PRENSA

El impasse en las movilizaciones mineras no es total, ni mucho menos...

El Principado destaca la «fortaleza» del carbón, que aporta el 60% de la electricidad en Asturias

Foto: Central térmica de La Pereda, en Mieres, perteneciente al Grupo Hunosa.

Oviedo, E. P., en La Nueva España

El director general de Minería del Principado de Asturias, Isaac Pola, resaltó que el carbón es un elemento principal del mix energético de la región y debe seguir siéndolo en el futuro. Pola también expuso que el mineral autóctono ha mejorado «sustancialmente» en los últimos años su comportamiento medioambiental y con el control de emisiones y el desarrollo de tecnologías de captura de dióxido de carbono, «Asturias no puede renunciar a uno de sus recursos autóctonos», apostilló. En este sentido, aseguró que en los últimos años el carbón supone, por término medio, más del 60 por ciento de la generación eléctrica en la región, por lo que es una de «nuestras fortalezas».

Sobre el conflicto del sector, afectado por el fuerte recorte de las ayudas del Gobierno, Pola aseguró que la postura del Principado es «meridianamente clara» a la hora de defender el carbón como reserva estratégica energética, que debe mantener su participación en el mix energético asturiano. También hizo alusión a un informe reciente de Red Eléctrica Española en el que se destaca la importancia «significativa» que ha ido cobrando el carbón en el mix energético nacional, en un año de baja hidraulicidad y baja aportación de energía eólica. Estos factores han permitido que la aportación del carbón sea de un 17 por ciento, un porcentaje del que, el diez por ciento, ha sido cubierto con mineral autóctono. De hecho, el carbón nacional ha aumentado su contribución al mix en el primer semestre del año.

Preguntado por la agresión al capataz de la mina Cerredo tras un accidente ocurrido en la explotación Pola apuntó que «ninguna incidencia de este tipo son deseables ni defendibles». No obstante, ha remarcado que el entorno de este sector «se ha crispado con bastante fuerza en los últimos tiempos», al pasar de un marco en el que había un plan nacional y romperse el clima de negociación. Esta situación, en opinión del director general de Minería, ha conllevado situaciones «manifiestamente indeseables», que ha achacado a la tensión del sector.

Isaac Pola también hizo alusión a las acusaciones sobre una supuesta estrategia especulativa del carbón que acumula la empresa Goldman Sachs en El Musel. El responsable regional indicó que el Real decreto de restricciones por garantía de suministro permitía acompasar las producciones de carbón autóctono programadas en el marco de un Plan Nacional con los consumos de determinadas centrales de generación eléctrica que utilizaban el mineral. Sobre la presunta estrategia de hacer pasar ese carbón colombiano por autóctono, indicó que sería una «actuación perseguible». También resaltó que el Principado no tiene competencia directa, pero sí le corresponde estar vigilante en que se cumpla la normativa.

Las movilizaciones vuelven al sector con la huelga de los 400 mineros de Uminsa

Mieres / Langreo, L. M. D., en La Nueva España mineros de Uminsa (Unión Minera del Norte), compañía propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, celebran desde hoy una huelga en la que protestan contra las medidas tomadas por la dirección de la firma tras el final de la huelga indefinida en el sector, y que suponen una pérdida de alrededor de 200 euros mensuales a cada trabajador.

La huelga en Uminsa afecta a los trabajadores de los pozos Santa Cruz y Alinos, el cielo abierto de Jarrinas y el lavadero Alicia de Fabero, todos ellos centros de trabajo ubicados en la provincia de León. En total, son alrededor de 400 personas las que están llamadas a la huelga. La reorganización de los turnos de trabajo es el motivo de la huelga. Estos cambios en los turnos provocan que cada trabajador reciba mensualmente entre «cinco y seis jornales menos», lo que traducido a dinero supone alrededor de 200 euros. Además, no podrían disfrutar de vacaciones este año.

Esta situación planteada en Uminsa es similar a la que viven los empleados de las minas asturianas a cielo abierto de Tormaleo y Cerredo, que suman una plantilla de 150 trabajadores, y que también decidieron a finales de la semana pasada presentar la documentación necesaria para ir a la huelga. Estas dos minas, pertenecientes a la empresa Coto Minero Cantábrico, son propiedad del mismo empresario: Victorino Alonso.

