PRENSA

Como era de esperar el PP se queda sólo en Asturias en su “liquidación” de los fondos mineros

La FSA afirma que el ajuste de los fondos es un «hachazo inédito en democracia»

Javier Fernández acusa al PP de «mentir» a los vecinos y de desentenderse de los acuerdos alcanzados por el anterior Gobierno, algo «insólito»

Foto: Fernández, a la izquierda, en la reunión mantenida en Laviana con alcaldes y dirigentes del PSOE de las Cuencas.
Pola de Laviana, Miguel Á. GUTIÉRREZ, en La Nueva España.
El secretario general de la FSA y candidato del PSOE a las elecciones autonómicas, Javier Fernández, tildó ayer el ajuste de fondos mineros de «hachazo» que «deja bien clara la posición del Gobierno del PP, incumplir un acuerdo con los agentes sociales, que es algo inédito en democracia». Fernández indicó que «uno puede recortar allí donde quiera pero tiene que respetar los acuerdos y convenios de otros Gobiernos, igual que el Ejecutivo de Zapatero respetó los acuerdos y los convenios que existían en matera de fondos mineros y que venían de la etapa Aznar; esto es insólito».

El líder de los socialistas asturianos realizó estas manifestaciones al término de la reunión que mantuvo en Laviana con alcaldes y secretarios de agrupaciones del PSOE de las Cuencas para analizar el impacto de la medida del Gobierno. Fernández remarcó que, pese a los retrasos derivados de «una gestión compleja», en la época de Zapatero no hubo un proyecto en ejecución que se quedara sin dinero, un estudiante que cumpliera los requisitos y no obtuviera su beca o un proyecto empresarial viable sin subvención. «Ahora llega un Gobierno y da un hachazo que termina con todo esto; es algo insólito y absolutamente reprochable en términos políticos y sociales».

Los últimos procesos electorales también fueron esgrimidos por Fernández en su argumentación. «Tuvimos unos comicios el 20 de noviembre y el mantra del PP era que prometían agilizar fondos mineros y utilizarlos para generar empleo, según decía la número uno por Asturias y ahora candidata a la presidencia del Principado (Mercedes Fernández). Esta señora tendrá que explicar cómo han defendido ahora el recorte en el Congreso cuando significa la liquidación total de la aplicación de los fondos mineros en Asturias». Para el candidato socialista, ese cambio de postura en el PP, demuestra que «han mentido a todos los asturianos descaradamente».

Javier Fernández también subrayó que el ajuste «abre una extraordinaria incertidumbre sobre cuál va a ser la actitud del Gobierno de España sobre el nuevo plan del carbón y el mantenimiento» del sector y recalcó que los socialistas «estamos a disposición de las organizaciones sindicales y de los alcaldes para todas aquellas iniciativas que consideren oportunas para reivindicar que este desatino no se cumpla».

El Ejecutivo regional inicia los trámites para reclamar en el Juzgado las ayudas mineras

El consejero de Economía y Empleo advierte a Industria de que la supresión de estos recursos no «será una labor tan sencilla como piensan»

Mieres del Camino, J. VIVAS, en La Nueva España
Tras anunciar que iría a los tribunales para defender los compromisos de la Administración central sobre a los fondos mineros, el Gobierno del Principado de Asturias ha pasado a la acción. El consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, anunció ayer, en Mieres, que el Ejecutivo había iniciado ya conversaciones con un despacho de abogados «para la reclamación legal de esas partidas».

La defensa judicial de los ayudas del plan de la minería es la estrategia que ha mantenido el Gobierno asturiano de Foro Asturias, desde que el Consejo de Ministros anunciase a finales de año que suprimiría las partidas para infraestructuras. Una táctica que fundamenta, tal y como reiteró ayer el Consejero, al suponer que los fondos mineros son «un compromiso plasmado por escrito en dos documentos, uno de 1998 a 2005 y otro de 2006 a 2012, que han sido firmados por el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros». Una signatura que «es un compromiso expreso de financiación a las comarcas mineras», subrayó José Manuel Rivero. No sólo eso. «También existen dos reales decretos que desarrollan sendos planes de la minería», resaltó.

En el Principado creen que la supresión de los fondos mineros «no debería ser una labor tan sencilla como piensan» en el Gobierno central. De hecho, el Consejero señaló que «seguimos tratando de mantener comunicación con ellos para que nos aclaren qué va a pasar con los proyectos de fondos mineros que están ejecución, así como con los pendientes, porque creemos que los compromisos está para cumplirlos». Sin embargo, Rivero explicó que «sólo nos estamos encontrado con negativas. De ahí el inicio del trámite para su reclamación legal».

