OPINION

Nueva Tribuna entrevista a MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE

"Detrás del copago sanitario están los intereses de las aseguradoras"

El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el copago limitará el acceso a la sanidad de las personas más enfermas y con menos recursos. “Nuestro sistema sanitario es el resultado de un esfuerzo solidario entre las personas con mayores ingresos y más sanas para con aquellas que tienen menos medios y más enfermedades”, recuerda Sánchez Bayle.

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¿Qué le parece la recomendación de la UE para que los Veintisiete estudien la posibilidad de introducir el copago y la participación del sector privado para garantizar la sanidad pública?

Resulta difícil de entender cómo se puede propugnar el copago como un mecanismo para controlar el gasto sanitario cuando es bien conocido que en Europa son precisamente los países que tienen mayores copagos (Alemania, Francia, Bélgica, etc.) los que tienen un mayor gasto sanitario per capita o en porcentaje del PIB. Este es un ejemplo clarísimo de cómo se intenta repetir una mentira miles de veces para hacerla pasar por verdad.

El Ecofin mantiene que es necesario para “limitar el crecimiento excesivo” del gasto sanitario…

Ningún organismo sanitario internacional recomienda el copago, es más, señalan que son un problema para que las personas con menos ingresos tengan acceso a la atención sanitaria, sin ir mas lejos el Informe sobre la salud en el mundo de la OMS de noviembre de 2010 señala que hay que evitar los copagos y dice que incluso los de pequeña cuantía pueden hacer la atención sanitaria inasequible para las personas mas enfermas y con menos recursos.

¿Sería entonces ese el sector de la población más perjudicada?

Hay mucha bibliografía internacional que señala que los copagos tienen efectos indeseables sobre la salud de las personas con menos recursos y mas necesidad de utilizar los servicios sanitarios (enfermos crónicos, ancianos) que tienen que postergar el acudir a los servicios sanitarios y que cuando lo hacen se encuentran en situaciones más graves. Hay un trabajo reciente que señala que un aumento de los copagos en HMOs de Usa (un sistema de seguros con atención integrada) disminuyó el número de consultas, pero a la vez aumentaron las urgencias y los ingresos, el resultado final fue un aumento de costes de 100.000 dólares anuales por cada 100 personas.

El debate en España es que se está produciendo un uso exagerado de los servicios de salud, ¿qué opina sobre esto?

En España se habla de una utilización exagerada de los servicios sanitarios sin que realmente haya pruebas de ello. Se utiliza como argumento que tenemos más consultas por habitante, pero se oculta que también tenemos muchas menos estancias hospitalarias por habitante, probablemente porque hay más frecuentación en primaria. Por otro lado, en España muchas consultas de primaria son evitables con una mejora de la organización: por ejemplo, el control de las IT, la renovación de recetas de crónicos, algunas consultas podrían realizarse por personal de enfermería (que tiene un mayor papel en otros países de Europa), etc.

Al final todo se reduce a cuánto cuesta…

Algunos argumentos son meramente ideológicos: se dice que solo se valora lo que cuesta dinero, obviando que la sanidad cuesta dinero de nuestros impuestos, y que lo que realmente se estima son otros valores como la solidaridad, que aunque repugnen a los neoliberales son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Si fomentamos los instintos de poder y de ganancia el mundo sería insoportable: ya se ve lo que ha pasado en esta crisis que ha sido creada por gentes que solo valoraban el dinero por encima de los derechos de las personas.

Siempre hay alguien que dice que es posible articular un sistema de copagos que tenga en cuenta todas las variables para evitar la inequidad, e independientemente de que este sistema tendría unos costos elevadísimos, la realidad es que en todos los países del mundo donde hay copagos siempre han actuado de la misma manera: contienen la demanda, tanto la necesaria como la innecesaria, sin discriminar, y lo que sí discriminan es a los enfermos y a los pobres.

En España además la situación puede agravarse con la crisis económica.

Es que hay que reflexionar sobre la situación del país. Tenemos más de 4 millones de parados, muchos de ellos sin ningún ingreso. Además se acaba de anular la ayuda de 426 euros a los que no los perciben. A ello hay que sumar los pensionistas con pensiones medias en torno a los 700 euros, y un 57% de la población laboral empleada con salarios por debajo de 1.000 euros. En este escenario, el copago tendría efectos devastadores sobre la salud de la población.

¿Qué resaltaría de nuestro sistema sanitario?

Nuestro sistema sanitario es el resultado de un esfuerzo solidario entre las personas con mayores ingresos y más sanas para con aquellas que tienen menos medios y más enfermedades, precisamente por eso tiene el aprecio internacional, porque no hay barreras de acceso al sistema y los copagos quebrarían su columna vertebral.

¿Y qué otras alternativas hay?

Por supuesto hay muchas alternativas. La OMS, en el informe citado, dice que hay entre un 20% y un 40% de gasto sanitario ineficiente y sobre ello hay que actuar. En España el punto mas claro es el gasto farmacéutico que es exageradamente alto y que debería de disminuir de una manera significativa.

¿Cree que detrás de estas recomendaciones hay otros intereses creados?

Evidentemente, detrás de estas posiciones están los intereses de las aseguradoras para ampliar sus ganancias y de las multinacionales de la farmacia para evitar que se disminuyan sus beneficios.

«No somos conscientes de lo que supone tener una sanidad gratuita» ...

«Las pensiones no están al borde del precipicio»

«Es triste que con lo que está pasando en Irlanda aquí no se llegue a un mínimo de acuerdo para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos» .

Marcos Peña Pinto. Presidente del Consejo Económico y Social (CES)

06.12.10 – El Comercio.

 «Es triste que con lo que está pasando en Irlanda aquí no se llegue a un mínimo de acuerdo para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos»

Marcos Peña Pinto. Presidente del Consejo Económico y Social (CES)

Marcos Peña (Teruel, 1948) es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e Inspector Técnico de Trabajo y de la Seguridad Social. Fue consejero laboral en la Embajada de España en Italia y secretario de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo de 1991 a 1992. Posteriormente, ocupó la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo durante los años 1993 a 1996. En la actualidad preside el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno y foro de diálogo y reunión de administraciones, sindicatos y empresarios.

-Estamos ante una crisis de grandes dimensiones y nadie se pone de acuerdo en este país. ¿Se ha perdido la capacidad de diálogo y de entendimiento?

-Considero esencial que exista una vocación de entendimiento y no tanto de acuerdo. Puede que sea difícil saber lo que tenemos que hacer porque incluso tenemos problemas para comprender lo que está pasando, pero sí sabemos cómo hay que hacer las cosas. Y la vocación de entendimiento, de educación y de razonabilidad son fundamentales. Diría más, el ejercicio de la razón casi como ejercicio revolucionario. Y eso corresponde a las fuerzas políticas en primer lugar porque eso genera un clima que permite la cooperación institucional y la gestión de lo público. El diseño de cómo afrontar las cosas pasa por el entendimiento, la cooperación y el compromiso.

-¿Una foto de Zapatero y Rajoy ayudaría a reforzar nuestra imagen exterior como país?

-Sí ayudaría, aunque poco si nos quedásemos en la foto porque generalmente lo más importante es lo que está detrás. Me produce una sensación de tristeza comprobar que con lo que está pasando en Irlanda no se llegue a un mínimo de acuerdo para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Estamos en un momento complicado donde la rivalidad y la pasión superan a la razón y eso afecta al bienestar de la gente.

-¿Plantear reformas se ha convertido en una moda?

-Veo aterrador que cada día se descubra por un listo una nueva reforma, una nueva ocurrencia. Que proliferen los que dicen que saben lo que hay que hacer para salvar el país. Creo que hay que reformar lo que se debe reformar y en algunos casos eso ya se está haciendo o está en trámite de aplicación. Pero lo que se haga hay que afrontarlo con seriedad y de manera no tan estridente.

-¿Se nos está metiendo miedo con la reforma de las pensiones?

-Es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. No quiero insinuar que la reforma de las pensiones no es importante, pero debe partirse del compromiso de salvaguardar el sistema reconociendo en primer lugar que está bien, y que el objetivo de los cambios persigue que siga bien durante el mayor número de años posible. No estamos al borde del precipicio y esos mensajes de 'arrepentíos pensionistas que vuestro fin está cerca' me parecen una barbaridad.

-¿Ampliar la edad de jubilación y el número de años para calcular la pensión lo ve necesario?

-Todas las medidas anunciadas son razonables. Lo más importante es asegurar que las pensiones no son una pieza separada de nuestro mercado de trabajo. Es decir, que el régimen de pensiones que se quiera debe adecuarse a la forma en que trabajamos y, claro, un país al que le cuesta muchísimo que sus ciudadanos lleguen a los 65 años trabajando le va a ser más difícil que lleguen hasta los 67. Como las carreras profesionales comienzan muy tarde y en muchos casos son precarias también habría que hablar del sistema educativo y de la formación. Eso exige un estudio más sereno y con gente que quiere sentarse para llegar a acuerdos y que tenga visión global de las cosas.

-A eso y a estimular que quien pueda y quiera siga trabajando más allá de los 65 años. La política de pensiones empieza con los bebés, en habilitar más plazas de guarderías para que las mujeres pueden trabajar y aumente la tasa de empleo. Las cosas han cambiado, ya no estamos en un mundo monocolor y a lo mejor no cabe un sistema universal de pensiones idéntico para todos porque a lo mejor hay gente que se quiere jubilar a los 70. ¿Cómo combinamos pensión y trabajo? Es un debate complejo y las cosas complejas no requieren soluciones simples.

-¿Una reforma laboral aprobada sin acuerdo nace herida?

-Nace con menos peso, es un bebé que tiene menos peso. Hablamos de unas normas cuyos destinatarios y los que las van a aplicar deberían estar de acuerdo; eso es lo sensato y razonable, pero no hay que olvidar que la obligación del Gobierno es gobernar, es una obligación ética y la acción de un Ejecutivo no puede estar condicionada a la existencia de un acuerdo. Ha habido reformas no acordadas que también fueron el origen de nuestra recuperación y no hay que ser muy maximalistas en esto.

-En Francia los sindicatos han convocado varia huelgas generales y aquí sólo una. ¿Qué le parecen las acusaciones y críticas que han sufrido los sindicatos estos meses?

-Hace mucho tiempo que vengo defendiendo a los sindicatos, no tanto su acción porque de hecho a mí me convocaron una huelga cuando era secretario de Empleo. Lo que defiendo es cómo está hecho mi país y el artículo siete de la Constitución dice que los sindicatos y las organizaciones empresariales defienden y promueven los intereses económicos y sociales que les son propios. Son sujetos constitucionales que merecen protección, respeto y reconocimiento. El artículo siete va después del seis, que son partidos políticos, y antes del ocho, que son Fuerzas Armadas. Mi Constitución los reconoce y eso significa que hay que promoverlo legalmente. Hay que tener memoria: llevo metido en esto desde que tengo uso de razón y en los últimos treinta años el esfuerzo de los sindicatos y de las patronales en embridar un poquito este país ha sido descomunal; se ha pactado todo, reestructuraciones, legislación... Y a mí sólo me queda insistir en darles mi máximo respeto y agradecimiento. ¿No se ha llegado a un acuerdo ahora? Pues mala suerte, pero tenemos que reconocer que han estado casi un año empeñados en lograrlo. Tenían voluntad y siguen negociando y a mí el descrédito y la ridiculización, me parece que grava algo esencial: la vertebración y la cohesión del país.

-¿Qué le parecen las declaraciones como las que hizo el presidente de la CEOE en las que aseguraba que había que trabajar más y cobrar menos?

-Son una boutade. El otro día decía uno que había que despedir a funcionarios, luego salía otro asegurando que había que vender los bosques en Inglaterra... Ya lo decía antes. Algunos se levantan cada día intentando resolver los problemas del mundo con una frase brillante. Son majaderías. Las ocurrencias tienen un peligro enorme. Primero porque deslumbran y segundo porque se recuerdan.

-Le noto crítico y pesimista...

-Es que la situación es muy mala y los ciudadanos lo saben y esta realidad exige seriedad, preocupación y empatía con los problemas y no decir ocurrencias. Muchos pensamos que lo más difícil de la crisis es que no la comprendemos porque no sabemos lo que está pasando.

-¿Hace falta a su juicio más sentido común?

-Por supuesto. Soy consciente de que es muy fácil predicar en vez de dar trigo y no creo que sea inconveniente reclamar un mayor entendimiento y sensatez.

-¿Le preocupan todos los rumores sobre un posible rescate de España si Portugal también cae como Grecia e Irlanda?

-Me preocupa la lentitud en la recuperación que está cercada por el entorno exterior y eso genera mucha preocupación. Tenemos un volumen de desempleo demoledor. Creo que la opinión pública está narcortizada porque escucha dieciséis veces cada año cifras relativas al mercado laboral y ya hemos destruido casi dos millones de empleos que siguen ahí y eso no merece una respuesta alegre ni ocurrente. Más bien sensatez y empatía con aquellos que lo pasan mal.

«No somos conscientes de lo que supone tener una sanidad gratuita»

-El CES acaba de presentar un informe sobre la sanidad en las comunidades autónomas. ¿Qué conclusiones refleja ese estudio?

-El sistema exige mayor armonía y mejor evaluación. El desarrollo autonómico ha de ser solidario para promover la cohesión social y hacer una España más competitiva. Lo considero vital y la sanidad es un buen ejemplo porque está transferida desde hace treinta años.

-¿Es sostenible el sistema?

-Estamos hablando de que representa el 6,4% del PIB y es la segunda partida de gasto público más importante después de las pensiones, que son el 8,9%. Pero con ese porcentaje de producto interior bruto dedicado a la sanidad tenemos unas condiciones de salud infinitamente superiores a un país puntero como EE UU que posiblemente gaste el triple, el 16%. A pesar de que criticamos y hablamos mucho de nuestro sistema sanitario, estamos ante un modelo estupendo y muy valorado por los ciudadanos. Los españoles no nos damos cuenta de que esto es un milagro porque la red sanitaria española era impensable hace pocos años y los ciudadanos están satisfechos con ella.

-¿Cree que los ciudadanos no son conscientes de lo que disfrutan?

-No lo saben y creo que no son conscientes de ello porque no hay una narración política, un discurso que narre lo que ha pasado y explique por qué los españoles tienen la sanidad gratis. ¿Es que ha caído del cielo? Corresponderá a alguna política... ¿Y qué pasa con la educación? ¿Y por qué hay pensiones y pensiones mínimas? Esa narración política es fundamental porque es la que identifica al ciudadano con su país. Y se puede criticar y contestar, pero se puede estar satisfecho con lo que tenemos porque era algo impensable en un país como España. No es el momento para descubrir culpables, porque lo somos todos, pero hay que estar contentos con nuestro país y con lo que hemos logrado.

-¿Seguimos siendo derrotistas?

-Lo que llamaba Azaña «la literatura del desastre».

La otra alternativa

No a los mercados financieros

Por Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

El debate existente en la Eurozona sobre cómo responder a los mercados financieros se limita a dos alternativas, y las dos aceptan que sean los mercados financieros los que determinen el valor de la deuda soberana. Las dos asumen que el problema que los estados tienen para conseguir dinero se debe a la dificultad que experimentan en vender sus bonos a estos mercados, los cuales exigen intereses cada vez más elevados que pueden llegar a ser insostenibles.

Ante esta situación, la alternativa liderada por la canciller Angela Merkel y el presidente Nicolas Sarkozy considera que tales mercados financieros debieran actuar como auténticos mercados, es decir, que aceptaran la existencia de riesgos. Los bancos y hedge funds que compran deuda pública deberían absorber los costes que puedan derivarse de la imposibilidad de que los estados puedan pagar los intereses y entren en bancarrota. Si un inversor se arriesga, tiene que aceptar que las pérdidas son parte de la lógica del mercado, una lógica impecable y, además, popular. La gran mayoría de la población considera justo que, si hay pérdidas, los bancos acepten absorber parte de estas pérdidas.

La otra alternativa, defendida por el presidente Zapatero en España y el primer ministro Papandreu en Grecia, está en contra, pues indica que si los bancos ven un riesgo de perder dinero en su compra de bonos van a exigir unos intereses incluso más altos de los que están exigiendo a fin de compensar el riesgo al que la primera alternativa les somete. Ambos mandatarios temen que vayan a tener que pagar intereses a los bancos incluso más elevados que hasta ahora, haciendo la venta de su deuda incluso más costosa. Su postura, pues, es también lógica.

El problema con ambas alternativas es que las dos excluyen la solución que históricamente ha sido más exitosa y que consiste en dar mayor protagonismo al Estado y a las instituciones públicas a nivel de la Unión Europea. En lugar de que sean los mercados financieros los mayores compradores (y especuladores) de la deuda soberana, deberían ser las propias autoridades públicas las que la compren. Un banco central digno de su nombre, lo que debe hacer, además de controlar la inflación de su país, es facilitar el crecimiento económico, sobre todo en momentos de recesión, como el actual. Esto lo hace, entre otras medidas, a base de crear dinero. Un banco central tiene una imprenta donde se imprime dinero; puede imprimir tanto como quiera y, con ello, comprar al Estado la deuda pública al interés que defina, revirtiendo los intereses al propio Estado. Esto es lo que hace la Federal Reserve Board (FRB, el Banco Central Estadounidense). El FRB acaba de imprimir 600.000 millones de dólares para comprar deuda pública y permitir mayor gasto público, y así estimular la economía estadounidense.

Es cierto que hay riesgos de que un banco central imprima demasiado dinero. Uno es que al haber tanto dinero el precio de la moneda baje y se devalúe. Pero esto, más que un problema, ahora sería una ventaja, pues no le iría mal a EEUU o a la Eurozona que el valor del dólar o del euro descendiera, pues con ello podrían facilitar las exportaciones de sus productos. El otro riesgo de imprimir mucho dinero es que al existir tanta moneda en el mercado aumente la inflación. Pero, en este momento, el problema existente en EEUU y en la Unión Europea es precisamente el opuesto, es decir, el de la deflación.

La pregunta que se hará el lector es: ¿por qué no hace lo mismo el Banco Central Europeo (BCE)? La causa es que la banca alemana tiene mucho poder y, como condición de permitir que el marco fuera substituido por el euro, puso una serie de condiciones. Una de ellas es que el BCE tendría como objetivo primordial controlar la inflación. De ahí que no fuera muy favorable a tener un elevado crecimiento económico que pudiera generar inflación. La inflación es siempre el enemigo número uno de los bancos, pues el valor del dinero desciende si la inflación aumenta. Ello explica que la banca alemana pusiera como condición el requisito de que a los países de la Eurozona no se les permitiera tener un déficit del Estado mayor que el 3% del PIB. Esto ralentizó el crecimiento económico. A partir de entonces, la tasa de crecimiento económico de la UE ha sido menor que la de EEUU, que no tiene tal requisito. En realidad, EEUU no hubiera sido aceptado en la UE porque el promedio de su déficit históricamente ha sido mayor que el 3% del PIB.

Y otra condición que puso la banca alemana es que el BCE no pudiera comprar deuda pública a los estados. Sometía así a los estados a una austeridad continua en la que ninguno de ellos podía imprimir moneda ni tener asegurada una venta de su deuda a su banco central, ni siquiera a unos intereses fijos. Lo tenía que conseguir en el mercado, y ahí está la raíz del problema. Los estados se tenían que someter a la disciplina de los mercados en lugar de, como debiera haber sido, que fueran los mercados los que estuvieran sometidos a la disciplina de las autoridades públicas. Por un momento pareció que algo iba a cambiar al entrar la Eurozona en profunda crisis a partir de 2007. Y el BCE comenzó incluso a comprar deuda pública de Grecia (nunca ha comprado deuda española), pero la banca alemana protestó, por lo que ahora lo hace con cuentagotas. No ha asumido un rol como el de la FRB. Y ahí está el problema.

El dinero que utiliza el BCE es público. Este dinero se utiliza para ayudar a los bancos, prestando además dinero a los estados para que puedan pagar sus deudas a los bancos. Si en lugar de ello este dinero se hubiera utilizado en garantizar el crédito a través del establecimiento de bancas públicas, exigiendo además que el BCE comprara deuda de los estados, la Eurozona no tendría el problema que tiene.

Artículo publicado en Diario Público

Editorial de La Nueva España de hoy

Para recuperar la solvencia hace falta liderazgo

Nunca la economía española se asomó tanto al precipicio. Lo que antes parecía un escenario de ciencia ficción, que el país dejara de pagar a sus acreedores -en lenguaje llano, la quiebra-, se plantea ahora de manera abierta como una posibilidad factible y no tan remota si los dirigentes de España no actúan de manera responsable.

Los intereses de la deuda, 27.000 millones, empiezan a ser desorbitados. Grecia e Irlanda fueron rescatadas cuando sus bonos rentaban al 8%: los españoles están al 5,5%. Las pérdidas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y del sobreendeudamiento, causas del desastre español, no afloran por ninguna parte. Nadie quiere asumir que una casa vale bastante menos de lo que pagó por ella ni admitir una morosidad inabarcable.

No creamos las simplezas de los políticos que reducen este crudo panorama a la acción de misteriosos enemigos exteriores, al iluminismo del Gobierno o al negativismo de la oposición. «Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio», sentenció Maquiavelo. Eso es lo que pasa. Los prestamistas -los mercados- temen perder. Unos se alejan despavoridos y generan inquietud. Otros se quedan y cobran mayor precio por asumir el riesgo, en una espiral endemoniada. Recuperar la normalidad no es un problema de confianza, sino de solvencia. La confianza es pan para hoy. La solvencia, credibilidad para mañana. La confianza probablemente se recomponga con gestos; la solvencia, sólo con medidas profundas y sensatas.

La crisis deja de ser poco a poco mal de muchos para avanzar por barrios. España no despega, pero sí EE UU, Francia, Gran Bretaña o Alemania, con previsiones de PIB optimistas. El lastre más pesado de esta situación no es el disparado déficit, ni la deuda desencajada, ni la ambición de los especuladores, ni los escépticos que en la guerra comercial y geoestratégica entre potencias clásicas y emergentes minan al euro a través de sus socios más frágiles. El problema es de estancamiento.

Sin crecimiento, España no tendrá ninguna posibilidad de generar recursos con los que atender sus compromisos. He ahí el rastro que huelen los mercados. La cosa se agrava cuando ni el médico parece convencido al aplicar su propia medicina. Cuando no se hace lo que se dice o se demora «sine die» a ver si con la intención basta.

Entérense de una vez los gobernantes. El virus no incuba en la Gran Recesión. Permanecía enmascarado desde los años de la opulencia con dopaje: ladrillo y dinero fácil para el consumo. Medidas como las aprobadas esta misma semana, algunas repetidas, otras improvisadas, varias descartadas hace tan sólo unos días, son incompletas. En vez de seguridad por avanzar en la dirección correcta trasladan el desconcierto de un Gobierno que da palos de ciego a ver si acierta y no ahondan en la raíz de nuestros males. La pereza económica española reposa en dos vicios endémicos, estructurales. Una productividad escasa -el valor de lo que fabricamos por cada trabajador- y una competitividad menguante -la capacidad de ofrecer más calidad a precios mejores que los rivales-. Mientras no se corrijan esos desequilibrios, cualquier otro propósito será como saciar la sed a cuentagotas.

Enfrentarse a ese toro no es ni cómodo ni indoloro: entraña un coste social y político muy fuerte. El gran arquitecto de Europa, Jean Monnet, dejó escrito que «el progreso de los cambios se mide por la densidad de las resistencias». En economía, lo necesario casi siempre resulta impopular y queda para la historia. En política, lo popular casi siempre resulta innecesario y sólo da para llegar hasta los próximos comicios.

Hay denominadores comunes en los graves casos de países asfixiados. Deberes pendientes que los gobiernos prometieron hacer. Errores de bulto para enmascarar la realidad. Lentitud, falta de autoridad... Los cuidados comenzaron cuando sucedió lo indeseable. España, con un colchón exiguo, porque pocos están en peores condiciones, debe tomar nota: ya no le queda mucho margen.

Basta de bromas pesadas. De desviar la atención alentando polémicas extemporáneas sobre el laicismo, el aborto o el pasado histórico o de promover como causa ineludible una norma para elegir el orden de los apellidos. De perder un minuto en legislar para imponer la butifarra y el pan con tomate en los desayunos o de confeccionar presupuestos como los de Asturias, un brindis de lujos sociales a mayor gloria del pacto de izquierdas mientras la sanidad y la educación, lo esencial, se deterioran. Basta de artificios contables a lo Gallardón para engañarse a uno mismo, atajo hacia el abismo, o de ese eufemístico pacto fiscal a la catalana, un concierto encubierto tan injusto y arbitrario como el vasco. Tal parece que las regiones tienen autonomía únicamente para lo bueno. Son las más gastizas, las más opacas y a las que menos se les exige en este embrollo.

Se puede hacer mucho y hay mucho que hacer. Si alguien no lo entiende rápido, el día menos pensado caeremos del alambre. Europa camina sin rumbo, huérfana, revirando hacia un nacionalismo que la desnaturaliza y transmuta en poco más que una oficina de colocación de élites. España da los tumbos del estudiante indolente. Abre los libros lo justo y el último día para aprobar por los pelos. No pasa nada y, si ocurre, alguien echará una mano, parece decirse. Asturias y el resto de autonomías navegan como si la cosa no fuera con ellas, sin afrontar la gravedad de los hechos.

Para embridar tanto descoque hacen falta líderes y liderazgo. Servidores a quienes no les tiemble el pulso para exigir sacrificios, capaces de tender la mano con gallardía para buscar acuerdos sólidos hasta con el enemigo o de poner por delante de su conveniencia el bien público. En la hora decisiva, es lo verdaderamente necesario.

En esencia dos posiciones opuestas

La sanidad abre la etapa de la austeridad

Cuatro conocedores del sistema sanitario asturiano analizan las posibles repercusiones de la histórica disminución del presupuesto

El Sindicato Médico da por segura la supresión de prestaciones y el autor del informe del CES ve posible mejorar la asistencia

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España 

La sanidad pública asturiana inicia una nueva etapa. Después de largos años de generosos crecimientos presupuestarios, se dispone a afrontar 2011 con un recorte de fondos del 5,7 por ciento. La crisis ha llegado a los hospitales y centros de salud, donde ha sido recibida con talantes muy diversos. LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a cuatro buenos conocedores del sistema sanitario regional un análisis de este nuevo camino, que obligatoriamente habrá de estar marcado por la austeridad. Coinciden en que será elevada la exigencia de mejora de la gestión, pero discrepan en lo demás: unos dan por seguro un recorte de prestaciones e incluso una caída de la calidad; otros ven posible mantener lo que hay e incluso mejorarlo. Unos reclaman la implicación de todos los estamentos afectados y otros argumentan que mejor se ahorraban recursos en la televisión autonómica. 

Francisco Javier Elola

Consultor, autor del informe del CES sobre la sanidad asturiana 

«La medida adoptada es coherente; no se podía mantener la tasa de crecimiento del período 2002-2009»

1|No conozco en detalle el presupuesto del Principado para 2011, pero ya he señalado en alguna ocasión que no se puede mantener la tasa de crecimiento del gasto sanitario del período 2002-2009. Por consiguiente, la medida adoptada me parece coherente con la situación económica actual. ¿Cómo puede repercutir sobre el funcionamiento de los servicios? Depende fundamentalmente de qué medidas de planificación y gestión se hayan adoptado para cumplir con el presupuesto asignado y de si estas medidas están más orientadas a la mejora de la eficiencia que al simple recorte de costes. 

2|Durante un largo tiempo ha estado instaurado en la política sanitaria española el paradigma de que «más (o cuanto más próximo) es mejor», y bajo ese lema se han aumentado plantillas y multiplicado instalaciones y servicios que, como consecuencia, han impulsado el crecimiento del gasto. Sin embargo, en numerosas ocasiones «más es peor» (menos eficiente, menor seguridad, menor calidad). Por consiguiente, ciudadanos, profesionales, gestores y políticos están obligados a una revisión rigurosa de las redundancias del sistema que generan mayor gasto, pero no mejor salud, para ir amortizándolas; y también a no alentar, avalar o decidir su dotación y puesta en funcionamiento. 

3|Es perfectamente posible reducir el gasto sin recortar prestaciones, e incluso mejorando la calidad asistencial. Entre las políticas sanitarias que han sido objeto de debate reciente, algunas -como una mejor planificación territorial, coordinando los cinco hospitales locales con los tres de áreas de salud; la creación de áreas de gestión clínica y la regionalización de algunos servicios- pueden ser ejemplos de mejora de la eficiencia y la calidad sin recortar prestaciones. Utilizo el condicional intencionadamente, pues el «rótulo» de la medida no es lo más importante, sino su ejecución práctica. La historia de los «institutos» del Insalud, precursores de las «áreas de gestión clínica», es un referente de cambio de rótulo con ínfimas ganancias (si es que hay alguna) en la eficiencia de gestión. Por último, no podemos dejar de decir que los hospitales, centros de salud, etcétera, no pueden funcionar bajo normas burocrático-administrativas, y que los médicos, enfermeras, etcétera, no deben ser funcionarios. No existen referentes en los países occidentales más desarrollados que funcionen con sistemas de gestión tan rígidos como los del Sistema Nacional de Salud español. 

Juan José Fernández

Ex gerente del Hospital Central de Asturias (1997-2002)

«Es una vergüenza que se mantengan gastos inútiles, como la TV autonómica, y se sacrifique la sanidad» 

1|El presupuesto sanitario para el próximo año es insuficiente, y el Gobierno regional lo sabe. Es una vergüenza que se mantengan gastos inútiles, como la televisión autonómica, entre otros, y se sacrifique lo más valorado por los asturianos, que es nuestro sistema sanitario. 

2|En una legislatura que comenzó con insultos a los profesionales, especialmente a los médicos, desde la Consejería de Salud, y que finaliza con un recorte sustancial de los salarios, sin que desde el Gobierno socialista se hayan pedido disculpas por ninguna de estas actuaciones, pedir más obligaciones a los profesionales resulta, cuando menos, un sarcasmo. 

3|Es inevitable que se produzcan recortes de prestaciones, y donde primero se va a notar es en el incremento de las listas de espera, por la falta de contrataciones de personal para realizar sustituciones. De hecho, ya empiezan a producirse listas de espera en atención primaria, donde nunca habían existido, y éste es un logro que todos debemos agradecer a la actual Consejería de Salud. Asimismo, va a resultar imposible poner en marcha los nuevos hospitales de Oviedo y Mieres, de los que no sólo falta todo el equipamiento y accesos, sino que en el próximo año habrá que empezar a pagar los créditos concedidos para su construcción. 

Francisco Ortega

Primer director provincial del Insalud de Asturias (1983-89) 

 

«Se gestiona mejor en precariedad, pero todos estamos obligados a cambiar el registro»

1|Esta situación no es inédita. La vivimos siendo yo director provincial del Insalud. Desde 1983 en adelante, el presupuesto bajó varios años consecutivos y, sin embargo, fueron los años más fructíferos y de más reformas. Son momentos para hacer lo que no se hace en tiempos de bonanza. Es una oportunidad. De alguna manera, se gestiona mejor en precariedad que en abundancia. Pero, ojo, esto sólo es posible con una gestión acertada y que debe ser compartida. Todo el mundo debe implicarse. La gente tiene que saber qué se quiere hacer, hacia dónde se va. Si se intenta hacerlo de forma autoritaria puede ir muy mal. 

2|Todos estamos obligados a cambiar el registro. Los crecimientos del 9% no son sostenibles. Gestores, profesionales y usuarios tenemos que convencernos de que estamos ante un cambio del paradigma de los últimos 20 años. En lo que conozco, entiendo que en el capítulo de personal se puede reducir gasto, y en bienes y servicios, mantenerlo. Estamos siendo más eficientes. Ahora, la gente acepta ir a hacerse la diálisis a su propia área sanitaria, cuando hace unos meses muchos se acumulaban en Oviedo. Voy viendo ese cambio de registro en los pacientes. Y los profesionales no podemos anclarnos en que las cosas caen del cielo. 

3|Ya se ha hecho un recorte muy importante en el gasto en medicamentos y es posible aumentar el consumo de fármacos genéricos. Hay margen, eso es clarísimo. Luego hay gastos que pueden reducirse, pero con una estrategia que excede las dimensiones de un hospital. Hay que potenciar la centralización de compras, que permite rebajar costes. Y luego hay que reformar las áreas sanitarias. No hablo de cerrar nada, pero sí de adaptarlas a la situación actual. No sólo por la actual precariedad económica: es algo que ya debería haberse hecho en cualquier caso. 

Antonio Matador

Secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA)

«Es imposible que no haya recortes de prestaciones y calidad, ya han empezado y de manera importante» 

1|El Gobierno nunca debería haber reducido el presupuesto para la sanidad, que es uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Lo razonable habría sido un aumento o, al menos, una congelación. La Consejería de Salud no ha defendido suficientemente su presupuesto. Con los recursos de años anteriores ya se realizaron recortes importantes, algunos de ellos con una repercusión directa sobre la calidad de la asistencia. En el último año se ha jubilado forzosamente a 250 médicos y se ha reducido la contratación. Se ha aplicado un recorte salarial que para los médicos es del 12% en algunos conceptos, e incluso llega al 47% en la paga extra del mes que viene. Si se tiene en cuenta que en 2011 habrá menos recursos, el horizonte es muy preocupante por no hablar de desolador. 

2|Los gestores tienen que decidir qué quieren hacer, qué es lo que quieren recortar, porque recortes tiene que haberlos. Esperemos que no caigan en la tentación de lo más fácil: recortar los sueldos y el personal. Una vez decidido, tienen que explicarlo a la sociedad y no pretender que sean los profesionales los que den la cara. La profesionalidad de los médicos es incuestionable, a pesar de todas las agresiones y ninguneos sufridos en los últimos años. Además, los trabajadores temporales están sufriendo una absoluta falta de respeto y una terrible inseguridad laboral a causa de los continuos amagos de ofertas públicas de empleo (OPE) que luego no se desarrollan. Ahora se anuncia una más. Pese a todo, los médicos queremos hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de la Administración y seguiremos ofreciendo diálogo. En relación con los usuarios, la Administración tiene algo de razón, porque el consumo es tremendo. 

3|No es posible que no haya recortes en las prestaciones y en la calidad de la asistencia. Los habrá sin duda. Ya se ha empezado a recortar de manera importante. En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en un servicio básico como es medicina interna, se pretende reducir en un 50% el número de profesionales de guardia: ahora hay dos médicos adjuntos y dos residentes y se pretende dejar un adjunto y un residente. También han recortado anestesistas de guardia. Y mucho nos tememos que los programas de cribado de cáncer y el gasto en farmacia sufran algún recorte.

¿En qué se parece esto a lo que plantea Ana Rosa Migoya en el proyecto de Ley de Función Pública de Asturias?...

La función pública, según Fernández

El candidato socialista plantea una reforma de la Administración basada en «igualdad, mérito y capacidad» para «desterrar los tópicos de ineficacia»

Oviedo, J. E. M., en La Nueva España

«Es el momento de que la Administración pública ocupe la atención de la acción política de tal forma que se lidere una verdadera transformación estructural y funcional de la misma. No estamos hablando de reformas parciales en respuesta a una situación coyuntural, sino de una acción integral para configurar a las organizaciones públicas como un verdadero recurso para el desarrollo de las políticas públicas que la sociedad asturiana necesita», recoge el documento de trabajo programático elaborado por la Federación Socialista Asturiana de cara a las próximas autonómicas. El documento no está cerrado aún.

Ese, el de la reforma de la función pública, es uno de los objetivos más destacados que se ha marcado para desarrollar en la próxima legislatura el candidato socialista, Javier Fernández.

«Consideramos necesario un plan de reforma de la Administración pública asturiana fruto de la reflexión y el consenso entre los agentes socioeconómicos», sostiene el PSOE, que con este planteamiento ha logrado atraer el interés de los empresarios asturianos, preocupados por la creciente cifra de funcionarios y por la eficiencia y eficacia de este cuerpo. El proyecto de modernización del funcionariado es uno de los que más gustan en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios. Los socialistas lo plantean en tres frentes. Primero abogan por un cambio de las estructuras administrativas, diferenciando las vinculadas al Gobierno de las destinadas a la prestación de servicios públicos. En segundo lugar pretenden incrementar los valores de responsabilidad por la gestión, la optimización de los procesos de trabajo y de evaluación de los resultados de forma que se incremente la transparencia y la rendición de cuentas a una ciudadanía que será invitada a participar más en los asuntos públicos. El tercer frente se refiere a las personas, a los propios funcionarios. «Los funcionarios y el conjunto de los empleados públicos son los servidores públicos y por tanto el capital más importante que tiene nuestra sociedad», incluye el documento socialista. Para los funcionarios, la organización de Javier Fernández propone «desterrar definitivamente los tópicos de la ineficacia y despreocupación que frecuentemente se les adjudica a los empleados públicos». Una vía para caminar en esa dirección es, según el mismo documento, que «el proceso de selección debe atenerse escrupulosamente a los criterios de acceso a la función pública» que se enumeran como «igualdad, mérito y capacidad». Ese es para el PSOE de Fernández el «garante de un empleo de calidad y estable». «Es la capacitación la que debe responder a la realidad en cada momento».

Dos visiones del incierto futuro sanitario asturiano con los recortes presupuestarios

Rodríguez-Vigil: «Habrá que corregir abusos y excesos»

Carlos Galcerán, diputado regional del Partido Popular, atribuye el recorte de fondos «a una gestión nefasta»

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

«Creo que se podrán mantener todas las prestaciones, pero habrá que corregir abusos y excesos». Así sintetizó ayer Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex consejero de Sanidad y ex presidente del Principado, el panorama que se abre ante la sanidad pública asturiana a causa del recorte presupuestario que sufrirá en 2011, cifrado en un 5,76 por ciento con respecto a las cuentas iniciales de 2010.

A Rodríguez-Vigil no le ha pillado por sorpresa la reducción de recursos. «Yo lo venía anticipando desde hace más de un año», señaló el ex presidente, quien lleva años dedicado al estudio del presente y el futuro de la sanidad pública asturiana y española. A su juicio, la merma presupuestaria da paso «a un horizonte complicado, pero no tiene por qué suponer ninguna catástrofe ni ninguna lesión a los derechos de los ciudadanos».

El ex consejero de Sanidad advierte de que las dificultades que se avecinan «son independientes de un Gobierno u otro, y desde luego no son un problema exclusivo ni de Asturias ni de España». El desafío consiste, según Rodríguez-Vigil, en «analizar de dónde pueden salir más recursos para la sanidad, y sospecho que principalmente tienen que salir de las propias ineficiencias del sistema».

El recorte de fondos «obliga a un ejercicio de responsabilidad muy grande por parte de Gobierno, oposición y sindicatos». Y es que los servicios públicos «han entrado en tiempos de responsabilidad y no de jugar con ventajas», señaló el actual vocal del Consejo Consultivo del Principado.

Como posibles epígrafes en los que cabe ahorrar recursos, Rodríguez-Vigil cita «el transporte sanitario, el número de consultas que se realizan y otras cosas que se pueden racionalizar». El ex presidente subraya que «tenemos un importantísimo aparato sanitario que exige remodelaciones y adaptaciones a los tiempos que corren». A juicio de Vigil, se impone la necesidad de «dar una patada en el culo» a los «demagogos» y a quienes «prometen lo que no se puede dar».

Entre tanto, Carlos Galcerán, diputado regional del Partido Popular, afirmó que el recorte presupuestario de la Consejería de Salud «es una mala noticia para los asturianos». Según Galcerán, «las políticas de izquierdas nos han llevado a una merma en uno de los pilares del "Estado del bienestar", cuando la sanidad debe ser la prioridad por encima de otras políticas públicas».

El diputado popular considera que la situación de carestía «no sólo es consecuencia de la reducción presupuestaria, sino de que la gestión ha sido nefasta», como queda de relieve en un dato que enfatiza: «Los últimos cinco años del Servicio de Salud del Principado (Sespa) han supuesto una desviación de 600 millones de euros sobre lo inicialmente presupuestado». Sostiene Galcerán que «con estos presupuestos y con estos gestores, estamos abocados al recorte de prestaciones».

¿Será posible lo de la sanidad de bajo coste ?

Un Gobierno muy optimista asegura que con un recorte de fondos del 5,7% se dará lo mismo que con aumentos del 9%

Llega la sanidad «low cost»

La Nueva España. PABLO ÁLVAREZ

Cuando uno toma un vuelo de bajo coste y se marca un periplo Madrid-Londres-Viena-Roma-Madrid por 250 euros se plantea, como mínimo, un par de reflexiones. Una optimista y la otra un poco menos salerosa. 

La primera: 

-¡Qué supermegaestupendo! 

Y la segunda, una vez desvanecidos los efluvios del entusiasmo inicial: 

-¡Pero cuánto tiempo estuvieron atracándonos los «piratas» de Iberia (y muchos otros)!

Cabe extraer esta doble consideración de las declaraciones efectuadas ayer por los consejeros de Salud y de Administraciones Públicas. Ramón Quirós recibió con elogiable optimismo el recorte presupuestario que su departamento sufrirá en 2011. Aunque cercanas en el tiempo, conceptualmente lejanas quedan aquellas palabras del propio consejero en las que admitía que un eventual recorte de los fondos haría «muy difícil» mantener las actuales prestaciones de la sanidad pública. 

Lo que era «muy difícil» el pasado 8 de octubre ha dejado de serlo. En sus declaraciones de ayer Quirós transmutó el tono de su mensaje: prescindiendo de lo superfluo y ajustando una serie de mecanismos de gestión será posible conservar la cartera de servicios y llevar a buen puerto los proyectos que están en marcha, aseveró. 

Una pregunta -como la referida a Iberia- surge con inmediatez: Pero entonces, ¿qué habíais hecho hasta ahora? Un interrogante que se dirige no sólo a Quirós, sino a todos sus antecesores en el cargo y a los sucesivos gestores del Insalud, que necesitaron de incrementos presupuestarios de un promedio del 9 por ciento para preservar lo que ahora podrá ser sostenido pese a una caída de recursos del 5,76 por ciento.

Y, tras la pregunta desafiante, una reflexión: gracias, amiga crisis, por prestarte a eliminar estos «michelines» que lastraban a nuestra sanidad pública y por obligarnos a situar el gasto sanitario público en sus justos términos. Porque, según Quirós, los presupuestos diseñados para el año que viene son viables si se pone esfuerzo en cumplirlos. ¡Hombre, qué menos! Uno suponía que poner esfuerzo era la actitud general de los responsables sanitarios. Con todo, demos por bueno que en esto de esforzarse casi siempre es posible hacer algo más. 

No obstante, hay que decirlo todo. Quirós apela, y no se equivoca, a una palabra clave: responsabilidad. Responsabilidad de los dirigentes sanitarios, en primer lugar. Y, tal vez más importante aún, responsabilidad de los profesionales del sistema y de los usuarios. 

La semana pasada los médicos de atención primaria advirtieron de que la sanidad pública no se sostendrá sin su colaboración. Razón tienen. Un dato: el recorte de presupuesto para 2011 se apoya sobre una sensible reducción del gasto en medicamentos, un objetivo muy ligado a lo que diga el «bolígrafo» de cada facultativo.

Bien sabido es que la simpatía de los médicos asturianos por el titular de Salud tiende a cero, y esa desafección difícilmente se mitigará de aquí a mayo de 2011. Habrá que ver qué ocurre después de las elecciones autonómicas de la próxima primavera. Pero, suceda lo que suceda, la misión de los políticos y de los ciudadanos es evidente: obligar a los médicos y demás personal sanitario a cumplir con su deber y a hacer todo lo posible -por profesionalidad y por ética- para mantener en pie la empresa que les da de comer. Aunque el cuerpo les pida -que se lo pide a una amplia mayoría- hacer todo lo contrario de lo que les ordene su patrón. Salvo, claro está, que prefieran ganarse la vida en otro lugar y de otra manera.

Los gestores, por su parte, habrán de rechazar la tentación -que será intensa- de gestionar «alegremente» los magros fondos disponibles en los meses anteriores a los comicios, para dejar las arcas esquilmadas a los que vengan detrás.

Los usuarios, como financiadores de la sanidad pública, han de exigir a los médicos, enfermeros y demás que cumplan con sus obligaciones. Ahora bien: ¿Están dispuestos los ciudadanos a asumir las cotas de responsabilidad que les pide el consejero de Salud? De forma implícita Quirós habla de no ir a urgencias salvo que sea estrictamente necesario, de no presionar al médico hasta acumular en casa un auténtico arsenal de fármacos, de no exigir resonancias y escáneres injustificados... Es más que probable que al usuario medio, un tanto «refalfiado» en materia sanitaria, le cueste ajustarse un cinturón tradicionalmente elástico. Todo apunta a que esa labor de concienciación va a resultar costosa. El tiempo lo dirá.

En los vuelos de bajo coste no hay regalos: cualquier consumición cuesta dinero y aquellos refrigerios gratuitos que tan bien sentaban se han acabado. Quirós afirma que la sanidad del futuro, aunque más barata, no suprimirá los tentempiés. Habrá que ver qué ocurre con las innovaciones tecnológicas. Y con los nuevos medicamentos, casi siempre caros. Y con los plazos de los pagos a los proveedores. Habrá que ver si la sanidad «low cost» nos da lo mismo a más bajo precio o si a mitad de vuelo se anuncia a los pasajeros por megafonía que ha llegado la hora de elegir: dar pedales o apearse en un aeropuerto secundario de Chequia.