OPINION

Con coherencia

Recuperando dignidad

En este año que empieza, haciendo uso del tópico de los propósitos que todos nos hacemos y que casi nunca cumplimos cuando pasamos a un nuevo año, yo quiero destacar uno que si voy a cumplir: abandono todas mis responsabilidades institucionales en el ámbito sindical de la organización a la que estoy afiliado, CC.OO.

Mi decisión personal y profundamente meditada, se debe en esencia, a dos cuestiones: la crisis de legitimidad y de dignidad que, considero, afectan profundamente a la rama en la que estoy encuadrado en Asturias, la Federación Asturiana de Sanidad y sectores Sociosanitarios.

Por lo tanto que nadie pretenda ver en ello una crítica de ninguna naturaleza a CC.OO. en el ámbito comarcal, autonómico o confederal. No sólo comparto plenamente los valores que defiende CC.OO. sino que, hoy más que nunca, me reafirmo en ellos. Es en el contexto del actual equipo dirigente de la FSSA dónde ubico las crisis a las que me refiero y de las que, en gran medida, he sido cómplice por acción y, las más de las veces, por omisión.

Comparto con el escritor Amin Maalouf, premio Principe de Asturias este año, que “Hay legitimidades más firmes que otras, pero no hay ninguna inmutable; y según la habilidad que se tenga, o según las circunstancias, es posible ganar legitimidad o perderla”. Que la rama de sanidad de CC.OO. ha perdido casi toda su legitimidad ante los trabajadores, se observa cada vez que se convoca algún acto, desde una simple asamblea hasta una huelga… Podemos mirar para otro lado, pero lo cierto es que los trabajadores no están ahí…

Las causas de ello son múltiples y variadas, en su gran mayoría de todos conocidas, pero no es el objeto de la presente disertar sobre ello – me daría casi para una “tesina” –, sino simplemente constatar que, precisamente, lo que no se quiere hacer es eso: analizarlas, debatirlas, hacer una autocrítica… ¡¡nada!!, sólo mirar para otro lado y dejar el tiempo pasar.

Las consecuencias son, por tanto, inevitables, nuestra dignidad y la de los que decimos representar, queda seriamente dañada.

No puedo, porque lo considero absolutamente incompatible con el hecho de trabajar en la línea de hacer asequible la información veráz a todos y todas, verme obligado sistemáticamente a desenmascarar las mentiras y las falacias que caracterizan últimamente a la escasísima acción sindical de “los dirigentes” de nuestra rama en Asturias en su actividad cotidiana. Y entrecomilleo dirigentes, porque ni siquiera se a quienes me refiero, dada la cultura novedosa y reiterada de utilizar la libre designación para nombrarlos.

Alguien debería intentar devolver la dignidad a los afiliados/as de CC.OO.-Sanidad en Asturias, en su condición de tales… y ese no voy a ser yo.

Simple y llanamente intentaré recuperar la mía en mi puesto de trabajo en el Hospital “Valle del Nalón”.

Un saludo,

Arturo Méndez González

Administrador de esta WEB

Bernardo Fernández, Sosa Wagner, Sergio Marqués, Leopoldo Tolivar, Ramón Punset, Carlos Monasterio, Ignacio Villaverde, Ramón Durán y Emilio Huerta 'Triqui', coinciden en la validez del modelo autonómico

Larga vida al Estado de las Autonomías

Coincide la mayoría en la necesidad de que Estado garantice la igualdad en la prestación de los servicios básicos sea cual sea el territorio

Nueve expertos defienden la vigencia del modelo aunque observan anomalías «corregibles»

27.12.10 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN, en El Comercio.

La crisis ha puesto al desnudo las dificultades de las administraciones para cuadrar sus números. Esta coyuntura ha sido aprovechada por algunos sectores políticos y sociales para poner en evidencia el Estado de las Autonomías, que ha sido el escenario sobre el que se ha construido durante las últimas tres décadas el desarrollo de España. Nueve expertos de ámbitos académicos, políticos y sindicales han sido consultados por EL COMERCIO para abordar un debate que para algunos no tiene fundamento. Reconocen que el modelo actual tiene deficiencias pero en ningún caso, coinciden, es motivo suficiente para dudar de su credibilidad y poner en tela de juicio su vigencia en el tiempo.

«Todo necesita adaptarse a la realidad de cada momento», resume el ex vicepresidente del Gobierno asturiano y actual presidente del Consejo Consultivo, Bernardo Fernández. En su opinión, el desarrollo del modelo ha sido «muy razonable» y recuerda que ha permitido mejorar la participación política de los ciudadanos y la prestación de los servicios públicos. «Eso no quiere decir que no se hayan manifestado ciertas disfunciones», advierte, mientras destaca la conveniencia de empezar a discutir sobre la capacidad de coordinación que debe corresponder al Estado para garantizar el sostenimiento de algunos servicios públicos.

Más explícito en su discurso en Francisco Sosa Wagner. El eurodiputado de UPyD pide mecanismos de «alta inspección» por parte del Estado en prestaciones como la educación o la sanidad «para garantizar la igualdad de todos los españoles», en la misma línea de lo que ya se está debatiendo en Europa respecto a los presupuestos de los países miembros. Lamenta la situación que se ha generado con «17 ’Estaditos’» que han llevado, asegura, a un «despilfarro» en una nación pequeña como España que ahora se revela como algo «desastroso».

Sergio Marqués, por su parte, cree que no falla el modelo pero sí quien lo gestiona. El ex presidente del Principado pone un ejemplo: «Si un Ayuntamiento tiene problemas económicos nadie piensa que deba desaparecer por ello», argumenta antes de reclamar de las administraciones autonómicas una respuesta «más adecuada». Pide, asimismo, que se establezcan «sistemas de control» dentro de un marco de juego general. «No estamos hablando de estados soberanos, sino de elementos que integran un estado soberano», precisa.

«No se puede sacralizar un modelo y pensar que hay otras tendencias más economicistas», reflexiona el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar. No rechaza ninguna iniciativa que suponga racionalizar el gasto, pero cree que ese cambio debe producirse desde la serenidad y no en un contexto como el actual, marcado por la crisis. «Debemos saber si queremos un federalismo más eficiente o centralizar algún servicio», se pregunta Tolivar, que lamenta la «asimetría» del actual sistema autonómico. «Al permitir territorios feudales se quebró el modelo y se rompe cualquier derecho de igualdad», advierte. No obstante, pone sobre la mesa una referencia importante: la Constitución permite establecer líneas de armonización que no dejan de ser mecanismos de coordinación entre las comunidades. «El Estado debería reforzar esa posibilidad», reclama antes de pedir un consenso entre los territorios, pero también entre los dos grandes partidos.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, la sentencia del Constitucional sobre el ’Estatut’ estableció un antes y un después en el modelo. «Se ha reafirmado -explica- en su integridad el modelo de Estado autonómico, pero ha dejado claro que a los nacionalistas no les satisface porque quieren más». Aunque duda y mucho de que PSOE y PP se pongan de acuerdo sobre el futuro del modelo, considera «necesario» también abrir un periodo de reflexión sobre las virtudes y defectos del sistema. Ante las dos opciones que, a priori, se barajan, Punset advierte del sistema confederal que persiguen los nacionalistas frente a los defensores del modelo autonómico que, como él, abogar por perfeccionar los mecanismos existentes para ganar en eficacia. Ante aquellos que preconizan la necesidad de «recentralizar» algunos servicios, Punset lo tiene claro: «Volver al modelo unitario es totalmente utópico».

Es precisamente este planteamiento, hecho desde algunos sectores políticos, lo que causa sorpresa en algunas personas. Es el caso de Carlos Monasterio. Este catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo cree que es una «exageración» llamar debate a una propuesta que pone en tela de juicio el modelo de Estado autonómico. «Cuando hay una caída económica tan grave, todas las administraciones, incluidas las comunidades, lo notan, pero de ahí a decir que las autonomías son las culpables es un tremendismo que no se sostiene», afirma. Monasterio reconoce que se han hecho cosas mal y pone como ejemplo las inversiones de relumbrón «que nadie se ha parado a pensar su coste ni el gasto que supone su mantenimiento». Eso no significa, matiza, que se pueda plantear una vuelta atrás. Si bien aboga por cortar el excesivo gasto, cree que es necesario huir del populismo político. En este sentido, muestra su resignación por la sensación «desalentadora» que produce el bajo nivel político y critica la posibilidad de que se extienda el sistema de conciertos. «Si los territorios con rentas elevadas tienen privilegios fiscales eso sería una mala noticia para el resto», alerta.

Otro que hace una defensa a ultranza del modelo es Ignacio Villaverde. Este profesor de Derecho Constitucional cree que los ataques que se han producido «no tienen mucho fundamento» y pide que no se mida el sistema por sus «patologías». «El modelo -añade- ha permitido que haya un sistema administrativo más cercano al ciudadano y mejor adaptado a los contextos regionales». Sin embargo, admite que las estructuras descentralizadas son más caras, aunque también observa su aspecto positivo: «Hay un punto competitivo que hace que todos se tengan que espabilar más y el reparto de los recursos sea más eficiente», resume. Sobre la posibilidad de devolver competencias, Villaverde considera que el error fue del Estado al aceptar inicialmente la cesión a las comunidades. «Debería haber dicho que no porque las comunidades no tienen capacidad económica para asumir esas atribuciones», señala, al tiempo que critica la política del ’café para todos’, y advierte de que las condiciones de las autonomías no son las mismas ahora que cuando asumieron la gestión de estas transferencias.

Utilidad del modelo

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo Ramón Durán también echa la mirada atrás para resaltar la «utilidad» del modelo cuando se puso en marcha. «Apaciguó a los nacionalistas y sus reivindicaciones», explica. Sin embargo, tiene la sensación de que aquel proceso se ha «desbocado» con el paso del tiempo. Apunta a la «reiteración» de organismos de las distintas administraciones con las mismas funciones que hacen «inviable» el modelo como esta ahora mismo. «En España -apostilla- tenemos un sistema de competencias difusas y mantenemos a 3,5 millones de funcionarios». Además, advierte de que es necesario garantizar la igualdad entre los territorios, al igual que un sistema fiscal solidario. «O, de lo contrario, el sistema quiebra en su base», afirma. Aboga, igualmente, por la devolución de algunas competencias al Estado. Una iniciativa que, asegura, no significa «negar autonomía».

Desde la clase sindical, Emilio Huerta ’Triqui’ avala el modelo de las autonomías, aunque reconoce que ha existido cierto «descontrol» por parte de los gobiernos autonómicos. «En algunos casos se han convertido en reinos de taifas», afirma el ex secretario general de CC OO de Asturias. Critica, por ejemplo, la creación de «excesivos ’chiringuitos» que, en su opinión, «han engordado el gasto». Igual de lamentable es, a su juicio, que la derecha se quiera aprovechar para plantear un cambio del sistema. ’Triqui’ advierte de los riesgos que hay sobre la sostenibilidad de los servicios públicos para el futuro. «Viendo lo que pasó -resume- nunca hubiera traspasado la sanidad o la educación». La defensa del modelo es, por tanto, compartida por la mayoría, aunque todos advierten de los fallos de un sistema que debe resetearse ante los retos del futuro.

Del invisible anteproyecto de Ley para agilizar los procesos contencioso-administrativos

Como regalo de Papa Noel, la semana pasada el Consejo de Ministros analizó el informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrartivos.

Las novedades serán sustanciales y afectarán a la clásica concepción del proceso contencioso-administrativo. 

1. A falta de acceder al texto literal del Anteproyecto ( pues parece que el Consejo de Ministros no lo ha aprobado sino que lo ha “debatido”, sutileza que nos permite considerarlo un globo sonda),  hemos de quedarnos con la información oficial de su alcance ofrecida por el Gobierno ( hasta que “wikileaks”  lo coloque en la red para público conocimiento) y que se centra en los siguientes aspectos: (LEER MÁS)

Entrevista muy oportuna en estas fechas tan gastronómicas

"En este país hay mucho 'fartólogo' y poco gastrónomo"

El promotor de la ‘dieta del Cantábrico’ cree que «hay que desconfiar de nuevas soluciones en nutrición, porque casi todo está estudiado»

26.12.10 - RAFA BALBUENA, en El Comercio.

«No hay alimentos buenos ni malos, sino hábitos alimentarios buenos y malos». Ese podría ser el axioma sobre el que el médico Jesús Bernardo trabaja día tras día en su consulta avilesina, tratando problemas como la obesidad y el sobrepeso, pero también hormonales y oncológicos. Y es que el adalid de la ‘dieta del Cantábrico’ ha logrado un nuevo hito en su trayectoria profesional, al aplicar esa dieta a enfermos de cáncer del HUCA. Además, en esta entrevista propone alternativas para atravesar estas fiestas sin excesos alimenticios.

–El último informe Cerdá, sobre hábitos en la dieta de los españoles, avisa de un elevado crecimiento en el uso de platos precocinados. ¿Qué repercusiones tienen en la salud estos alimentos?

–Suponen un gran problema, porque ahora se cocina menos y se recurre a ellos por comodidad y ahorro de tiempo. Pero tienen entre otros un alto componente de grasas vegetales. Hay que desconfiar de estas últimas: son saturadas, y por tanto, peligrosas.

–¿No se libran siquiera los platos de este tipo que se componen de verduras y legumbres?

–Hay que leer detenidamente su composición. Pueden estar preparados con exceso de cloruro sódico. Esa tasa alta de sal nos puede pasar factura en forma de enfermedades cardiovasculares.

–¿Y los aditivos químicos?

–Bueno, ahí debemos de ser más flexibles. Su concentración en los alimentos es muy baja, están testados y controlados. Pero como en todo, su abuso en la ingesta es el principal enemigo de la dieta y, por tanto, de la salud.

–Estamos inmersos en época navideña. ¿Cómo podemos evitar los excesos en comidas y cenas que pasan factura en la báscula?

–Hay que tener en cuenta que esas celebraciones son cinco o seis. No podemos comprar comida como para dos meses. Por mucho que se coma en Nochebuena o Año Nuevo, engordar de cuatro a seis kilos es una barbaridad. Y eso sólo ocurre cuando se comen cantidades elevadas durante muchos días.

–¿Ayuda el hecho de que se consuman en estas fechas alimentos de alta calidad como cordero, besugo, etcétera?

–Lo esencial es cómo se prepara. Un alimento puede tener pocas grasas en origen, pero cocinado con mucho aceite, con adición de reposterías y regado con bebidas alcohólicas, cambia por completo el planteamiento.

–Hace años se intentó introducir el turrón ‘light’, una alternativa que no cuajó. ¿Era una cuestión engañosa?

–Sólo le digo que para que un producto sea etiquetado así, precisa de reducir un 30 por ciento sus azúcares originales. El resultado es que comemos mucho más en una proporción desequilibrada. Pasa exactamente lo mismo que con los cigarrillos.

–En todo caso ¿cuál es la mejor receta para el día después de una cena copiosa?

–Lo mejor es otra cena ligera y a base de ensaladas, frutas o verduras. Lo que es pernicioso es saltarse comidas. Es como el caso anterior: se come más de este modo. Y en este país, incidiendo en lo mismo, hay mucho gastrónomo que en realidad es ‘fartólogo’. La información llega de cualquier manera y todo el mundo opina sin criterio médico ni científico.

Dieta como tratamiento

–La ‘dieta del Cantábrico’, que usted propone, ha logrado buenos resultados en enfermos de cáncer. ¿La alimentación es básica para combatir este tipo de enfermedades?

–En muchos casos, sí. Y es lógico, porque si un exceso de grasas saturadas genera varios tipos de tumores, sustituirlas puede facilitar su curación. El ejemplo clásico es que en Japón comen mucho pescado azul y por ello hay menos cáncer de colon. Entonces tenemos una buena herramienta para la dieta de pacientes oncológicos.