El consejero de Economía y Empleo tampoco pudo especificar mucho más sobre la denuncia judicial, señalando únicamente que «irá encaminada a la defensa de los principios, más allá de que haya compromisos firmados, que ya es algo más que serio, sino porque la supresión de los fondos destinados a una región en concreto supone la ruptura del compromiso de cohesión territorial». Aquí, José Manuel Rivero hizo hincapié en que «no tiene sentido que el Gobierno central instrumente medidas que perjudiquen más a un territorio que a otro». En el caso de Asturias, el responsable regional de Economía y Empleo se refirió a los aproximadamente 800 millones de euros que la Administración central recortará en Asturias, «que suponen el 10% del total en España, cuando nuestra región sólo aporta el 2% del Producto Interior Bruto». Esta medida es «injusta y perjudica gravemente al Principado», advirtió el consejero, quien también aprovechó para reiterar su posición respecto al futuro del sector carbonero y la decisión del cese del sistema de ayudas en 2018. «La reivindicación de este Gobierno es que esas ayudas no se devuelvan si la empresa es rentable», apostilló.

Iglesias advierte que todo lo manifestado por el PP asturiano en relación a fondos mineros "era pura mentira"

OVIEDO, EUROPA PRESS
El candidato de IU a la presidencia de Asturias, Jesús Iglesias, ha señalado este miércoles que todo lo manifestado por el PP asturiano en las campaña autonómica y general de 2011 era pura mentira y un intento de engañar a la sociedad asturiana".
Iglesias sostiene que el debate de ayer en el Congreso de los diputados, a iniciativa del grupo parlamentario de IU, clarifica perfectamente la posición del Partido Popular: "el PP asume la exigencia de la Unión Europea del cese de las ayudas y el cierre de los pozos en 2018, cierre que ya empezará seguramente en 2014".
El candidato de IU destaca el que además el PP no asuma ningún tipo de nuevo compromiso en relación a los fondos mineros y asuma el contenido del Real Decreto de 30 de diciembre de desaparición de los fondos mineros conlleva "una segunda puñalada por la espalda" a las cuencas mineras que siguen hoy necesitando esos fondos compensatorios por la pérdida de la actividad económica y de empleo.
Por otro lado, Iglesias calificó como "cortina de humo" el hecho de que el Gobierno de Asturias anuncie acciones judiciales en defensa de los fondos mineros comprometidos. "La vía judicial nos situaría en un marco temporal en el que las resoluciones firmes nos situarán más allá de 2018, la fecha de desaparición de las minas asturianas", señala.

CARGA CONTRA FORO Y PSOE

"Se trata de decir que se hace algo sin que se haga nada", apunta Iglesias. "Hubiese sido más útil que Foro exigiese un compromiso cierto y real con la minería en el debate de investidura de Mariano Rajoy o que ahora avanzara que de que cara a los presupuestos generales del Estado, que algún día presentará Rajoy, se va a mantener una línea de exigencia demandando la continuidad de estos fondos", advierte.
Con respecto al PSOE, Iglesias señala que "se mueve en la misma línea de retórica" y añade que el PSOE que no cumplió el compromiso de transferencia desde los gobiernos de Zapatero al Instituto del Carbón de los fondos comprometidos y no ejecutados a consecuencia de los retrasos que se fueron produciendo, ahora pretende sumarse a la reivindicación de esos fondos pero "con muy poca credibilidad".

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En principio, Comisión de Docencia y Programa de Trasplante de médula ósea, no tienen nada que ver entre si

Carlos Vallejo, destituido como responsable de docencia del Hospital Central

Oviedo, P.A., en La Nueva España
El equipo directivo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ejecutó ayer la destitución del hematólogo Carlos Vallejo como presidente de la comisión de docencia (jefe de estudios de los médicos residentes) del complejo sanitario de Oviedo. Previamente, el doctor Vallejo ya había sido excluido de la comisión de trasplantes del centro hospitalario.

Los asturianos afectados por linfomas, mielomas y leucemias habían hecho pública días atrás su preocupación por el futuro del programa de trasplante de médula ósea que lidera el doctor Vallejo. En un comunicado, incluso hablaban de «la posible desaparición» del mismo. Sin embargo, fuentes de la dirección del HUCA aseguraron a este periódico, el pasado día 7, que la citada unidad «no está en peligro, va a seguir funcionando y no existen previsiones de cambios en su composición».

Carlos Vallejo se incorporó al HUCA en el año 2007 tras haberse formado en Seattle (Estados Unidos) y haber ejercido en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En la actualidad, es jefe de sección en el servicio de hematología. Bajo su dirección, el centro sanitario ha ampliado su cartera de servicios, incorporando, de forma paulatina, los trasplantes de donante no emparentado, los de sangre de cordón umbilical y los pediátricos.

Con todo ello, el Hospital Central de Asturias ha llegado a situarse en el cuarto puesto del ranking nacional en lo referente a trasplantes de médula ósea, cordón umbilical y progenitores hematopoyéticos, según los datos que figuran en la página web de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), correspondientes a 2010.

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Ahora veremos que pasa en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, fijada para el próximo 20 de febrero

En el pleno del Congreso de ayer PP y CiU rechazan la propuesta de PSOE e IU-ICV-CHA de crear un Plan de la Minería del Carbón…

Los socialistas insistirán con otra proposición no de Ley sobre este tema

Foto: El ministro, José Manuel Soria, con Ovidio Sánchez en un encuentro en enero donde hablaban de garantizar los fondos mineros.
MADRID, EUROPA PRESS
El PP y CiU han rechazado en el Pleno del Congreso la propuesta pactada por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para redactar un nuevo Plan de la Minería del Carbón y para el Desarrollo Alternativo y Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018.
La propuesta, defendida por el diputado de la CHA, Chesús Yuste, pretendía corregir los ajustes anunciados por el Gobierno instándole a pactar un nuevo plan con los agentes sociales y las administraciones implicadas, así como garantizar íntegramente la financiación comprometida y la ejecución de todas las inversiones previstas en el plan anterior.
Según Yuste, la decisión del Gobierno de paralizar fondos no ejecutados del plan anterior han generado "una enorme preocupación" en las comarcas que viven de este sector, unos territorios "necesitados de un esfuerzo público adicional que garantice su desarrollo alternativo en el futuro inmediato".
Además, el diputado socialista Antonio Trevín ha criticado las "contradicciones" en las que ha incurrido el Ministerio de Industria en este asunto y ha anunciado que su Grupo presentará una proposición no de ley (PNL) para que "el Gobierno recapacite".
Al rechazo del PP se han unido también CiU y UPN, mientras que UPyD, PNV, ERC, BNG, Compromís y CC-NC han optado por apoyar la propuesta de las formaciones de izquierda.

PP y CIU se unen en el Congreso para tumbar los fondos mineros

Ambos partidos rechazan una moción de IU para mantener las ayudas a las Cuencas

15/02/2012, J.M.huerga, Langreo, en La Voz de Asturias
Malos tiempos para las Cuencas, a las que el Gobierno de Rajoy quiere “dar cerrojazo”. Así al menos fue reconocido ayer por los 127 votos que apoyaron en el Congreso una moción del grupo parlamentario de IU. Una iniciativa a favor de que se cumpla lo pactado en el Plan del Carbón y, por tanto, los fondos mineros comprometidos. Sin embargo, los 186 votos del PP junto a los 6 de CiU bastaron para rechazar la moción.
Tras la intervención del presidente del PP regional, Ovidio Sánchez, quedó claro que el Gobierno sólo se compromete a “acabar las obras en marcha”, para lo que se da de plazo hasta 2013. Eso sí, los populares se sacaron de la chistera una garantía de pago de las prejubilaciones mineras.
Así lo hizo notar Chesús Yuste, que fue el encargado de presentar la moción del grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA y CHA. Yuste cargó contra el mensaje contradictorio, a su juicio, de los populares “que dicen prejubilaciones, sí, desarrollo alternativo no, lo que significa abandonar a su suerte a las comarcas mineras”.
Frente a la política popular con el carbón, la moción de la izquierda, explicó Yuste, defiende la financiación ya comprometida, el cumplimiento de todas las inversiones previstas en los planes mineros “y que se busquen medidas para facilitar la agilización de los proyectos y se eviten los retrasos”. Aspecto este, según recordó, que fue el que utilizó el ministro de Industria “para justificar” la eliminación de los fondos de infraestructuras.
Nuevo plan minero
Además, los grupos de la izquierda emplazaron ayer al Gobierno a negociar un nuevo plan de la minería hasta 2018, “siendo conscientes”, según Yuste, de que “ese es el horizonte en el que en la UE ha puesto fecha de caducidad de las minas no rentables”.
Igual línea crítica contra el PP siguió el diputado de Foro Asturias. Enrique Álvarez Sostres atacó al Gobierno porque eliminar los fondos de infraestructuras supone “dejar en suspenso el Plan del Carbón”. A su juicio, el recorte de las ayudas del carbón “contraviene flagrantemente las obligaciones de solidaridad interterritorial que ampara la UE”, además del artículo 138 de la Constitución.
Para Sostres, el ajuste supone “un golpe definitivo” a las Cuencas y a Asturias. Una región con la que, aseguró, “el Estado tiene una deuda de más de 700 millones de euros en fondos mineros”.
“Un peligro”
La siguiente andanada contra el Gobierno corrió a cargo de Antonio Trevín. El diputado socialista acusó al Ministerio de Industria de “ser un peligro, en política energética, para las Cuencas”, con la supresión de los convenios para infraestructuras, el recorte de las explotaciones mineras y la disminución de los incentivos empresariales.
Para el exdelegado del Gobierno, la política del actual Gobierno está enfocada a “achicar el espacio de las comarcas mineras hasta dejarlo en su mínima expresión”. Con lo que su objetivo no es otro, aseguró, que “dar el cerrojazo en territorios que necesitan un suplemento para la convergencia económica con el resto de España quitando el incentivo en las comarcas”.
Además, Trevín emplazó a Industria a retomar la negociación con los sindicatos mineros y sentarse en una mesa “ante la que acudirá con una falta de credibilidad, por lo que le pedimos que rectifique”.
Ante esta batería de críticas, Ovidio Sánchez contraatacó con la “gran credibilidad” que el PP tiene en minería y replicó que la controversia con los fondos mineros se debe “a la pésima gestión de los socialistas desde 2007”.
A la vez, minimizó el recorte en fondos de infraestructuras porque “se acabarán las obras que están en marcha en 2012 ó 2013” y defendió un ajuste minero al considerar que “no estamos en condiciones de paralizar fondos públicos ni de destinar cantidades inertes que no pueden funcionar”. En cambio, defendió garantizar las prejubilaciones, “la mayor preocupación de los mineros, su sustento y su futuro”.

