OPINION

El negocio, para algunos, es el negocio también en sanidad

Lo que cuesta un riñón

El negocio del tráfico de órganos

JOSÉ MANUEL PONTE

Opinion en La Nueva España

Estos días circuló la noticia de que la empresa multinacional sudafricana Netcare, especializada en asuntos sanitarios, pagará 800.000 euros de indemnización por su implicación en una red dedicada al trasplante ilegal de órganos entre los años 2001 y 2003. La investigación de los hechos se sigue en un tribunal de aquel país y todavía falta por dilucidar la responsabilidad de los médicos en las operaciones que se realizaban con la cobertura falsa de que los donantes eran familiares de los receptores de órganos. Una excusa aparentemente fácil de desmontar porque los donantes eran casi todos ciudadanos brasileños y rumanos y los receptores ciudadanos de Israel, un país donde, por razones religiosas y culturales, esta práctica es muy limitada. (Leer más)

Un grupo de 23 médicos patrocina este “peculiar” comunicado

Facultativos de la desaparecida plataforma de A. Primaria

Los médicos asturianos advierten de que el sistema no se sostendrá sin su colaboración

Los facultativos ofrecen su apoyo al próximo Gobierno, a condición de que se cuente con ellos, y deploran la «paralización» de «los últimos tiempos»

Oviedo, P. Á., en La Nueva España
Los médicos asturianos de atención primaria difundieron ayer un comunicado en el que advierten de que la «sostenibilidad del sistema sanitario depende del compromiso de los profesionales, los gestores y los ciudadanos» y ofrecen su colaboración al Gobierno regional que salga de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo de 2011. El objetivo que plantean los facultativos es dejar atrás «la actual situación de paralización, conflicto estéril y desánimo que ha caracterizado en los últimos tiempos la atención primaria en Asturias». Y todo ello sobre la base de que «aquella política sanitaria que nos deje de lado, como ha ocurrido en la última legislatura en Asturias, está condenada al fracaso».

El comunicado lleva la firma de 23 médicos de centros de salud. Los promotores del mismo explicaron a LA NUEVA ESPAÑA que, aunque la cifra de firmantes no se acerca ni de lejos a las que apoyaban los manifiestos de oposición a la reforma de la atención primaria que a mediados de la legislatura postulaba la Consejería de Salud, «en esta ocasión hemos querido reunir menos firmas pero muy representativas de lo que es la red de primaria de Asturias». Entre otros contenidos, los citados manifiestos rechazaban la implantación de guardias vespertinas y de jornada ordinaria de tarde para los médicos de primaria.

En el texto, los facultativos lanzan una pregunta retórica: «¿Alguien cree posible aumentar la eficiencia del sistema con menos recursos, manteniendo prestaciones con unos profesionales marginados, desmotivados y no implicados en las soluciones?». Este interrogante lo plantean tras constatar que la actual coyuntura de crisis económica «nos coloca ante una nueva situación y hace inevitable una reorganización de los servicios» que eluda «un recorte de prestaciones». Dicho de otro modo, «la disminución de recursos ha de ser compensada por una mejora en la gestión y un aumento en la eficiencia», indica el comunicado de los facultativos.

El documento combina dos mensajes: uno de advertencia y otro de oferta de colaboración. De un lado, avisan de que el papel de los profesionales sanitarios es y seguirá siendo determinante en la aplicación de cualquier política, cambio de rumbo o mejora del sistema sanitario. Y censuran «la situación de conflicto sanitario permanente que hemos padecido en esta legislatura». De otro, hacen hincapié en «la gran repercusión que está teniendo la crisis económica en las estructuras sanitarias». Enfatizan la necesidad de «un pacto en sanidad que implique a todos los agentes sociales». Y, apostillan, «los profesionales pensamos que, con las correcciones necesarias, el sistema puede y debe seguir siendo viable y queremos implicarnos en su mejora, mantenimiento y sostenibilidad».

Los firmantes citan el gasto en medicamentos como exponente de la idea de que la Administración sanitaria está obligada a contar con su colaboración si quiere llevar adelante proyectos efectivos. «Mantener a los profesionales sanitarios como un elemento pasivo y al margen del sistema es una grave equivocación», argumentan.

Y agregan: «Las decisiones del día a día condicionan de forma inevitable el gasto del sistema, la satisfacción del usuario y la eficiencia global».

Ya dirigiéndose al próximo Ejecutivo autonómico, los profesionales de la atención primaria de Asturias reclaman «un cambio en el actual modelo de relación entre la Administración y los profesionales, que permita que nuestra opinión pueda ser escuchada».

Como contrapartida ofrecen «el compromiso por nuestra parte de una mayor implicación en la búsqueda de soluciones», así como «colaborar en la elaboración de las medidas necesarias para reformar el actual modelo de organización haciéndolo sostenible y eficiente asegurando la mejor atención a la población». A juicio de los facultativos de los centros de salud, es necesario «reorientar, a pesar de la crisis económica, el sistema de salud hacia la atención primaria como un eje fundamental del sistema sanitario avanzando en la redistribución del gasto sanitario hasta alcanzar el nivel del 25% del mismo para la atención primaria (actualmente es el 14%)».

Médicos de Primaria piden diálogo al futuro gobierno y ofrecen poner fin al conflicto

Se trata de facultativos de la desaparecida plataforma que se opuso a la llamada 'reforma Quirós'

20.11.2010 - L. FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.

Los médicos de Atención Primaria entierran el hacha de guerra que mantuvieron durante la presente legislatura y, en particular, hacia la que se dio por llamar 'reforma Quirós'. En una carta remitida a EL COMERCIO, facultativos de la desaparecida Plataforma de Atención Primaria -la que se opuso de manera frontal a los cambios sanitarios liderados por el consejero Ramón Quirós- ofrecen colaboración y anuncian la finalización del conflicto médico. Claro que ambas ofertas, la del diálogo y la tregua, no van dirigidas al actual Gobierno regional, sino al que resulte elegido tras las elecciones autonómicas del próximo año.

En la misiva, firmada por 23 profesionales de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres, los facultativos proponen a la próxima Administración «poner fin a la actual situación de paralización, conflicto estéril y desánimo que ha caracterizado en los últimos tiempos a la Atención Primaria». También hablan de arbitrar «un cambio en el actual modelo de relación entre la Administración y los profesionales «que permita que nuestra opinión pueda ser escuchada». En contrapartida, se comprometen a «implicarse en la búsqueda de soluciones» para garantizar la supervivencia financiera de la sanidad en tiempos de crisis.

Por primera vez en los últimos cuatro años, los facultativos de Primaria contemplan la posibilidad de «colaborar en la elaboración de las medidas necesarias para reformar el actual modelo de organización, haciéndolo sostenible y eficiente», además de «asegurar la mejor atención a la población».

Todas estas propuestas están condicionadas a algo que «no ha habido en la presente legislatura», dicen. Se refieren «al diálogo» que fue imposible establecer con la Consejería de Salud que dirige desde 2007 Ramón Quirós. «Reiteramos nuestro compromiso profesional con la sostenibilidad y los valores del sistema sanitario como agentes activos para propiciar cambios», afirman. Recuerdan, asimismo, que «cualquier política sanitaria que nos deje de lado, como ha ocurrido en la última legislatura, está condenada al fracaso».

La carta, que será enviada la próxima semana a los portavoces de los diferentes partidos políticos con representación en la Junta General, será expuesta también en los tablones de los centros de salud. Entre los firmantes, cuyo orden de aparición en la carta se estableció por sorteo, figuran anteriores gestores sanitarios y también directivos de sociedades profesionales.

Si las premisas son erróneas, ¿cómo es la conclusión?...

El excesivo énfasis en reducir el déficit público

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

El objetivo más importante del gobierno español, y del mayor partido de la oposición, parece ser la reducción del déficit del estado. Tal objetivo es, hoy, compartido por la gran mayoría de países de la Unión Europea (UE). Se asume que la bajada del déficit es el paso más importante para iniciar la recuperación económica, pues se supone que tal bajada del déficit recuperará la confianza de los mercados y de los inversores, un tanto apagada o diluida en estos momentos. Con el fin de alcanzar tal objetivo, se están desarrollando unas políticas de austeridad de gasto público que están dañando el bienestar de la población, y muy en especial de las clases populares.

Esta tesis –de que hay que bajar los déficits públicos- para alcanzar la recuperación económica es, sin embargo, profundamente errónea. Es más, el sacrificio que están imponiendo es contraproducente para la recuperación económica, además de ser perjudicial para la calidad de vida de la población. El profesor de economía, James K. Galbraith, explica en un artículo reciente en la revista The American Prospect por qué esta tesis está equivocada. En primer lugar, la mayor causa del déficit público no ha sido el incremento del gasto, sino la reducción de los ingresos al estado, consecuencia, en parte, del descenso de la actividad económica, y también de la reducción de los impuestos, que la mayoría de países de la OCDE (incluyendo España) han ido realizando durante estos años. En realidad, el 50% de la reducción de los ingresos fue consecuencia de la crisis, y el otro 40% se debió a la reducción de impuestos. Sólo un 10% se debe a gastos especiales dedicados a estimular la economía. La evidencia, pues, es abrumadora, mostrando que el argumento neoliberal que sostiene que el déficit del estado es consecuencia de un excesivo gasto es erróneo y claramente ideológico, sin ninguna base científica.

La segunda observación del Profesor Galbraith es que las predicciones de la reducción de los déficits son tan poco creíbles como las predicciones del colapso de la Seguridad Social. El número de supuestos que deben hacerse para que éstos alcancen estas estimaciones a largo plazo son tantas y tan valorativas, que las cifras que se dan deben tomarse con gran escepticismo.

La tercera observación es que el mayor problema que existe en cualquier país no es el déficit público, sino el desempleo. En realidad, el segundo contribuye al primero, y no al revés. El elevado desempleo contribuye a aumentar el déficit, pues el estado deja de ingresar los fondos de la población que estaría empleada si dejara de estar desempleada. De ahí que sin reducir el desempleo no se podrá resolver el déficit. En consecuencia, la recuperación económica pasa por crear empleo, incluso a costa de que aumentase el gasto público para estimular el crecimiento de empleo.

Una cuarta observación que se deriva del texto y de otros trabajos de James K. Galbraith es que la mejor manera de reducir el déficit público es estimulando la economía, mediante toda una batería de intervenciones, de las cuales, la creación de empleo, incluso de empleo público, es esencial. Reducir el déficit, reduciendo el gasto público, es profundamente erróneo.

La quinta observación que hace Galbraith es que un país con un Banco Central que actúe como Banco Central (que no es el caso en la UE, con el Banco Central Europeo, que no es un Banco Central, sino un lobby para la Banca, y muy en especial, para la banca alemana), el gobierno siempre puede crear recursos. Siempre y cuando el Banco Central tenga imprentas para imprimir moneda, éste puede tener el dinero que desee. El peligro que puede crearse en caso de aumentarse la liquidez, es la inflación (hoy el problema, sin embargo, es el inverso, la deflación) y la devaluación de la moneda, lo cual, señala Galbraith, no iría mal ni al dólar ni al euro (en caso de que el Banco Central Europeo actuara como Banco Central, ayudando a los estados de la Eurozona).

Una sexta observación que podría haber añadido, es que un estado que se precie de ser justo, puede siempre generar recursos incrementando la progresividad fiscal que ha ido deteriorándose durante el largo periodo neoliberal. Como señala John S. Irons en otro interesante artículo, “Economic Recovery and Fiscal Balance”, es que es bochornoso que Warren Buffet y Bill Gates tengan, en la práctica, la misma tasa de gravación fiscal que sus secretarias. Lo mismo podría decirse de Emilio Botín, el banquero más rico de la UE.

La séptima observación que Galbraith hace es que una intervención pública de gran calado para estimular la economía no es el abaratamiento de los salarios (ni tampoco facilitar a los empresarios el despido de sus trabajadores), sino garantizar el crédito, incluso a base de crear entidades públicas de crédito (tal como ha propuesto Joseph Stiglitz). Galbraith propone la creación de una entidad pública como el Reconstruction Finance Corporation, creada por el Presidente Roosevelt durante el New Deal, que garantizó el acceso al crédito.

Una octava observación, continuación de la anterior, es la reforma del sistema financiero que, además de establecer una opción pública que competiría con la banca privada, ésta estaría más regulada, prohibiendo las actividades e instrumentos especulativos que nos llevaron al desastre. Tendría que ser un objetivo de los estados gravar las actividades fácilmente predecibles como especulativas, y disminuir las rentas del capital financiero, que son a todas luces excesivas, y que se han disparado a costa de las rentas del trabajo y del capital productivo.

Lo que propone Galbraith lo han propuesto también muchos otros economistas tanto en EEUU (Joseph Stiglitz es uno de ellos) como en España, aunque en este último caso, tales voces continúan marginadas o silenciadas en los mayores medios de información. Y ahí está el problema. En estos momentos de grave crisis, el debate político es entre el gobierno, que está reduciendo el déficit a base de recortar el gasto público, y la oposición (PP y CiU), que quieren recortarlo todavía más. Mientras que el debate se centre en quien recorta más, la economía irá de mal en peor.

Artículo publicado en El Plural

Artículo de opinión publicado hoy en la Nueva España

Por IGNACIO ARIAS, LETRADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

En defensa de la función pública

En respuesta a quienes postulan un retroceso en las garantías de la Administración

Nunca se nos ocurriría sugerir líneas de estrategia empresarial, y menos aún hacerlo en foros con potencial repercusión pública. Y no lo haríamos porque carecemos de los conocimientos necesarios para emitir una opinión fundada en tal materia.

No parece ser ésa la actitud de Isaak Andic, presidente de Mango, a tenor de las declaraciones formuladas en el marco de la rueda de prensa en la que intervino como presidente del Instituto de Empresa Familiar, en las que propugnaba que los funcionarios tuvieran una estabilidad en el empleo similar a la de la empresa privada y una retribución variable.

Ambas sugerencias son absolutamente inaceptables. La primera, porque supondría un atentado al actual sistema constitucional, y la segunda, porque representaría ahondar en uno de los mayores problemas que aquejan actualmente a la función pública: el clientelismo.

Aunque ya dijo el filósofo griego Cleóbulo de Lindos que «nada hay en el mundo tan común como la ignorancia».

El señor Andic debería saber -y en caso contrario, no opinar- que el factor humano que integra el complejo organizativo de las instituciones públicas está integrado por dos tipos de colectivos: los políticos y los empleados públicos.

Dentro de los primeros los hay que han sido elegidos directamente por los ciudadanos o designados por órganos con representatividad democrática para dirigir la política del país (diputados, senadores, miembros del Gobierno, alcaldes, concejales, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder General, Defensor del Pueblo, etcétera). Otros forman parte de órganos administrativos colegiados y consultivos representativos de intereses sociales (económicos, sindicales, profesionales, etcétera).

Dentro de los segundos se encuentran los funcionarios, el personal laboral y el personal eventual. Los dos primeros han accedido al empleo público -puede haber excepciones- mediante la superación de un proceso selectivo; el personal eventual es designado por el personal político para cargos de confianza o asesoramiento especial y cesan con la autoridad o el cargo que los nombró.

El primer conjunto de personas, los elegidos por el pueblo y los designados por los órganos democráticos, integra lo que se denomina la democracia. El segundo, los empleados públicos, integra la denominada burocracia.

El nacimiento de la burocracia pública moderna surge a iniciativa de Napoleón y pivota en torno a la figura del funcionario público inamovible. Esta condición del funcionario público que accede a su empleo por mérito y capacidad ya está presente en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la que se establece que «todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella (la ley), son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos».

Democracia y burocracia profesionalizada. Ambas deben convivir y en ambas el elemento humano goza de idéntica legitimidad. El principio de mérito y capacidad, en cuanto produce designaciones a través de competiciones abiertas entre los ciudadanos, es un principio de justificación democrática tan sólido como el principio electivo: una competición por los votos frente a una competición sobre la aptitud profesional porque los espacios a ocupar requieren en un caso el mayor apoyo popular y en otro el mayor nivel de excelencia.

Por tanto, la inamovilidad del funcionario público, aparte de ser una necesidad que la historia ha demostrado como ineludible, constituye una exigencia del Estado de Derecho, y nunca puede ser calificada como un privilegio.

La tesis defendida por el señor Andic supone recuperar las cesantías y un retroceso en las garantías de la Administración y del ciudadano. Si aplicara este mismo ítem histórico a la organización de sus empresas, volveríamos a las jornadas de sol a sol y a los salarios de subsistencia.

Es, en definitiva, una ocurrencia tan estrambótica e inconstitucional como si pretendiera que los miembros de las Cortes Generales estuvieran ligados por mandato imperativo.

Por lo que se refiere a la retribución variable, nada ha erosionado más la función pública que los intentos de introducir retribuciones en función del rendimiento.

En primer lugar, porque en la Administración ni se fabrica ni se vende ropa ni se hacen tornillos, y en la mayor parte de los puestos de trabajo es prácticamente imposible medir un rendimiento. ¿Cómo se mide la productividad de un ordenanza, de la encargada de un registro, de un bombero -por poner sólo algunos ejemplos- cuyo volumen de trabajo depende de voluntades ajenas?

En segundo lugar, porque aunque sea posible diseñar en determinados puestos de trabajo un modelo retributivo en el que parte del salario se estructure en torno a la implicación del funcionario en el desarrollo de sus funciones, los sistemas que se han pretendido implantar hasta ahora dejan a la discrecionalidad de los centros directivos, cuyos titulares son cargos políticos o de libre designación, la determinación de los destinatarios y del importe de esa retribución variable.

Bajo estas premisas -y a los hechos nos remitimos- cualquier intento de incentivar al funcionario eficaz y eficiente está condenado al fracaso porque quien acaba siendo destinatario del premio salarial es el empleado afín, sumiso u obediente.

Sólo es posible arbitrar sistemas de retribución variable en la Administración Pública que garanticen la neutralidad del empleado público, cuando tal variabilidad dependa de elementos objetivos y objetivables a partir de los cuales el interesado, con sólo subsumir su situación de hecho en el marco legal establecido, pueda conocer el importe de su salario. Pensemos, por ejemplo, en cursos de formación y de reciclaje profesional a través de los cuales se evidencie el afán del funcionario por actualizar sus conocimientos y, por tanto, ser eficaz y eficiente en el desarrollo de sus funciones.

Los excesos en la aplicación de las pautas de organización propias de la empresa privada en la Administración Pública pueden reducir las garantías del sistema de mérito y la imparcialidad del funcionario público.

Sugerimos al señor Andic que se dedique a gestionar la empresa que tan acertadamente dirige, pero que se abstenga de juzgar asuntos ajenos en los que no es experto, consejo que está en el origen del manido refrán «zapatero, a tus zapatos».

Próxima cita: el 18 de diciembre

Por JAVIER LÓPEZ

Del 29-S al 18-D

Tenemos una nueva cita el 18 de Diciembre, fecha en la que realizaremos manifestaciones en todas las capitales autonómicas españolas. Será nuestra aportación a la movilización Europa convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), para que la política común europea contra la crisis no consista en cargar sobre los trabajadores el esfuerzo único para superar la crisis.

NUEVATRIBUNA.ES

CCOO y UGT hemos realizado una intensa campaña para asegurar el éxito de la Huelga General del 29-S. Asambleas en miles de empresas. Repartos de propaganda. Actos públicos en organizaciones vecinales, políticas, sociales de todo tipo.

Fuimos a la Huelga General para combatir los ajustes antisociales del Gobierno. Para hacer frente a una Reforma Laboral que abarata y facilita el despido. Fuimos contra los anuncios de recortes de la protección por desempleo. Fuimos contra la congelación de las pensiones y las propuestas de alargar la edad de jubilación a los 67 años. Y la Huelga General fue muy importante. 1.500.000 viajeros dejaron de utilizar el transporte público. El consumo eléctrico bajo a niveles de domingo o festivo. La congestión de tráfico se redujo a menos de la mitad. La actividad económica se redujo de forma importante y las manifestaciones fueron masivas.En el caso de Madrid, con medio millón de personas ocupando las calles. Manifestaciones de trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas con miles de mujeres, jóvenes, personas paradas, mayores, trabajadores y trabajadoras que secundaron y apoyaron la convocatoria del 29-S.

La necesidad de la Huelga General ha sido perfectamente entendida no sólo por los trabajadores y trabajadoras, sino por el conjunto de la sociedad. Una Huelga realizada con tremenda seriedad y responsabilidad, con mínimos incidentes en las calles o en las empresas. Una Huelga General que ha recogido y canalizado el malestar y el rechazo social y laboral a los planes de ajuste y reformas antisociales planteados por el Gobierno.

Y tras la Huelga General el conflicto se mantiene. Ha cambiado todo un Gobierno. Se ha desatado una profunda crisis en la patronal española. Pero no han cambiado las políticas.

España y Europa siguen sumidas en la crisis. El conflicto sigue abierto. La lucha continúa. Tenemos alternativas y vamos a luchar por ellas. Para hacer reversible la Reforma Laboral. Para proteger a las personas desempleadas. Para desbloquear la congelación de las pensiones y asegurar el futuro del sistema público de pensiones. Para fortalecer el Estado del Bienestar. Para reactivar la economía y crear empleo. Para fortalecer la Negociación Colectiva.

Por eso el 29-S, la Huelga General no es el fin de nada. Por eso tenemos una nueva cita el 18 de Diciembre, fecha en la que realizaremos manifestaciones en todas las capitales autonómicas españolas.

Será nuestra aportación a la movilización Europa convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), para que la política común europea contra la crisis no consista en cargar sobre los trabajadores el esfuerzo único para superar la crisis, siguiendo el dictado de unos mercados que, siendo los auténticos causantes de la crisis, pretenden utilizarla como una nueva oportunidad para beneficiarse de una nueva burbuja especulativa.

El 18-D es de nuevo una cita importante para los trabajadores y trabajadoras , para la ciudadanía de esta país. O son los pueblos los que toman las riendas de su futuro, o serán los mercaderes los que conviertan a los pueblos en mercancías.

Francisco Javier López Martín - Secretario General de CCOO de Madrid

Tribuna de La Nueva España - Cuencas

El nuevo hospital y sus incumplimientos

No queremos un ambulatorio grande, estamos a tiempo de luchar por lo que necesitamos

Por EFRÉN PONTÓN, SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE CC OO DEL CAUDAL

El día 3 de abril de 2003 las uniones comarcales de CC OO del Caudal y del Nalón, recorríamos las calles del Caudal con una serie de reivindicaciones de tipo laboral y social. De tipo laboral eran los mineros y el paro creciente. En aquella época la población de Mieres era de 45.645 habitantes y el paro de 3.023 y si en aquella época nos parecía preocupante que podremos decir en estos momentos en que la población es menor y el paro subió muchísimo, es de 5.993. En cuanto lo social, era la creación de un nuevo hospital para el área sanitaria VII. En aquel momento solo el sindicato de CC OO e IU apoyaron la petición. Después de muchas denuncias sobre la situación en que se encontraba y los costes continuos en reparaciones que eran simplemente enterrar el dinero en un pozo sin fondo, el Gobierno regional se decide por la creación de uno nuevo. A partir de aquí, todo el mundo se sumaba al carro y era una vieja reclamación de todas las fuerzas políticas y sindicales, pero con la excepción antes dicha de IU nadie se sumó ni apoyaron.

A partir de aquí surge una polémica que voy a pasar por alto, aunque trajo consigo la ruptura del pacto de gobierno de la izquierda en el Ayuntamiento de Mieres. Me refiero a su asentamiento, pero eso es pasado y a estas alturas de la película no creo que lo defienda ni quien lo proyectó, pero lo básico es que se haga y que se cumplan todos los planes previstos y se dote de todas las necesidades que tenemos la población de esta área sanitaria.

En agosto del 2009, en este mismo diario, en un artículo pedía que había que vigilar que nos hagan el hospital que nos prometieron, que nos respeten los servicios y que añadan los que necesitamos. A plazo de hoy, principios de Noviembre, no se siente a nadie dar explicaciones que no sean incumplimientos. Se empezó tarde, sin respetar plazos, al poco tiempo no se veía ningún operario, el retraso era tan grande que tuvieron que trabajar a turnos. En estas fechas, que ya se tenía que estar «mandando las invitaciones para la inauguración», nos llega la noticia de que la empresa que está construyendo mandó al paro al 90% de la plantilla y la noticia de una prórroga de un año. Si cuando salió la noticia de que se iba, hacer todas las fuerzas político-sindicales sacaban pecho haciendo suya la reclamación, hagámosla ahora también de todos y exijamos tanto al Gobierno local como regional que nos den explicaciones de lo que están haciendo y como va a quedar el proyecto original. Tengo mis dudas, por ausencia de noticias, de si nos estarán haciendo un hospital con todos los servicios o nos lo cambiarán por un ambulatorio grande. Este es el momento de comprometerse, dentro de poco habrá elecciones tanto locales como regionales y no tardando mucho, las parlamentarias al Estado español, y si hubiera alternancia unos no tendrían culpa y los otros ya no estarían para decirles nada. Aunque los que quieren la alternancia igual se lo regalan a alguna empresa privada para que lo exploten. Estamos en plazos y en tiempo de luchar por algo que necesitamos, que nos prometieron y que no podemos perder.

Entrevista a Carlos Ponte en El comercio tras su participación en las segundas “jornadas de servicios públicos”

«El copago es un impuesto a la enfermedad»

Carlos Ponte Presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias

«El simple hecho de extender el uso de fármacos genéricos dejaría márgenes de ahorro impresionantes»

05.11.10 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Defiende la financiación pública y llama agoreros a quienes quieren señalar al gasto social como uno de los grandes males de la economía actual. Carlos Ponte, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y jefe de una de las áreas de UCI del Hospital Central, participó ayer en la Segunda Jornada de Servicios Públicos organizada por CC OO. El encuentro, que se celebró en Gijón, giró sobre un tema candente: el gasto social y el coste de la sanidad pública. Ponte cree que más allá «de razones ideológicas, filosóficas y morales, hay pruebas que sostienen que la financiación pública ofrece ventajas sobre la privada».

-Se habla mucho de extender el copago sanitario o de implantar el ticket moderador. ¿Qué le parecen ambas propuestas?

-El copago es algo de lo que se habla desde hace años. Para nosotros sigue siendo una mala solución.

-¿Por qué?

-En principio podría parecer atractivo ya que en términos generales se trataría de pagar una pequeña cantidad que serviría de ingreso adicional y también de regulador de la demanda. Pero esa fórmula simple cae sobre una realidad muy compleja que pondría en peligro a los sectores más marginales.

-¿Y el copago en función de renta defendido por el consejero de Salud, Ramón Quirós?

-Esa propuesta atenuaría el efecto negativo que tiene sobre la equidad, pero lo haría de forma parcial. El copago supondría un impuesto sobre la enfermedad.

-¿Cree que la 'factura a la sombra' concienciará a la población sobre lo que cuesta la atención sanitaria?

-No es una medida mágica, pero tampoco me parece mal. El único problema son los costes administrativos de su implantación.

-¿Qué futuro ve a la sanidad asturiana?

-Incierto. El sistema sanitario está en una situación de crisis de sostenibilidad. Los ingresos han caído y eso acabará pasando factura. Pero dentro de este contexto hay medidas que son fáciles de tomar y que no repercutirían sobre la calidad de la prestación. Hay una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, que apoya el Partido Popular, de hacer un catálogo de todos los medicamentos que tengan genéricos. Extender el uso de estos fármacos dejaría márgenes de ahorro impresionantes.

-¿Cuánto ahorraría Asturias con una medida similar?

-No hice ese cálculo, pero por ejemplo, el País Vasco pasó a genéricos los cuatro medicamentos de mayor consumo y eso le está dejando un ahorro mensual de 9 millones de euros, lo que supone 100 millones al año.

VER EL RECIENTE TRABAJO PUBLICADO POR CARLOS PONTE SOBRE “CRISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO FARMACEUTICO”

Estupendo análisis en el Blog de Derecho Público de Sevach

El magistrado del Juzgado Contencioso-administrativo número 5 de Oviedo que “tira de las orejas” a Migoya…

Otro paso adelante en la lucha por una Administración más profesional: La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de Septiembre de 2010.

Coto judicial al “manos libres” del Gobierno para designar Directores Generales

VER EL ARTICULO INTEGRO EN SU BLOG