéphane

p.s. Si te encuentras por ahí a la Cristi (Cristina Cifuentes, digo) coméntale por favor que no me olvido de ella. Sé anda ocupada con querellas por lo penal y eso, pero que lo nuestro sigue y que pronto tendrá noticias mías en el registro de no su, que sí nuestra Delegación del Gobierno. Besos.

p.s.2 Oye, Lasquetty. no es que no me fíe ni nada, pero voy a dejar este link por aquí, ¿vale?

p.s.3 Bueno Lasquetty. Ahora, tómate el segundo copazo y léete esto, pero te aviso. impresiona. Claro, es la realidad.

Esta claro pero no está de más insistir

La tasa del euro por receta es injusta, ilegal e inconstitucional

Por Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

La mayoría del PP de la Comunidad de Madrid ha aprobado la instauración de la tasa de un euro por receta en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29/12/2012), y la medida se ha puesto en marcha el mismo día 1 de enero.

Esta tasa supone un claro atropello que desde la ADSPM hemos impugnado ante el Ministerio de Sanidad, Defensora del Pueblo y Fiscalía General del Estado porque entendemos que esta tasa es ilegal ya que la Comunidad Autónoma de Madrid carece de competencias para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las siguientes leyes:

Constitución Española

Ley General de Sanidad

Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

Ley del Medicamento

A ello hay que sumar el Dictamen del Consejo de Estado (623/2012) de 21 de junio de 2012 que señala la inconstitucionalidad de la tasa de un euro por receta impuesta en Cataluña, y la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Cataluña.

Esta tasa, este nuevo copago que se suma a los ya establecidos a nivel general por el Gobierno, aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del Estado, impide que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se realice en condiciones de igualdad efectiva en todo el país, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la Seguridad Social en Madrid.

Además se trata de una tasa injusta que penaliza a los mas pobres y los mas enfermos y que se suma a los copagos farmacéuticos ya establecidos con carácter general por el RD Ley 16/2012, y a los copagos sobre transporte sanitario, dietas y prótesis y ortesis que hacen que el acceso a las prestaciones sanitarias sea cada vez mas difícil para las personas mas enfermas y con un menor nivel económico, que como es bien sabido son cada vez mas por una política equivocada.

La Comunidad de Madrid, con la incompetencia que le caracteriza, ni siquiera ha puesto en marcha el sistema informático necesario, por lo que las tasas que se abonen durante el mes de enero y hasta que este sistema informático este disponible, no se computaran para el máximo anual de 72 € que establece esta ley, de manera que los madrileños acabaran pagando cantidades muy superiores, y también debe señalarse que el tope se establece sobre cada persona física y no sobre la unidad familiar, con lo que por ejemplo, una familia de 5 miembros tendrá un tope real de 360 € anuales. Por cierto este tope se fija de manera anual para recaudar el dinero lo antes posible, porque es más que probable que las personas con problemas importantes de salud hayan superado el tope en 2 o 3 meses.

Otro hecho que habría que resaltar es que parece mas que probable (ya esta sucediendo) que una parte de las recetas que se prescriben en Madrid sean recogidas en las farmacias fuera de esta Comunidad (en Castilla La Mancha o Castilla y León) con lo que los usuarios se ahorrarían la tasa, la Comunidad de Madrid no conseguiría su objetivo recaudatorio y solo se perjudicaría a las farmacias madrileñas.

Los formularios que la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de las farmacias para no pagar la tasa son ambiguos y amenazantes, y parecen incluir la aceptación de los ciudadanos de estar cometiendo una infracción, cuando en realidad la ilegalidad la comete el gobierno de la Comunidad de Madrid, por eso recomendamos a quien los utilice que añada a mano su rechazo a esta tasa ilegal e inconstitucional.

El Consejo de Ministros de ayer (por el viernes) ya ha decidido presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, condicionándolo de manera incomprensible a un informe positivo del Consejo de Estado, que ya había señalado en junio de 2012 la inconstitucionalidad de la tasa en cataluña .Habría que exigir también que se paralice rápidamente la aplicación de una tasa que es injusta e ilegal, y de cuya aplicación se pueden derivar daños irreparables para la salud y la vida de la población, al impedirles el acceso a los medicamentos que necesitan.

Así lo ven el SESPA y el SIMPA: entrevistas a Celia Gómez, Gerente del SESPA y a Angel Colmeiro, reponsable de atención especializada del SIMPA, en El Comercio.

«Hay que ponerse a trabajar ya mismo»

«La solución en lo del descanso tras la guardia es buena para todos»

13.01.13 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

A Celia Gómez, asturiana pero fichada desde Andalucía, le ha tocado vivir como gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) el mayor conflicto sanitario que se conoce en Asturias. Después de 96 días de protesta, ayer hizo balance.

-El consejero de Sanidad dijo tras sellar el acuerdo que «no hubo vencedores ni vencidos». Sin embargo, la balanza parece inclinarse más hacia los médicos.

-Lo que tanto el consejero de Sanidad como el secretario general del Simpa declararon en rueda de prensa lo resumen muy bien: ha sido un acuerdo equilibrado. Es el primer decreto sobre jornada, horario y descansos del que dispone el Sespa desde las transferencias y será una importante herramienta de gestión.

-¿Cuántas reuniones han celebrado para llegar hasta aquí?

-Más de 30, incluidas las sectoriales.

-¿No le parece que los médicos han salido victoriosos con lo del descanso tras la guardia? Al final no se destinan al trabajo de tarde.

-La solución que le hemos dado a las seis horas adicionales es buena para todos, sobre todo porque incide en un elemento clave como es la continuidad asistencial dentro del hospital. Los facultativos van a discutir casos clínicos y programas transversales. Ha sido una solución en la que nos hemos podido encontrar.

-Ya, pero el Sespa partía de una propuesta algo más optimista en cuanto a recuperación de horas.

-Recuperar y sistematizar las horas de las sesiones clínicas es un punto de avance importante para el Sespa.

-¿No son horas que ya hacían los facultativos?

-Si, en la mayoría de los servicios, pero no en todos.

-Si son horas que ya se realizaban, entonces su devolución queda en nada...

-Niego la mayor. Hay contenidos como son las sesiones clínicas y otros programas asistenciales que no se pueden menospreciar. Es cierto que son horas que se hacían en muchos servicios pero ahora se harán en todos.

-¿La paz sanitaria será duradera?

-Por nuestra parte, sí. Hay que recuperar la normalidad en los centros y ponerse a trabajar ya mismo.

-¿No cree que ese 'buen entendimiento' que se vio entre ustedes y la cúpula del Simpa tras la firma del acuerdo, después de tres meses de protesta y con las enormes listas de espera que generó la huelga, puede sentar mal a los pacientes?

-Me parece una frivolidad ese planteamiento. El hecho de tener una diferencia laboral no significa que te tengas que pegar en la calle. Es parte de la dialéctica en los conflictos.

-Estuvo usted en las negociaciones con el Sindicato Médico, pero a partir del 8 de enero, la asumió directamente el consejero de Sanidad y se resolvió en 4 días.

-Si, llegó un momento en que se decidió un cambio de escenario para poder producir el cierre del conflicto, pero Sespa y consejería son la misma administración.

-¿No cree que eso le ha quitado autoridad?

-No, no, para nada.

«Este acuerdo se podría haber cerrado ya en noviembre»

«En el Simpa no nos sentimos ganadores. En una huelga médica pierden todos, sobre todo, los enfermos»

13.01.13 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

A Ángel Colmeiro, presidente de Atención Especializada del Simpa y miembro del comité de huelga, se le atribuye la responsabilidad de haber logrado desbloquear el conflicto que derivó en un acuerdo entre médicos y Sespa.

-¿Se siente ganador el Simpa?

-No, no, en absoluto. En una huelga médica siempre pierden todos, sobre todo, los enfermos.

-Pero su 'línea roja', el descanso después de la guardia, queda, en la práctica, como estaba.

-No es exactamente así. Lo que hace el decreto de jornada es reconocer una actividad que se venía haciendo en muchos servicios de forma habitual y que hasta ahora no se computaba como trabajo. Pero hay servicios y centros de salud que hasta ahora no hacían y las tendrán que hacer.

-Pero ya no son las 7,5 horas por guardia que tenían que devolver.

-Bueno, visto así, sí.

-No ve más en el debe del Simpa que en el haber, ¿o va a seguir siendo políticamente correcto?

-Es momento de hablar de acuerdos y no de escarbar heridas.

-¿Se podría haber firmado antes?

-Si, por supuesto.

-¿Cuánto antes?

-Ya en noviembre nuestro sindicato planteó al Sespa que las horas salieran de las sesiones clínicas y del trabajo que los médicos hacemos al término de cada guardia.

-¿Y qué pasó entonces?

-Dijeron que nos constestarían pero no lo hicieron hasta el 8 de enero.

-El encuentro con el consejero de Sanidad, el día 8 de enero, fue crucial. ¿Qué pasó allí?

-Me llamó el consejero a las tres de la tarde y me citó para dos horas después. Acudí tras consultarlo con mi secretario general. Estuvimos cinco horas hablando y logramos avanzar mucho.

-Le van a acusar de ser amigo del consejero de Sanidad.

-Me han dicho ya de todo, así que no me asusto. Con Faustino Blanco nos conocemos desde jóvenes porque hicimos la carrera juntos, en Oviedo, y mantenemos un buen nivel de comunicación, sólo eso.

-¿Y de qué hablaron?

-De todo. Fue una reunión dura pero muy sincera y productiva.

-Hay médicos a los que no le gusta el acuerdo.

-No se puede contetar a todos.

-Le pregunto lo mismo que a la gerente. ¿Ese buen rollito con el Sespa tras el acuerdo no puede molestar a los pacientes?

-No lo había pensado, pero es posible. Si fuera paciente a lo mejor también me parecería mal.