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De Santa Bárbara solemos acordarnos cuando truena, esperemos que esta vez sea para poner un punto y final

La Confederación estudia construir un muro que proteja el Hospital de las riadas

La comarca busca soluciones para prevenir nuevos daños

Parres pide soluciones para el barrio de El Barco, en Arriondas, y Ribadesella una limpieza profunda del Sella y sus márgenes

Foto: Evacuación de enfermos del Hospital de Arriondas, tras la riada de junio de 2010.
Arriondas (Parres) / Ribadesella, Patricia MARTÍNEZ, en La Nueva España
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico estudia la posibilidad de colocar un muro para proteger al Hospital Grande-Covián, en Arriondas (Parres) de futuras crecidas del río Sella. Así lo explica el alcalde de Parres, el socialista Marcos Gutiérrez, que ubica la posible construcción «desde el final del parque de La Llera hasta la zona del polígono industrial». Este muro permitiría «que el nivel del río pueda subir un metro más sin que salte», añadió.

El regidor explicó que en la Confederación están «valorando esta posibilidad y mirando cuál es la mejor opción: que el muro quede entre el paseo Pablo Iglesias y el río o al otro lado del paseo». La segunda, entre el paseo y las viviendas, dejaría más espacio al río ante una posible crecida, aunque exigiría una solución de acceso a las viviendas con unas escaleras u otra infraestructura.

El Alcalde está citado esta mañana, junto a otros municipios afectados por las riadas -como Ribadesella- a una reunión en la Delegación de Gobierno, a la que el Gobierno parragués reprocha «el bochornoso espectáculo vivido con el Principado, con acusaciones y reproches mutuos en un ejemplo más de sus lamentables relaciones». Gutiérrez tiene la «sensación de que se utilizó este tema ante la proximidad de las elecciones» y añadió que «se deben buscar soluciones y no utilizarlo para salir unos acusando a otros».

Soluciones, por ejemplo, para el barrio de El Barco, en Arriondas, donde los vecinos han recogido firmas que, aunque van dirigidas a Confederación, el Alcalde trasladará en la cita de hoy, porque «cada vez que sube el río, sin llegar a desbordar, el agua inunda sótanos, garajes y algunos vecinos tienen problemas para acceder a los portales».

La alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández Román, de Foro Asturias, también estará hoy en la Delegación de Gobierno. Apuesta por ponerse «de acuerdo entre todos para prevenir estas situaciones. Hay cosas para las que hay que estar preparados». La regidora considera «fundamental que se haga una limpieza profunda del río y de las márgenes» y añadió que «sería muy útil que se tratara de manera integral el Sella, tiene consecuencias en otros concejos pero al nuestro llega toda la porquería». Fernández Román considera que «Costas actuó de manera muy rápida limpiando la playa» y añadió que el arrastre de materiales se puede evitar si «se limpia el río, que tiene una cantidad de piedras que subió mucho el nivel del cauce y por eso se desborda con más facilidad». Entre los daños de las últimas riadas, citó que «se ha roto parte del saneamiento. Son muchas pequeñas cosas que van apareciendo después y quien está cara al ciudadano arreglando todo es el Ayuntamiento», añadió. En cuanto a la reparación de la barandilla de la playa de Santa Marina, pendiente desde el temporal de noviembre 2010, la Alcaldesa explicó que, según Costas, la pieza «ya está hecha y queda colocarla», algo que se espera para este viernes.

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La profesión médica no debe aceptar recortes que provoquen pérdidas de calidad en la asistencia, «especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos»...

Colegios médicos de toda España se rebelan frente a los recortes

El manifiesto, aprobado por la Asamblea general celebrada el pasado 20 de enero, ha sido recogido con unanimidad por los diferentes responsables provinciales, según destaca la Organización Médica Colegial (OMC).

Foto: Juan Jose Rodríguez Sendín, Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos.
nuevatribuna.es
Colegios médicos de toda España se han unido en la lectura simultánea de un manifiesto en el que se "rebelan" frente a los recortes que las distintas comunidades autónomas están imponiendo en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en función de intereses sus políticos y de los calendarios electorales.
En dicha declaración han afirmado que la crisis económico-financiera ha llevado al SNS a una "situación crítica" que requiere buscar soluciones desde las máximas instancias políticas del país.
Como consecuencia de los recortes, señala, el SNS vive una situación de dificultad sin precedentes que "hace difícil su funcionamiento", y que, a su juicio, "se está aprovechando para modificar las condiciones laborales y retributivas de los médicos de una forma permanente e irreversible".
Por este motivo, declaran que la profesión médica no debe aceptar recortes en la financiación sanitaria que provoquen pérdidas de calidad en la asistencia a sus pacientes, "especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos".
Por tanto, instan a todos los profesionales a rechazar los recortes indiscriminados, desproporcionados, y a denunciar sus consecuencias y rebelarse ante ellos. "Los médicos estamos obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes", señala el manifiesto.
Por otra parte, recuerda que los médicos y los ciudadanos deben participar en el buen uso de los servicios sanitarios; y reclaman nuevamente "un gran acuerdo político" que permita introducir las reformas y cambios necesarios para mejorar el funcionamiento del SNS.
En cuanto a la precariedad laboral y la falta de oportunidades, recuerda que está obligando a los médicos a buscar trabajo fuera de España, "lo que supone un despilfarro económico e intelectual". Y muestran su especial preocupación en este sentido por la situación de los médicos en formación MIR y los médicos dedicados a investigación.
El manifiesto concluye recordando que, a pesar de la situación de crisis y los recortes del SNS, la defensa sin reservas de la calidad del acto médico, "parte fundamental" de su compromiso y responsabilidad con los pacientes y con la sociedad en su conjunto.
FIN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
Entre algunas de las acciones más destacadas, sobresalen los colegios de médicos de A Coruña, Pontevedra y Ourense que han expresado su rechazo a los recortes "indiscriminados" en el ámbito sanitario y han advertido de que estos hacen "zozobrar" el Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que han urgido un "acuerdo político" para poder introducir reformas.
La presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, ha afirmado que existe una opinión mayoritaria entre este colectivo para devolver las trasferencias sanitarias al Gobierno Central y a favor de una Sanidad "única en toda España" ante "el despilfarro que ha habido y el decreto de recortes promulgado. Los médicos piden que si el Gobierno valenciano no es competente que se devuelvan las competencias", ha afirmaba en rueda de prensa.
Por su parte, el Colegio de Médicos de Toledo (ICOMT) ha mostrado su preocupación por el "impacto" que las medidas del Gobierno regional puedan tener en el sector sanitario, asegurando que algunas de estas iniciativas "pueden producir precariedad laboral sobre todo en interinos y residentes", algo que puede repercutir "en la pérdida de personal muy útil para el sistema".
Estas son algunas de las manifestaciones que se han vivido en las diferentes provincias, donde la preocupación por las listas de espera, la reducción de la calidad asistencial, y la precariedad laboral han sido un mensaje común.
En Cataluña el sindicato Metges de Catalunya (MC), mayoritario en la sanidad pública catalana, ha entregado 69.954 firmas en el Parlament contra los recortes sanitarios en la culminación de la campaña ’Los pacientes con los médicos. No a los recortes’ iniciada por el sindicato desde el anuncio del plan de choque del Govern en marzo del año pasado.

Los médicos se rebelan ante los recortes

Un manifiesto de los colegios profesionales reafirma su compromiso de impedir que afecten a la atención a los pacientes

Emilio de Benito, Madrid, en El País.

Que un grupo como el de los colegios de médicos se movilice no es habitual. Por eso su adhesión unánime al manifiesto contra los recortes que aprobó la asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC) el pasado 28 de enero es una señal inequívoca del malestar de estos profesionales por la situación de recortes que se vive en la sanidad pública. Para evidenciarlo acordaron ayer leer el manifiesto de manera coordinada, con la excepción de Cataluña, Andalucía y Galicia..

El texto reafirma el compromiso con la atención: “La defensa sin reservas de la calidad del acto médico es parte fundamental de nuestro compromiso y responsabilidad con nuestros pacientes y con la sociedad en su conjunto”.

La propuesta va en la línea de otras, como la del Foro de la Profesión Médica. Este está formado por los colegios, sindicatos y sociedades científicas, y ha manifestado varias veces (la última el 3 de febrero) que, si por culpa de los recortes se deteriora la calidad de la prestación, ellos serán los primeros en denunciarlo.

En el documento insisten: “La profesión médica no debe aceptar recortes en la financiación sanitaria que provoquen pérdidas de calidad en la asistencia a sus pacientes, especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos”. “El médico debe rechazar los recortes indiscriminados, desproporcionados, denunciar sus consecuencias y rebelarse ante ellos. Los médicos estamos obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes”, indican.

El texto también tiene una parte de reivindicación laboral: “La precariedad y la falta de oportunidades obliga a los médicos a buscar trabajo fuera de España, lo que supone un despilfarro económico e intelectual”. Y señalan que están “muy preocupados sobre las consecuencias de los recortes en dos colectivos médicos especialmente vulnerables por ser el futuro del sistema nacional de salud como son los médicos en formación MIR y los dedicados a investigación”.

Los colegios han querido dar especial relevancia a este manifiesto, que llega cuando el sector está movilizado en muchas partes contra los ajustes de las comunidades. Los primeros fueron los de Cataluña ya el año pasado, cuando la Generalitat anunció recortes que han llevado a cerrar ambulatorios y quirófanos.

Pero también ha habido acciones en otras comunidades, como la huelga de Galicia en noviembre de 2011 o las protestas —de momento en forma de concentración llamada marea blanca- en Madrid. Los siguientes, convocados a 11 días de huelga por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), serán los de Castilla y León.

El acto de lectura del manifiesto, donde se ha hecho públicamente, ha servido para que cada colegio aproveche para insistir en otros aspectos. Por ejemplo, la presidenta del valenciano, Rosa Fuster, ha indicado que la mayoría de los profesionales están de acuerdo en devolver alguna transferencia al Gobierno central.

Al margen del acto simbólico de ayer, algunos colegios llevan tiempo denunciando la situación. Por ejemplo, el de Madrid —que no hizo ningún acto público de adhesión al manifiesto— ya había llegado a un acuerdo al final de enero con la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) en el que destacaba una situación que puede generalizarse a muchas comunidades: no reposición de las plazas que quedan vacantes por jubilación (solo se hará en el 10% de los casos), supresión de los contratos eventuales, aumento de la jornada laboral en 2,5 horas semanales y el tratamiento de las bajas por enfermedad como absentismo.

Como solución, los colegios ponen en primer lugar un acuerdo nacional (el famoso pacto de Estado). Sin embargo, no todos los implicados están de acuerdo con esta postura de los médicos, no por lo que representa, sino porque puede quedarse en palabras. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aplaude la medida, pero señala que para que sea efectiva debe haber denuncias reales cuando la atención empeore (ya ha habido un informe que señala que hay peor acceso a las innovaciones en oncología), y apuntan que espera que “no se trate solo una cortina de humo para tapar el apoyo que muchos de ellos vienen prestando a las políticas privatizadoras”.

Sindicatos y colegios médicos de toda España se rebelan contra los recortes «indiscriminados»

Los facultativos valencianos piden que vuelvan al Estado las competencias sanitarias

Madrid, Agencias, en La Nueva España.

Médicos de toda España alzaron ayer su voz frente a los recortes «indiscriminados» y «desproporcionados» que se están registrando en los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.

Colegios y sindicatos médicos respondieron al llamamiento de la Organización Médica Colegial (OMC) a rebelarse contra esos ajustes, que están colocando al sistema sanitario en una «situación de dificultad sin precedentes que hace difícil su funcionamiento».

Los profesionales médicos suscribieron el manifiesto aprobado el mes pasado en una asamblea general de la OMC, en el que se subraya que la coyuntura económico-financiera ha llevado al Sistema Nacional de Salud (SNS) a una «situación crítica» en la que «se está aprovechando para modificar las condiciones laborales y retributivas de los médicos de una forma permanente e irreversible». Los facultativos sostienen que la profesión médica no debe aceptar recortes que provoquen pérdidas de calidad en la asistencia, «especialmente cuando sus efectos recaen en los más pobres, débiles, ancianos, desfavorecidos e indefensos».

La estrategia de denuncia llegó ayer a las redes sociales a través de la puesta en marcha en Twitter de una campaña bajo la etiqueta #contrarecortesanitarios. Profesionales de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias, Aragón, Murcia, Cantabria, Galicia, Madrid y Extremadura han escenificado su adhesión al documento en distintos actos.

En Cataluña, el Sindicato de Médicos ha entregado en el Parlamento autonómico 70.000 firmas recogidas durante los últimos meses entre usuarios y profesionales, un día antes de que la Cámara debata los Presupuestos de 2012. Esta organización advierte de que los recortes presupuestarios, que cifran en un 11 por ciento, dejarán la asistencia en una situación crítica.

Los médicos valencianos centrarán sus esfuerzos en denunciar las «malas prácticas» de la Consellería de Sanidad y en animar a los sindicatos a que convoquen una huelga general en el sector. Así lo puso de relieve la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, quien aseguró que entre los facultativos de la comunidad existe la «opinión mayoritaria» de que sean devueltas al Estado las transferencias sanitarias.

VER EL MANIFIESTO/COMUNICADO

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De ellos 2.820 corresponden el Servicio de Salud...

El decretazo amenaza en Asturias a más de 16.500 empleados públicos

La reforma facilita los despidos del personal laboral si se alega «insuficiencia presupuestaria» durante 9 meses

15/02/2012, Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias
La reforma laboral no solo abarata el despido de los trabajadores de las empresas públicas sino que también facilita los expedientes de regulación (ERE) entre los empleados de las administraciones. Esto significa que allana el camino para aplicar ceses colectivos del personal laboral de los ayuntamientos y mancomunidades, de las comunidades autónomas o de los propios ministerios. La medida afecta a más de 16.500 empleados en el Principado.
Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuatro trimestre de 2011, recogen que Asturias tiene 75.800 asalariados en el sector público, de los que, al menos, 16.500 son personal laboral. A esta cifra hay que sumar todos los empleados de este tipo que desempeñan su trabajo en las empresas públicas que dependen de las administraciones locales, aunque los sindicatos aseguran que la reforma no especifica si a este colectivo se le incluye como entidades públicas o si a la hora de aprobar los EREs se acogen a la normativa de la empresa privada. Lo que prohíbe la nueva ley son las suspensiones temporales de empleo o la reducción de jornada en la administración pública.
El único criterio que deben alegar estos entes, organismos y entidades públicos que forman parte del sector público es, según contempla la normativa, “justificar nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”. Si se cumple este requisito, y ya que la reforma está en vigor desde el lunes, se puede poner en marcha un ERE por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral dé el visto bueno.
Calcular la cifra exacta de personal laboral que trabaja en el Principado es complicado, aunque, según las cifras que manejan los sindicatos, superan los 16.500, una cantidad que se dispara si se suman las empresas públicas. A modo de ejemplo, y solo en Gijón, Emulsa (Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón) emplea a otros 630 trabajadores de este tipo y EMA (Empresa Municipal de Aguas de Gijón) a otros 150.
De la cantidad total de laborales, aproximadamente 6.450 personas trabajan directamente para los ayuntamientos y las mancomunidades asturianas. Este grupo es el que está compuesto por más personal laboral. Entre los que desempeñan su trabajo en la administración autonómica están aproximadamente 5.800, a los que hay que añadir otros 2.800 del Servicio de Salud.
Este último colectivo está formado por unas 1.100 personas que trabajan entre el Hospital Monte Naranco, en el Hospital General de Asturias o en Salud Mental, y otros 1.700 que lo hacen en el Hospital de Oriente, en Jove, el Adaro o en Cruz Roja. Otros 650 prestan sus servicios como personal laboral en correos, a los que hay que añadir otros 800 de la administración general del estado.
Por último, están los más de 5.800 trabajadores repartidos por la los entes, organismos y entidades del Principado. Entre ellos se encuentran los cerca de 1.500 del ERA, y el personal laboral del IDEPA, SERIDA, los de las consejerías o los 90 de RTPA.
Precisamente este último ente es uno de los que encajaría perfectamente en la nueva casuística. Desde su llegada al Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos asfixió económicamente a la televisión pública debido a su incapacidad para privatizarla, tal y como regía en su programa electoral. Con la nueva reforma, y tan solo con justificar insuficiencia presupuestaria durante los últimos nueve meses, lógico en un ente que sobrevive gracias a los presupuestos autonómicos, podría aprobar un despido colectivo sin tener en cuenta la opinión de la autoridad laboral.
Pero esta situación podría extenderse a muchos más organismos. La inmensa mayoría de las administraciones públicas, especialmente las locales, tienen importantes deudas, por lo que con esta normativa se abre la puerta a una oleada de despidos en el sector público. Esta es una vieja aspiración de la patronal española CEOE y de la asturiana FADE, que en varias ocasiones han exigido recortes en las plantillas de los trabajadores públicos.
Protestas sindicales
Los sindicatos asturianos continúan con su calendario de actos encaminados a conseguir el mayor número de apoyos de cara a la manifestación del próximo domingo en Gijón.
Delegaciones de CCOO y UGT de Asturias se reúnen hoy, en la sede de UGT, con representantes del PSOE, IU y Foro (el PP rechazó ayer su asistencia) para explicarles la negativa de las organizaciones sindicales a la reforma laboral.
Las dos centrales asturianas pretenden que los actos del próximo domingo sean secundados por el mayor número de personas posible, por lo que a lo largo de esta semana tienen programadas una serie de reuniones y encuentros para conseguir el respaldo de las asociaciones ciudadanas.

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Mucha pedagogía y estímulo, con humildad, del nivel de participación, tendrán que poner en práctica los sindicalistas (los que aún pueden denominarse así de verdad )

Las otras caras del decretazo

Los desempleados creen que la ley únicamente beneficia a los empresarios

14/02/2012, Luis Fernández / OVIEDO, en La Voz de Asturias
La nueva reforma laboral no creará puestos de trabajo. Al menos esta era la idea generalizada entre los parados asturianos que ayer se acercaban a las oficinas del Servicio Público de Empleo (SPE). Lejos de confiar en que la normativa les ayude a encontrar una salida, aseguran que únicamente beneficia a los empresarios y que perjudica a los asalariados.
Desde que el pasado viernes el Gobierno decidiese aprobar la reforma, las críticas han surgido desde prácticamente todos los ámbitos de la sociedad española. El objetivo prioritario, la creación de empleo, está en duda, ya que desde el propio Ejecutivo se ha asegurado que no servirá para cortar la hemorragia del desempleo.
Hasta el momento, solo los empresarios han bendecido una normativa que, en muchos casos, va incluso más allá de lo que demandaban desde la propia patronal. Por el contrario, los sindicatos aseguran que acelerará la destrucción de puestos de trabajo y que Asturias superará en un corto espacio de tiempo los 100.000 desempleados.
Con este panorama, cobra especial relevancia la opinión de los que más sufren esta precaria situación del mercado laboral, los parados, que en líneas generales confían poco en que los cambios sirvan para mejorar sus situación y consideran que solo contribuirá a abaratar el despido.
Alejandro Sánchez es un ovetense de 25 años que asegura que “se podría hacer algo más” para impulsar la contratación. El último trabajo que ha desempeñado es como teleoperador, aunque reconoce que “ahora busco empleo de lo que sea, porque está todo muy fastidiado y llevo cuatro meses parado”. En su opinión, “los grandes beneficiados con los cambios son los empresarios” y el punto más lesivo para los trabajadores es que “se abarata mucho el despido”.
Las críticas de Sánchez van más allá y también carga contra los sindicatos, a los que pide que “hagan algo más para defender los derechos de los trabajadores”. Pese a ello, explica que el problema “no es tan grave como para convocar una huelga general”.
En la práctica, y ya que la creación de puestos de trabajo a corto plazo está descartada incluso por el propio Gobierno, la ley aprobada el viernes supone solamente el abaratamiento del despido. Además de reducir de 45 a 33 los días de indemnización por año trabajado por despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades, amplia las causas del despido objetivo, lo que se traduce en una generalización de las indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
A modo de ejemplo, si un asalariado falta a su puesto de trabajo entre 9 y 20 días por enfermedad, aunque tenga justificante médico, se considera causa objetiva. Por lo tanto, supone barra libre para abaratar el despido.
Amelia Blanco, vecina de Oviedo, tiene claro que “la nueva ley no va a crear empleo”. “Para que una empresa cree puestos de trabajo lo que hay es que facilitar la contratación”, asegura esta cocinera de 53 años, que añade que “como siempre, los que perdemos con la nueva ley somos los trabajadores”. Además, Blanco echa en falta que se tomen medidas para “ayudar al pequeño comercio”, que es el que “realmente genera empleo en este país”.
Aunque considera que la normativa es perjudicial para los trabajadores, explica que “las huelgas generales sirven para poco y solo ayuda a empobrecer aún más al país”. “Lo que hay que hacer es dialogar”, afirma, aunque la reforma fue impuesta por el Gobierno sin tener en cuenta los acuerdos a los que habían llegado patronal y sindicatos.
El planteamiento de Blanco era el mayoritario en las oficinas del SEP, aunque había opiniones para todos los gustos. Conchi Melian, ama de casa de Proaza, considera que “hay que hacer sacrificios y todo esfuerzo es poco para lograr sacar a España adelante”.
En su opinión, “la normativa sentará las bases para ayudar a crecer cuando mejore la situación y probablemente sirva para crear algo de trabajo”. “Hay que arrimar el hombro todos porque la situación ya está bastante difícil”, sentencia Melian.
Esta última opinión choca frontalmente con la de Eliezer Silva, brasileño de 40 años que está al paro como empleado de la industria del metal. Lleva 8 meses desempleado después de trabajar 6 años en Asturias y tiene claro que la reforma “no va ayudarme a mejorar mi situación, sino que va a complicarla todavía más”.
La ley “quita” derechos a los trabajadores y no elimina uno de los grandes problemas que, a juicio de Silva, tiene el mercado laboral. “Aquí se premia demasiado que se hayan hecho cursillos y no se tiene suficientemente en cuenta la experiencia”, concluye. Debido a su falta de confianza en que los cambios mejoren la situación laboral de los trabajadores, se muestra más reivindicativo que el resto de personas consultadas por este periódico y asegura que “yo apoyaría una huelga general, creo que hay motivos suficientes para ello”.
Además de que facilita las causas de despido, otro de los elementos que más se ha criticado es que permite a las empresas aprobar expedientes de regulación sin tener en cuenta la opinión de la administración.
Los empresarios pueden presentar un ERE simplemente con alegar una caída de los beneficios de dos trimestres consecutivos, por lo que se facilita ya no solo el despido individual, sino también el colectivo.

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A nuestro juicio se vulneran la Ley General de Sanidad 1986, la Ley de de Cohesión de 2003, el RD sobre cartera de servicios básicos del SNS 2006, la Ley del medicamento

IU emplaza a Mato a aclarar en el Congreso si piensa paralizar el copago catalán y balear

Pregunta de Llamazares para la sesión de control

MADRID, EUROPA PRESS

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tendrá que explicar al diputado de IU, Gaspar Llamazares, mañana miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, si piensa paralizar el copago sanitario, así como las tasas o los tiques en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así, no se trata de la primera vez que el diputado de IU por Asturias pide explicaciones a la titular de Sanidad, ya que en diciembre, por ejemplo, registró la petición de comparecencia urgente en el Congreso de la nueva ministra de Sanidad, para que diera cuenta del porqué el Gobierno central consiente que en Baleares se vayan a tener que pagar diez euros cada vez que haya que renovar la tarjeta sanitaria o el ’repago’ que prevé emprender la Generalitat catalana en la dispensación de recetas.

En aquel momento, Llamazares señaló a Europa Press que la ministra "no está siendo clara" y sí "está dando la callada por respuesta". De hecho, Mato no se ha pronunciado todavía sobre el tema a preguntas de los periodistas, ni tampoco lo hizo durante su primera comparecencia como ministra de Sanidad en el Congreso hace un par de semanas.

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