OPINION

Por Carlos Carnicero en su “Bitácora para náufragos de la izquierda”

Nos machacan y además nos insultan

Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, y uno de los empresarios de cabecera de Esperanza Aguirre, acaba de aseverar que la detención (¡Por fin!) de su ex presidente Díaz Ferrán es una “incidencia” que no tiene por qué afectar a la organización de los empresarios españoles.

La indecencia y complicidad impide una declaración rotunda en contra de las prácticas delictivas de este (¿empresario?) que consideraba con un calificativo elogioso a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid (y que no quiero repetir, por vulgar) y que pedía “trabajar más y cobrar menos”. Es buen momento para recordar que Esperanza Aguirre ganó las elecciones gracias a una trama corrupta en la que personajes como los que nos ocupan fueron el factor financiero de esa ocupación de poder.

Los directivos de la sanidad pública se pasan a la privada para gestionar el negocio de la salud. Las respuestas chulescas del consejero de salud de Madrid ante las legítimas protestas de los afectados indican mucho de la calaña de quienes estamos hablando.  Utilizan el hambre como arma en esta guerra en la que los trabajadores pierden mucho dinero en cada jornada de huelga. El miedo y la desesperanza de que se pueden cambiar las cosas hacen que las medidas efectuadas por los gobiernos del PP –y también por el de CiU- tengan carácter de cerco medieval en que las posiciones terminarán de ser tomadas por el hambre.

No se trata solo de brutales recortes para supuestamente salir de la crisis. Hay toda una agenda conservadora que no tiene que ver con la situación económica en la que el ministro de Justicia y el de Educación aprovechan para un brutal giro a la derecha. La nueva ley de interrupción del embarazo, la reforma de las tasas judiciales nos introducen en una democracia censitaria en la que el nivel de ingresos es determinante para poder ejercer los derechos de ciudadanía. Y tantas cosas más.

La única salida es la unidad de todos los afectados, una unidad transversal que alíe a las clases medias con quienes ya están en la pobreza para un estallido social definitivo. Cada uno de los problemas de cada vecino es nuestro problema. Y sólo desde esa posición podremos poner en su sitio a quien se atreve a decir que los ciudadanos se manifiestan por cariño a los centros de saludo o que los jóvenes se van de España por espíritu aventurero. Nos machacan y, además nos insultan.

Por Ignacio Escolar en Escolar.net

¿Cuál es el daño para la marca España de un Díaz Ferrán?

Imaginen, es un suponer, que estuviésemos hablando de un líder sindical, en vez de don Gerardo Díaz Ferrán. Que hubiese sido el secretario general de CCOO o el de UGT quien escondiese en su casa de Alí Babá lingotes de oro o billetes de 500 euros al por mayor. Que fuese un representante de los trabajadores, en vez del expresidente de la patronal, quien estuviese acusado de blanquear dinero, de defraudar al fisco… De "alzamiento de bienes", que en román paladín se traduce con un verbo más rotundo: robar. ¿Qué habríamos leído en algunos medios? ¿Qué habríamos escuchado a algunos políticos?

Pista: en España que un sindicalista se tome una caña después de una manifestación  es noticia de portada.

Que un hombre como Gerardo Díaz Ferrán haya sido durante varios años el presidente de los empresarios españoles, su principal representante y portavoz, es una mancha difícil de borrar. Su trayectoria define a la perfección los peores vicios del empresariado español. Es casi su caricatura, su guiñol.

Díaz Ferrán, el liberal, comenzó su fortuna con las privatizaciones de autobuses que decidía el alcalde franquista de Madrid, Arias Navarro, el primo de la madre de su socio. Después, con la democracia, mantuvo el mismo modelo: negocios privados al calor del favor público. Con Felipe, compró Marsans al Estado de rebajas. Con Aznar, se quedó con Aerolíneas Argentinas a un precio inmejorable: un euro. 

Pero su mayor benefactora fue Esperanza Aguirre, otra liberal que, según sus propias palabras, “es cojonuda”. Tan cojonuda que Díaz Ferrán  donó a Fundescam 246.000 euros que después  el PP de Madrid gastó en la campaña electoral de la lideresa en el año del Tamayazo. Fue una de sus inversiones más rentables: la Comunidad de Madrid después  adjudicó a sus empresas 6,4 millones de euros en contratos públicos. Además, se llevó de propina un sillón en el consejo de Caja Madrid, una  caja a la que dejó un pufo de 26,5 millones. Parte de esos créditos se lo gastó en un  exclusivo Ferrari, la última joya de una colección de coches en la que no faltan tampoco los Porsche o los Rolls Royce y que  protegió mediante testaferros para evitar el embargo judicial.

Es el momento ideal para  repasar la hemeroteca y recuperar las grandes frases de Díaz Ferrán: cuando pedía "un paréntesis al libre mercado" (para socializar las pérdidas, claro está); cuando defendía "cobrar menos y trabajar más"; cuando decía "que la mejor empresa pública es la que no existe" (y la mejor, la que le venden a él) o cuando argumentaba que hacía falta "una reforma laboral profunda y global" para "calmar a los mercados", días antes de dejar a sus propios trabajadores sin cobrar. Éste era el empresario modelo. Éste era Díaz Ferrán.

La interesada disminución o aumento de los presupuestos de los hospitales en función del tipo de gestión

Los hospitales de Madrid en el proyecto de presupuestos de 2013

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

El proyecto de presupuestos para 2013 de la Comunidad de Madrid contempla, además de las medidas privatizadoras que están teniendo una gran contestación social y profesional, unos serios recortes presupuestarios que, lógicamente están siendo utilizados para justificar el proceso de privatizaciones que se pretende y para establecer el nuevo copago sobre los medicamentos (el euro por receta).

El marco general de los presupuestos y las tremendas agresiones que supone al sistema sanitario público de Madrid han hecho que el foco de atención se centre en lo general y menos en lo concreto, pero merece la pena resaltar algunos hechos significativos del proyecto de presupuestos en lo que se refiere a la atención hospitalaria.

En primer lugar se produce una disminución global de los presupuestos destinados a los hospitales, el total de estos (incluyendo centros de gestión pública tradicional, semiprivados y centros privados financiados con dinero público sufren un recorte de 787,75 millones de euros respecto a los presupuestos aprobados para 2012, un 17,10%.

Esta disminución no se produce de forma homogénea sino que se realiza de manera bien distinta según el tipo de gestión de los centros: los del modelo tradicional tienen una disminución presupuestaria promedio del 16,19%, los de gestión semiprivada del 28,66%, mientras que los centros privados tienen un aumento del 4% de promedio.

La situación de los centros del modelo tradicional es claramente preocupante porque sufrieron ya una disminución presupuestaria del 9,5% en 2011 a lo que se sumo otra disminución del 1,5% en 2012. El nuevo recorte que se quiere realizar ahora llevara a un deterioro muy importante de estos centros que en este momento, y más aún si las privatizaciones previstas se realizan, son la garantía de la atención sanitaria de calidad de la población madrileña.

Los centros semiprivados (los del modelo PFI) sufren un recorte brutal, con la excepción de Puerta de Hierro, el único que no esta previsto privatizar totalmente (que “solo” tiene un recorte previsto del 10% del presupuesto), los demás se sitúan en cifras entre el 28 y el 29% de recorte, recorte que es la parte sanitaria, la gestionada por la Comunidad, pero no en el canon que se paga a las UTEs que los construyeron que se mantiene e incluso se incrementa de acuerdo con el IPC. Es obvio que se los quiere descapitalizar y colocarlos en números rojos a partir de junio fecha prevista para su total privatización y que también se quiere con estos presupuestos facilitar los EREs en unas empresas que superan con creces el 10% de disminución presupuestaria que la nueva legislación establece para ponerlos en marcha.