–¿Y para suavizar el impacto de tratamientos agresivos, caso de quimio o radioterapia?

–Es exactamente igual. Una dieta de este tipo ayuda a la recuperación, pero siempre observando otros muchos factores y la historia médica del paciente, por supuesto.

–En este sentido, ahora proliferan todo tipo de rumores sobre los cítricos como ayuda milagrosa contra distintos carcinomas.

–La verdad es que en nutrición hay que desconfiar de nuevos descubrimientos milagrosos, porque casi todo está estudiado. Cualquiera puede hacer de una observación un axioma, pero la ciencia va por otro camino, distinto de la pura y dura charlatanería.

–¿Y las dietas homeopáticas, que dicen aquello de ‘que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento’?

–Vivimos una época de credulidad en la que cualquier rumor sobre nutrición –y sobre otros muchos aspectos– se toma como realidad científica. La homeopatía es una estafa, simple y llanamente. Que una dieta sea sana no quiere decir que sea el sustituto de una medicación, como algunos nos quieren hacer creer.

–¿Qué podemos hacer para recuperar buenos hábitos alimentarios?

–Mire, hay una frase que no es mía pero que me gusta emplear: comer es la actividad más divertida que hacemos con la ropa puesta. Es un acto placentero, por eso en todas las sociedades se come en grupo. Mientras no recuperemos esa dinámica relajada, desde el cocinado al emplear tiempo disfrutando de la mesa, no mejoraremos esta sociedad enferma en lo alimenticio.

–Por último ¿qué menú propondría para Nochevieja?

–Una sopa de marisco, un pescado azul al horno, y de postre, mejor que repostería o turrón, una macedonia de frutas tropicales.

El negocio de las pensiones privadas

Estamos asistiendo al mayor ataque al sistema público de pensiones, propiciado por los movimientos neoliberales, donde pretenden hundir todo lo público para que todo sea privado.

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El problema que tienen con las pensiones públicas es que la Seguridad Social moviliza una gran cantidad de recursos financieros con decenas de miles de millones de euros anuales y éste es un capital que está fuera del alcance de los Bancos y Cajas, así como de las compañías de Seguros y claro, quieren parte de ese capital para su gestión y su beneficio.

Nos llevan al modelo anglosajón lenta pero continuamente, abandonando el modelo social europeo, hundiéndolo lentamente con su falta de inversión en el mismo. El modelo anglosajón destaca por la gran desigualdad social que genera y como solución nos plantean la filantropía y la caridad cristiana.

Actualmente solo el 8% de los españoles tienen un seguro privado, mientras que en Europa ronda el 35%. Cada final de año, asistimos a campañas de promoción de pensiones privadas buscando las exenciones fiscales. Todos debemos saber que cada año regalamos de los presupuestos generales a Bancos y Cajas por este tema más de 1.500 millones de euros.

El economista Daniel Albarracín dice “las presiones del sistema financiero y de seguros son continuas, para aumentar en la previsión social el peso de los planes de pensiones privados y así confirmar un sistema mixto”. En el mismo sentido, el economista José Luís Carretero “metiendo miedo a la población se está avanzando en la línea de fomentar los planes pensiones que venden los bancos y los organismos financieros” .

Ya en 1995, hubo una campaña fortísima contra el sistema de pensiones públicas y según los análisis del BBVA de ese año, con sus estudios demográficos y financieros, nos auguraban que para el año 2010, la Seguridad Social estaría en completa bancarrota. Como ven, estos sesudos economistas no aciertan una y son los mismos que nos anuncian nuevos desastres y como alternativa nos presentan las pensiones privadas.

Ya en el año 2006, el ínclito Zapatero estuvo dispuesto a entregar el negocio económico de las pensiones al sector financiero privado al hacer una serie de modificaciones, que suponían alterar gravemente el futuro de las mismas. Este proyecto de ley permitía invertir en Bolsa hasta el 10% del fondo de reserva de las pensiones para gran alborozo de Botín (Santander) y González (BBVA) ¿Qué hubiera pasado si se llega a invertir en Bolsa ese dinero? Hubiera significado un descalabro de un 40% de lo invertido, cabe mayor irresponsabilidad. Como vemos, todo pasa por dar el dinero de las pensiones públicas a las entidades privadas.

