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OPINION

Por VICENÇ NAVARRO…

Por VICENÇ NAVARRO…

Falsedades sobre las pensiones

Publico.es

El retraso obligatorio de la edad de jubilación se basa en varios supuestos que son erróneos. Por ejemplo, se ha argumentado frecuentemente, por parte de aquellos autores que favorecen tal retraso, que, puesto que la población vive ahora muchos más años que antes, está también en condiciones de poder trabajar durante más tiempo. Se asume que, al haberse incrementado cuatro años la esperanza de vida en España en los últimos 20 años, la gente muere ahora cuatro años más tarde que hace 20 años, lo cual no es cierto. Los que hacen tal supuesto ignoran cómo se calcula la esperanza de vida de un país.

Supongamos que España tuviera dos habitantes: uno, Juanito, que muere al día siguiente de nacer y otro, la señora María, que muere a los 80 años. En esta España de dos ciudadanos, la esperanza de vida promedio sería de (0+80):2=40 años. Pero en un país vecino llamado Vecinolandia hay también sólo dos ciudadanos: uno, Pepito, que no muere al día siguiente de nacer, sino 20 años más tarde y la otra vecina, la señora Julia, que, como la señora María de España, muere a los 80 años. La esperanza de vida promedio de Vecinolandia es de (20+80):2=50 años, es decir, diez años más que en España. Pero esto no quiere decir (como constante y erróneamente se asume) que la señora Julia viva diez años más que la señora María. Lo que ha ocurrido es que la mortalidad de los infantes y jóvenes es mucho más baja en Vecinolandia que en España. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos 20 años: la mortalidad infantil y juvenil ha ido descendiendo, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando. Ni que decir tiene que los mayores (de 65 años y más) también han visto alargada su vida, pero mucho menos que los famosos cuatro años. En realidad, desde el año 1991
ha aumentado sólo 2,3 años.

Un segundo error que se hace es suponer que, puesto que la población vive más años, tal población puede continuar trabajando después de los 65 años, con la misma capacidad y vitalidad de trabajo que tiene a los 65. Se asume, pues, que al vivir más años la edad de envejecimiento también se retrasa. De ahí que se considere (erróneamente) que si ahora las personas que llegan a los 65 años viven 2,3 años más que hace veinte años, tales personas tendrán 2,3 años más de vida saludable, retrasando la edad de envejecer 2,3 años más. Esto no es así. En realidad, la edad de envejecimiento se ha adelantado, en lugar de retrasarse.

Eileen Crimmins y Hiram Beltrán-Sánchez, investigadores del Centro de Geriatría de la Universidad del Sur de California, han publicado recientemente el artículo “Mortality and Morbidity Trends: Is there compression of Morbidity?” (“Tendencias de mortalidad y morbilidad: ¿existe una reducción de la morbilidad?”) en la revista Journal of Gerontology (06-12-10) que analiza la evolución de los años de vida saludable (es decir, vida sin enfermedades) que tiene la población en EEUU. Pues bien, tal estudio concluye que una persona que tenga 20 años ahora, tendrá un año menos de vida saludable durante toda su vida que una persona de 20 años de hace diez años, y ello a pesar de que la esperanza de vida del primero sea mayor que la del segundo. Tales autores subrayan que es un error creer que el hecho de que las personas vivirán más años significa que van a vivir más años con salud. Tal supuesto asume erróneamente que las mismas causas que determinan que la población viva más años determinan también que sean años más sanos, lo cual no es cierto.

De ahí la importancia de tomar como indicadores de vida laboral potencial (es decir, el número de años que el trabajador puede continuar trabajando) el número de años saludables durante la vida de una persona, antes y después de los 65 años, en lugar de considerar los años de vida que tendrá a partir de los 65. Tomando aquel indicador –años de vida sanos–, resulta que tal número ha disminuido en EEUU desde 1998. Se vive más años, pero menos años con salud. Un hombre de 20 años en 1998 puede esperar vivir 45 años más sin tener una de las tres mayores enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Pero estos 45 años descendieron a 43,8 años en el año 2005, es decir, más de un año. En las mujeres jóvenes pasa de 49,2 a 48 años durante el mismo periodo.

