OPINION

El ya exconsejero, Ramón Quiros, tercia en el debate sobre el endeudamiento

«Hablar de deuda oculta sólo puede ser fruto del desconocimiento o la mala hostia»

«En lugar de desviar pacientes a la medicina privada, Cascos debe poner a funcionar lo público y hacerlo eficiente»

JOSÉ RAMÓN QUIRÓS GARCÍA
Ex consejero de Salud del Principado

Oviedo, J. E. MENCÍA, en La Nueva España

Acaba de salir de trabajar cuando llega a la entrevista. Hace dos semanas que se incorporó al servicio de Salud Poblacional de la Consejería de Sanidad del Principado tras pasar en sólo cuarenta y ocho horas de su despacho de consejero de Salud al que era su anterior destino como funcionario antes de entrar en el Gobierno de Vicente Álvarez Areces. José Ramón Quirós García, natural de El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, donde nació el 28 de febrero de 1959, tiene ganas de hablar; no en vano es, junto a Jaime Rabanal, el ex consejero de Hacienda, uno de los afectados directamente por las acusaciones de «deuda oculta» lanzadas por el nuevo Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. El Ejecutivo casquista denuncia la existencia de 211 millones de euros de «endeudamiento oculto». De ellos 185,9 corresponden a Sanidad. Quirós es tajante: «Que Cascos hable de deuda oculta sólo puede ser desconocimiento o mala hostia; la situación era conocida y subsanable, se dio durante los últimos años por la crisis y nosotros lo corregimos. Si ellos no saben, podemos ayudarlos».

-Cascos denuncia una «deuda oculta.

-De oculta, nada. De hecho, los informes de Sindicatura admiten que se paga aunque no les gusta que se deslice el pago de un año a otro. Las facturas de un ejercicio quedan sin abonar y pasan a pagarse el siguiente. Teóricamente, no es deuda. ¿Qué sucede? Que al año siguiente vuelve a ocurrirte lo mismo. Es un gasto que está desplazado de año, es habitual en todos los sistemas sanitarios y es fácilmente subsanable; si ellos no saben, podemos ayudarlos. Lo que es rotundamente falso es que se trate de deuda oculta. (Saca unas fotocopias del diario de sesiones de la Junta). Es todo transparente. Mira, 18 de noviembre del 2010, es un debate y aquí puede leerse claramente que hay una deuda de más de ciento sesenta millones en 2008 y algo más en 2009. Nos movemos en esa cantidad desde hace tiempo. El último año, el presupuesto se cerró en octubre. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a la gente a su casa? No. Debemos atender a los usuarios y luego ya nos buscamos la vida para pagar.

-Entonces ¿lo de deuda oculta de dónde sale?

-Que Cascos hable de deuda oculta sólo puede ser fruto del desconocimiento o de la mala hostia. Pero si la Sindicatura ya se refería a ello y además (vuelve a leer en las fotocopias del diario de sesiones) incluso reconoció que el Sespa, y esto es textual, ha implantado un sistema transparente que permite conocer en cada momento la deuda que existe.

-Habla de 160 millones, pero el Gobierno de Foro en el Principado eleva la cifra en sanidad a casi 190 millones...

-Rabanal habló de algo más de 160 millones en junio. Es una partida que va creciendo. Cuando compras crece, y cuando pagas, se reduce. La cuenta cambia continuamente.

-¿De dónde proviene?

-Deben estar tranquilos, hemos sido capaces de pagar las nóminas, que están aseguradas hasta final de año, incluyendo las extras; hemos pagado las inversiones y hemos pagado la farmacia, que ya vemos lo que pasa en otras comunidades donde llevan tiempo sin cobrar. Si no aumentan plantilla y salarios, hay dinero para llegar a fin de año. El dinero desplazado de ejercicio en ejercicio corresponde casi en su totalidad a suministro hospitalarios. Son grandes proveedores, multinacionales. Las facturas de los pequeños intentamos pagarlas antes. Si gestionan bien, a final de año deberían tener pendiente unos 160 millones de euros, ése es su desafío, mantener la deuda. Los demás fuimos capaces de hacerlo con crisis.

-¿Dice que se paga con un año de retraso?

-No, no, menos, menos. Puede comprobarse en la web de Hacienda. Es cierto que en estos años de crisis se han ido desplazando más pagos, pero somos de las autonomías que primero pagan, estamos muy por debajo de la media nacional, y, en cuanto a cantidad, también somos de las que menos deben, junto con La Rioja. En ese aspecto, el económico, Ramón del Riego, el nuevo consejero de Hacienda, debería hacerle un monumento a Jaime Rabanal. Coge la mejor autonomía, la más saneada que podía tocarle en todo el país.

-¿Costó?

-El ritmo de crecimiento del gasto sanitario era del ocho por ciento anual. El último ejercicio registramos por primera vez desde las transferencias una evolución negativa de menos 0,43 tras haber crecido el año anterior algo más del tres por ciento. Se ha hecho un esfuerzo tremendo. El resultado ha permitido mantener los servicios cuando vemos que en otras partes se están cerrando. La deuda de unos doscientos millones de la que se habla no es tanto en el contexto de un presupuesto de 4.200 millones, pero no se acude a más endeudamiento por la situación que hay, se opta por congelar el gasto y tratar de ajustarse a lo que hay. La Consejería no, pero el Sespa puede deslizar gastos a otro ejercicio por estar sometido a un control financiero permanente. No puedes condicionar la atención a los pacientes a tener presupuesto.

-¿Está condenada la sanidad a tener siempre estos problemas?

-No, no... Es un juego que viene de muy antiguo. Cuando la economía crecía, al final quedaba dinero y se recibía una remesa para equilibrar. Era una práctica común, había un presupuesto restrictivo para esforzarse en la gestión y evitar desmadres y luego se corregía. ¿Qué pasa? La crisis nos dejó fuera de juego. No llegaba dinero a final de año sino que había que devolverlo. Ahora hay dos situaciones: la sanidad está subfinanciada, y lo reconocen los órganos fiscalizadores, pero también debe gastar menos manteniendo servicios y mejorando la calidad. Personalmente creo que hay mucha actividad médica que no es positiva para el paciente -pruebas diagnósticas, operaciones, fármacos que estamos usando y que no son necesarios- y que podrían suprimirse por inútiles. Hay que emplear mejor el dinero y recortar lo que no funciona. Por ejemplo: los controles del cáncer de mama no han reducido la mortalidad en ningún país.

-¿Y el copago?

-No tiene sentido. El copago es injusto, el que decide el gasto no es el paciente, es el médico. El sistema tiene dinero, pero hay que gestionar mejor y dejar de hacer cosas que no sirven para nada. Hay muchas cosas que hacer antes que pedir más esfuerzo al ciudadano. Otra cosa es el pago farmacéutico, que debería vincularse a la renta, para hacerlo más justo.

-Pero ustedes han gobernado y no lo han hecho.

-¿Quién te apoya? Cuando se habla de algo impopular, todo el mundo echa a correr y se pone del otro lado. Hay poca cultura de Estado, hay mucha más cultura individual y cada uno trata de salvarse por su cuenta. Hay cosas que hablas tomando un café y que los interlocutores reconocen como sensatas, pero luego, negociando, no lo aprueban. Me ha pasado con los sindicatos. Así y todo, en cuanto al sistema sanitario, el nuevo Gobierno recoge el sistema sanitario mejor valorado por los usuarios en toda España, y mejorando año tras año. Y eso es fruto de la gestión socialista. Ahí está, por ejemplo, el nuevo hospital con todos los equipamientos de alta tecnología licitados, entregados y financiados. ¿Qué queda? El mobiliario. Estaba listo para sacarlo a concurso, pero como estaban tan celosos, Gispasa decidió dejarlo encima de la mesa para que lo revisen. Lo pueden sacar mañana mismo porque lo tienen financiado con el BEI en unas condiciones inmejorables.

-Algún compañero del PSOE afirma que las acusaciones lanzadas por Cascos buscan tapar la incompetencia del nuevo Gobierno.

-Acaban de llegar y deben tener un tiempo prudencial, pero hay una serie de cosas que sólo están pendientes de una firma y sobre las que deben decidir ya. Por ejemplo, los acuerdos con el Colegio de Farmacéuticos o la constitución de la Fundación Biosanitaria, donde está todo hecho. Deben decidir ya porque el sistema se relaja. A mí, por ejemplo, tras las elecciones, ya no me hacían tanto caso los funcionarios. Hay que estar encima para controlar el sistema.

-¿Y el hospital?

-Sería un error retrasar su apertura. Si no abre en junio de 2012, será un fracaso y generará nueva deuda. Hay que meter el equipamiento y el mobiliario, y deben ponerlo a funcionar porque tenerlo cerrado tiene un coste importante.

-¿No cree que lo inauguraron demasiadas veces?

-Hay quien ponía primeras dovelas y placas cien veces. Aquí sólo se recibieron las obras, que se hicieron por fases. Es un gran equipamiento, sin verlo no nos imaginamos el patrimonio que tenemos ahí. Hubo visitas de obra planificadas que despertaron mucho interés y quisimos dar respuesta a todos. No eran inauguraciones propiamente dichas, hubo actos, jornadas y conferencias, algunas de gran nivel...

-¿Hay que trasladar la Facultad de Medicina?

-Hay que cambiar el chip sobre la educación, no podemos seguir en el siglo XIX que tanto gusta a algunos. Lo presencial es lo más interesante. Trabajar donde ocurren las cosas. Estar en el hospital, donde también hay aulas, con los profesionales. En el HUCA hay aulas suficientes para los alumnos de Medicina, Enfermería y Psicología de los últimos años, los que son de práctica clínica. El resto no necesita estar en el hospital. El HUCA tiene condiciones para impartir una formación de más nivel que la que estamos haciendo ahora sin necesitar otro edificio adicional. El que sí hace falta es el de investigación.

-El nuevo Gobierno quiere derivar pacientes a la privada para reducir las listas de espera.

-Eso generará una fractura en función de la renta. Si se mira la evolución del gasto médico privado por habitante, se ve que en Asturias ha bajado. En Madrid crece. Se desvían fondos al sistema privado. Hay que decidir qué se va a operar y cuánto, no puedes dar a la sanidad privada lo que genera beneficio y quedarte tú con lo que causa pérdidas. Hay un peligro de selección de riesgos. ¿Y qué haces con lo ineficiente? Lo cerrarás y harás despidos, ¿no? En lugar de desviar pacientes a la medicina privada, el nuevo Gobierno de Cascos debe poner a trabajar a la medicina pública y hacerla eficiente.

-¿Y la libre elección de centro?

-Es peligroso. Imagínese que de repente quiere ir todo el mundo a Jarrio. ¿Qué haces? Habrá que dar buenos servicios en todas partes para que no ocurra algo así.

Réplica a las críticas del presidente de los constructores a los trabajadores de la Administración

Leña al funcionario, que es de goma

Por IGNACIO ARIAS LETRADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Lne.es - Opinión

Mi querido y admirado Serafín Abilio, en su calidad de presidente de la patronal asturiana de la construcción (CAC-Asprocom), en declaraciones que reproduce La Nueva España del pasado día 4 de agosto, se suma a lo que últimamente se ha convertido en el deporte nacional de dar leña a los funcionarios, emulando a ilustres predecesores como el dueño de Mango o el presidente de la CEOE. En este concreto caso, don Serafín amplía su crítica a los mineros.

Poco puedo decir en relación a estos últimos, cuyas particularidades profesionales no domino, pero parece claro que no se ha elegido el momento más oportuno por razones de todos conocidas. En cualquier caso, el mundo de la minería me ha inspirado siempre mucho respeto, cariño y emoción, entre otras cosas por ser una profesión que representa valores enraizados con la historia de Asturias.

Sí estoy en condiciones de hacer algunas reflexiones sobre lo dicho por don Serafín sobre los funcionarios. Aboga por implantar un sistema que vincule el salario a la productividad, pues piensa que los funcionarios trabajan poco, ya que los ve con bolsas de la compra y tomando café durante la jornada laboral, conductas que contrastan con las de los funcionarios alemanes cuyas costumbres afirma conocer.

El hecho de que don Serafín vea a funcionarios (no dice cuántos ni dónde) portar bolsas de la compra o tomar café en horario laboral no supone ningún desdoro para la función pública. Todo lo contrario. Evidencia que determinados funcionarios, por sus concretas circunstancias personales, se ven obligados a sacrificar su media hora de pausa para hacer la compra, y los que optan por tomar café están haciendo uso de un derecho. Pero en ambos casos, dentro de la media hora de pausa, pues no olvide don Serafín que todos los funcionarios deben fichar cualquier salida del centro de trabajo y el reloj no entiende más que el frío lenguaje de las matemáticas.

En cualquier caso, el efecto es el mismo que percibimos cuando pasamos por una obra a las diez de la mañana de un día laborable y vemos a todos los obreros, desde el peón al encargado, comiendo el bocadillo o en la cafetería más próxima tomando el pincho. Y a nadie se le ocurre decir: «¡Qué vagos son los obreros de la construcción y qué poco producen!». Todo lo contrario, si algo se nos ocurre pensar es ¡qué bien que vivimos en un país civilizado en el que los trabajadores tienen derechos, entre ellos, el de hacer una pausa en su jornada laboral!

Al hecho de que no se trabaje de sol a sol sin descanso, como en la Edad Media, no se puede anudar la consecuencia de que no se produce.

Si los únicos reproches que se pueden hacer a los funcionarios públicos es que utilizan su pausa laboral para hacer la compra o tomar café, ¡bendita función pública!

En cuanto al socorrido argumento de la productividad de los funcionarios, debe quedar claro de una vez por todas que los funcionarios ni colocamos ladrillos, ni fabricamos tornillos. Invito a don Serafín a que proporcione criterios claros y concretos para baremar la productividad de los funcionarios. ¿Cómo mediría don Serafín la productividad de un ordenanza, de la encargada del registro, de un letrado del servicio jurídico o de un médico, cuyos trabajos dependen en unos casos de terceros y en otros de la complejidad de la actuación? ¿Se mediría igual un juicio de faltas que un recurso de casación o una intervención de menisco que una prótesis de cadera? Por tanto, crítica, sí, pero que sea consistente.

Por otro lado, ¿quién valoraría la productividad en caso de poder ser aplicada? ¿El responsable político o el alto cargo de designación libre?

Los excesos en la aplicación de las pautas de organización propias de la empresa privada pueden reducir las garantías del sistema de mérito y la imparcialidad del funcionario.

Admitiríamos que don Serafín hubiera apelado al manido argumento de que hay muchos funcionarios y poco motivados. Pero incluso en esos escenarios hubiera merecido la pena salir en defensa de los funcionarios, que son las víctimas y no los verdugos de los problemas que aquejan a la Administración.

La clase dirigente ha venido haciendo política con la función pública, y en algunas CC AA (por ejemplo, Extremadura y Andalucía) el número de efectivos públicos es ofensivo para el sentido común, pero de ello no tienen la culpa los funcionarios.

En cuanto a la motivación, seguro que don Serafín elige como encargado de obra a quien cuenta con un currículum colmado de experiencia ascendente (peón, peón especialista, especialista, especialista de primera, oficial de segunda, oficial de primera, etcétera). En la Administración no impera esa regla. Se puede elegir y, de hecho, se elige para ocupar la cúspide de la pirámide de mando a un recién ingresado. Por tanto, la falta de motivación no es asintomática.

Dice don Serafín que los funcionarios alemanes no hacen la compra ni toman café durante su jornada laboral. No será porque no tengan pausa, porque la tienen, y en algunos Länder, en una franja horaria superior a la española. No obstante, si no ha visto funcionarios alemanes con la bolsa de la compra quizá se deba a que sus salarios, notablemente superiores a los de sus homónimos españoles, les permiten encomendar estos menesteres domésticos a terceras personas. En cuanto a que no toman café, eso es seguro, porque allí prefieren la cerveza.

Querido Serafín, los funcionarios no somos de goma como el mono que ha hecho célebre la expresión que titula este artículo, y la crítica que nos pone injustificadamente a los pies de los caballos duele.

En un lenguaje facilísimo de entender sólo hay que leerlo.

La supeditación de las instituciones representativas a la banca: el caso de las agencias de ratings

Por Vicenç  Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

nuevatribuna.es

Suponga usted que existiera una agencia internacional que se encargara de evaluar la calidad de los fármacos, y que esta agencia, financiada por los mayores laboratorios farmacéuticos del mundo, hubiera asegurado a toda la población mundial que el uso y consumo de un fármaco específico, producido por los laboratorios que la pagaban, era totalmente eficaz, curaba la mayoría de enfermedades, y no conllevaba ningún efecto negativo. Suponga también que, más tarde, se comprobara que todo ello era una gran mentira, mostrando que el famoso fármaco no sólo era ineficaz, sino que era muy tóxico: todos los pacientes que lo habían consumido habían fallecido, ocasionando millones de muertos en todo el mundo como consecuencia de ello. Si todo esto hubiera ocurrido, hubiera habido un escándalo inmenso. Y es más que probable que se exigieran medidas sancionadoras en contra de las agencias de evaluación, y en contra de la propia industria farmacéutica, que habría estado financiándolas.

Pues bien, por mucho que le cueste creérselo, esto es lo que ha ocurrido y, lo que es incluso peor, continúa ocurriendo, sin que haya habido ninguna sanción. Lo único diferente es que no son fármacos, sino productos financieros (como bonos, hipotecas, entre otros); que no era la industria farmacéutica, sino los grandes bancos; y que no eran una sino varias las agencias evaluadoras, de las cuales las más importantes se llaman Standard & Poors, Moody’s y Fitch, que están, en realidad, financiadas por la gran banca, Wall Street en EEUU.

Tales agencias daban Matrículas de Honor (lo que se llama categoría AAA) a los productos financieros de los grandes bancos, los cuales sacaban enormes beneficios de vender productos catalogados como excelentes cuando, en realidad, eran basura. Al ver la falsedad de sus evaluaciones, los bancos que vendieron tales productos se colapsaron casi al día siguiente de que las agencias les dijeran que estaban en una condición excelente. Y todo, repito, todo el sistema financiero mundial se hubiera colapsado si no hubiera sido por el apoyo que recibió de los Estados, transfiriendo la mayor cantidad de dinero que nunca se haya realizado del sector público al sector privado.

Pues bien, lo que es más indignante es que tales agencias continúen siendo las evaluadoras de los productos financieros que los bancos y los Estados venden y compran. En realidad, han sido agentes claves en la creación del llamado “problema de la deuda pública”. Cuando catalogan un bono de un Estado como de alto riesgo, inmediatamente encarece los intereses que los Estados tienen que pagar para vender sus bonos. El precio de la deuda pública queda así muy determinado por la evaluación que le hacen tales agencias. Y naturalmente, su objetivo (que es el objetivo de la banca) es que los intereses sean lo más altos posible pues así incrementan los ingresos a la banca, que es la que recibe tales intereses.

Las decisiones de las agencias de rating afectan a la ciudadanía normal y corriente. Sus decisiones influencian desde los intereses del crédito en un país al precio de las hipotecas. Todas estas actividades financieras están determinadas por lo que indiquen tales agencias, agencias que ya han mostrado su incompetencia en múltiples ocasiones y que continúan, a pesar de ello, siendo las voces que dirigen, desde la sombra, las actividades financieras de millones y millones de personas.

Que sus conclusiones no se basan en criterios objetivos y que sus evaluaciones carecen de credibilidad científica está ampliamente demostrado. El criterio que guía sus evaluaciones es fácil de detectar. Todo lo que las agencias perciben que le va bien a la banca, merece un sobresaliente. Todo lo que cuestiona los intereses de la banca recibe un suspenso. Ejemplos de ello hay miles. Cuando se implementaron los recortes de impuestos (que favorecieron primordialmente a las rentas superiores) llevados a cabo por el Presidente Bush Jr. (medida favorecida por Wall Street), que causaron que el presupuesto del estado federal de EEUU pasara de tener un superávit (de nada menos que 5.000 billones de dólares) cuando terminó la administración Clinton, a un enorme déficit, tales agencias aplaudieron los recortes, aunque crearan un déficit enorme, que ahora tales agencias denuncian, criticando a la Administración Obama por ello. Las agencias favorecen, en general, más a las Administraciones Republicanas que a las Demócratas.

Y ahora, tal como denuncia el que fue Ministro de Trabajo en la Administración Clinton, el Sr. Robert Reich, profesor de Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, en un artículo reciente “The Biggest Driver in the Deficit Battle” (28.07.11), tales agencias han indicado que, a no ser que se recorten los gastos públicos (incluyendo las pensiones y los servicios sanitarios a la gente anciana) para reducir el déficit (en una cantidad de 4.000 billones de dólares), las agencias rebajaran la evaluación de los bonos del Estado federal, y ello aunque el Estado decidiera reducir el déficit a través de otros medios, tales como subir los impuestos. No es, pues, el tamaño del déficit público, sino lo que hay detrás, es decir, si la banca lo apoya o no, lo que decide el valor de la deuda pública.

Pero lo que es incluso más que indignante es que el Banco Central Europeo utiliza las evaluaciones de tales agencias para catalogar el valor de la deuda pública de los Estados de la Eurozona. Y lo mismo ocurre con el Banco Central de EEUU (The Federal Reserve Board), aunque hay presiones (¡por fin!) para que este último deje de hacerlo. Mientras, el lector debería estar hastiado de la enorme tolerancia, cuando no apoyo, que las instituciones financiadas públicamente tienen hacia estas agencias. Es el caso más claro de la supeditación de las llamadas instituciones representativas al poder de la banca.

Ahora bien, la indignación no debería limitarse a las Agencias. Debería también extenderse a los bancos centrales de cada país y al Banco Central Europeo, que podrían haber ignorado tales agencias de rating sustituyéndolas por otras más efectivas y desligadas del mundo financiero. Pero las instituciones más responsables de ello son las políticas, pues son los llamados representantes políticos los que nombran a los directores de los bancos centrales nacionales y a los gobernadores del Banco Central Europeo. Uno de los gobernadores más ultraliberales que haya tenido el Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez, fue nombrado por el Sr. Zapatero, y el Sr. Trichet, director del Banco Central Europeo, fue nombrado por el Consejo Europeo (los máximos responsables de la clase gobernante de la UE), y así un largo etcétera.

Lo cual me lleva a la última pregunta, la más importante. ¿Por qué los llamados representantes de la población nombraron a ultraliberales en tales puestos de responsabilidad? Y la respuesta es fácil de entender (aunque nunca la verá en los mayores medios de información y persuasión). Todos estos personajes ultraliberales están muy próximos a la banca. Y su nombramiento era un signo (le llaman guiño) a la banca para asegurarle que serían muy sensibles a sus necesidades. En realidad, no sólo los gobernadores del Banco de España y del BCE son muy próximos a la banca, sino la gran mayoría de Ministros de Economía y economistas de la Moncloa han sido muy próximos a la banca. Y ahí está el problema. De tanto guiño, las instituciones representativas se han quedado ciegas a las implicaciones de sus actos. La enorme influencia de la banca sobre el estado ha sido una de las características del Estado español, que ha reducido dramáticamente la calidad democrática de nuestro país. Así de claro.

La otra línea, no ortodoxa, pero factible

Los mercados contra la ciudadanía europea, ¡evitemos la debacle!

Comunicado de ATTAC España.

Los recientes acontecimientos económicos y financieros están poniendo de manifiesto que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos europeos no sólo no están contribuyendo a salir de la crisis sino que, por el contrario, están agudizando las condiciones críticas en las que se encuentra la economía en su conjunto y, muy especialmente, las clases populares y las pequeñas y medianas empresas creadoras de empleo.

Desde ATTAC venimos insistiendo desde hace años en que tales medidas, empaquetadas hoy en los llamados planes de ajuste estructural y que ya demostraron ser un fracaso en los años ochenta y noventa en América Latina, deben ser amplia y contundentemente rechazadas. Consideramos que es urgente cambiar el rumbo de la política económica de los gobiernos europeos, y entendemos que para ello es imprescindible asimismo que la ciudadanía sea conocedora de las alternativas existentes. Con estas últimas sobre la mesa, la presión social tiene que ser el instrumento con el que lograr el cambio que necesitamos como sociedad.

Es muy probable que ante las políticas globales guiadas por los mercados, las de carácter superficial tomadas por los gobiernos sean inocuas y la recesión se abra de nuevo, esta vez con más fuerza y se produzca si no se cambia el rumbo, una depresión económica y social de consecuencias impredecibles. Para poder reconducir la situación y salvar la economía de la debacle, ATTAC propone adoptar medidas contundentes para regular y controlar los mercados financieros, estas medidas urgentes son:

1. Resistencia activa ciudadana ante los planes de ajuste y defensa a ultranza de los servicios públicos.

Los planes de ajuste neoliberal deben ser considerados en sus verdaderos términos: el resultado de un chantaje que las grandes empresas y la banca privada están empleando para ampliar sus ya enormes cuotas de poder. En efecto, los planes de ajuste tienen lugar en un contexto de dominación política y económica de los llamados mercados financieros, que han gestionado la política económica de los gobiernos en su beneficio propio y a espaldas de una sociedad a la que se le han arrebatado sus derechos democráticos más fundamentales.

Pero además, la aplicación de tales medidas de inspiración neoliberal conllevará un empeoramiento muy acusado de la prestación pública de servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales a las familias, los suministros y el transporte. Lo mismo sucederá con los subsidios y pensiones públicas. De esta forma se profundiza en un camino que lleva al dominio de la esfera privada también en esos sectores, con consecuencias dramáticas para la mayoría de la ciudadanía que desde ese momento dispondrán de peores servicios públicos y a precios más altos, o bien habrán de acceder a estos servicios públicos pagando al ser privatizados. Es el camino del empobrecimiento social por la vía de la destrucción de los pilares restantes del ya insuficientemente desarrollado Estado del Bienestar. Por eso nosotros pedimos a la sociedad que una sus fuerzas en una resistencia activa ante los planes de ajuste y que se pongan todas las fuerzas posibles en impedir el proceso neoliberal de deterioro y privatización de los servicios públicos.

2. Auditoría de la deuda pública de todos los estados europeos.

El creciente peso de la deuda pública está provocando un lastre financiero en las cuentas públicas. La aplicación de los planes de ajuste que exigen la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, para alcanzar el mito de la estabilidad presupuestaria, deteriora el crecimiento económico y dificulta la recaudación de dinero por parte de los estados. Estos se ven obligados a endeudarse continuamente en los mercados financieros. Pero dicho endeudamiento conlleva asumir cargas de deuda cada vez mayores y para cuya devolución hay que volver a endeudarse, en un proceso vicioso que llevará necesariamente a un estado de ajuste neoliberal permanente, que es lo que se persigue con estas políticas.

Además, dicho proceso se acelera debido a los ataques especulativos que se producen cada día en los mercados de deuda y que tienen como consecuencia más inmediata el encarecimiento de la financiación de los estados, es decir, el crecimiento del pago de los intereses por parte de los estados. No obstante, mucha de esa deuda contraída por los estados responde a contratos establecidos con la gran banca que ha recibido a su vez el dinero en mejores condiciones. Es decir, gran parte del dinero que los bancos utilizan para comprar la deuda de los estados, obteniendo substanciosos beneficios, es dinero público que el banco central europeo prestó anteriormente a los bancos a interés bajísimo del 1%.

Después de haberse hecho cargo los estados la deuda privada vía bancaria, convirtiendo esta en deuda de toda la ciudadanía en su conjunto, la crítica situación de las arcas públicas hipoteca el futuro de esta y futuras generaciones y exige que se establezca una auditoría independiente que determine qué tipo de contratos son ilegítimos y por lo tanto deben ser impagados o reestructurados. Con tal proceso se conseguirá reducir la carga de la deuda y desactivar de forma simultánea el chantaje de los mercados.

3. Regulación del sistema financiero europeo e imposición de un Impuesto a las Transacciones Financieras

No es posible acabar con los procesos especulativos si no se atajan desde la raíz, por lo que una medida fundamental es regular fuertemente la banca y las operaciones financieras. Es necesario prohibir prácticas especulativas como las operaciones al descubierto, así como también es necesario prohibir los productos y vehículos financieros más propensos a la especulación como los Credit Default Swap (CDS) o Hedge Founds. Para desincentivar la especulación e incrementar la recaudación fiscal es necesario también establecer un nuevo impuesto a las transacciones financieras que disuada todo tipo de transacciones financieras que especulan en el corto plazo, que son las responsables de la crisis actual y de que por cada euro que circula actualmente en la economía real, lo hagan más de 60 euros en la economía virtual, habiendo convertido el Mundo globalizado en un casino financiero. Las finanzas deben estar al servicio de la economía productiva, y eso requiere restringir toda posibilidad de que puedan funcionar de forma relativamente autónoma y descontrolada, enriqueciendo a unas minorías a costa de las mayorías y provocando graves crisis en todo el mundo.

4. Creación de una agencia pública de calificación.

Es también necesario defenderse del omnímodo poder de las agencias de calificación crediticia privadas, regulando y restringiendo su acceso a la calificación de los mercados de deuda pública y creando una agencia de calificación alternativa de naturaleza pública. Sólo así será posible permitir que los mercados financieros cumplan su función esencial, impidiendo que empresas privadas, aliadas de los grandes grupos financieros, como las agencias de rating puedan determinar las políticas de los estados al mover el mercado con la facilidad, poco rigor y arbitrariedad con el que lo vienen haciendo.

5. Promover la armonización fiscal de Europa.

Hay que incrementar el presupuesto de la Unión Europea y democratizar sus instituciones hasta que sean plenamente legítimas y estén subordinadas a los deseos de la ciudadanía, ello nos llevaría a largo plazo a la necesaria refundación de la actual Europa neoliberal, en sus tratados, y la la apertura de un periodo constituyente auténticamente democrático. Con ello presente, por el momento hay que presionar para que se establezca un sistema fiscal progresivo que permita la transferencia de rentas desde los muy ricos hacia las clases populares de los diferentes países miembros, para lo cual es necesario recuperar el impuesto del patrimonio, sucesiones y donaciones y otros impuestos que gravan la riqueza, subir los tipos impositivos de las clases más acomodadas, incluir nuevos tramos en los impuestos de la renta y de sociedad, subir los tipos impositivos al capital y prohibir las transacciones financieras con los paraísos fiscales. En definitiva, hay que promover una Unión Europea que se defina como un espacio de autosuficiencia fiscal y financiera con plena capacidad para imponer controles de capitales y que prohiba la competencia fiscal entre países, algo que sólo se logrará con la armonización y justicia fiscal y la prohibición de transacciones con paraísos fiscales.

6. Es urgente abolir, de entrada, los paraísos fiscales en el entorno europeo

En Europa, incluso en el seno de la UE, existen diversos estados y territorios que son de facto centros offshore extraterritoriales o paraísos fiscales. Es patente que éstos constituyen una poderosa herramienta de los poderes financieros globales en aras del dominio absoluto de la economía y ello socava continuamente el poder de decisión de los gobiernos y la democracia.

Las autoridades Europeas han de actuar para acabar con el secreto bancario que distingue a estos territorios, que hace practicamente imposible la persecución del fraude, corrupción y del delito fiscal y financiero.

Por medio de los paraísos fiscales el poder financiero dispone de dos armas de destrucción financiera y fiscal masivas que utiliza impunemente en su beneficio: La opacidad que impide el control de la evasión, fraude y delincuencia fiscal y financiera, así como la competencia y el dumping fiscal que estos territorios promueven con su existencia y que hacen competir a la baja a los Estados para atraer capitales y evitar que emigren.

La impunidad y el vacío legal en que operan estos territorios hacen que la banca y grandes empresas abran sucursales y filiales bancarias en ellos y que se constituyan grandes fondos como los hedge founds que han sido los mayores responsables de la crisis financiera actual al operar especulativamente desde los paraísos fiscales en los mercados globales, constituyendo todo ello una base segura de lo que se viene denominando banca en la sombra.

Estos territorios son los responsables del gran fraude fiscal de las grandes empresas. En concreto las compañías multinacionales por medio de mecanismos como la transferencia de precios y otros derivan las ganancias hacia estos territorios en donde no existe fiscalidad. Hay que hacer pagar a las corporaciones por los beneficios que obtienen en cada estado, pero la existencia de los paraísos fiscales lo hace imposible.

7. Creación de una banca pública ética a partir de las cajas de ahorro

La banca privada comercial, se confunde cada vez más y actúa como banca financiera y ha perdido gran parte de su función inicial de intermediación entre el ahorro y los proyectos económicos territoriales. No está cumpliendo con su cometido de financiar la actividad productiva, golpeando muy duramente a las pequeñas y medianas empresas y de esa forma al empleo (las pequeñas y medianas empresas crean en torno al 70% del empleo en España). Por lo tanto, es urgente reaccionar y constituir una banca pública a partir de la reestructuración de las cajas de ahorro. Dicha banca pública tiene que tener un objetivo esencial que no será otro que contribuir en el desarrollo de un nuevo modelo productivo, para lo cual deberá proporcionar líneas de créditos especiales a los sectores tales como las energías renovables y las nuevas tecnologías. La banca pública tiene que estar bajo control político pero subordinada a unos objetivos concretos de promoción del desarrollo y la creación de empleo, siempre desde una perspectiva ética y de respeto al medio ambiente.

8. Nuevo estatuto del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo tiene que dejar de preocuparse únicamente por la inflación y debe definir como objetivo prioritario la creación de empleo. Además, debe dejar de ser independiente del poder político y deberá rendir cuentas ante las legítimas instituciones de la Unión Europea. Con una adecuada coordinación salarial de la Unión Europea, en la que se permita a los salarios recuperar el terreno perdido en los últimos treinta años, también debe contribuir a resolver los profundos desequilibrios comerciales existentes hoy en día en la Unión Europea. El Banco Central Europeo deberá tener, además, la potestad de emitir títulos de deuda pública europeos con los que poder financiar a los países miembros en dificultades.

Sabemos en ATTAC que estas medidas no suponen necesariamente por sí mismas un paraíso social, pero desde hace bastantes años venimos avisando de su necesidad para combatir la avaricia y la dictadura de los mercados financieros sobre nuestra economía y nuestra sociedad. La aplicación de los planes de ajuste acabará definitivamente con la democracia y sentará las bases de la depresión, la inseguridad y los movimientos europeos hacia la xenofobia y los totalitarismos. Es imprescindible cambiar el rumbo de las políticas neoliberales que nos han llevado hasta aquí y orientar de nuevo el rumbo de Europa y el Mundo hacia las políticas de carácter social y del bien vivir. Para ello hay que comenzar por aquí y la ciudadanía ha de levantarse para exigirlo.

El tratamiento es el mismo para todo tipo de terrorismo ¿o nó?

Contra el terrorismo financiero

Por Juan Torres / Carlos Martínez / Francisco Jurado – Público.

La extraordinaria subida de la prima de riesgo española y de otros países aún más cercanos al corazón de la vieja Europa nos pone al borde del límite de lo que la ciudadanía no debería consentir.

Nada ha cambiado en España en los últimos días –salvo la celebración de nuevas subastas de deuda pública, claro está– que haya podido dar a entender a “los mercados” que la situación de nuestra economía es peor que hace unas semanas y que, por tanto, justifique una subida en el tipo de interés que debamos que pagar para financiarnos. Se trata, tan solo, de nuevas operaciones de casino que apuestan sobre seguro, provocando ellas mismas los resultados que más les convienen a inversores que, por supuesto, no albergan ninguna preocupación acerca de lo que suceda en la economía real, en la vida de la gente, sino en cómo mejorar sus posiciones de apuesta para ganar más dinero.

Cuando los bancos que habían provocado la crisis que estamos viviendo necesitaron financiación, los gobiernos y el Banco Central Europeo no dudaron en acudir en su auxilio, en una ocasiones, porque decían que eran “demasiado grandes para dejarlos caer” y, en otras, porque había que “salvar al sistema financiero”. En ello se gastaron varios billones de euros; más de 800.000 millones sólo en Alemania y Francia.

Sin embargo, cuando fueron los estados los que necesitaron financiación, fundamentalmente como efecto de la crisis que habían provocado los bancos, aunque en mucha menor medida, en lugar de recibirla en las generosas condiciones en que lo obtuvo la banca, tuvieron que ponerse en manos de esta. Y, gracias a ello, los bancos no sólo levantaron de nuevo cabeza, prestando a tipos cinco o seis veces más altos el dinero que recibían al 1% del Banco Central Europeo, sino que así pudieron poner contra las cuerdas a los gobiernos y exigirles nuevas reformas liberalizadoras como condición imprescindible para salir de la crisis, cuando, en realidad, fue la generalización de ese tipo de medidas lo que la provocó.

Los gobiernos, y en concreto el español, vienen diciendo a la ciudadanía que para acabar con esta situación hay que contentar a los mercados y que para ello es inevitable llevar a cabo las reformas que se les exigen y que, en gran parte, ya se han aplicado: del mercado de trabajo y de las pensiones, privatizaciones de empresas públicas y, pronto, de servicios públicos esenciales. Pero estas recetas se han revelado como una gran mentira, como evidencia el que ni estén produciendo los efectos beneficiosos sobre la economía con que se justifican, ni logren detener los ataques especulativos contra nuestra deuda.

Tratar de hacer frente a una situación que el propio presidente de la Junta de Andalucía calificó de “terrorismo financiero” cediendo a la extorsión, como está haciendo el Gobierno socialista, es algo peor que una simple ingenuidad. Las reformas que ha llevado a cabo sólo han servido para debilitar aún más la capacidad de generación de empleo e ingreso de nuestra economía y, al frenar la recuperación y el crecimiento de la actividad, terminarán encareciendo aún más la deuda pública a medio y largo plazo, convirtiéndose esta dinámica en un círculo vicioso que lleve a la ruina a los propios estados, a sus servicios públicos esenciales y, por ende, a toda la ciudadanía.

Al terrorismo financiero que está destrozando economías enteras no se le puede combatir con sometimiento, sino con firmeza y decisión, defendiendo la economía que crea empleo, riqueza y bienestar y cortando las alas de los capitales especulativos.

Europa tiene medios para lograrlo.

Debe garantizar que los estados dispongan de financiación adecuada a través del Banco Central Europeo, negociando para ello las condiciones que le permitan generar ingresos y no destruir sus fuentes, como ha venido sucediendo. Es una ignominia inaceptable que se preste al 1% a bancos irresponsables y que se obligue a que los pueblos tengan que hacerlo incluso al 10%, como está ocurriendo en algunos casos.

Además, Europa debe establecer impuestos y tasas sobre las transacciones financieras especulativas que las desincentiven en la mayor medida posible.

Y Europa tiene también la obligación moral de establecer controles de capital para impedir que financieros sin escrúpulos sigan poniendo en juego el futuro de la Unión Monetaria, la estabilidad económica y social y el bienestar de sus ciudadanos.

Pero ni España ni el resto de países europeos pueden esperar a que todo se resuelva en Bruselas. Se equivocarán una vez más este Gobierno y los partidos políticos que lo apoyen si vuelven a recortar derechos sociales creyendo que así disminuirá la voracidad de los mercados. Volveremos a ir todos a peor, salvo la banca y las grandes empresas.

En una democracia real, las personas son las verdaderas depositarias de la soberanía nacional y, por tanto, deben constituirse en protagonistas de las decisiones políticas que se toman, como actores y como beneficiarios principales. Si viviésemos en esa democracia real, y los ciudadanos supieran de verdad lo que está pasando, no consentirían el tipo de terrorismo que se está practicando, ni la complicidad de los gobiernos. Y por eso creemos que es fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas de todo tipo hagan el máximo esfuerzo para informar, concienciar y movilizar a todas las personas que, con independencia de ideologías o de posiciones políticas, simplemente se indignen y reaccionen ante la injusticia y la irracionalidad que se nos está imponiendo.

Juan Torres López es miembro del Comité Científico de ATTAC España.
Carlos Martínez García es miembro de la Promotora Estatal de Mesas de Convergencia.
Francisco Jurado es miembro de Democracia Real Ya.

“Apuntes sobre la no-violencia del 15-M” texto que merece mucho la pena ser leido

Ha circulado y circula por el movimiento 15-M con motivo de un debate en torno a la no violencia:

El 15-M es un movimiento no-violento.

Es algo que está tan en su esencia que ni siquiera ha sido una decisión tomada en asamblea: va de suyo, se ha impuesto como una pura evidencia. No decidimos nuestro ADN, partimos de él.

Tan fuerte es esta “decisión no decidida” que nadie por ahora la ha contravenido, a pesar de las provocaciones, los desalojos, las palizas. (Hay otras “decisiones no decididas” que son de todos conocidas: ser un movimiento horizontal, inclusivo, respetuoso, sin representación, no querer nada con siglas y con partidos políticos, etc.).

La no-violencia no significa no-conflicto.

Hemos ocupado plazas, nos hemos manifestado sin permiso, hemos bloqueado desahucios, hemos echado a la policía de los barrios… Es decir, la no-violencia del 15-M no es pasiva, no es acatamiento de la legalidad ni asunción de los términos convencionales de la política, sino que es activa, rebelde, desobediente y creativa.

La opción por la no-violencia no es una opción por rehuir el conflicto, sino por plantearlo en los propios términos, escogiendo los escenarios y marcando los ritmos.

De hecho, el 15-M ha podido hacer lo que otros movimientos más “radicales” llevan años intentando sin ningún éxito. Es cuestión de fuerza. El movimiento 15-M tiene la fuerza que otros movimientos no tuvieron.

¿Qué significa tener fuerza?

Tiene fuerza quien puede alterar y modificar la realidad, cuestionar las agendas dominantes e imponer los propios problemas, hacer ver lo que se quería ocultar y decir lo que está prohibido decir, transformar las vidas, los lazos y las vibraciones entre los seres humanos.

Violencia y fuerza no son sinónimos.

La fuerza que uno tiene no se mide por el nivel de violencia que puede ejercer. La fuerza del 15-M pasa (entre otras muchas cosas) por su capacidad para acoger la pluralidad, llevar la iniciativa y ser imprevisible. Si el movimiento 15-M ha “decidido” ser no-violento es porque intuye muy claramente que las acciones violentas -agresión, intimidación o amenaza, disturbios y enfrentamiento con la policía- debilitarían esas tres claves de su fuerza.

El poder lleva buscando clarísimamente imágenes de disturbios desde el primer desalojo de Plaza Cataluña: son imágenes mil veces vistas que confirman todos los clichés que dividen y aíslan a los que protestan del resto de la población. El movimiento ha sido súper-inteligente al desertar continuamente de los escenarios que nos preparan y en los que nos esperan. Nos salimos por la tangente. Resulta llamativo que desde el interior del movimiento todavía haya quien esté dispuesto a proporcionar al poder político y mediático las imágenes que está pidiendo para erosionar el apoyo social y la legitimidad ancha del 15-M.

Nos salimos por la tangente porque no queremos que nos empujen a la ya muy conocida espiral de represión/detenidos/heridos/miedo/rencor/reacción/campañas antirrepresivas, donde perdemos toda la iniciativa para seguir haciendo preguntas a la sociedad sobre cómo queremos vivir juntos, cómo queremos gobernamos, qué se hace con la riqueza que producimos entre todos, etc.

La violencia nos hace previsibles: refuerza las posiciones y los roles (policía represor/manifestante víctima). Llamar “hijo de puta” a un policía confirma la situación y el reparto de los papeles. Cada cual ya sabe quién es, qué identidad tiene y qué debe sentir hacia el otro. Seguramente no es algo muy grave, pero tampoco tiene nada de subversivo. Por el contrario, los gestos que hemos visto a menudo en las manifestaciones del 15-M de interpelar positivamente a la policía, con formas de comunicación irónica o empática, descolocan la situación: desconciertan, incomodan e inquietan, interrumpen los automatismos, cuestionan los clichés, hacen preguntas, cortocircuitan lo previsible, lo que cada cual sabe que tiene qué pensar, hacer y sentir.

Nosotr@s frente a la policía. La policía frente a nosotr@s.

Es una imagen demasiado cómoda de lo que hacemos, es una línea de separación demasiado simple. Nuestra lucha no es así. El enemigo con el que nos batimos es una “lógica” que, en primer lugar, nos atraviesa a nosotros mismos (por ejemplo, en las mil decisiones cotidianas por las cuales sostenemos este sistema del que formamos todos parte porque no hay ningún afuera). Hay una gran “potencia de humanización” en el movimiento 15-M. Decimos que somos seres humanos y no mercancías en manos de políticos o banqueros. Por la misma razón, podemos pensar que un policía es mucho más que su “función” y dirigirnos así a su humanidad (cuando tratamos de entablar diálogo o les recordamos que ellos también están hipotecados, pero también cuando les gritamos “vergüenza” ante un desahucio o una redada).

¿Violencia y no violencia son compatibles?

La experiencia dice que la violencia se coloca siempre en el centro de lo que ocurre, como si fuera un torbellino que succiona y arrastra todo lo demás. La no-violencia puede expresarse de muchos modos, la violencia sólo de uno. En las acciones no-violentas cabe mucha gente distinta, en las acciones violentas siempre participa un tipo de gente muy determinada (hombre, joven, con papeles, etc.). Queremos afirmar, tanto en las formas de organización como en los modos de estar en la calle, los rasgos de nuestro ADN: horizontalidad, apertura, multiplicidad.

Perder la iniciativa, perder la pluralidad, perder la imprevisibilidad implica perder la fuerza. Fuerza es radicalidad. La no-violencia es lo que nos ha hecho y nos hace más fuertes y más radicales. Destrozar sin destrozar es la mejor destrucción.

“la necesidad irreversible de destrozarlo todo

de destrozarlo todo

de destrozarlo todo y a todos

destrozar a los hombres

destrozar a las mujeres

destrozar hasta el destrozo total

pero eso sí

destrozar sin apariencia de destrozo

destrozar sin apariencia de destrozo alguno

destrozar a alguien y que este alguien siga intacto / aparentemente

destrozar sin destrozar es la mejor destrucción”

(Esteve Graset)

Artículo de Ignacio Ramonet Publicado en Le Monde Diplomatique

Cambiar el sistema

Ignacio Ramonet – Consejo Científico de ATTAC.

Los eurófilos más extasiados lo machacan sin cesar: si no dispusiéramos del euro, dicen, las consecuencias de la crisis serían peores para muchos países europeos. Divinizan un euro “fuerte y protector”. Es su doctrina y la defienden fanáticamente. Pero lo cierto es que tendrían que explicarles a los griegos (y a los irlandeses, a los portugueses, a los españoles, a los italianos y a tantos otros ciudadanos europeos vapuleados por los planes de ajuste) qué entienden por “consecuencias peores”… De hecho, estas consecuencias son ya tan insoportables socialmente que, en varios países de la eurozona, está subiendo, y no sin argumentos, una radical hostilidad hacia la moneda única y hacia la propia Unión Europea (UE).

No les falta razón a estos indignados. Porque el euro, moneda de 17 países y de sus 350 millones de habitantes, es una herramienta con un objetivo: la consolidación de los dogmas neoliberales (1) en los que se fundamenta la UE. Estos dogmas, que el Pacto de Estabilidad (1997) ratifica y que el Banco Central Europeo (BCE) sanciona, son esencialmente tres: estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia. Ninguna preocupación social, ningún propósito de reducir el paro, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento, y obviamente ningún empeño en defender el Estado de bienestar.

Con la vorágine actual, los ciudadanos van entendiendo que tanto el corsé de la Unión Europea, como el propio euro, han sido dos añagazas para hacerles entrar en una trampa neoliberal de la que no hay fácil salida. Se hallan ahora en manos de los mercados porque así lo han querido explícitamente los dirigentes políticos (de izquierda y derecha) que, desde hace tres decenios, edifican la Unión Europea. Ellos han organizado sistemáticamente la impotencia de los Estados con el fin de conceder cada vez más espacio y mayor margen de maniobra a mercados y especuladores.

Por eso se decidió (a insistencia de Alemania) que el BCE fuese “totalmente independiente” de los Gobiernos (2). Lo cual concretamente significa que queda fuera del perímetro de la democracia. De ese modo, ni los ciudadanos ni los Gobiernos elegidos por éstos pueden entorpecer sus opciones liberales.

Hoy, esas características (impotencia de los políticos, independencia del BCE) son en parte responsables de la incapacidad europea para resolver el drama de la deuda griega. La otra causa es que, bajo su aparente unidad, la UE (en este caso particular la eurozona) está profundamente dividida en dos bandos casi irreconciliables: por una parte, Alemania y su área de influencia (Benelux, Austria y Finlandia); por la otra: Francia, Italia, España, Irlanda, Portugal y Grecia.

El origen de la deuda griega (como el de la de los demás países periféricos afectados por la crisis de la deuda soberana, incluida España) es conocido. Cuando Grecia fue admitida en la zona euro (3), las instituciones financieras consideraron inmediatamente que este pequeño Estado presentaba, a pesar de su evidente fragilidad y de sus escasos recursos, todas las garantías necesarias para recibir créditos masivos y baratos. Llovieron sobre Atenas ofertas de financiación a tipos de interés de ganga, en particular por parte de bancos alemanes y franceses que incitaron a los gobernantes helenos a endeudarse a bajo coste y a largo plazo para adquirir principalmente material militar (4) alemán y francés…

Cuando estalla la crisis financiera de 2008 (llamada “de las subprimes”), ésta se extiende rápidamente al sector bancario europeo. Los establecimientos financieros carecen pronto de liquidez y restringen drásticamente el crédito. Lo que amenaza con asfixiar el conjunto de la economía. Para evitarlo, los Estados ayudan masivamente a la banca. Y la salvan. Para ello, se endeudan aún más comprando dinero en el mercado internacional (ya que el BCE se niega a ayudarlos). Ahí, de repente, intervienen las agencias de calificación que sancionan el excesivo endeudamiento de los Estados (¡realizado para salvar a los bancos!)… Inmediatamente los tipos de interés de los préstamos a los Estados más endeudados se disparan… Y se produce la crisis de la deuda soberana.

En sí misma, la deuda griega es insignificante si se tiene en cuenta que el PIB de Grecia representa menos del 3% del PIB de la eurozona. El problema, técnicamente, podía haberse resuelto hace ya más de un año sin gran dificultad. Pero el gobierno conservador alemán, que enfrentaba entonces unas complicadas elecciones locales (finalmente perdidas), estimó que no sería moralmente justo que los griegos, acusados de “corrupción” y de “laxismo”, saliesen tan rápidamente del mal paso. Había que castigarlos para que no cundiese “el mal ejemplo”.

Una ayuda demasiado rápida a Atenas, declaró Angela Merkel, “tiene el efecto negativo de que otros países en dificultades podrían dejar de hacer esfuerzos” (5). Por eso, con el apoyo de sus aliados, Berlín empezó a poner pegas de todo tipo. Dejando pasar los meses.

Plazo que los mercados, excitados por el desacuerdo político europeo, aprovecharon para cebarse en Grecia. Todo se complicó entonces. Finalmente, Alemania acabó por aceptar un (incompleto) plan de ayuda con una condición: que participase en él el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque se estimaba que las instituciones europeas carecían de un verdugo lo suficientemente severo para escarmentar a los griegos. Segundo, porque la especialidad del FMI, desde hace cuarenta años, consiste en exigir siempre esfuerzos antisociales a los países endeudados. Sus recetas (aplicadas con saña en América Latina durante los años 1970 y 1980) son siempre las mismas: alza de las tasas al consumo, recortes brutales de los presupuestos públicos, estricto control de los salarios, privatizaciones masivas…(6).

El Gobierno de Papandreu tuvo que resignarse a adoptar un salvaje plan de austeridad. Pero el mal estaba hecho. El ritmo de la política europea es lento y largo, cuando el de los mercados es inmediato. Los especuladores entendieron que la Unión Europea era un gigante sin cerebro político, y el euro una “moneda fuerte” con estructura débil (no hay ejemplo en la historia, de una moneda que no esté encuadrada por una autoridad política). Atacaron a Irlanda, pasó lo mismo y volvieron a ganar. Atacaron a Portugal e ídem. Atacaron a España y a Italia, y los Gobiernos de estos países se apresuraron a autoimponerse las impopulares recetas del FMI.

Por toda Europa se extiende ahora la “doctrina de la austeridad expansiva”, que sus propagandistas presentan como un elixir económico universal cuando en realidad está causando un estrepitoso daño social. Peor aún, esas políticas de recortes agravan la crisis, asfixian a las empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, y entierran la perspectiva de una pronta recuperación económica. Empujan a los Estados hacia la espiral de la autodestrucción, sus ingresos se reducen, el crecimiento no arranca, el paro aumenta, las (impresentables) agencias de calificación rebajan su nota de confianza, los intereses de la deuda soberana aumentan, la situación general empeora y los países vuelven a solicitar ayuda (7). Tanto Grecia, como Irlanda y Portugal -los tres únicos Estados “ayudados” hasta ahora por la Unión Europea (mediante el Fondo Europeo de Estabilización) y el FMI- han sido precipitados, por los que Paul Krugman llama los “fanáticos del dolor” (8), a ese fatal tobogán.

Y el “Pacto del euro”, establecido en marzo pasado, tampoco resuelve nada. En realidad es una vuelta de tuerca suplementaria a la austeridad, un acuerdo “de competitividad” que prevé más recortes del gasto público, más medidas de disciplina fiscal, y penaliza principalmente -de nuevo- a los asalariados. Con amenazas de sanciones a los Estados que no cumplan el Pacto de Estabilidad (9). Propone la tutela de la deuda pública y un ritmo fijo de reducción, o sea: una limitación de la soberanía. “Los países europeos deben ser menos libres de emitir deuda”, afirma, por ejemplo, Lorenzo Bini Smaghi, miembro del directorio del BCE. Algunos eurócratas van más lejos, proponen que se le retire a un gobierno que no haya respetado el Pacto de Estabilidad, la responsabilidad de dirigir sus propias finanzas públicas…

Todo esto es absurdo y nefando. El resultado es una sociedad europea empobrecida en beneficio de la banca, de las grandes empresas y de la especulación internacional. Por ahora la legítima protesta de los ciudadanos se focaliza contra sus propios gobernantes, complacientes marionetas de los mercados. ¿Qué pasará cuando se decidan a concentrar su ira contra el verdadero responsable, o sea el sistema, es decir: la Unión Europea?

Notas:

(1) Definidos en los Tratados de Maastricht (1993), de Ámsterdam (1999), de Niza (2003) y de Lisboa (2009).
(2) Entre otras limitaciones, el BCE no puede prestar dinero a los Estados, sólo a la banca privada.
(3) Merced a un balance de su situación económica falseado y maquillado por el anterior gobierno conservador con la ayuda del banco estadounidense Goldman Sachs.
(4) Grecia es el principal importador de material militar de la Unión Europea, y el Estado que consagra a su defensa (por razones de rivalidad con Turquía) el mayor porcentaje de su PIB.
(5) El País, Madrid, 18 de julio de 2011.
(6) Léase Philippe Askenazy, “L’austérité imposée à la Grèce, de Charybde en Scylla”, Le Monde, París, 19 de juliode 2011.
(7) Aunque ha sido recibido con alivio por la prensa neoliberal, el nuevo plan de rescate a Grecia, anunciado el pasado 21 de julio, de poco servirá. Los mercados y los fondos buitres han olido la sangre y no detendrán sus ataques mientras no se les frene con auténticos cambios estructurales.
(8) Paul Krugman, “Cuando la austeridad falla”, El País, Madrid, 24 de mayo de 2011.
(9) Que fija el límite para el déficit presupuestario en un 3% del PIB, y el de la deuda soberana en un 60% del PIB.

Y seguimos pagando por la deuda mucho más del precio al que el Banco Central Europeo vende el dinero

La prima de riesgo o el capitalismo al desnudo

nuevatribuna.es, por Pedro L. Angosto

Levantarse cada mañana atemorizado por cómo se va a despertar la prima de riesgo de la deuda española, se ha convertido en una verdadera pesadilla. No digo que no me importe ese concepto con el que machaconamente nos agreden todos los días, pero sí que quienes lo inventaron y lo difunden, como quienes se autoatribuyen el don de calificar las economías de los Estados para favorecer la especulación, son unos verdaderos palizas, además de mala gente, y a la mala gente, como a la mala yerba, hay que arrancarla de raíz, apartándola del resto de los mortales que cumplen cada día con sus obligaciones, honradamente. Como bien nos enseña cada día Vicenç Navarro, el Estado español no tiene ningún problema con su deuda, que es menor que la media de la Unión Europea, pero alguien, desde fuera y desde dentro, se ha empeñado en que paguemos por ella mucho más del precio al que el Banco Central Europeo vende el dinero, un Banco Central en el que mandan Francia y Alemania para su particular provecho. Se trata sin duda, de una apuesta disparatada de los altos poderes de la Unión Europea, una unión que no es tal sino una jaula de grillos dónde esas dos grandes potencias, más el Reino Unido, que nada pinta en el euro ni se implica en cosa que no le favorezca, han decidido, con sus bancos intervenidos todavía, que sean los países periféricos a los que tan alegre como frívolamente prestaron dinero cuando esto era la gran Babilonia, quienes paguen el agujero de sus entidades financieras y así crear una Europa de dos velocidades, la de los arruinados por la banca arruinada e intervenida, la de los que saldrán de la crisis momentáneamente gracias a la ruina de los demás, que en el futuro, de seguir así las cosas, no podrán comprar productos alemanes, franceses y puede que ni chinos. Así de listos son.

El Estado español en su conjunto puede hacer frente al pago de la deuda pública siempre que se le pida por ella un interés racional, lo que de ninguna manera puede hacer es cargar con la deuda privada ni asumir los intereses que los especuladores y financieros nacionales e internacionales pongan según la decisión de quienes causaron esta terrible crisis. Es más, tiene que negarse a pagar esos intereses y denunciarlo en todos los foros mundiales, pase lo que pase, de ningún modo se puede seguir tapando agujeros financieros, agujeros de empresas esquizofrénicas ni de entidades que no quisieron guardar para los malos tiempos, cegadas como estaban con el brillo de dinero fácil que entraba y salía torrencialmente.

No hay que darle demasiadas vueltas, la crisis española tiene dos responsables, el gobierno Aznar, que promovió la gran burbuja inmobiliaria con su política económica y sus leyes ad hoc, y la banca, que vio en esa política y esas leyes la gran oportunidad de multiplicar sus beneficios por cien mil en un ataque de codicia estúpida que nos ha arrastrado a todos. Desde que la burbuja española estalló del brazo de la norteamericana -¿dónde estaban entonces esos tipos de las agencias de calificación que hoy con sus interesadas sentencias arruinan países y enriquecen a quienes ya no saben qué hacer con los montones de millones de dólares que amasan cada día?-, el gobierno ha dedicado enormes sumas de dinero en reflotar bancos y cajas gobernadas por irresponsables. Esa financiación, más la del incremento del subsidio de paro, más la bajada de ingresos fiscales debido a la disminución drástica del consumo interno y a la eliminación absurda de impuestos por parte de las comunidades autónomas, han creado un círculo vicioso que es necesario romper de inmediato. El Estado actuó bien cuando se decidió a garantizar hasta una cifra determinada los ahorros de los españoles, pero lo hizo mal al no crear una banca pública con todas las entidades expoliadas y parte de las saneadas, pues todas, absolutamente todas son responsables de este desaguisado y deben pagar por ello, tanto institucionalmente, como personal y penalmente sus gestores. No se hizo, pero todavía se puede hacer y si no se quiere, lo que es acuciante es obligar a la banca “saneada” a que deje de especular con la deuda del Estado y a que ponga toda la carne en el asador para que el crédito fluya y el consumo interno, principal dinamizador de nuestra economía, vuelva a crecer racionalmente para que se incrementen tanto las ventas de los pequeños comercios y fabricantes como los propios ingresos del Estado. Lo demás es tirar el dinero y el futuro.

Para que eso ocurra, es preciso que el Estado obligue a la Banca a abandonar el negocio inmobiliario, a poner a la venta, a precio de saldo si es menester, su gigantesco estock de viviendas, que es ahora mismo el que se traga el dinero que tendría que estar circulando entre los particulares. Independientemente de que uno esté contra el actual sistema económico, todo el mundo sabe que en el capitalismo es fundamental que el dinero fluya, corra de mano en mano a gran velocidad, no importa tanto el dinero que se tenga como que este no se apalanque. Hoy el dinero de este país está estancado y en vez de obligar a quienes lo mantienen en esa situación para salvar sus entidades privadas, que fueron las que causaron la crisis, se prefiere disminuir la inversión pública y emprender recortes de nuestro sistema de protección social que en modo alguno habríamos imaginado y que de ninguna manera podemos consentir. Si al estancamiento del dinero en manos de la banca y de los especuladores que atacan al Estado, es decir a todos nosotros, añadimos la política de recortes salvajes que se están comenzando a aplicar en determinados territorios, veremos que vamos a un callejón sin salida pues la gente normal terminará comprando sólo aquello que le sea estrictamente necesario para vivir, si es que le da para eso. Es preciso, urgente, apremiante que el Estado intervenga para obligar a que el dinero vaya a dónde tiene que ir, a facilitar la vida a las personas, a movilizar la economía, a hacer crecer a los sectores productivos, en definitiva a crear empleo. Si para ello es preciso nacionalizar la banca, se nacionaliza, si para eso es necesario que desaparezca la banca, que desaparezca, lo que no se puede es seguir sacrificando vidas en el sagrado altar de los mercados con intención de calmarlos, porque los mercados, que no son tales sino las clases más pudientes como bien dijo Vicenç Navarro, son insaciables y cada día pedirán más sacrificios.

Nadie piense que esas ineludibles decisiones –ahora que ya sabemos cuándo serán las elecciones generales- las va a tomar un gobierno presidido por un hombre como Mariano Rajoy, un hombre del que apenas sabemos su nombre, su apellido, su pésima gestión como ministro de Aznar y sus claras intenciones privatizadoras: “Tendremos el sistema de protección social que podamos pagar”, dijo no hace mucho, cuando lo que de verdad quería decir, era que cada cual tendría la seguridad social que pudiera pagarse de su bolsillo porque la que hay ahora, pública e igual para todos, tiene los días contados. La amenaza es muy seria como para tomársela a la ligera, la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones supondrá la liquidación de buena parte de lo mejor del Estado que hemos construido entre todos, la privatización salvaje de los servicios públicos esenciales y de los que no lo son, convirtiendo los inalienables derechos a la salud, a la jubilación, al descanso, a la educación, a la asistencia de impedidos en un gigantesco negocio que se entregará como botín a aquellos mismos que trajeron esta maldita crisis y siguen en libertad sin que fiscal ni juez alguno haga con ellos lo que hay que hacer.