A partir de 2008, se ha vuelto a cuestionar las pensiones públicas. El objetivo último los deja muy claro el neoliberal Tanguas (asesor habitual de Zapatero) que proviene del BBVA, cuando plantea la jubilación a los 70 años, disminución de la pensión en un 30% de su valor actual y que los trabajadores dediquen una media del 4% de sus sueldos a pagar sus pólizas de pensiones privadas.

La alternativa que nos ofrecen es el sistema privado de pensiones, en la que cada ciudadano debe hacerse una póliza de aseguramiento privado para así tener una pensión satisfactoria según ellos. Para estos adalides de las pensiones privadas, los sistemas de capitalización individual son preferibles a los sistemas de reparto actual, porque según ellos, permiten un ahorro nacional y una mayor rentabilidad.

¿Cómo funciona el sistema privado de pensiones en España?

Los fondos de pensiones, tanto del sistema individual como del sistema de empleo ofrecen rendimientos muy bajos, según se ven en los estudios realizados por Invertia.

La rentabilidad de los planes de pensiones en España han sido inferiores en los últimos diez años a la de los Bonos del Estado y a la inflación, con lo cual sólo se generan pérdidas, no así para el sistema financiero que hacen un negocio redondo.

Lo mucho que cobran los bancos y la deficiente gestión de los fondos de pensiones explican estos resultados. Los datos aportados por la Dirección General de Seguros y de Fondos de Pensiones, del año 2007, un 36% de dichos fondos cobraban comisiones de gestión entre el 2-2,5% anual sobre el patrimonio del fondo y el resto de los fondos estaban entre el 1,5-2%. Se puede así entender el interés por la gestión de estos fondos de pensiones privados por parte del sistema financiero privado.

En el año 1991, había un total de 302 fondos de pensiones privadas con un patrimonio de 4.900 millones de euros. A finales del año 2009, el número de fondos había llegado a 3.308 con un patrimonio total del 84.800 millones de euros. Veamos un ejemplo práctico de lo que buscan, en Chile.

¿Qué pasa con las pensiones privadas en Chile?

Desde finales de la década de los setenta, bajo la dictadura de Pinochet se instauró un sistema mixto de pensiones. Una red pública para el sistema de aportaciones y otra red privada mediante el sistema de capitalización dirigido por el sistema financiero chileno. El coste de este cambio supuso para el Estado chileno un coste del 8% de su PIB y que fue a parar a manos de las entidades privadas. El trabajador debía elegir uno de los dos sistemas.

Hoy ya se están jubilando aquellos trabajadores que eligieron entre los dos sistema de pensiones ¿Qué ha pasado? Jubilándose dos trabajadores con las mismas circunstancias, el trabajador que eligió el sistema público está cobrando un 30% más que el privado y además de para toda la vida. El trabajador que eligió el sistema privado está cobrado un 30% menos que el público y sólo con una duración de veinte años, pasado este tiempo el jubilado se queda sin pensión.

¿Tienen claro ya cual es el mejor sistema de pensiones?

Por si tienen alguna duda la expresidenta chilena Michelle Bachelet al analizar el actual sistema privado de pensiones de su país dice “el sistema tiene baja cobertura, baja intensidad de cotizaciones deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores independientes, prácticamente el 95%, nuestra poca competencia y altas comisiones, no da cuenta de las complejidades del trabajo moderno, alta rotación, alta informalidad y discrimina a las mujeres entre otras falencias conocidas” .

Los propios técnicos de la OCDE dicen que el sistema privado difícilmente podría dar coberturas al 50% de la población activa. Estos expertos entienden que la privatización es una salida válida para quienes disponen de salarios muy elevados, dado que los sistemas públicos establecen los límites a las pensiones futuras a percibir. Entienden estos técnicos que los sistemas de privatización encarecen más las pensiones, al cobrar primas y comisiones elevadas, produciendo un gran beneficio a la banca y cajas de ahorro por eso quieren estas instituciones la privatización de las pensiones, pues les puede generar lucrativos beneficios.

¿Por qué FEDEA no hace un informe sobre la viabilidad del sistema privado de pensiones?

Porque quienes les financian son los bancos y FEDEA todos los informes que elaboran parte del principio neoliberal de que lo privado es bueno y lo público es malo.

¿Tiene alguien duda de que nos interesa a los trabajadores?

Todos sabemos que debemos luchar con uñas y dientes contra los Zapateros de turno.
¿Sr Zapatero será capaz de salir a la calle después de lo que está haciendo? ¿Sentirá remordimiento? Empezó en 2004 su presidencia diciendo que no nos iba a fallar ¿Menos mal que no nos ha decepcionado?

Edmundo Fayanás Escuer

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: trienios retroactivos para los interinos

En tiempo de Navidad y fechas de lotería, el personal funcionario interino recibe un valiosísimo regalo. Frente a los vaivenes jurisprudenciales sobre la aplicación retroactiva o no de los trienios reconocidos por el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la recientísima Sentencia de 22 de Diciembre de 2010 ( ¡¡ de hoy mismo!!) convierte en inaplicable el artículo 25.2 del citado Estatuto y deja en papel mojado la precisión de que «se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor [de dicha Ley] que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo».(Leer más)

Por Rosa Mª Artal del Comité de Apoyo de ATTAC

¿Es la única solución plegarse a la UE y los mercados?

Ni en la peor de nuestras pesadillas pudimos muchos soñar lo que nos está ocurriendo. La implacable merma de derechos sociales decretada por los mercados en ausencia o connivencia de los políticos. La desfachatez de esas declaraciones que imponen desde sus Olimpos. Crecen las desigualdades sociales, ahondando en miserias y en obscenos enriquecimientos. Danza el mundo feliz en las pantallas de los televisores, entretanto, y una ciudadanía desinformada y asustada se constituye en pesada losa para el conjunto. Ningún autor de ciencia ficción del pasado previó tanto.

El histórico ex presidente socialista portugués, Mario Soares, lanza un grito, llamando a los dirigentes de su país y de España a plantar cara a la UE. Una Europa que ha traicionado el espíritu que la constituyó y hasta ahora la caracterizó, que pierde poder en hemorragia imparable, según sus propios eximios dirigentes reconocen, y que ni bailando en la cuerda con un pie, “tranquilizan” a sus amos los mercados.

La UE y todos sus componentes trabajan en el camino equivocado. Para nosotros, no para sus bien pagados políticos, ni para sus poderosos amigos. Lo aseguran incluso premios Nóbel como Paul Krugman, llamando a aumentar el gasto público como forma de salir de la crisis. En la desinformación que nos rodea, donde todo es opinable, los hechos demuestran que esa política funciona y no los ajustes que el neoliberalismo manda. El neoliberalismo que ha hundido, por ejemplo, a Irlanda en la miseria (y lo que le queda por sufrir), por más que cínicos conservadores, con Esperanza Aguirre a la cabeza, manipulen los datos, desdiciéndose con desparpajo de sus antiguas declaraciones públicas, en las que el tigre neoliberal irlandés era el modelo.

En este esclarecedor artículo –que recomiendo vivamente- el catedrático de economía y miembro de ATTAC, Juan Torres, nos explica la verdad de nuestras cuentas y a quién interesa nuestro rescate. La deuda pública española es de “600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea”. Y a ella contribuyen con entusiasmo comunidades y ayuntamientos neoliberales del PP y socioliberales del PSOE.

“La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012”, dice Torres.

Los bancos “del resto del mundo” son fundamentalmente alemanes, qué gran casualidad eh…

No entiendo qué pretende Zapatero en su huida hacia delante política, pisoteando su ideología, su programa, y a la sociedad que se comprometió a defender. Es un cadáver público, junto con el resto de su partido que traga todas las medidas antisociales, sin mover una pestaña. El registrador de la propiedad ya anuncia que también adoptará medidas impopulares, eso sí “con criterio” ¿con el de quién? El PP es una cateta marioneta de los mercados. Sin contar su manga ancha para la corrupción que hurta una considerable parcela de nuestro dinero público.

¿No tenemos pues más soluciones? Sí, decir ¡basta ya! Nada puede haber peor que el destino al que nos abocan “Bruselas” y los “mercados”. Vuelvo a Mario Soares, a su llamada vibrante y preocupada. De su excelente llamamiento a Zapatero y a Sócrates, destaco estas ideas:

“Lo que ocurre es que la política del Banco Central Europeo y de la Comisión se muestra decididamente economicista, en el sentido de que sigue los intereses especulativos de los mercados, sin rótulo identificador, y nos impone ajustes brutales en el ámbito social, ambiental, cultural y hasta educativo. ¿Para qué? Con el único objetivo de reducir el déficit y el endeudamiento exterior (de los que los especuladores han sido, en parte, responsables), nos arrastran hacia una peligrosísima recesión económica. Además de sumirnos en la parálisis política.

España y Portugal se cuentan entre las víctimas de esta estrategia obsoleta delineada por la señora Merkel y por el BCE, con el concurso de la Comisión Europea. Han sido ellos quienes nos han impuesto medidas durísimas para nuestros respectivos pueblos. No hemos podido evitarlas, de momento, para no vernos asfixiados financieramente.

Pero no debemos ni podemos quedarnos callados. Es hora de que suene nuestra voz, de decir basta y de exigir un debate europeo serio y transparente, para que el pueblo europeo comprenda hacia dónde lo están llevando los actuales líderes europeos.

La península Ibérica tiene autoridad y peso para hacerlo. Zapatero y Sócrates, en mi modesta opinión, deben entenderse en tal sentido, de modo que sean los primeros en denunciar la peligrosísima senda por la que está transitando la Unión Europea, antes de que acabe el año y sea tarde”.

De perdidos al río, presidente. Zapatero debe reaccionar y no arrastrar a España en su propia caída. Muchos agradeceríamos un digno gesto en este sentido. Coherente, sobre todo.

Por JOAQUÍN APARICIO, sobre la reforma de las pensiones

Ni urgente, ni necesaria: injusta

Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10 euros al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.

nueva tribuna.es

La tercera etapa del programa antisocial del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia. En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación.

En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, pero si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.

La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 30 años. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular? La cosa es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.

La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva, y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema, que se basa en una maravillosa organización técnica de la solidaridad dentro de la comunidad política regida por el Estado. Ese principio solidario implica redistribución de rentas desde los que más hacia los que menos tienen. Cada uno aportará a la Caja Única lo que la ley establezca y de ella saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas. Lo que cada uno debe aportar será lo que se establezca en la ley, y lo que cada uno debe recibir será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas. La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen. Se “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.

El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010, el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” que muestran una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social. Para empezar, pretenden mantener equilibrio financiero sacrificando la suficiencia de las prestaciones (ya de por si modestas pues la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009) querida por el art. 41 CE. Se trata de reducir el gasto para no tocar los ingresos. Acepta una falsa idea de equidad (se deben dar prestaciones según lo aportado) que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.

La jubilación es la estrella de ese Documento en el que hay que destacar dos aspectos. El primero el desplazamiento de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, y el segundo la dependencia “en grado creciente” de las prestaciones con las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE.

La Comisión Europea está desde años trabajando a favor de los especuladores al afirmar, con notoria falsedad, la insostenibilidad de los sistemas de reparto y promover su sustitución parcial por los de capitalización con el manido y erróneo argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas. El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.

Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros. El problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea es un auténtico ataque al Estado Social, un ataque a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.

La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan. No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras, con exigencias de menores cualificaciones profesionales y, por lo general, no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporaron en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, eleva la edad de jubilación se aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.

Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10 euros al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.

Joaquín Aparicio | Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha