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PRENSA

Cómo ya sabéis porque lo dice nuestro presidente, D. Mariano Rajoy, esto forma parte de lo material y no hay qué preocuparse, ¡¡tenemos que ser más espirituales!!…

Cómo ya sabéis porque lo dice nuestro presidente, D. Mariano Rajoy, esto forma parte de lo material y no hay qué preocuparse, ¡¡tenemos que ser más espirituales!!…

Seis euros más llenar el depósito

Los precios del litro de gasolina y de gasóleo se acercan a sus máximos históricos tras acumular un encarecimiento de hasta el 9% desde la primera semana del pasado mes de julio.

nuevatribuna.es

En concreto, el precio del litro de gasolina ha subido más de un 2% en la última semana, situándose por encima de los 1,47 euros por primera vez desde la segunda quincena del mes de abril, según datos del Boletín Petrolero recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio del litro de gasóleo, consumido por cerca del 80% del parque automovilístico español, se ha encarecido casi un 2,5% en los últimos siete días, hasta alcanzar los 1,395 euros.

De esta manera, la gasolina se acerca a su récord histórico de 1,498 euros el litro, alcanzado a mediados de abril, y el gasóleo a los 1,399 euros el litro que marcó a mediados de marzo.

Desde el inicio del pasado mes de julio, el precio del litro de gasolina se ha encarecido un 9%, mientras que el de gasóleo es un 8,56% más caro.

Este repunte en los precios de los combustibles de automoción coincide con el periodo vacacional, en el que solo en el mes de agosto se prevén 40,7 millones de desplazamientos por carretera, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además en esta semana, solamente los días 14 y 15, coincidiendo con el puente de la Virgen, se preveían más de tres millones de desplazamientos en automóvil.

6 EUROS MÁS LLENAR EL DEPÓSITO.

Así, el llenado de un vehículo de gasolina medio de 55 litros cuesta 80,85 euros, más de seis euros que a principios de julio. Mientras que en el caso del gasóleo, supone un desembolso de 76,72 euros, también más de seis euros que en el inicio del verano.

En lo que va de año, el precio del litro de gasolina se ha encarecido un 13,4%, mientras que el de gasóleo es un 8,5% más caro que en enero.

El segundo rescate se pedirá y entonces nos preguntaremos para qué queremos un “gobierno florero” si quien nos gobierna es el BCE…

El segundo rescate se pedirá y entonces nos preguntaremos para qué queremos un “gobierno florero” si quien nos gobierna es el BCE…

Guindos debatirá el rescate antes de un mes

El ministro avanza que se “definirá el procedimiento” a mediados de septiembre.

Pide al BCE que compre deuda española "sin límites"

Alejandro Bolaños, Madrid, en El País.

La petición de ayuda al fondo de rescate para aliviar la presión de los mercados sobre España, y la intervención del Banco Central Europeo (BCE) —que se antoja decisiva—, están más cerca. El ministro de Economía, Luis de Guindos, detalló ayer, en una entrevista con la agencia Efe, el calendario que maneja el Gobierno español. Según sus cálculos, antes de un mes, el Eurogrupo debatirá “cuál es el procedimiento”. Después, solo restará ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haga la solicitud formal de ayuda y comience la negociación de las condiciones.

El calendario de Guindos parte de que el Consejo de Gobierno del BCE habría detallado antes, en su reunión del 6 de septiembre, hasta donde está dispuesto a llegar para evitar la enorme disparidad en las primas de riesgo en la zona euro. El ministro de Economía sostiene que la entidad que preside Mario Draghi aclarará en esa reunión qué “operaciones en el mercado abierto, de un tamaño adecuado para alcanzar el objetivo” está dispuesto a adoptar, como anunció el presidente del BCE el 2 de agosto. Draghi admitió entonces que la compra de bonos en el mercado secundario, una línea abandonada desde febrero, es una de las opciones que el Eurobanco estudia.

El BCE condicionó su posible intervención a que los Gobiernos afectados (en este caso, el Ejecutivo de Rajoy) solicitasen antes la ayuda de fondo de rescate para que también compre bonos y contribuya así a enfriar la prima de riesgo. El fondo, formado por los gobiernos de la zona euro, tiene la potestad de establecer condiciones (ajustes presupuestarios, reformas) como contrapartida al rescate. Y eso es lo que el BCE quiere asegurarse. “Nuestra función no es sustituir a los Gobiernos”, insistió Draghi tras el último Consejo de Gobierno del BCE.

Un día después, el 3 de agosto, Rajoy abrió la puerta a la petición de ayuda al fondo de rescate —“Haré lo que convenga la interés general de los españoles”—, pero pidió saber antes los planes del BCE. Ayer, Guindos, en la entrevista con Efe, dio por hecho que esos detalles se conocerán en el Consejo de Gobierno del 6 de septiembre, día en el que el presidente español y la canciller alemana, Angela Merkel, han programado una reunión en Madrid.

Después, señaló, Guindos “en el Eurogrupo y el Ecofin que tendrán lugar en la segunda semana de septiembre se definirá cuál es el procedimiento, cuál es el marco. A partir de ahí, el Gobierno español lo considerará, analizará las alternativas disponibles, lo que está ofreciendo el Banco Central Europeo”. El brusco descenso de la prima de riesgo española en las últimas semanas, anticipa que, a ojos del mercado, es más que probable que España formalice entonces la petición de rescate.

Aun así, el ministro de Economía quiso enfatizar lo que espera de la intervención del BCE en el mercado de bonos, todavía en estudio. “Tiene que ser una cantidad que no deje la más mínima duda, el más mínimo resquicio a la incertidumbre. Son intervenciones que tienen que ser contundentes, a las cuáles no se puede poner límite, o no se puede explicitar al menos la cuantía con la que se puede intervenir y durante cuánto tiempo”, afirmó.

