Blogia
La información es la base de tu opción ... y nosotros nunca te la ocultamos.

PARTICIPACION

9 de los 12 miembros son catalogados por las organizaciones antiabortistas españolas como “provida”, que es cómo les gusta autodenominarse (visualizadas sus propias WEBs)… espero y deseo que Pablo tenga razón y no vayamos hacia atrás.

9 de los 12 miembros son catalogados por las organizaciones antiabortistas españolas como “provida”, que es cómo les gusta autodenominarse (visualizadas sus propias WEBs)… espero y deseo que Pablo tenga razón y no vayamos hacia atrás.

ANTE EL INICIO DE LA NUEVA ANDADURA TRAS LA RENOVACIÓN DEL ÓRGANO CONSULTIVO...

Las conclusiones respecto al aborto del Comité de Bioética no van a cambiar, según uno de sus miembros

Pablo Fernández Muñiz cree que ha de fomentarse una cultura sanitaria entre los ciudadanos

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS)

Uno de los miembros del Comité de Bioética de España, el asturiano Pablo Ignacio Fernández Muñiz, no cree que la renovación de los miembros del órgano vaya a cambiar las conclusiones respecto a la interrupción voluntaria del embarazo que el Comité ya expuso hace tres años. "Si se decide volver a plantear el tema me temo que los argumentos serán repetitivos", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Así, ha explicado que los poderes públicos ya tienen a su disposición un informe "exhaustivo" sobre ese asunto publicado por el Comité, que incluye unas conclusiones de consenso y un voto particular. En ese documento "ya consta la información necesaria desde los diferentes puntos de vista existentes sobre el tema", ha manifestado.

El Comité de Bioética de España tiene como función principal la de emitir propuestas y recomendaciones sobre las materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud. Esta semana se ha conocido la renovación de sus miembros. La reunión de constitución y aceptación de la designación de los nuevos componentes se celebrará el próximo 29 de enero.

Preguntado sobre el perfil 'conservador' a partir de esa fecha de siete de los doce miembros, Fernández Muñiz ha señalado que esa percepción es consecuencia "esperable" del método de elección. "Si tenemos en cuenta que el nombramiento lo hace el Ministerio de Sanidad, y las propuestas son realizadas la mitad por el propio Gobierno de España y la otra mitad desde las comunidades autónomas, en el momento actual no es previsible que los miembros tengan en su mayoría un perfil progresista", ha explicado. Fernández Muñiz ha sido propuesto por las comunidades del PSOE.

Uno de los nuevos miembros será el teólogo Carlos Alonso Bedate. Preguntado sobre si la Teología tiene espacio en un comité como este, Fernández Muñiz ha contestado que las religiones tienen presencia "a menudo" en comités de bioética de otras naciones, fundamentalmente en países en desarrollo "porque son parte muy influyente en el propio poder político, con implicaciones incluso en la distribución de recursos de atención médica".

No obstante, en el caso de Alonso Bedate, Fernández Muñiz da por hecho que si bien es teólogo, tiene otras cualidades "de gran interés para aportar en el Comité, con la de ser experto en Biología Molecular o Genética".

CULTURA SANITARIA

Fernández Muñiz ha defendido el papel importante que juega el Comité. Sostiene que su perfil como miembro es "clínico" y es ahí donde cree que más puede aportar. "Si bien los temas relacionados con el principio y el fin de la vida son trascendentes y polémicos, y en consecuencia más mediáticos, no debemos por ello olvidarnos de la realidad cotidiana de la asistencia sanitaria", ha señalado el médico asturiano que actualmente ejerce en el Hospital San Agustín de Avilés.

"Creo que debe fomentarse una cultura sanitaria en los ciudadanos para fortalecer su autonomía a la hora de tomar decisiones sobre su propia salud", ha añadido. A su juicio, dar una visión más humana a la atención al paciente no es sólo que los profesionales sean más amables, sino que le den al paciente las herramientas que necesita para tomar buenas decisiones y un sistema "equitativo y de calidad" para que nadie tenga menos oportunidades por tener menos recursos económicos.

Fernández Muñiz es médico, con la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ejerciendo en la actualidad como Facultativo Especialista de Área en el Hospital San Agustín, dedicándose preferentemente al tratamiento del cáncer de mama. Miembro de la Asociación Española de Cirujanos, es colaborador docente habitual en la Universidad de Oviedo y otras instituciones. Tiene Máster en Patología Mamaria por la Universidad Autónoma de Madrid, en Bioética por las Universidades del País Vasco, de Zaragoza, de La Laguna, de Las Palmas de Gran Canaria y Rovira i Virgili. Fue presidente del Comité de Ética para la Atención Sanitaria de Área VIII del Servicio de Salud del Principado de Asturias y es miembro del Comité Asesor de Bioética del Principado de Asturias.

VER NOTICIA ANTERIOR ACLARATORIA EN EL BLOG EL-BOE-NUESTRO-DE-CADA-DIA

VER NOTICIA ANTERIOR NUESTRA DIRECTAMENTE RELACIONADA

Empezarán el próximo 7 de febrero…

Empezarán el próximo 7 de febrero…

Sanidad contará con un consejo asesor

La pertenencia a este órgano es altruista y sus miembros aconsejarán a Faustino Blanco

Está integrado por 14 expertos «de reconocido prestigio» como Otín, Margarita Salas, Marcelo Palacios o López-Arranz (en la foto), entre otros.

20.01.13 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.

El Principado pondrá en marcha el próximo 7 de febrero un Consejo Asesor de Sanidad integrado por catorce personas «de reconocido prestigio, relevante trayectoria profesional y reconocimiento en el ámbito clínico, investigador y de gestión». Este comité de expertos contribuirá de forma altruista a fomentar la «adecuada gobernanza» del sistema sanitario público mediante el aporte de ideas.

El Consejo Asesor de Sanidad se constituye, así, como un órgano de carácter consultivo, dependiente de manera directa del titular de la consejería y sin personalidad jurídica propia. Estará presidido por el propio consejero Faustino Blanco, mientras que su secretario será Tácito Suárez, jefe de Gabinete.

Formarán parte del comité Francisco Ortega, responsable de la Unidad de Nefrología del HUCA; Juan Sebastián López-Arranz, cirujano especializado en estomatología, catedrático de cirugía maxilofacial y ex rector de la Universidad de Oviedo; Marcelo Palacios, fundador de la Sociedad Española de Bioética; Abelardo Román, exdirector-gerente del HUCA; Zenaida Álvarez Bárzana, ex gerente de la Fundación Hospital de Jove y Defensora del Ciudadano en Gijón; Ramón Menéndez, cirujano general del Hospital Vital Álvarez-Buylla, jubilado y exdirector de dicho hospital; Sergio Gallego, presidente del Comité de Bioética del Principado, miembro de la Sociedad Nacional de Bioética, médico y abogado; y el investigador Carlos López Otín.

Junto a ellos estarán Carlos Suárez Nieto, catedrático y jefe del servicio de Otorrinolaringología del HUCA y director del Instituto Universitario de Oncología; José Vera, médico de familia jubilado; Laura González, ex presidenta de la Junta y exconsejera de Bienestar; Laura Cabiedes, profesora del departamento de Economía Aplicada de la Universidad; Juan Luis Rodríguez Vigil, ex presidente autonómico y miembro del Consejo Consultivo, y Margarita Salas, investigadora y profesora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

El órgano, que se reunirá al menos cuatrimestralmente, podrá emitir informes y propuestas. Para optimizar su funcionamiento, podrán constituirse grupos de trabajo, cuyas aportaciones se tendrán que someter al pleno del Consejo. En cuanto a la pertenencia al mismo, ésta «es honorífica y altruista, por lo que la asistencia a las reuniones no generará en ningún caso derecho a cobro de dietas o indemnizaciones», informó el Principado.

El Consejo se crea con el fin de asesorar al consejero en la toma de decisiones «en un momento en el que es preciso mantener la calidad de las prestaciones sanitarias en un escenario en el que el sistema dispondrá de menos recursos» y «complementará» al Consejo de Salud del Principado de Asturias.

Corrupción, caso Gurtel, cuentas suizas, sobresueldos en sobres con dinero negro… en el PP suman y siguen como si nada.

Corrupción, caso Gurtel, cuentas suizas, sobresueldos en sobres con dinero negro… en el PP suman y siguen como si nada.

La calle grita: "¿Dónde están nuestros sobres?"

El Gobierno sitió policialmente Madrid para evitar la protesta ante la sede del PP, asediado por los supuestos escándalos de corrupción.

La movilización, convocada a través de las redes sociales, no fue masiva. No se registraron incidentes

ELENA HERRERA, Madrid, en Público

Pasaban pocos minutos de las cinco y media de la tarde y tres empleados de la EMT –la empresa pública que gestiona los autobuses urbanos de Madrid– esperaban algo desconcertados órdenes de un grupo de agentes de la Policía que a esa hora ya custodiaban la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid. La consigna era clara. Nadie podía acercarse al cuartel general del partido que sustenta al Gobierno, asediado esta semana por supuestos graves casos de corrupción.

A las 18.15 horas la calle Génova ya estaba cortada al tráfico y al tránsito de peatones. Un desproporcionado despliegue policial blindó la zona, lo que incluso forzó a algunos comercios a cerrar antes de lo previsto. Todo para aminorar la convocatoria que, a través de las redes sociales, movimientos populares alternativos habían difundido llamando a la movilización en ese lugar a las 19 horas para mostrar la indignación desatada por el caso las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas y el escándalo de los sobresueldos en sobres de dinero negro a altos cargos del PP.

Mariano Rajoy quiso evitar la foto de la indignación del pueblo frente a la sede de su partido y a la delegada del Gobierno en Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, no le tembló la mano para movilizar a centenares de agentes para esquivar esa imagen. Apostados tras las vallas situadas a más de cien metros de la puerta de la sede nacional del PP, los manifestantes censuraban el desproporcionado despliegue con gritos de "¡Basta ya de Estado policial!". Los concentrados también recurrieron al humor para criticar el operativo con consignas como "¡Dejadnos pasar, que nos vamos a afiliar!".

Aunque el escándalo del caso Bárcenas sí tuvo muchas réplicas en redes sociales como Twitter a través de las etiquetas #CorruPPlandia, #CulPPables y #CorruPPción, en la calle, la convocatoria no fue masiva. De hecho, algunos manifestantes comentaban con sarcasmo que casi había más policías que gente protestando.

De la escasa afluencia de público –alrededor de un millar de personas– se quejaron algunos de los manifestantes consultados por este diario. "Lo triste es que no esté aquí todo Madrid", lamentó Jaqueline Velarde, teleoperadora. A su lado, Eduardo Alonso, ingeniero, portaba una pancarta en la que resumía su estado de indignación: "Votar a corruptos es complicidad".

Además de los gritos ya habituales en las movilizaciones promovidas por el 15-M o grupos que giran en su órbita, los concentrados tiraron de ingenio para mostrar su indignación. "¿Dónde está el dinero? ¡Qué salga el tesorero!", "¡Gobierno dimisión por corrupto y por ladrón!" o "¿Dónde están nuestros sobres?" fueron algunas de las consignas más escuchadas. Aunque la movilización tuvo lugar sin incidentes, dos personas fueron retenidas de forma momentánea tras breves encontronazos con la Policía.

Las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP

El extesorero Luis Bárcenas, imputado por blanqueo y delito fiscal, presiona tras destaparse que ocultó 22 millones en Suiza

FRANCISCO MERCADO, Madrid, en El País.

Las cuentas del Partido Popular y de sus principales dirigentes están bajo sospecha como consecuencia de los datos descubiertos por la investigación judicial del caso Gürtel, que han abierto la mayor crisis que vive esta formación política en los últimos años. La principal amenaza para la actual dirección del partido es el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, imputado en esa causa por supuesto blanqueo de capitales y supuesto autor de un delito fiscal al tener cuentas en Suiza con hasta 22 millones de origen desconocido, si bien regularizó esos fondos a fines del año pasado, según su letrado. Bárcenas guarda los secretos de las finanzas del PP de los últimos 18 años y su entorno asegura que tiene datos muy comprometedores para los dirigentes actuales del partido.

Desde que el extesorero del PP fue imputado por sus vinculaciones con la trama corrupta, mantiene una pugna con la dirección de su partido. En 2009 dimitió de su cargo y, más tarde, le fue retirada la asignación para costear los gastos de su abogado.

El entorno de Luis Bárcenas sostiene, sin aportar aún pruebas documentales que lo avalen, que el extesorero pagó durante los últimos años sobresueldos mensuales opacos al fisco a los principales dirigentes del PP, entre ellos sus dos últimos presidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, con dinero de donaciones de distintas empresas. Las mismas fuentes indican que Álvaro Lapuerta, el anterior tesorero del PP, y Bárcenas dejaron constancia por escrito de los pagos.

La dirección nacional del PP lo niega y asegura que todos los pagos e ingresos fueron declarados a Hacienda y están auditados por el Tribunal de Cuentas, que no halló ninguna anomalía.

En un momento especialmente delicado para el Gobierno de Mariano Rajoy, tras un año de fuertes recortes del gasto en servicios públicos esenciales y múltiples promesas de austeridad y transparencia para mejorar la imagen de los políticos, los avances de la investigación del caso Gürtel, con el descubrimiento de las cuentas secretas del extesorero de esta formación, han supuesto un golpe muy duro para la credibilidad del PP.

Los extesoreros Lapuerta y Bárcenas también cobraron esos sobresueldos, aunque su entorno sostiene que declararon todos los ingresos a Hacienda. En el caso de Bárcenas, su contabilidad personal, incorporada al sumario del caso Gürtel, recoge en 2007 como “transferencia del PP” a su cuenta bancaria un sobresueldo mensual de más de 6.000 euros junto a otro ingreso ordinario de unos 3.500 euros que le pagaban con el concepto “nómina del PP”. Cuatro años antes, Bárcenas cobraba prácticamente lo mismo de su partido, aunque en un solo concepto “nómina del PP”.

Bárcenas ingresaba como gerente, primero, y como tesorero, después, una media de 200.000 euros al año, según sus declaraciones de la renta. Cantidad superior a la que percibían el presidente y el secretario general del PP. Esas retribuciones, con su mujer en paro, no permiten atesorar 22 millones de euros en una cuenta suiza a nombre de una sociedad domiciliada en Panamá. El extesorero no tenía actividades mercantiles declaradas durante la época en que acumuló los 22 millones, tan solo ejercía de gerente del PP y, desde 2004, como senador. Bárcenas explicó a los gestores del banco suizo donde depositó su dinero que se dedicaba a la compraventa de obras de arte y a la promoción inmobiliaria.

Desde que fue imputado en el caso Gürtel, primero por haber recibido supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta y después por diversos delitos fiscales relacionados con ingresos de cantidades en el banco en billetes de 500 euros, Bárcenas ha amagado con airear algunos trapos sucios de dirigentes de su partido, al sentir que le habían abandonado a su suerte en el proceso judicial abierto contra él. Hasta el punto de considerar que tras la llegada al Gobierno del PP, en diciembre de 2011, su situación procesal se ha agravado.

En su última declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Bárcenas denunció sectarismo en la Fiscalía Anticorrupción y malas prácticas en la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, para imputarle un delito fiscal por la compraventa de unos cuadros en 2006, con los que ganó más de 500.000 euros.

El abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, planteó ayer la necesidad de que la Agencia Tributaria investigue si esos sobresueldos que alega que pagó el extesorero del PP a los dirigentes de su partido fueron declarados por estos a Hacienda o lo ocultaron.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, también reclamó ayer una investigación interna del PP, como la que hubo en su día con el caso Naseiro, para aclarar si hubo pagos ilegales a determinados dirigentes.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que apenas coincidió un año y medio con Bárcenas en la dirección del partido y que se opuso a la continuidad de este como tesorero en cuanto estalló el caso Gürtel, salió ayer al paso de las informaciones publicadas por el diario El Mundo sobre los pagos ilegales y declaró que no le constaba que durante su mandato nadie hubiera cobrado sobresueldos opacos al fisco, ni tampoco tenía conocimiento de que esas prácticas hubieran tenido lugar con anterioridad.

Cospedal se niega a abrir una investigación interna sobre los supuestos sobresueldos opacos, como pide Aguirre, porque alega que ya encargó este miércoles esas averiguaciones a la actual tesorera, Carmen Navarro, con resultado negativo.

Distintos dirigentes del PP explicaron a este periódico que siempre cobraron sobresueldos del partido, pero que estos estaban perfectamente regularizados y que habían pagado a Hacienda los impuestos correspondientes a esos ingresos. Algunos de esos dirigentes llegaron a facilitar sus declaraciones de la renta por sus retribuciones como parlamentarios y como cargos del partido, para demostrar que los sobresueldos cobrados se habían comunicado a Hacienda.

El PP facilitó ayer un argumentario a sus cuadros para intentar frenar todas las sospechas de corrupción que se han desencadenado a raíz de conocer las cuentas suizas de su extesorero Bárcenas. “No se ha producido el pago de sobresueldos [opacos] a cargos del partido ni en la etapa actual ni en las anteriores. Todos los sueldos y gastos de representación que se pagan en el Partido Popular se pagan a Hacienda y se cobran de acuerdo a la legalidad”.

Con esta explicación, los populares parecen querer decir que esos sobresueldos eran en realidad dinero que se pagaba a los dirigentes para que pudieran costear sus gastos de representación (comidas, viajes…).

Sin embargo, el entorno de los extesoreros del PP explica que desde la etapa de la presidencia de José María Aznar hasta la del propio Mariano Rajoy, incluida, los principales dirigentes del partido han cobrado un sobresueldo que ni el partido ni ellos declaraban al fisco.

El sistema, según estas fuentes, fue ideado por Aznar, que no quería cobrar un sueldo tan abultado como presidente del PP. Entonces se ideó la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero “que no tributase”. Y se instaló un sistema por el que se abonaba, solo a los principales dirigentes, un sobresueldo que no declaraba el partido al fisco, por lo que el perceptor tampoco estaba obligado a hacerlo, según fuentes próximas a los extesoreros.

La media de esos sobresueldos rondaba los 3.000 euros mensuales. La tesorería del partido, según el entorno de Bárcenas y Lapuerta, guardaba una celosa lista del perceptor de esas cantidades, en la que había dos puestos siempre fijos como perceptores de complementos: el presidente y el secretario general del partido. En ocasiones se benefició a cargos ajenos a dichos puestos. Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas, exsecretarios generales del PP, negaron haber percibido ese complemento en su etapa ni haberla conocido.

Rajoy, según fuentes próximas a los extesoreros, heredó el sistema, pero le disgustó y, tras cobrarlo unos meses, renunció a seguir haciéndolo. No le convencía la fórmula de los pagos opacos. Su secretaria general, Dolores de Cospedal, también fue perceptora de esos sobresueldos opacos, según las mismas fuentes próximas a Bárcenas.

La secretaria general del PP siempre ha manifestado que nunca cobró del partido un céntimo que no le correspondiera. Ayer fue la encargada de desmentir cualquier cobro irregular por su parte y de los miembros de la Ejecutiva del PP.

El listado de los perceptores de los supuestos sobresueldos opacos es un secreto que ha sido heredado por todos los tesoreros que ha tenido el partido hasta la dimisión de Bárcenas tras su imputación en el caso Gürtel.

En defensa de Rajoy, fuentes del partido aportaban varios datos: “Rajoy es un hombre de leyes, registrador de la propiedad, y no necesita ni aceptaría un sobre con dinero mensual. Por otro lado, Rajoy ha sido secretario de acción electoral y nunca se reunió con Correa. Puede que cuatro golfos del partido hayan mantenido tales prácticas o se hayan llevado dinero, pero no el actual presidente ni la actual secretaria general”.

En apoyo de la honestidad de la secretaria general, se aportaban parecidos datos: “Ella tuvo un enfrentamiento frontal con Bárcenas. Se la acusa de tener 27 sueldos oficiales. No casa eso con la necesidad de percibir un complemento mensual en negro”.

Por otro lado, fuentes de la dirección del partido manifestaron que tras estallar la noticia se habían revisado las cuentas de los últimos años y no se halló ningún rastro de los pagos extraoficiales. Las mismas fuentes indicaron que algunos diputados que realizan trabajos para el partido reciben dinero en concepto de “gastos de representación”, pero tributan vía IRPF por las sumas que perciben. En igual sentido, se afirma que las cuentas han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, fuentes vinculadas a los exresponsables de finanzas aseguran que en documentos internos contables sí se reflejaban tales entregas. Los perceptores no registraban ningún recibí. Solo se apuntaba en ese documento interno, según dichas fuentes, vinculadas a la tesorería del partido.

Rajoy: "Si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades, no me temblará la mano"

Pide a los suyos que estén "tranquilos" y defiende a los últimos tres secretarios generales

ALMERÍA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado este sábado tener conocimiento de posibles irregularidades en el Partido Popular en relación con el cobro de sobresueldos en dinero negro pero ha recalcado que, si llega a tener "conocimiento" de que se han producido estas prácticas en el seno de la formación, actuará sin que le tiemble la mano.

"Si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o conductas impropias que afecten a militantes de mi partido, no me temblará la mano porque es una de mis responsabilidades, y no la menor", ha declarado en la clausura de la XX Intermunicipal que el PP celebra en Almería. Los cargos de su partido le han ovacionado puestos en pie a la llegada del cónclave como muestra de apoyo ante las revelaciones en torno al caso del extesorero del partido, Luis Bárcenas.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado la labor "honrada" que realizan muchos políticos y ha asegurado que "no es aceptable que se diga que en política todo es sucio". "No es aceptable porque no es cierto y porque además es injusto", ha manifestado, para añadir que las acusaciones "generalizadas" son "injustas".

Dicho esto, ha afirmado que todos deben ser "ejemplares" en sus conductas porque la gente, "con razón", lo "exige", sobre todo en un momento en que muchos ciudadanos lo están pasando mal. Además, ha pedido a los suyos que estén "tranquilos" ante la "polémica" que afecta al PP porque el partido "siempre ha reaccionado con transparencia y rigor cuando ha estado en cuestión", actuando "en consecuencia" si ha habido comportamientos "irregulares".

"Los últimos tres secretarios generales del PP han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad y no se ha producido irregularidad alguna y creo que estos tres secretarios generales cuentan con una trayectoria de honradez y dedicación que es garantía para todos nosotros", ha proclamado, para recordar que ahora este asunto está "en los tribunales".

Llamazares (IU) considera "inaceptable" que el PP intente eludir su responsabilidad en el caso Bárcenas

OVIEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS)

El diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha considerado este sábado "inaceptable" que el PP intente eludir su responsabilidad en el caso del extesorero y exsenador Luis Bárcenas. "El PP tiene que aclarar si está dispuesto a asumir toda las responsabilidades por lo ocurrido, tanto las políticas como las penales y económicas", ha señalado en una rueda de prensa en Oviedo.

Según Llamazares el PP no puede escudarse diciendo que se trata de un tema aislado, limitándose a "mirar para otro lado". Al contrario, Llamazares insta al partido que sustenta al Gobierno a que "reconozca la gravedad de lo sucedido y exprese su voluntad de colaboración con la Justicia".

El dirigente asturiano ha explicado que su grupo parlamentario ha solicitado la comparecencia en el Congreso para hablar de este asunto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas. 

"La responsabilidad del PP en materia de corrupción no es sólo de partido, también lo es de gobierno", ha señalado, añadiendo que el Ejecutivo ha recortado los recursos económicos para la lucha contra la corrupción y ha indultado a "corruptos declarados". Por eso, considera que el PP "no sólo no lucha la corrupción, sino que la tapa".

A preguntas de los periodistas, no ha querido opinar sobre la reacción del líder del PSOE sobre este asunto, Alfredo Ruiz Rubalcaba. Pero Llamazares ha dejado claro que el tema de la corrupción es suficientemente grave para que no se convierta en un "peloteo" entre los dos partidos mayoritarios o en una escalada de "y tú más". En este sentido, ha señalado que IU viene insistiendo desde hace tiempo ante PP y PSOE en mejorar las leyes para luchar contra la corrupción.

Sí se ha pronunciado sobre las manifestaciones que se produjeron ayer frente a sedes del PP. A juicio de Llamazares, es una reacción lógica, porque esa gente pide "claridad" y que no exista "impunidad" en casos de corrupción.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

En esos sobres había muchas pagas extras de navidad de los empleados públicos, ¡¡SIIII!!.

En esos sobres había muchas pagas extras de navidad de los empleados públicos, ¡¡SIIII!!.

Un millar de personas se concentra junto a la sede del PP en Madrid

Unas 1.000 personas se manifiestan alrededor de la sede del PP en la calle Génova para protestar contra los casos de corrupción que azotan al partido en el Gobierno

JAVIER GARCÍA PEDRAZ / AGENCIAS, Madrid, en El País.

Unas 1.000 personas, divididas en dos grupos, se concentran desde las siete de la tarde en las cercanías de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, en protesta por la corrupción política, ante una fuerte presencia policial.

Los congregados no pueden acercarse a la sede del PP ya que la policía ha instalado un doble vallado de seguridad a unos doscientos metros, en la confluencia de la calle Génova con la plaza de Alonso Martínez y también con la plaza de Colón.

Desde allí, los manifestantes gritan consignas como "Dimisión, dimisión", "Ahí está la cueva de Alí Babá" o "En los sobres está tu paga extra".

La concentración se ha convocado a través de las redes sociales desde ayer y surgió motivada por las noticias sobre las cuentas en Suiza del extesorero del PP, Luis Bárcenas. "Donde está el dinero, pregunta al tesorero" y "Donde están los chorizos del PP" son otras de las consignas que lanzan los manifestantes, tanto el grupo que se congrega en la plaza de Alonso Martínez, como el que se ha formado en la Plaza de Colón. Por ahora no ha habido incidentes.

Los manifestantes son vigilados por un gran número de policías antidisturbios que han desplegado en la zona al menos 35 furgones policiales. La concentración no ha sido comunicada oficialmente a la Delegación del Gobierno en Madrid, que considera "ilegal" la convocatoria y ha precisado que los participantes podrán ser identificados y sancionados.

Alrededor de las nueve de la noche se ha disuelto la concentración en Colón, mientras, siguen unos cuantos cientos de personas en Alonso Martínez. La policía les está grabando.

BLINDADA POR LA POLICÍA

Cientos de ciudadanos rodean la sede del PP en Génova contra la corrupción

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS)

Varios centenares de personas se concentraban pasadas las 19.00 horas de este viernes en la calle Génova para protestar contra la corrupción ante la sede del PP, protegida por un fuerte despliegue policial desde aproximadamente una hora antes de que diera comienzo la protesta, convocada de manera espontánea en las redes sociales.

"Hay que ilegalizar el Partido Popular" y "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura eso es", son algunas de las consignas que gritan los manifestantes que se han acercado hasta la calle Génova, que permanece cortada al tráfico y en la que la Policía ha fijado un perímetro de seguridad en torno a la sede de los 'populares' de más de 200 metros, al que sólo pueden acceder residentes de la zona y periodistas y donde los comercios han cerrado antes de lo previsto.

Además de los lemas ya habituales en las protestas protagonizadas por el movimiento 15M el como "El pueblo unido jamás será vencido", los manifestantes congregados en los alrededores de la sede del PP corean repetidamente los gritos de "vergüenza", "ladrones" o "cleptocracia". Asimismo, algunos portan banderas republicanas y pancartas en las que se puede leer "Rajoy lo tapó y con Gürtel ganó" o "Al juez de Gürtel lo echó y triunfó el PP".

Aunque ningún colectivo ha convocado oficialmente la protesta, muchos grupos relacionados con el 15M como la vertiente madrileña 'Acampada Sol', la plataforma 25S o 'Democracia Real Ya' se han sumado a la iniciativa, difundida en las redes sociales con etiquetas como '#CorruPPlandia', '#CulPPables' y '#CorruPPción'.

Su intención es mostrar su indignación ante los últimos casos de corrupción en los que se ha visto implicado el PP en los últimos días y exigir la dimisión de algunos de los que consideran responsables de llevar a cabo prácticas fraudulentas.

"Porque queremos fuera del Gobierno a quienes nos roban impunemente. Por la dimisión de Ignacio González, Lasquetty y demás calaña. Pásalo!" es el mensaje que se podía leer en uno de los carteles que han circulado por las redes sociales.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

No sólo para pagar las multas sino, principalmente, para defender el derecho de manifestación vía judicial…

No sólo para pagar las multas sino, principalmente, para defender el derecho de manifestación vía judicial…

El 15-M diseña la 'caja de resistencia 2.0' para luchar contra las identificaciones masivas

La asamblea del 15-M de Arganzulea comienza a tejer redes con plataformas afines para crear una "herramienta colectiva" para pagar las multas por identificaciones en manifestaciones y "pasar a la ofensiva" contra la represión

Foto: Un manifestante es identificado por la policía durante la "marcha fúnebre" contra los PGE de 2013 en Madrid.

JAIRO VARGAS, Madrid, en Público.es

En total, desde que en la Puerta del Sol nació el movimiento 15-M, hace año y medio, la comisión Legal de Sol, formada por abogados afines al movimiento, ha recurrido 306 procedimientos sancionadores. Multas que normalmente llegan unas semanas después de que una persona sea identificada por la policía en una manifestación no comunicada, de esas que Delegación del Gobierno denomina "ilegales" al no haber sido notificadas previamente.

La estrategia disuasoria que el Gobierno está empleando para reducir el número de protestas o de participantes en las mismas conlleva, en la mayoría de los casos, multas no inferiores a 300 euros, por lo que en este periodo en el que la presión popular y la desobediencia civil han ido en aumento, bien contra desahucios, contra subidas de impuestos o por la privatización de la sanidad (entre otras muchas), manifestantes, activistas o simples transeúntes en el lugar equivocado se enfrentan a un montante cercano a los 100.000 euros, como mínimo, sólo en sanciones administrativas.

Hacia soluciones desde el "procomún"

Ante la imposibilidad para muchos de los sancionados de abonar una multa de la que, en la mayoría de ocasiones, no son merecedores, han surgido iniciativas que tratan de hacer frente al problema de una forma común.

La asamblea popular del 15-M del madrileño distrito de Arganzuela optó por dar una solución colectiva a las multas de algunos de sus miembros. La pasada semana inició una campaña de crowdfounding, recogida de donaciones económicas a través de internet, para pagar las multas de cinco de sus miembros. Kike, Olga, Oscar, Carlos y Jorge fueron identificados y sancionados por acudir a distintos actos de protesta, algo que consideran "una situación injusta y opresiva" ya que  "es natural que la gente se oponga y proteste" ante la actual situación de recortes sociales en la que está inmerso España y, en general, el sur de Europa.

Un éxito mayor al esperado

La campaña tuvo "un éxito mucho más grande del que esperábamos", reconoce Álvaro, coordinador de la campaña. En apenas tres días, no sólo recibieron donaciones por valor de 1.639 euros (mínimo marcado), si no que ya han recaudado más de 2.700 euros cuando aún es posible hacer donaciones durante otro mes más.

La idea surgió en esta asamblea de barrio, más que como un medio para pagar las multas, "como un experimento de cara a desarrollar una plataforma descentralizada para paliar la represión que sufrimos los que nos manifestamos pacíficamente", como un medio para pasar de la pasividad a la "ofensiva", explicaba Álvaro.

En vista del gran apoyo que el experimento había cosechado, desde la asamblea popular de Arganzuela decidieron que había llegado el momento de organizarse en una herramienta más amplia "que no se dedique sólo a pagar las multas, sino a recaudar dinero para poder agotar la vía de recurso administrativa y optar por la judicial, para sentar precedentes, crear jurisprudencia" y poco a poco ir ganando la batalle legal contra "los responsables de esa represión" y "denunciar cuando se exceden en sus funciones siguiendo consignas políticas", explica Álvaro.

En este contexto, la asamblea ha comenzado una ronda de contactos con diferentes colectivos y plataformas afines, para logar una herramienta que creen fundamental "para el pro-común" y que "cortocircuite su estrategia represiva" en un escenario donde "es necesario más que nunca".

Aún no se sabe cuándo estará lista esta "caja de resistencia 2.0", "apenas hemos empezado la ronda de contactos y reuniones que será larga, no hay nada definitivo ni mucho menos", dice Álvaro, pero insta a "demás asambleas de barrio y colectivos a replicar esta estrategia, para la que tendrán todo nuestro apoyo", porque "es más fácil colaborar con lo que puedas por internet que asistir a una fiesta, con la que se fuerza al consumo para, simplemente obedecer y pagar la sanción".

Un nuevo eufemismo del PP: Llamar a la opresión concienciación…

El Gobierno multa a los indignados para 'concienciarles'

Cree que las sanciones pecuniarias, de hasta 300 euros, llevarán a las personas multadas a colaborar con las Fuerzas de Seguridad

A.M., Madrid, 11/01/2013, en Público.

El Gobierno ha justificado las multas económicas de hasta 300 euros que impone a participantes en las últimas manifestaciones de indignados en que sirven para "concienciar" a los sancionados en el respeto a las normas.

El Ejecutivo agrega que las sanciones son también un acicate para que los multados pasen a colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así lo refleja el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que preguntó por las sanciones administrativas que se generalizaban contra los manifestantes que protestan contra los políticos y otros estamentos.

"La sanción administrativa a la que se hace referencia -contesta el Gobierno- tiene como objeto concienciar del deber de cumplimiento con la normativa vigente y de colaboración con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".

En el mismo documento, el Gobierno asegura que no criminaliza las manifestaciones sino que "cumple y hace cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de manifestación, que no suspende, sino que concurre con el resto de los derechos contenidos en nuestra Norma Fundamental".

"Por lo tanto -añade-, ningún miembro del Gobierno ha estigmatizado o criminalizado reunión o manifestación alguna". Asimismo, defiende que la identificación de manifestantes por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se ciñe estrictamente" a las previsiones recogidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que ampara esas actuaciones cuando sean necesarias para la labor policial.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

Entrega de las propuestas sindicales y posicionamientos conjuntos para que no se modifiquen las pensiones y se prorroguen las ayudas de los 400 € a los parados que hayan agotado las prestaciones…

Entrega de las propuestas sindicales y posicionamientos conjuntos para que no se modifiquen las pensiones y se prorroguen las ayudas de los 400 € a los parados que hayan agotado las prestaciones…

PSOE y sindicatos exigen al Gobierno soluciones ante el drama del desempleo

Los más de 6 millones de parados en España, según datos del Eurostat, marcaron la reunión que este miércoles mantuvo Rubalcaba con los líderes sindicales Toxo y Méndez. El líder socialista respalda las propuestas de CCOO y UGT y exige al Gobierno “diálogo social” y un cambio de su política económica.

Foto: Toxo, Méndez, Soraya Rodriguez y Rubalcaba. En la reunión también han participado la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y el portavoz de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez.

nuevatribuna.es

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han exigido un cambio de política económica, social y laboral al Gobierno ante un año que empieza "marcado" con la cifra de más de seis millones de parados, según datos de Eurostat.

Toxo y Méndez, se han reunido este miércoles en el Congreso con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para entregarle el documento con las propuestas de los sindicatos convencidos de que, tras la huelga general y las manifestaciones, la sociedad "demanda" un cambio en las políticas del Ejecutivo.

VER EL DOCUMENTO CON LAS PROPUESTAS SINDICALES

En declaraciones a los medios, ambos líderes han reclamado también que no se acometa una nueva reforma de las pensiones, después de que la anterior, que fue acordada por patronal, sindicatos y el anterior gobierno socialista, lleve nueve días en vigor.

Toxo ha señalado que los sindicatos decidieron "no petrificarse" tras la huelga general y proponer una serie de medidas que en "un escenario de negociación" permitan encarar 2013 de forma distinta a la que lo han hecho distintas instituciones y gobiernos ante la crisis. "Es evidente que si se supera la barrera de 6 millones de parados en España, la austeridad no funciona" y que las políticas que se han adoptado están "absolutamente fracasadas", además de provocar "sufrimiento" a la población, ha subrayado Toxo.

El líder de CCOO se ha referido así al dato difundido ayer por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que situó la tasa de desempleo en noviembre en el 26,6 % en España. Por tanto, ha considerado que hay que reformar las políticas y acomodarlas a este escenario.

Para Méndez, un inicio de año marcado con más de 6 millones de parados "obliga al Gobierno a cambiar su posición y "exigir a la UE" que también lo haga y apueste por el crecimiento.

“Para el Gobierno lo primero es el déficit y después el desempleo, y para nosotros lo primero es el desempleo y después el déficit”, ha dicho por su parte Rubalcaba. El secretario general del PSOE se ha mostrado de acuerdo con el documento presentado por UGT y CCOO en el que se “diseñan los elementos de una política económica alternativa, que centra en el empleo sus preocupaciones”, y se reclama al Gobierno “que se abra un diálogo social para hablar de lo que está pasando en España, porque las cifras de desempleo son insoportables”.

“No parece que el año 2013 vaya a ser un buen año y, en esas condiciones, la pregunta es qué más hace falta para que el Gobierno abra un diálogo social con los sindicatos y con los grupos parlamentarios, buscando hacer cambios en una política económica que no está dando resultados”, insistió.

400 EUROS DE AYUDA HASTA QUE LA TASA DE PARO BAJE AL 15%

Tanto Rubalcaba como los líderes sindicales han vuelto a pedir al Ejecutivo que prorrogue el plan Prepara, que contempla la ayuda de 400 euros para los desempleados que hayan agotado las prestaciones, y que termina el 15 de febrero, y que lo plantee de forma estable hasta que la tasa de paro baje al 15%. El líder del PSOE ha exigido además al Gobierno que aclare si prorrogará o no la ayuda: “que lo diga ya, porque afecta a gente que no tiene nada más que eso”. No veo por qué el Gobierno no lo aclara de una vez. Qué ganas de hacer sufrir a personas que no tienen otra ayuda que los 400 euros”, ha reprochado.

Ambos líderes sindicales han defendido que se "devuelva" el derecho a los trabajadores que quedaron excluidos en la última reforma del Plan Prepara porque, según ha recordado Méndez, son mayoritariamente jóvenes y parados en muy mala situación.

NO A UNA NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES

Respecto a las pensiones, Rubalcaba ha asegurado que “el PSOE no va a aceptar ninguna modificación del sistema de pensiones si no cuenta previamente con el acuerdo de los sindicatos y de los empresarios, con los que firmamos el actualmente en vigor”. En este sentido, ha defendido que el anterior gobierno socialista consiguió “un buen acuerdo”, que “da estabilidad y solvencia al sistema público de pensiones para mucho tiempo”.

Méndez ha querido manifestar "alto y claro" que el acuerdo de pensiones que entró en vigor hace 9 días tiene "plena validez" y si el Gobierno pretende "perpetrar" una nueva "presumimos que será con el objetivo de deteriorar el sistema público de pensiones y no de protegerlo". A su juicio, el problema que tiene España es el "deterioro y destrucción brutal de empleo" por lo que cree que el Gobierno lo que debe hacer en vez de "imponer una nueva reforma de las pensiones", es reformar su política económica y apostar por el empleo.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

Controvertida reforma de la ley de bases del régimen local…

Controvertida reforma de la ley de bases del régimen local…

190 ediles menos y reducción de mancomunidades

La reforma local propuesta por el Gobierno transformaría el mapa municipal en Asturias

Foto: Javier Fernández y Antonio de Luis Solar, durante la última asamblea de la FACC, celebrada el pasado junio

06.01.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

La reforma local estará lista este mes para su aprobación. El Gobierno de Mariano Rajoy sacará adelante el proyecto tenga o no el apoyo de los socialistas. A expensas de conocer el resultado de las actuales negociaciones, nadie duda a estas alturas que los cambios que se avecinan en el escenario municipal van a ser drásticos. La idea del Ejecutivo es reestructurar el conjunto de las administraciones públicas y el siguiente paso apunta hacia los entes municipales, que verán reducida su estructura y algunos, incluso, se suprimirán en el marco de la política de ajustes.

Encima de la mesa propuestas concretas como la reducción del número de concejales, la supresión de mancomunidades, poner techo al sueldo de los alcaldes, examen a las prestaciones municipales y clarificación de las competencias que desarrolla cada administración. No son, ni mucho menos, cuestiones baladís. Disminuir, por ejemplo, el número de ediles desembocaría en cambios importantes dentro de las corporaciones. Sólo en Asturias se podrían perder cerca de 200 concejales si finalmente se pacta una reducción del 20%. La aspiración del PP es que esa disminución llegara hasta el 30%, sin embargo, los socialistas se niegan a aceptar un recorte tan drástico.

Sostienen desde el PSOE que meter la tijera ahí tiene poca razón de ser. Recuerdan que la mayoría de los concejales que hay en España (85%) no perciben sueldo y, en muchos casos, tampoco remuneración alguna a través de dietas por ejercer su labor. Son precisamente estos, según confirman diversas fuentes, los que se van a suprimir.

En el Principado hay en la actualidad 946 concejales. Esta cifra supone, de acuerdo al censo, que existe un edil por cada mil asturianos. Si finalmente se acuerda aplicar una reducción del 20% se podrían perder 190 concejales después de las elecciones locales de 2015. Esta rebaja en el número de representantes municipales influirá en el porcentaje de ediles que tendrán a partir de ahora dedicación exclusiva.

Los socialistas insisten en que este tipo de medidas no significa ahorro y, por el contrario, «restan democracia y acaban con la pluralidad». «El problema -asegura el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE es el gasto de los grandes ayuntamientos».

No parece, al menos de momento, que la intención del Gobierno sea imponer medidas que afecten a los alcaldes de las poblaciones más importantes. Basta con echar un vistazo a la propuesta de homologación de los sueldos. El Ejecutivo quiere que la remuneración de los regidores no supere los 67.055 euros anuales que perciben los secretarios de Estado. De esta restricción se librarían 14 alcaldes de capitales de provincia, que perciben un salario superior. Es el caso, por ejemplo, de Xavier Trias en Barcelona (109.939 euros), Iñaki Azkuna, regidor de Bilbao (96.399 euros) o la alcaldesa madrileña, Ana Botella (94.703 euros).

Los sueldos de los regidores de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, (66.111 euros al año) y de Gijón, Carmen Moriyón (64.945) les dejan fuera de los cambios que proyecta el Gobierno central. Es pronto, no obstante, para aventurarse a asegurar que las modificaciones no afecten al resto de alcaldes. Once de ellos cobran por encima de los 40.000 euros. Por detrás de los de Oviedo y Gijón, se sitúan las alcaldesas de Llanes (56.179 euros) y Avilés (53.000). A continuación están los regidores de Tineo (47.961), Corvera (45.499), Cangas del Narcea (43.330), Valdés (42.560), San Martín del Rey Aurelio (41.651), Somiedo (41.576) y Aller (40.000).

Reorganización

Muchos de estos alcaldes no ocultan su inquietud ante la posibilidad de que la reforma pueda afectar a la mitad de las 18 mancomunidades que, en la actualidad, tienen actividad en la región. PP y PSOE negocian estos días los criterios que se van a adoptar para decidir sobre la continuidad de estos entes supramunicipales cuya cifra a nivel nacional se sitúa en el entorno del millar. Los populares no tienen dudas y abogan por la supresión de la mayoría. «Un 90% no sirven para nada», afirmaba esta semana el líder de los populares andaluces, José Luis Sanz. Consideran en el PP que la labor que desarrollan estas entidades puede ser asumida por las diputaciones.

Los socialistas, por el contrario, salen en defensa de las mancomunidades. Sostienen que juegan un «papel clave» a la hora de prestar servicios a los ayuntamientos más pequeños. Piden, por ese motivo, una «evaluación» de su funcionamiento. Si este resulta positivo, el PSOE no ve motivo alguno para determinar su eliminación.

En el caso de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) reconoce que el funcionamiento de estos entes supramunicipales, a día de hoy, presenta importantes dificultades. La situación económica y algunos conflictos de tipo político han terminado por lastrar a una buena parte de las mancomunidades de la región que pueden desaparecer en un plazo corto de tiempo. Basta con ver lo que ocurre en la Mancomunidad del Oriente. La dimisión de los responsables y el abandono de varios concejos deja en situación crítica el futuro de esta entidad. Hacia la disolución camina la de Cabo Peñas, que sigue así los pasos ya emprendidos por la Mancomunidad Suroccidental. A partir de ahora, Degaña e Ibias, dos de los miembros de este ente supramunicipal, compartirán prestaciones. Es precisamente esta fórmula de alianzas la que reivindican desde la FACC como una alternativa a la eliminación de las mancomunidades. Se trata de la agrupación de municipios, una iniciativa que tiene fuerte arraigo en Cataluña. Permitiría compartir servicios e incluso personal (algunos ayuntamientos tienen el mismo secretario municipal) sin necesidad de tener una estructura determinada ni entidad jurídica, con el coste que eso representa.

Dicho esto, Antonio de Luis Solar, presidente de la FACC, tiene claro que el Gobierno no puede 'cargarse' mancomunidades que, en algunos casos, ofrecen servicios básicos «indispensables» que deben ser «garantizados». Recuerda que algunas de las prestaciones que ofrecen son relevantes para buena parte de los vecinos, sobre todo, en municipios pequeños. La alianza entre concejos mediante la estructurara organizativa que representa una mancomunidad permite, por ejemplo, compartir el parque de maquinaria, la recogida y tratamiento de residuos o los servicios sociales. Destacan por su funcionamiento en el Principado las mancomunidades de las Cinco Villas, el Valle del Nalón o la Comarca de la Sidra.

Definir competencias

Si hay un elemento que satisface las demandas municipales esa es la «clarificación de competencias». El objetivo de esta iniciativa es que los ayuntamientos dejen de ejercer atribuciones que, no sólo no le corresponde sino por las que no reciben financiación suficiente. Queja histórica de los alcaldes que puede tener las horas contadas si finalmente el compromiso del Ejecutivo tiene reflejo en la nueva ley de bases del régimen local y va acompañada de una financiación acorde a este nuevo contexto.

El Gobierno, más allá del guiño a los municipios, considera que con esta medida se evitarán muchas duplicidades y se sufragaría buena parte de la deuda que acumulan los entes locales, en la línea para cumplir con los límites del déficit público. Incluso, desde el Ministerio de Hacienda se atreven a ponerle cifra al ahorro que supondrá esta actuación: 3.500 millones.

El planteamiento que hay sobre la mesa es que el nuevo marco normativo establezca con precisión el catálogo de servicios locales. Asimismo, según han confirmado fuentes consultadas, se otorgaría potestad a los interventores municipales (que pasarán a depender del Estado igual que los secretarios y los tesoreros municipales) para prohibir, si fuera necesario, gastos al alcalde en aquellas cuestiones que no figuren dentro de su ámbito competencial.

Acabar con los denominados gastos impropios puede considerarse la cara del documento. La cruz podría ser la supresión de competencias a los ayuntamientos pequeños que no cumplan con unos baremos mínimos de calidad. En concreto, la propuesta que se ha conocido afectaría a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. El Gobierno advierte de que pueden perder parte de sus atribuciones que asumirían las diputaciones o, en el caso de las comunidades uniprovinciales como Asturias, la Administración autonómica. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mostrado su disconformidad con la propuesta que, sólo en Asturias, podría afectar a 71 de los 78 concejos. «Se vaciaría de contenido a estos ayuntamientos», subraya De Luis Solar, que mantiene su esperanza de que el Gobierno dé marcha atrás y rectifique en aquellos aspectos más controvertidos de la reforma.

Ultimo barómetro del CIS…

Ultimo barómetro del CIS…

VER EL AVANCE DE RESULTADOS EN LA WEB DEL CIS

Cunde el pesimismo en España por la crisis

El 58,5 por ciento augura que habrá más personas sin hogar; el 66,3 por ciento vaticina un incremento de las desigualdades sociales; el 64,2 por ciento cree que habrá más dificultades para acceder a una vivienda y el 60,4 por ciento espera una bajada en la calidad de la asistencia sanitaria.

nuevatribuna.es

Sólo el 13,3 por ciento de los españoles cree que la situación económica del país mejorará durante el próximo año, mientras que la mitad de la población considera que dentro de doce meses la economía española será peor que ahora, según refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El pesimismo respecto a la situación económica española se refleja al analizar esta encuesta, realizada durante los primeros quince días de diciembre y hecha pública este viernes, que revela que hasta el 79 por ciento de los ciudadanos creen que dentro de un año la economía del país será igual o peor que en la actualidad.

Los datos reflejan además que el 72,6 por ciento de los encuestados ven la actual situación económica peor que la de hace un año y sólo un 4,3 por ciento advierte mejoras, frente al 21,9 por ciento que no ve variación.

En general, el 91,5 por ciento de la población considera que España atraviesa una situación económica mala o muy mala y sólo uno de cada cien ciudadanos la califica de buena.

Preguntados por su situación personal, los encuestados se dividen entre el 26,6 por ciento que la consideran buena o muy buena y el 25,2 por ciento que la ve mala o muy mala. Además, poco más del 20 por ciento espera mejorar esta situación durante el próximo año mientras que el 19 por ciento augura que dentro de doce meses su situación económica empeorará.

Un mes más, el instituto sociológico sondea las perspectivas personales de los desempleados de encontrar trabajo y la encuesta refleja que seis de cada diez parados ven poco o nada probable encontrar un empleo durante los próximos doce meses, frente al 30 por ciento de los desempleados encuestados que sí confían en encontrar un puesto de trabajo.

Mientras, un 22,3 por ciento de los encuestados que tenían trabajo reconocen su temor a perder el empleo durante 2013, mientras que el 68,3 por ciento califican de poco o nada probable esta posibilidad y confían en mantener su puesto laboral.

CENTRAR LOS ESFUERZOS EN COMBATIR EL PARO

A juicio de los encuestados, el principal objetivo de la sociedad española durante los próximos cinco años debería ser luchar contra el paro, una opción que sitúan en primer lugar hasta un 64,5 por ciento de los ciudadanos. Esta opción está seguida por la lucha contra la corrupción política y la mejora de la competitividad económica.

Además, más del 60 por ciento de los ciudadanos consideran que durante el próximo lustro aumentarán las desigualdades sociales, las dificultades para tener una vivienda, los problemas relacionados con el cuidado de los mayores y el número de personas sin hogar; a la vez que creen que disminuirá la calidad de la asistencia sanitaria.

En cuanto al número de parados, el 45 por ciento de los encuestados confían en un descenso del número actual de desempleados dentro de cinco años, mientras que casi un 40 por ciento muestra su pesimismo y augura un aumento de parados.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA