OPINION

“Los trabajadores sanitarios deben ser conscientes de la necesidad de preservar este sistema”

«La subida de impuestos estará en la negociación presupuestaria»

«Nadie puede acusar a este Gobierno de no impulsar medidas impositivas dirigidas a las rentas más altas».

Foto: Guillermo Martínez Consejero de Presidencia.

18.11.12 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

En pocos días, Guillermo Martínez cumplirá sus primeros seis meses como consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo asturiano. Prudente y comedido en cada una de sus manifestaciones, el ya ex alcalde de Siero reconoce que la prioridad del Gobierno es cerrar los presupuestos y hacerlo con el mayor apoyo posible.

-No hay semana en que no se conozca el cierre de una empresa o el despido de trabajadores. ¿Está el Gobierno atado de pies y manos para frenar esta sangría?

-Hay dos cosas importantes. Por un lado, se demuestra que la receta del Gobierno central no es la más adecuada. Y luego están las decisiones de las grandes multinacionales, alejadas de los poderes regionales que no pueden hacer otra cosa que plantear su colaboración para que esas deslocalizaciones no se lleven a cabo. Los gobiernos sienten impotencia y lo único que podemos hacer es poner todos los instrumentos para seguir haciendo atractivo un territorio como Asturias.

-Reconocía recientemente Graciano Torre que no le sorprendería que Asturias llegase a los 115.000 parados. ¿Se sitúan en ese escenario?

-El Gobierno se esfuerza en que la cifra del desempleo no siga creciendo y pondremos todos los instrumentos para evitar que la sangría del paro aumente. Creemos, en este sentido, que la política económica llevada a cabo por el Ejecutivo central es equivocada. Una política de austeridad agresiva va en contra del desempleo. La lucha contra el paro es nuestra prioridad y debería ser la del Gobierno de Rajoy.

-¿Tienen entonces un as en la manga para frenar el desempleo?

-El marco en el que tenemos que operar es muy restrictivo. Sin embargo, haremos una política económica proactiva a pesar de las limitaciones presupuestarias que tenemos.

-¿Allanará el camino el pacto social? Parece que hay dificultades.

-Hay varias formas de encarar una crisis y el Gobierno asturiano apuesta por este instrumento. Debemos afrontar con el mayor grado de consenso posible los próximos años porque esa estabilidad genera confianza a los inversores y es fundamental para preservar los servicios básicos.

-El PP, esta semana, acusaba al Gobierno y a los agentes sociales de malgastar dinero en formación. ¿Está justificada esta crítica?

-El PP está empeñado en imponer una determinada salida a esta crisis y muestra una escasa preocupación por la formación de las 103.000 personas que tienen tantas incertidumbres sobre su futuro. Me gustaría llamar a la colaboración del PP y pedirle que se aleje de este tipo de posturas, que más que desacreditar a los sindicatos y empresarios, perjudican su propia acción en Asturias.

-¿La concertación es el camino más corto para pactar el presupuesto?

-El presupuesto es imprescindible para la lucha contra el desempleo y más en este contexto de crisis. Asturias no puede afrontar un nuevo año sin cuentas. Confiamos en la responsabilidad, no sólo de los grupos políticos, sino de toda la sociedad. No hay alternativa a que no haya presupuestos el próximo año.

-Esa llamada a la responsabilidad, ¿va dirigida a IU?

-La responsabilidad es de todos, pero está claro que en esa búsqueda de consensos figuran dos formaciones que apoyaron la investidura (UPyD e IU). Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que las cuentas reciban el máximo apoyo posible, pero con estas dos formaciones priorizaremos la negociación.

-Habla de hacer esfuerzos. ¿Incluye la subida de impuestos que reclama Izquierda Unida?

-La subida de impuestos estará en la negociación presupuestaria. El Gobierno, de todos modos, ha dado muestras en estos meses de comprometerse con la progresividad en los impuestos, es decir, hacer recaer en aquellas rentas más altas un mayor esfuerzo fiscal. Le recuerdo que una de las medidas que iba en la ley de medidas urgentes era subir un 10% Patrimonio e incrementar el IRPF a las rentas más altas.

-¿Consideran estas medidas impositivas suficientes?

-Lo que estoy diciendo es que nadie puede acusar al Gobierno de no impulsar medidas impositivas netamente progresivas hacia los que más recursos poseen. El resto de figuras impositivas entran dentro de la negociación de los presupuestos.

-Asturias es una de las que más impuestos propios ya aplica. ¿No sería contraproducente en un momento como el actual pedir más a los contribuyentes?

-Estamos haciendo un esfuerzo por mantener los servicios públicos de calidad. En Asturias, como dijo el presidente, no se va a cerrar ningún hospital. Tampoco se han subido las tasas universitarias en el primer curso. Son medidas estas que se compensan con una política impositiva progresiva. En todo caso, cada figura es distinta y habría que analizar qué capacidad de recaudación tiene cada una. Todo entra en la negociación presupuestaria.

-El Gobierno plasmó su propuesta en la ley de medidas extraordinarias que, sin embargo, no salió adelante tras la decisión de IU de presentar una enmienda a la totalidad.

-El Parlamento es plural y somos conscientes de la necesidad de buscar los más amplios acuerdos. En el momento en que IU retira el apoyo a la ley de medidas urgentes, el Ejecutivo asume que tienen que negociar de nuevo la batería de medidas para conseguir el más amplio acuerdo y lo haremos rápidamente.

El rechazo a un modelo

-El PSOE apoyó la huelga general de esta semana. ¿Qué lectura hace del paro el Gobierno regional?

-La huelga ha tenido aquí una mayor incidencia que en el resto de España. Creemos que hay una mayor conciencia social en Asturias, un mayor sentimiento de la situación por la que atravesamos y las medidas que se están adoptando para hacer frente a la crisis. Es decir, se constata el rechazo al modelo económico y social del Gobierno central.

-¿Y no teme un aumento de la conflictividad laboral en la región?

-Esa es una razón más para insistir en la importancia de la concertación.

-¿Falta responsabilidad en los trabajadores del ámbito sanitario?

-El esfuerzo para acabar con este conflicto es claro. El Gobierno ha buscado soluciones desde el primer día. Nos hemos marcado una serie de prioridades como es el mantenimiento de un servicio público de calidad. Haremos todos los esfuerzos posibles, pero siempre con esa prioridad. Los trabajadores sanitarios deben ser conscientes de la necesidad de preservar este sistema. Si lo entienden así será posible el acuerdo.

-Esta semana anunciaba un plan contra los deshaucios en el que asumen medidas impulsadas por IU. ¿Es un guiño de cara a la negociación de las cuentas públicas?

-Nunca hemos ocultado que IU está detrás de algunas de las medidas. Este Gobierno está dispuesto a aplicar aquello que consideramos del interés general para la ciudadanía.

-¿Qué le parecen las propuestas del Gobierno central?

-Todo lo que suponga un avance en este sentido va a ser positivo, pero no creo que lo hecho por el Gobierno central sea una solución efectiva para las miles de familias que se encuentran en una situación delicada. Al Gobierno central le falta sensibilidad y valentía a la hora de afrontar una política económica distinta. Traslada una imagen a la opinión pública de resignación.

-PP y PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo sobre los deshaucios. ¿Usted ve posible llegar a acuerdos en Asturias con los populares?

-Todos los días nos preguntamos por qué los ciudadanos se alejan de la política. El PP ha actuado en Asturias con un síndrome muy desarrollado de una especie de delegación del Gobierno, de defensa a ultranza de todas las políticas que ha venido desarrollando el Ejecutivo de Rajoy. Es muy difícil de justificar lo que ha hecho en sectores como la minería. Han aplaudido todo, sin excepción.

-El anterior Gobierno se quejaba de la herencia recibida. ¿No tienen ustedes esa tentación?

-Mirar para atrás no arregla las cosas. Hay muchas cosas sobre la mesa en las que pensar antes.

-¿Qué opinión le merece que el Ayuntamiento de Gijón critique la «falta de implicación» del Principado a la hora de buscar soluciones al cierre de Suzuki?

-El Gobierno, desde el primer momento, mostró colaboración para continuar con la actividad y evitar el cierre, así como la búsqueda de nuevos inversores. No voy a valorar las declaraciones, ni en el fondo ni en la forma. El tiempo pone a cada uno en su lugar. El Principado ha estado siempre intentando encontrar soluciones. Sería bueno que todos colaborasen y que nadie quisiera un protagonismo especial. Los protagonistas son los trabajadores.

No es caridad lo que requieren los desahucios, sino el fin de los privilegios bancarios

Terminen con una ley injusta

Por Gabriela Cañas, 12 NOV. 2012, en Tribuna de El País.

Centenares de miles de familias españolas se endeudaron para adquirir una vivienda y pagaron a la entidad crediticia durante años hasta que llegó la crisis. Ahora les han arrebatado su casa —aunque nadie viva en ella— y su deuda sigue siendo enorme; en ocasiones, mayor que lo que en su día recibieron por culpa de unos intereses de demora exorbitados. Desde 2008, se han decretado en España entre 350.000 y 400.000 desahucios y el ritmo se ha acelerado en los últimos meses: ahora se sitúa en 500 diarios.

Este drama que ya denunciaron el movimiento 15-M y las asociaciones de afectados por la hipoteca ha llegado, por fin, a los centros de decisión. Hasta la fecha, esos centros de poder se habían conformado con poner paños calientes. Los socialistas elevaron el nivel de inembargabilidad de los deudores de más bajo poder adquisitivo, lo que ha reducido los beneficios a un pequeño porcentaje de ciudadanos en la indigencia, y el Gobierno de Rajoy aprobó en marzo un código de buenas prácticas; una apelación a la sensibilidad de los bancos de la que estos han hecho, prácticamente, caso omiso.

Hace ya casi tres semanas que EL PAÍS dio a conocer el contundente informe que una comisión de siete magistrados elaboró sobre este asunto. La comisión, coordinada por el vocal del Consejo General de Poder Judicial Manuel Almenar, ha denunciado los abusos del sistema español de desahucios, el procedimiento privilegiado de cobro de hipotecas que utiliza la banca y la "comercialización torticera de productos financieros complejos". La modificación legislativa, según esa comisión, es urgente. Las movilizaciones ciudadanas y los suicidios también indican que hay una emergencia social.

Ese informe de los magistrados, el interés de la Defensora del Pueblo, la persistencia de periódicos como este en la denuncia de esta iniquidad, la dura crítica del Tribunal de Luxemburgo a la ley española y el respaldo dado por 46 jueces decanos de toda España al análisis de la comisión Almenar parecen estar logrando, por fin, la reacción adecuada que este terrible problema requiere. El PSOE dejó pasar la oportunidad de resolverlo cuando estaba en el poder y rechazó las propuestas de IU y UPyD cuando ya estaba en la oposición. Ahora ha reconocido el error y ha presentado un proyecto de ley, similar a la de esas formaciones, que este Gobierno debería tomar como hoja de ruta.

Al Ejecutivo de Rajoy hay que reconocerle algunas medidas tomadas en el sector financiero, como el límite a los emolumentos de directivos de entidades intervenidas. Pero también es obra de ese mismo equipo el mayor paquete de ayudas destinado jamás al saneamiento de la banca española y muy especialmente de Caja Madrid, la entidad controlada en las dos últimas décadas desde el PP regional y que dio origen a Bankia.

Parece obvio que en los cálculos del Gobierno no entraba poner coto a esos privilegios legales que permiten a las entidades de crédito despojar de sus bienes pasados, presentes y futuros a cientos de miles de ciudadanos. Así creo que lo demuestra esa primera rueda de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría del 2 de noviembre tras el Consejo de Ministros, cuando pareció preocuparse más de la valoración de la banca española que de los han perdido todo a causa de una ley que data de 1909 y que ha sido denunciada por ser tan injusta.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dicho ahora que es urgente tomar medidas y se ha puesto a trabajar en ello con el PSOE. Es importante, sin embargo, que la urgencia no desvirtúe el sentido de las modificaciones necesarias y que el Gobierno no caiga en la tentación de limitar su acción a socorrer a las víctimas más desprotegidas. No es caridad lo que necesita este problema. Lo que la sociedad española demanda es la abolición de los privilegios de la ley de 1909, establecer un techo claro a los usureros intereses de demora que las entidades aplican, exigir el máximo rigor a las empresas de tasación, desviar parte de las ayudas a los bancos a los afectados por las hipotecas y que la dación en pago no sea una opción remota.

Por cierto, hace casi tres semanas que se conoció el informe de los jueces y el Consejo del Poder Judicial, que fue el que lo encargó, no se ha atrevido a hacerlo suyo. Los vocales que lo rechazaron debieran meditar acerca de si deben seguir ocupando esos asientos representativos en los que están.

Terminen con una ley injusta

Dos interesantes artículos de opinión que nos parece oportuno traer a colación de la actualidad que hoy vivimos

Caída libre

Por David Torres en el espacio Punto de Fisión de Publico.es

A los políticos les ha entrado una prisa tremenda por intentar arreglar lo de los desahucios y se han puesto a legislar a toda leche, lo mismo este párrafo se ha pasado de moda antes de que usted acabe de leer, pero mucho nos tememos que no. Parece que en vez de una ordenanza estuvieran remendando un paracaídas, como si, más que la ejecución de hipotecas, fueran a cambiar la ley de gravitación universal para que los pobres, a partir de mañana, en vez de caer floten. Dicen que está feo legislar en caliente, cuando todavía no han retirado todos los cadáveres aterrizados y los que van a aterrizar, pero más feo es dar lugar a una situación donde, por lo visto, nadie tiene la culpa, ni los bancos, ni los políticos, ni los jueces, ni la policía. Nadie salvo Newton, que se dedicó a legislar sobre manzanas pero no averiguó el muy mamón por qué se arroja una señora por la terraza de su casa un momento antes de que se la expropien.

De repente Rubalcaba ha leído el periódico y dice que hay que hacer algo, como si lo de las hipotecas fuese un sarpullido que nos ha salido esta semana y del que hablan los periódicos porque no tienen otra cosa de qué hablar. Es muy típico del político español esto de caer en la cuenta justo tras dos legislaturas propias, como si Rubalcaba hubiese despilfarrado sus muchos años de ministro jugando con el móvil y buscando crecepelo. España es un país donde no se coloca una señal de STOP en una curva peligrosa hasta que no se amontona una docena de muertos; entonces de repente alguien lee el penúltimo accidente en los periódicos y suelta preocupado: “Hay que hacer algo”. Y se sienta a esperar que lo haga otro. Lo malo es que tendríamos que colocar la señal de STOP cabeza abajo, que es la dirección natural de quienes llevamos años despeñándonos por encima de nuestras posibilidades.

Cuando alguien deja unos recibos sin pagar en vez de una nota de suicidio, es que la situación ya ha tocado fondo. Por norma, las notas de suicidas forman una literatura urgente y desesperada que se divide indefectiblemente en dos grupos: los que estaban muy locos para seguir viviendo y los que estaban demasiado cuerdos para soportarlo. Sobre los locos no se puede decir nada y sobre los cuerdos es mejor no decirlo. Tras leer la nota, alrededor de la víctima se genera un vacío, un desconcierto, el remordimiento tardío de aquellos que pudieron hacer algo y se cruzaron de brazos. Habitualmente las estadísticas no salen a la luz porque se sabe que el suicidio es una plaga que se propaga exponencialmente. Aquí hemos dejado que se propague para ver si los índices bursátiles empiezan a remontar en cuanto los índices de población vayan bajando aunque sea en caída libre. A lo mejor la única escapatoria de la crisis es la ventana del quinto, de ahí que los suicidas desborden las necrológicas mientras en lugar de la familia, la novia o los amigos son los banqueros, políticos y jueces quienes se van quedando con cara de gilipollas.

La farsa sobre los desahucios

Por Alberto Sicilia en su blog Principia Marsupia

Mariano el Sincero y Alfredo el Invicto descubrieron un día -¡oh, mentes sagaces!- que en su país existía un problema con los desahucios.

Cual diligentes protectores de los débiles, se convocaron para una reunión de urgencia en una gélida mañana de otoño y así aliviaron para siempre el sufrimiento de sus ciudadanos.

¡Oh, españoles! ¡Adorad a Vuestro Gobierno Dialogante y a Vuestra Oposición Responsable!

Disculpad por las líneas anteriores y mi evidente carencia de talento literario, pero en eso se ha convertido la actualidad política: una farsa de pésima calidad en la que nos toman por bufones.

Ahora resulta que el Gobierno y el PSOE quieren convertirse en los héroes que nos salvaron del drama de los desahucios.

Convendría recordar algunos datos:

1) En marzo de 2012, el Congreso de los Diputados se opuso a introducir la dación en pago con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE.

2) En los últimos 4 años se han producido 400.000 desahucios en España. Adivinen los dos partidos que compartieron el poder durante ese periodo.

3) Muchos de los desalojos corresponden a hipotecas concedidas durante la burbuja por las cajas de ahorros: instituciones controladas, en su gran mayoría, por las cúpulas regionales del PP y del PSOE.

4) El Banco de España era el organismo que debía supervisar a bancos y cajas. ¿Quién nombró a sus dirigentes?

 

Si hoy alcanzan algún acuerdo para frenar los desahucios, PP y PSOE aún nos pedirán un aplauso para celebrar su interpretación.

Y los villanos se disfrazaron de héroes.

Pero las farsas, mentiras son.

Porque con la movilización social si podemos cambiar las cosas

Contra los desahucios, movilización social

Por Juan Torres López, Consejo Científico de ATTAC España

El Partido Popular y el Socialista se han negado durante años a tomar cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los bancos y poner fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que vienen ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.

A los dirigentes de ambos partidos les viene dando igual que los mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución. Los gobiernos de ambos partidos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo han sido completamente insensibles al dolor y la tragedia que padecen tantas familias, sino que, para colmo, no han dudado nunca a la hora de enviar a la policía para defender los intereses bancarios a base de palos y palizas a quienes han tratado de defender un derecho constitucional tan elemental y humano.

Han demostrado a las claras que el afecto que dicen sentir por la Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y los privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las ayudas de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace años las mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin ingresos que no pueden pagar sus hipotecas.

Sin embargo, una vez más podemos comprobar que ningún poder es invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos de manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el cambio de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los intereses de la banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que está ocurriendo es justamente eso: que la movilización y la solidaridad ciudadana obligan por fin a que el gobierno y la oposición muevan ficha y cambien una actitud que hasta ahora ha sido de completa indiferencia. Los hechos están demostrando claramente que si no se hubieran producido las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos con la policía, las denuncias y, en definitiva, la respuesta ciudadana ante una situación social injusta, los desahucios seguirían produciéndose indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.

Es muy importante que la gente sepa esto y sea consciente de su poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios y el poder político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto de la presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se han producido avances favorables al bienestar y la justicia, demostrándose así la falsedad de esos discursos que constantemente nos dicen que las huelgas, los sindicatos o las protestas en la calle no sirven para nada.

Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de que el gobierno haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el problema de los desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las movilizaciones sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten nuestros derechos más elementales.

No cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora
Pero precisamente porque demuestran esto es por lo que no debemos bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora y que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia. Solo podremos esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al drama de los desahucios si la movilización social se mantiene y se refuerza, incluso en mayor medida que antes.

Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver que lo que está en juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal que dé largas al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la vivienda.

Por eso, ahora es el momento de seguir presionando para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino para que se garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la han perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.

No podemos consentir que los dos partidos mayoritarios se quieran poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco la soga que ata a las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que se rompa para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder y beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino aliviando la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente elevadas, generando un parque social de viviendas que permita el acceso a ellas de quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como he dicho, la suya a quienes la han perdido en los últimos. No basta con que los dos grandes partidos negocien entre ellos soluciones de compromiso, seguramente buscando tan solo el beneplácito de la banca, sino que deben escuchar a las organizaciones y movimientos que han estado en la calle defendiendo a los desahuciados años para garantizar, en definitiva, que el derecho a la vivienda sea efectivo para todos.

No podemos consentir que se limiten a lavarle la cara a los bancos. Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a las miles de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia y los hechos recientes demuestran que con la movilización social sirve, podemos conseguirlo.

Publicado en Público.es

Juego de intereses, siempre económicos nada que se parezca al concepto “servicios”.

La privatización de la sanidad pública de Madrid: nula de pleno derecho

Por Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

nuevatribuna.es

“Rajoy confía a Aznar, presidente de la FAES, la misión de rediseñar la sanidad pública y Aznar pone a trabajar a su fundación para profundizar en la privatización de la sanidad, implantar copagos y eliminar servicios del SNS”,  esta noticia aparecida en los medios de comunicación en el verano de 2011 es el inicio  del acelerado desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Los mensajes a la población quedaron meridianamente claros, la sanidad hay que pagarla, quien no pueda solo accederá a una cartera básica y los centros totalmente públicos tenderán a desaparecer.

El gobierno de la CAM y su recién nombrado (aunque no votado para el cargo) presidente Ignacio González, junto a su consejero de sanidad Fernández Lasquetty (FAES), aprovecha el trámite de los presupuestos de la comunidad para incluir la privatización de la gestión de siete hospitales públicos, el hospital de la Princesa, que tras esta decisión nadie reconocerá (convertido en geriátrico, sin docencia ni investigación, sin servicios punteros y con una drástica reducción de su personal) y los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares, además de una parte de su Atención Primaria.

Los hospitales podrán realizar su propia selección del personal, que será discrecional. Las condiciones de trabajo de los profesionales están por determinar, pero sin duda empeorarán (en las huelgas de los hospitales de  gestión privada de Fuenlabrada y Alcorcón, las plantillas reclamaba igualar sus condiciones con las de los hospitales con gestión pública).

Aguirre tuvo que rescatar (con dinero público) “sus hospitales PFI (hospitales de iniciativa de financiación privada)” en 2010, cuya eficacia y eficiencia está muy cuestionada, y ahora “saneados” se ponen a la venta. Veremos si el Sr González sigue utilizando dinero público para pagar el canon anual, ya que la Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales, cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero aún adeuda 4.300 millones.

La decisión afecta a 5.500 trabajadores. Los que se queden, pasarán a ser contratados con las condiciones que impongan las empresas concesionarias:

– Capio está en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede en Luxemburgo. Gestiona 28 centros sanitarios en 4 comunidades autónomas.

– El grupo USP-Quirón. Fue comprado en febrero 2012 por el fondo de inversión británico Doughty Hanson. Gestiona 12 hospitales y 26 centros sanitarios en España.

– Adeslas por un lado y Sanitas por el otro forman, con la CAM y Bancaja (Bankia) el grupo sanitario Ribera Salud, que también gestiona hospitales en Madrid y Valencia. El 80% de los hospitales de Adeslas pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria de Caixa Catalana. Sanitas pertenece al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido.

De esta forma, la privatización aprobada por el gobierno popular de Madrid dejará a sus hospitales públicos en manos de empresas y fondos de capital riesgo extranjeros, esencialmente del Reino Unido.

El objetivo de esta privatización no parece ser el ahorro y la sostenibilidad del SNS ya que el coste medio por cama de los 4 hospitales que gestiona Capio es un 36% mayor que la del  centro público con la cama más cara, el Clínico de san Carlos. Además, las entidades financieras de Ribera salud, la CAM y Bancaja/Bankia, son insolventes y han tenido que ser rescatadas con dinero público (juntas suponen uno de los mayores agujeros negros de la economía actual)

El grupo USP, otro gestor privado de la sanidad madrileña, ha pasado recientemente por graves problemas financieros, que le llevaron al borde del concurso de acreedores hasta caer en manos del fondo de inversión británico.

El objetivo tampoco parece ser el incremento de la competencia y de la eficiencia, según pretenden hacernos creer, ya que la gestión privada se concentra en pocas empresas y estas están a su vez relacionadas entre sí: Adeslas y Sanitas forman parte de Ribera salud y Capio podría formalizar la compra de Ribera Salud y con ello alcanzar una posición aún más estratégica en la gestión de la sanidad privada y pública en España. Por otra parte, todas las empresas privadas dueñas de la sanidad madrileña (Adeslas, Sanitas, Capio, USP y clínicas de la Medical destination) están incluidas en el la patronal de empresas IDIS, que se reúnen para tomar decisiones conjuntas, con el apoyo de Farmaindustria y la industria de tecnologías.

¿Que subyace bajo la privatización de la sanidad pública de la CAM?

– Los intereses cruzados existentes:

Algunos patronos de la FAES, fundación que elaboró el documento de privatización de nuestro SNS, o sus familiares directos pertenecen, o pertenecían durante su elaboración, a Bankia (Ribera Salud) y/o a los consejos de administración o los patronatos de las fundaciones de la industria sanitaria privada.

Uno de los objetivos esenciales de la Madrid Medical destination (MMD) sociedad privada “sin ánimo de lucro” del popular Manuel Lamela (1,8 millones de euros/año de ingresos para el exconsejero, según estimaciones) es la atención al turismo sanitario de primer nivel, por lo que es una de las entidades que más se beneficiará de la decisión del gobierno de Rajoy de suspender la atención sanitaria a no residentes. El Instituto Valenciano de Infertilidad, socio de la MMD y principal grupo europeo de reproducción asistida, se aprovechará de la ausencia de cobertura de este servicio por la sanidad pública, así como Capio, Sanitas y Adeslas, que incrementarán sus clientes en este y otros servicios que se eliminarán de la cartera básica del SNS (decreto 16/2012).

 Además, Romay Becaría (FAES) es patrono de la fundación renal FRIAT, concertada con la sanidad pública, Rodrigo Rato, aún es director de la Caja Madrid de Bankia (Ribera salud)  y la presidenta de Genómica, de la farmacéutica Zeltia, empresa patrocinadora de las empresas beneficiarias (IDIS) es Rosario Cospedal hermana de Dolores (FAES).

–  El fracaso de la gestión sanitaria del gobierno de Aguirre, ya que sus nuevos hospitales solo tienen cabida en los presupuestos y en la asistencia sanitaria de la Comunidad sí previamente se desmantelan los hospitales públicos, que gozaban de gran prestigio antes de someterse al rodillo de la expresidenta.

– El intento de compensar las pérdidas de una red de empresas y entidades financieras con grandes problemas de tesorería y en muchos casos vinculadas al partido gobernante.

La decisión de privatizar la sanidad madrileña es de tal envergadura que no puede ser adoptada por un presidente interino, aprovechando el trámite de los presupuestos, sino que debería discutirse en el parlamento o incluso someterse a una consulta popular.

La ausencia de transparencia y los intereses cruzados entre los que toman la decisión y los que se benefician de ella  la convierten en nula de pleno derecho y no debe ser admitida por los profesionales del sistema público ni por la población de la Comunidad de Madrid.

Siempre es conveniente tener presente el quienes, qué y por qué de las cosas para que “otros” no nos despisten o dispersen

Del 29M al 14N: diez grandes recortes que justifican una Huelga General

Pro Carmen Barrera Chamorro, Secretaría de Acción Sindical Federación de Servicios Públicos de UGT

nuevatribuna.es

En los últimos días, el Gobierno está contribuyendo a que nuestra falta de confianza en sus capacidades y nuestra desesperanza respecto a la grave crisis que atravesamos aumenten de manera exponencial. En la peor crisis de todos los tiempos en España, frases como la de la ministra Báñez que "ve señales de salida de la crisis pese a los datos de la EPA", nos lleva a recordarle cuáles son las auténticas "señales" en este país, en los últimos seis meses.

Estos son diez (hay muchos más) argumentos que justifican paralizar el país el próximo 14N:

En mayo se aprueba el repago farmacéutico en función de la renta: las personas que superen los 18.000 euros de rentas anuales tendrán que pagar el 50% del coste de los medicamentos, mientras que las rentas altas pagarán el 60%.

También en mayo se produce el recorte en educación. Las universidades podrán subir hasta un 66% las tasas. Aumenta el  número de horas lectivas y de alumnos por aula (aumentan los despidos de profesores). Menos dinero para becas y libros de texto. Paralelamente el presupuesto para enseñanza concertada crece.

Desde julio se recorta en las prestaciones para los nuevos desempleados. A partir del séptimo mes ésta se calculará con el 50% de la base reguladora en lugar de con el 60%, es decir, las prestaciones se reducen. Sólo el desempleo crece: 5.778.100 parados (EPA, 3T 2012). 1000  nuevos desempleados por día desde que se aprobara la Reforma Laboral del Gobierno del PP. Las condiciones para recibir el subsidio para mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción se endurecen.

Desde el 1 de septiembre se retira la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.

También desde el 1 de septiembre aumenta el tipo general del IVA del 18% al 21%, y del tipo reducido del 8% al 10%. Además, muchos productos y servicios que contaban con IVA reducido o superreducido pasan a estar gravados con el tipo general (las entradas de espectáculos pasan  al 21%). Por el contrario, continúa vigente la Amnistía Fiscal para aflorar el fraude fiscal, que gozará de un gravamen especial del 10%.

Las prestaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que acuden los trabajadores cuyas empresas se declaran insolventes y les adeudan salarios y/o indemnizaciones, se reducen.

En octubre, el salario de los empleados públicos congelado por segundo año consecutivo en 2013. Los empleados públicos que estén de baja cobrarán menos: el 50% de su salario los tres primeros días, y hasta el 75% entre el cuarto y el vigésimo. La tasa de reposición de efectivos seguirá siendo de cero en 2013 y la de los colectivos con funciones especiales oscilará entre el 0  y el 10%. Aumenta la jornada laboral (y con ello los despidos) y se aprueba el reglamento de despidos colectivos que permite el despido libre de personal laboral en las Administraciones Públicas.

En noviembre, por primera vez en el periodo democrático, se suspende el abono de la paga extra de navidad para todo el colectivo de  empleados públicos de España. También en noviembre entra en vigor la subida de las tasas judiciales que oscilará entre 50 y 750 euros. Tampoco se podrá utilizar la justicia gratuita más de 3 veces por año.

En los PGE de 2013 se recorta el presupuesto para servicios sociales  en un 14%. El presupuesto para igualdad se reduce en un 25%. También se reducen los recursos para programas contra la violencia de género en un 7%. Abandono de la Cooperación al Desarrollo: recorte del 65,4% de su presupuesto. Mientras, el Secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, reconoce que “quieren derivar gran parte de la actividad al sector privado, pues es lo lógico”.

Lo público está en el punto de mira del Gobierno. Desmantelan, privatizan, despiden, eliminan prestaciones sólo para beneficio de unos pocos: los que obtienen beneficio en el negocio de los servicios públicos, creando a cambio bolsas de miseria y pobreza. La espiral de destrucción del estado del bienestar no ha hecho más que empezar.

El 14N tenemos la oportunidad de pararlo. ¡¡Paremos el país!! Entre todas y todos podemos.

Con mucho humor, pero muy cierto

Si hoy es miércoles, esto es una mani

Por Isaac Rosa en su blog “Zona Critica” de ElDiario.es

La agenda del ciudadano indignado, en un día cualquiera de esta semana:

08.00h: reparto en el intercambiador de octavillas sobre la huelga general.

09.00h: acción para detener un desahucio en el barrio.

11.00h: concentración frente al Hospital de La Princesa, contra su privatización y cierre.

12.00h: recibimiento al presidente de Bankia en la puerta del Casino de Madrid.

13.00h: manifestación frente al Ministerio de Cultura contra los recortes.

14.30h: apoyo a los acampados frente a la sede de Bankia.

18.00h: nueva concentración en La Princesa.

19.00h: manifestación de la Marea Verde.

20.00h: rodea el Congreso.

21.00h: reunión de la coordinadora vecinal para preparar la huelga general.

22.00h: concierto en defensa de lo Público.

Entre medias, no olvides firmar unos cuantos manifiestos y peticiones, reenviar y retuitear todo lo que te llegue. Para los momentos de ocio, puedes leer unos cuantos libros nuevos con denuncias y alternativas, ver un documental sobre Islandia, y un puñado de montajes fotográficos muy divertidos, powerpoints y vídeos caseros de denuncia que rebosan en la bandeja de entrada.

Si además tienes conflicto laboral en tu empresa, añade unas cuantas citas más en forma de asambleas, concentraciones, minutos de silencio o paros durante el día.

Ah, y no te despistes con la indumentaria: verde para las manis sobre educación, blanca para sanidad, negra con los funcionarios... La pancarta, si llevas una que diga “NO” te vale para cualquier ocasión, y te ahorras ir cambiando de lema.

Puede sonar a broma todo lo anterior, incluso está bien reírnos un rato de lo que nos está pasando, para respirar entre tanta tensión. A la manera del clásico “Si hoy es martes, esto es Bélgica” que refleja el despiste del turista que recorre Europa en viaje organizado; nuestra vida suena últimamente a “si hoy es miércoles, esto es una mani”. Pero no es una broma, es la realidad de la protesta hoy: una ofensiva contra los trabajadores en todos los frentes, a la que intentamos responder multiplicándonos para estar en todas partes y a todas horas. Y no siempre llegamos a todo, claro, ni somos bastantes.

Porque además, en la mayoría de frentes no basta con presentarse, hay que quedarse, persistir, y no moverse hasta conseguir el objetivo. Ahí están los que rodean Bankia: saben que cualquier promesa que arranquen a la entidad tiene que ser por escrito, y ni por esas hay garantía de que no acabe siendo papel mojado. La lucha contra los desahucios, que ha obligado a PP y PSOE a mover ficha, tampoco puede perder un gramo de fuerza, porque en cuanto aflojas se te escapan con otro código de buenas prácticas para la banca. O los trabajadores del hospital de La Princesa que ayer cortaban la calle: si los dejamos solos acabarán desmantelados sin remedio.

Los gobernantes siempre han confiado en el agotamiento natural de toda movilización: que el paso del tiempo acabe causando bajas, que cunda la discrepancia, que se desesperen, o que otra protesta reclame el foco. Así es como han querido siempre derrotar a movimientos ciudadanos, encierros, acampadas y todo tipo de protestas: por la vía del aburrimiento.

Como en el actual ciclo de protesta no hay aburrimiento posible, sino que al contrario, el malestar va en aumento, han elegido otra estrategia: la multiplicación de frentes.

Nos atacan por todas partes y a todas horas: en un mismo día desahucian a varias familias, despiden a decenas de trabajadores, desmantelan un servicio público, privatizan un hospital, recortan un presupuesto, anuncian una contrarreforma, comparecen en un juzgado, celebran un pleno importantísimo, crean un banco malo, y si te descuidas piden un rescate al acabar la tarde ya como tiro de gracia.

Y los ciudadanos, golpeados y furiosos, sentimos que corremos de un lado para otro con el cubo de agua mientras se multiplican los focos del incendio. Sí, a menudo nos organizamos, formamos una cadena para ir pasando los cubos, alguien trae una manguera, una multitud consigue abrir un cortafuegos, pero nunca parece suficiente, mientras pisas las últimas brasas ves aparecer otra columna de humo varias calles más allá y la gente grita “¡fuego!”.

Recuerdo hace años un librito de esos de literatura de management que tanto gustan a los ejecutivos de éxito, que se llamaba “El arte de la guerra para directivos”. Ya saben que las editoriales del ramo adaptan al mundo empresarial cualquier cosa que se ponga a tiro, y en este caso versionaban el clásico de la estrategia militar de Sun Tzu, con sus máximas orientales, ya saben: “sé como el agua, sin forma constante, cambiando y adaptándote”, “sé rápido como el viento, muévete como el relámpago…”, etc.

Pues sospecho que en los altos despachos de España y Europa circulan ejemplares de una nueva versión: “El arte de la guerra para recortar derechos sociales”. Y en algún capítulo adapta eso de “Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar”; o eso otro de “Sé como una serpiente veloz que contraataca con su cola cuando alguien le ataca por la cabeza, contraataca con la cabeza cuando alguien le ataca por la cola…”

Porque así es: nos mantienen ocupados sin dejarnos respirar; nos golpean con la cola cuando atacamos a la cabeza, y con la cabeza cuando nos revolvemos contra la cola, y mañana habrá más fuegos, más desahucios, más rodeos y más manifestaciones. Pero nuestro cansancio, nuestra desesperación, nuestro aburrimiento, son también su victoria. No sé en qué capítulo, pero seguro que Sun Tzu también lo dice.

Europa y Alemania estén poniendo en peligro el futuro de España

El Nobel Stiglitz dice que con las actuales políticas en España y Europa "no hay luz al final del túnel"

Las actuales políticas aplicadas en España y en el conjunto de Europa no ofrecen una respuesta a la actual crisis, ya que, a pesar de una mayor estabilidad a nivel global, las cosas están peor ahora que hace cinco años, según afirma Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001.

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"Todos los túneles tienen un final. Espero que Europa cambie. Pero cualquiera que analice las cosas correctamente diría que hoy estamos peor que hace cinco años. No hay base para decir que estamos más cerca del fin de la crisis", señala el economista estadounidense en una entrevista a la revista 'Capital' que recoge Europa Press.

"Si las actuales políticas siguen siendo las mismas, y no solo en España sino en Europa en general, creo que no hay luz al final del túnel", advierte el Nobel de Economía de 2001 y uno de los principales críticos de los planes de austeridad recetados a las economías europeas en dificultades.

De hecho, el Nobel advierte de que, a pesar de que reformas como la armonización fiscal, la mutualización de deudas y la unión bancaria pueden salvaguardar el futuro del euro, se aprecia "escasa voluntad política", ya que los políticos europeos "no entienden el rol de los bancos y no saben lo que hacen".

Así, el economista estadounidense advierte de que cuanto más tarde Europa en solventar sus problemas, más débil será el sistema financiero español y más necesaria será la ayuda para España, donde considera que "el futuro es muy preocupante", particularmente por el desempleo juvenil.

A este respecto, Stiglitz reitera la dificultad de reducir el desempleo con las actuales políticas, aunque apunta que si la economía vuelve a crecer, se recuperará parte del empleo perdido.

"Por eso me preocupa que Europa y Alemania estén poniendo en peligro el futuro de España", afirma el Nobel de Economía, quien señala que "incluso el éxito de España a partir del año 2000, era un reflejo del fracaso del euro".

"El euro estaba basado en la hipótesis de que los mercados son eficientes y estables. Todas las evidencias de los últimos 200 años de capitalismo apuntan en la dirección contraria", explica.