Guindos, quien también abogó porque el BCE afronte los problemas derivados de su condición de acreedor preferente, no tuvo reparo en abordar el conflictivo asunto de si esta petición de ayuda implica nuevas condiciones, tras la ya fijadas por Bruselas por el rescate de la banca y la ampliación del plazo para reducir el déficit. “Esto no es tanto un tema de nuevas condiciones, como dijo el Fondo Monetario Internacional, España está haciendo sus deberes de una forma clara, tanto en la consolidación fiscal como en las reformas estructurales, sino de cómo se implementa, cómo se concreta”

El Gobierno defiende que el nuevo rescate no impondrá nuevas condiciones, pero de concretarse multiplicará la fuerza de las exigencias de Bruselas, sobre todo ante eventuales desvíos del déficit público. El ministro de Economía confirmó que el Ejecutivo negociará con agentes sociales y partidos cómo limitar la jubilación anticipada. Y entreabrió la puerta a la aprobación de nuevos ajustes, no por el rescate, pero sí para preservar los compromisos del déficit. “De alguna forma [las condiciones] ya están muy definidas”, indicó, “desde un punto de vista genérico están aceptadas como suficientes y adecuadas”.

Entrevista en El Comercio a Guillermo Martínez, Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano

Entrevista en El Comercio a Guillermo Martínez, Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano

«El déficit se puede cumplir de varias maneras. En Asturias hay líneas rojas en la sanidad y la educación que no se van a traspasar»

«Aquí no se ha derrochado ni despilfarrado; los bancos, a la hora de dar crédito, toman buena nota de ello»

19.08.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

Viernes por la tarde en Oviedo. El sol cae a plomo sobre las calles del centro y los ventanales del despacho de Guillermo Martínez están abiertos para intentar absorber un poco de aire fresco entre el calor que inunda la ciudad. Hay tranquilidad en los pasillos del edificio del Principado en Suárez de la Riva. Una botella de agua helada está posada a un palmo de distancia del consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional. No la tocará en toda la entrevista, que se alarga por casi una hora. Martínez hace balance de los primeros meses de actividad del Ejecutivo socialista y de los retos, difíciles, que tiene por delante.

-¿Qué lectura hace de estos primeros meses de gestión?

-Ha habido una normalización en lo político, en lo económico y en lo institucional, que no es poco. Se ha aprobado un plan de ajuste, un plan de pago a proveedores y la ley de endeudamiento, se han iniciado los trabajos del presupuesto y la concertación... Hemos huido de la extravagancia del último año. Y alguien debería reconocer que no hemos comentado nada sobre la herencia recibida. Hemos sido muy elegantes.

-Quizá sea pronto para entrar en valoraciones, pero los cambios que ha citado, al menos de momento, han tenido poco efecto. El paro sigue al alza y la economía, cayendo.

-Hace pocas semanas que el Gobierno se ha constituido, pero el ritmo de trabajo ha sido muy alto y no vamos a levantar el pie del acelerador. El plan de ajuste aprobado ha alejado el riesgo de intervención. Queremos que la concertación social sea un referente nacional. Y la ley de endeudamiento, es cierto que con dificultades, permitirá gestionar un presupuesto...

-Tienen el 'sí' de la Junta General a ese endeudamiento, pero todavía no el de los bancos, que deben aportar esos 423 millones.

-Siendo la situación complicada para todas las comunidades, Asturias la afronta con un endeudamiento mucho menor, la mitad que algunos territorios. No estamos exentos de dificultades, en una situación cambiante día a día en lo económico, pero creemos que podremos afrontarla sin recurrir al fondo del Gobierno central que, según se ha anunciado, tendría una condicionalidad extrema. Nos obligaría a una serie de ajustes y condiciones mucho más duros.

-¿Por qué habrían de fiarse los bancos de Asturias? Tiene un endeudamiento menor, sí, pero progresivamente al alza. Y los ingresos bajan.

-El endeudamiento está por debajo de la media. Siendo la situación compleja para todos, ese dato es fundamental y por eso tendremos más fácil acudir en este momento a las entidades bancarias.

-¿Asturias es de fiar?

-Es una comunidad que no ha derrochado ni despilfarrado en los últimos años y que no vivió ese 'boom' de la burbuja inmobiliaria como otros territorios. Hubo una gestión austera y rigurosa de las cuentas públicas y estamos seguros de que los bancos toman buena nota de ello.

-¿Y si los bancos dicen 'no'? No hay otra que ir al fondo de liquidez.

-Confiamos en el éxito de la negociación con los bancos.

-Pero, insisto, no habría más alternativa que el rescate, si es que usted acepta ese término.

-Es cierto que para asumir su endeudamiento, las comunidades solo tienen dos opciones: o acudir a los bancos o a ese fondo que todavía no ha sido suficientemente definido.

-¿Para usted sería un rescate?

-Se habló de un fondo con una condicionalidad extrema. Nosotros nos oponemos al desmantelamiento de las políticas de educación y sanidad y no vamos a permitir que el Gobierno central intente desmantelar esas políticas a las autonomías.

-¿Sospecha que Madrid intenta empujar a las comunidades a ese fondo de liquidez para, llegado el caso de plantear una reforma del Estado autonómico, tenerlas atadas de pies y manos?

-De hecho, en una reciente reunión del Comité de las Regiones se aprobó una resolución en la que se instaba a que no se aprovechasen las desproporcionadas medidas de austeridad para una revisión del mapa territorial y competencial.

-¿Cree que el Gobierno está preparando esa reforma territorial?

-Es una realidad que el Gobierno está ejerciendo sobre las comunidades una presión mucho mayor que la que recibe desde la UE. Es sospechoso que la UE flexibilice los criterios de déficit al Gobierno central y éste no haga lo mismo con las regiones. Nosotros siempre defenderemos la autonomía y el autogobierno.

-Si se abriera el debate de la devolución de competencias al Estado, ¿Asturias estaría por la labor?

-Alejar al ciudadano de las administraciones no nos parece positivo. Hay que tener en cuenta todo lo que se ha avanzado en estas décadas gracias a la administración autonómica. Pero, en todo caso, desde el Gobierno central no hay un planteamiento serio en el sentido que usted plantea.

-Con el plan de reequilibrio en marcha y el crédito en negociación, el siguiente objetivo es el presupuesto de 2013. Con un techo de gasto casi 90 millones inferior, ¿dónde van a recortar?

-El plan económico-financiero contempla un escenario de ajuste muy importante para 2013 y 2014 y el presupuesto no será ajeno. Creemos que con el esfuerzo de concertación y pese a las estrecheces habrá margen para confeccionar unas cuentas beneficiosas para la región. Es muy importante que Asturias tenga presupuesto y el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios y posibles de negociación con los grupos parlamentarios. Queremos sumar. Nadie entendería que, por segundo año consecutivo, no hubiera presupuesto.

-Parece imposible aplicar un recorte sobre lo ya recortado sin tocar la médula del Estado de Bienestar.

-Hay distintas formas para cumplir con el déficit. En Asturias hemos elegido hacerlo actuando sobre los impuestos a las rentas altas, sobre el sector público, preservando la sanidad pública, la primera matrícula universitaria... Para nosotros hay líneas rojas en la sanidad, la educación, la igualdad de oportunidades, el salario social... que no se van a traspasar.

-¿Volverán a subir impuestos?

-Hay un plan económico-financiero donde van recogidas las medidas fiscales que se han adoptado, algunas comenzarán a tener repercusión el año próximo y otras, en 2014. Esas medidas son las contempladas en este primer momento.

Los funcionarios

-¿Rebajarán el sueldo de los empleados públicos?

-Imagínese que nosotros hubiéramos hecho eso, sumándolo al recorte aplicado por el Gobierno central. Es un disparate colocar como chivo expiatorio de la crisis a los empleados públicos. No nos parece razonable y por eso no se tomó esa decisión en su momento. Para este Gobierno no es una opción no cumplir la ley y vamos a cumplir lo que desde el Estado se nos impone, aunque nos opongamos a ello. Pero, dicho eso, creemos que no se puede estigmatizar a los empleados públicos. Son una parte importante de las soluciones a adoptar y debemos contar con su complicidad. Han pagado ya suficientemente los ajustes.

-Dígame entonces de dónde saldrán los millones a recortar.

-Como le decía, ya se está actuando sobre los ingresos. También sobre el sector público, con dos límites: la eficiencia y la calidad de los servicios.

-¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en esa reestructuración? La oposición sostiene que sus planes iniciales son bastante tibios.

-Primero, no es un sector sobredimensionado; resistimos cualquier comparación con el resto de comunidades. Y hay que tener en cuenta que el sector público es Bomberos, el HUCA... ¿Qué pasaría si redujéramos el número de efectivos en la lucha contra incendios, por ejemplo? No vamos a provocar ninguna merma en la calidad de los servicios. Se actuará de forma seria y rigurosa.

-¿Y la inversión?

-También se ajustará. No es tiempo de grandes inversiones, se acometerán aquellas que sean importantes e imprescindibles pero no será un presupuesto expansivo.

-Cambiando de tema, se augura una legislatura tensa en la relación con el Gobierno de Mariano Rajoy. Los recursos al Tribunal Constitucional contra el recorte en sanidad y educación y la exigencia del PP asturiano de que se retiren hace prever una etapa de conflicto.

-El PP asturiano debe entender que la lealtad y la cooperación institucional no están reñidas con la discrepancia. Creemos que el Estado se inmiscuye en la organización educativa y sanitaria y hemos planteado estos recursos solo por invasión de competencias, prescindiendo de otras cuestiones. El PP debería entenderlo y estar del lado de Asturias.

-¿Hay más recursos previstos?

-La única reforma anunciada es la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tengan en regla sus papeles. El Estado obligaría a establecer convenios con privados para la asistencia sanitaria. Es un asunto que no está del todo avanzado. En ese caso, valoraríamos si se invaden las competencias de la comunidad.

-Asturias, con País Vasco y Andalucía, se perfila como la piedra en el zapato de Rajoy. ¿Va a ser así?

-Asturias no será ariete de oposición al Gobierno central, simplemente defenderemos los derechos de los asturianos. En lo que tiene que ver con los recursos al Constitucional, es la defensa de nuestro autogobierno. En cuanto a los ajustes, hay líneas rojas por las que no vamos a pasar, aunque asumiendo que incumplir la ley no es una opción. Hay, además, un ofrecimiento de cooperación en muchos temas, pero desde una posición de reivindicación y serena firmeza.

-¿Qué espera de la próxima reunión entre Javier Fernández y Mariano Rajoy?

-Los dos asuntos más urgentes son la minería y la tarifa eléctrica. El presidente pedirá una salida al conflicto minero, ante el que el Gobierno central ha actuado con cerrazón, y a la situación de la tarifa por las repercusiones que ello tiene para la industria asturiana.

-¿Se debatirá de todo ello en el debate de orientación política, por cuya celebración el Gobierno no ha mostrado especial ilusión?

-Hay que ser coherentes. El PP no puede evitar ese debate en las comunidades donde gobierna, y hacerlo también en el Congreso pese a que el año electoral ya pasó, y en Asturias, como si fuera una isla, pedir algo distinto. El Gobierno acudirá encantado a la Junta siempre que se le llame o por iniciativa propia cuando queramos hacer partícipes a los grupos de algún asunto de interés. Más allá de eso, nos sorprende la incoherencia del Partido Popular.

«Aspiramos a que IU y UPyD sean aliados estables en la legislatura»

-Los 17 diputados del PSOE no dan para aprobar el presupuesto. La clave está en convencer a IU y UPyD.

-Queremos sumar esfuerzos y recabar el apoyo de todos los grupos que quieran trabajar en positivo, aunque está claro que aspiramos a que IU y UPyD sean aliados estables en la legislatura y no solo socios ocasionales porque es fundamental que Asturias tenga un horizonte de estabilidad a medio y largo plazo.

-Sumar a Foro y PP parece muy complicado.

-Intentaremos lograr el mayor respaldo posible, pero me preocupan algunos tics de oposición que utilizan ambos partidos.

-¿Qué quiere decir?

-En cuanto a Foro, creo que no se puede sobrevivir mucho tiempo descabezado. Es necesaria una oposición más responsable, siendo conscientes de que han gobernado esta región. Y sobre el PP, con alguna de sus actitudes corre el riesgo de ir hacia la meta de la irrelevancia política en Asturias.

-¿Por qué?

-Han tenido oportunidad de cumplir con su programa electoral y no lo han hecho. Vea el caso de la minería. Se han dedicado a defender como nadie la gestión del Gobierno central cuando sus compañeros de Castilla y León sí se han puesto del lado de los mineros. Esas actitudes solo sirven para aumentar el descrédito de la gestión pública.

Los trabajos arrancarán en septiembre…

Los trabajos arrancarán en septiembre…

Asturias desarrollará un plan de salud y medio ambiente

Foto: Julio Bruno Bárcena, director general de Salud Pública, en una foto de archivo de una intervención en la Junta General del Principado

17.08.12 –El Comercio.

Asturias pondrá en marcha un plan de salud y medio ambiente. Los trabajos arrancarán en septiembre y en los mismos participarán, además de la Consejería de Sanidad, los departamentos de Fomento y de Agroganadería, entre otros. La iniciativa fue presentada ayer en la Fidma por el director general de Salud Pública, Julio Bruno, quien se refirió a la necesidad de implementar sistemas de información que permitan evaluar el impacto que las políticas medioambientales tienen en la salud de los ciudadanos. Lo primero que se pretende hacer es analizar la condiciones ambientales de Asturias y centrar la atención en determinados contaminantes. También se busca avanzar en el cumplimiento de la normativa europea sobre salud ambiental a través de los sistemas de medición EMHIS

Y las negociaciones con los sindicatos ya están previstas en Mesa General y en Mesa Sectorial para los días 20, 22 y 23 de este mes…

Y las negociaciones con los sindicatos ya están previstas en Mesa General y en Mesa Sectorial para los días 20, 22 y 23 de este mes…

Sanidad ahorrará de 13 a 17 millones al año con el aumento de la jornada laboral

Lo hará convirtiendo las peonadas médicas en trabajo ordinario y reduciendo la contratación eventual

Foto: Faustino Blanco, ayer, a las puertas del recinto ferial.

LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

De 13 a 17 millones de euros al año. Este es el ahorro («reducción del déficit», en palabras del consejero de Sanidad, Faustino Blanco) que el Principado prevé alcanzar a través del aumento de la jornada laboral en hospitales y centros de salud. La imposición del Gobierno central de incrementar a partir del 1 de julio de 2012 en 2,5 horas la jornada semanal de las administraciones públicas (se pasa de las 35 a 37,5 horas) obligará al personal sanitario y resto de funcionarios a tener que realizar horas de más de aquí a finales de año.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Principado, a través de la Consejería de Hacienda y Sector Público, remitió a los sindicatos el pasado martes, víspera de fiesta, la propuesta oficial de regulación de la nueva jornada ordinaria en los centros sanitarios de Asturias. Sobre este documento de seis páginas habló ayer, en la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón, el consejero de Sanidad, quien adelantó que confía en alcanzar un acuerdo satisfactorio con los sindicatos en la ronda de negociaciones que se iniciarán la próxima semana a través de la Mesa General de la Función Pública y también de la Mesa Sectorial de Sanidad, que el Ejecutivo de Javier Fernández ha decidido recuperar. Las citas están previstas para los días 20, 22 y 23.

Blanco indicó que el documento elaborado por Hacienda y por la Dirección General de la Función Pública es «una propuesta razonable, que busca garantizar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario». El titular de Sanidad rehusó hablar de ahorro o de contención, «lo que hacemos es disminuir el déficit», precisó. Varios son los escenarios que maneja el Principado a partir del 1 de septiembre para los hospitales y centros de salud. Dependiendo de cuál se aplique y de qué acuerdo se alcance con los sindicatos, «la reducción del déficit podría oscilar entre los 13 y los 17 millones de euros al año», abundó Blanco. «Es una medida de eficiencia, no de ahorro», insistió.

Sin entrar en mayores detalles de la propuesta, en parte por respeto a la negociación que se entablará con los agentes sociales, se excusó, el consejero avanzó algunas claves de cómo se hará efectivo el incremento de horas de trabajo.

A diferencia de lo que ocurrirá en el resto de la administración pública asturiana, donde se sopesa aumentar la jornada en media hora al día, en sanidad los tiros irán por otro lado. «En el sistema de salud no se puede programar media hora, no sería eficiente», explicó. En un principio se prevé «integrar en jornada ordinaria lo que se conoce popularmente como peonadas». Esto quiere decir que las horas extra que se abonaban al personal sanitario (mayoritariamente a médicos de quirófano) por la realización de operaciones y de actividad en horario de tarde pasarán a considerarse trabajo ordinario y, por tanto, dejarán de abonarse aunque se realicen.

También se reducirá el empleo eventual: «Ya no tendremos tanta necesidad de contratación», aseguró Blanco. Esta medida afectará fundamentalmente a los trabajadores que eran contratados para cubrir vacaciones, permisos y bajas laborales. Los hospitales concertados no quedarán exentos del recorte: «No tendría sentido que nos ajustáramos todos el cinturón y ellos no», precisó el consejero, que recomendó a los centros de la red concertada a hacer los deberes y «realizar sus propios planes de ajuste». En cuanto al control del horario y la posibilidad de imponer un sistema de fichaje como detalla el documento, Blanco descartó «que vayamos a poner cajetines para fichar. Se supone que cada centro tiene un sistema para verificar el cumplimiento de la jornada».

Críticas del Sindicato Médico

Faustino Blanco precisó que la propuesta no está hecha para que trabajen más, «aunque sí es verdad que lo harán, sino para alcanzar la mayor eficiencia». Recordó en este sentido que la sanidad pública se lleva el 40% del presupuesto regional y de este porcentaje la mitad corresponde al capítulo de personal. A su juicio, se debe preservar que el sistema sea sostenible sin que se altere la equidad y la cohesión social.

El Sindicato Médico (Simpa) mostró ayer sus dudas sobre la voluntad negociadora del Principado y evitó adelantar su postura a la espera de estudiar el documento con mayor profundidad. «Nos chirrían muchas cosas», avanzó el secretario general, Antonio Matador.

El aumento de la jornada laboral reducirá entre 13 y 17 millones el gasto sanitario

Salud gestiona con las ONG el acceso de los inmigrantes ilegales a los fármacos, dado que los médicos públicos no les podrán extender recetas

Gijón, M. CASTRO, en La Nueva España

El Principado estima que la ampliación de la jornada laboral a los profesionales del sistema de salud se traducirá en una reducción de entre 13 y 17 millones de euros anuales del déficit sanitario en Asturias. Esa es la horquilla que maneja el consejero de Salud, Faustino Blanco, quien ayer acudió a la Feria de Muestras.

Los empleados públicos tienen que ampliar su jornada laboral en dos horas y media semanales, pasando de las 35 actuales a 37,5, por decisión del Gobierno central. En el caso del personal sanitario en Asturias, ese aumento de jornada permitirá eliminar peonadas (horas extraordinarias) y también reducirá la necesidad de contratar a personal eventual para suplir a profesionales de baja, de vacaciones, permiso o en cursos de formación.

La ampliación de jornada para los empleados públicos computa a partir del pasado 1 de julio, pero en el caso de la sanidad, el Principado espera aplicarla a partir del 1 de septiembre, previa negociación con los sindicatos.

Faustino Blanco destacó que este aumento de jornada no sólo es importante para los ciudadanos, sino también para los profesionales, porque «lo que está en juego es el modelo sanitario y la sanidad» y de la eficacia de la misma depende «la estabilidad en el empleo», evitando la necesidad de reducir plantilla al hacer sostenible el sistema sanitario.

Respecto a la reducción de contratación de suplentes que supondrá la ampliación de jornada, Blanco mostró su «sensibilidad con el empleo, pero como responsable de un servicio tenemos que hacerlo sostenible; si el sistema es inestable, no es que se vaya a perder empleo, es que se perdería todo el empleo».

Blanco también señaló que estos ajustes en el sector público acabarán incidiendo en los centros sanitarios concertados, como son los hospitales de Jove y Cruz Roja en Gijón y el de la Caridad, en Avilés. «Todos nos tendremos que ajustar», señaló al referirse a las futuras negociaciones de contratos programas con estos centros, si bien reconoció que «los concertados ya tienen un nivel de ajuste muy alto».

Respecto a la polémica sobre la asistencia sanitaria a extranjeros ilegales, Blanco consideró que se trata de «un colectivo pequeño de gente joven», que no supone un gasto sanitario relevante y al que «debemos atender por humanidad». Algo que el Principado hará «respetando la legalidad», lo que significa que los ilegales «no van a disponer de un documento legal sobre el que puedan hacer actos documentados legales», como es la tarjeta sanitaria. Eso impedirá que los médicos públicos que les asistan les puedan extender recetas. Para salvar ese obstáculo, la Consejería ya se ha puesto en contacto con organizaciones no gubernamentales, para buscar fórmulas para que los ilegales puedan acceder a los medicamentos que precisen. La medida del Gobierno de vetarles el acceso a la salud hace que los tengan que asistir en urgencias, lo que «incrementará los costes».

VER LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PRINCIPADO

¿Sólo Gallardón y sólo 30 años de retroceso?... ¡¡que benévolos son algunos a veces!!.

¿Sólo Gallardón y sólo 30 años de retroceso?... ¡¡que benévolos son algunos a veces!!.

"Gallardón quiere retroceder 30 años en derechos y conquistas democráticas"

La vocal del CGPJ Margarita Robles critica al ministro por la Ley del Aborto, el recorte de competencias del Consejo, el aumento de tasas judiciales y la cadena perpetua revisable.

Además, se opone a que Carlos Dívar se embolse 208.000 euros de indemnización

ANDRÉS MUÑIZ, Madrid, en Público.

Margarita Robles quiere plantear una dura batalla a las reformas del ministro Ruiz-Gallardón, que califica de "retroceso de 30 años" en derechos y conquistas democráticas en nuestro país. La vocal del Consejo General del Poder Judicial, elegida en 2008 a propuesta del PSOE, rechaza la nueva Ley del Aborto, el recorte de competencias del CGPJ, el incremento de tasas judiciales o la cadena perpetua revisable.

Entiende que todos estos proyectos del Ministerio de Justicia justifican una reacción de los jueces en defensa de los derechos sociales que pretenden restringirse a los ciudadanos, aunque no anticipa si apoyaría una huelga en la carrera judicial, cuya convocatoria será debatida por los interesados en septiembre. Sobre la indemnización de 208.000 euros que reclama el ex presidente del Consejo Carlos Dívar, es tajante: "No tiene derecho a cobrar". Robles es juez de carrera, magistrada del Tribunal Supremo, la primera mujer que presidió una Audiencia Provincial en España (la de Barcelona), miembro de Jueces para la Democracia y exsecretaria de Estado de Interior (1994-96, en la última etapa de Felipe González).

¿Por qué considera el proyecto del ministro Ruiz-Gallardón de reformar el Consejo "un ataque brutal" a la independencia del poder judicial?

Porque se pretende desapoderar al Consejo de competencias muy relevantes. El Consejo surgió para proteger la independencia de los jueces, y lo que trataba es de quitar competencias al Ejecutivo y dárselas al poder judicial. Con el Anteproyecto se pretende quitar esas competencias y que pasen al Poder Ejecutivo, lo que supone un retroceso en el tiempo de treinta años, en la línea de lo que está haciendo el Ministerio de Justicia en otros temas como el del aborto o el endurecimiento del Código Penal.

 ¿Se sienten ninguneados por el Gobierno?

El Ministerio no tiene ninguna obligación de contar en esta fase con el Consejo del Poder Judicial, pero es un gran error hacer leyes sin contar con los que van a ser los operadores de las mismas, y quien mejor conoce la realidad judicial es el Consejo. Por una mínima cortesía institucional hubiera estado bien que se contara con la opinión del Consejo del Poder Judicial. En cualquier caso se emitirá formalmente un informe cuando se apruebe el Anteproyecto.

¿Es partidaria de cambiar el sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales del Consejo de procedencia judicial?

Siempre he sido partidaria del sistema de elección parlamentaria, aunque ha demostrado deficiencias importantes. Por un lado, los vocales no pueden quitarse de encima la etiqueta de haber sido nombrados por un partido determinado, y eso no es bueno. En segundo lugar, porque ha habido retrasos muy importantes en la elección del Consejo debido a la falta de acuerdo de los partidos políticos, como ha ocurrido también en el Tribunal Constitucional. Y además, cuando hay designación parlamentaria, algunos políticos quieren injerir en la actuación del poder judicial. Pero la elección por los jueces tampoco supondría la panacea de todos los males. Yo en principio me inclino por la elección parlamentaria, pero se crean distorsiones que no ayudan a quitar la imagen de politización de la justicia.

El ministro dice que su proyecto pretende despolitizar el Consejo y que no ataca la independencia de los jueces.

La filosofía del anteproyecto rezuma por todos sus poros una desconfianza hacia el Consejo del Poder Judicial. Con lo único que estoy de acuerdo es con que sólo cinco de los vocales tengan disponibilidad plena, pero todo lo demás es contrario a la idea que pretende vender Gallardón de despolitización del poder judicial. Si él cree que se puede despolitizar el Consejo del Poder Judicial pasando competencias al Poder Ejecutivo, yo creo todo lo contrario, que lo que pretende es controlar desde el Gobierno la actuación de los jueces.

¿Se considera derrotada por la elección de Gonzalo Moliner como presidente del Consejo, ya que usted apostó por otro candidato?

En absoluto. Gonzalo Moliner es un magnífico presidente. No es una cuestión de triunfos o de derrotas. Moliner lo hará muy bien como presidente, y lo que debemos hacer es trabajar unidos. Nos queda sólo un año de mandato al actual Consejo, y la función principal que tenemos es tratar de defender al máximo la independencia del poder judicial y estar atentos a las iniciativas legislativas que supongan restricciones de derechos, poniendo de relieve los retrocesos en las conquistas democráticas.

La línea del Ministerio de Justicia es restringir derechos de los ciudadanos como la ley de tasas que pone muchas más dificultades a los ciudadanos para que acudan a la Justicia, y crear una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, o la ley del aborto, o las reformas del Código Penal absolutamente restrictivas en materia de derechos. La gran herencia de este Consejo es poner de relieve los retrocesos que se pretendan en las conquistas democráticas. Aunque el Gobierno no quiera voces críticas a sus anteproyectos.

Gallardón anuncia una Ley del Aborto para octubre más restrictiva, no sólo que la actual, sino que la de 1985 y que estuvo en vigor durante los ocho años de gobiernos de Aznar.

Me parece francamente incomprensible. Solamente lo entiendo por un interés en congraciarse con los sectores más ultraconservadores. No creo que sea una exigencia social, y opino que los argumentos que Ruiz-Gallardón ha dado sobre la protección de vidas no tienen ningún fundamento.

¿Las nuevas tasas judiciales, aprobadas hace unas semanas, crean una justicia para ricos, como advirtió el Consejo?

Las tasas judiciales ponen muchas dificultades a los ciudadanos para que acudan a la Justicia, y crea una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres. Es tratar de combatir la crisis económica incluyendo medidas que sólo afectan a las personas con menos medios económicos. Y ya no sólo son restricciones en materia de justicia, sino en ámbito sanitario, en políticas de desempleo, o en laboral. Son retrocesos graves. Por ejemplo, me parece muy grave que no se preste asistencia médica a los inmigrantes ilegales, y lo sitúo en ese contexto de absoluto retroceso en el ámbito de derechos. Habría que hacer otros recortes que no afecten siempre a las personas con menos recursos económicos.

¿Y sobre la medida de cadena perpetua revisable que anuncia el Gobierno?

Son posiciones retrógradas. La cadena perpetua es contraria a la Constitución, y si eso se plasmara un recurso de inconstitucionalidad tendría muchos visos de prosperar.

¿Cree que estaría justificada una huelga de jueces?

No soy partidaria de una huelga de jueces, no lo he sido nunca, aunque respeto la opinión de quien la apoye. Los jueces no están defendiendo intereses corporativos, sino reaccionado a la merma de derechos sociales de los ciudadanos. Cuando se deja de invertir y se recorta en Justicia, en Sanidad y en Educación, al final los más perjudicados son los ciudadanos. Por eso creo que es bueno que los jueces pongan de manifiesto estos recortes en el ámbito de la Justicia y que lo que hacen es perjudicar a la sociedad en su conjunto.

¿Los jueces tienen derecho a la huelga?

El Consejo se ha pronunciado diciendo que no tienen cobertura legal. Mi opinión particular es que los jueces tienen derecho a la huelga, aunque sólo en casos muy extremos y para defender derechos clarísimamente vulnerados de los ciudadanos. Veremos cómo evoluciona la situación, y si sigue habiendo ese retroceso en ámbitos sociales la reflexión que se hace sobre lo que se debe hacer. No me atrevo a decir si la huelga o no, pero los jueces no se pueden quedar mirando hacia otro lado ante estos recortes que están atacando a políticas sociales.

¿Debe el ex presidente del Consejo Carlos Dívar, después de dimitir, cobrar la indemnización por cese de 208.000 euros que ha solicitado?

Rotundamente, no. No debe cobrar. No tiene derecho a cobrar esa pensión que está prevista sólo para determinados supuestos en que alguien termine su mandato o no lo pueda concluir por causas ajenas a él. Pero en el caso de Dívar no concluyó su mandato y por tanto entiendo clarísimamente que no le corresponde esa pensión.

¿Cuándo resolverán sobre su petición?

