Controvertida reforma de la ley de bases del régimen local

190 ediles menos y reducción de mancomunidades

La reforma local propuesta por el Gobierno transformaría el mapa municipal en Asturias

Foto: Javier Fernández y Antonio de Luis Solar, durante la última asamblea de la FACC, celebrada el pasado junio

06.01.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

La reforma local estará lista este mes para su aprobación. El Gobierno de Mariano Rajoy sacará adelante el proyecto tenga o no el apoyo de los socialistas. A expensas de conocer el resultado de las actuales negociaciones, nadie duda a estas alturas que los cambios que se avecinan en el escenario municipal van a ser drásticos. La idea del Ejecutivo es reestructurar el conjunto de las administraciones públicas y el siguiente paso apunta hacia los entes municipales, que verán reducida su estructura y algunos, incluso, se suprimirán en el marco de la política de ajustes.

Encima de la mesa propuestas concretas como la reducción del número de concejales, la supresión de mancomunidades, poner techo al sueldo de los alcaldes, examen a las prestaciones municipales y clarificación de las competencias que desarrolla cada administración. No son, ni mucho menos, cuestiones baladís. Disminuir, por ejemplo, el número de ediles desembocaría en cambios importantes dentro de las corporaciones. Sólo en Asturias se podrían perder cerca de 200 concejales si finalmente se pacta una reducción del 20%. La aspiración del PP es que esa disminución llegara hasta el 30%, sin embargo, los socialistas se niegan a aceptar un recorte tan drástico.

Sostienen desde el PSOE que meter la tijera ahí tiene poca razón de ser. Recuerdan que la mayoría de los concejales que hay en España (85%) no perciben sueldo y, en muchos casos, tampoco remuneración alguna a través de dietas por ejercer su labor. Son precisamente estos, según confirman diversas fuentes, los que se van a suprimir.

En el Principado hay en la actualidad 946 concejales. Esta cifra supone, de acuerdo al censo, que existe un edil por cada mil asturianos. Si finalmente se acuerda aplicar una reducción del 20% se podrían perder 190 concejales después de las elecciones locales de 2015. Esta rebaja en el número de representantes municipales influirá en el porcentaje de ediles que tendrán a partir de ahora dedicación exclusiva.

Los socialistas insisten en que este tipo de medidas no significa ahorro y, por el contrario, «restan democracia y acaban con la pluralidad». «El problema -asegura el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE es el gasto de los grandes ayuntamientos».

No parece, al menos de momento, que la intención del Gobierno sea imponer medidas que afecten a los alcaldes de las poblaciones más importantes. Basta con echar un vistazo a la propuesta de homologación de los sueldos. El Ejecutivo quiere que la remuneración de los regidores no supere los 67.055 euros anuales que perciben los secretarios de Estado. De esta restricción se librarían 14 alcaldes de capitales de provincia, que perciben un salario superior. Es el caso, por ejemplo, de Xavier Trias en Barcelona (109.939 euros), Iñaki Azkuna, regidor de Bilbao (96.399 euros) o la alcaldesa madrileña, Ana Botella (94.703 euros).

Los sueldos de los regidores de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, (66.111 euros al año) y de Gijón, Carmen Moriyón (64.945) les dejan fuera de los cambios que proyecta el Gobierno central. Es pronto, no obstante, para aventurarse a asegurar que las modificaciones no afecten al resto de alcaldes. Once de ellos cobran por encima de los 40.000 euros. Por detrás de los de Oviedo y Gijón, se sitúan las alcaldesas de Llanes (56.179 euros) y Avilés (53.000). A continuación están los regidores de Tineo (47.961), Corvera (45.499), Cangas del Narcea (43.330), Valdés (42.560), San Martín del Rey Aurelio (41.651), Somiedo (41.576) y Aller (40.000).

Reorganización

Muchos de estos alcaldes no ocultan su inquietud ante la posibilidad de que la reforma pueda afectar a la mitad de las 18 mancomunidades que, en la actualidad, tienen actividad en la región. PP y PSOE negocian estos días los criterios que se van a adoptar para decidir sobre la continuidad de estos entes supramunicipales cuya cifra a nivel nacional se sitúa en el entorno del millar. Los populares no tienen dudas y abogan por la supresión de la mayoría. «Un 90% no sirven para nada», afirmaba esta semana el líder de los populares andaluces, José Luis Sanz. Consideran en el PP que la labor que desarrollan estas entidades puede ser asumida por las diputaciones.

Los socialistas, por el contrario, salen en defensa de las mancomunidades. Sostienen que juegan un «papel clave» a la hora de prestar servicios a los ayuntamientos más pequeños. Piden, por ese motivo, una «evaluación» de su funcionamiento. Si este resulta positivo, el PSOE no ve motivo alguno para determinar su eliminación.

En el caso de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) reconoce que el funcionamiento de estos entes supramunicipales, a día de hoy, presenta importantes dificultades. La situación económica y algunos conflictos de tipo político han terminado por lastrar a una buena parte de las mancomunidades de la región que pueden desaparecer en un plazo corto de tiempo. Basta con ver lo que ocurre en la Mancomunidad del Oriente. La dimisión de los responsables y el abandono de varios concejos deja en situación crítica el futuro de esta entidad. Hacia la disolución camina la de Cabo Peñas, que sigue así los pasos ya emprendidos por la Mancomunidad Suroccidental. A partir de ahora, Degaña e Ibias, dos de los miembros de este ente supramunicipal, compartirán prestaciones. Es precisamente esta fórmula de alianzas la que reivindican desde la FACC como una alternativa a la eliminación de las mancomunidades. Se trata de la agrupación de municipios, una iniciativa que tiene fuerte arraigo en Cataluña. Permitiría compartir servicios e incluso personal (algunos ayuntamientos tienen el mismo secretario municipal) sin necesidad de tener una estructura determinada ni entidad jurídica, con el coste que eso representa.

Dicho esto, Antonio de Luis Solar, presidente de la FACC, tiene claro que el Gobierno no puede 'cargarse' mancomunidades que, en algunos casos, ofrecen servicios básicos «indispensables» que deben ser «garantizados». Recuerda que algunas de las prestaciones que ofrecen son relevantes para buena parte de los vecinos, sobre todo, en municipios pequeños. La alianza entre concejos mediante la estructurara organizativa que representa una mancomunidad permite, por ejemplo, compartir el parque de maquinaria, la recogida y tratamiento de residuos o los servicios sociales. Destacan por su funcionamiento en el Principado las mancomunidades de las Cinco Villas, el Valle del Nalón o la Comarca de la Sidra.

Definir competencias

Si hay un elemento que satisface las demandas municipales esa es la «clarificación de competencias». El objetivo de esta iniciativa es que los ayuntamientos dejen de ejercer atribuciones que, no sólo no le corresponde sino por las que no reciben financiación suficiente. Queja histórica de los alcaldes que puede tener las horas contadas si finalmente el compromiso del Ejecutivo tiene reflejo en la nueva ley de bases del régimen local y va acompañada de una financiación acorde a este nuevo contexto.

El Gobierno, más allá del guiño a los municipios, considera que con esta medida se evitarán muchas duplicidades y se sufragaría buena parte de la deuda que acumulan los entes locales, en la línea para cumplir con los límites del déficit público. Incluso, desde el Ministerio de Hacienda se atreven a ponerle cifra al ahorro que supondrá esta actuación: 3.500 millones.

El planteamiento que hay sobre la mesa es que el nuevo marco normativo establezca con precisión el catálogo de servicios locales. Asimismo, según han confirmado fuentes consultadas, se otorgaría potestad a los interventores municipales (que pasarán a depender del Estado igual que los secretarios y los tesoreros municipales) para prohibir, si fuera necesario, gastos al alcalde en aquellas cuestiones que no figuren dentro de su ámbito competencial.

Acabar con los denominados gastos impropios puede considerarse la cara del documento. La cruz podría ser la supresión de competencias a los ayuntamientos pequeños que no cumplan con unos baremos mínimos de calidad. En concreto, la propuesta que se ha conocido afectaría a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. El Gobierno advierte de que pueden perder parte de sus atribuciones que asumirían las diputaciones o, en el caso de las comunidades uniprovinciales como Asturias, la Administración autonómica. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mostrado su disconformidad con la propuesta que, sólo en Asturias, podría afectar a 71 de los 78 concejos. «Se vaciaría de contenido a estos ayuntamientos», subraya De Luis Solar, que mantiene su esperanza de que el Gobierno dé marcha atrás y rectifique en aquellos aspectos más controvertidos de la reforma.