PRENSA

Entre otras cosas ya están elaboradas las nóminas

Esta «extra» se librará del «tijeretazo»

Los funcionarios temen que el plan de ajuste suponga nuevos recortes salariales, que si se produjeran no afectarían a la próxima paga de julio

Foto: Funcionarios del Principado, manifestándose ante la sede de la Presidencia a finales de mayo pasado…

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
La paga «extra» de verano, que cobrarán en julio los empleados públicos del Principado, se librará del «tijeretazo». A pesar de que el nuevo Gobierno regional ha insistido en que tratará de minimizar el impacto de los recortes sobre el salario de los empleados públicos, los sindicatos de la función pública temen que el nuevo plan de ajuste de la Administración regional se traduzca en nuevos recortes salariales. En ese caso, aún por confirmar, el «tijeretazo» nunca alcanzaría a la paga extra de este verano.

Fuentes sindicales precisaron ayer que la «extra» de verano es el resultado de los devengos que se practican a las nóminas correspondientes a las mensualidades comprendidas entre diciembre y mayo. Comoquiera que la decisión sobre los recortes aún no ha sido adoptada por el Gobierno asturiano, los empleados de la Administración regional percibirán íntegra la paga «extra» correspondiente al verano, según coincidieron varios sindicatos de la función pública. En círculos sindicales se teme que el Principado recurra a medidas como las adoptadas por la Junta de Andalucía, que bajó los salarios de los empleados públicos. Otra medida en estudio, derivada del decreto estatal, afectará al personal interino por la ampliación de la jornada laboral a 37 horas y media frente a las 35 actuales. El Principado deberá optar entre reducir el número de interinos o rebajar su jornada y salario. Los sindicatos ya han convocado una manifestación para el día 26.

Volvemos a hacernos la misma pregunta de hace 5 días cuando dimos los datos en primicia informativa: ¿este resultado ha sido obtenido a costa de mejoras en la actividad o lo ha sido a costa de peonadas?

LA DEMORA MEDIA BAJA DE 65 A 55 DÍAS EN UN AÑO

La lista de espera quirúrgica registra en mayo un descenso interanual del 8%, con unos 1.400 pacientes menos.

OVIEDO, 17 Junio (EUROPA PRESS)

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha registrado este mes de mayo una lista de espera quirúrgica en la red de hospitales asturianos un descenso interanual de un ocho por ciento, con 1.395 usuarios menos.

En concreto, el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica el mes pasado se ha situado en 15.807 frente a los 17.202 que se encontraban el mismo mes de 2011 en espera estructural, según información del Sespa recogida por Europa Press.

Asimismo, la demora media ha tenido una reducción de 10 días al pasar de 65 a 55 los días de espera para la intervención, mientras que la demora máxima ha mejorado en mayor proporción al pasar de 327 días a 178.

El número de usuarios con menos de tres meses de espera se mantiene estable, con un ligero aumento al pasar de 12.267 a 12.312 pacientes. Por su parte, los pacientes en espera de entre tres y seis meses se han reducido en más de mil, al registrarse 3.495 este mes de mayo frente a los 4.551 del mismo mes del año pasado, mientras que actualmente no se registran pacientes con esperas superiores a 180 días.

LIGERA REDUCCIÓN RESPECTO A ABRIL

Respecto al mes anterior, los hospitales asturianos también registraron en mayo una ligera reducción en la lista de espera quirúrgica de 16 pacientes, ya que en abril de este año había un total de 15.823 personas pendientes de intervención quirúrgica.

La demora media también se ha recortado respecto a abril, cuando estaba en 58 días. Lo mismo ocurre en el caso del tiempo máximo de espera que se ha reducido un día en relación con los 179 del mes anterior.

EL HUCA, CON ESPERA MENOR A 60 DÍAS

Por hospitales, destaca la reducción de la espera media en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que en mayo se ha situado en 58 días frente a los 72 días de demora media del mismo mes de 2011. Igualmente, el tiempo máximo de espera en este centro descendió en mayo de 327 días a 178, con una lista de espera estructural de 6.023 pacientes frente a los 6.466 de 2011.

También por debajo de dos meses de espera media se encuentra el Hospital de Cabueñes de Gijón, con 57 días de promedio frente a los 64 registrados en mayo de 2011; mientras que el tiempo máximo se ha reducido, igualmente, a 178 días. En su caso, la lista de espera se sitúa en 2.938 personas frente a los 3.420 pacientes del mismo mes del ejercicio anterior.

En el Hospital San Agustín de Avilés la demora media es similar a la del año pasado con 52 días, uno menos que en mayo de 2011, cuando el tiempo máximo de espera era de 175 días, por debajo de los 178 días de demora máxima actual. Este centro registra 1.805 pacientes en lista de espera estructural, algo menos que el año pasado cuando había 1.861 usuarios.

Además, con relación a los pacientes en lista de espera quirúrgica en mayo, el siguiente hospital con mayor número de usuarios pendientes de intervención es el del Valle del Nalón, con 1.553 personas, 54 días de demora media y 178 de máxima; seguido del Álvarez-Buylla, con 1.060 pacientes y unas esperas media y máxima de 58 y 169 días, respectivamente; y Jove, con 851 pacientes y una espera media de 55 días y una máxima de 174.

En el caso del Hospital de Jarrio, en mayo se registraron 467 pacientes en espera estructural, una demora media de 47 días y una máxima de 174; mientras que el Grande Covián cuenta con 430 pacientes pendientes de intervención con una espera media de 41 días y una máxima de 142; y el Carmen y Severo Ochoa tiene una lista de 394 pacientes con una demora media de 46 días y un tiempo máximo de espera de 176 días.

Finalmente, el Monte Naranco tiene la menor lista de la red hospitalaria con 286 pacientes en espera estructural, con un tiempo medio de demora de 38 días y un máximo de 133.

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Desde 600 m. de profundidad el mensaje se escuchó alto y claro: “ luchamos porque queremos un futuro para nuestras familias e hijos”

Los mineros no dan un paso atrás

Las marchas a los pozos Candín y Santiago reúnen a miles de personas en contra del cierre del sector

Villa: «Somos flexibles, pero lo que nos ofrecen es hipotecar el futuro de las Cuencas»

Foto: La marcha hacia el pozo Santiago a su paso por Caborana

Langreo / Caborana, C. M. B. / L. M. D., en La Nueva España

Miles de personas -6.000 según el SOMA-FITAG-UGT- recorrieron ayer a pie la distancia que separa Barredos (Laviana) del pozo Candín (Langreo) y Mieres del pozo Santiago (Aller), explotaciones donde, desde hace 21 días, permanecen encerrados siete mineros. Las marchas en apoyo al sector del carbón y en contra del recorte de ayudas del 64% respecto a lo comprometido en el Plan Minero para 2012 mostraron la capacidad de convocatoria del SOMA de cara a la huelga general prevista en las Cuencas para mañana.

En el valle del Nalón, alrededor de 600 personas partieron desde Barredos a las nueve y media de la mañana con destino al pozo Candín. A medida que la marcha atravesaba localidades, el número de manifestantes iba aumentando. A su llegada al pozo de Hunosa ya eran alrededor de 3.000 personas, que se unieron a las que esperaban en las instalaciones. Encabezando los 15 kilómetros de marcha estuvo el líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa. En la caminata también participaron los alcaldes de Langreo, San Martín y Sobrescobio (María Fernández, Enrique Fernández y Marcelino Martínez), mientras que en la concentración participaron diputados nacionales socialistas como Antonio Trevín y María Luisa Carcedo o el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga. El regidor lavianés, Adrián Barbón, tomó parte en un tramo de la marcha, hasta la hora en que tuvo que ir a casar a una pareja al Ayuntamiento.

Tras la caminata José Ángel Fernández Villa subrayó que los sindicatos están dispuestos «a negociar, somos flexibles, podemos ceder en cosas y hallar puntos de encuentro, pero lo que ofrecen es hipotecar el futuro de las Cuencas y acabar con la minería». El sindicalista puso como ejemplo de flexibilidad que «se puede hablar del dinero para infraestructuras, pero no se puede permitir dejar en cero euros el dinero en seguridad. ¿Qué se piensa el Ministro, que en la mina se toma el sol como él en Tenerife?». Villa reprochó al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno que «pretendan reprimir a golpes» las protestas, y los acusó de buscar que «no se conozca esta represión» al atacar también «a quienes cubren el conflicto», en referencia al fotoperiodista colaborador de LA NUEVA ESPAÑA José Ramón Silveira, que el jueves resultó herido en el pecho por el lanzamiento de una pelota de goma.

El momento más emotivo del acto llegó cuando, a través de una llamada telefónica, todos los asistentes pudieron escuchar a los mineros encerrados a 600 metros de profundidad en el pozo Candín. Los mineros aseveraron que «apreciamos mucho la fuerza que nos dais y los mensajes de apoyo. Queremos dejar claro que no somos terroristas, como nos llaman algunos, que solo luchamos por nuestros puestos de trabajo, porque queremos un futuro para nuestras familias e hijos». Los encerrados aseguraron además que «no saldremos si no hay una solución, no tenemos prisa. Nuestras familias están fuertes, y nosotros también lo estamos. De aquí no nos van a mover».

Miles de personas marchan a los pozos Candín y Santiago en apoyo a los mineros

RTPA

Miles de personas han salido esta mañana desde Barredos, en Laviana, y el campus de Mieres en dirección a los pozos Candín y Santiago en señal de apoyo a los siete mineros que permanecen encerrados en dichas explotaciones y que hoy cumplen su vigésima jornada de protesta.

Las marchas han salido esta mañana, en torno a las 9,30 horas, de dos puntos diferentes de las cuencas con distintos destinos. Así, la que ha partido del economato de Hunosa en Barredos ha culminado en el pozo Candín de Langreo.

A la cabeza de la misma se encontraba el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, que portaba una pancarta en la que se podía leer "Solidaridad con los encerrados del pozo Candín".

La que se inició en el campus de Mieres, que concluyó en el pozo Santiago, la abría una pancarta que rezaba: "Solidaridad con los encerrados del pozo Aller".

Unas 6.000 personas, según los datos del SOMA-FITAG-UGT, han participado en las marchas y posterior concentración en las explotaciones.

El secretario de acción sindical del SOMA-FITAG-UGT, José Antonio Menéndez Barriada, ha señalado que esta marcha es una "acción más" y ha anunciado que seguirán "en lucha".

También ha destacado que en la marcha de hoy se ve "reflejada la sociedad", ya que han contado con el apoyo de distintos colectivos, y ha abundado que la pretensión es "dar un aviso más" al Gobierno para que "cambien las políticas".

Además, ha añadido que lo primero que debe hacer la Administración central es "negociar" el actual plan para después hablar del próximo.

A la salida de la marcha en Mieres, el secretario de Organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez, ha señalado que "el sentido de la marcha es una muestra más a la cerrazón del Gobierno del PP a nivel nacional, que pretende trasladar ahora un mensaje negociador para hablar del plan de futuro 2013-2018, cuando ni tan siquiera es capaz de fijar la posición de 2012".

Y ha añadido que "no tiene ningún sentido que se hable del plan 2013-2018 hasta que el propio Gobierno de España no cumpla el compromiso" que había firmado con los agentes sociales.

"A los mineros no nos queda otra salida que la reivindicación constante", ha añadido, a la vez que ha confiado en que en los próximos días la administración "haga lo que tiene que hacer, que es cumplir los acuerdos".

En ambas explotaciones ha tenido lugar, sobre las 12,00 horas, una concentración en apoyo de los mineros encerrados coincidiendo con la vigésima jornada de protesta, que se une a las que se realizan todos los martes y jueves a las 18,00 horas en las explanadas de ambos pozos mineros.

Estas marchas a pie están organizadas en apoyo a los siete mineros que permanecen encerrados en los pozos Santiago y Candín, en los que en la primera de las explotaciones permanecen tres trabajadores y en la segunda cuatro de los diez que lo habían iniciado en ambos pozos.

En la madrugada del pasado 7 de junio, y cuando se cumplía el décimo primer día de encierro, uno de los cinco trabajadores que permanecía en el pozo Candín de Langreo abandonó la protesta, cuya decisión tomó aconsejado por los servicios médicos de la empresa Hunosa que le recomendaron dejar el encierro tras encontrarle muy nervioso y con un cuadro de ansiedad agudo.

Esa misma tarde del 7 junio los servicios médicos de la empresa minera estatal evacuaron a uno de los cinco mineros encerrados en la explotación allerana de Santiago, también con un cuadro de ansiedad. El trabajador durante una visita rutinaria de los médicos aseguró sentirse mal y fue trasladado al hospital Álvarez Buylla de Mieres.

Al día siguiente, y cuando se cumplía el décimo segundo día de encierro, otro de los mineros del pozo Santiago abandonó la protesta por motivos de salud.

Los médicos de Hunosa visitaron ayer a los siete trabajadores que permanecen encerrados a los que encontraron "bien y animados" tras encontrarse encerrados desde el pasado día 28 de mayo

Las protestas continuarán el lunes en las cuencas mineras, donde hay convocada una huelga general y una posterior manifestación que saldrá a las 19,00 horas de la tarde del parque Viejo de La Felguera. 

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Frente a los motivos ideológicos y de moral que rondan tras los argumentos para modificar la Ley del aborto o para los impagos a las clínicas que los practican en algunas CC.AA., siempre están los datos científicos

El 49% de las mujeres que abortan lo hacen «porque no quieren ser madres»

Un estudio de la Asociación ACAI revela que el 30% interrumpe su gestación por causas económicas y laborales y el 7% por razones de falta de apoyo

Oviedo, P. R., en La Nueva España

Casi el 49% de las mujeres que deciden abortar lo hace «porque no quieren ser madres o no quieren volver a serlo en ese momento de sus vidas», según recoge el estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Ningún cambio de su situación personal, social, afectiva, laboral o económica las llevaría a renunciar al aborto provocado, añade el informe.

Frente a este porcentaje, poco más de un 30% interrumpe la gestación por causas económicas y laborales. Casi un 9% lo hace por razones vinculadas a la edad; un 6,8% por razones afectivas relacionadas con la pareja y un 5% por patologías fetales, maternas, problemas de salud física y psíquica. Según estos datos, algo más del 62% de las que abortan «lo hacen por causas que no tienen un origen ni económico, ni laboral ni afectivo».

El objetivo del estudio era investigar los cambios que podrían disuadir a la mujer de la decisión de interrumpir el embarazo. ACAI trabajó con una muestra de 5.100 mujeres que abortaron en 15 de las clínicas de la asociación entre los meses de febrero a mayo de 2012, entre ellas las asturianas de Belladona (Gijón) y Buenavista (Oviedo).

Blanca Cañedo, vocal de la asociación en el Principado, afirma que las asturianas, en general, se quedan embarazadas muy tarde -«la mayoría son madres añosas», señala- y las que deciden abortar lo hacen «porque, en ese momento, no quieren ser madres». A su juicio, acuden a la clínica con la decisión firme de abortar. «Es cierto que la situación social y económica de Asturias lo complica todo mucho más; las mujeres que deciden interrumpir la gestación se sienten inseguras. Son muy pocos los casos en los que la mujer se replantea tener a su hijo si ha decidido abortar», añade.

Casi el 96% de las mujeres que solicitaron interrumpir el embarazo no deseaba ser madre. El 60% de las que decidieron abortar tenía entre 18 y 30 años; el grupo más numeroso es el de las que tienen entre 18 y 25 años. Las de 16 y 17 años representan un 4% del total (204) y un 1% de las menores (51) tenía 15 años. El 42,5% de las encuestadas trabajaba en el momento de la interrupción y el 35% estaba en situación de desempleo.

En un estudio anterior de ACAI, de noviembre de 2011, se constató que el 87% de las menores de 16 y 17 años informaba a sus padres de la situación y éstos las acompañaban a abortar; un 13% no podía informar a sus tutores legales por razones diversas, tales como desamparo familiar, familias desestructuradas, riesgo de sufrir malos tratos y otras.

El Principado debe 300.000 euros a las tres clínicas asturianas

Oviedo, P. R.

El Principado adeuda a las tres clínicas asturianas integradas en ACADI (Buenavista de Oviedo y Belladona y Sidona de Gijón) 300.000 euros. La cifra corresponde a los tres primeros meses de este año. Blanca Cañedo confía en que las promesas de cobrar la deuda a finales de este mes se cumpla, una vez aprobado ayer en el Congreso el plan de proveedores, que permitirá a las comunidades autónomas agilizar el pago de facturas.

El presidente de ACAI, Santiago Baranbio, denunció ayer, con motivo de la presentación del estudio, que las diferentes autonomías adeudan a las clínicas de su asociación cerca de 8 millones de euros. Sólo Andalucía, Cataluña y País Vasco están al corriente del pago. Madrid debe 1,3 millones, Aragón casi un millón y Valencia «una fortuna». Baranbio no descarta motivos ideológicos y de moral en los retrasos por parte de algunos gobiernos.

Clausurado ayer en Oviedo

El XXIV Congreso de Urgencias culmina con una protesta en defensa de la especialidad

Foto: Espicha de clausura del congreso de médicos de urgencias y emergencias.

16.06.2012 - L. F., OVIEDO, en El Comercio.

El XXIV Congreso Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias que desde el miércoles se celebraba en Oviedo finalizó ayer con una protesta médica. Los facultativos y resto de congresistas optaron por abandonar las mesas redondas y los talleres que estaban teniendo lugar en el Palacio de Congresos de Calatrava para sumarse a la concentración en defensa de la especialidad de urgencias. Los médicos y especialistas exigieron al Ministerio de Sanidad la creación de la especialidad en medicina de emergencias y afearon la actitud del PP que «mantuvo una posición a favor cuando estaba en la oposición y ahora parece haber cambiado de bando», acusaron los manifestantes. Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que se defendió la creación de una especialidad primaria y troncal vía MIR de urgencias. «Es la medida más eficiente para una asistencia de calidad», indicaron.

Médicos de Urgencias paran su congreso nacional en protesta por la no creación de su especialidad

EUROPA PRESS

Los asistentes al XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) que se está celebrando en Oviedo han abandonado las mesas redondas y talleres que se estaban celebrando este viernes en señal de protesta contra el Ministerio de Sanidad por no haber creado la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Los asistentes al congreso se han congregado en la terraza principal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo donde permanecen reunidos, exhibiendo una pancarta que rezaba el lema ’¡Especialidad de Urgencias, ya!’.

Además, se ha leído un manifiesto reivindicativo en el que defendían la especialidad primaria y troncal vía MIR de urgencias, como solución para la formación de especialistas en Urgencias y Emergencias, rechazando su conversión en un área de capacitación específica (ACE).

"La creación de una especialidad primaria de Medicina de Urgencias y Emergencias es la medida más eficiente para una asistencia de calidad y coste efectiva en el Sistema Nacional de Salud", reclama el manifiesto.

Los urgenciólogos se han mostrado decididos a defender la especialidad de Urgencias "por medio de las acciones que considere oportuno", ya que entienden que se trata de un compromiso ya acordado con el anterior Gobierno que contó incluso "con un acuerdo Parlamentario".