La semana pasada los mineros de Uminsa mantuvieron un encuentro con la dirección de la empresa, pero no sirvió para acercar posturas y poder evitar la huelga, ya que únicamente se presentó la documentación final en la que se cambiaban los turnos de trabajo en la compañía. Uminsa argumenta que con la rebaja de las ayudas al sector es necesario recortar costes.

La central de Hunosa vuelve hoy a quemar mineral tras dos meses de parón por la huelga

Las pruebas experimentales para la captura de CO2 que se estaban desarrollando en la planta de La Pereda se retomarán en septiembre

Langreo / Mieres, L. M. D.

La central térmica de La Pereda, propiedad de la empresa pública minera Hunosa, volverá hoy a quemar carbón después de dos meses de parálisis en su funcionamiento debido a la huelga general en el sector minero. A lo largo de la jornada de ayer se procedió al arranque de la instalación mierense, y, tal y como se apuntó desde Hunosa, «si todo discurre según lo previsto», hoy mismo volvería a quemarse mineral en la central.

Para llevar a cabo la «compleja operación» de la central térmica de La Pereda se utilizará gas natural, un combustible que emite menos gases contaminantes en estos procesos que el gasoil, que es el combustible más utilizado en las térmicas para proceder a su arranque. Está previsto que si estas labores previas se desarrollan con normalidad, a lo largo de la jornada de hoy la térmica de Hunosa empezaría a quemar el carbón que a lo largo de los últimos días se ha venido arrancando en los pozos de las Cuencas.

La central de La Pereda dejó de funcionar una vez iniciada ya la huelga indefinida de la minería, a comienzos del mes de junio. Desde entonces, y hasta hoy, la central no había vuelto a alimentarse del carbón de Hunosa. En este periodo de inactividad la compañía ha aprovechado para realizar en la instalación la parada técnica de revisión, que en caso de no haberse producido la huelga tendría que haberse llevado a cabo en los próximos meses.

Lo que aún no se va a reanudar son las pruebas que se estaban llevando a cabo en la central experimental de captura de CO2 con la que cuenta la planta mierense. Estos trabajos, que hasta el momento se habían desarrollado «con normalidad», no sufrirán «retrasos o cambios» pese a la huelga. Está previsto que las pruebas se retomen a comienzos de septiembre, cuando la plantilla de la térmica quede estabilizada tras las vacaciones estivales.

El proyecto de captura de dióxido de carbono en La Pereda está subvencionado en el marco del Séptimo Programa Marco Europeo con un presupuesto de 6,8 millones de euros. Además de Hunosa, en la iniciativa participan Endesa, el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la compañía Foster Wheeler, que actúa como socio tecnológico en el desarrollo de la ingeniería de la planta. La planta experimental cuenta con una potencia instalada de 1,7 megavatios.

En la central de La Pereda también se desarrollan otros programas innovadores dentro del sector energético regional, como la quema de biomasa.

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El gobierno criminaliza la pobreza a la vez que se protegen los intereses de determinadas minorías con son la banca y las grandes empresas, frente a ese modelo hay que rebelarse

Los jueces no descartan una huelga en otoño por el recorte salarial

Junto a los fiscales, celebraran juntas simultáneas el próximo 21 de septiembre para decidir las medidas de presión que adoptarán

EFE, Madrid

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial en el sector público, entre las que no descartan la convocatoria de una huelga. En una entrevista con Efe, Bosch considera que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un punto de vista compartido, según el portavoz de JpD -de corte progresista-, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que "de manera unitaria" han rechazado los recortes en el sector público y por lo que el próximo 21 de septiembre está previsto que se celebren juntas de forma simultánea en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch, que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios, paros parciales o la convocatoria de una huelga.

Considera que en el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos derechos "con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades bancarias y las grandes empresas".

Para Bosch, a estas minorías no se les exigen los mismos sacrificios que se están reclamando a otras capas de la población que ven recortados sus derechos reconocidos legalmente. "Ante esto solo caben dos alternativas: aceptar estos recortes de derechos de forma resignada o ejercer de forma crítica una serie de derechos como el de manifestación, libertad expresión y en última instancia el de huelga", defiende el portavoz de JpD, que también censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta situación".

El Gobierno acalla las protestas 

Por otra parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de golpes de efecto y de titulares", ha opinado. El grado de dureza de la legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de población reclusa.

Como ejemplo, cita Bosch, los desórdenes públicos que se puedan cometer en actos de protesta, que "ya tienen respuesta" en el Código Penal, y cree que su endurecimiento y tipificar como delito medidas pacíficas de protesta, muestra la intención del Ejecutivo. "En vez de intentar convencer a la población sobre la hipotética bondad de las medidas anunciadas, el Gobierno pretende silenciar las formas críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.

Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que se criminaliza la pobreza", ha concluido.

Para seguir riendo – por no llorar –, y con gana

Las empresas sólo pagan a Hacienda el 17,7% de sus beneficios

Las grandes compañías son las más beneficiadas por las deducciones del Impuesto de Sociedades.

En tres años, la factura real de las empresas con el fisco se ha reducido en 2,5 puntos.

P.G., MADRID, en Público.

De cada 100 euros que obtienen como beneficios, las empresas pagan a Hacienda apenas 18 euros. Las diversas bonificaciones y deducciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades permiten que las compañías reduzcan notablemente su factura con Hacienda; una situación que beneficia especialmente a las compañías más grandes.

La última Memoria de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, con datos referidos al ejercicio de 2009, cifra en el 17,7% el tipo efectivo en el Impuesto Sobre Sociedades, esto es, lo que de verdad representa el pago a Hacienda sobre los resultados obtenidos, una vez aplicadas las deducciones, bonificaciones y desgravaciones. Este porcentaje contrasta con el 30% del gravamen general del impuesto  (ó el 25% que soportan las pymes, entendiendo como tales las que facturan menos de 8 millones de euros).

La última reforma de este tributo (que entró en vigor en 2007) contemplaba una progresiva reducción y desaparición de las deducciones, pero eso no ha supuesto que las empresas hayan tenido que pagar más al fisco. Al contrario. Las estadísticas de Hacienda muestran que en los últimos años el tipo efectivo ha ido bajando acusadamente: en 2003, este ratio era del 24,4%, con el tipo general en el 35%; y en 2007, cuando se rebajó el gravamen al 30%, el tipo efectivo se situaba el 20,2%. En tres ejercicios, el porcentaje real de pago de impuestos de las empresas se ha reducido en 2,5 puntos porcentuales.

Y cuanto mayor es la empresa, menos paga a Hacienda. Los datos de la Memoria de la Administración Tributaria muestran que las compañías con una facturación de más de 1.000 millones de ingresos tienen un tipo efectivo del 16,4% (más de un punto inferior de la media). Las grandes empresas, con departamentos fiscales internos y la ayuda de grandes despachos profesionales, suelen exprimir al máximo las posibilidades que les permite la ley del Impuesto (y en algunos casos, rozando lo permisible, según denuncian las asociaciones de inspectores fiscales y de técnicos de Hacienda). Las pymes apenas pueden exprimir las deducciones, y todas las empresas que facturan menos de 10 millones de euros soportan un tipo efectivo superior a la media. Las más pequeñas son las que, en términos relativos, acaban pagando más al fisco: las que facturan entre 50.000 y 250.000 euros tienen un tipo efectivo del 21,9%, y las que facturan menos de 50.000 euros, del 23,4%.

El ejercicio de 2009 fue el primero de la crisis que siguió a la quiebra de Lehman Brothers. Las grandes empresas españolas, las que forman parte del Ibex 35, tuvieron aquel año unos beneficios 42.000 millones, un 21% menos que en 2008 (luego, con la recuperación 2010, subieron a 49.000 millones). Pero esto no tiene mucho impacto en el tipo efectivo, que tiene que ver sobre todo con deducciones y desgravaciones por inversiones y otras actuaciones realizadas en ejercicios anteriores.

La crisis sí que produjo la desaparición de empresas, especialmente pymes. Los datos de la memoria de Hacienda señalan que en 2009 hubo 1,41 millones de declarantes del Impuesto sobre Sociedades; de éstos, 1,19 eran los que el impuesto denomina "de reducida dimensión", esto es, las empresas que facturan menos de 8 millones de euros. Eran 6.600 empresas menos que un año antes.

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Ni demócrata ni tecnócrata, fiel lacayo de su amo el Bundesbank, eso si

El PSOE recuerda a Draghi ‘que no es ministro, ni tiene refrendo democrático’

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha expresado su "absoluto desacuerdo" con las recomendaciones económicas del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

nuevatribuna.es

En una entrevista con Europa Press, Soraya Rodríguez ha subrayado que, después de cinco años de crisis y más de tres con medidas de ajuste, se ha visto que las recetas de la reducción del gasto y del Estado del Bienestar ofrecen consecuencias negativas. "Las políticas neoliberales de la derecha alemana y europea han fracasado", resume.

A su juicio, lo que debería hacer Mario Draghi es constatar ese fracaso y preocuparse más de sus propias responsabilidades, en lugar de dar recomendaciones económicas a los gobiernos democráticamente elegidos en la zona euro.

HAY QUE TENER APOYO DEMOCRÁTICO PARA IMPONER AJUSTES

"Hay que tener refrendo democrático para poder imponer recomendaciones o políticas económicas a los gobiernos democráticamente elegidos y Mario Draghi no es el ministro de Economía de la UE, nadie la ha votado para eso, ni tiene refrendo democrático de nadie --remarca--. Es el presidente de una institución europea muy importante, con competencias muy claras: control de precios y estabilidad monetaria".

En su opinión, los ciudadanos deben ser quienes eligen a los representantes que dirijan la Unión económica, "pero no vale que se impongan las recetas de gente nombrada por cooptación de aquellos que democráticamente son elegidos". "Hay que comenzar a poner muy en claro esto: el déficit democrático de la UE debe solventarse --ha subrayado--. Es como en la revolución de las colonias americanas frente a Inglaterra: no hay impuestos sin representación".

Y en el caso concreto de la recomendación de bajar los salarios, Soraya Rodríguez ha recordado que Europa ya había hecho peticiones en ese sentido. Según ha dicho, al Gobierno del PSOE también le pidieron una reforma laboral para facilitar el despido y bajar los salarios, pero no lo hizo porque lo considera ineficaz, y sí lo ha hecho el PP al llegar al Gobierno.

AL DICTADO DEL BUNDESBANK

La portavoz del PSOE considera que lo que tiene que preguntarse Draghi es si está actuando de acuerdo con la responsabilidad que tiene y si tiene capacidad para actuar en defensa del euro como la Reserva Federal estadounidense con el dólar.

Y en ese sentido cree que "ha llegado el momento de hacer un juicio muy crítico", como a su juicio se vio a principios de mes cuando Draghi mostró su disposición a hacer lo que fuera para defender el euro pero después no hizo nada: "Cuando el presidente del BCE dijo dos frases, de repente paró la especulación contra nuestra moneda, pero finalmente acabó respondiendo a los dictados del Bundesbank".

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Si lo del BCE lo leemos bajo el punto de vista de que es “la zorra cuidando el corral ”, no resulta nada complicado entenderlo

OIT rechaza la propuesta del BCE de bajar salarios

La Organización Internacional del Trabajo alertó de que la búsqueda del aumento de la competitividad por medio de la reducción de salarios "sería insostenible globalmente".

nuevatribuna.es

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirmó hoy que una bajada de los salarios con el objetivo de mejorar la competitividad, rebajar la tasa de desempleo y fomentar el crecimiento económico puede tener el efecto contrario.

La OIT respondió así al Banco Central Europeo (BCE), que este jueves abogó por una mayor flexibilidad en la determinación de los sueldos (como por ejemplo una rebaja en el salario mínimo), combinada con medidas para fortalecer la competitividad, como receta para propiciar una vuelta al crecimiento económico.

Frente a este argumento, la OIT afirmó que "una rebaja en los salarios tiende a conducir a un aumento en las exportaciones, pero también deprime el consumo doméstico, lo que afecta el crecimiento".

Dado el nivel de incertidumbre económica actual, la OIT consideró "poco claro" que un recorte en los salarios vaya a generar incentivos para incrementar las inversiones.

"Cuando una caída en los salarios reduce el consumo doméstico más de lo que esta misma medida incrementa las exportaciones y la inversión, tiene un efecto negativo en el crecimiento económico de un país", aseguró el experto en Condiciones de Trabajo de la OIT Patrick Belser.

"Esto explica por qué los salarios a la baja en periodos de crisis pueden de hecho conducir a una espiral de descenso de la demanda agregada y a una deflación de precios, en lugar de a una recuperación económica rápida", agregó Belser.

Este experto de la OIT también alertó de que la búsqueda del aumento de la competitividad por medio de la reducción de salarios "sería insostenible globalmente".

"Si las bajadas de salario para mejorar la competitividad se produjesen simultáneamente en todos los países, esas ganancias en competitividad se cancelarían y el efecto global del recorte de salarios sobre el consumo podría llevar a una depresión mundial de la demanda agregada y del empleo", advirtió.

El PSOE dice al BCE que su misión es defender el euro y no pedir rebaja salarial

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha recordado este viernes al Banco Central Europeo (BCE) que su misión es defender la moneda común, cosa que a su juicio "no está haciendo muy bien", por lo que ha afirmado que quizás habría que "empezar a hacer exigencias" al instituto emisor para que se cumpla con su obligación de defender "la moneda de todos los europeos".

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El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha recordado al Banco Central Europeo (BCE) que su función es defender el euro en lugar de pedir que se rebajen los salarios.

Así se ha pronunciado López, en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por el informe del BCE en el que la entidad señala que la moderación salarial ha sido muy limitada en España y prevé una caída de la remuneración por asalariado como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral.

"Va a llegar la hora de que alguien le pida al Banco Central Europeo, en lugar que la entidad le pida a los demás. La función del BCE es la de defender al euro y no lo está haciendo muy bien en las últimas fechas", ha señalado López.

El número tres de los socialistas se ha referido también al asalto a dos supermercados por parte de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en uno de los cuales participó el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez-Gordillo.

"La ley tiene que ser igual para todos, también para los dirigentes políticos, por lo que se tiene que hacer cumplir en los mismo términos para todos", se ha limitado a decir el secretario de Organización del PSOE.

Óscar López también ha denunciado que el Gobierno carece de la "sensibilidad mínima" para prorrogar la ayuda de 400 euros para parados que han agotado toda prestación, y ha tildado de "vergüenza" la actitud del Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy a la hora de gestionar el mantenimiento del Plan Prepara.

López ha avanzado que su formación no "va a parar" hasta que el Gobierno prorrogue el programa, y ha anunciado que todos los cargos públicos del PSOE se han movilizado "a todos los niveles" para que el Ejecutivo prolongue el plan más allá del 15 de agosto.

El secretario de Organización socialista ha vuelto a solicitar a Rajoy que "interrumpa sus vacaciones" y convoque un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar la prórroga de la "única prestación de cientos de miles de españoles" que "lo están pasando verdaderamente mal".

En este sentido, ha aseverado que la ayuda de 400 euros para parados que han agotado sus prestaciones constituye "lo básico para poder subsistir", y ha reiterado que el Gobierno "tiene tiempo" para reconducir la situación.

Llamazares dice que el BCE pretende "devaluar" a los españoles

"El BCE considera imposible cualquier devaluación monetaria y opta directamente por devaluar a los ciudadanos tanto en sus salarios directos como en sus derechos sociales, sanitarios y en sus pensiones".

nuevatribuna.es

El diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha acusado hoy al Banco Central Europeo (BCE) de querer "devaluar" a los ciudadanos españoles con su propuesta de bajada de salarios. "El BCE considera imposible cualquier devaluación monetaria y opta directamente por la devaluación de los salarios, es decir, por devaluar a los ciudadanos tanto en sus salarios directos como en sus derechos sociales, sanitarios y en sus pensiones", ha criticado Llamazares en una rueda de prensa ofrecida hoy en Gijón.

Además, ha acusado al Gobierno de España de "mentir" en relación al rescate financiero al decir "que no habría nuevas contrapartidas de carácter macroeconómico". "Mienten, porque el BCE considera que hay nuevas contrapartidas y hay nuevos recortes de carácter macroeconómico que tienen que ver con los salarios de los trabajadores", ha alertado.

Unido a esto, ha considerado que el Gobierno tiene preparada "una nueva medida de ajuste" dentro de "este ajuste interminable". Por otro lado, ha manifestado su solidaridad con los médicos que han optado por acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes sin papeles. A su juicio, no darles atención es "inhumano" y es una medida que va "contra la salud pública de los ciudadanos".

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Y los empleados públicos seguimos movilizándonos todos los viernes

El Principado marca como prioridad «contener» el gasto del sector público

Las normas presupuestarias prohíben contratar nuevo personal y financiar obras que no estén ya iniciadas y pretenden mantener los servicios esenciales

Foto: Concentración con manifestación y sentada en los alrededores del hospital “Valle del Nalón”.

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

Contener el gasto del sector público autonómico, no admitir incrementos de plantilla, centrar la inversión sólo en infraestructuras estratégicas ya iniciadas y mantener los servicios públicos esenciales. Éstas son las prioridades del Gobierno regional en el Presupuesto regional del próximo año, que inició ayer su andadura con la publicación en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) de las normas para su elaboración (VER RESOLUCION)

La Consejería de Hacienda, que dirige Dolores Carcedo, ha remitido al resto de departamentos del Gobierno, así como a los entes y fundaciones que dependen del Presupuesto del Principado, los criterios que regirán para la elaboración del proyecto de Presupuestos del próximo ejercicio. Consejerías, empresas públicas y fundaciones tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para remitir sus planes y memorias justificativas a la Dirección General de Presupuestos y Sector Público.

Las cuentas del próximo ejercicio parten con el objetivo de máxima austeridad en el gasto, «para garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo, así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad» establecidos en el plan económico financiero (PEF) de Asturias, aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según recogen esas normas. Aunque el Ejecutivo asturiano mostró sus discrepancias con la rebaja del límite de déficit, que pasó del 1,3 por ciento previsto inicialmente al 0,7 por ciento, asume esta cifra en el documento enviado a las consejerías y entes para confeccionar el Presupuesto de 2013.

Este «escenario presupuestario de máxima austeridad» lleva a la Consejería de Hacienda a pedir a todos los departamentos del Gobierno «una revisión de los contenidos de los programas de gasto» y a plantear, de manera expresa, que se dé prioridad a las partidas que «contribuyan a la recuperación económica y a la reducción del desempleo, eliminando los créditos que no contribuyan a estas finalidades». El mantenimiento de los servicios públicos esenciales será otro de los pilares en la confección del Presupuesto regional del próximo año, que parte con un techo de gasto no financiero de 3.542 millones de euros.

El Gobierno regional advierte, a tenor de los criterios remitidos a las consejerías, entes y fundaciones, que estará especialmente vigilante con el gasto en personal y el originado por el sector público autonómico. La Consejería de Hacienda repite varias veces en ese documento que «no admitirá incrementos de plantilla» y que será objetivo prioritario «contener la financiación del sector público y otros entes instrumentales». El Ejecutivo también exige a los entes y fundaciones dependientes del Presupuesto regional que justifiquen de manera pormenorizada las transferencias y subvenciones que solicitarán para el próximo ejercicio «sin que puedan basarse en una mera reiteración de las mismas». Es decir, el Principado pide cuentas, de modo detallado, de cada partida que soliciten esas entidades con cargo al Presupuesto de 2013. Además, estos organismos deberán justificar todo incremento en gastos de personal, «ya sea debido a un incremento en las retribuciones previstas o en el número de efectivos».

Otro de los criterios que primarán en el próximo Presupuesto será el de centrar la inversión «en infraestructuras estratégicas ya iniciadas», así como el «aprovechamiento máximo de los fondos de procedencia comunitaria». La escasez de recursos, derivada de la caída de ingresos y de los ajustes obligados por el Gobierno central en materia de déficit y de endeudamiento, obligará a «afinar» en la selección de la inversión. Los proyectos nuevos precisarán de previa justificación.

La publicación de esas normas es preceptiva para el inicio de la tramitación del Presupuesto. De hecho, el portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, reprochó públicamente el pasado año al entonces presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, que ofreciese un proceso de negociación al resto de grupos parlamentarios cuando su Gobierno ni siquiera había hecho el trabajo interno de pedir a las consejerías y entes del Principado sus previsiones de gasto para 2012.

Los empleados públicos prosiguieron ayer con sus concentraciones contra los recortes  ue vienen repitiendo desde julio, cuando el Gobierno central, que preside Mariano Rajoy, acordó suprimir la paga extra de Navidad de este año, entre otras medidas para reducir el déficit público. Los trabajadores de las tres administraciones -central, autonómica y local- se consideran el «chivo expiatorio» de la crisis, ya que han perdido gran poder adquisitivo desde los primeros ajustes, en junio de 2010.

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Ellos siguen a piñón fijo con lo suyo - que no es lo nuestro - alargando intencionadamente la crisis hasta obtener los objetivos, cada vez más claros, de volver a hacernos siervos como los de la edad media

El BCE pide a los países en apuros bajar sueldos para reducir el paro

El instituto emisor insiste en que la solución a la crisis la tienen los países del euro

Thiago Ferrer Morini, Madrid, en El País.

El Banco Central Europeo (BCE) ha recomendado a los países que están sufriendo altas tasas de paro por los recortes en su gasto público una batería de medidas estructurales que incluye reducir más los salarios y las indemnizaciones por despido. La entidad presidida por Mario Draghi también ha aplaudido la reforma laboral española, llegando a afirmar que “si se hubiera aplicado años antes” habría reducido la destrucción de empleo.

El informe mensual del BCE incluye en su análisis sobre la situación económica y monetaria en la Eurozona un anexo titulado Los procesos de ajuste en la zona euro: progresos en Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal. En su último epígrafe, La necesidad de más reformas estructurales y fiscales, la entidad esboza una serie de medidas para “aumentar la competitividad global, reducir el desempleo y restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Para “aumentar la competitividad”, el BCE considera “urgente” el reducir “los costes laborales y los márgenes de beneficio excesivos”, especialmente en los países con un alto nivel de paro.

Para lo primero, el banco emisor sugiere medidas como “reducir el salario mínimo”, “relajar las leyes de protección laboral”, “permitir la negociación salarial a nivel de empresa” y “abolir la interrelación entre salarios e inflación”.

Pero reducir los costes laborales no es suficiente para incrementar la productividad “permanentemente”. El BCE pone como ejemplos de medidas adicionales a tomar “privatizaciones”, “innovación tanto en los procesos productivos como en la creación e invención de nuevos productos”, “reforzar la formación de la mano de obra” e “iniciativas para favorecer la creación de negocios”.

Para eso el informe recomienda adoptar políticas “valientes” que lleven adelante una serie de reformas estructurales. Entre estas reformas están “liberalizar las profesiones cerradas y la inmigración”, “reorientar el gasto público hacia la educación, la investigación y el desarrollo” y “reformar el sistema judicial y regulatorio para hacerlo más favorable a los negocios”.

El BCE también sugiere “audacia” a la hora de “enfrentarse a sectores privilegiados y grupos de interés”. El informe identifica “márgenes de beneficio excesivos” en “negocios orientados hacia un público local, especialmente en el sector servicios”. La entidad cree que “pueden reducirse gastos” si se retiran “obstáculos a la competencia [internacional]”, en particular en ciertos sectores “protegidos”. Esto último puede lograrse si se rebajasen “las barreras de acceso a nuevas empresas” o, simplemente, “reduciendo la burocracia”.

El anexo también analiza la evolución de los países que han llevado a cabo recortes. Según el informe, “los ajustes han permitido a los países recuperar en parte su competitividad debido a la reducción de sus costes laborales”, aunque reconoce que “parte de la mejora se debe a la destrucción de empleo en sectores de baja productividad”. Inmediatamente, apunta: “El lado negativo ha sido un incremento en la tasa de paro, especialmente pronunciado entre los jóvenes”.

El BCE sugiere que el aumento del desempleo se debe a la “tardanza” de los actores sociales en acordar una rebaja en los sueldos, y señala que desde el principio de la crisis los salarios han disminuido “con retraso” (en el caso de Portugal) o “de forma muy limitada” (en el caso de España y Chipre), aunque el BCE califica de “amplia” la reforma laboral española.

La insistencia del BCE en la rebaja de los costes laborales como solución al desempleo se ve desmentida por los datos. En Irlanda, pese a ser el país donde, según la OCDE, se han reducido más los costes laborales desde el principio de la crisis, la tasa de desempleo sigue por encima del 14%. Además, en los cuatro primeros años tras la explosión de la burbuja emigraron 99.000 irlandeses, un 2,2% de la población del país.

¿De verdad podríamos incumplir la normativa básica estatal y ya está? hay que oponerse, si, pero por los cauces apropiados.

Foro acusa al Principado de «complicidad» en el desmantelamiento de la sanidad

Oviedo, La Nueva España

Foro Asturias acusa al Ejecutivo asturiano de complicidad con el Gobierno de Mariano Rajoy «en el desmantelamiento del sistema público de salud» y de permanecer «inactivo ante las nuevas políticas discriminatorias hacia Asturias» desde el Ejecutivo central. En estos términos se pronunció ayer el portavoz de asuntos sanitarios de Foro en la Junta General del Principado, Albano Longo, en una rueda de prensa en la que arremetió contra el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y las políticas que está llevando a cabo el Gobierno asturiano en este campo.

Según Longo, Javier Fernández «toma por buenas» las medidas que en materia de sanidad, educación o servicios sociales decreta el Gobierno central «en contra de la mayoría de la ciudadanía asturiana realizando un claro ejercicio de seguidismo político».

Foro sí está de acuerdo con el Principado en que es preciso dar cobertura sanitaria a todos los inmigrantes, incluidos los que no tienen papeles, con el fin de evitar la propagación de enfermedades contagiosas y endémicas de algunos países y la saturación de los servicios de urgencias.

Albano Longo asegura que el titular de la cartera de Sanidad se está caracterizando también por la falta de diálogo con los profesionales médicos y los sindicatos a la hora de fijar, por ejemplo, cómo se va a aplicar el incremento de la jornada laboral desde las 35 a las 37 horas y media que deben hacer semanalmente ahora todos los empleados públicos.

Foro se suma al rechazo del Gobierno a cobrar por la sanidad a los inmigrantes ilegales

Longo acusa al PSOE de «complicidad» con el PP en «el desmantelamiento del Sistema Público de Salud»

10.08.12 - E. C. | OVIEDO, en El Comercio.

Foro Asturias está de acuerdo con el Gobierno del Principado en que es preciso dar cobertura sanitaria a todos los inmigrantes, incluidos los que no tienen papeles, con el fin de evitar la propagación de enfermedades contagiosas y endémicas de algunos países y la saturación de los servicios de urgencias.

En estos términos se pronunció ayer el portavoz de asuntos sanitarios de Foro en la Junta General del Principado, Albano Longo, en una rueda de prensa en la que arremetió contra el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y las políticas que está llevando a cabo el Gobierno asturiano en este campo.

De hecho, Longo acusó al Ejecutivo asturiano de complicidad con el gobierno de Mariano Rajoy «en el desmantelamiento del Sistema Público de Salud» y de permanecer «inactivo ante las nuevas políticas discriminatorias hacia Asturias» desde el Ejecutivo central.

Según Longo, Javier Fernández «toma por buenas» las medidas que en materia de sanidad, educación o servicios sociales decreta el gobierno central «en contra de la mayoría de la ciudadanía asturiana realizando un claro ejercicio de seguidismo político».

Longo destacó que el titular de la cartera de Sanidad se está caracterizando también por la falta de diálogo con los profesionales médicos y los sindicatos a la hora de fijar, por ejemplo, cómo se va a aplicar el incremento de la jornada laboral desde las 35 a las 37 horas y media que deben hacer semanalmente ahora todos los empleados públicos.

Según Longo, el consejero se caracteriza por la «ausencia de comunicación con los colectivos sanitarios», por trabajar de forma unilateral y por escudarse en que los recortes y ajustes que se plantean son impuestos por el Gobierno central.

Para el parlamentario de Foro, es preocupante también la nueva distribución del mapa sanitario asturiano que, en su opinión, ha provocado preocupación entre los habitantes de las alas de la región ante la posibilidad de que pueda conllevar el futuro cierre de algunos de los hospitales más alejados del centro de la región.

Longo ha acusado a los socialistas de «deteriorar los servicios esenciales y al consejero de Sanidad de mantener una actitud «oscurantista» para proceder a la reducción del número de profesionales sanitarios.

De esa forma, según baraja el diputado de Foro, a la vez que se conseguirá descender la calidad asistencial y aumentar las listas de espera, se propiciará el desarrollo de la sanidad privada que a medio plazo perjudicará a quienes cuenten con menos recursos económicos.

Criticó también que cuando han pasado casi cien días de gobierno socialista no se tenga aún ni una fecha orientativa para la apertura del nuevo Hospital Central que, en su opinión va a costar finalmente 482 millones de euros, unos 90 millones más de la estimación oficial.

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