OPINION

La persistencia en lo mismo aunque aparenten dar otra impresión o así lo interpreten los mayores medios de comunicación.

Lo que el Sr. Draghi y el Banco Central Europeo entienden por estimular la economía

Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

nuevatribuna.es

El Presidente del Banco Central Europeo (BCE), el señor Mario Draghi, en su reciente presentación al Parlamento Europeo, reconoció la necesidad de que a las políticas de austeridad (que repitió eran necesarias) se debían añadir políticas de estímulo de crecimiento económico, lo cual dio lugar a una interpretación generalizada en los mayores medios de información que presentaron a tal autoridad bancaria como sensible a la llamada del que era entonces candidato socialista a la Presidencia de Francia, el señor. François Hollande, para estimular la economía y facilitar el crecimiento económico. De pronto los cinco rotativos más importantes del país escribieron editoriales citando lo que ellos consideraron como un cambio muy importante de la máxima autoridad del BCE, sorprendidos por lo que consideraron era una nota de apoyo a la llamada a estimular la economía.

Pero, por lo visto, no leyeron el resto de la presentación del señor Draghi, ni tampoco parecen familiarizados con las tesis de tal señor. En realidad, tal banquero no se ha movido ni un centímetro de su posicionamiento, apoyando políticas que han sido responsables de la Gran Recesión en la Unión Europea. El señor Mario Draghi, dirigente durante muchos años de la banca Goldman Sachs, siempre ha indicado la necesidad de estimular la economía mediante el aumento de la competitividad, que se conseguirá –según él- “flexibilizando el mercado de trabajo”, el código que el mundo empresarial, incluido el bancario, utiliza para definir el proceso por el cual el empresario puede despedir más fácilmente al trabajador. Esto es lo que el señor Draghi está recomendando para que la economía crezca.

El problema de tal postura es que toda la evidencia –repito, toda la evidencia- existente en la literatura científica muestra que sus medidas ralentizarán el crecimiento económico en lugar de estimularlo. Flexibilizar el mercado de trabajo quiere decir en lenguaje normal y corriente abaratar los salarios. Éste es el objetivo de las sucesivas reformas laborales. Y lo están consiguiendo. Tanto la masa salarial como el nivel salarial están cayendo en picado. Las reformas del Gobierno español del PP están acentuando la destrucción de puestos de trabajo, con el consiguiente aumento del desempleo y descenso salarial. Y no hay ni un ápice de dudas de que los arquitectos de estas reformas eran plenamente conscientes de que esto era lo que deseaban, y lo que están consiguiendo. No descarto que algunos de los economistas del BCE y del Banco de España, así como de Fedea (la fundación financiada por intereses bancarios y de grandes empresas), fervientes creyentes del dogma neoliberal, se crean que despidiendo a los trabajadores facilitan el crecimiento económico. Pero dudo que el señor Draghi se lo crea. La evidencia es demasiado robusta para ignorarla. La bajada de los salarios creará un descenso de la demanda y con ello un descenso del crecimiento económico y el consiguiente bajón de los ingresos al Estado y un aumento del déficit. Esto es lo que ha pasado en Grecia, Portugal, Irlanda y ahora en España.

Y para reducir el déficit cortan el gasto público, que disminuye también la demanda y así se reproduce el ciclo suicida que está ocurriendo. Y el señor Draghi lo sabe. No hay duda de ello ¿Y por qué lo hace? El Presidente del BCE es un banquero que representa los intereses de los banqueros para los cuales el mayor enemigo es la inflación. Y sacrifica todo –repito, todo- para conseguir lo que la banca desea. Pero hay otro objetivo de la crisis que sus políticas están mostrando. Y este objetivo es la eliminación del Estado del Bienestar con su privatización, desde las pensiones a la sanidad pública, pues el capital financiero desea echarle mano a las fuentes de capital más importantes en los países de la Eurozona, como son la Seguridad Social y los sistemas de protección social. Si creen que esta interpretación es paranoica o conspiracional, les ruego que se lean los propios discursos de tal señor. Fue este banquero el que dijo que “el modelo social europeo está desapareciendo”, en una entrevista al ‘Wall Street Journal’ (24.02.12), observación que hizo con aprobación. No podía haberse expresado mejor. Cito directamente su respuesta, traduciendo literalmente del original en inglés. “El Estado social europeo está ya desapareciendo. En un país donde los jóvenes tienen un desempleo de un 50%, como en España, la protección social ya ha desaparecido…. El objetivo de crear una situación de ‘shock’ es forzar que los países hagan las necesarias reformas, como la reforma laboral, que permita resolver sus problemas” (lo que no aclara el señor Mario Draghi es los problemas de quién). Más claro el agua. La supuesta crisis creada en gran parte por el capital financiero tiene por objetivo conseguir lo que siempre han deseado: el fin de la Europa y de la España social.

Rafael Bengoa, analizada en su blog las medidas que el Gobierno Central pretende implantar en el sector sanitario y las confronta con el camino emprendido en Euskadi hace tres años para garantizar la sostenibilidad del sistema a través de una reforma profunda, que está dando sus frutos

La Sanidad NO es un Lujo

Publicado el 08 de mayo del 2012 en Reflexiones del Blog personal de Rafael Bengoa, Consejero de Sanidad del Gobierno vasco.

Recortes sin Plan

La sanidad no es un lujo con el que se puede jugar en época de crisis. Al revés: la Sanidad es una inversión que hay que proteger. Así que ante una modificación de las reglas de juego debemos reaccionar con energía y con  prudencia, porque lo que se ha construido en 30 años se puede destruir en uno cuando se responde a la crisis con pánico. Creemos que hay otra forma de avanzar.

Estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones para mejorar la sostenibilidad del sistema. No cerramos los ojos, por tanto, ante los enormes retos económicos que se avistan en el horizonte.

¿Cuáles son los verdaderos retos del país? Por ejemplo habrá 1.000.000 de demencias seniles en la España de mañana, y… ¿qué plan nacional existe para lidiar con eso? ¿Cuál es el modelo asistencial y de apoyo que se propone?

Para poder avanzar ante esos retos es necesario un plan.

El Real Decreto que se discute estos días es un recorte sin un plan. Y es que hay que saber dónde va el coche, y no solo jugar con las piezas del mismo. Porque… ¿qué modelo de sanidad quieren para España en el Gobierno Central actual? Si creen en otro modelo diferente del presente, ¿por qué no explicarlo con claridad, en lugar de intentar imponer recortes precipitados?

Una Uniformidad que genera Diferencias

La centralización percibida desde que se produjo el cambio de gobierno estatal intenta, entre otras cosas, uniformizar al país. Paradójicamente se va a conseguir todo lo contrario con decretos como éstos: al intentar pasar de un modelo de derechos universales a la sanidad a uno de seguridad social por tramos de edad y otras segmentaciones, va a resultar muy diferente ser un paciente en un sitio que en otro en  España.

Lo Recurrible del Real Decreto (en Sanidad)

Sobre el uso del Real decreto en la situación actual

Lo primero recurrible es el decreto en sí mismo. Normativamente un Real Decreto se debe usar cuando una “situación es de extraordinaria y urgente necesidad”, en razón de la que el Gobierno considera que existe una necesidad urgente para realizar una reforma estructural.  Pensamos que no se dan las condiciones para esto ni de lejos.

Se presupone en esta actuación del Gobierno Central que el SNS no es sostenible y que es necesario intervenirlo. Sin embargo se puede probar que se trata de uno de los sistemas más eficientes de Europa en términos de gasto, eficaz en resultados de salud y satisfacción de usuarios.

Si hay que intervenir el SNS español, ¿por qué no lo hacen también por decreto los países que están gastando bastante más que nosotros?

¿El fin de la  Universalidad?

La segunda cosa recurrible es la introducción de asegurado (y, en su sazón, de quién tiene derecho a qué por tramos), en lugar de la figura ya existente de titular de los derechos a la protección de la salud y la atención sanitaria.

¡O hay un principio de aseguramiento universal o no lo hay! Y como lo hay y este Real Decreto no deroga el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad de 1986, el cual hace explícitamente titulares del derecho a todos los españoles, se entiende que debemos seguir dando cobertura de la misma forma como hasta ahora lo hemos hecho.

No se puede volver al modelo en que la sanidad se basa en un esquema de Seguridad Social cuando llevamos varios años reforzando un modelo de SNS descrito en Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, la cual establece el principio de aseguramiento universal y publico por parte del Estado y de cooperación entre todas las Administraciones sanitarias del país.

Exceso de Centralización

En el Real Decreto se definen  una larga batería de medidas relacionadas con la gestión de recursos humanos, pero, aunque una parte importante de la ordenación en RR.HH. es competencia estatal, prácticamente ninguna de tales medidas posee la consistencia ni las connotaciones de urgencia requeridas en el artículo 86 de la Constitución para ser adoptadas mediante un Real Decreto-Ley.

Lo que está cambiado aquí es la percepción de lo que es una Comunidad Autónoma y se ha empezado a hacer micro-gestión estatal de las CCAA.

Las CCAA no son meros gestores de decisiones estatales sí co-decisores. Las CCAA tienen legalmente la capacidad de gestión derivada de la legislación básica sanitaria. Por lo tanto hay un exceso de centralización y probable invasión competencial.

Para lo Inevitable tomaremos Medidas Específicas

En relación con las modificaciones de la condición de asegurado que tengan un impacto sobre los ciudadanos, copagos y asistencia sanitaria, estamos identificando formulas para paliar las restricciones en materia de asistencia sanitaria del Real Decreto Ley. En corto, como hay una regresión de los derechos de los ciudadanos en Euskadi paliaremos esa regresión con medidas específicas.

Es decir, un enfermo de diálisis renal debe poder ir al hospital varias veces para hacerse la diálisis sin tener que perder dinero para el transporte sanitario o medicamentos. Se compensará ese gasto y punto. La razón no es sólo de corte humano y derechos, sino también eminentemente práctica: si no se hace así podemos tener más problemas con ese paciente, ya que se crearán más barreras a su tratamiento. Aquí de lo que se trata es de quitar barreras para los enfermos, no de ponerlas.

Por otro lado, administrativamente  la aplicación de los co-pagos impuestos es larga, compleja y carísima. No se verán los resultados económicos este año en ninguna parte de España. Si se verán este año, sin embargo, las enormes dificultades y tensiones para ponerlos en marcha.

En Euskadi contamos con un Decreto Propio

En Euskadi existe una particularidad añadida: existe un DECRETO en vigor, datado de los gobiernos de Ardanza y Jauregui y Freire. Se trata del Decreto de Universalización propio del País Vasco, publicado en el BOPV de 27 de febrero de 1988.

Así que…

• Tenemos un decreto de 1988 que universaliza la sanidad (otorga derechos a empadronados, condiciones, pobreza…)
• Y queremos recordar que nadie ha recurrido ese decreto.

Tal Decreto representa una universalización de facto y entendemos que no queda derogado por el Real Decreto que nos ocupa, así que aquél nos servirá como base legal para contrarrestar las medidas de éste.

Hay otras Alternativas a la Sostenibilidad del Sistema

Estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones para mejorar la sostenibilidad del sistema. Nadie dice que estos tiempos no se necesitan nuevas ideas.

Tenemos muchas soluciones que sugerir. Otras CCAA también.

Pero no se han escuchado esas soluciones, pese a que son más constructivas, menos polémicas y más estructurales –y sobre todo más efectivas– que las exigidas en el Real Decreto de forma unilateral.

Tales soluciones se basan en barrer la casa primero, antes de buscar soluciones económicas que se carguen sobre las espaldas de ciudadanos y pacientes.

En Euskadi hemos demostrado su eficacia aplicándolas desde 2009.

¿Qué medidas hemos aplicado hasta ahora?

El ahorro cuantificable en euros es el que sigue:

• Ahorros en farmacia vía genéricos: 48 millones
• Ahorros en compras estratégicas: 60 millones
• Ahorros en compra centralizada de medicamentos: 11.5 millones
• Ahorros en conciertos en 2011:  4.3 millones

Y además se ha dado un importante aumento de la productividad interna en Osakidetza, y todo ello manteniendo en algunos casos y mejorando en otros las listas de espera, estableciendo una media de menos de 50 días.

Somos conscientes que esas medidas de gestión han sido eficaces pero que necesitamos algo más. Consecuentemente, desde 2009 desarrollamos una ambiciosa estrategia de transformación del modelo asistencial: La Estrategia de Crónicos.

La Estrategia es una re-configuracion del modelo asistencial para atender mejor a los enfermos crónicos. A la vez nos da pistas para la sostenibilidad del sistema de salud. Los ahorros potenciales por el cambio del modelo hacia la gestión de los Pacientes Crónicos empiezan a confirmarse en nuestro entorno y en el extranjero.

Nuestra Reforma Sanitaria para los retos del Siglo XXI

Los argumentos que avalan nuestra reforma del modelo sanitario son que…

• El gasto para los enfermos Crónicos se va duplicar exactamente en los próximos 10 años.
• Cualquier esfuerzo serio de reducción del gasto y de sostenibilidad del sistema de salud pasa por gestionar de forma diferente a los enfermos Crónicos.
• Sabemos que podemos a la vez atenderles mejor y ahorrar.
• La mayor parte de esos ahorros vendrán de menos hospitalizaciones y de menos re-hospitalizaciones, menos gasto en medicamentos, menos frecuentación a urgencias, menos necesidad de camas.
• Un ejemplo: el 23% de los enfermos complejos a los que se da de alta del hospital vuelven a ingresar en los siguientes 30 días. Sabiendo quiénes son los enfermos complejos por estratificación y monitorizándolos en casa y en atención primaria de forma más intensa, se puede evitar un 14% de esos reingresos y un 15% de las visitas a urgencias y esas son cifras conservadoras.
• Si se hacen los cambios que estamos haciendo en Euskadi se pueden ahorrar millones de euros.

¡Resulta destacable que se están interesando mas en Europa por este cambio que en el Estado!

Más Ideas de Ahorro: ¡Un poco de jabón!

Otra idea de mejora y de ahorro: una campaña de lavado de manos nacional por los profesionales hubiera ahorrado muchos más millones de euros. No se trata de una intervención de alta tecnología, ni está repleta de glamour, pero ese simple de lavado de manos por los profesionales entre pacientes en Inglaterra ha salvado 10,000 vidas y ha ahorrado 500 millones de euros en 3 años, evitando tener que tratar infecciones hospitalarias.

La campaña costó medio millón de euros. El ahorro conseguido, sin embargo, es el triple de lo que se va a conseguir con co-pagos. Han bajado las infecciones hospitalarias a la mitad: es mayor el impacto de ese simple hecho que el de cualquier antibiótico.

Porqué no hacer este tipo  de cosas en lugar de buscar cómo aplicar medidas sobre los ciudadanos. Hay mucho que barrer en casa pero para eso es necesario escuchar a las CCAA.

Última Reflexión

Resulta interesante que, como reacción a la crisis, el Gobierno Central imponga Reales Decretos primero sobre los elementos del Estado de bienestar.

La visión de que el Estado de Bienestar es un gasto y no una inversión en un país no es un buen punto de partida para tomar decisiones.

La tradicional vía de la derecha para intentar evitar todo tipo de movilizaciones y/o protestas

Cerillas y dinamita

Si la herencia genética de la izquierda española es la desunión, lo que está haciendo el PP es reivindicar con orgullo el gen tradicional de la derecha

Por Almudena Grandes en El País.

A primera vista, existen motivos para preocuparse. La obsesión del gobierno de España por el ejercicio de los derechos civiles de la ciudadanía proyecta sombras oscuras, y alargadas, sobre la paz social. El ostentoso despliegue policial que tomó Barcelona la semana pasada, los controles de la Jonquera, las advertencias, progresivamente asimilables a amenazas, que profieren diversos ministros ante cada nueva convocatoria de movilización contra los recortes semanales de Rajoy y el intento de criminalizar la actividad sindical que absorbe por igual al poder y a sus portavoces mediáticos, dibujan un panorama aún más negro por bien conocido.

Si la herencia genética de la izquierda española es la desunión, lo que está haciendo el PP es reivindicar con orgullo el gen tradicional de la derecha. Desde siempre, cuando un gobierno conservador ha tenido dificultades en España, ha intentado salir del atolladero tocando la pandereta, cortejando a la Caverna inmortal y echándose al monte con un trabuco entre las manos. Se trata, en otras palabras, de ejercer la oposición desde el poder, de sembrar la crispación y la radicalización desde unas instituciones cuya principal función es prevenirlas.

Pero no se equivoquen. Fernández Díaz no estaba deseando llegar al Ministerio del Interior para que la policía cargue contra los madridistas en Cibeles y detenga en la frontera a activistas antisistema. Lo que pasa es mucho peor. Se trata de echar balones fuera, de ganar tiempo, de distraer a la opinión pública, aun a costa de hacer experimentos con cerillas y dinamita, de la verdadera angustia de un gobierno desfondado, que en unos pocos meses ha agotado todas sus ideas, sus recursos, y que no sabe qué hacer. Por eso, si lo piensan dos veces, se darán cuenta de que hay muchos más motivos para preocuparse de lo que parece a primera vista.

Artículo de Manuel Castells publicado en LaVanguardia.com de ayer

#12M15M

Los meses pasan, la situación empeora y los gobiernos siguen indiferentes a la protesta aplicando las recetas de la austeridad

¿Pero no estaba muerto y enterrado el 15-M? ¿No había degenerado en violencia callejera de la que ya se encarga la policía? ¿No se habían convertido los más sensatos en asociación legal Democracia Real Ya! debidamente registrada en el Ministerio del Interior? ¿Qué queda de ese movimiento espontáneo, multitudinario y creativo que contó durante meses con el apoyo moral de tres cuartas partes de los ciudadanos?.

Pronto lo sabremos. En las redes sociales circula ya el llamamiento para una manifestación local y global el 12 de mayo, junto con miles de personas alrededor del mundo, con el lema "Unidos por un cambio global", reactivando la protesta que movilizó a millones en 951 ciudades y 82 países el 15 de octubre. Y es que este es un movimiento rizomático, con múltiples nodos cambiantes y autónomos, que vive en las redes sociales en internet y entre la gente, que mantiene el fuego de la indignación mientras las cosas sigan como siguen y que aparece, desaparece y reaparece en el espacio público para palpar su existencia y elaborar un proyecto de cambio social. Al ser un movimiento sin jefes, basado en la horizontalidad y la participación, sin normas ni programa, supera cualquier circunstancia. Ni se crea ni se destruye, se transforma. Incluso sobrevive al peligro de los movimientos sociales: su autodestrucción por peleas internas.

Pero lo que es la práctica usual del izquierdismo no afecta al 15-M. Por eso cuando hace unos días Fabio Gandara, un veterano del movimiento, y otras personas se impacientaron y crearon una asociación DRY para actuar en nombre del movimiento, saltó la alarma en las redes sociales. Tal decisión, tomada de forma poco clara y minoritaria según el parecer de la mayoría de los nodos locales de DRY, contravenía los principios de democracia asamblearia sobre los que se funda el 15-M. Pero, tras un momento de irritación inicial, se adoptó la actitud de que cada uno hace lo que quiere y no pasa nada. La declaración de DRY de Valencia el 25 de abril oponiéndose a la idea de asociación firmaba "Democracia Real Ya! (el objetivo, no la marca)" porque no hay marca, no se puede apropiar lo que no tiene propietario. El 15-M es de la gente que sale a la calle y debate en la red, en cada momento, cada una con sus razones, reivindicaciones, ideales y manías. Por eso no es ni será un partido ni nada parecido. Y tampoco hay problema, a menos que haya trols por medio, porque gente de buena fe decida ir por otro camino hacia objetivos ampliamente compartidos. Es una red abierta, no una burocracia cerrada.

Mucho más grave es el otro peligro con el que se enfrenta el 15-M. Su deslegitimación en la mente de los ciudadanos por la los intentos de criminalizarlo mediante su asimilación a "los violentos". ¿Quiénes son esos violentos? No se sabe bien, excepto que son muy pocos y que son rechazados por la inmensa mayoría de los participantes en el movimiento. Porque el 15-M es, desde su origen, explícitamente no violento. Y lo ha demostrado en la práctica reiteradamente sufriendo las golpizas de la policía sin enzarzarse en enfrentamientos masivos que hubieran podido degenerar. Es esencial que dicha actitud continúe, pues la estrategia más eficaz para desconectar el movimiento de su referencia al 99% es precisamente provocar hasta que la televisión pueda ofrecer imágenes de caos, violencia, destrozos y sangre que aparten a los ciudadanos de aquellos que se atreven a manifestarse diciendo lo que muchos piensan. No será fácil evitarlo. Porque la policía parece ineficaz para hacer algo tan sencillo como intervenir de inmediato selectivamente en cuanto se quema el primer contenedor o se apedrea el primer banco. En lugar de pescar con red y llevarse a cualquiera que pasara por allí.

Pero sobre todo no será fácil contener la rabia de la gente porque los meses pasan, la situación empeora por momentos y los gobiernos siguen indiferentes a la protesta aplicando arrogantemente las recetas de la austeridad y haciendo pagar a las personas la crisis que, en la visión de los indignados, fue cosa de financieros y políticos, cubriéndose luego los unos a los otros. La vía institucional de debate ciudadano está cerrada. El rodillo parlamentario se aplica automáticamente. El PSOE, tras haber iniciado el desaguisado, sigue en encefalograma plano. Los sindicatos ladran pero no muerden, o quizá ya no tienen dientes. Los medios están mediatizados y buscando comprador. Y ministerios y autonomías se dedican con fruición al recorte creativo a ver qué más sacrificios humanos pueden ofrecer al dios de los mercados que sigue sin confiar en la deuda española, tanto pública como privada. Como no queda otra alternativa, miles saldrán a la calle el 12 de mayo. Y como siguen buscando nuevas formas de democracia se proponen deliberar, de nuevo, en las plazas públicas tres días. Ahí es donde las autoridades de turno los esperan. Prohibido ocupar cualquier espacio público. La alternativa entonces está entre irse a casa tras el desahogo y todo sigue igual o afirmar el derecho de reunión y debate y que se produzcan enfrentamientos violentos que permitan criminalizar al movimiento.

Si hubiera talante democrático en la clase política podrían dejar que los ciudadanos se encuentren en sus ágoras tres días, deliberen y propongan. Y tratar de reconectar la sociedad con las instituciones. Pero partidos y gobiernos son visceralmente opuestos a un movimiento que les niega su legitimidad. O bien entran en los cauces preestablecidos, precisamente aquellos denunciados por el movimiento como reglas tramposas, o se condena la protesta a la marginalidad seguida de represión. Tendrán que ser creativos los indignados para salir de ese dilema. Tendrán que imaginar formas de desobediencia civil protegidas por la ley. Tendrán que mostrar flexibilidad en sus tiempos y espacios de deliberación asamblearia. Tendrán que construir sus canales de comunicación directa con la ciudadanía. Recordando que cada día que nos vamos hundiendo en la crisis se van cargando de razón.

Artículo publicado hoy en la Tribuna política de El País que recomendamos leer atentamente.

Otra receta contra la crisis es posible

El Modelo Euskadi hace compatible el control del gasto público con medidas efectivas para incentivar la economía

Patxi López, Lehendakari del gobierno vasco.

Cuando hace tan solo nueve meses parecía que este año podría marcar el comienzo de la salida a la crisis, la repentina caída de todas las previsiones económicas para la zona euro han hundido de nuevo a la economía europea en la sima de la recesión. Acaban de cumplirse dos años desde la intervención de Grecia y de la aplicación a rajatabla de la receta de los fundamentalistas del mercado; esa que dice que la política de austeridad es el único remedio. Dos años en los que la crisis se ha agravado, la desigualdad ha crecido y la derecha se ha dedicado a cercenar el Estado de bienestar.

Nos han engañado los mismos poderes económicos que hace un lustro nos decían que las hipotecas basura eran un negocio redondo. Los mismos que pidieron a gritos que rescatáramos con dinero público sus bancos y que, una vez salvados, se dedicaron a especular contra la deuda soberana de los países que les ayudaron.

Ante esta situación, hay que decir que la actual recaída en la crisis económica no es consecuencia del déficit ni del nivel de deuda pública de España, uno de los más bajos de Europa, sino de la nefasta política de austeridad que se ha impuesto. Por ello es preciso reconducir la economía hacia la política. La salida a la crisis en Europa no será consecuencia de la austeridad y el recorte. Recomponer el binomio ajuste-crecimiento es una obligación para un espacio que soporta 25 millones de parados, con 12 países que están en recesión y que no atisban el final del túnel.

Únicamente el crecimiento podrá reducir el peso de la deuda en las economías europeas sin cuestionar nuestro modelo de convivencia. Por ello, hay que flexibilizar los plazos de aplicación de los objetivos de déficit para permitir políticas de impulso a la economía. El Banco Central Europeo debe asumir un papel más activo en relación al crecimiento y no atender exclusivamente a la estabilidad de los precios. La UE debe abordar el debate sobre la emisión de eurobonos y la posibilidad de convertir al BCE en prestamista de última instancia para los países, a la vez que se da un decidido impulso a los fondos estructurales.

Es evidente que el Estado de bienestar debe ser actualizado a la luz de los nuevos desafíos del siglo XXI, pero no debemos confundirnos ni confundir. Actualizar es poner a punto y mejorar la eficiencia de nuestras políticas, pero no cercenar aquello que ya forma parte del ADN europeo y que ha dado lugar en los últimos decenios al mayor progreso social y económico de la historia: el Estado de bienestar.

La política de recortes es una cosa distinta a la obligada austeridad y contención del gasto público. En tiempo de crisis, eliminar las medidas de apoyo a la economía con la crudeza que se está haciendo por parte de algunos Gobiernos es un auténtico despilfarro económico, ya que se inutilizan gran parte de los recursos humanos y la capacidad productiva de nuestras empresas. La actualización del propio Programa de Estabilidad 2012-2015 elaborado por el Gobierno central, publicado el 30 de abril, prevé que la tasa de paro global en España para el 2015 será del 22,3%. A este ritmo y con estas políticas, ¿hasta cuándo tendremos que esperar para que la tasa de paro en España alcance el 8,5% que teníamos en el 2008, o para que el desempleo juvenil baje por debajo del 20%? ¿Hasta 2020? ¿Se puede seguir así?

Paul Samuelson, académico y premio Nobel de Economía, solía decir que el objetivo de la economía es mejorar la vida diaria de las personas. Un planteamiento pone la economía al servicio de la ciudadanía y de la tarea principal de toda sociedad avanzada: proteger al más débil. Desde que asumí mi responsabilidad de lehendakari, he tenido muy presente estas máximas. Por ello, desde el primer día mi Gobierno ha estado trabajando para elaborar una receta alternativa para combatir una crisis que roba los sueños de futuro a miles de familias. Esa otra forma de hacerle frente ya se ha empezado a denominar como Modelo Euskadi. Una fórmula que hace compatible el necesario control del gasto público con medidas efectivas para incentivar la economía, luchar por el empleo y garantizar los servicios públicos a toda la ciudadanía. Y los datos de Euskadi parecen confirmar la validez de este modelo.

Desde que, a finales de 2011, tuvimos conocimiento del recrudecimiento de la crisis, hemos puesto en marcha una batería de medidas que contemplan un plan de lucha contra el paro consensuado con los agentes sociales, un plan extraordinario para financiar a las pequeñas y medianas empresas, un paquete de medidas para incentivar a nuestro tejido productivo, y actuaciones especiales para que nuestros jóvenes tengan las oportunidades laborales que se merecen. Estas son algunas de las iniciativas que propone el Modelo Euskadi para hacer frente a la crisis.

Durante los dos últimos años, mi Gobierno ha predicado solo en el desierto contra la austeridad indiscriminada que se extendía por Europa y que, tanto la derecha nacional como la nacionalista, abrazaba sin ningún tipo de rubor. El principal partido de la oposición en Euskadi incluso nos acusó a principios de 2011 de que íbamos a “quebrar” las cuentas públicas antes de que llegara el mes de marzo. Pues bien, no es por una casualidad que el año pasado la economía vasca batiera su récord histórico de exportaciones y recibiera más turistas que nunca. Nuestra tasa de paro es la mitad que la media española y similar a la europea. Y, aunque el PNV se aferre al catastrofismo, es una de las comunidades españolas y europeas con menor nivel de endeudamiento.

Todo ello se ha conseguido aunando el esfuerzo de empresarios y trabajadores, creyendo en un modelo que apuesta por no dejar a nadie abandonado a su suerte. El Gobierno vasco ha cumplido su parte, estimulando la economía real, ajustando de forma responsable sus gastos y evitando el recorte indiscriminado, especialmente en sanidad y educación.

Yo creo en una economía de mercado, pero no en una sociedad de mercado. Entiendo, en consecuencia, que el Gobierno de España y la derecha nacionalista en Euskadi y Cataluña deberían reflexionar sobre las consecuencias de sus actuaciones en materia económica y valorar que existe otra fórmula para abordar las reformas estructurales que necesitamos y luchar contra la crisis. La obsesión por el déficit, las falsas alarmas de quiebra, las reformas antisociales a golpe de decreto ley y los recortes continuados nos están llevando a una vía sin salida. Están dinamitando las oportunidades vitales de miles de jóvenes, de una generación con un inmenso talento que huye de España cabizbajos por falta de oportunidades.

Los ciclos económicos han existido siempre y siempre existirán, así que, aunque ahora creamos que no hay salida posible, llegará un momento en el que la economía se recuperará y comenzaremos de nuevo a generar empleo y bienestar. La velocidad con la que llegue este momento dependerá de lo rápido que dejemos de lado la equivocada receta de la austeridad a ultranza y adoptemos otras terapias más convenientes para los males de nuestra economía.

Desde Euskadi, sin petulancia alguna, podemos decir que nuestro modelo funciona y que se ofrece como una alternativa para volver a recobrar la confianza que se nos está robando y hacer del País Vasco, España y Europa un ámbito de oportunidades vitales para una ciudadanía que reclama un futuro mejor.

“El lenguaje político – y, con variaciones, ello vale para todos los partidos políticos – está designado para hacer que las mentiras suenen como verdades y que el crimen resulte respetable, dando así apariencia de solidez al mismo viento” (George Orwell).

Por qué lo llaman reordenación cuando quieren decir recortes: poniendo palabras que no suenen a trágicas

Por Joan Carles March (*)

Decía el poeta Ángel González que "La palabra fue dicha para siempre... La elijo entre otras muchas. La empaño con mi aliento y la lanzo pájaro o piedra".

Y en estos días donde se ha hablado de copago farmacéutico y sanitario, de recortes y reformas, de copagos y repagos, de activos y pensionistas, de privatización y de cambio de modelo, de prestaciones y carteras, es importante dar valor a las palabras.

Un ejemplo, en forma de montaje, de lo dicho sobre ello estos últimos días: "No va a haber ningún tipo de copago sanitario". Y entonces interpretamos que lo que nos han presentado es lo siguiente: "Vamos a hacer una reordenación de recursos farmacéuticos para garantizar la asistencia gratuita y la universalización del sistema, que permita el derecho a asistencia gratuita, con reformas que conllevan una contribución mínima disuasoria en una medida justa (más justa que la de los catalanes) y equitativa, que permitirá dar valor al medicamento, evitando que se despilfarre, en una cultura de la austeridad y de más bien un papel ’educativo’, donde se salva a los parados (por primera vez, los parados sin prestación por desempleo) y jubilados con menos recursos y donde pagan los que tienen más, a partir de medidas de eficiencia en una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad".

Es otra manera de explicarlo, cogiendo las palabras pronunciadas por la ministra de Sanidad, junto con Consejeros de CCAA y políticos populares. Y a eso, le añadimos un “perdón” por tener que tomar esta medida que "evitan otros copagos sanitarios". Y terminan con un: "Ojalá no hubiéramos tenido que hacerla, pero la herencia (gasto descontrolado y la deuda terrible generada por el Gobierno socialista) que hemos recibido hace que sea inviable no hacerla".  En cambio, se "vende" que lo que se ha hecho es "universalizar la sanidad para los españoles".

Uno de los empeños de la ministra ha sido recalcar en que "no se hacen recortes, sino ajustes". E incluso, "no ajustes, sino reformas", cumpliendo “su compromiso de no establecer ningún tipo de copago asistencial”,  haciendo "lo que menos perjudica a los ciudadanos y no en la cultura del gratis total".

Al final, comentan que lo que han hecho es "apretar las tuercas más a la eficiencia y a la eficacia de sistema sanitario y a las industrias que prestan los servicios que a los ciudadanos". Y con ello: "no cambia el modelo sanitario, sólo algunos elementos contributivos".

Todas estas formas de decir las cosas, se basan en una idea que parece tienen muy clara, los dirigentes del Ministerio de Sanidad: es importante medir las palabras, hablar con cuidado para no decir sino lo que convenga, con la idea de no generar conflictos ni distancia con las palabras que se ponen en una conversación o diálogo.

Por ello, lo que nos encontramos son palabras, expresiones o promesas dichas con intención de agradar y convencer. Todas ellas se podrían nombrar como palabras mágicas, que son algo más que la voz que usan los magos y los hechiceros; son palabras de buena crianza, que nos pueden servir  para alcanzar metas. Son palabras que al oírlas, nos abren a escuchar cosas positivas, que facilitan la comunicación, que abren al acuerdo.

Y todo ello para quitar de en medio esas palabras que a veces nos gustaría que la gente se comiera o que no se les escapara por descuido o falta de reparo. Son las palabras trágicas, palabras que al utilizarlas pueden hacer o mejor dicho hacen daño a la persona receptora de las mismas. Son a veces palabras gruesas, mayores, pesadas, injuriosas u ofensivas. Son palabras como los virus y bacterias que producen infecciones y por tanto, dolor, enrojecimiento, inflamación, que en nuestro juego de las palabras, infectan la relación entre personas.

Con eso estamos aprendiendo una lección: cuidado con las palabras trágicas, ya que con otras mágicas que se posan como mariposas (Ángel González decía también: "A veces, las palabras se posan sobre las cosas, como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos") pueden intentar que donde le llamaríamos recortes, le pongan reforma o reordenación.

(*).-Joan Carles Marches Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y elaboró este artículo el 27 de abril de 2012.

Mañana es viernes en España, pero el domingo, en Francia, igual las cosas empiezan a cambiar

La demolición del Estado de bienestar

Artículo del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo

"Cada viernes continuarán las reformas, y el viernes que viene también". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, anunció que el ataque a los derechos sociales y laborales sigue su curso. Bien es verdad que en estos cuatro meses al frente del Ejecutivo, Rajoy solo ha sido fiel a lo que no dijo; pero conviene no olvidar que el horizonte electoral está despejado, y ello puede animar a la derecha española a consumar la mayor contrarreforma social, laboral y democrática que haya tenido lugar en este país desde 1977.

Camino del cuarto año de crisis económica y financiera, Europa ha conocido una trágica destrucción de tejido productivo; un desempleo masivo que supera los 23,5 millones de personas  -en España, a finales de 2012 podemos superar los 6 millones-; un ataque a las deudas soberanas que está llevando a la ruina a varios países europeos, propiciado por el elevado déficit en que estos han incurrido por las políticas desfiscalizadoras de los años de crecimiento; un alto endeudamiento debido en parte a los recursos que se han tenido que destinar a reflotar el sistema financiero; y la caída de la actividad económica. El liberalismo desregulador que causó la crisis en la que estamos inmersos ha vuelto a imponerse con las consecuencias ya conocidas: tres países ha tenido que solicitar el rescate; se han sustituido gobiernos surgidos de las urnas por otros formados por tecnócratas, sin que la ciudadanía haya podido expresarse en procesos electorales; se han reformado constituciones nacionales para imponer los ajustes; se ha producido una drástica reducción del modelo social aumentando la marginación y la pobreza, y no ha parado de deprimirse la actividad económica.

En España, la profundización de estas políticas de ajuste ha derivado en recortes de la protección social, especialmente en los sistemas de pensiones y desempleo; un fuerte y sostenido ataque a los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales; y una profunda involución en las instituciones laborales como la negociación colectiva, el diálogo social y el papel de los sindicatos. A todo ello hay que sumar, la campaña emprendida contra los derechos civiles y la voluntad del Gobierno conservador de modificar el código penal para incrementar el poder coercitivo del Estado y las políticas represivas en un intento de neutralizar la respuesta social y sindical a los recortes.

Lo afirmó nuestro Gabinete Económico y lo recuerdo hoy aquí: "De no cambiar las actuales condiciones fijadas por el Eurogrupo en materia fiscal, un nuevo incumplimiento del compromiso adoptado en la reducción del déficit produciría un aumento en el precio de la financiación de la deuda pública que podría llegar al bloqueo de los recursos necesarios para refinanciar los vencimientos, asumir el déficit anual y las necesidades adicionales (186.100 millones del Estado a los que añadir 30.000 millones más de las Administraciones Territoriales). En resumen, esta situación significaría la quiebra del sector público y la solicitud de rescate a la Unión Monetaria -u obligación de solicitarlo- con la asunción de las severas condiciones ya conocidas en casos anteriores (Grecia, Irlanda y Portugal).

Y aunque la retórica de las autoridades monetarias y políticas de la UE habla ya de Agenda de Crecimiento -tres años después de que lo exigiera el movimiento sindical europeo-, el Gobierno

español, atrapado por el sector más ultraliberal, sigue empeñado en no aplicar más políticas que las derivadas de la reducción del déficit: salarios, gasto social, servicios públicos, imposición indirecta y como consecuencia de todo, fuerte contracción del consumo y galopante y dramática destrucción de empleo.

Y poco o nada ayudan, en este contexto de recesión económica -España ha entrado oficialmente en recesión después de registrar dos trimestres consecutivos de caída del PIB- los Presupuestos Generales del Estado para 2012: el Gobierno ha estimado una caída del 1,7% del PIB en 2012 asociada a una destrucción de 630.000 empleos. Hay que tener en cuenta que estas estimaciones están realizadas a partir de  considerar que la actividad exterior va a limitar el efecto de la caída interna tanto del consumo privado como de la inversión pública. Quiere esto decir que si el comportamiento de las economías a donde se dirigen los bienes y servicios españoles o el turismo no se comportan en sentido esperado, la situación podría resultar peor de lo que el propio Gobierno estima.

Hace falta otra política

El empecinamiento de Merkel y sus aliados en aprovechar las circunstancias de la crisis para inducir un cambio en el modelo social, no permite pensar que en una Europa sin contrapesos las cosas vayan a evolucionar en la buena dirección. CCOO lleva tiempo exigiendo que la única salida realista para neutralizar en la medida de lo posible la erosión económica y social que anticipa la conjunción de efectos de recesión y reforma laboral, sería contar, en primer lugar, con una relajación del calendario del Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

Creemos que hay márgenes para otra política en España con presupuestos y objetivos distintos:

·        La modificación sustancial de la reforma laboral y la reposición plena de los efectos del Acuerdo de Negociación colectiva entre patronal y sindicatos

·        El incremento en la fase actual de la presencia del Estado en la Economía y la prestación de servicios

·        Una apuesta, por tanto, desde la inversión pública, por el crecimiento económico y la generación de empleo en términos de sostenibilidad social, económica y medioambiental

·        Una más ambiciosa reforma fiscal, aprovechando nuestro diferencial con la zona euro -6 puntos del PIB- y evitando amnistías fiscales, éticamente impresentables, con porcentajes de pago muy inferiores al tipo de gravamen ordinario

·        Un  reparto equilibrado de los sacrificios para superar la actual situación, y un nuevo modelo productivo y un renovado modelo social para reforzar la cohesión entre las personas y los territorios.

Por todo ello, queremos convertir las movilizaciones que estamos impulsando desde la huelga general del 29 de marzo, en un consenso de país por la reactivación económica y el empleo. Una propuesta que hemos hecho llegar al presidente del Gobierno -ignorada hasta el momento- y que responde a una situación de emergencia nacional, conscientes de que únicamente desde la acción de Gobierno, no es posible hacer frente a la crisis económica y financiera y que requiere el compromiso de todos los actores sociales, económicos y políticos.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, el 27 de abril de 2012 que, como siempre, no tiene desperdicio

En el mismo se señala que la llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de  privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar.

El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.

El falso problema de la deuda pública. El caso de EEUU (y de España)

No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de que el llamado “problema de la deuda pública” es un fenómeno creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda. En un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”, término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El País’ en Washington.

El problema con tales reportajes es su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9,2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos: 1) el 34,2% de este crecimiento (3,15 billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22,9% (2,1 billones) del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán; y 3) el 9,8% (0,9 billones) de la ayuda directa (subsidios públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2,4 trillones de dólares), calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los próximos diez años (en este artículo se utiliza “trillones” y “billones” según la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace ‘The Wall Street Journal’, y que reproduce Antonio Caño en ‘El País’, es insostenible y muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.

En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1,9%) al crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo ‘D’ de ‘Medicare’, es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor, 4,8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando este incremento.

Un 2,7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2,9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.

El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20,6% del crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión.

El segundo error que hace la derecha estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.

Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado “problema de la deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.