En el ámbito más puramente ciéntifico:

Tomás: «Hay que reducir los riesgos para los pacientes en urgencias»

El experto en seguridad clínica detalló en el Calatrava los errores más comunes en los servicios hospitalarios

Ángel FIDALGO, en La Nueva España

Santiago Tomás Vecina, experto en seguridad clínica y médico del servicio de urgencias del Hospital de Badalona, analizó ayer los riesgos que afrontan los pacientes que acuden a estos servicios hospitalarios. El especialista presentó su ponencia en la última jornada del XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, y en el que se abordaron las situaciones de riesgo en estos servicios clínicos.

Tomás Vecina destacó en su ponencia que expertos en urgencias sanitarias detectaron hasta 1.368 posibles situaciones de riesgo para los pacientes, y abogó por detectar los peligros para «reducir» al máximo los errores.

Con el objetivo de reducir los efectos adversos que sufren los usuarios de las urgencias, que son al margen de las patologías por las que acudieron al hospital, un grupo de expertos elaboró un mapa de riesgos que ha sido probado en 23 hospitales españoles para fomentar la cultura de la seguridad clínica.

Entre «los momentos más delicados» de la actuación de los profesionales de las urgencias hospitalarias se encuentran el ingreso, el tratamiento y la observación del paciente.

En el primer caso, según Tomás Vecina, el riesgo se deriva de errores en el interrogatorio del paciente o del método de exploración; los fallos en el tratamiento vienen de una errónea medicación, mientras que durante la observación, el seguimiento del paciente puede no ser el correcto en cuanto a los efectos producidos por el tratamiento aplicado.

Además, en la jornada de ayer los congresistas se concentraron para exigir al Ministerio de Sanidad la prometida especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Los congresistas abandonaron las mesas redondas y talleres y se dirigieron a la terraza principal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, donde, tras una pancarta con la leyenda «¡Especialidad de Urgencias, ya!», se leyó un manifiesto reivindicativo.

En este documento se defiende la especialidad primaria y troncal vía MIR de Urgencias como solución para la formación de especialistas en urgencias y emergencias, y se rechaza que se convierta en un área de capacitación específica (ACE), como recientemente manifestó a los directivos de Semes el director general de Ordenación Profesional, José Javier Castrodeza.

«La creación de una especialidad primaria de Medicina de Urgencias y Emergencias es la medida más eficiente para una asistencia de calidad y coste efectiva en el Sistema Nacional de Salud», se detalló en el comunicado, al tiempo que Semes declaró su firme decisión de defender la especialidad de Urgencias por medio de las acciones que considere oportuno.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del comité organizador del congreso que se celebró en Oviedo, Luis Martínez Escotet, que recordó que esta reivindicación se viene realizando desde hace más de veinte años.

En el último día del congreso se celebró la asamblea ordinaria de Semes, y en el acto de clausura se hizo entrega de los premios que otorgó el colectivo.

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Coinciden La Nueva España y El Comercio en la candidata

La economista Celia Gómez, que ejerce en Andalucía, se perfila como nueva gerente del Sespa

14.06.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

La economista Celia Gómez González, en la actualidad directora general de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud de Andalucía, se perfila como gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Asturiana de 47 años, Celia Gómez realizó la mayor parte de su carrera profesional en la comunidad andaluza, donde desempeñó varios cargos de responsabilidad tras licenciarse en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo.

Antes de emigrar, Gómez ejerció como responsable de la dirección de Juventud en el Principado. Fue en esos años de militancia en Asturias cuando coincidió con Juan José Cañas, también economista, quien décadas más tarde sería precisamente gerente del Sespa (2003-2007). Celia Gómez ha trabajado en el mundo sanitario pero también en el empresarial. Dentro del primero ha sido técnica de función administrativa en el Hospital Reina Sofía, de Córdoba, y administradora de distintos distritos sanitarios de Primaria de Granada. Además ocupó el cargo de gerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía, fue directora y gerente de la Fundación Mujeres, en Madrid, y directora de Centros de Empleo de la Asociación Mujeres Jóvenes.

En mayo de 2008 fue designada directora de Planificación e Innovación Sanitaria, cargo para el que fue confirmada por el nuevo Gobierno andaluz. Estuvo casada con el que acaba de ser nombrado director de Innovación Sanitaria del Principado, Enrique González.

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La reunión de ayer del Consejero con las organizaciones que trabajan con los inmigrantes en los medios de comunicación de hoy, y también, quién se perfila para dirigir el SESPA

El Principado seguirá dando asistencia a los «sin papeles» en centros de salud y hospitales

El consejero de Sanidad esgrime razones de «humanidad» para una medida que ve compatible con la ley del PP, que sólo admite atención de urgencia

Foto: El Consejero de Sanidad con la representación de organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes y a favor de los derechos humanos

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Los inmigrantes que residan en Asturias de forma irregular continuarán viendo atendidas sus «necesidades de salud» tanto en los centros de salud como en los hospitales dependientes del Principado. Así lo anunció ayer el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, tras mantener una reunión con representantes de organizaciones de derechos humanos y asociaciones científico-profesionales.

Blanco apeló a razones «de humanidad» y negó que esta decisión suponga un desafío o una insumisión a lo estipulado en el real decreto ley de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno central. Según la norma impulsada por el PP, «los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España» sólo recibirán asistencia sanitaria «de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica». Esta restricción no incluye ni a las embarazadas ni a los menores de 18 años.

Pilar Quintana, miembro del colectivo Asturias Acoge, cifró en «menos de 4.000 personas» el contingente de residentes en Asturias de forma ilegal. Y matizó que se trata de «las personas más jóvenes, más sanas y las que menos utilizan los servicios», razón por la cual la ley del Gobierno de Mariano Rajoy «no tiene una gran repercusión económica en toda España, y para Asturias implicaría un ahorro mínimo».

«Hemos ejercido nuestra responsabilidad en el marco de interpretación de la norma», argumentó el titular de Sanidad, quien apostilló que «no estamos buscando trampas ni triquiñuelas, ni tampoco estamos estableciendo un nuevo derecho». Blanco agregó que lo que no admite interpretación alguna es que los inmigrantes sin papeles, a partir del próximo 31 de agosto, ya no dispondrán de tarjeta sanitaria ni podrán beneficiarse de la financiación pública de los medicamentos.

En este último aspecto, Blanco señaló que su departamento y las organizaciones no gubernamentales comprometidas con los inmigrantes trabajarán en la búsqueda de alternativas que permitan a los extranjeros en situación irregular acceder a las medicinas que precisen.

El Consejero traducirá el consenso alcanzado ayer con los colectivos profesionales y de derechos humanos en una instrucción que hoy será oficial y que mañana mismo entrará en vigor. El anterior Gobierno regional había cursado órdenes a sus servicios administrativos para que denegasen la tarjeta sanitaria a todos aquellos inmigrantes extracomunitarios que careciesen de autorización de residencia. Los responsables sanitarios del Ejecutivo de Álvarez-Cascos habían puesto de relieve las dificultades a la hora de interpretar la nueva normativa, lo que los llevó a plantear una serie de dudas al Ministerio de Sanidad. No consta si hubo respuesta. En todo caso, el gabinete de Cascos planteó un recurso al real decreto ley 16/2012 «por invadir competencias propias de la comunidad autónoma».

Ayer mismo, Mercedes Fernández, presidenta regional del PP, anunció que pedirá por carta al Gobierno de Javier Fernández que retire los recursos presentados por el anterior Gobierno -ante el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, respectivamente- contra las leyes que recortan los servicios sanitarios y educativos, así como las partidas destinadas a los fondos mineros. Entre tanto, Faustino Blanco señaló que el nuevo Gobierno socialista «será respetuoso, pero también llegará a donde pueda llegar».

El titular de Sanidad incidió en que el decreto ley del Ejecutivo central pone en riesgo no sólo a los inmigrantes irregulares, sino también a su entorno, y añadió que en la práctica obligaría a los profesionales de la sanidad pública «a decidir quién tiene derecho a asistencia y quién no», con la consiguiente generación de inseguridad. «Temporalmente, mientras no haya otro desarrollo normativo, y para evitar situaciones de incertidumbre, daremos respuesta a las necesidades concretas», indicó el Consejero.

Los representantes de los colectivos que ayer se reunieron con el consejero -Elena Fernández Ardisana, de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias; Pablo Pérez Solís, de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC); José Fernández, de Médicos del Mundo; Pilar Quintana, de Asturias Acoge, y Amelia González, de SOS Racismo- se mostraron muy críticos con la restricción de derechos sanitarios a los inmigrantes. Pilar Quintana llegó a hablar de una norma que transmite «un mensaje ideológico y político para que los españoles y españolas se coman entero el modelo sanitario».

En relación con la supuesta negativa del Ministerio de Sanidad a practicar abortos a inmigrantes sin papeles, Faustino Blanco declinó efectuar valoraciones hasta conocer la realidad de la propuesta, pero avanzó su rechazo a «una concepción ideológica» de la interrupción del embarazo.

De otro lado, LA NUEVA ESPAÑA ha podido saber que Celia Gómez, ex directora general de Planificación e Innovación Sanitaria de la Junta de Andalucía, se perfila como nueva gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Celia Gómez, asturiana, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y ha desempeñado varios cargos de responsabilidad tanto en Asturias como en Andalucía. En el Principado trabajó en el Hospital de Jove, en Gijón.

La sanidad asturiana garantiza la atención a los 4.000 extranjeros sin papeles

El Principado ordena al personal del Sespa facilitar asistencia a los inmigrantes irregulares que quedaban excluidos del sistema de salud tras el decreto de Rajoy

14.06.12 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Los inmigrantes sin papeles que residan en Asturias tendrán «la asistencia sanitaria garantizada». La Consejería de Sanidad del Principado anunció ayer, por medio de su titular, Faustino Blanco -que compareció en rueda de prensa-, que los extranjeros en situación irregular no se quedarán sin cobertura asistencial. Precisamente, los inmigrantes sin permiso de residencia, que en Asturias suman unas 4.000 personas según estimaciones de diversas oenegés, son uno de los colectivos más perjudicados con la entrada en vigor de la reforma sanitaria aprobada por decreto por el Gobierno de la nación. A partir del 1 de septiembre próximo, los extranjeros que no tengan sus papeles en regla no tendrán derecho a disponer de tarjeta sanitaria y quedarán, por tanto, excluidos de la atención sanitaria ordinaria. «Se caen del sistema», se quejaba ayer Amelia González, de SOS Racismo y exdirectora de Salud Pública del Principado. Según recoge el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes, quienes no tengan tarjeta sanitaria sólo podrán ser atendidos en urgencias. El acceso a los centros de salud, así como a los especialistas, dejará de ser un derecho universal como hasta ahora.

En Asturias, sin embargo, habrá matices sustanciales. Los inmigrantes sin papeles podrán seguir yendo al centro de salud o ser derivados a un médico especialista «si fuera necesario». Así lo aseguró el consejero de Sanidad tras reunirse con una importante representación de organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes y a favor de los derechos humanos. Faustino Blanco explicó que garantizar la atención sanitaria a todos los colectivos y «en especial a los inmigrantes sin recursos y en situación administrativa irregular es una cuestión de humanidad que va más allá de cualquier posición ideológica».

«Resuelve la mayor»

Para llevar a la práctica esta decisión, la consejería ha dado instrucciones al Servicio de Salud del Principado para que se facilite asistencia sanitaria a los extranjeros sin papeles. En la práctica esto significa que los inmigrantes sin tarjeta sanitaria seguirán siendo atendidos tanto en los hospitales como en los centros de salud. Pero, ¿serán atendidos como hasta ahora? «En la medida de lo posible, sí», respondió Blanco.

El problema con el que se enfrenta el Principado es que la reforma sanitaria es una normativa de rango superior que deja a las comunidades autónomas con poco margen de maniobra. La resolución del Principado «resuelve la mayor, pero quedan fuera muchas cuestiones importantes», precisaba a renglón seguido José Fernández, portavoz de Médicos del Mundo, satisfecho en principio con la postura adoptada desde Asturias ante un decreto (el de la reforma sanitaria) «vergonzoso y absolutamente repudiable». En la reunión estuvieron presentes Elena Fernández, de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria; Pablo Pérez, de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria; José Fernández, de Médicos del Mundo; Pilar Quintana, de Asturias Acoge y Amelia González, de SOS Racismo.

Las instrucciones que el Sespa dará a sus médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos tienen como base legal «la Constitución, la Ley de Sanidad y la Ley General de Salud Pública», ahondó Blanco. El consejero se afanó en precisar que la decisión de Asturias no pretendía chocar en absoluto con el decreto de Rajoy. «Es una resolución respetuosa con la norma», insistió.

El Principado busca ahora cómo resolver otra arista de este problema: la prestación farmacéutica. Y es que con la entrada en vigor de la reforma sanitaria, los inmigrantes irregulares tampoco podrán tener acceso a la prescripción de medicamentos por carecer de tarjeta sanitaria. Se intenta encontrar una solución mediante acuerdos de colaboración con organizaciones no gubernamentales.

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Montoro acaba de negarle a Castilla-León, dónde ellos gobiernan, más dinero para el carbón

Javier Fernández respalda a los sindicatos mineros y solicita una reunión con Soria

El Gobierno regional advierte de que no admitirá el cierre inmediato de las explotaciones y, junto con las centrales, reclama al PP de Asturias «colaboración»

Oviedo, Pablo CASTAÑO, en La Nueva España

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, recibió ayer en su despacho con abrazos a los dirigentes de los sindicatos mineros y les mostró su apoyo en la lucha por la supervivencia del sector del carbón. El Gobierno regional coincide con el SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO al señalar que los recortes presupuestarios llevan «al cierre inmediato» de las minas y lanzó «una exigencia rotunda» al ministro de Industria, José Manuel Soria, para que negocie con las centrales. Además, Javier Fernández tratará de entrevistarse con el Ministro.

Tras el encuentro entre el Presidente del Principado y los líderes sindicales, de casi dos horas, el consejero de Economía, Graciano Torre, señaló que el Gobierno regional comparte el enfoque de las centrales. «Cualquier persona que haga un análisis de la situación del sector llegará a la misma conclusión: si no se varían las cuantías de las ayudas, el Gobierno de España llevará a las minas al cierre inmediato», señaló Torre, que añadió: «Hace un año admitíamos a regañadientes el cierre de las minas en 2018, pero no podemos admitirlo en 2012».

El Consejero destacó que la Comisión Europea impuso en diciembre de 2010 el cese de ayudas al carbón en 2018, con un ritmo descendente, que partía en España de los 301,5 millones de 2011 y que tenía que ser de 226,1 en 2013 (el 25 % de reducción), de 180 en 2015 (40 %), de 120,6 en 2016 (60 %) y de 75,3 en 2017 (75 %). «Los Presupuestos para 2012 fijan las ayudas en 186,6 millones, y a ellas hay que quitar 75 millones ya abonados en marzo que corresponden al último trimestre de 2011, con lo que quedan en 111 millones para 2012, unos niveles cercanos a los previstos para 2017, cuando ya se estaría a las puertas del cierre de explotaciones», afirmó Torre, que reconoció que los Presupuestos mantienen los 320 millones de las prejubilaciones, «pero si la minería cierra son miles los trabajadores que se quedan sin esas expectativas». Torre destacó que el conflicto «no es por unos puntos de un convenio, sino por la supervivencia de un sector y esto puede acabar en acciones incontroladas». Por ello reclamó al PP de Asturias «que reflexione, colabore y deje de poner cortinas de humo porque esto no es un problema de gestión de fondos mineros».

El secretario general de SOMA, José Ángel Fernández Villa, también criticó «la actitud claudicante del PP de Asturias» y reclamó «una respuesta más firme desde la izquierda» tras recordar que los recortes presupuestarios del Gobierno de Zapatero «se lo pusieron fácil al Gobierno del PP». Se mostró satisfecho por las «coincidencias» con Javier Fernández y lamentó que el Ejecutivo de Rajoy «pretenda resolver el problema por agotamiento, el modelo de Thatcher». Villa señaló que «el Gobierno debe demostrar con hechos que quiere solucionar el conflicto» y pidió que se respeten las ayudas al carbón pactadas hasta el final de 2012, para luego negociar el plan 2013-2018, y se acuerden fondos para finalizar las obras de infraestructuras en marcha «para evitar la pérdida de otros mil empleos».

Maximino García, secretario de la Federación de Industria de CC OO, destacó «la sintonía con el Gobierno de Asturias» y denunció la «posición numantina» del de España, «que puede dar con acontecimientos no deseados». Los sindicatos lamentaron que la dirección de Hunosa desconvocara ayer una reunión para hablar del plan de ajuste y desde la empresa afirmaron que buscan fecha, aunque «el actual clima de crispación no favorece el diálogo».

Montoro niega al presidente de Castilla y León más dinero para el carbón

El ministro de Hacienda transmite a Juan Vicente Herrera que el Ejecutivo central no va a incrementar los Presupuestos

Mieres / Madrid, A.V. / Efe, en La Nueva España

Sigue sin haber dinero para la minería y parece que no va a aparecer. Al menos eso se deduce de las continuas afirmaciones que lanzan los diferentes representantes del Gobierno. Ayer el turno fue para el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien recordó al presidente de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, el «marco absolutamente restrictivo de recursos disponibles» en los presupuestos del Estado (PGE), también en políticas industriales, por lo que no le anunció «ningún cambio» respecto a ayudas al carbón.

Así lo confirmó Herrera, también del PP, tras entrevistarse con Montoro, con el que ha tratado, entre otros temas, la disminución de las partidas para el sector del carbón en las cuentas públicas para este año. El presidente insistió al Ministro de Hacienda, «desde el afecto y la lealtad», que hay que «seguir teniendo en cuenta la minería del carbón en el futuro mix energético nacional», por razones de garantía y seguridad del suministro y la reserva energética. Y recordó que ya trasladó esta petición al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien las gestiones aún no han dado sus frutos.

Juan Vicente Herrera subrayó que no se puede despreciar «uno de los pocos recursos autóctonos energéticos» que le quedan a España» e indicó que «de aquí a 2018 hay mucho tiempo», en referencia a la fecha prevista por parte de la normativa europea el fin de las ayudas públicas al carbón. A su juicio, «hay que seguir ayudando a alcanzar la rentabilidad de las explotaciones y seguir insistiendo en todos los esfuerzos posibles para que esas empresas sean rentables en 2018 y puedan continuar su actividad».

Por ello, el presidente de Castilla y León calificó de «muy razonable» el «escenario decreciente de apoyos públicos» definido por la UE, ya que es «mucho más suave que la caída brusca de recursos» incorporada en los presupuestos generales que ha elaborado el PP para este año y que fijan un recorte de más del 60% en las subvenciones.

Herrera abogó por que otras comunidades afectadas, como Aragón y Asturias, continúen insistiendo ante las instituciones europeas para que se cambien los «elementos perversos» del reglamento europeo, como el cierre en 2018 de aquellas empresas que hayan recibido ayudas, aunque sean rentables.

A su entender, un cierre anticipado de empresas tendrían consecuencias «más dañinas» para los propios presupuestos generales del Estado desde el punto de vista económico. Ante estos argumentos, según Herrera, el titular de Hacienda le ha planteado el «marco absolutamente restrictivos de los recursos disponibles», también en políticas industriales.