Otro indicador es la existencia de problemas de movilidad, definiendo como tal la capacidad de subir una escalera de más de diez escalones, andar más de medio kilómetro o estar de pie más de dos horas sin ninguna ayuda. Un joven de 20 años hoy tendrá –como promedio– 5,8 años de movilidad limitada, comparado con sólo 3,8 años hace diez años, es decir, dos años más. Una mujer joven que tiene 20 años ahora tendrá 9,8 años sin movilidad, comparado con 7,3 años hace diez años.
Todos estos datos muestran que hemos podido retrasar el año en que nos morimos, pero no necesariamente retrasar ni la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Desde 1998 a 2006 pudimos retrasar, por ejemplo, la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares entre los varones de edad avanzada, pero no el inicio de esta enfermedad crónica. Lo mismo en cuanto al cáncer y la diabetes, que han crecido, por cierto, durante estos diez años, sobre todo en las poblaciones de más de 30 años. Es decir, se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades y la supervivencia de los enfermos, pero no hemos reducido o eliminado tales enfermedades crónicas.
Pero lo que es incluso más preocupante es que existe un gradiente de cronicidad según la clase social del individuo, de manera que las limitaciones de movilidad y salud son más acentuadas en las clases populares que en las clases de renta alta (que son las que tienen mayor influencia política y mediática en nuestras sociedades). Todos estos datos son ignorados en la propuesta de retrasar obligatoriamente dos años la edad de jubilación.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Ilustración de Mikel Jaso

Los derechos sindicales en la crisis

Los derechos sindicales en la crisis

INFORME CSI 2010: Más 100 sindicalistas asesinados.

Aunque en los países en los que hay juego democrático el problema de la hostilidad o aislamiento mediático de las posiciones sindicales tiene una importancia grande, no es, sin duda, el más duro de los ataques que sufren el sindicalismo en el mundo, agudizados por las consecuencias de la crisis y por los conflictos sociales que el modelo de salida de la misma implican.

nuevatribuna.es |

Durante el pasado año, y especialmente a partir del momento en que se convocó la huelga general del 29 de septiembre, el sindicalismo confederal español ha sufrido una durísima campaña de prensa denigratoria por parte de los medios de comunicación de orientación derechista como no se ha conocido desde la recuperación de la democracia.(LEER MÁS)

AGUSTÍN LÓPEZ-RIVAS PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL HOSPITAL DEL ORIENTE...

AGUSTÍN LÓPEZ-RIVAS PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL HOSPITAL DEL ORIENTE...

¿Tendremos, por fin, el hospital que nos merecemos?

El Grande Covián es público por ley de rango autonómico, pero eso no afecta a la situación de la plantilla

La Nueva España

Al cabo de tantos años de conflictos internos en el Hospital de Arriondas, manifestaciones multitudinarias, legítimas peticiones y miles de firmas por parte de los ciudadanos del Oriente con el único fin de obtener que el Hospital Comarcal Grande Covián dejara de ser una oscura y opaca fundación y se convirtiera en un hospital público, con los mismos derechos y deberes del resto de los hospitales públicos de Asturias, parece que por fin vamos a conseguirlo.

Hubiera debido ser así hace ya años. O, por lo menos, los nueve meses que lleva en vigor la ley de Integración. Pero, hasta ahora, el Gobierno de nuestra región y el Partido Socialista, miembro mayoritario, mantenían una intransigente postura de negativa rotunda a la legalidad votada en el Parlamento y a nuestro derecho constitucional de tener una sanidad que nos ofreciera iguales recursos que al resto de los asturianos para igual necesidad, es decir, equitativa.

Tal fue su obstinación que una ley de dos artículos tardó más de dos años en llegar a votación, que llevaron el centro al caos en un intento de represión laboral y sindical no conocido hasta ahora en nuestra comarca, y nos obligaron en estos años a salir tres veces a la calle en defensa de nuestros derechos. Tuvieron que inventarse una comisión bilateral para entenderse consigo mismos y llegar a la misma conclusión a la que la Junta General del Principado y la ciudadanía del Oriente ya habían llegado sin tanta parafernalia hacía mucho tiempo: el hospital es público por ley de rango autonómico y eso no afecta a la situación de la plantilla en absoluto.

¡Nunca es tarde si la dicha es buena! Y, aunque hayamos tenido que soportar su empecinamiento en mantener «el chiringuito» hasta la agonía, es una gran alegría para todos los ciudadanos del Oriente el saber, dado que estos señores han entrado, por fin, en razones, que vamos a tener un hospital público como los demás hospitales de Asturias de misma categoría, con los mismos derechos y deberes, y no una «fundación» semiprivada, corta en presupuestos, servicios generales, recursos humanos y proclive al abuso y a la ignorancia del derecho, lo que acababa derivando en conflictos laborales que pagábamos nosotros.

¿Regalo anticipado de los Reyes Magos? Quizá. Aunque a estos «Reyes» no les haya guiado una estrella, sino el trabajo esforzado de políticos con nombre propio (gracias, señor Galcerán, gracias señora Camafeita); de sucesivos comités de empresa en el Hospital del Oriente, comprometidos no sólo con la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores, sino también con la calidad de la atención al usuario; de las asociaciones de la Plataforma y, sobre todo, de incontables ciudadanos anónimos que han ido haciendo valer sus derechos en las diferentes convocatorias de movilización a favor de un hospital público para el Oriente. Habrá quien, ahora, de Herodes quiera pasar a pastorcillo y, hombre, aunque «valen disculpas», ya dijo la señora Migoya (frase que nos encantó y que le agradecemos) aquello de que «los ciudadanos del Oriente no son tontos», y sabremos dar a César lo que es de César.

En todo caso, ya que por fin los mayores detractores de la integración del centro no sólo la declaran «muy positiva» y reconocen su vigor (porque en vigor está desde marzo de 2010, no lo olvidemos), sólo nos queda por pedir a los «Reyes Magos» que no transformen en carbón tan buenas intenciones y que apliquen la ley de forma rápida (que ya son casi 14 años esperando?) y eficaz (más chapuzas no, por favor, no nos generen más conflictos en el centro, respeten la legalidad en las normas y disposiciones que tengan que dictar). Puestos a concretar, tráigannos un contrato programa con una financiación decente per cápita como en las demás áreas, un plan director que asegure la estructura hospitalaria, una cartera de servicios que pueda cubrir nuestras necesidades, que no son distintas al resto de los asturianos que no viven en el centro y son atendidos en un hospital comarcal, un catálogo de puestos de trabajo que garantice todas las especialidades con el número suficiente de trabajadores para atendernos, y un equipo directivo que no genere conflictos. A cambio prometemos ser, como hemos sido hasta ahora, muy buenos ciudadanos-sanitarios.

Trabajen ustedes por el bien de todos, por la equidad en la sanidad asturiana, por que la ley se cumpla en toda su extensión, y así, quizá, podamos creernos en el año 2011 que el Oriente no está fuera del Estado de derecho del que disfruta el resto de las áreas asturianas.

ESTUDIO SOBRE EL GASTO SANITARIO de la ADSP…

ESTUDIO SOBRE EL GASTO SANITARIO de la ADSP…

"La crisis la está pagando la sanidad pública"

Asociaciones para la defensa de la sanidad pública denuncian las “preocupantes” diferencias que existen en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas.

Concluyen que las comunidades gobernadas por partidos conservadores sufrirán mayores recortes en las dotaciones destinadas a la sanidad.


nuevatribuna.es (LEER MAS)

Revista de Administración Sanitaria “Siglo XXI”…

Revista de Administración Sanitaria “Siglo XXI”…

En nuestra sección de la WEB de Estudios e Informes.

La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: los profesionales sanitarios y la ciudadanía.

Editorial por Elena Arias Menéndez, del Equipo Editorial y Gerente del SESPA…

¿Cómo contribuyen la política, la planificación y las relaciones con la ciudadanía y con los profesionales a su mantenimiento?...

Con artículos de:

Luis Ángel Oteo Ochoa, Departamento de Desarrollo Directivo y GSS. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Francesc Moreu Orobitg. CSC Consultoria i Gestió, SA.

Luis Rosado Bretón. Secretario Autonómico de Sanidad. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

Ángela Blanco Moreno y Marta Adiego Estella. Instituto de Estudios Fiscales.

Beatriz González López-Valcárcel y Patricia Barber Pérez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

M.ª Cruz Reguera Andrés. Secretaria General. Consejería de Sanidad. Gobierno de Cantabria.

F. Javier Sánchez- Pego. Magistrado del Tribunal Supremo.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Director del Departamento Laboral de Garrigues.

Entre otros…

VER ENLACE CON LA REVISTA

Carta remitida a Carnero… para empezar el año.

Carta remitida a Carnero… para empezar el año.

¡¡ASI NO!!

Estimado compañero:

En el día de hoy, he decidido poner fin a mi etapa como  miembro  de la Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSSA) así como de mis cargos en la Sección Sindical del Hospital Monte Naranco.

Esta decisión que es personal y meditada,  es una crítica a la forma de actuar  de la FSSA…

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Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC…

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC…

La banca culpable

Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, fue el primer economista que alertó de la existencia de una burbuja inmobiliaria en EEUU y de las consecuencias que el estallido de tal burbuja tendría para la economía estadounidense. El establishment económico (los economistas en puestos de dirección de la Administración Bush junior, así como las lumbreras del mundo académico universitario) ignoraron completamente tal aviso, reproduciendo una imagen de complacencia con la situación de la economía, a la vez que mantenían unos comportamientos cómplices con los grupos de presión responsables de la burbuja inmobiliaria (entre los cuales hay que destacar a la banca).

En EEUU acaba de estrenarse el documental Inside Job que muestra la génesis de la crisis económica y financiera de EEUU, incluido el estallido de la burbuja inmobiliaria, señalando la gran responsabilidad que centros universitarios de formación y análisis económico tuvieron (a través de sus servicios de asesoría a la banca-Wall Street) en el desarrollo de tales crisis. Los guardianes de la “ortodoxia económica neoliberal”, que promocionaban la sabiduría convencional económica, marginaban y silenciaban las escasas voces críticas a tal pensamiento único. Voces críticas como las de Dean Baker eran ignoradas sistemáticamente.

La burbuja, sin embargo, estalló y creó una enorme recesión. Ninguna de las voces del establishment neoliberal admitió su error. En realidad, lo que Dean Baker estaba señalando era fácil de prever. Las prácticas especulativas del complejo bancario-inmobiliario estaban creando una situación explosiva que se basaba en unos precios exagerados e irracionales de las viviendas, muy por encima del nivel de los salarios que pudiera sostener el consumo de tales viviendas.

El estallido inmobiliario se debía a esta enorme distancia entre el precio de la vivienda y el nivel salarial del pueblo estadounidense. La explosión de la burbuja significó el colapso del sector inmobiliario y la paralización de la construcción. Y consecuencia de la centralidad de tal sector en el crecimiento económico, el colapso significó la Gran Recesión de la economía.

La manera de salir de ella era mediante el aumento del gasto público, que cubriera, en parte, el vacío que había creado el colapso del mercado de la vivienda, estimulando así la economía. Y otra medida necesaria era la bajada muy significativa del precio de la vivienda, que se calculó estaba sobrevalorada en un 30% (en algunas partes del país, como California, incluso un 70%). Tal reducción era esencial para reavivar el sector de la vivienda. Dean Baker acaba de escribir otro libro, False Profits. Recovering the Bubble Economy, en el que indica que, a no ser que los precios de la vivienda bajen más, la economía estadounidense no saldrá de la Gran Recesión.

Lo que hace especialmente interesante la lectura del libro de Baker es que las semejanzas con la situación española son enormes, semejanzas que también acaban de señalarse en un artículo reciente de The New York Times (18-12-10). Como en EEUU, en España el complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el eje del crecimiento económico. Y también, como en EEUU, la burbuja se basó en el comportamiento especulativo de la banca, que determinó, en consecuencia, unos precios artificialmente altos, muy por encima de la capacidad de compra de la población española, que se endeudó enormemente. Y de nuevo, como en EEUU, las autoridades públicas estimularon el comportamiento especulativo (mediante, entre otras medidas, la desregulación del suelo) del complejo bancario-inmobiliario. Y como en EEUU, el comportamiento del Banco Central fue de una enorme dejadez en su responsabilidad reguladora y supervisora. La responsabilidad del Banco de España y de su gobernador en el establecimiento de la burbuja y su explosión no ha sido menor. Su complicidad con la banca adquirió un nivel tal que debieran exigírsele responsabilidades.

Pero tal complicidad, según The New York Times (18-12-10), continúa en España. Así, no sólo Dean Baker sino muchos otros expertos internacionales señalan que el precio de la vivienda en España debiera bajar mucho más (un 30%) de lo que ha bajado (sólo un 12%). Si no se produce un mayor descenso, equilibrando el precio de la vivienda con el nivel adquisitivo de la población, no habrá reavivación del mercado inmobiliario y no habrá recuperación de la economía.

Y aquí, de nuevo, el problema está en el excesivo poder de la banca española (hoy una de las mayores propietarias de viviendas vacías), que no quiere bajar más los precios a fin de no aumentar sus pérdidas y mantener su nivel de beneficios. Y, paradójica y sorprendentemente, las autoridades públicas no están interviniendo para forzar la venta de tales viviendas (prohibiendo, por ejemplo, que existan viviendas vacías) y con ello bajar el precio de la vivienda. En realidad, están haciendo todo lo contrario. Nada menos que la segunda autoridad económica del Gobierno Zapatero, José Manuel Campa, ha indicado que “el precio de la vivienda ha bajado ya suficientemente”, apoyando las declaraciones casi idénticas del gobernador del Banco de España que, como siempre, apoya a la banca a la cual debiera supervisar y regular. En realidad, el grado de complicidad entre el Banco de España y la banca explica la desconfianza que existe fuera de España hacia la tan promovida “salud del sistema bancario español”. Hoy, nadie conoce el grado de morosidad existente en España ni el porcentaje de viviendas vacías existente en el mercado español. Y esta falta de confianza es la que está retrasando la recuperación económica. Y, mientras, el gobernador del Banco de España está acusando a los sindicatos de ser responsables de la escasa recuperación económica por su defensa de los puestos de trabajo.

Artículo publicado en el diario Público

Entonces este paripé ¿no será para justificar otros recortes?...

Entonces este paripé ¿no será para justificar otros recortes?...

Carlos Bravo: “Esta reforma de pensiones no es necesaria y el Gobierno lo sabe”

Todo un especialista en Seguridad Social. Ha ocupado todas las responsabilidades en este área en la Confederación Sindical de CCOO, perteneciendo en la actualidad a su Comisión Ejecutiva. Defiende que "retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido".


nuevatribuna.es

Cuarenta y ocho años y treinta como afiliado a CCOO, en la Federación de Servicio Financieros y Administrativos (Comfia). Licenciado en Derecho y Geografía e Historia, trabaja en Caja Madrid desde 1979 y es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. En 1997 pasó a desempeñar la responsabilidad en el Area de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CCOO, siendo en la actualidad miembro de su Comisión Ejecutiva como Secretario de Seguridad Social y Previsión Social. Desde 2004 pertenece al Consejo Confederal de dicha organización, el mismo año en que comienza sus trabajos la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, siendo uno de los asesores sindicales permanentes en esta materia de CCOO.

En la larga lista de trabajos y publicaciones de la que es autor, destacamos su último trabajo editado por la Fundación 1º de Mayo: “Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones” [Descargar PDF].


¿Es necesario retrasar la edad legal de jubilación como reclama de manera insistente el Presidente del Gobierno?

No lo es y el Gobierno lo sabe. No hemos empezado ahora a hablar de estas cosas. Los representantes del Gobierno han compartido nuestro criterio hasta el 29 de enero de 2010 cuando lanzaron su propuesta. También lo han hecho después de esa fecha, cuando parecía que podíamos reconducir esta cuestión. Sin embargo en noviembre, tras el segundo periodo de tensiones sobre la prima de riesgo de la deuda, han recuperado esta cuestión de retrasar la edad legal de jubilación como si fuera determinante para el sistema de pensiones. Por eso es más irresponsable su comportamiento.

¿A quién afectaría esta medida y con qué intensidad?

Reduce el gasto en pensiones, sin tener en cuenta su impacto sobre las personas que dependerá de cómo se formule. Si se retrasa sin más la edad legal a 67 años, afecta al conjunto de cotizantes a la Seguridad Social que tendríamos que retrasar en dos años la edad de jubilación, con independencia de la implantación gradual que pudiera hacerse de esta medida.

Más duro sería para el 60% de los mayores de 55 años que no trabajan ni pueden hacerlo. Retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido. Desconoce además las exigencias del trabajo en las distintas profesiones o puestos de trabajo dentro de cada actividad.

¿Hay alternativas a esta medida?

Sí. Ya hemos pactado la instauración de sistemas de jubilación flexible, que permiten adaptar la edad de acceso a la jubilación a las situaciones personales: anticipándola desde los 61 años, con coeficientes reductores de la pensión a percibir, retrasándola más allá de los 65, con mejoras en la pensión a percibir, en ambos casos sin costes adicionales. Esta es la alternativa que propugnamos, mejorar los incentivos, hoy un 2-3% por año de actividad más allá de los 65, para que aquellas personas que lo necesiten o lo deseen puedan continuar trabajando.

Si los incentivos se incrementan, seguirá retrasándose la edad media efectiva de acceso a la jubilación, hoy ya en más de 63, aumentando en los últimos años. Incidir en esta fórmula reduce el número de años medios a pagar pensiones pero con una distribución más justa.

¿Como afecta el sistema de pensiones a la actual crisis?

Nuestro sistema de pensiones no ha aportado ni un euro al actual déficit público. No lo hará tampoco en los próximos años. Si puntualmente necesitara recursos, como consecuencia de la destrucción de empleo y el menor número de cotizantes, los tomaría de los 64.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Las reformas del sistema de pensiones no tienen impacto inmediato y no sirven para sanear hoy las cuentas públicas. El mejor modo de transmitir confianza es mostrar la voluntad de agentes políticos y sociales españoles por una política de concertación en este terreno. El acuerdo es posible si el Gobierno, no insiste en utilizar de forma indebida el sistema de pensiones.

¿Es útil reformar las pensiones para evitar presiones sobre los tipos de interés de la deuda española?

Una reforma del sistema de pensiones no es condición, ni necesaria ni suficiente, para evitar las tensiones sobre los tipos de interés de la deuda española. Desgraciadamente aún imponiendo el Gobierno una reforma no se eliminará ese problema.

La rueda de prensa del Presidente del Gobierno del último Consejo de Ministros del 2010, en la que insiste en retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años, nos genera especial preocupación. Más aún cuando, como se sabe, en estos días se están multiplicando los esfuerzos por reconducir esta situación de manera acordada. Irrumpir con este mensaje es una nueva irresponsabilidad.

Si las reformas del sistema de pensiones no son útiles, ¿cuáles son las alternativas para abordar las tensiones que padece España sobre los tipos de interés de la deuda pública?

La crisis económica propia española, al margen de la crisis internacional, derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria es responsabilidad de las políticas locales, pero también de mantener bajos tipos de interés y de la necesidad de colocar excedentes de ahorro de otros países en la demanda creciente de crédito en España que las entidades financieras no limitaron, al contrario, y el Banco de España no quiso, no pudo o no supo controlar. Este debería explicar porque, pudiendo hacerlo, no evitó entre 2003-2008 que el endeudamiento externo de las entidades financieras españolas se duplicara.

Parece necesaria una actuación concertada europea que impida la presión país por país. Eso supone probablemente una reforma mayor del Tratado, políticas fiscales y financieras más homogéneas, quizás una reforma de los objetivos del Banco Central Europeo. En definitiva, procesos complejos, mayor cesión de soberanía, y más control democrático en la Unión.

Contrasta el aplazamiento a 2019 de las nuevas exigencias de solvencia y capitalización que impondrá Basilea III a las entidades financieras, con la rígida fecha de 2013 para que los estados miembros cumplan con los criterios de convergencia en materia de déficit público, deuda, …

¿Necesitamos reformas en el sistema de pensiones?

Es un consenso establecido desde 1995 en el Pacto de Toledo, sus renovaciones de 2003 y 2010 y que ha producido tres acuerdos en el Diálogo Social y tres reformas legales a continuación.

Este compromiso debe mantenerse en el futuro, abordando los retos propios que un sistema de pensiones como el nuestro, de reparto, solidario y con criterios de redistribución intergeneracional, interterritorial y entre personas de distintas rentas, debe asumir. Esos retos son diversos pero el más significativo es el demográfico.

¿Las proyecciones financieras y demográficas que pronostican tensiones sobre el sistema de pensiones son ineludibles?

La única proyección demográfica que parece inexorable es el número de pensiones a pagar en las próximas décadas. La razón es sencilla. Los pensionistas de los próximos 40 años ya estamos aquí, son conocidos y perfectamente determinables.

El resto de cuestiones: cuántas personas vivirán en España, consecuencia de la evolución de la entrada de inmigrantes y de la tasa de fecundidad en nuestro país; cuantas trabajarán; si la tasa de actividad masculina y femenina se equipararán y cuándo; cómo serán nuestros empleos, en cuanto a productividad, estabilidad, remuneración,…; si la formación reglada y profesional influirán positivamente sobre el mercado de trabajo y la calidad del empleo; qué inversión pública y privada en I+D+i;… ; son susceptibles de actuaciones con tiempo y objetivos claros.

Lamentablemente, las propuestas del Gobierno en materia de pensiones, y en otras, apuntan desconfianza sobre su capacidad y la de la sociedad española para avanzar en esa dirección.

En este marco, ¿caben reducciones de cotizaciones sociales, aprovechando el superávit actual del sistema de pensiones?

Si el sistema de pensiones tiene que pagar pensiones a más personas que además vivirán más, no debilitemos la estructura básica de ingresos del sistema que son las cotizaciones sociales. Más cuando nadie garantiza que su reducción por el superávit actual, será compensada con elevaciones de tipos de cotización cuando sea necesario.

Algunos defienden esta tesis y propugnan sustituir cotizaciones sociales por aportaciones del Estado. Es decir, transferir rentas del trabajo, las cotizaciones sociales, a excedente empresarial y compensarlas con impuestos que pagamos esencialmente las rentas del trabajo. Si como se apunta, la financiación pública viniera de una mayor imposición indirecta, también lo pagarían en mayor proporción quienes dedican más renta relativa a consumo, las rentas medias y bajas.

Nuestro sistema de pensiones se financia con cotizaciones sociales. Debe seguir así. El Estado garantiza las pensiones y cubrirá el déficit que exceda del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cuanto menos recurramos a esa garantía menos riesgo tendrán las pensiones de verse afectadas por la coyuntura política o económica en cada momento.

¿Cómo es una reforma de pensiones equilibrada?

La que sigue la lógica de las tres que hemos pactado en los últimos 15 años. Reforzar la estructura de ingresos; su contributividad, es decir la relación entre lo cotizado y lo percibido; su capacidad redistributiva, actuando sobre bases de cotización máximas, mínimas, pensiones mínimas y, como referencia de ellas, el salario mínimo interprofesional, elevándose hasta los 800 euros, compromiso del Gobierno hasta ahora incumplido, para llegar al 60% de los salarios medios negociados, como prevé la Carta Social Europea.

Mantener el esfuerzo para evitar comportamientos de planificación personal y abusos sobre el sistema de pensiones, legales y no imputables a fraude sino a una mejorable regulación. Los mecanismos de cotización de libre elección o con bases preestablecidas distintas de los salarios reales en los distintos regímenes especiales, son buena prueba de ello.

En resumen reformas que refuercen los ingresos, en el corto, medio y largo plazo; la justicia y equidad interna del sistema, mejorando la protección social y evitando comportamientos adversos de planificación personal.

¿Cree CCOO aún en un acuerdo o la confrontación, también en esto, es inevitable?

Apostamos por el acuerdo y hemos saludado las conclusiones en el Pacto de Toledo, aún lamentando que carezcan de la unanimidad de todas las fuerzas de la izquierda parlamentaria. Vamos a trabajar hasta el último momento por reconducir las propuestas del Gobierno, que se apartan de las que ha suscrito en el Congreso sólo 24 horas después de hacerlo, hacia un escenario de renovación del Acuerdo a través del Diálogo Social.

Si el Gobierno mantiene la utilización indebida del sistema de pensiones, imponiendo una reforma que retrase la edad legal de jubilación a 67 años al conjunto de la población trabajadora, iniciaremos un proceso creciente de movilizaciones sin descartar medida alguna.

Ese es el escenario en que trabajamos. Esperamos y exigimos del Gobierno la responsabilidad que la situación exige.