Los centros privados son los que salen mejor parados, porque se les aumenta globalmente el presupuesto. Merece la pena comentar como se produce esta asimetría presupuestaria, descapitalizar lo público mientras se incrementan los recursos de lo privado en algunos casos concretos de centros situados en la misma zona de influencia, así el hospital de Torrejón, ahora de Sanitas BUPA (antes de Ribera Salud) tiene un aumento presupuestario del 5% mientras el hospital público de Alcalá sufre un recorte del 24%, y el nuevo hospital de Mostotes (CAPIO) recibe un aumento presupuestario del 12% mientras el antiguo hospital público de Mostotes ve disminuir sus recursos en el 21%.

Estamos pues ante un ejemplo mas de cómo se hacen unos presupuestos para fomentar las empresas privadas a costa de los centros públicos y como se apuesta de manera decidida por el deterioro sistemático de la Sanidad Pública para hacer espacio al sector privado. Por suerte esta estrategia esta quedando al descubierto así como el rechazo masivo de profesionales y ciudadanos, hay que conseguir la retirada de estos presupuestos antisociales que pretende acabar con el mejor sistema sanitario que hemos tenido en el país.

Huelga sanidad en Asturias: Lo que desde dentro del sistema TODOS sabemos pero no hemos tenido el coraje de contar

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La ¿huelga? de los médicos

JOAQUIN ARCE FERNÁNDEZ, ECONOMISTA Y ECOLOGISTA

Edición papel de El Comercio, 28.11.12.

Las huelgas de funcionarios y demás trabajadores públicos deben ser prudentes porque los empleados de la Administración no tenemos un empresario que nos explote y se lucre contra el que ejercer ese derecho. Nuestras condiciones laborales las fija el Gobierno elegido democráticamente; luego, nuestros jefes - y, al mismo tiempo, los perjudicados por la huelga – son todos los ciudadanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. También el hecho de que en España estamos inmersos en una etapa de decadencia económica y demográfica y de devaluación interna, con lo que eso supone de empobrecimiento. En ese contexto; el sindícate médico Simpa lleva convocadas este año 33 jornadas de huelga de los médicos del servicio público de salud. Aunque la huelga ha tenido poco seguimiento, está ocasionando muchos perjuicios a los enfermos y un aumento de las listas de espera.

A cualquier trabajador le sorprende que los médicos puedan aguantar tantos días de huelga, sin ablandarse con los descuentos salariales que supone el paro. Y más con la fama de peseteros que tienen algunos facultativos. Si siguen así, van a superar en épica sindical a los mineros. Pero, si se escarba un poco, podemos descubrir el truco (por no decir el fraude) que hay detrás de la huelga del Simpa. No es como las del resto de los mortales, que, cuanto así lo deciden, van todos a las vez y con ese sacrificio pierden el sueldo del día y, a veces, hasta corren el riesgo de quedarse sin empleo.

La ’huelga’ del Simpa es más bien un perverso ’producto financiero’ que parece ser que funciona así: el Simpa vende unos ’bonos’ de 50 euros a los médicos que quieren invertir en defender sus intereses laborales y salariales, es decir, ’tituliza la huelga’, igual que - hoy en día se titulizan demasiadas cosas, y así nos va. Con esos bonos crea una especie de caja de resistencia. Luego, convoca la huelga y a los que pone o se ponen en huelga les paga una cantidad para compensar el descuento de salario del día. Esos médicos se van para su casa (o a donde sea) sin trabajar, con el descuento del Sespa,  pero con el dinero ¿blanco o negro? del Simpa.

Al sindicato no le interesa que se "pongan muchos en huelga, sino sólo aquellos que más repercusión tengan o más daño hagan al funcionamiento del sistema de salud. Parece ser que incluso se organizan turnos en algunos servicios para hacerla huelga. A algunos, cuando se plantean ponerse en huelga, se les sugiere que mejor compren bonos. Se consigue el máximo daño al sistema de salud, durante el mayor tiempo posible y con la mínima pérdida salarial de los médicos.

¿Es esto una huelga ética y legal o se trata más bien de un sabotaje de los servicios públicos por parte de una organización de corte casi mafioso? ¿Qué justificación tienen esos pagos a los médicos por parte del sindicato y cómo tributan? ¿Son legales o son un delito? ¿Desgravan en el IRPF las aportaciones para suspender operaciones y aumentar las listas de espera? Creo que el Simpa debería dar una explicación sobre estas prácticas a los ciudadanos y quizás también a Hacienda y a la Justicia y el Sespa, los partidos políticos y  los  sindicatos mayoritarios, cuyo silencio sobre este asunto llama la atención, deberían explicar a la sociedad por qué transigen y no actúan contra este tipo de huelga o, al menos, qué opinan de ella.

Los ciudadanos ya tenemos que aguantar que los colegios de médicos funcionen como un poderoso monopolio de oferta cuando, para garantizar sus retribuciones, limitan en exceso la entrada de los jóvenes a las facultades de Medicina. Pero esto de deteriorar el  sistema público de salud (nuestro mayor tesoro) por intereses corporativos, perjudicando a toda la sociedad y sin apenas pagar un coste por ello, ya es demasiado.

Clarito, clarito

Por qué privatizar hospitales es una mala idea: siete claves

Por Ignacio Escolar en ElDiario.es

1. Conviene solucionar los problemas reales, no los imaginarios. Y la sanidad pública en España, frente al extendido tópico, no es insostenible, ineficaz ni cara. Al contrario, es de las más baratas y eficientes del mundo. Somos uno de los países que menos porcentaje de renta destina a su sistema público de salud: el 6,25% del PIB, unos 1.500 euros al año por persona. Con ese presupuesto, el Estado da una cobertura casi universal, muy superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno. Gastamos menos que el resto de Europa, pero muchos europeos se vienen a España a operar. Por algo será.

2. El modelo privatizador que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid consiste en subcontratar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud públicos a empresas privadas. Estas compañías se ocuparán del servicio y, a cambio, la Comunidad de Madrid pagará todas las facturas con un canon anual. La sanidad, al menos por ahora, seguirá siendo gratuita para el ciudadano, pero el hospital quedará en manos privadas con contratos a los que después será difícil dar marcha atrás.

3. Por descontado, estas empresas no son ONGs. Pretenden ganar dinero, así que al coste del hospital habrá que sumar su margen comercial, su beneficio. Una de ellas, la más grande de las que operan en España, se llama Capio y pertenece a un fondo de inversión estadounidense, CVC, que presume de "multiplicar por 2,7 el retorno de las cantidades invertidas". Ese negocio, obviamente, va a salir de tu salud.

4. Incluso suponiendo que lo privado funciona siempre mejor que lo público –que ya es mucho suponer–, para que tal cosa suceda hace falta algo en el mercado que en este modelo no existirá: competencia. No la habrá porque el ciudadano no suele elegir a qué hospital privatizado va. Cada empresa concesionaria, y hay apenas tres, explotará su centro sin que los recortes en su calidad afecten a sus ingresos. Así, convertiremos un servicio público eficiente y barato en lo más ineficaz que hay para el ahora enfermo, mañana consumidor: un oligopolio privado.

5. La Comunidad de Madrid apenas ha dado datos. Solo dice que los hospitales públicos cuestan de media 600 euros por habitante y que los privatizados salen solo por 411 euros. Sin embargo, estas cifras son bastante discutibles porque los privatizados no asumen costes que sí están en los grandes hospitales públicos, como los trasplantes o la investigación. Además, a los 411 euros hay que sumar el canon por la construcción del centro –también privada– y el de administración, con lo que la cifra real es mayor. ¿Cuánto? No lo sabemos. Nos falta información. Lo poco que ha explicado el PP madrileño de su modelo, una reforma del sistema sanitario que después será difícil de corregir, son estos once folios. Es un mínimo informe que no justifica una transformación tan radical.

6. Sí sabemos que algunos hospitales saldrán más caros para la Comunidad de Madrid cuando sean privatizados que ahora que son públicos. El Hospital Infanta Leonor de Vallecas, por ejemplo, cuesta al año 100 millones de euros.  Atiende a 325.000 madrileños, por lo que la concesionaria que se quede con esta joyita –a 411 euros por habitante–  recibirá 143 millones de euros al año. Es decir, que el "ahorro" de la privatización nos saldrá un 43% más caro nada más empezar. ¿A que es un negocio genial?

7. Las dos autonomías que, antes que Madrid, han sido pioneras en España en este modelo privatizador son Catalunya y la Comunidad Valenciana. Las dos están hoy quebradas, en gran medida por sus costes sanitarios. ¿De verdad son los ejemplos a seguir?

Conflicto en la sanidad asturiana: La versión del SIMPA de cara a la opinión pública

«Si retiran lo del descanso tras la guardia dejamos la huelga ya mismo»

«Aceptamos la jornada de tarde. Eso es un gran triunfo para el Sespa que lleva años intentándolo; si no, que le pregunten a Quirós»

Foto: Ángel Colmeiro Responsable de Atención Especializada del Sindicato Médico.

28.11.2012 - LAURA FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.

Es la cara, al menos mediática, del prolongado y enquistado conflicto médico. Ángel Colmeiro, responsable de Atención Especializada del Sindicato Médico (Simpa), forma parte del comité de huelga y del equipo que lleva dos meses negociando con el Servicio de Salud sobre la nueva jornada. Neumólogo del HUCA y también abogado (estudió Derecho de mayor, cuando ya ejercía como facultativo, aclara), no cree que la solución al conflicto sanitario esté cerca. «Ojalá me equivoque», desea.

-La sanidad asturiana lleva ya dos meses de huelga médica, a la que su sindicato, el Simpa, acaba de añadir otros 12 días para diciembre. Sin embargo, después de tantísimo tiempo, el conflicto está donde empezó: el descanso después de la guardia. ¿Qué hacen ustedes y el Servicio de Salud, que no son capaces de poner fin a esto?

-Hay que retrotraerse al inicio de todo. La base del conflicto está en la implantación de la nueva jornada derivada del decreto de Rajoy. Hay muchas comunidades donde la ampliación de jornada se resolvió poniendo media hora más al día o implantando un sábado de trabajo de cada tres, como se hacía en Asturias hasta 2005. Es muy significativo que sólo aquí tengamos un conflicto de esta categoría y es porque el Principado usa el decreto de Rajoy para intentar implantar unas medidas muy abusivas para los médicos.

-El Principado les acusa de actuar de forma premeditada y de buscar el conflicto desde el principio.

-Eso no es cierto. Todo empezó a finales de agosto, cuando, de la noche a la mañana, la Administración regional presentó el documento sobre la nueva jornada que supone una agresión brutal a los médicos. Por parte del Principado no hubo ni tiempo ni intención de negociar nada.

-Todos los sectores están haciendo ajustes, ¿porque los facultativos iban a ser menos?

-Sabemos lo que está ocurriendo, no somos unos inconscientes. De hecho, los médicos hemos sido los empleados públicos que más sueldo perdimos. Primero con un 5% en la época de Zapatero, que en el caso de los facultativos se elevó al 10%. Luego nos recortaron la carrera profesional en un 12%, el doble que en el resto de autonomías. Todos esos ajustes los asumimos como sacrificios por la crisis, al igual que la ampliación de jornada de Rajoy, pero de ahí a ser los únicos médicos de España que a las 110 horas más de Rajoy le tengamos que sumar otras 300 del Principado a cuenta del descanso tras la guardia, y que encima nos quieran quitar 8.500 euros al año, nos parece demasiado.

-El consejero de Sanidad dice que su sindicato nunca cede.

-El Principado ha introducido un elemento distorsionador que es lo del descanso después de la guardia y que nada tiene que ver con la nueva jornada. Pretender que devolvamos horas a cuenta de librar tras una guardia es inaudito.

-¿Cómo está regulado fuera de Asturias?

-En ninguna autonomía hay que devolver horas a cuenta del descanso tras la guardia. Sólo en Asturias.

-El Sespa afirma que en Cataluña los médicos recuperan esas horas.

-Es mentira. En Cataluña lo que han hecho es descontar del pago de las guardias las horas correspondientes a la nueva jornada de Rajoy.

-En la última mesa negociadora, la del pasado miércoles 21, el Servicio de Salud rebajó sus pretensiones iniciales y propuso fijar un tope de 9 horas al mes como tiempo máximo a devolver para quienes hacen guardias. ¿No es una buena oferta?

-Al año son 99 horas que deberíamos regalar al Sespa por trabajar más. Eso, conceptualmente, no lo aceptamos y así lo venimos diciendo desde el primer día. La Consejería de Sanidad podría acabar con esta huelga en 24 horas.

-¿Cómo?

-Si retira ese punto de la negociación, el de la modificación del descanso tras la guardia, en todo lo demás hay acuerdo. Dejaríamos la huelga ya mismo.

-Hombre, así cualquiera. Está pidiendo que el Sespa renuncie a un punto fundamental del nuevo modelo de jornada, con el que se pretende ahorrar un millón de euros.

-Pero es que nosotros estamos renunciando a muchas otras cosas. Ya dijimos que aceptábamos la introducción de la jornada de tarde mediante módulos de 2,5 o más horas. Eso sería un gran triunfo para el Sespa que lleva años intentando meter las tardes en Primaria. Si no, que le pregunten al exconsejero Ramón Quirós.

-¿Qué más aceptarían?

-La retirada gradual de los módulos de exención de guardias para mayores de 55 años, respetando a quienes ya los hacen, o utilizar las horas de ampliación de jornada en la realización de actividad extraordinaria. En todo este tiempo el Simpa si se ha movido, pero en lo que no vamos a ceder es en el descanso tras la guardia, por ahí no pasamos.

-Rechazan tener que devolver 9 horas al mes a cuenta del descanso tras la guardia. ¿Es consciente de que otros trabajadores es lo que hacen de más en sólo una semana?

-Pero es que esas 9 horas se las están pidiendo a quienes más trabajan, que son los médicos que hacen guardias y que acaban trabajando 2.500 horas al año, cuando la jornada del resto del personal es de 1.650 horas.

-Suzuki cierra, Arcelor está como está, los EREs se suceden en Asturias como moscas. ¿No cree que es hora de ajustar la sanidad?

-Ajustes van a llegar y muchos, con eso ya contamos. Probablemente tengan que revisarse las políticas de guardias en los hospitales porque en tiempos de bonanza es normal tener un médico de guardia por especialidad pero ahora a lo mejor eso no es posible. Lo que no pueden hacer es rebajar nuestras condiciones de trabajo y situarlas en un nivel inédito.

Esclavismo

-«Condiciones que rayan el esclavismo», dijo días atrás, ¿un poco fuerte, no?

-Tal vez no fue el mejor ejemplo, sobre todo en estos tiempos de crisis y con tantísima gente en el paro, pero nos quieren imponer unas condiciones cuando menos, abusivas.

-¿Quién ganará esta huelga?

-En esta huelga hemos perdido todos, principalmente los pacientes.

-Ya que cita a los pacientes. ¿Sabe que están perdiendo la paciencia?

-No es lo que a mí me llega. Es verdad que algunos protestan y tienen razón, pero la inmensa mayoría nos comprende. Saben que cuando un médico va la huelga no es por gusto.

-Ha habido casos de enfermos que literalmente quedaron a la puerta del quirófano.

-Sé que en algún caso ha habido más molestias de las necesarias y desde ya pedimos disculpas, no es nuestra intención. La huelga no es contra el paciente, desde luego.

-Este viernes, día 30, acaba la tercera fase de la huelga médica. ¿Entraremos en la cuarta?

-Sinceramente, no lo sé. Si lo supiera pondría un circo. De momento, el Sespa no nos ha llamado por lo que no creo que la solución esté próxima.

Por Gabriela Cañas, periodista y escritora, en El País...

Privatizaciones y actos de fe

En Madrid se van a poner seis hospitales en manos privadas sin dar cuentas claras al contribuyente

Gestionar mal los servicios públicos o incluso lucrarse del dinero público es un drama, pero tiene arreglo. Lo que es difícilmente reversible y casi imposible de recuperar es el bien público privatizado. Por eso, deberían exigirse cautelas especiales a los políticos que se disponen a “hacernos un favor” expoliando lo que es de todos. No quiero decir con esto que no haya ninguna privatización acertada, sino que una operación de tal envergadura debiera realizarse con mucha más prudencia y debate que, pongamos por caso, cuando se cambia un artículo de la Constitución. Vender un bien público debería realizarse con luz, taquígrafos, transparencia y una mayoría abrumadora de técnicos y representantes populares a favor.

Lejos de todo ello, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está decidido a dar una vuelta de tuerca más en el afán privatizador del Partido Popular, al que pertenece. Su antes jefa y ahora funcionaria pública, Esperanza Aguirre, ya abrió esa senda. Ahora, su sucesor se dispone a privatizar la actividad sanitaria de seis hospitales y el 10% de los centros de salud. Es una iniciativa que asusta fundamentalmente porque no está argumentada, salvo que alguien considere que poner negro sobre blanco que “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes” es una razón incontestable. Eso es lo que dice el informe de once páginas con el cual Ignacio González ha despachado este asunto con la prensa y, por tanto, con la opinión pública.

¿Dónde están los números? ¿Dónde las comprobaciones? Y si es así, ¿cuál es la razón? ¿Estriba quizá en que González y los suyos son un desastre gestionando la sanidad? Por toda respuesta se dice que los públicos cuestan una media de 600 euros por habitante y año y los privados, 441. Nuevamente, no hay datos detrás que avalen tal afirmación. Es un auto de fe. O una tomadura de pelo. Porque no es lo mismo un gran hospital donde se realizan trasplantes (carísimos, generalmente) o labor investigativa que los nuevos que no tienen aun tal sofistificación. Pero es que en ese mismo papel se dice que el ajuste para 2013 (un 7% menos en Sanidad) equivale al gasto anual de dos hospitales. ¿Para cuáles? Porque si cada uno cuesta 250 millones, resultaría imposible mantener los 35 existentes con un presupuesto sanitario de 7.108 millones.

Pero no hace falta escudriñar en los detalles para comprender que hay políticos que pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino en contra del sentido común y sin argumentos solventes. Las comunidades autónomas donde la concurrencia privada en la sanidad pública es más alta —Cataluña y la Comunidad Valenciana— están en quiebra. Así que parece que esa mejor gestión en manos privadas no les ha valido de gran cosa. Convendría analizar ambos casos antes de expoliar unos hospitales que ahora son de todos y mañana serán de Ribera Salud, Capio o Sanitas, empresas todas ellas respetables que ya funcionan como oligopolio en este país en el sector sanitario.

El gran Tony Judt era enemigo acérrimo de las privatizaciones que con tanta alegría se hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido. En su ensayo “Algo va mal” criticaba el expolio de lo público que acometió Margaret Tachtcher malvendiendo activos, lo que supuso una transferencia de 14.000 millones de libras de los bolsillos de los contribuyentes británicos a los de inversores y accionistas.

La ventaja de las empresas privadas que logran conciertos públicos es, según Judt, que el Estado elimina o reduce la exposición al riesgo de aquellas. Pero digo yo que si tenemos una sanidad que funciona bien y la pagamos los contribuyentes, ¿por qué no mantener la garantía directa del Estado? En esos once folios de la Comunidad de Madrid hay propuestas interesantes. Por ejemplo, terminar con el estricto horario de mañana del personal sanitario y la infrautilización de costosas infraestructuras. Todo lo que se hace por las tardes se paga a precio de hora extraordinaria. La solución que, sorprendentemente, propone Ignacio González no pasa por reorganizar los horarios del personal, sino por contratar gente para las tardes. Estupendo, pero ¿no dice que no hay fondos?

No creo que sea mucho pedir que dejen de jugar con nuestro dinero y menos con nuestra salud.

A propósito de lo que está pasando en Madrid con la sanidad

 

¿Quiénes son los asesinos?

Por Pablo Iglesias (*) en Público.es (Otra vuelta de Tuerka)

A la derecha le gusta el lenguaje duro y sin matices cuando se habla de temas sanitarios. Siempre han dicho, a coro con la jerarquía eclesiástica, que las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo asesinan niños y no tuvieron ningún problema en bautizar al presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente como “ el Doctor Muerte”, tras desencadenar una repugnante caza de brujas patrocinada por la Comunidad de Madrid. Les importa mucho nuestra vida, por lo visto.

Si algo no soporto de buena parte de la izquierda es ese tono ponderado y prudente de quien, ciego ante sus derrotas, está convencido de su superioridad moral. No pasarán… pero si pasan les saludamos porque, ante todo, los de izquierdas somos gente educada y correcta.

Lo que está pasando con la sanidad en Madrid no merece fórmulas correctas y educadas. No es que el proceso de privatización vaya a dejarnos un sistema de salud más caro y menos eficiente; lo que está pasando, simple y llanamente, es que para que algunos vivan como dios otros van a tener que irse antes al infierno.

Comencé mi monólogo en La Tuerka el otro día citando una casposa película estadounidense, “Air Force One”, en la que el avión del presidente de los EEUU (interpretado por Harrison Ford) es secuestrado por unos terroristas que quieren restaurar la Unión Soviética. En una escena de la película, el jefe de los terroristas discute con la angelical y cristiana hija del presidente, que le acusa de ser, precisamente, un asesino. El malvado terrorista le responde que su padre también asesina gente, pero sin moverse de su despacho ni mancharse las manos de sangre. Mira por donde, el terrorista del filme tiene toda la razón y lo que dice viene muy a cuento de la sanidad madrileña.

¿Se puede asesinar desde un despacho, firmando decretos o llegando a acuerdos con empresas privadas? Pues sí y eso es lo que está pasando aquí, donde determinadas decisiones políticas que están haciendo forrarse a ciertas empresas privadas y aseguradoras, se traducen en que hay gente que va a morir antes de tiempo, porque eso es exactamente lo que  pasa cuando  la atención sanitaria es peor y es más cara.

A la derecha le encanta decirnos que la principal amenaza contra nuestra seguridad son los terroristas y esas despiadadas bandas de ex -militares del Este de Europa que van a entrar en nuestras propiedades para abrirnos la caja fuerte. Y que para eso, lo mejor, es gastar dinero en policía y en seguridad privada. Manda narices.

Nada mata tanta gente ni amenaza tanto nuestra seguridad como los recortes sociales. Por eso ya es hora de decir que quien pone en riesgo la salud y la vida de la gente para que algunos se forren solo merece el calificativo de asesino.

(*).-Pablo Iglesias es profesor de Ciencia Política en la Complutense, donde también estudió Derecho. Tras doctorarse, se especializó en humanidades en la Universidad Carlos III y en filosofía de los medios de comunicación en el European Graduate School. Polemista por vocación y fascinado por la comunicación política, dirige y presenta la tertulia política La TuerKa, que muchos consideran la más crítica de la televisión.