OPINION

Advertencias para que no nos pille por sorpresa la verdadera situación que se está produciendo

Salir de la deudocracia, evitar la catastroika

Por Gerardo Pisarello, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

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El año pasado, los periodistas griegos Katerina Kitidi y Ari Chatzistefanou lanzaron un sugerente documental sobre la realidad de su país que llevaba por título “deudocracia”. La categoría pretendía reflejar el nuevo tipo de régimen que la financiarización del capitalismo estaba generalizando en Europa: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad a la de millones de personas. El trabajo reunía varias virtudes. De entrada, mostraba cómo el crecimiento desorbitado de la deuda pública en Grecia obedecía, sobre todo, a los subsidios y privilegios fiscales otorgados a una minoría en detrimento de los intereses del grueso de la población. El documental mostraba de manera cruda cómo estas políticas habían contado con el beneplácito de gobiernos colonizados por grandes grupos inversores, como Golmand Sachs. Y cómo estos se habían servido para sus políticas de todo tipo de intermediarios privados y públicos: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regularon.

Varios meses después, los periodistas griegos lanzan un nuevo trabajo. El título es todavía más inquietante: “catastroika”. El neologismo juega con dos palabras: catástrofe y troika, en referencia al temible trío integrado por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión europea y el Banco Central Europeo. Lo que se intenta transmitir es igualmente claro. Cómo las políticas de ajustes que se imponen a Grecia y a otros países de la periferia europea para satisfacer los intereses especulativos de los grandes acreedores conducen rectamente a la catástrofe social. El documental se centra en las privatizaciones de bienes y servicios públicos. Y explica con gran eficacia cómo forman parte de una estrategia que no es nueva. Que lleva aplicándose con ferocidad desde hace décadas. Para ello se remite al Reino Unido de Thatcher y Blair y a la Rusia de Yeltsin. A California, a París, a Buenos Aires y a La Paz. Al caso de los ferrocarriles, del agua, de la electricidad, de la educación y la sanidad públicas. Desde esa perspectiva, a lo que se asistiría ahora sería a una radicalización de este proceso privatizador iniciado en los años setenta del siglo pasado. Una radicalización que coincide con una acumulación aplastante de poder por parte de una oligarquía especulativa que cuenta con un férreo respaldo institucional y mediático. A más deudocracia, mayor catastroika.

Pero la catastroika no solo supone un asalto a los derechos sociales y a los servicios públicos. Cada vuelta de tuerca en los ajustes sociales entraña una nueva restricción a las libertades civiles, políticas y sindicales que se alzan contra los mismos. El desmantelamiento del Estado social no es solo una cuestión económica. Es una vía vertiginosa a la erosión del principio democrático y del Estado de derecho. Que este proceso pueda conducir a alguna variante de dictadura es todo menos una quimera. Ahí está el ejemplo del Chile de Pinochet. En Estados Unidos y Europa no parece haberse llegado a esos extremos. Pero si se atiende a la creciente criminalización de la protesta, al aliento de la xenofobia, al reforzamiento del Estado de policía y a la militarización, incluso, del espacio público, el horizonte es inquietante.

¿Cómo evitar, en este contexto, que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deudocracia? ¿Cómo sortear la pendiente perversa que conduce a la catastroika de la privatización, la precarización laboral y el vaciamiento de las libertades públicas? El documental griego no duda en señalar una prioridad: detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso propone un camino: remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Distinguir la deuda de las familias de aquella generada por operaciones financieras (o inmobiliarias, como en el caso español) claramente fraudulentas. Y rechazar aquellos pagos cuya ilegitimidad no pueda probarse.

Si se piensa en la impunidad con que se están tratando fenómenos con fuertes indicios delictivos como el de Bankia, la propuesta puede parecer utópica. Lo cierto, sin embargo, es que ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. La Unión Europea atenazada por los intereses de la gran banca alemana parece lejos de este escenario. Pero algunas experiencias indican el camino. En Islandia, la población impuso un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y consiguió sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En Grecia, los movimientos sociales y sindicales griegos han impulsado un comité de auditoría de la deuda. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima, escalonar el pago del resto y revertir las regresivas políticas fiscales y de privatización hoy en marcha es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y catastroika. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.

Irónico e inteligente repaso de la actualidad en nuestro país

Inshidiash

Por Rosa María Artal, Comité de Apoyo de ATTAC España

En 2011 Bankia anunció 309 millones de € de beneficio, ahora cambia su cálculo por pérdidas de 2.979 millones de €. Es un Delito societario tipificado en el Art 290 del Código Penal. Bankia advierte también que “ya avisó” a los inversores que podían perder todo su dinero: en la letra pequeña de un folleto. Pero ni siquiera el asunto llega a una comisión parlamentaria porque lo impide el PP. El mismo que entrega 23.400 millones de euros a Bankia. Noticia en los medios internacionales, muchos nacionales hablan del partido de Copa, del agravio al himno por la pitada, o de Gibraltar.  Todos tranquilos que lo de Bankia no ha sido un atraco a manipulación armada, “se debe exclusivamente al entorno de cambio regulatorios que ha habido y al deterioro de los activos por el entorno económico”, según ha dicho el nuevo Presidente de la entidad Jose Ignacio Goirigolzarri. Del consejo renovado este viernes sale por ejemplo el insigne empresario Arturo Fernández, para que entre otro Fernández -Fernando- el tertuliano carca y neoliberal que ha paseado sus saberes por todas las teles ultra. También tranquiliza mucho.

Es que no lo sabemos ver. Fortalecer el sistema financiero (podrido hasta el tuétano) nos beneficia a todos. No sabemos si necesitará Bankia más dinero porque cada día dice una cosa. Tampoco si lo necesitarán el resto de los bancos situados ya algunos al nivel del bono basura. Algunas estimaciones cifran lo que precisan (no sabemos bien para qué) en 100.000 millones de euros. ¿Tendremos bastante y facilitarán crédito? Ah, no se sabe. Hasta ahora no.

Esperanza Aguirre no se equivocó tampoco en su abultado déficit, es que lo había hecho con “proyección de futuro”, y el futuro tiene estas cosas. El déficit causado por las más añejas comunidades del PP, es consecuencia de la “herencia”. Y de los gastos en sanidad. Que antes podían costearse sin problemas pero ahora no, ahora crecen que es un gusto. Mejor privatizamos la sanidad. Y damos buenos tajos a la pública que el enfermo es un delincuente. Casi un terrorista. Como los docentes y cualquiera que defienda la educación pública. Suprimamos también los bonos de comedor y para libros, puros dispendios. ¿Las carreras universitarias? Quitátelo de otras cosas, como dice Wert. Lo bueno, bonito y barato es lo privado, que cada cual apechugue con lo que le quede de pagar impuestos para que el Gobierno haga con ellos lo que mejor convenga. Porque Bankia, a pesar del dinero público “inyectado” no es banco público, Soraya Sáez de Santamaría, dice que elegirán la mejor opción para que regrese “a la normal actividad privada”.

Las rentas altas no se tocan, que se van de España… a especular y no producir. Y les aplicamos “un gravamen” que solo las “inshidias” pueden decir que esto es una amnistía fiscal flagrante.

Nosotros tenemos que pagar y pagar, hay muchos gastos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Se acabó la fiesta. Y la herencia es un horror. Y, sobre todo, este Gobierno sabe lo que hace.

El máximo responsable del Poder Judicial en España se va a gastarse dinero público a hoteles de lujo de Marbella. Con cenas a dos. Sus colegas del CGPJ saben con quién estaba. Como lo sabemos bastantes periodistas. Si se hiciera público temblaría el monario. Y la revelación sería anecdótica porque lo que cuenta, además de la hipocresía del personaje, es que se ha gastado “una miseria” de dinero público en 20 viajes estupendos en fines de semana de cuatro días, como dios manda. Pero el CGPJ está dividido: unos piden el cese de quien reveló el pufo. Y otros callan porque el propio Dívar amenazó con tirar de la manta y dejar al aire otras vergüenzas. Pero tampoco lo sabemos ver. El Ministro de Justicia sí.

Tenemos la prima de riesgo por los cielos (los del dios que manda). Las previsiones –lógicas por la política aplicada- hablan de una recesión del 1,8% y de un aumento del paro hasta el 25% este año. Lo necesitábamos, puede que también el látigo y el cilicio. Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ese derecho solo asiste a los prebostes del PP, colocados varios de ellos en numerosas empresas como asesores. Como el marido de la Sra. Cospedal que ha conseguido un nuevo trabajito, y así entre los varios sueldos de los dos se compran un chalé bonito con estanque de nenúfares y todo, en una finca de 12.000 metros cuadrados para estar bien holgados y recibir visitas. Una tradicional casa toledana por supuesto, toledana y tradicional.

El líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba es un hombre de Estado. Por eso apoya al gobierno de Rajoy en asuntos de Estado. No quiere conservar su poltrona en el Olimpo a ver si el desgaste –de producirse porque si hasta ahora no ha estallado esto y ha reventado en pedazos con lo que ha hecho el PP yo ya no sé- le devuelve a mejores cometidos.

Entre el fútbol, las comuniones, algún divertimento del la tele, las polémicas por los pitidos al himno nacional, Gibraltar, y el ay que yo no me quiero agobiar, aguardamos que venga un hada con su varita mágica y el PP (o el PSOE de Rubalcaba) pongan fin a la crisis, lluevan los empleos, la riqueza y las margaritas de colores.

Interesante para evaluar lo que se debería esperar de la reunión de Merkel, Hollande y Monti, a la que Rajoy ha sido invitado, que se producirá este próximo mes

Una doble crisis de confianza

Por Josep Borrell, Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia)

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La crisis se agudiza con Grecia y España convertidos en los dos puntos débiles de la zona euro en los que se dibuja el peor de los escenarios, el de un ‘bank run’, un pánico bancario. Algo que ya es una realidad en Atenas y una amenaza en Madrid si no se restaura pronto la confianza. Las cosas están francamente mal. Desde las elecciones de mayo los griegos han retirado 3.000 millones de euros de sus cuentas bancarias y casi 1.000 millones el pasado lunes. Y la desconfianza sobre las cuentas públicas y la situación de los Bancos en España es simplemente total. Se nos está poniendo cara de Grecia a base de corregir el déficit al alza cada dos por tres hasta llegar a casi al 9 %, que fue la cifra que declaró Papandreu en el 2009 y provocó la crisis. Y cara de Irlanda, porque ya son varias las veces en las que tenemos que exigir recapitalizaciones bancarias, después de jurar que a base de “fusiones frías” entre Cajas, tratando de compensar la mala situación de unas con la todavía peor de otras, habíamos resuelto el problema.

En estas circunstancias, debo dar la razón al fogoso Alexis Tsipras, líder de Syriza, el nuevo partido de la izquierda griega, y a nuestro flemático presidente del Gobierno Mariano Rajoy. A Alexis cuando dice que los griegos nunca podrán pagar lo que les prestamos si su economía no crece y que las políticas de austeridad que les imponemos lo hacen imposible. Es lo que piensa y dice ya media Europa y parte de Alemania. Parece que lo piensan hasta los líderes mundiales del G-8 reunidos en EEUU, pero no han aportado muchas soluciones concretas. Reconocen que la austeridad y el crecimiento deben apoyarse mutuamente, pero no hay ni una sola medida concreta que diga cómo hacerlo. Y Merkel no ha modificado su posición, al menos abiertamente. Esperemos que la reunión de Merkel, Hollande y Monti, a la que Rajoy ha sido invitado en última instancia, sirva para algo más que las de Camp David.

Y también tiene razón Rajoy cuando dice que la hora exige la urgente intervencion del BCE, que es el único que puede evitar que descarrile la Deuda pública española y que los eurobonos, suponiendo que se llegara a un acuerdo sobre ellos, no son una solución que pueda llegar a tiempo de evitar la catástrofe. Los eurobonos son una buena y hermosa idea, serian un buen ejemplo de solidaridad europea, pero no son para pasado mañana y las soluciones se necesitan para ayer. Los eurobonos implican una garantía colectiva que exige una confianza reciproca y un pacto riguroso, controlable y cuya aplicación esté asegurada. Y estamos muy lejos de todo eso.

En Grecia, las nuevas elecciones abren un periodo de máxima incertidumbre y aumenta el temor de una salida del euro. En España, Bankia agrava las dudas sobre la situación real del sistema financiero, con 16 Bancos rebajados en su calificación por la agencia Moodys. El Gobierno nacionaliza Bankia, exige nuevas recapitalizaciones a los bancos, rechaza la ayuda europea para financiarla y llama a auditores internacionales para que nos digan la situación real de nuestros bancos, desprestigiando de paso al Banco de España.

Esos dos problemas a la vez, una salida de Grecia del euro y un colapso bancario en España, plantearían una situación demasiado complicada para que Europa la pudiese resolver. Juntos generarían un crecimiento exponencial explosivo de la crisis.

Desde el punto de vista estrictamente económico, los 780 mil millones de euros disponibles en los fondos de rescate europeos serían insuficientes. Pero el problema político sería mucho más grave. Rajoy sigue negándose a pedir la ayuda europea para recapitalizar los Bancos, mientras no se ve de dónde puede salir el dinero para hacerlo, si solo contamos con nuestras propias y debilitadas fuerzas. En mi opinión debería pedir esa ayuda cuanto antes, o mejor dicho aceptarla, puesto que ya son más de uno los dirigentes europeos que consideran que la necesitamos.

La buena noticia, en el terreno de lo concreto, es que los sindicatos alemanes del metal han conseguido un aumento salarial del 4,3 %, una subida record desde 1992. Ese acuerdo marca un cambio de era en las políticas salariales alemanas y esa es la mejor de las noticias. Ya no estamos en los años 90, cuando la amenaza para las exportaciones alemanas era el coste del factor trabajo. Ahora el problema es el hundimiento de la demanda en sus países vecinos, que son también sus grandes clientes.

Ese aumento salarial va en la línea de los que defendemos que el reequilibrio de la eurozona no puede hacerse solo con ajustes a la baja en los países deficitarios, es decir, con una deflación de caballo en el Sur. Sino que los países excedentarios tienen también que contribuir con aumentos de su consumo, lo que pasa por aumentar los salarios y aceptar un poco más de inflación en el norte para reequilibrar el conjunto de la eurozona. Por eso, ese acuerdo en la negociación colectiva alemana, al que hay que sumar una subida del 6 % en la función pública, es más elocuente que muchos de los rechazos a un relanzamiento del consumo interno en Alemania.

Los griegos no quieren salir del euro. Ni siquiera la nueva izquierda, que puede ganar las elecciones, lo pretende. Pero piden condiciones de ajuste más realistas que no conduzcan, como está ocurriendo, a una recesión económica y una grave crisis social. Cuando las políticas económicas rompen la confianza de la sociedad en sí misma es muy difícil aplicar las reformas necesarias para encontrar una futura solución a los problemas actuales. Churchill prometió sangre sudor y lagrimas pero su mensaje llevaba implícito que esos sacrificios eran el camino de la victoria. Pero si solo se proponen sacrificios sin esperanza, a partir de un cierto nivel de frustración los “animal spirits” de las sociedades democráticas no los aceptan. Y eso es lo que puede provocar la salida de Grecia del euro, aunque el remedio sea peor que la enfermedad.

Esa salida costaría al conjunto de los contribuyentes europeos del orden de 225.000 millones de euros, que es el importe de la Deuda pública griega, que está en manos de las instituciones públicas europeas, ya que es de suponer que se produciría un ‘default’ masivo de la misma.

Pero, cuando se analiza la prensa europea, se ve que preocupan más todavía las consecuencias de un colapso a cámara lenta del sistema financiero español si se acentúan los síntomas de retiradas de depósitos y de capitales de los Bancos más afectados por los activos tóxicos inmobiliarios. Esa pérdida de confianza sería fatal, no sólo para España sino para el conjunto del sistema financiero europeo. La hipótesis de una salida de Grecia del euro se ha ido asumiendo progresivamente y sus consecuencias se consideran digeribles, pero el problema de España es de otra dimensión. Los dos juntos producirían eso que en la historia financiara reciente ha quedado acunado como el “Lehman Brothers momentum”.

¿Y con qué instrumentos se cuenta para evitarlo? Hasta ahora hemos capeado el temporal con las dos inyecciones de liquidez del BCE a los Bancos por 1 billón de euros y los 780 mil millones de los fondos de rescate, el actual Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, para ayudar a los gobiernos.

El BCE puede inyectar más liquidez y el fondo de rescate se puede ampliar. Y seguramente habrá que hacerlo, pero si no se restablece la confianza en el sistema el problema no tiene solución. El total de depósitos bancarios en Italia, España, Grecia y Portugal suma 5,5 billones de euros, casi ocho veces la dimensión del MEEF. Y si los ciudadanos de un país se convencen de que sus euros se van a convertir en monedas nacionales fuertemente devaluadas, es lógico que los retiren de sus Bancos y se los guarden donde puedan. Es lo que está ocurriendo de forma acelerada en Grecia, donde los depósitos bancarios han disminuido en más de 60.000 millones de euros desde que empezó la crisis.

Este no es el caso de España. Quizá porque, a diferencia de Grecia, nadie se toma en serio la posibilidad de una salida del euro. Ha habido movimientos intrasistema, desde entidades con más riesgo a otras más seguras. Pero a medida que aumenta el porcentaje de activos tóxicos, como consecuencia de la caída de los precios inmobiliarios y de la desaparición de buena parte del tejido económico de pequeñas y medianas empresas que no han podido sobrevivir a la falta de crédito, aumenta también la tentación de buscar más seguridad en Bancos de otros países.

¿Podrían los Gobiernos europeos hacer como se hizo en EEUU en los peores momentos de la crisis financiera del 2008 y asegurar colectivamente los depósitos bancarios de todo el sistema financiero europeo? Una idea que ya se consideró y que no prosperó por sus evidentes dificultades políticas. La única solución es actuar rápidamente para evitar la expansión de la desconfianza y eso exige disponer de recursos que España sola muy probablemente ya no puede aportar. De forma inmediata la palabra la tienen en Frankfurt, donde el BCE podría y debería evitar que la prima de riesgo española, e italiana, aumente hasta límites insostenibles.

Y después hay que conseguir que la economía vuelva a crecer y cree empleo, sabiendo que los márgenes de una expansión fiscal son muy estrechos, simplemente porque los mercados financieros no la van a financiar. Hollande ha puesto sobre la mesa algunas ideas interesantes, pero me temo que insuficientes. Incluso doblando los recursos del BEI, estamos hablando de un 1 % del PIB europeo. Necesitamos tiempo para una estrategia de reequilibrio que pase por aumentar la productividad en el Sur, combinada con una deflación socialmente digerible en el Sur y una inflación, también psicológicamente digerible, en el Norte. Y mientras tanto hay que restaurar la confianza y evitar el colapso bancario. Y para ello el papel del BCE sigue siendo la única variable de control utilizable de forma inmediata.

Un ejemplo de ahorro en sanidad sin perjudicar el empleo más bien todo lo contrario.

LAS HORAS EXTRAS EN LA SANIDAD: COMO CREAR EMPLEO Y AHORRAR A LA VEZ.

Por Luis Vega (*)

La mayoría de la población sabe que en los centros de salud a partir de las 15:00 un equipo sanitario (médico y enfermera) atiende las urgencias. Son las guardias de Atención Primaria. Representan unas horas extras (complementarias) en la jornada del personal sanitario.

En el Hospital también se hacen guardias pero en este caso me referiré a las horas conocidas como “peonadas hospitalarias”. Estas no son las guardias que todos conocemos sino unos “módulos de trabajo de 4 horas” con los que se pretende, por ejemplo, que haya menos pacientes en la lista de espera quirúrgica o completar tratamientos ambulatorios largos que sobrepasan el horario habitual hasta las 15:00 y requieren que el personal sanitario haga “horas extras”.

En la organización laboral del tiempo de trabajo se tiende a considerar las horas extras como una necesidad circunstancial en un momento determinado. Sin embargo tanto las guardias de Atención Primaria como las peonadas hospitalarias son parte de la organización programada, permanente del trabajo, no son circunstanciales sino estructurales. A pesar de esto siguen ofreciéndose al personal de plantilla y constituyen un “jugoso” complemento retributivo. Esta decisión en la gestión de los recursos podría tener una explicación económica (es más barato) o una insuficiencia de personal (pleno empleo) pero la realidad es que es más caro y significa el pluriempleo público para unos y el desempleo para otros:

a) El despilfarro económico:

1. Atención Primaria: Cada 138 horas de guardia (una jornada mensual) suponen un coste bruto de 2.155 euros si las realiza la plantilla y 2.568 euros si se contrata a una enfermera demandante de empleo. Es decir, con una inversión de 400 euros mensuales se estaría creando un puesto de trabajo. Es incuestionable que la sociedad recuperaría con creces este modesto esfuerzo inversor de la Administración para crear un puesto de trabajo. Pero, además, es muy probable que esta enfermera contratada estuviese cobrando la prestación por desempleo (1.000 euros al mes aprox.). Esto supone que con su contratación, todos nosotros, nos ahorraríamos 600 euros mensuales. (invertiríamos 400 euros y dejaríamos de pagarle 1.000) y además estaríamos creando un puesto de trabajo.

2. Las peonadas hospitalarias: Actualmente la hora de peonada hospitalaria quirúrgica de una enfermera supone un coste bruto de 52,83 euros/hora (módulo de 4 horas: 171 euros + 23,60% cotización S. Social). Si contratásemos a una enfermera demandante de empleo para realizar esas peonadas la hora de trabajo tendría un coste bruto de 20,33 euros. Es decir, 138 horas (una jornada mensual) de peonadas suponen un coste de 7.291 euros brutos mensuales si las hace la plantilla, mientras que contratar a una enfermera supone un coste de 2.805 euros brutos mensuales. Por lo tanto, nos estaríamos ahorrando 4.486 euros mensuales con la contratación de una enfermera para hacer esas peonadas. Pero si esa enfermera estuviese cobrando la prestación por desempleo, dejaríamos de pagarle 1.000 euros al mes y su contratación supondría un ahorro para todos nosotros de 5.486 euros mensuales y además se crearía un puesto de trabajo.

b) El desempleo sanitario:

Se lee en diferentes publicaciones sanitarias que la actual crisis económica supone un éxodo masivo de excelentes profesionales de enfermería al extranjero (por ejemplo, enfermeras con formación quirúrgica).

Actualmente en la “bolsa de demandantes de empleo” del área sanitaria IV (Oviedo) están inscritos más de 2.000 profesionales de enfermería con menos de 1 punto en su baremo de méritos. La mayoría sólo trabajarán algún mes en las sustituciones de verano. Mientras tanto, personal de plantilla con su puesto fijo verá incrementadas sus retribuciones durante todo el año con horas extras que podrían hacer profesionales en el paro.

Al despilfarro económico, por ej. “190.000 euros al mes por peonadas en Cabueñes” (el Comercio: 14/10/10), se añade la inmoralidad social del pluriempleo público para unos y el desempleo para otros.

¿Es esto es un ejemplo de lo que en la sanidad significan las llamadas “políticas activas de empleo”...darle más empleo al que ya lo tiene?.

Si la nueva Administración y los agentes sociales no cambian este modo de gestión de nuestros recursos de poco sirven para sostener la sanidad pública decisiones como la del “céntimo sanitario” o la del “copago”.

(*).- Luis Vega es Enfermero del Servicio de Atención Continuada (SAC) en el área sanitaria IV.

Comentario oportunísimo

Rajoy y Esperanza: tierra quemada.

Por Carlos Carnicero

La “ejemplar” Esperanza Aguirre tenía escondido el déficit. Utilizando la tecnología del PP, la presidenta ha mentido a los ciudadanos de Madrid. Ha aflorado, cuando no ha quedado más remedio, la deuda oculta: el cien por cien de la declarada. Ni más ni menos. Ahora dice que se le habían perdido unas facturas. ¡Casi nada¡

Toda su campaña de excelencia en la gestión de la Comunidad de Madrid ha quedado sepultada por el déficit: mintió. Siguiendo el esquema de armas de destrucción masiva del PP, tenía escondido la mitad de su déficit. Todos aquellos exordios de las mentiras de Zapatero se han vuelto como un boomerang contra los dirigentes del PP. Y han quedado al descubierto las trampas de Madrid, Castilla León y Valencia. Todas, comunidades gobernadas por el PP.

Pero en esa política irresponsable de culpar de todos los males al gobierno de Zapatero, los daños colaterales son inmensos. Rajoy, en sus batallas, solo está dejando tierra quemada.

El sueño de sostener un imperio económico para el servicio de los intereses de Esperanza Aguirre han explotado. Bankia era un tigre de papel. Rato el brazo ejecutor de el sueño de dar el sorpasso financiero a Cataluña. Los agujeros negros de Caja Madrid y de las cajas valencianas están a punto de tumbar el sistema financiero español. Y los platos rotos los vamos  a pagar los ciudadanos.

El Gobierno de Rajoy y el PP han destruido la credibilidad del Banco de España. Con tal de salvar el pellejo de Rodrigo Rato y de los gestores de las ensoñaciones económicas del PP valenciano, hemos llegado al límite de tener que hacer auditorías externas al sistema financiero español: en la ideología de nuestros gobernantes, la mayor concesión a nuestra pérdida de soberanía.

No ha queda un frente por abrir. Destruida la credibilidad de nuestras instituciones –comunidades autónomas y Banco de España- solo quedaba manejar con tan poco talento el contencioso con Gibraltar. ¿Atacarán el Peñón como desembarcó Aznar en Perejil? Quieren reeditar el populismo de unas Malvinas españolas? La flota británica ya está humillando a nuestra Guardia Civil y a nuestros pescadores.

Mariano Rajoy, como un zombie, ha agarrado el neceser para salir corriendo a Europa. A última hora, tarde y mal. Si Felipe era un pedigüeño por reclamar fondos de cohesión, Rajoy es apenas un mendigo. ¡Vergüenza de Gobierno¡

Pensamiento Crítico en Público.es: Porque negar la evidencia histórica no sirve de nada

El enorme fracaso de las políticas de austeridad: el caso de Grecia

Por Vicenç Navarro (*)

Durante más de cuatro años se han estado promoviendo a lo largo de la Unión Europea unas políticas de austeridad que han estado dañando el bienestar de las clases populares. Los dos componentes más importantes de estas políticas han sido los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social (tanto en las transferencias –como las pensiones- como en los servicios públicos del Estado del Bienestar –como sanidad, educación, servicios sociales, servicios domiciliarios a las personas con dependencia o escuelas de infancia, entre otros-) y la reducción de los salarios. La justificación de tales políticas ha sido recobrar la confianza de los mercados financieros internacionales y la competitividad de la economía, recuperando con ello el crecimiento de la economía y la producción de empleo.

Pues bien, en lugar de alcanzar estos objetivos, se ha conseguido todo lo contrario. En ninguno de los países donde se han aplicadon tales políticas se ha estimulado la economía. Lo que sí han conseguido, es crear una enorme recesión, que en algunos países ha llegado a ser una Gran Depresión. El caso más evidente, aunque no el único, de la ineficacia de tales políticas, ha sido Grecia. Según el Fondo Monetario Internacional (uno de los mayores proponentes de tales políticas de austeridad), aplicando estas políticas durante los últimos cuatro años, la economía de Grecia ha ido empeorando año tras año, con el consiguiente descenso del nivel de vida de las clases populares. Los salarios son casi un 16% más bajos de los existentes al principio de la crisis, con un crecimiento muy acentuado del desempleo durante este periodo, habiendo alcanzado ya un 20% de la población activa. La deuda pública, cuya reducción era un elemento deseado en tales políticas, se ha disparado llegando a un 135% del PIB, la cifra más elevada en la historia reciente de aquel país.

Sólo los dogmáticos fundamentalistas de la fe neoliberal, totalmente impermeables a la evidencia científica, y cuyo número es muy elevado en los foros económicos y financieros españoles y sus fundaciones, como Fedea (financiada por grandes grupos bancarios y empresariales) y las revistas económicas, continúan acentuando la necesidad de seguir con tales políticas, fundamentalismo que ha contaminado a sectores de las izquierdas gobernantes europeas, cuya única diferencia es que indican que tales políticas, aunque necesarias, son insuficientes, exigiendo ahora políticas de estímulo del crecimiento económico además de las políticas de austeridad. Como he indicado en otro artículo (ver mi artículo “Las propuestas de François Hollande son insuficientes para salir de la crisis”, Público digital, 10.05.12), tales medidas de estímulo de crecimiento serán insuficientes, pues la causa de la enorme recesión es la escasa demanda creada por los dos componentes de las políticas de austeridad citadas anteriormente, es decir, los recortes de gasto público y la reducción de salarios.

La situación en Grecia. Los maliciosamente llamados “extremistas” llevan razón.

La población griega es plenamente consciente de que las políticas de austeridad están en el centro de sus problemas. La gran mayoría del electorado las rechazó en las últimas elecciones al Parlamento griego. Los grandes perdedores de tales elecciones fueron el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata, PASOC, sostenedores y promotores de tales políticas de austeridad. Sumando sus votos consiguieron sólo un tercio de los votos emitidos. Los otros dos tercios fueron a partidos que tenían en el centro de sus propuestas electorales el rechazo a tales políticas. A tales partidos se les define como “extremistas” por parte de los medios de mayor difusión españoles, mientras que definen a los partidos que han llevado a la ruina a Grecia, causando un enorme dolor a las clases populares como “razonables”, “maduros políticamente”, ”llenos de sentido común” y otros calificativos aprobatorios de tales partidos. Esta clasificación de los partidos griegos por parte de tales medios muestra una vez más que su objetivo no es informar, sino persuadir a la población.

Frente a esta realidad hay, como bien señala Dean Barker (una de las mentes económicas más clarividentes de EEUU), dos alternativas para Grecia. Una es su salida del euro. Tal salida crearía problemas graves pero solucionables en un periodo de tiempo relativamente corto. El caso más claro de ello es la salida de Argentina de la paridad de su moneda, el peso, con el dólar estadounidense, desoyendo las instrucciones del FMI. Su economía bajó durante el primer año, pero, al recuperar el control de su propia moneda, pudo rápidamente recuperarse, siendo a partir del segundo año el país de América Latina que creció más rápidamente.

Un tanto parecido ocurriría en Grecia. La elección que se presenta a un futuro gobierno griego es o continuar la situación actual por más de diez años, que condena a Grecia a una situación que debería considerarse intolerable, o llevar al país a una transición muy dura económicament por uno o dos años para recuperarse más rápidamente después de ello. Esta alternativa, aunque podría ser la mejor para Grecia, es probable que no ocurra, pues es la menos deseada por la banca alemana, ya que tal salida crearía una situación difícil para el sistema financiero europeo dominado por tal banca. Las expresiones de que el gobierno alemán o el Banco Central Europeo (BCE) desean “expulsar” a Grecia del euro parecen desconocer la dependencia de la banca alemana de los fondos prestados a Grecia y a otros países PIGS. La salida de Grecia del euro afectaría negativamente el sistema financiero europeo, centrado en la banca alemana.

La otra alternativa es que cambiaran las políticas de austeridad en la Unión Europea y en la Eurozona, permitiendo la recuperación de la economía griega. La elección de François Hollande ha creado esta esperanza. He señalado que las políticas de François Hollande, aunque insuficientes, podrían abrir las puertas a otras medidas más relevantes para la solución de la crisis griega, incluyendo la anulación de las políticas de austeridad. Ahora bien, se está dando excesiva importancia a la elección de una persona o de un líder como motivador de cambio. En esta visión de como se realizan los cambios históricos (que erróneamente se interpreta como protagonizada por grandes hombres, y sólo de vez en cuando por algunas grandes mujeres) se considera que la elección de Hollande puede significar el cambio necesario. La historia, sin embargo, no la escriben grandes figuras, sino millones y millones de personas anónimas que con sus movilizaciones fuerzan los cambios. El mismo François Hollande que hace ahora propuestas progresistas, como gravar al 75% las rentas de los millonarios, se había opuesto a ella sólo un año antes, criticando tal medida como “confiscatoria” (tal como la definía también Sarkozy). El hecho de que cambiara se debió a la enorme movilización y agitación de los movimientos sociales, incluyendo, entre otros, los sindicatos, hacia el establishment francés y las instituciones europeas a las que éste servía. De ahí la necesidad de que para que haya cambios en las políticas europeas se realicen movilizaciones que fuercen el rechazo a tales políticas de austeridad que están en la raíz del problema. Sin que estas políticas cambien, no habrá salida de la recesión. La experiencia histórica así lo demuestra.

(*).-Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Publicado en la Sección “Pensamiento crítico” de Publico.es

¿Por qué y cómo surgió el 15-M?

Por Vicenç Navarro (*)

Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. Las movilizaciones del mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las movilizaciones y huelgas políticas más numerosas y extensas existentes en Europa) forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la protesta obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas, y muy en especial, los dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o habían llegado recientemente del exilio y no pudieron neutralizar, y todavía menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que controlaban el Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador, era el símbolo de la desigualdad en la correlación de fuerzas en aquel momento.

Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro)).

Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha sido la enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el enorme fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más de lo que podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del promedio del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se deberían gastar por su nivel de riqueza.

Es cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores de la población alcanza niveles de Gran Depresión.

La rebelión de los jóvenes

Entre estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo uno de cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible (se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500 millones de euros-).

No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.

Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país. Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con el monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la economía esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la población que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo en España. Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las estructuras de poder para marginar las voces críticas auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía extraordinariamente limitada en España.

Predeciblemente, la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la represión. Véase lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas, entre otros, por el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha organizada por los sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M (40.000 personas). Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en los años cincuenta. A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les registraba. Era el intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La Vanguardia- a los jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la juventud. El peligro de instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos durante la dictadura existe hoy en España.

(*).- Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

La confusión de intereses entre los partidos y los bancos deja en evidencia un sistema viciado, que no funciona, que es ineficaz, corrupto e injusto

La vía islandesa

Por Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencias Políticas

La última peripecia de Rodrigo Rato ha suscitado un verdadero escándalo sobre todo por el grado de negligencia, incompetencia y corrupción del conjunto del sistema que pone de relieve. Se han escuchado muchas voces indignadas pidiendo que se abra en España un proceso similar al de Islandia hace unos años. No es mala idea. Pero, para evitar que la desactiven con el habitual argumento de la incomparabilidad entre los dos casos, convengamos en que lo que se quiere imitar de Islandia no son las medidas o actos concretos sino el principio general de abrir una investigación pública, con participación de la ciudadanía, acerca de la forma en que las autoridades políticas, económicas y financieras han gestionado la crisis. En otras palabras un examen público del funcionamiento de las instituciones de  la totalidad del sistema pues está quedando claro que es defectuoso, a veces incomprensible,  lleno de vicios, claramente injusto, con frecuencia ilegal y  plagado de corrupción.

Por eso es legítimo plantear un proceso “islandés” en cuanto examen y evaluación públicos del funcionamiento de nuestro sistema supuestamente democrático. Motivos sobran, están en el ánimo de todos: desde el paro a los desahucios, desde el clientelismo al despilfarro, pasando por los recortes, las privatizaciones de beneficios y socializaciones de pérdidas, las ruinas de las empresas y las jubilaciones áureas de quienes las arruinan, el conjunto produce la impresión de una irracionalidad en la que rige la ley del más fuerte, el más rico, el más influyente. A los unos se los indulta; a los otros se les aplica la legislación vigente.

Lo primero que llama la atención es la deliberada mezcla de lo público y lo privado, fundamento de toda corrupción. La misma política de privatizaciones desde los poderes públicos es una burla que, a veces, se prolonga en el tiempo. Un gobernante privatiza una empresa pública y seis años después la empresa “privada” lo nombra asesor con una paga suculenta. Eso ¿cómo se llama? Nada porque, fuere lo que fuere, a los cuatro o cinco años habrá prescrito. Se niegan los conflictos de intereses. ¿Acaso los políticos, los parlamentarios encargados de hacer las leyes no se sitúan por encima de ellas?  Por ejemplo, el incumplimiento de la Ley de incompatibilidades es clamoroso, a veces mediante fraude de ley, a veces porque sí.

Las instituciones encargadas de controlar los poderes, el Parlamento o los tribunales, no funcionan. Por la misma dinámica del sistema que, gracias a un pintoresco sistema electoral proporcional, consigue mayorías absolutas, el Parlamento no controla el gobierno. Solo los tribunales de justicia ejercen alguna fiscalización, constantemente interferida por los partidos políticos, cuyo predominio en el funcionamiento institucional es, al mismo tiempo, imprescindible y muy perjudicial.

Los partidos no suelen ser transparentes y dejan mucho que desear en cuanto a su funcionamiento interno democrático pero, al controlar todos los poderes del Estado (con mayor o menor eficacia) se han constituido en unos estados dentro del Estado y han consolidado su posición independizándose de los avatares sociales mediante la financiación pública. Esta está en el origen de una serie de contubernios en los que el Tribunal de Cuentas resulta inoperante y que apuntan a uno de los puntos más negros del funcionamiento de la democracia: la confusión de intereses entre los partidos y los bancos, unos bancos que pueden dar trato de favor a unos partidos que luego legislan sobre ellos y los favorecen. Y el  régimen de intercambio de prebendas no se limita a los bancos y los partidos sino que se extiende a las empresas en general y los organismos de la administración pública gestionados por los partidos. Mismas componendas, mismos tratos. Los favores se pagan luego con puestos para los políticos cuando dejan de serlo o para sus parientes y allegados ahora mismo.  Donde media el oro no existe el decoro.

Quiere la teoría política pura que los medios de comunicación ejerzan esa función fiscalizadora de los poderes que está abandonada y que, además, la extiendan a las relaciones entre lo privado y lo público. Pero es difícil que lo hagan dado que los medios son, en primer lugar, empresas y, como tales, dependientes de las relaciones que se establezcan con los poderes públicos y los partidos y las posibles colusiones de intereses.

La conciencia de que el sistema está viciado, que no funciona, que es ineficaz, corrupto e injusto, está muy generalizada, es compartida por la mayoría de la población como muestran los barómetros del CIS y los sondeos sobre popularidad de políticos, partidos, instituciones, sobre prestigio de estas o de las magistraturas. Lo que nadie tiene claro es cómo darle forma práctica.

Eso es, en cierto modo, lo que la gente espera de movimientos como el 15-M, razón por la cual estos tienen tanto apoyo; una innovación radical, un giro copernicano, una refundación del orden socio-político. Y lo espera, además, sin violencia y sin revolución.  Quizá esté aquí el meollo de la cuestión. El término “perroflautas” recuerda el de “sans-culottes”, pero solo en la forma. ¿La participación pacífica y espontánea de la gente en asambleas y manifestaciones puede conseguirlo? Si no tienen un seguimiento masivo, es dudoso. ¿Las convocatorias y movilizaciones a través de las redes sociales? El gobierno se apresta a considerarlas delitos. No hay duda de que el tiempo está abierto.

Artículo publicado en Público.es