En el último Pleno se acordó pedir al Ministerio de Hacienda la habilitación del dinero, antes de decidir. Yo ya me opuse, porque entendí, junto a otros siete compañeros, que no era necesario pedir esa habilitación y que se tenía que haber rechazado abiertamente que Dívar deba cobrar esa pensión.

Tras exigir la dimisión de Dívar, ¿no deberían todos los vocales haber dado cuenta de sus gastos a la opinión pública?

Soy partidaria de dar cuenta de los gastos, porque uno de los principios básicos en cualquier administración pública es la transparencia, que exige dar explicaciones de todo lo que se gasta.

¿Se juegan los jueces su credibilidad en las investigaciones abiertas a los banqueros por los 'agujeros' provocados en sus entidades, la emisión masiva de preferentes y el cobro de prejubilaciones muy elevadas?

Los 5.000 jueces que trabajan en España realizan a diario una labor muy importante, seria y callada. Lo que me molesta más, es que en vez de reconocer esa tarea, haya un interés en desprestigiar a la Administración de Justicia poniendo el foco exclusivamente en el CGPJ. Me hace una cierta gracia, si no fuera porque me preocupa enormemente, que las grandes reformas que pretende el ministro Gallardón sean sobre el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, y no que trate de mejorar los procedimientos judiciales, y que los jueces puedan realizar su trabajo de forma rápida y eficaz, que es muy difícil con la sobrecarga de asuntos existente.

¿La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumba la 'doctrina Parot' es de obligado cumplimiento?

Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son de obligado cumplimiento. La Audiencia Nacional se ha pronunciado en el sentido de que, en cuanto la sentencia sea firme, procederán a aplicarla.

Garzón se siente el último exiliado del franquismo, ¿se consideran ustedes culpables o responsables de ello?

Hay una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delito de escuchas ilegales, y le absolvió por el asunto de la memoria histórica. En un Estado de Derecho debemos acostumbrarnos a las críticas a la sentencias, pero a respetarlas gusten o no. En este caso, el Supremo se pronunció y yo no tengo nada más que decir.

La prorroga in extremis del plan PREPARA traerá cambios en las condiciones para acceder a la ayuda… ¡¡malo, malo, sabiendo lo que entiende el PP por “mejorar”…!!

La prorroga in extremis del plan PREPARA traerá cambios en las condiciones para acceder a la ayuda… ¡¡malo, malo, sabiendo lo que entiende el PP por “mejorar”…!!

Rajoy anuncia que el Gobierno prorrogará la ayuda de 400 euros, pero "mejorándola"

Aunque puede haber cambios en su regulación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Consejo de Ministros del 24 de agosto prorrogará el Plan Prepara, la ayuda de 400 euros para parados de larga duración sin ingresos.

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"Esta es una ayuda pequeña, pero en cualquier caso, mejorándola, creo que tiene su sentido, sobre todo en un momento tan difícil como éste", indicó, aunque no concretó qué cambios podrían introducirse en la ayuda para hacerla más eficaz.

En rueda de prensa tras despachar con el Rey don Juan Carlos en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca, el jefe del Ejecutivo ha matizado de esta forma que el Gobierno mantendrá la ayuda, pero introduciendo mejoras, fundamentalmente para mejorar la capacidad de inserción en el mercado laboral de sus beneficiarios.

"Vamos a intentar que funcione mejor, porque el objetivo fundamental es lograr la inserción laboral de estas personas, y esto se ha producido poco", ha explicado, para añadir: "No podemos desde este punto de vista darnos por satisfechos y vamos a intentar que funcione mejor".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Empleo tampoco aclararon qué modificaciones se podrían introducir en el Plan Prepara e indicaron que la evaluación del Plan aún no se ha cerrado completamente. De hecho, los parados que a día de hoy se quedarán sin subsidio tendría un plazo de dos meses más para solicitar la ayuda, con lo que no es posible contabilizarlos hasta entonces.

El Gobierno tenía previsto que en estos últimos seis meses de vigencia la ayuda beneficara a unas 125.000 personas, con un coste aproximado de 300 millones de euros. Sin embargo, esta previsiones se han visto superadas, con unos 500.000 beneficiarios, de los que alrededor de 200.000 cobran actualmente los 400 euros.

La vigencia de esta ayuda, que ha sido prorrogada cada seis meses desde febrero de 2011, finalizaba mañana 15 de agosto, lo que había levantado mucha expectación, ya que la mañana de hasta este martes el Gobierno aseguraba que no había tomado ninguna decisión.

ABUCHEOS Y SILBIDOS A SU ENTRADA A MARIVENT

Varias decenas de personas han increpado con silbidos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su llegada al Palacio de Marivent para mantener el tradicional despacho estival con el Rey en la residencia veraniega de la Familia Real.

Los manifestantes había sido convocado a través de las redes sociales y no ha podido cruzar a la acera de la entrada del Palacio, debido al amplio dispositivo policial desplegado.

En la convocatoria, han mostrado su desacuerdo "con los niveles de vida a todo lujo" que pagan "todos los ciudadanos" mientras imponen "al pueblo severas medidas de recortes de derechos básicos y fundamentales".  Su intención era conseguir "un acto simbólico a ojos de toda España, Europa y el mundo".

CCOO y UGT prudentes hasta conocer todos los detalles

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Los sindicatos UGT y CC.OO. han celebrado este martes la prórroga de la ayuda de 400 euros para desempleados que hayan agotado toda prestación anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque han querido mostrar "cautela" hasta conocer todos los detalles del programa en el próximo Consejo de Ministros, ya que advierten, las nuevas condiciones podrían endurecer los requisitos para los que los parados accedan al plan Prepara.

En rueda de prensa, las centrales sindicales han considerado prioritario analizar el mantenimiento del plan Prepara cuando se tome "la decisión final" y se anuncien los términos que va a contemplar a partir de la fecha la prórroga de este derecho.

En este sentido, Fernando Lezcano, secretario de comunicación de CC.OO., ha atribuido la decisión del Ejecutivo  a la "presión ejercida a lo largo de las últimas semanas", en las cuales, "destacados dirigentes, incluso del Partido Popular, han entendido que deben presionar para que se prorrogara la medida".

"La presión mantenida por la sociedad civil ha originado un golpe de efecto sobre el Gobierno", para quien, según recalca Lezcano, la presión ejercida ha obligado a que reconsidere la postura anunciada.

Asimismo, Manuel Bonmati, secretario de Política Internacional de UGT, ha asegurado que si no se hubiera presionado al Gobierno, este "no hubiera retirado su intención de eliminar el programa", y ha añadido, que las consecuencias las hubiera "padecido la sociedad".

Por otro lado, Lezcano ha considerado "ineludible" que el Gobierno les convoque a una reunión con el objetivo de poder establecer las bases y las condiciones del mantenimiento del plan Prepara.

Rubalcaba dice que la prórroga de los 400 euros se debe a la presión ejercida

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El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este martes que la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración era "de justicia" y ha achacado la ampliación de esta subvención a la "presión" ejercida.

"Ha valido la pena. La presión ha obligado al Gobierno a prorrogar los 400 euros a miles de familias que lo necesitan. Era de justicia", ha señalado el líder socialista a través de su perfil Twitter, minutos después de conocerse el anuncio del Ejecutivo.

Los socialistas han empleado la red social para expresar su opinión sobre esta prórroga, un instrumento que en los últimos días habían utilizado para solicitar al Gobierno que prolongara el subsidio bajo los hashtag #SOS400e y #Salvemos400e.

Así, el portavoz de socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, ha manifestado que "por fin" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "sale de su actitud lejana a la realidad y anuncia la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados".

Mientras tanto, Mamen Sánchez, de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso, se alegra de que el jefe del Ejecutivo haya rectificado y atribuye el éxito al trabajo del PSOE. "Rajoy anuncia prórroga 400 euros. Por fin ha rectificado. Buena campaña del #PSOE. Satisfechos pero cauteloso hasta conocer detalles", afirma en su perfil.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, se hace eco de un mensaje del PSOE de Segovia en el que se dice que la presión "ha dado su fruto". "El Gobierno recapacita y mantendrá la ayuda de 400€. Veremos en qué condiciones", añade.

ICV vigilará que el Gobierno no cambie los requisitos para recibir los 400 euros

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ICV ha asegurado este martes que seguirá muy de cerca al Gobierno para evitar que pueda cambiar los requisitos a los parados sin prestación de desempleo para recibir la ayuda de los 400 euros.

En un comunicado, el diputado ecosocialista en el Congreso Joan Coscubiela ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, opta por el "cinismo" al vincular esta ayuda con la inserción laboral de sus beneficiarios.

"Es una buena noticia que el Gobierno haya tenido que hacer marcha atrás en su voluntad de acabar con esta prestación. La mantienen pero esperemos que esto no signifique hacerla más inaccesible", ha agregado.

Poco antes, el diputado había lanzado un tuit a través de su cuenta personal de la red social afirmando que la "presión social obliga a Rajoy a mantener la prestación" y asegurando que ICV estará "alerta hasta día 24 para que la nueva regulación no haga inviable el derecho".

También respondió a las críticas del PP por la concesión «irregular» de becas mineras que ellos mismos iniciaron determinando todas las condiciones en su día…

También respondió a las críticas del PP por la concesión «irregular» de becas mineras que ellos mismos iniciaron determinando todas las condiciones en su día…

CC OO advierte de que habrá cierres de minas a partir de septiembre

El sindicato afirma que Rajoy «ya tomó la decisión de acabar con el sector»

Foto: Maximino García (F.I.) hablando con Jeremías Dos Santos (FECOMA), a las puertas de la Feria de Muestras en Gijón.

Gijón / Mieres, J. VIVAS / Agencias, en La Nueva España.

La «drástica» reducción de las ayudas al sector minero motivará los primeros cierres de explotaciones a partir de septiembre. Así lo advirtió ayer en Gijón el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Maximino García, quien también desconfió de los resultados de la reunión que mantendrán el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, en la que se abordará el futuro de la minería.

García, que se encontraba en una concentración de apoyo al futuro del sector minero organizada por su sindicato a las puertas de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, aseguró que las medidas del PP sobre el carbón «están empezando a dar los frutos negativos». El sindicalista hizo referencia a los recortes salariales y de organización planteados por una parte del empresariado, destacando además, los problemas que están teniendo ya los trabajadores de las subcontratas. Pero también alertó de que, «posiblemente», se producirán los primeros cierres de explotaciones a partir de septiembre. Es por ello, según afirmó el dirigente, que se hace necesario buscar «nuevas estrategias de presión que permitan doblegar» al Gobierno. García abogó por hacer un frente común, «tanto en la minería del suroccidente como en la empresa pública» a partir del próximo mes.

También hizo alusión el secretario general de la Federación de Industria de CC OO a la futura reunión que mantendrán Mariano Rajoy y Javier Fernández a principios de septiembre para hablar sobre el futuro del carbón, entre otros asuntos. Un encuentro en el que el dirigente sindical tiene «pocas esperanzas». En su opinión, el Ejecutivo central «tiene tomada ya la decisión de acabar con el sector». En cuanto a una futura convocatoria de la comisión de seguimiento del plan minero para el próximo mes, García aseguró que «la pelota está en el tejado del Gobierno». Los sindicatos acudirán al encuentro «dispuestos a aportar soluciones, como puede ser hablar del plan 2013-2018». Además, afirmó que las centrales «serán flexibles, pero siempre con la garantía de que no haya ningún cierre en las explotaciones» antes de diciembre de 2018.

Por último, Maximino García también aprovechó para responder a las críticas del PP por la concesión «irregular» de becas mineras. El sindicalista recordó que fueron los populares quienes iniciaron el proceso «y no se modificó en nada». Asimismo, García incidió que la responsabilidad corresponde al Patronato, «donde hay una mayoría del Gobierno», que es quien decide en qué términos se saca la convocatoria de las becas mineras.

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