OPINION

Interesante opinión en el espacio “Tribuna” de La Nueva España

Funcionarios al punto de congelación

Sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007 y aún sin desarrollar

JOSÉ R. CHAVES, MAGISTRADO

Al igual que Pedro Picapiedra aullaba mientras golpeaba en la puerta de su casa para que Vilma se la abriese, diríase que los dos millones largos de funcionarios llevan más de tres años llamando a las puertas del Estado y de las comunidades autónomas para que desarrollen el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007, sin que se haya desarrollado ley alguna que lo complete y pormenorice.

En el horizonte inmediato, la única ley que se ocupará de tan vasto colectivo será la ley anual de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y lo hará para congelar sus retribuciones, sin actualizarse según el coste de la vida (cobrar menos por el mismo trabajo). También se ha congelado la oferta de empleo público (menos funcionarios para el mismo trabajo). E igualmente la carrera profesional está congelada (ningún estímulo para más y mejor trabajo), ya que sin procedimientos de evaluación de rendimiento bajo criterios objetivos, fiables, a largo plazo y diseñados por ley, lo único que muestra el panorama actual de las administraciones autonómicas, bajo un símil deportivo, son «carreras salariales», con medallas para casi todos, sin pruebas homologadas, sin control de dopajes o incluso amañadas.

Es más, también están congelados los recursos jurisdiccionales de los funcionarios frente a las grandes medidas que les afectan. Por ejemplo, el recurso que pueda plantearse frente al recorte salarial operado por el decreto ley estatal del pasado mayo quedará en el dique seco de la lista de espera del Tribunal Constitucional. Idéntica suerte correrá el recurso de inconstitucionalidad frente al decreto ley de la Junta de Andalucía del pasado julio que propiciará la integración de más de 20.000 personas como trabajadores fijos de la Administración andaluza, procedentes de sociedades y fundaciones públicas (donde su reclutamiento sorteó el mérito y la capacidad). En ambos casos, cuando lleguen los ansiados fallos del Tribunal Constitucional, presumiblemente antes de la próxima glaciación, perderá todo interés el litigio.

Bien está que los empleados públicos contribuyan a paliar la crisis (aunque cabe preguntarse por qué sólo ellos), pero mejor estaría compensarles de tal sacrificio con lo mínimo a que tiene derecho todo ciudadano: la seguridad jurídica, esto es, conocer la normativa que les resulta aplicable en cada momento.

Y es que nunca se aprobó en el Estado español una norma tan ambiciosa como la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, con la aspiración de conseguir la cuadratura del círculo de armonizar la legislación estatal con las legislaciones autonómicas, de acompasar funcionarios y laborales, y de fijar el régimen del empleado público del siglo XXI. Ese Estatuto, en vez de «madurar», parece que se «pudre», puesto que no ha sido desarrollado legal y reglamentariamente.

Así, el Estado no ha aprobado su ley de la función pública estatal pese a su importantísimo papel de espejo para las comunidades autónomas, y su vocación de norma supletoria. Las comunidades autónomas tampoco han aprobado leyes para su propia función pública desarrollando la legislación estatal e incorporando modelos originales de carrera profesional y retributiva (entre otras cuestiones deseables), limitándose hoy por hoy a parcheos puntuales para salir del paso. Nadie quiere bailar con el Estatuto Básico porque no quieren (temor a negociar con las fuerzas políticas o sindicales), no pueden (la crisis económica altera sus prioridades), no deben (saben que les cuesta dinero) o no saben (ni el punto de partida ni la meta).

Ante esta pasividad normativa, el alcance de los derechos y obligaciones de los funcionarios se ha judicializado, correspondiendo a los tribunales colmar las lagunas o salir al paso de sus interpretaciones. Así, la jubilación parcial de los funcionarios ha recibido luz verde de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en cambio ha merecido luz roja de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Los trienios para los interinos han sido reconocidos retroactivamente o no, según el Juzgado que toque en el orbe español. El Reglamento Disciplinario estatal para los funcionarios ha sido derogado para unos tribunales y en cambio subsiste para otros. Y en cuanto a la consolidación como fijos de los trabajadores temporales e interinos que el Estatuto diseña bajo mínimos, ha sido cocinada «al gusto» por cada Administración y «para disgusto» de muchos aspirantes.

Mejor sería que tanto el legislador estatal como los legisladores autonómicos hicieran los deberes y diseñaran el traje normativo de los funcionarios públicos al completo, y no en la situación en que estamos, en que la chaqueta es de hace tres años, conservando las mangas de hace cinco, y el pantalón de hace treinta pero, eso sí, dejando las solapas y las perneras para un futuro incierto, según el diseño y color que fije cada comunidad autónoma. Está claro que un traje así reventará por las costuras normativas, tejidas hoy día bajo crípticas disposiciones transitorias, derogatorias y finales.

El resultado es tan desolador como un paraje ártico. No sólo está congelado el Estado, entre los hielos de la crisis económica, sino que la tripulación funcionarial está paralizada por tanta congelación, y en esas condiciones malamente podrá salirse del encallamiento. Mientras tanto, al igual que los músicos del «Titanic» seguían tocando mientras se hundía el buque, nuestros políticos de todo pelaje parecen seguir bailando al son de las grescas partidistas o de ocurrencias para distracción de la ciudadanía.

Por AMALIA ÁLVAREZ

Primavera en París

Si los trabajadores, los estudiantes franceses, las mujeres francesas, los inmigrantes que viven en Francia, la izquierda francesa, los comunistas, los trotskistas, los socialistas franceses son capaces de generar una movilización importante contra las políticas económicas de su gobierno, no todo está perdido.

NUEVATRIBUNA.ES

Los estudiantes franceses han salido a la calle, han cerrado más de 300 institutos y se han sumado a las movilizaciones que desde hace tiempo mantienen los sindicatos franceses. Sus proclamas son claras. No buscan la playa debajo de los adoquines, quieren vivir dignamente, mejor que sus padres. "Cuanto más tarde se jubile la gente, menos esperanza tendremos nosotros de encontrar un trabajo. Además, defiendo una jubilación que, si no se lucha, va a desparecer, y también lucho por los derechos de mis padres". Con esta sencillez y esta lucidez, justificaba Elodie Roblet, de 18 años, su participación en las movilizaciones contra el proyecto de ley que retrasará dos años la jubilación, de los 60 a los 62 años.

Estamos al final del verano, ya casi en el otoño, y no se trata de un otoño solo meteorológico, se trata de un otoño que recorre Europa, un otoño en el que los ciudadanos parecen resignados, donde la voz que se escucha es la voz de los mercados, donde los gobiernos actúan al dictado del Fondo Monetario y del Banco Central, donde los ciudadanos se someten o se silencian. Un país donde la lucha la llevan en solitario los sindicatos, que son despiadadamente atacados, donde los grandes medios de comunicación retransmiten la imagen de una sociedad, la europea, resignada, silenciosa, hedonista, sin fuerza para rebelarse, para evitar que el viejo árbol que da sombra al modelo social europeo se quede sin hojas, donde una huelga de millones de trabajadores se ningunea, donde todo parece estar al servicio del pensamiento único, donde el horizonte se atisba con nubarrones que anuncia menos derechos, y menos Estado.

Por eso, saber que los estudiantes se suman a las movilizaciones de los trabajadores en Francia es una esperanza porque si los trabajadores, los estudiantes franceses, las mujeres francesas, los inmigrantes que viven en Francia, la izquierda francesa, los comunistas, los trotskistas, los socialistas franceses son capaces de generar una movilización importante contra las políticas económicas de su gobierno, no todo está perdido.

El “pequeño Napoleón” afirma no estar obsesionado con las reformas “pero yo tengo la responsabilidad de conducir la quinta economía del mundo. En un mundo que se mueve, no nos podemos quedar inmóviles". Este mensaje y esta forma de enunciarlo recuerdan dolorosamente a otro: “tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles. Voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste". Así habló hace un tiempo el presidente del gobierno de España. Parece una misma voz, una misma doctrina.

Por eso, si los estudiantes se suman a los sindicatos franceses, si los comunistas, los trotskistas, los socialistas apoyan las movilizaciones francesas, tal vez sea posible que al menos en París sea primavera. A veces la primavera llega con vientos fuertes, con tormentas, con tiempo revuelto, como el que parece que hay en la capital francesa.

Amalia Álvarez - Escritora

“Memorias” de Francisco Javier Fernández Casielles, en La Nueva España...

«Practiqué la medicina hasta que me harté de los comisarios políticos de la sanidad»

«Fraga, Pujol, Ibarra, Gabino? son gente que tienen necesariamente que confundir la Administración consigo mismos»

Hijo del médico de Pravia Francisco Fernández Pérez, y de María Teresa Casielles (hija y nieta de alcaldes de Pravia), Francisco Javier Fernández Casielles nace en 1942 y estudia en el Colegio San Luis. A continuación, cursa la carrera de Medicina en Madrid, donde reside en el colegio mayor Covarrubias, dirigido entonces por el asturiano Fernando Suárez. Casielles califica de «gran acierto» de sus padres el haberlo enviado a dicho colegio, donde convivirá con compañeros que más tarde tendrían proyección política y social. Al acabar la carrera, realiza, también en Madrid, la especialidad en aparato digestivo y después vuelve a Pravia.

Pravia, J. MORÁN, en La nueva España

Francisco Javier Fernández Casielles (Pravia, 1942) relata en esta segunda parte de «Memorias» su actividad como médico y sus inicios en la política, en 1979, como alcalde de su concejo natal por UCD.

Fundamentalistas.

«Al regresar a Pravia, comencé a trabajar con mi padre, a comienzos de 1969, de médico libre. En septiembre de 1973 me casé con Celia Menéndez, y hemos tenido cuatro hijos: Javier, Diego, Teresa y Paloma. En julio de 1975 obtuve plaza cuando crearon la Seguridad Social Agraria y estuve trabajando en esa plaza hasta 1989, que acabé harto y fundé la empresa Terpla. Una de las razones para dejar la medicina fue que acabé absolutamente harto de los comisarios políticos que había en aquel momento en la sanidad asturiana. Eran fundamentalistas. En la Consejería estaba Juan Luis Rodríguez-Vigil, una excelente persona, que para mí fue un buen consejero y un buen presidente hasta que lo engañaron con el «Petromocho», porque pecó de confianza en su gente. Me llevaba bien, y tengo muy buen concepto de él, con el director en Asturias del Instituto Nacional de Salud, Ortega, pero tengo mal recuerdo de sus subalternos, porque se empeñaban en que por ser de otro partido eras el enemigo. Salvo ellos, nadie tenía razón. Por ejemplo, a un médico de Pravia, Ángel Cabal, lo expedientaron porque en una reunión que tuvimos con Ortega y Matallana tuvo el atrevimiento de discutir si era mejor una antena de teléfono o una emisora de radio para que tuviéramos cobertura los médicos. Por esa grave diferencia doctrinal lo expedientaron; claro que quedó en nada, pero esas cosas te disgustaban».

Aguas y tifus.

«Otro ejemplo del grado de sectarismo lo tuve con María Luisa Carcedo cuando era directora de Salud Pública. Como médico y alcalde, una de las cosas que más me preocupaban de Pravia, y de la región, era la calidad del agua. Había vivido la última epidemia de tifus que hubo en Pravia en 1969. Era Fraga ministro de la Gobernación y se desayunó un día leyendo la noticia en LA NUEVA ESPAÑA. Mandó llamar al jefe provincial de Sanidad, que era Gasset de las Moreras, y le echó un rapapolvo. Cuando éste volvió de Madrid (fue y vino en el día) nos reunió a todos los médicos de Pravia y de la zona en el Ayuntamiento, a las ocho de la tarde, y nos dio instrucciones de clorar el agua. El alcalde, don Manuel, puso algún inconveniente y De las Moreras le dijo: "O cloras o te destituimos". Conservo de esa época una historia clínica de la Residencia de Oviedo que dice: "Enfermo de tantos años, con fiebre alta desde hace días, dolor de cabeza y problemas abdominales? y que además es de Pravia; diagnostico: fiebre tifoidea". Esos sucesos no se olvidan y una de las primeras cosas que hice en Pravia, siendo alcalde, fue analizar todas las fuentes del concejo y poner letreros (que me quitaban) de "agua no potable" en la mayoría de ellas. Alguna vez mandé arrancar los caños para que no se bebiera de ellas y en otras hice una jugada que todavía dura: conecté la fuente a la red pública, como en La Canecha, en Prahúa. También le planteé a Juan Luis que hacía falta revisar todos los análisis de aguas de Asturias. Dijo que encantado y me mandó ponerme de acuerdo con Carcedo, pero ella me dijo que si yo iba a sacar beneficio político. Después de un par de meses de discusiones, Juan Luis le dijo que estuviera tranquila y me mandaron unos cajonados con todos los análisis de los dos últimos años. El 85 por ciento de la población de Asturias no tenía problemas, por ejemplo en los grandes núcleos, pero fuera de ellos era espantoso: el 90 por ciento de las traídas estaban contaminadas. Entonces, la reacción de ellos fue la misma que la de los paisanos de los pueblos: "Llevamos años tomando ese agua y no nos pasa nada". "A vosotros no, que ya estáis inmunizados, pero en el momento en que beba un forastero puede coger una colitis o cualquier cosa". Hicimos una proposición no de ley y se aprobó y hubo un avance. Aquello fue por colaboración, no por oposición; fue colaboración con Juan Luis, pero con la oposición de María Luisa Carcedo».

Mapa sanitario.

«En aquellos años, la práctica de la medicina era dura. En Pravia, teóricamente, había cuatro médicos. Uno de ellos era mi padre, que entonces estaba enfermo y un temporada trabajaba y otra no. También había otro médico con problemas. En la práctica, hubo varios años que estábamos viviendo y trabajando en Pravia dos médicos. Había temporadas en el invierno que te levantabas a las siete de la mañana y trabajabas hasta la una de la madrugada, que era cuando dejabas de atender avisos a domicilio porque la gente ya se había acostado. Había más población que ahora y muchos más críos. Éramos dos médicos, una comadrona y un practicante. Ahora hay treinta y pico profesionales, seis de ellos médicos. Pues ni lo de antes ni lo de ahora. Hay exceso de personal y ésa es una de las razones del déficit de la sanidad. Cuando Juan Luis hizo el mapa sanitario, era lógico, dadas las malas comunicaciones, pero ahora es necesario fusionar áreas sanitarias. No puede haber un hospital para treinta y pico mil habitantes, en la zona de Cangas, o para cuarenta y pico mil en la zona da Navia. Hay que garantizar la atención, y los problemas de hoy en comunicaciones son mucho menores que entonces».

Medicina al trote.

«En aquella época, cuando se acababa la carretera, te venían a esperar con el caballo. Afortunadamente, nunca fui a caballo. Estaba entrenado de hacer piragüismo y cross e iba al trote por los caminos. Pero mi padre, que era forense, hizo servicios a caballo. De vez en cuando iba a las minas de hierro de Saliencia, en Somiedo. Tenía que entrar por León y lo esperaban con el caballo. Después pasaba varios días molesto, con rozaduras y agujetas. Yo me acordaba de mi padre y evitaba el caballo. Había también un problema muy importante, que era una consideración social. Ahora tienes una duda en el diagnóstico y mandas al enfermo a la residencia, pero en aquel momento el 90 por ciento de la gente del campo no tenía ninguna cobertura. Entonces, antes de hacerle pagar un montón de dinero, que tendrían o no, tenías que asegurarte mucho. Era para mí otra responsabilidad añadida».

Fama de izquierdista.

«No tuve aficiones políticas de joven, aunque cuando estaba estudiando en Madrid me gané en Pravia fama de izquierdista por una confusión. A Alfonso Selgas, el pintor, compañero mío del San Luis, sin que fuera activista, lo detuvieron Claudio Ramos y sus muchachos en Oviedo y tuvo juicio en el Tribunal de Orden Público de Madrid. Yo fui al juicio como amigo suyo. El padre de Alfonso era Francisco y lo llamaban a veces Paquín, como a mi padre. Entonces, en Pravia se corrió la voz de que habían detenido al hijo de Paquín y se interpretó que era yo. Esto fue hacia 1967 o 1968. Para muchos, yo era comunista, sin serlo, porque no tenía inquietudes políticas, sino culturales (aunque éstas solían tener relación con la izquierda). Ya en Pravia, organizamos dos o tres veces una revista oral, hasta que un día hubo un follón. Aquel día habíamos hecho algo de teatro leído, de Arrabal, y habíamos leído dos o tres artículos de varios autores. Luego habló un inglés y dijo que no merecía la pena pelearse por Gibraltar. Se armó el lío y el alcalde nos llamó al Ayuntamiento. Mateu de Ros era el gobernador civil y estaba de reposo en Salinas, porque había tenido un infarto. El Alcalde lo telefoneó con nosotros delante, para tratar el caso, y lo primero que dijo fue: "Qué voz más saludable tiene hoy el señor gobernador". Nos dio un ataque de risa».

La oferta de Adolfo Barthe.

«Llegar a la Alcaldía fue absolutamente imprevisto. Pocos días antes de que me planteasen presentarme a las elecciones de 1979 yo estaba de tertulia con unos amigos y nos preguntábamos quién podría ser alcalde. Un día me paró por la calle, frente al casino, Adolfo Barthe, que entonces era jefe de dermatología en Avilés, y me planteó directamente que si quería presentarme como candidato por UCD. Quedé parado; lo consulté y a los dos o tres días dije que sí, pero puse condiciones, como crear mi equipo. Las elecciones fueron en mayo y esto sucedió en marzo o abril. En aquellos años el ambiente político era muy distinto del de ahora. Como había un cambio de época, la gente estaba más preocupada por arreglar el país que no de arreglarse la vida profesionalmente. La política como profesión no existía. Fui alcalde, pero seguí trabajando como médico. No quería de ninguna forma convertirme en político profesional, no porque me pareciese deshonesto, sino, simplemente, porque no era mi objetivo de vida. Además estaba convencido -y lo sigo estando- de que había que poner un límite de tiempo a la actividad política pública».

MacArthur y la política.

«Estoy leyendo una historia de la Guerra de Corea y en ella un militar dice que cuando MacArthur fue de virrey a Japón llevaba treinta años de general y con la gente adulándole y besándole el trasero, así que MacArthur se creyó que él era la encarnación del Ejército y de los EE UU. Fraga, Pujol, Ibarra, Gabino? son gente que tienen necesariamente que confundir la Administración consigo mismos. Eso no es sano».

¿Hasta cuándo se permitirá la situación en que ciertas élites que además de tener privilegios exuberantes son enormemente incompetentes en sus funciones públicas, estén dictando lo que debe ocurrir en España y en el mundo?...

LAS ELITES FINANCERAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LAS PENSIONES (INCLUYENDO LAS SUYAS)

Por Vicenç Navarro

Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) está financiada primordialmente por las Bancas, por las Cajas y por las Compañías de Seguro. Entre sus mayores patrocinadores están el Banco Sabadell, el Banco Popular, Caja Madrid, BANESTO, el Banco Santander, BBVA, La Caixa, y un largo etcétera. Es, en otras palabras, lo que en la terminología anglosajona se llama el Think Tank del capital financiero, el grupo fáctico más poderoso de España. Su influencia en diseñar, reproducir y promover la sabiduría convencional económica del país es enorme. Durante años, su empeño ha sido hacer creer a la población española que el sistema público de pensiones en España no es viable, a no ser que se recorten de una manera sustancial las pensiones públicas. Año tras año han ido publicando informes alertando de que tal sistema se colapsará en fecha próxima, fecha que se ha ido retrasando constantemente al no realizarse el colapso en la fecha predicha. El objetivo de este alarmismo era y es asustar a la población para que vaya corriendo al Banco, a las Cajas y a las Compañías de Seguros para comprarse un plan de pensiones privado. El enorme problema que tienen es que la crisis financiera ha afectado muy negativamente tales fondos de pensiones privadas, reduciéndose su valor de una manera espectacular. Mientras, la Seguridad Social que según sus previsiones tenía que haber colapsado ya en 1995, después en 2000, y más tarde en 2010, hoy continúa en superávit.

Pero el capital financiero (responsable, por cierto, de la crisis financiera actual) no desiste. Y acaba de publicar un informe en el que por enésima vez se afirma que el sistema público está en quiebra, no es sostenible, y deben hacerse cambios, que todos ellos pasan por una reducción de las pensiones para la mayoría de pensionistas. El documento (Fedea propuestas, 07.10.10) está apoyado por los mismos cien economistas que publicaron otro informe reciente indicando que era necesario despedir más fácilmente a los trabajadores a fin de reducir el desempleo. Y como era fácilmente predecible, la puesta en marcha de una ley inspirada, en parte, en este principio, ha determinado, no un descenso, sino un aumento del desempleo. Ahora, y siguiendo la misma lógica, los mismos economistas indican que para tener mejores pensiones públicas en el futuro, éstas tienen que reducirse ahora.

El argumento es idéntico al que han utilizado en los mismos informes anteriores (para ver una crítica a los argumentos utilizados en éstos y otros informes que cuestionan la viabilidad de las pensiones, ver Navarro V., Torres J. Y Garzón Espinosa A., ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan” Attac 2010). Así, el argumento de que el sistema no es viable se basa en la siguiente afirmación: ahora hay 4 personas en edad activa por pensionista, y dentro de cuarenta años habrá sólo 1,75 por pensionista. De esta predicción concluyen que los pensionistas del futuro no podrán recibir las pensiones, porque no habrá suficientes trabajadores para sostenerlas. Esta afirmación, sin embargo, se basa en unos supuestos erróneos. Uno de ellos es que el punto clave para definir si las pensiones serán o no sostenibles no es el número de personas con edad de trabajar (como hacen los 100 economistas), sino del número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social, y el tamaño de tal cotización. Este último dependerá del salario (resultado, en parte, de la productividad del trabajador) y del tamaño de la cotización (que depende, a su vez, de decisiones políticas) tanto del trabajador como del empresario. Veamos el primer factor analizando el impacto de la productividad en la creación de riqueza, y por lo tanto, en las cotizaciones sociales, un punto ignorado en el informe.

Hace cuarenta años, el porcentaje de la población trabajando en agricultura en España era el 30%. Hoy es sólo el 3%. Este 3% produce más que el 30% de hace cuarenta años. En realidad, el estado da subsidios a los agricultores para que no produzcan más. Fíjense lo absurdo que hubiera sido que hace cuarenta años los “cien economistas de entonces” hubieran alarmado a la población, utilizando el argumento de que la disminución del número de trabajadores en el campo durante los siguientes cuarenta años conduciría a una disminución en la producción de alimentos para nutrir a la población, con lo cual, la población dentro de cuarenta años padecería hambre. Los alarmistas “cien economistas” que hubieran hecho esta predicción entonces harían el ridículo, pues no habrían tenido en cuenta que, consecuencia del aumento de la productividad, un trabajador agrícola produciría en cuarenta años lo que producían diez hace cuarenta años. Sustituyan la palabra alimento por la de pensiones, y podrán ver lo absurdo que es lo que están diciendo los “cien economistas” para alarmar a la ciudadanía sobre que no se podrán pagar las pensiones dentro de cuarenta años. Dentro de cuarenta años, la productividad será tal que se necesitarán menos trabajadores por pensionista que los que se necesitan ahora.

Por otra parte, el sistema de financiación de las pensiones contributivas es regresivo, pues a partir de un cierto nivel de renta, no se cotiza a la Seguridad Social. Se llega a una situación en que el Sr. Botín, cuya renta es más de 500 veces la de un trabajador cualificado, paga lo mismo a la Seguridad Social que el último. Si se corrigiera tal sistema, tal como se ha propuesto en EEUU (donde Bill Gates paga sólo 6.520 dólares a la Seguridad Social) los ingresos a la Seguridad Social se incrementarían en un tercio. Y nunca olvidemos que no hay nada escrito en las biblias económicas que indique que las pensiones deban pagarse a base de contribuciones basadas en el mercado de trabajo. Podrían pagarse a base de gravar el capital financiero (que financia el informe) haciendo que las rentas de tal capital se graven al mismo nivel que las rentas del trabajo. Con ello, las pensiones podrían mejorarse, pues el problema que tienen es que son demasiado bajas.

Una última observación. A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional ha sido y continúa siendo el grupo de presión más importante para convencer al gobierno Zapatero de que reduzca las pensiones públicas españolas. Debiera conocerse que el FMI está pidiendo al gobierno español que haga lo contrario que el FMI hace con sus propios funcionarios, cuyo nivel de pensiones alcanza unos niveles extraordinariamente exuberantes. Tales funcionarios pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando el total de sus salarios, que alcanzan cifras equivalentes a 160.000 euros. El pensionista español necesita trabajar cuarenta años para alcanzar la cifra máxima de la pensión, que nunca representa el 100% del salario, sino el 80% de su base de cotización. La cantidad máxima que puede recibir es de 22.000 euros. El funcionario del FMI recibe 160.000 euros (de fondos públicos) y más. El gobierno Zapatero debería decirle al FMI que no tiene autoridad moral para predicar austeridad y todavía menos para recomendar reducir, aún más, unas pensiones, como las españolas, que son claramente insuficientes (resultado en parte de que los salarios son muy bajos). Las élites dirigentes del mundo, sumergidas en la opulencia, están exigiendo austeridad a todos los demás y lo justifican diciendo que es por su propio bien. ¿Por qué no comienzan la austeridad ellos mismos? En realidad, la sonada incompetencia del FMI, que no predijo la crisis, que no la previó, y cuyas políticas dificultan la recuperación, no justifica ni su existencia ni sus privilegios. Por cierto, lo mismo debiera decirse de las élites bancarias en España (incluyendo Fedea), que están pidiendo una reducción de las pensiones, mientras que sus salarios y pensiones son exuberantes. ¿Hasta cuándo se permitirá esta situación en que tales élites que además de tener privilegios exuberantes son enormemente incompetentes en sus funciones públicas, estén dictando lo que debe ocurrir en España y en el mundo?

14 de octubre de 2010

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

“Con la movilización y la unidad podemos cambiar los aspectos que nos quieren imponer ”, la minería, una vez más, lo está demostrando.

Maximino García: «No asumimos un plan de cierre de las minas»

El secretario General de la Federación de Industria de CCOO, Maximino García, fue uno de los sindicalistas encerrados, y en huelga de hambre, en el Ministerio de Industria para denunciar la situación de la minería. Con los problemas a corto plazo solucionados, el responsable de CCOO analiza el futuro del sector.

11/10/2010/ Luis Fernández / OVIEDO, en La Voz de Asturias

El secretario General de la Federación de Industria de CCOO, Maximino García, fue uno de los sindicalistas encerrados, y en huelga de hambre, en el Ministerio de Industria para denunciar la situación de la minería. Con los problemas a corto plazo solucionados, el responsable de CCOO analiza el futuro del sector.

¿Satisfecho por la aprobación del real decreto?

Hay que estar satisfechos porque el proceso de movilización dio sus frutos. Una vez más, lo triste es que hayamos tenido que recurrir a la movilización para poner en valor lo que realmente tenemos escrito, como es que el carbón nacional tiene que ser comprado y consumido por las centrales térmicas y también que las ayudas tienen que ir encaminadas, en primer lugar, a abonar el salario de los trabajadores. Además, también conseguimos el compromiso de poner en marcha un plan de trabajo entre Gobierno y sindicatos para configurar un borrador de cara a la discusión del reglamento de ayudas al carbón.

Especialmente dura fue la situación de los mineros con nóminas sin cobrar.

Nosotros lanzamos un órdago al Gobierno en la línea de que estamos hablando de recursos públicos y donde, una vez más, se incumple el acuerdo del 18 de mayo. Pedimos que las subvenciones estén vinculadas al pago de salarios y que se pagasen los atrasos.

Entre las medidas planteadas se está estudiando la creación de una gran empresa pública para la minería.

Como sector estratégico creemos que el Estado puede tener una mayor presencia que haría una mejor gestión y tendríamos claro hacia dónde van los recursos. Esto depende de una acción política de mucho calado.

De todas formas parece complicado por la polémica levantada por la aprobación del real decreto. ¿Qué le parece la postura de la Xunta de Galicia y de las empresas eléctricas?

Nosotros las entendemos. En su momento planteamos al Gobierno que esto podría significar un problema para aquellas empresas que tuviesen que salir de red, y planteamos la posibilidad de incentivar esas salidas. Entendemos que el Gobierno debe buscar algún mecanismo para que esas empresas no pierdan el 100% de sus inversiones y que todos podamos salir satisfechos y lograr un acuerdo.

Las protestas llevadas a cabo en la región, ¿sirven para reforzar el papel protagonista del sector minero en la sociedad asturiana?

No sólo en la sociedad asturiana. Queda más que demostrado que la gente sigue unida, la solidaridad sigue patente y sirve para que los trabajadores de diferentes sectores nos demos cuenta de que con la movilización y la unidad podemos cambiar los aspectos que nos quieren imponer.

¿Qué expectativas manejan de cara a la aprobación del reglamento de ayudas por parte del Consejo Europeo?

Debemos intentar convencerles. Hay que dejar claro que no podemos seguir creciendo en la dependencia energética, y para ello buscamos la manera de contribuir en la no emisión de CO2 a la atmósfera. A partir de ahí no hay ninguna razón, más allá de la económica, para que no se prorroguen las ayudas. Creemos que la reserva estratégica debe seguir porque sin recursos autóctonos estaríamos en mano de terceros y considero que vamos a tener la capacidad de conseguir ayudas al funcionamiento por encima de 2018.

¿Hay que conformarse con conseguir la prórroga hasta 2018 o hay que ser más ambiciosos?

Más que la temporalidad, me preocupa el sistema, si van al mantenimiento o a un plan de cierre. Está claro que no podemos asumir un plan de cierre, sería hablar de no inversión y de pérdida de empleo.

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, aseguró que es muy difícil que se mantengan las ayudas más allá de 2014.

Las declaraciones de Almunia están fuera de lugar, sobre todo, si tenemos en cuenta que forma parte de un partido donde el presidente y el mMinistro están apoyando un equipo de trabajo para lograr la prórroga de las ayudas más allá de 2014.

El futuro pasa por las plantas de captura de CO2. ¿Está Asturias preparada para ese cambio?

Es cierto que van a un ritmo lento, pero está demostrado, otra cosa es el precio, que es posible la captura, el secuestro de CO2 y por otro lado también la combustión limpia de carbón. Hay que tener en cuenta que las únicas alternativas son las energías renovables, que tiene una inyección de subvención mucho mayor, así que superado el problema medioambiental no quedan argumentos en contra.

La inercia de utilizar comparaciones sólo cuando es interesa es una tendencia muy común a la que nadie escapa

«Con menos dinero no puedes dar una atención sanitaria de calidad»

«El Sespa debería investigar las cuentas de Jove, porque cuando ofreces una asistencia pública debe ser igual en todos los hospitales»

Jorge Santurio Presidente del Comité de Empresa del Hospital de Jove

11.10.10 – GIJÓN, en El Comercio.

Jorge Santurio preside el comité de empresa de Jove, hospital que en los últimos meses se ha visto afectado por los recortes financieros del Servicio de Salud del Principado. Este auxiliar de Psiquiatría, que prefiere la denominación de técnico en cuidados de enfermería, asegura que los recortes están afectando a la calidad de la atención que ofrece el centro sanitario concertado, que tiene asignada una población de 80.000 gijoneses.

-Tras el descenso de la financiación proveniente del Servicio de Salud, ¿cuál es situación de Jove?

-La situación es dura y crítica porque los recortes agravan aún más nuestra situación de austeridad. Jove tiene un presupuesto y un personal muy ajustados. Las diferencias con otros centros públicos son enormes.

-¿Por ejemplo?

-Jove, con 206 camas, tiene 485 trabajadores, mientras el Hospital de Langreo, de la red pública, con 203 camas tiene asignada una plantilla de 845 personas, casi el doble.

-¿La carga de trabajo es la misma?

-Nosotros hacemos más, incluso.

-En los últimos años, Jove se ha visto inmerso en varios conflictos laborales. Desde la huelga de 47 días de 2003, hasta las últimas movilizaciones para demandar la carrera profesional. ¿No temen que los usuarios se cansen de todo eso?

-En todas las encuestas de satisfacción salimos como los mejor valorados. Nuestras reclamaciones van en favor de los pacientes, no en contra.

-¿Qué recortes está aplicando ahora el hospital concertado?

-Ha suspendido las consultas y la actividad de quirófanos de la tarde. También ordenó el cierre de una planta de 32 camas y, por tanto, dejó de contratar a 17 profesionales. A su vez suprimió dos puestos de sanitarios (celadores), lo que hace que por la noche sólo quede uno para todo el hospital. Ese único celador se tiene que encargar de traslados, quirófanos, mover enfermos. También quitó un técnico de rayos, lo que está repercutiendo de forma negativa en las Urgencias porque incrementa los tiempos de espera. Asimismo, retiró a una telefonista dejando la plantilla bajo mínimos. Por si fuera poco, a todo eso se une la reducción de guardias médicas durante la noche. El hospital tiene ahora un único facultativo de medicina interna, que tiene que atender ingresos, ir a la UCI, pasar por las plantas, bajar a Urgencias. También hay un traumatólogo menos, lo que nos está impidiendo hacer operaciones de urgencia.

-¿Reciben los pacientes de Jove el mismo trato que los de Cabueñes?

-Desde el punto de vista de dotación y medios, no. Eso lo tendrían que analizar el consejero de Salud y la gerente del Sespa, porque cuando ofreces una asistencia pública tiene que ser igual en todos los hospitales. Jove tiene un presupuesto de 32 millones mientras el hospital de Langreo ronda los 47 millones. Nosotros damos mucha calidad humana, pero la atención no es la misma. Con menos dinero no puedes dar la misma calidad. El servicio se resiente.

Contacto con los vecinos

-Los médicos han remitido una carta a la gerente del Sespa en la que dicen que los recortes ponen en peligro la salud de los pacientes. ¿No es esa una acusación algo fuerte?

-Es fuerte, pero es real. Un único internista y un sólo sanitario para todo el hospital suponen un riesgo.

-¿No hubiera sido más fácil que los trabajadores de Jove aceptaran bajarse los sueldos como ocurrió con los funcionarios?

-Claro que hubiera sido más fácil y desde luego la empresa lo puso sobre la mesa. El problema es que cuando les conviene nos quieren tratar como hospital público y cuando no, nos aplican criterios de privada.

-¿Qué diferencia de sueldos hay entre Jove y Cabueñes?

-No cobramos ni carrera ni desarrollo profesional, aunque en el resto de conceptos estamos equiparados.

-Y en dinero, ¿cuánto es?

-Varía en función de cada categoría. Los técnicos en cuidados de enfermería (auxiliares) cobran unos 300 euros anuales menos. Las enfermeras, 600 y, los médicos, 1.200.

-Se han reunido con los vecinos de la zona Oeste. ¿Han llegado a algún acuerdo de acción común?

-Les expusimos nuestra situación y quedaron en llamarnos. Los vecinos están muy preocupados por el cierre de una de las plantas y porque ellos llevan años reclamando la apertura de una unidad de pediatría, algo con lo que nosotros estamos completamente de acuerdo.

-Ha sido muy criticado el hecho de que el comité de empresa que usted preside haya suspendido las protestas para irse de vacaciones.

-No fue así. Las movilizaciones las iniciamos en verano tras conocer por la prensa la reducción del presupuesto. En ningún momento dijimos que las íbamos a mantener en el tiempo. Las protestas eran puntuales en espera de lo que pasara y no las suspendimos para irnos de vacaciones. Quien diga eso está mintiendo.

-¿Habrá más movilizaciones?

-Ahora estamos a la espera del resultado del juicio por conflicto colectivo que hemos presentado, aunque supongo que algo más haremos.

-¿Qué solución le ven a esto?

-La solución pasa por que la gerente del Sespa y el consejero de Salud miren e investiguen las cuentas de Jove y determinen si esta situación de recorte se puede mantener en el tiempo. Porque una cosa es que haya pérdidas y otra muy distinta es que deje de ganar dinero. El Principado debería implicarse más, pues aquí atendemos a pacientes de la red pública.

Hermano pobre

-¿El hospital tiene beneficios?

-Las cuentas del hospital, por ser una fundación privada, son datos reservados. No obstante, a día de hoy creemos que el centro podría asumir el recorte. El año que viene no lo sé, porque hablaríamos de un descenso en la financiación de 1,5 millones.

-La alcaldesa es miembro del patronato de la Fundación Hospital de Jove. ¿Se han puesto en contacto con el Ayuntamiento?

-Hemos pedido una reunión con el Ayuntamiento de Gijón y con el de Carreño, pero no tuvimos respuesta.

-Se suele acusar a los centros concertados de estar más preocupados por ’hacer caja’ que de ofrecer una buena atención. ¿Está de acuerdo?

-El hospital es una fundación privada que, como tal, busca beneficios. Los recortes no representan una pérdida en el sentido estricto, sino más bien un impedimento para ganar tanto dinero como antes.

-¿Se sienten como el hermano pobre de Cabueñes?

-Ya no como el hermano pobre, sino como un primo lejano. De un tiempo a esta parte, Cabueñes creció y mejoró mucho, mientras Jove se ha quedado. Cabueñes es el rico y nosotros, los pobres.

-¿Temen un ERE?

-No creo que llegue a tanto. En parte, porque Jove se encarga de atender a 80.000 habitantes.

-Si necesitara atención como paciente, ¿Jove o Cabueñes?

-Según qué especialidad, me lo pensaría. No obstante, como conozco muy bien Jove, sé que el trato que da el personal tapa otras carencias. Desde luego cuando tengo que elegir centro por algún familiar, recomiendo que acudan a Jove. Aunque tengamos problemas, Jove es un hospital que engancha.

Editorial de La Nueva España de hoy

Los Presupuestos del Estado, una dura purga para Asturias

Dicen los socialistas asturianos, siempre tan disciplinados, que la crisis «es de caballo» y que, en consecuencia, de los Presupuestos del Estado para el próximo año sólo pueden esperarse severas restricciones. Basta echarle un vistazo a las Cuentas para advertir de que eso es así para algunas regiones más que para otras, y Asturias no aparece incluida precisamente en la relación de las menos perjudicadas. Los Presupuestos retrasan indefinidamente la conclusión de las principales comunicaciones, amenazan los fondos mineros -hasta ahora una partida para la reactivación de las comarcas carboneras blindada por contrato público- y comprometen la recuperación de Asturias que tanto había costado encauzar. Son una dura purga.

Que las cuentas públicas tenían que bajar de la nube nadie lo duda. Que no están las cosas para exigencias y sí para sangre, sudor y sacrificios es evidente, por más que los políticos esquiven pedirle de frente y a las claras ese esfuerzo al ciudadano. Que los grandes números del Estado para 2011, malos para todos, demandan un esfuerzo mayor de unos que de otros no puede negarse. Gana el País Vasco, la comunidad que aporta los votos de un partido nacionalista que garantizan la estabilidad momentánea del Gobierno. A su régimen económico especial suma ahora por el favor 427 millones de euros para políticas de empleo, y eso que tiene la menor tasa de paro de España. Mantienen su peso Cataluña, la gran reivindicadora, y Andalucía, el granero socialista en las urnas. Pierde Asturias, la comunidad, junto a Cantabria, a la que recortan más inversiones desde que empezó la crisis, que pasa de 1.084 millones de euros en 2008 a 556 millones en el próximo Presupuesto.

Denunciar esto no puede entenderse como clamar por la sopa boba, aferrarse al discurso de plañidera o negarse a desterrar ese victimismo que de modo tan injusto como incierto se atribuye a los asturianos. Hay que tomar conciencia de que toca sufrir y arrimar el hombro, pero también de que sin principios de equidad o justicia redistributiva nos encontraremos con regiones que son mucho más pobres que antes y otras que son sólo un poco menos ricas. Cuando los recursos escasean, la pugna y la presión de unas autonomías ya de por sí voraces para arrimarlos a su morral se recrudecen. Ignorarlo sería de cándidos.

La más drástica consecuencia del Presupuesto para la región es que la conclusión de la Autovía del Cantábrico, por Oriente y por Occidente, queda en el aire. El propio Gobierno la demora a 2015. Este año los tramos pendientes recibieron tras la poda 83 millones de euros y estuvieron prácticamente parados. Para el próximo tienen consignados 89,9 millones, así que, por mucho que los estiren, el resultado será parecido.

Lo que no es admisible es que un eje vertebrador de todo el Norte que empezó a planificarse en 1959 y comenzó a construirse en Asturias en 1988 sea sistemáticamente relegado por las cuentas estatales cuando llegan las estrecheces. En el mejor de los casos, si efectivamente se cumplen los últimos plazos, los asturianos habrán esperado 56 años desde que se ideó el proyecto y 27 desde que empezó la obra para ver ejecutado un corredor esencial que beneficia a toda España. Parece nuestro sino. La «Y» fue concebida nada menos que en 1927 y se abrió al tráfico medio siglo después. La autopista del Huerna comenzó a tramitarse en 1963 y no estuvo completa hasta 1997. A esta velocidad de tortuga no hay región que pueda solventar en tiempo y forma sus desfases, y la brecha con respecto a las más desarrolladas se vuelve inalcanzable.

La crisis llegó en el peor momento: con todo a medias. Fue una temeridad dar por resueltas las comunicaciones de Asturias hace tiempo y distraerse en nuevas reclamaciones, como la autovía a Ponferrada o el túnel del Sueve. Serán interesantes, pero después de finalizar lo que hay en marcha. Desgraciadamente, cuando contábamos con posibles no se concentraron esfuerzos en liquidar lo importante, ni se establecieron prioridades. Si hay que hacer autocrítica eso debe pesar en nuestra contra.

Ningún Gobierno, salvo el de Zapatero, y eso que presume de ser el de mayor sensibilidad social, se atrevió a tocar los fondos mineros. El dinero para obras y empleo se recorta en un 44%. Con independencia del acierto o desacierto en el uso de esas partidas -asunto de otro debate-, el precedente es muy grave para las comarcas carboneras. Los fondos fueron firmados públicamente con los sindicatos a cambio de asumir una enorme pérdida de empleo. Ahora, una de las partes, el Estado, rompe su compromiso y empantana proyectos vitales para intentar recomponer el modelo económico de los concejos que dependen de la minería.

No deja de chocar que la Laboral reciba más que el Prerrománico y, aunque lamentarlo en estas horas de apreturas de cinturón no parece lo más oportuno, casi no sorprende ya la subvención menguante a la Temporada de Ópera de Oviedo, un inexplicable clásico de cada ejercicio, un agravio comparativo con otros festivales de mucha menor raigambre, historia y calidad que cuentan con generosas e indiscutidas dotaciones.

Los Presupuestos radiografían un país. Los de 2011 señalan dónde está nuestro cáncer: el pago de los intereses de la deuda del Estado, fruto del desenfreno de estas legislaturas, supera el coste de los funcionarios y triplica el de las infraestructuras. También desnudan los palos de ciego de las erráticas políticas en marcha: reducen mucha inversión productiva y poco gasto corriente, mantienen intacta la subvención a partidos y sindicatos, talan el capítulo para investigación y desarrollo y engordan el monto de personal pese a reducir salarios.

Ni el gobernador del Banco de España se corta a la hora de restar credibilidad a estas cuentas, por optimistas e ilusas en sus previsiones. Si la interminable recesión se encarga de endurecerlas, pongámonos en lo peor para Asturias.

Para reflexionar

Por Albert Recio en “mientrastanto.e”

Interrogantes tras la huelga general

I

La convocatoria de huelga general ha sido un éxito. Especialmente si se compara con los presagios de días anteriores, con los sondeos que auguraban que una ínfima minoría de la población iría al paro. El mérito es de los sindicalistas y de los activistas sociales que han realizado un esfuerzo de convocatoria y movilización a la altura de las circunstancias. Y han conseguido, cuanto menos, activar a sectores importantes de la clase trabajadora a pesar del desánimo, la ausencia de perspectivas, la precarización y el desempleo masivo. Una vez más se ha puesto de manifiesto que los grandes sindicatos, UGT y CCOO tienen capacidad de llegar a muchas partes y de promover procesos sociales de gran envergadura. Mérito también de los sindicatos menores, críticos habituales de los grandes, pero que han comprendido que el envite era crucial y han aportado también su parte de esfuerzo al éxito de la jornada. Y mérito sin duda de los millones de personas que antepusieron su dignidad y sus principios al temor a las represalias, a la pérdida de ingresos y a los argumentos de la reacción a favor de la pasividad.

El que el paro no fuera total forma parte de la normalidad. En todo el mundo las huelgas generales suelen ser como ésta: paros y manifestaciones importantes sin colapso total. Especialmente en un país donde se aplican servicios mínimos. Y resulta erróneo comparar cualquier movilización de este tipo con la del 14-D de 1988 cuando el paro fue espectacular. Pero allí confluyeron tantos elementos favorables que difícilmente se repetirán: desde el fundido en negro de TVE a las 12 de la noche hasta el apoyo evidente de la derecha a la huelga, pasando por el pánico generado desde el propio Gobierno que, posiblemente, sirvió para que muchos establecimientos cerraran de “motu propio” por temor a los piquetes. Después, todo el mundo aprendió lecciones y el resto de huelgas generales han sido parecidas: movilizaciones fuertes pero no colapsos totales. Lo que permite a los medios de comunicación realizar valoraciones en función de su posicionamiento previo, en la mayoría de casos minimizando su impacto. Sin embargo, los números indican que la actual ha sido una movilización parecida a la del 2002 frente a Aznar, a pesar de desarrollarse en una coyuntura más difícil. Y sirve al menos para demostrar dos cuestiones básicas: que, a pesar de la impotencia, una parte importante de la población es consciente de la estafa colectiva que está padeciendo; y que los sindicatos tienen más apoyo social efectivo del que resulta de algunas encuestas.

II

El perfil de la movilización muestra, una vez más, la complejidad de la población asalariada. La incidencia de la huelga fue desigual. Los núcleos industriales fueron una vez más el centro de la movilización, aunque también se sumaron nuevos asalariados de los servicios. Donde el paro fue sin duda menor fue entre los sectores de asalariados profesionales, muchos en el sector público. Un segmento de población que, pese a haber experimentado la agresión de un importante recorte salarial, sigue manteniendo comportamientos insolidarios de clase media, atrapado en su individualista visión de la carrera profesional. Y, en algunos casos, claramente alineado con la derecha, como se ha constatado en el pasado con algunas huelgas profesionales (médicos, jueces...) o como se constata ahora viendo la proclama anti-huelga del CSIF en la que el boicot al paro se justificaba con un argumento corporativista: que los funcionarios ya habían hecho “su” huelga y no debían perder más dinero con otra (se supone de la casta inferior). La ampliación de la movilización a estos sectores va a seguir siendo difícil y exige pensar en un trabajo cultural específico.

En otro plano distinto, esta huelga trajo también una novedad política, la de sectores radicales que trataron de generar su “movilización alternativa” ante lo que ellos consideran “responsabilidad” de los sindicatos en la situación actual. Su importancia numérica no es grande, aunque sus acciones acaban teniendo bastante eco mediático. Seguramente su incidencia local es variable, pero en ciudades como Barcelona la influencia de este argumentario ha calado en una parte no desdeñable del activismo social. Cualquiera que tuviera acceso a los debates que circulan por la red podía advertir la amplitud relativa de un espacio en el que cualquier estructura institucionalizada es vista como parte del “sistema”, donde los sindicatos ocupan el mismo espacio que los financieros y los “políticos”, donde está ausente toda reflexión seria sobre los mecanismos de dominación y consenso social y donde continuamente se confunde la opinión personal con la de pomposos movimientos sociales. Ciertamente, se trata de un nuevo tipo de movimiento social cuya característica más preocupante es su incapacidad de entender que cualquier cambio social relevante exige comunicación, creación de empatía, diálogo, complejidad, mediaciones... Muchas de las nuevas actitudes son reflejo de la propia impotencia, frustración y desorientación que genera el momento, a lo que hay que añadir también los propios errores y sectarismos que emanan las organizaciones tradicionales. Pero, más allá de lo llamativo de sus insensatas intervenciones, lo realmente crucial es analizar cómo conseguir que esta base de activismo social deje de ser un espacio autorreferencial que esteriliza esfuerzos, genera tensiones innecesarias en las grandes luchas sociales y bloquea más que activa procesos sociales.

III

La huelga ha sido un éxito en tanto respuesta social a las políticas del Gobierno. Difícilmente lo va a ser en lo que respecta a conquistas tangibles. El Gobierno no va a retirar la reforma laboral. Y nada apunta a que vaya a hacer muchas concesiones en el caso de la reforma de las pensiones. Las razones de este enroque son diversas y fácilmente reconocibles. Empezando por el recobrado poder (si es que alguna vez lo perdieron) del sector financiero y sus adláteres, las organizaciones internacionales que no están dispuestas a soltar la presa (FMI, OCDE, UE) y no van a permitir ningún relajamiento en las políticas sociales. Por otro lado, el frente interno representado por los poderes económicos del país y en el que también se cuentan los asesores económicos de más prestigio (empezando por el todopoderoso Gabinete de estudios del Banco de España). Y también, porque Rodríguez Zapatero ha optado por dotarse de una imagen de firmeza y seguridad, incluso de una cierta aureola de “político que sacrifica su prestigio e ideales en aras a su responsabilidad”,  como vía para tratar de escapar a lo que puede ser su jubilación anticipada.

En el marco actual hay poco margen para la negociación. Lo mismo ocurrió tras la huelga de 1994 que fue incapaz de alterar el signo de la política laboral y social.

El dilema para los sindicatos es cómo seguir. Continuar la escalada de movilizaciones es una posibilidad. De hecho, es lo que piden los sectores más radicales. Pero el ejemplo de Grecia o Francia tampoco genera demasiado optimismo por cuanto la sucesión de meritorias luchas es insuficiente para alterar las políticas. Éste es el drama de los próximos tiempos. Y es el drama que hace años atenaza al movimiento sindical. El desplazamiento de los partidos socialdemócratas hacia el espacio neoliberal deja sin referente en el campo político a las luchas sociales. Permite incluso que su discurso sea presentado como un mero reflejo de intereses particulares (el de las burocracias sindicales, los de los trabajadores con empleo estable....). Y está claro que la movilización debe, de un modo u otro, continuar.

Para afrontar la actual situación se requiere, a mi entender, la suma de diversos aspectos. El primero, el desarrollo de un proyecto social alternativo al neoliberal en el que puedan insertarse con una cierta coherencia las demandas sociales. Es una tarea difícil y que exige un importante esfuerzo de reflexión, elaboración y propuesta. Sólo posible si se consiguen aunar energías e iniciativas sociales diferentes que cristalicen un mínimo referente, lo que requiere desarrollar procesos que vayan en esta dirección. En segundo lugar, la posibilidad de que alguna fuerza política recoja este impulso y permita cuanto menos quebrar la total hegemonía neoliberal en la esfera política. Algo que va más allá incluso del espacio nacional o estatal. No es tampoco un proceso sencillo en ningún país, pero resulta más necesario que nunca. En España ello es aún más difícil por la incapacidad de una parte del movimiento sindical, hasta el momento, de distanciarse del PSOE, y por la existencia de los problemas de configuración nacional que complican los encajes. Y en tercer lugar, el despliegue en la sociedad de una actividad cultural, prepolítica, orientada a deslegitimar la propaganda neoliberal, a romper el fraccionamiento social, a desarrollar la participación y la reflexión. Demasiadas tareas para sindicatos que padecen también de acomodamiento y burocratización. Pero sin generar dinámicas en estos tres campos tenemos políticas neoliberales y desastres sociales para mucho tiempo.

De hecho, el actual techo de movilización ya se experimentó en 1994. Entonces, la respuesta sindical fue un repliegue respecto a sus posiciones anteriores (la Propuesta Sindical Prioritaria, de corte socialdemócrata avanzado, y la actitud movilizadora que tuvo lugar en el período 1988-1992) y el predominio de unas políticas de concertación social de bajo perfil. El crecimiento económico posterior a 1995 y las tímidas políticas reformistas del primer gobierno Zapatero permitieron que se dieran modestísimos avances sociales o que, cuanto menos, el desastre social tuviera niveles “tolerables” (en gran medida porque los mayores costes del mismo fueron sostenidos por el nuevo ejército de reserva de los recién llegados, ellos mismos más dispuestos a tolerar unos costes sociales aceptados como “peaje” de entrada). Puede que después de la Huelga y la constatación de la imposibilidad inmediata de revertir la situación la tentación del regreso a la normalidad vuelva a presentarse. Pero no parece que la coyuntura vaya a ser igual de permisiva que en el pasado. Ante la prolongación y endurecimiento del contexto actual es hora de tomar en serio la necesidad de un cambio de estrategia.

IV

La convocatoria de Huelga General ha dado entrada a una nueva línea política por parte de la derecha. En sus medios de comunicación (mayoritarios) la crítica a la convocatoria ha estado directamente orientada a la criminalización de la acción sindical, a reclamar políticas dirigidas directamente a quebrar las estructuras sindicales. Nunca la derecha ha sido favorable a los sindicatos, sus intereses de clase se manifiestan más claramente que en la izquierda, pero ahora el tono y las propuestas se han elevado a unos extremos que retrotraen a los tiempos de Margaret Thatcher o a los EEUU pre y post fase keynesiana. Haciendo un resumen de lo que estos días han largado los numerosos contertulianos y editorialistas de derechas, el lema podría ser el de “sindicalista bueno, sindicalista muerto” y la plasmación política de éste, medidas orientadas a eliminar a los sindicatos del mundo laboral. Como las propugnadas por esa aspirante al puesto “Thatcher del Manzanares” por el que trabaja con denuedo Esperanza Aguirre.

Detrás de esta ofensiva puede haber simple maniobra política de corto alcance —encontrar un discurso propio en un conflicto en el que el protagonismo correspondía a Gobierno y sindicatos— o un nuevo y peligroso giro a la derecha, cuya plasmación se concretaría tras una victoria electoral del Partido Popular. La idea de liquidar a los sindicatos ha estado presente en toda la historia del capitalismo y se ha traducido en prácticas diversas en los planos legal (prohibiciones, normas de control, etc.), represivo y socio-organizativo. Un estudio atento a los cambios en la organización del trabajo permite reconocer el objetivo antisindical como uno de los factores que juegan en las dinámicas de cambio organizativo. Una huella que es visible en el desarrollo del taylorismo y el fordismo a principios del siglo pasado y que es asimismo palpable en los cambios en la organización empresarial a partir de la década de los setenta. La fragmentación de la estructura empresarial, las políticas de subcontratación en cadena y muchas de las medidas de flexibilidad tienen como uno de sus objetivos aumentar el control sobre la fuerza de trabajo, lo que incluye minimizar el papel y alcance de la acción colectiva. Las políticas antisindicales son patentes en diversos modelos de capitalismo hegemónico, como el norteamericano previo al New Deal, el japonés o el chino. Sin descontar todos los regímenes dictatoriales en los que el antisindicalismo ha constituido un rasgo esencial. El antisindicalismo forma parte de la matriz ideológica de la derecha española desde el inicio de la industrialización. Ahora que las reformas ya han abierto paso a la individualización de las relaciones laborales (vía despido basura y posibilidades de descuelgue generalizado de los convenios sectoriales) la tentación de acabar la faena con una remoción de las bases institucionales de la actividad sindical no constituye en absoluto una amenaza menospreciable. Y si fuera así estaríamos asistiendo a la primera ofensiva de una batalla que podría continuar un posible Gobierno del PP. O que, cuando menos, le serviría para paralizar la acción de los sindicatos con la amenaza de nuevas derogaciones de derechos si se portan mal. Algo de ello ya ocurrió en el primer mandato de Aznar, cuando UGT y CCOO prefirieron optar por una política de moderación por temor a la aplicación de reformas laborales más drásticas.

Por tanto, no hay que despreciar la posibilidad de que estemos asistiendo a la apertura de una nueva ofensiva antisindical contra toda forma de acción colectiva autónoma de la población asalariada. Y para evitarlo también es necesario desarrollar una política de amplio alcance que genere una resistencia social de suficiente envergadura. Los sindicatos, especialmente los grandes, deben ser conscientes que si bien mantienen una importante presencia social tienen un bajo nivel de aprecio y estima en amplios sectores de asalariados. Que en la situación de desconcierto actual las propuestas populistas, profundamente antidemocráticas y antiobreras pueden pescar en río revuelto. Y que sin una mayor sensibilización y acercamiento a las bases sociales el peligro puede traducirse en desastre.

Que una amenaza exista no garantiza que se adopte la respuesta adecuada. De hecho la misma puede traducirse en una continuidad de las políticas sindicales actuales. Y seguir confiando en el papel del PSOE como mal menor. Para Zapatero las bravuconadas antisindicales de la derecha le pueden resultar una baza a jugar. Los guiños que él mismo y sus ministros han realizado ante la huelga indican algo al respecto. Pero alguien que sólo ofrece sumisión al sistema financiero, que ataca con tanta insensatez el sistema de negociación colectiva, no debería poder presentarse nunca más como garante de derechos sociales en los que cree poco. El momento es de giro estratégico, de trabajo duro y de resistencia inteligente. Quien no lo entienda puede ser la próxima víctima de un proceso que de momento ya ha dejado a millones de personas en la inseguridad del desempleo, la precariedad laboral, el endeudamiento y los problemas de vivienda.

V

La Huelga General ha evitado lo peor, el fracaso de la movilización. Y con ello ha mostrado que aún queda capacidad de resistencia social. Pero los tiempos siguen siendo duros y exigen de todos  honestidad intelectual, coraje y trabajo para afrontar en serio la amenaza de un mundo con muchas desigualdades, pocos derechos sociales, escasa democracia y desastre ambiental a la vuelta de la esquina. La lucha debe seguir: en los centros de trabajo, en la calle, pero también en la producción de proyectos, de referencias culturales, en la generación de solidaridad y empatía entre los que seguimos pensando que un  puñado de potentados no tienen derecho a dominarnos. 

Albert Recio, Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona.