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PRENSA

Más de lo mismo, en lo que a este tipo de debate se refiere, a lo que hay que replicar con un rotundo ¡¡no!!…

Más de lo mismo, en lo que a este tipo de debate se refiere, a lo que hay que replicar con un rotundo ¡¡no!!…

Expertos sanitarios proponen reducir servicios en lugar de implantar el copago

Plantean quitar prestaciones vinculadas a dolencias menores y adaptar el gasto del sistema de salud a la situación económica

21.05.11 – GIJÓN, en El Comercio.

En vez de extender el copago sanitario y cobrar, por ejemplo, por ir a urgencias o al médico especialista, es mejor quitar servicios. Sobre todo, «en prestaciones vinculadas a patologías menores o cuestiones de confortabilidad y de hostelería» sanitaria... Es lo que plantean un centenar de expertos sanitarios para garantizar la supervivencia financiera de la sanidad pública española. Se trata de una apuesta novedosa pero también algo polémica ya que habla de retirar servicios en uso, una alternativa que hasta el momento muy pocos han llegado a plantear abiertamente.

La única comunidad que ha dado un paso en este sentido y que ha anunciado y aplicado recortes sanitarios de calado es Cataluña, donde la contestación social no se ha hecho esperar. Diversos colectivos ciudadanos y sindicatos ya han sacado la protesta a la calle, con acampada incluida.

La propuesta de reducir prestaciones y adaptar el gasto sanitario a la situación económica del país proviene de un nutrido grupo de especialistas convocados por la Fundación Bamberg con motivo de celebrarse el 25 aniversario de la Ley General de Sanidad. Entre los participantes en el estudio -que contó con la colaboración de más de un centenar de profesionales- hay varios exministros del PSOE y del PP. Están, por ejemplo, Bernat Soria y Julián García Vargas, que ocuparon la cartera sanitaria en gobiernos socialistas. También Ana Pastor, que ejerció de ministra con José María Aznar como presidente.

La representación de Asturias pasa por el actual gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Mario González, y por quien fue consejero de Salud del Principado entre 1999 y 2003, Francisco Sevilla, actualmente consejero de Salud de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

La conclusión de los expertos es clara: el copago no permitiría solucionar los problemas financieros de la sanidad pública. Lo rechazan de forma rotunda, incluso «como elemento disuasorio». Creen que «el Estado tiene que determinar cuál es el alcance de las prestaciones que asegura a los ciudadanos». Por ello, consideran que la mejor apuesta es «optar por la reducción selectiva de la cartera de servicios antes que por la implantación de copago». Lo que sí ven con buenos ojos es una propuesta de la que lleva años hablando el consejero asturiano de Salud, Ramón Quirós, y es que los jubilados de pensiones altas comiencen a pagar por los medicamentos que consumen.

El 90% se paga con impuestos

Los especialistas en gestión sanitaria parten de un hecho: «El gasto sanitario no puede seguir subiendo como lo hizo en estos años». Y no lo puede hacer porque los ingresos económicos sobre los que se sustenta el sistema de salud, la recaudación vía impuestos, «ha caído». El 90% de la factura sanitaria se costea con tasas públicas, recuerdan. De seguir a este ritmo, «dentro de 10 años el gasto sanitario se podría duplicar». En Asturias, nos podríamos situar en un gasto sanitario de 2.800 millones de euros al año, una auténtica barbaridad. Además, de continuar por el mismo camino existe el riesgo de que se comience a resentir la calidad y la equidad del sistema nacional de salud, sus sustentos básicos.

De ahí que hablen de adaptar la sanidad a la situación financiera del país. Plantean, incluso, una fórmula empleada en otros países de la UE, entre ellos, Holanda, que revisa de forma anual su cartera básica de servicios sanitarios. «Hay que ajustar las prestaciones a las disponibilidades financieras, identificando cuáles son las realmente necesarias y cuáles no», dicen.

El grupo convocado por la Fundación Bamberg no desvela qué quitar, pero da pistas al referirse a «las prestaciones no imprescindibles para la salud, las que se refieran a patologías menores y otras como confortabilidad, hostelería especial, etcétera, que no estén cubiertas por el Estado».

Asimismo, plantean crear «un seguro complementario» que sería pagado por los propios ciudadanos. «La financiación de las prestaciones no aseguradas podrán contratarse mediante un seguro complementario al seguro cubierto por el Estado por las personas que lo deseen», abundan.

Vincular el 25% del sueldo médico al logro de resultados

Sueldo en función de resultados. De resultados sanitarios, pero también económicos. Es otra de las propuestas que aparecen reflejadas en el Informe de la Fundación Bamberg. Los especialistas abogan por la necesidad de introducir criterios de gestión privada en la sanidad pública y hablan de que un 25% del sueldo del personal esté relacionado con el resultado de su trabajo. «No vale el café para todos. Los profesionales que logran más deben recibir mayor compensación y reconocimiento», advierten.

Asimismo, los expertos precisan que «en un contexto de restricciones económicas a largo plazo como el que se prevé es necesaria la identificación y uso intensivo de formas de compensación y reconocimiento no puramente económicos».

También plantean modificar el actual modelo sanitario. Que los hospitales tengan autonomía de gestión, con presupuesto y contabilidad propios, con balance de situación y cuenta de resultados y con personalidad jurídica propia, sujeto a derecho privado y con un Consejo de Administración. O que los centros de salud se conviertan en promotores de salud, donde la gestión clínica sea la pieza clave. También que haya competencia entre los diferentes centros sanitarios.

¿Por qué será que de salarios y de otras condiciones laborales no dice nada?...

¿Por qué será que de salarios y de otras condiciones laborales no dice nada?...

Merkel considera que los trabajadores españoles tienen demasiadas vacaciones

La canciller desata la polémica al plantear que se armonicen los días de descanso y la edad de jubilación en la UE

España tiene seis jornadas festivas más que Alemania, pero se trabajan más horas y los salarios son menores

La Nueva España. Berlín / Oviedo,  Agencias / J. L. S.

La canciller alemana, Angela Merkel, entró ayer en una nueva polémica con los países del sur de Europa al cuestionar que en España, Portugal o Grecia los trabajadores disfruten más jornadas de vacaciones que en Alemania. Durante un acto de su partido, la coalición democratacristiana CDU, Merkel abogó por armonizar los días de vacaciones y la edad de jubilación en los países de la Unión Europea (UE), de la que el Estado germano es principal contribuyente. En año de elecciones regionales y locales en su país, la formación política de la canciller está sufriendo el desgaste ante la opinión pública alemana que suponen las aportaciones a los rescates financieros de los estados de la eurozona con más dificultades.

En tono electoral, Angela Merkel cargó directamente contra la laboriosidad de la Europa meridional, incluida España. «No se trata sólo de no incurrir en más deudas, sino que también es importante que en países como Grecia, España o Portugal los trabajadores no puedan jubilarse antes que en Alemania», señaló también durante su intervención en el acto de su partido en Meschede (en la región de Renania-Westfalia Norte).

Y la canciller añadió sobre las vacaciones: «A pesar de que los países comparten una moneda común, unos disfrutan de muchas vacaciones y otros de muy pocas. A la larga esto no funciona». A continuación, destacó la solidaridad alemana con Grecia para que supere su crisis crediticia. Aunque aseveró que «no podemos ser simplemente solidarios y decir que esos países pueden seguir actuando como hasta ahora. Sí, Alemania ayuda, pero Alemania sólo ayuda si los demás se esfuerzan. Y eso hay que demostrarlo».

Las afirmaciones de Merkel sobre las condiciones de descanso y jubilación en Alemania y en los demás países contrastan con lo que señalan las estadísticas. Varias de ellas muestran que los españoles trabajan más horas y cobran menos que los alemanes. Y el retiro efectivo es también algo más tardío en España que en el país germano. Sobre el papel, los españoles tienen seis días festivos más al año, aunque el alcance de las vacaciones varía según los convenios. Pero en realidad, las diferencias entre ambos países no son demasiado abultadas.

El número total de días que suponen las vacaciones y los festivos varían en la Unión Europea hasta en doce días anuales dependiendo del país. Según un estudio elaborado recientemente por la consultora española Mercer, los trabajadores españoles cuentan con 36 días libres al año (22 días laborables de vacaciones establecidos por ley más 14 de festivos), mientras que un empleado alemán disfruta de 30 jornadas (20 días laborables de vacaciones más 10 festivos).

El estudio señala también que no son los países del sur europeo los que tienen más días de asueto Los de Lituania (41 días), Francia (40), Finlandia (40) y, fuera de la UE, Rusia (40) son los empleados europeos con más vacaciones.

Y en cuanto a la edad de retiro, el país de Angela Merkel tampoco sale mejor parado que los demás en las estadísticas. Según las cuentas de la Comisión Europea, la jubilación efectiva en el país germano es, de media, a los 62 años, mientras que en España es ligeramente superior (62,1 años). Alemania alcanzó un acuerdo para alargar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, igual que el que aplicará el Gobierno español. Los dos llegarán a esa edad de forma progresiva, si bien España lo hará antes.

Los números también parecen refutar la tesis de que en Alemania se trabaja más tiempo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los españoles trabajaron 1.653 horas anuales en 2009 frente a las 1.389 horas de los alemanes, un 19% menos. Esas mayores jornadas laborales no se reflejan en la nómina, ya que los germanos cobran un salario bruto anual de unos 40.914 euros, según las cuentas de la oficina estadística europea (Eurostat) con datos de 2008 (los últimos disponibles), mientras que los españoles perciben unos 21.500 euros. Las diferencias de jornada y sobre todo de salario guarda relación con la estructura productiva. En Alemania tienen mayor relevancia la industria y las actividades de media y alta tecnología, en los que se perciben sueldos mayores.

Las palabras de Merkel fueron acogidas con críticas dentro y fuera de Alemania. En España, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, aseguró que «la homogeneización de aspectos del mercado laboral es muy importante, pero no creo que esto signifique ir a una convergencia estricta».

En Portugal, para el que se acaba de aprobar un rescate financiero de 78.000 millones de dólares, los partidos de izquierdas y los sindicatos cargaron contra Merkel. El secretario general del Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, criticó que Merkel no hablara también de la diferencia salarial entre lusos y los germanos. Portugal tiene uno de los salarios medios más bajos de la UE (17.000 euros al año). Manuel Carvalho da Silva, líder del mayor sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores Portugueses, acusó a la canciller de «colonialismo» y de pretender que «los países ricos vivan a costa de explotar a los más pobres».

Hasta ahora era la enfermería…

Hasta ahora era la enfermería…

Los médicos, los más agredidos

Los centros del Sespa contabilizaron 289 ataques de pacientes en 2010. El 45% fue a facultativos y el 33%, a personal de enfermería

16.05.11 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El médico ya no es tan venerado ni respetado como antes. Durante 2010, los facultativos sufrieron el mayor número de agresiones, tanto físicas como verbales, perpetradas por pacientes cabreados que acudieron a la sanidad pública. De las 289 agresiones de usuarios registradas en centros adscritos al Servicio de Salud del Principado (Sespa), el 45% tuvo como víctima a un médico. Habitualmente, eran los profesionales de enfermería, sobre todo mujeres, los más afectados por la ira o por la disconformidad (mal entendida) de los usuarios. Pero en 2010 los tercios cambiaron y los médicos pasaron al primer lugar de las agresiones.

El Informe de Prevención y Actuación frente a Potenciales Situaciones Conflictivas en Centros Sanitarios elaborado por el Sespa señala que en 2010 hubo más pacientes y familiares que se tomaron la justicia por su mano recurriendo a amenazas, insultos e, incluso, a ataques físicos al personal sanitario. En concreto, hubo 22 agresiones más que en 2009. Se llegó a las 289. La mayoría partió de los propios pacientes (un 83%), pero también hubo acompañantes de enfermos (17% de los casos) que oficiaron de agresores.

El balance incluido en la Memoria del Sespa de 2010 indica que un total de 132 médicos fueron amenazados, increpados o golpeados. Lo mismo le ocurrió a 96 enfermeras, 35 auxiliares de enfermería, 22 administrativos, 3 matronas y un celador. Claro que aunque el Sespa se refiere conceptualmente a estos casos como agresiones, no todos lo fueron en el sentido estricto de la palabra. El 65% fueron en realidad amenazas y otro 20%, insultos. Agresiones físicas hubo 27, lo que supone un 9,34% del total, además de 14 intentos de agresión que no se llegaron a consumar porque la víctima huyó o porque llegó a intervenir personal del centro o fuerzas de seguridad.

Lás más graves

El informe al que ha tenido acceso EL COMERCIO señala que el mayor número de agresiones graves, las físicas, se produjeron sobre auxiliares de enfermería. Hubo diez de estos casos entre dicho colectivo. También fueron atacados físicamente nueve médicos y ocho enfermeras. Son los 27 casos más graves de agresiones de pacientes que registró el Sespa a lo largo de 2010.

Como se ha observado en años anteriores, las situaciones conflictivas entre pacientes y trabajadores de la sanidad tienen un claro sesgo de género. Tanto por las víctimas, en la mayoría de los casos profesionales mujeres, como por el que agrede, ya que la mayoría son hombres.

Las estadísticas son más que claras: el 81,31% del personal que resultó agredido, insultado o amenazado eran mujeres. La tónica se repite en todas las categorías laborales, sin excepción. Asimismo, de las 289 agresiones llevadas a cabo por pacientes, 199 (el 68,85%) correspondieron a hombres y 90 a mujeres (31,14%). El perfil del agresor violento, el que acaba por pegar, es también masculino. De los 41 ataques físicos e intentos de agresión física contra médicos, enfermeras o auxiliares, 34 partieron de un paciente varón.

Los hospitales, a la cabeza

Los hospitales encabezan las estadísticas. Es en los centros hospitalarios donde se produce la mayor parte de los conflictos entre pacientes y sanitarios.

De entre todos, es el HUCA el que lidera las cifras con 47 casos, de los que 12 fueron ataques físicos. Tras el Hospital Universitario Central de Asturias se sitúa el San Agustín, en Avilés, con 21 agresiones, aunque aquí la mayoría, 18, se quedaron en amenazas. Otro dispositivo que registró un número importante de agresiones de pacientes fue la unidad de rehabilitación psiquiátrica de Avilés.

Llama la atención el caso de Ventanielles, que acumula el mayor número de agresiones registradas en la red de Atención Primaria. En 2010, un total de doce pacientes de este centro de salud amenazaron e insultaron a trabajadores. Por áreas sanitarias, es Oviedo la que registró más casos, con 133 agresiones de pacientes, seguida de Avilés, con 79 conflictos y Gijón, ya más lejos, con 31.

El Servicio de Salud ha instalado alarmas de mesa en las consultas médicas de nueve centros. El Sespa decidió colocar dispositivos de alerta en aquellos centros sanitarios con mayor conflictividad, exceptuando los hospitales que han quedado al margen de esta medida. Asimismo, durante el pasado año, el Principado realizó dos cursos sobre manejo de situaciones conflictivas en el ámbito sanitario con la intención de formar a su personal para afrontar casos de agresiones o amenazas de pacientes.

CENTROS CON ALARMA ANTIAGRESION

Avilés.

En los centros de salud de Villalegre, Las Vegas y La Magdalena. También en la unidad de rehabilitación psiquiátrica de salud mental.

Gijón.

En El Llano, Contrueces y El Natahoyo.

Oviedo.

En los centros de Ventanielles (que es el que más agresiones registra en toda Asturias) y Teatinos.

Langreo.

Sólo disponen de alarmas antiagresión dos consultas del centro de salud de La Felguera.

45 profesionales denuncian y 8 cogen la baja tras la agresión

45 profesionales optaron por denunciar a los pacientes que les agredieron. Son diez más de los que habían presentado denuncia judicial en 2009. La cobertura legal de los casos corre a cargo de los servicios jurídicos del Servicio de Salud. Las agresiones al personal sanitario dieron un giro importante en 2008, cuando los tribunales asturianos dictaron la primera sentencia que calificaba estos actos como delito de atentado, tipificado con dos años de prisión. En su balance de 2010, el Sespa tiene contabilizadas ocho bajas laborales de profesionales que habían sido víctimas de algún tipo de agresión.

Entrevista a Julián González Sarasúa, exjefe del Servicio de Cirugía Plástica del HUCA, jubilado hace un mes escaso...

Entrevista a Julián González Sarasúa, exjefe del Servicio de Cirugía Plástica del HUCA, jubilado hace un mes escaso...

«Queremos sanidad, no coches blindados para los políticos»

«El nuevo HUCA es para menores de 50 años. Si hacemos las historias mirando al ordenador y no al paciente, adiós al trato humano».

15.05.11 - A. VILLACORTA | GIJÓN, en El Comercio.

Julián González Sarasúa (Bilbao, 1946) llegó a trabajar al HUCA hace 31 años y hace menos de un mes que se jubiló. Como los de Bilbao son de donde les apetece, el ya exjefe del Servicio de Cirugía Plástica del HUCA se declara «gijonés de pura cepa», porque en Gijón es donde vive y disfruta de la vida: «Te das un paseo por Deva y te quedas nuevo. Vivir en Asturias es un privilegio del que, a veces, no somos conscientes». Y, como dice lo que quiere decir, defiende que «hay un divorcio claro entre la sanidad y la política».

-Los que están menos encantados que usted son los hospitales concertados de Gijón: Jove y Cruz Roja.

-Es necesario que Cabueñes asuma los pacientes que debe asumir y ellos, los que les corresponden. Y para eso se necesitan fondos.

-¿Y qué pasa con los retrasos de la unidad de hemodinámica del Hospital de Cabueñes?

-Todo lo que sea mejorar la atención a los pacientes es fundamental. A los ciudadanos no nos preguntan cuáles son nuestras prioridades. Y pasan por tener buena sanidad. No porque el político se compre un coche blindado.

-No lo veo jubilándose del todo.

-Ese es otro privilegio. No es que tuviese ganas, porque el trabajo siempre me ha gustado muchísimo. Para mí trabajar no ha sido ninguna calamidad. La diferencia entre trabajo y profesión es que en un trabajo te remuneran y ya está y en la profesión llegas a casa y sigues con ella. Y yo me considero un profesional.

-Se retira por la puerta grande, con una investigación en la que ha logrado curar úlceras a los pacientes parapléjicos incluidos en un ensayo clínico con células madre de médula ósea. A lo grande.

-A lo grande ha sido la emoción con la que me ha despedido la gente del hospital. Esto otro no es más que la continuación de un trabajo inicial que yo no he hecho: que ha hecho el doctor Otero, Chus Otero. Un hombre muy competente. Va a ser una pena que se jubile, porque es un fuera de serie. Yo solo he colaborado con él.

-¿En qué consiste exactamente su descubrimiento?

-Hemos puesto a punto una técnica pionera en el cierre de las úlceras de presión de los parapléjicos. Las escaras. El tratamiento clásico de las úlceras en los parapléjicos es muy agresivo. Esto, en cambio, es una cirugía menor que funciona muy bien. Es muy sencilla y es un éxito. Les tenemos boca abajo 21 días, pero yo estoy convencido de que se sellan en dos semanas. Estoy convencido de que tiene muchísimo futuro.

-¿Su proyecto se parece al que desarrolla Vizoso en Jove?

-Son similares, pero en terrenos diferentes. Él trabaja con células uterinas y las nuestras son de médula ósea. Y también es diferente el componente de la financiación: Otero se mueve con becas y Vizoso necesita financiación privada. Aunque todo se superpone. En Medicina se trabaja a base de pequeños escalones. Vas cogiendo los últimos avances.

-¿Qué hay de su especialidad? ¿Cómo ha evolucionado?

-La demanda que tiene la cirugía plástica era totalmente insospechada hace veinte años.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, la cirugía bariátrica. ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacer las secuelas de la cirugía de la obesidad, como arreglar los faldones de piel y quitar la grasa? Nadie. Pues lo tenemos ahí. O todas las secuelas de la cirugía oncológica. Hoy hacemos toda la reconstrucción de mama, que no es que no se hiciese antes, pero no se hacía tanto. El aumento de la demanda ha sido espectacular.

-¿Se ha frivolizado la cirugía?

-Lo que se ha frivolizado es la cirugía estética, no la cirugía plástica. Y no es frívola en absoluto.

-¿Qué me dice de las niñas de 16 años que piden un aumento de pecho como regalo de cumpleaños?

-Eso sí que se ha banalizado. Se han banalizado los riesgos quirúrgicos porque la información que se ha dado ha sido totalmente tergiversada. Y se piensa que meterse en un quirófano es una tontería. O no se piensa en cómo va a ser la evolución de unas prótesis mamarias dentro de treinta años en una chica.

-Poco antes de irse, recuperó la Asociación Profesional de Facultativos, crítica con la Administración.

-Sí. Por principio, yo soy crítico con la Administración. Creo que la sanidad es algo absolutamente necesario para el individuo y que se trasladan mal los beneficios que tiene la sanidad tal y como la conocemos. Y, sin embargo, el político la utiliza en su propio beneficio.

-¿Cómo se come eso?

-A la gente no se le dice que la sanidad cuesta un dineral. Todo el mundo piensa: «Yo tengo derecho a». Pero a la gente no se le dice: «Sus derechos se mantienen gracias a todos los individuos. Y hay muchísima gente que paga diez veces más que usted para que usted tenga un determinado tratamiento». Es decir: si yo soy consciente de esta solidaridad con el vecino, probablemente asuma que el gasto sanitario debe estar mejor controlado. Lo que pasa es que el político no se moja y no le dice al paciente: «Le vamos a operar de lo que es estrictamente necesario para su salud. De lo superfluo, no queremos saber nada». Si comprendemos que la sanidad es una prueba de solidaridad, el copago no será necesario.

-Quirós se ha hartado de decir que hay que controlar el gasto y parece que lo ha conseguido.

-Quirós es un hombre que desconoce la vida del hospital. Punto. Es así. Yo no sé quién es Quirós. Ni él sabe quién soy yo. Yo no sé lo que hacía ni él lo que hacía yo. Pero yo sí sé lo que hacen todos mis compañeros, que son 800. Y, si sumamos todos los hospitales, somos miles. Pero yo no sé la experiencia previa de Quirós de la profesión. No sé si se relacionaba con 10 o con 12. Yo me relacioné con miles.

«Mi Medicina es barata»

-¿Es un problema de humildad?

-Es un problema de que, cuando a un médico lo ascienden a cargo directivo, automáticamente le cambia el chip. Ya empezó la legislatura con aquello de que teníamos que ir cagados a trabajar. Y yo esas cosas no las olvido. Y no las olvido porque eso supone que ese hombre, de mí, tiene un mal concepto. Ya está. Es un político. Pero eso no le da competencia. Sencillamente, no tiene las mismas aspiraciones que yo. Yo soy un profesional y quiero que tú tengas salud. Y además considero que la Medicina que yo hago es barata. Y que, además, es de primera. Y como la mía, la de la gran mayoría de mis compañeros.

-Defiende la excelencia.

-Es que la excelencia profesional, el conocimiento combinado con una buena aplicación técnica, es absolutamente necesaria. Tienes que ser competente porque, si el paciente tropieza con un incompetente, su enfermedad se convierte en una tragedia. Y, si yo voy detrás de la excelencia, me da igual el dinero que cueste. Es mi obligación.

-¿Tendremos que acostumbrarnos a los recortes?

-El consejero de Sanidad madrileño, Güemes, puso a parir a los médicos. Es otro Quirós. Y luego salió a decir que la Administración debería retirarse de la sanidad. Estos hombres, cuando abandonan la sanidad, entran en la incongruencia. Yo no he visto que los políticos, cuando terminan su ciclo, hagan algo que merezca la pena. El que hace algo que merece la pena es el que está trabajando duro en el hospital, que es el que va cagado a trabajar. Yo, como ciudadano, no admitiría los recortes. Pero la mayoría de los políticos son incompetentes para su cargo.

-Ya no verá el traslado al nuevo HUCA. ¿Cómo irá?

-Va a ser un lío porque es un cambio total. Tanto de la filosofía de trabajo como tecnológico. Es un hospital para menores de 50 años. Los que tengan más, lo van a pasar mal. En un hospital, si hacemos las historias mirando al ordenador y no al paciente, adiós al trato humano.

Es evidente que se requieren mayores mecanismos de control y más rigor a la hora de facilitar subvenciones…

Es evidente que se requieren mayores mecanismos de control y más rigor a la hora de facilitar subvenciones…

La sombra del cazador de subvenciones

Los fiascos de Venturo XXI, Diasa y Alas Aluminium ponen en cuestión la eficacia del sistema de promoción económica de Asturias y el reparto de apoyos públicos a las empresas

Oviedo, J. C. / L. M. D. / L. G., en La Nueva España
Las políticas de apoyo a la inversión empresarial regaron con dinero público Asturias desde principios de los años noventa. Del tamaño de las subvenciones repartidas da una idea este dato: las dos grandes bolsas de ayudas que han financiado, a menudo a fondo perdido, la instalación o ampliación de negocios (los fondos mineros y los adscritos a la ley de Incentivos Regionales) supusieron en 20 años más de 1.000 millones de euros. En este tiempo menudearon las críticas a la eficacia y control de esos repartos, algo que ha vuelto a ocurrir últimamente al hilo del fracaso de tres proyectos que habían recalado en las comarcas carboneras del Nalón y del Caudal: Venturo XXI, Laboratorios Diasa Europa y Alas Aluminium. Tales casos indican, según opiniones empresariales y sindicales, que el complejo sistema de promoción económica de Asturias tiene vías de agua. Los gestores del Principado rechazan esa tesis.

José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA, enunció así el problema a finales del pasado año: «Hay que poner freno a la concesión indiscriminada de ayudas, aplicando mayor control y rigor». El líder minero hizo esa consideración cuando ya habían estallado las dificultades de la aluminera Alas (Langreo), la farmacéutica Diasa (Mieres) y la cartográfica Venturo XXI (San Martín del Rey Aurelio). Antes, el fracaso de la planta de Autotex en Llanera también había suscitado una inquietud semejante en el sindicato ugetista y en la Federación de Industria de CC OO, organizaciones ambas firmantes de los planes del carbón que desde 1998 dan amparo a los repartos de ayudas mineras.

Los tres fracasos más recientes (Alas, Diasa y Venturo) atañen a las Cuencas, el territorio más bonificado por las subvenciones empresariales, y en ellos están implicados, de manera directa o indirecta, casi todos los organismos que forman parte del complejo aparato asturiano de promoción económica: el Instituto de Desarrollo del Principado (IDEPA), el Instituto para la Reestructuración de la Minería (titular de los fondos mineros), Sadim (sociedad de Hunosa para promover la diversificación económica en las Cuencas), Sodeco (sociedad de desarrollo participada por Hunosa y por el Principado) y la Sociedad Regional de Promoción (controlada por la Administración asturiana). Los tres proyectos están muy pegados al trabajo de diversificación de Hunosa -arrancaron bajo el mandato del anterior presidente de la compañía, Luis Tejuca, y se desarrollaron con la presidencia del actual, Juan Ramón García Secades- y todos también coincidieron durante la gestión que desempeñó Víctor González Marroquín, primero como responsable de Sadim y, entre 2004 y 2010, como director general del IDEPA.

Diasa, Venturo y Alas recibieron más de 20 millones de euros en subvenciones directas y no han pasado de seis años de actividad en el mejor de los casos. Y las averiguaciones de los administradores concursales y las denuncias de los trabajadores van en la dirección de que los cierres no se pueden explicar simplemente por la crisis, sino que existen problemas severos de gestión y en algún supuesto indicios de manejos irregulares para conseguir subvenciones.

¿No funcionan con rigor los controles de acceso al dinero público? «El riesgo de toparte con "cazasubvenciones" existe dentro y fuera de Asturias; hay auténticos "tiburones" dedicados a ello», comenta genéricamente una fuente empresarial. Según otro diagnóstico, el problema del aparato de promoción económica es a menudo de «capacidad técnica» para determinar con un alto nivel de seguridad si son viables los proyectos que reciben el respaldo económico de Hunosa, del Principado o del Ministerio de Industria. Conforme a esa versión, el IDEPA, por el que pasa la mayoría de esos proyectos, tiene abundante plantilla, pero carece de medios para enjuiciar la consistencia de propuestas de negocio generalmente muy especializadas.

Carlos García Morilla, sucesor de González Marroquín al frente del IDEPA, rechaza la tesis sobre las supuestas carencias del Instituto. Los fracasos pueden ser muy llamativos, expone, pero son casos muy minoritarios. «De cientos de proyectos, fracasa un porcentaje mínimo. No podemos focalizar la atención en el 1% que no prospera si no tomamos en cuenta que el 99% restante de las empresas funciona. El Parque Tecnológico de Llanera está lleno y todas las empresas allí implantadas están operativas», señala Morilla.

Según el IDEPA, la tasa de fallidos en proyectos e inversiones empresariales subvencionadas por los instrumentos de dinamización económica existentes en Asturias oscila, según las distintas líneas de ayuda existentes, entre menos del 1% y el 2,58%. «La experiencia evidencia que ha habido muy pocos fracasos», señala Carlos García Morilla.

El mayor fracaso histórico data de antes de la existencia del propio IDEPA. Fue el conocido como «Petromocho», el proyecto para instalar una industria petroquímica que, en 1993, terminó por ser falso. No llegaron a circular ayudas públicas, pero quien se presentó como intermediario, el francés Jean-Maurice Lauze, persuadió al Gobierno presidido por el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil de que el plan -100.000 millones de pesetas de inversión y 4.000 empleos- era veraz. Rodríguez-Vigil dimitió tras destaparse el engaño y Asturias recondujo su estrategia: aparcó la búsqueda de grandes inversores extranjeros y procuró extremar las cautelas ante las propuestas que recibía.

García Morilla defiende la eficacia de los controles que se hacen ahora. El equipo del IDEPA consta de setenta profesionales, en su mayor parte técnicos y titulados superiores. Cada año estudian, de media, unos 500 expedientes de solicitudes de ayudas, subvenciones o participaciones societarias. De ellas se descartan entre un 60% y un 65%. La criba, se afirma, es alta. «Los técnicos del Instituto es un personal muy capaz y muy experto, con larga experiencia ya en este tipo de análisis», afirma su responsable.

El IDEPA niega además que se les puedan colar «cazasubvenciones». Los controles, remarca Morilla, son exhaustivos antes de la concesión de la ayuda -la haga el Principado o el Gobierno central-, durante la ejecución del proyecto y durante los años posteriores. El principal impedimento para la práctica del que podría definirse como un «toma el dinero y corre» es que las subvenciones nunca se otorgan por adelantado. El inversor debe demostrar que ha ejecutado la inversión íntegra y que al menos un 25% de ella la ha realizado con recursos propios y no sólo con financiación ajena.

Las empresas no pueden tener deudas con Hacienda, la Seguridad Social y el Principado. Se analizan su trayectoria fiscal y sus balances y se hace un control de cuentas y de sus accionistas. Y el incumplimiento de alguna de determinadas condiciones (empleo o inversión) puede derivar en la obligación de devolver hasta el 100% de las ayudas. Un reciente fallo judicial, añade García Morilla, ha permitido recuperar las ayudas concedidas a Autotex, la compañía propiedad del grupo estadounidense Milliken, que en 2006 abandonó Asturias y cerró su planta de Llanera, en la que fabricaba airbags para automóviles.

En el ámbito empresarial y sindical no existe la misma seguridad sobre la eficacia y seguridad de los mecanismos de promoción. «Hay que repensar el sistema», responde Alberto González, secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Alude a la conveniencia de simplificar una maraña de instrumentos que no siempre funcionan coordinados y que en ocasiones han llegado a competir entre sí. González anota además la trascendencia de gestionar con extremo rigor la selección de los inversores y de las actividades que puedan ocupar los más de cuatro millones de metros cuadrados que tendrá la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), un espacio que, situado junto a la única siderurgia integral de España (las plantas de Arcelor) y al puerto de El Musel, tiene para Asturias «un gran valor estratégico».

Alta predisposición con muchos obstáculos…

Alta predisposición con muchos obstáculos…

Más de la mitad de los jóvenes saldría de España para trabajar

Los españoles ocupan el sexto puesto de la CE, por encima de la media

El 19% emigran para formarse

EUROPA PRESS

El 68% de los jóvenes españoles dice estar dispuesto a desplazarse a otro país europeo para trabajar, muy por encima del 53% de la media europea y sólo por detrás de Islandia (84%), Suecia (76%), Bulgaria (74%), Rumanía (73%) y Finlandia (71%), según los datos de un Eurobarómetro publicado hoy por la Comisión Europea.

Bruselas subraya la "enorme disparidad" que existe entre este dato y la movilidad real de los trabajadores europeos, de los que menos del 3% vive fuera de su país de origen, y por ello apuesta por impulsar el desplazamiento de los jóvenes ya sea para ocupar un empleo o para mejorar su formación.

Antes de salir al extranjero para ocupar un puesto de trabajo, el 14% de los jóvenes europeos ha pasado una temporada fuera de su país por razones educativas o de formación. Los españoles también adelantan a la media europea en este caso, ya que son el 19% de los jóvenes los que han salido por estudios.

Respecto a las razones esgrimidas para no cursar un periodo académico o de formación en otro país, el 44% de los españoles y el 33% de europeos apuntan a la falta de medios económicos para costearse la estancia. No en vano, el 77% de los jóvenes españoles que han pasado un periodo en el extranjero dice que ha tenido que recurrir a sus ahorros o a fondos privados para financiarse.

La comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, ha celebrado la alta predisposición de los jóvenes europeos para salir al extranjero a trabajar, pero ha criticado que existen "demasiados obstáculos". El desempleo y el lento crecimiento económico son los principales problemas que afronta la UE y una de las soluciones pasa por impulsar la movilidad de los estudiantes y de la mano de obra, en opinión de la comisaria.

"Debemos ayudar a los jóvenes a estudiar, a formarse o a trabajar en el extranjero y darles a conocer todas las posibilidades de ayudas económicas que ofrecen programas europeos como la beca Erasmus", ha declarado en un comunicado Vassiliou.

Mala gestión y con posible “dolo”… ¿qué más se puede pedir en la empresa emblemática de la reactivación de nuestra cuenca?

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La fiscalía encuentra irregularidades en la gestión que llevó a la quiebra a Venturo XXI

El ministerio público califica de «culpable» el concurso de acreedores, lo que permite mantener las denuncias contra el consejo de administración

Langreo, L. M. D., en La Nueva España
La fiscalía considera que fue la mala gestión del consejo de administración de Venturo XXI la que llevó a la empresa al concurso de acreedores, que ha acabado por despedir a toda la plantilla y poner a la cartográfica a un paso de su disolución. Dos empresas acreedoras de Venturo XXI denunciaron la gestión desarrollada por los responsables de la firma. Como diligencias previas del caso se encargaron informes a la administración concursal, que concluyó que no había indicios de delitos penales, y otro a la fiscalía, cuyos resultados son bien distintos. El ministerio público propone «la calificación del concurso como culpable», por lo que observa indicios de irregularidades en las actuaciones de los administradores y respalda las denuncias por alzamiento de bienes de los acreedores.

En su respuesta a las diligencias encargadas, el ministerio público califica como «culpable» el concurso de acreedores desarrollado en la empresa cartográfica afincada en el valle de La Güeria. Según la Ley Concursal, a esta conclusión sólo puede llegarse cuando «en la generación o la agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo (intencionalidad) o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales, y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores». Estas conclusiones de la fiscalía contrastan con las alcanzadas por el administrador concursal, que consideraba que en la gestión de Venturo XXI «no se observa alzamiento alguno de bienes» ni «salida real o fraudulenta de patrimonio». Los acreedores denunciaron que el responsable del concurso había actuado «con presiones».

Las empresas que denunciaron judicialmente al consejo de administración de la cartográfica esperan que las cuatro personas que lo componían -los empresarios extremeños José Antonio y Manuel Coronado, el ya ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), Víctor González Marroquín, y el representante de Sadim (Hunosa), Manuel Fernández- respondan con sus bienes personales de las deudas de la compañía. Además, si la acusación de la fiscalía y los acreedores sigue adelante, podrían enfrentarse a delitos penales, como el alzamiento de bienes.

Para los acreedores, la decisión de la fiscalía es «importantísima» porque la investigación «ya no puede echarse atrás». «Si se dictamina como culpable el concurso de acreedores», indicaron, «es que se ha visto claramente que hay irregularidades y que debe seguir investigándose. Por nuestra parte, seguiremos adelante con las acusaciones por alzamiento de bienes».

Para estas empresas, queda claro que los miembros del consejo de administración de Venturo XXI «no hicieron lo correcto» para asegurar la supervivencia de la empresa o, en su defecto, para presentar el concurso de acreedores con más tiempo de margen y con una deuda sensiblemente inferior a la que acumuló finalmente, unos 5 millones de euros. Así, la auditoría realizada en 2008 aconsejaba para asegurar la perviviencia de la cartográfica llevar a cabo una ampliación de capital. Lejos de tomar esta decisión, el consejo de administración dominado por los hermanos Coronado, pero en el que también tenían voz y voto la parte pública de la empresa, SRP y Sadim, aprobó una primera reducción de capital, que pasó de ser de 2,5 a 1,1 millones. Unos meses más tarde, en enero del año pasado, se volvió a llevar a cabo una nueva reducción que dejó el capital de la empresa en 103.840 euros.

Venturo XXI se instaló en La Güeria en 2005, de la mano de los hermanos Coronado, que mantenían «relación de amistad» con Víctor González Marroquín. Con una ayuda inicial de 1,6 millones de fondos mineros, de la que sólo recibió 1,2 millones, la cartográfica también tuvo ayudas para la formación de sus empleados y obtuvo un crédito «blando» de 2 millones de euros de Sodeco. La empresa llegó a tener más de 100 trabajadores, aunque cuando se inició el concurso de acreedores hace más de un año contaba con 73 empleados. Dentro de su gestión también hay dudosas operaciones inmobiliarias, como la compra por 380.000 euros del edificio de su sede, arreglado con fondos públicos y tasado en más de 1,5 millones.

Unanimidad sindical en la petición de investigación y transparencia…

Unanimidad sindical en la petición de investigación y transparencia…

Los funcionarios piden que se investigue a los compañeros que tienen empresas

Los sindicatos aseguran que «esto huele a podrido» tras saber que 130 empleados públicos poseen compañías que facturan al Principado

FRANCO TORRE / PABLO GONZÁLEZ Oviedo / Siero, La Nueva España

Los principales sindicatos de funcionarios defendieron ayer la necesidad de «depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias», entre ellas la actuación de oficio de la fiscalía, tras conocer que ciento treinta trabajadores públicos de la Administración regional tienen empresas que trabajan para el Principado, tal como se recoge en el sumario de la «operación Marea» -al que ha tenido acceso en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA- que investiga irregularidades en los contratos del Principado. Además, la investigación también ha puesto al descubierto que proveedores habituales de la Administración regional subcontratan trabajos a otras 193 firmas propiedad de funcionarios regionales. «Esto huele a podrido», afirman.

Para Marco García, responsable autonómico de CSI, todo lo que está destapando el sumario de la «operación Marea» es «una vergüenza» y pide que «se depuren las responsabilidades hasta la últimas consecuencias porque esto no sólo desprestigia a la Administración, sino a la sociedad asturiana en su conjunto». García entiende que esto es más necesario que nunca para evitar que la gente perciba que en el Principado «hay gente que tiene chiringuitos privados para lucrarse de la Administración». El líder de CSI en el ámbito regional -este sindicato fue el más votado en las últimas elecciones por los funcionarios- pone por delante la presunción de inocencia, pero reconoce que las sospechas «apuntan a funcionarios de alto rango, los privilegiados por el político de turno».

Alberto del Valle, secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, entiende que si tras lo desvelado por la investigación policial desarrollada a lo largo de la «operación Marea» «hay indicios de cohecho, que se aplique la ley igual que a cualquier ciudadano». Pero matiza que «inicialmente no habría que sospechar porque son datos», en referencia a que no se concretan los nombres de los funcionarios que tienen empresas que facturan al Principado, ni puestos que ocupan dentro de la Administración. Alberto del Valle cree que no sería nada bueno caer en el error de «entrar en un estado de sospecha». Además este responsable sindical, señala, «dar por hecho una suposición es un delito». Eso sí, el representante ugetista considera: «Si alguien delinquió, que se le aplique toda la dureza de la ley».

Por su parte, José Luis González, coordinador del sindicato USIPA, reclama que se utilice «luz y taquígrafos» porque, a su juicio, «se está proyectando la imagen a la sociedad de que todos son unos chorizos, que esto es un cachondeo». Este sindicalista considera que «es crudo leer las escuchas», que desde el jueve publica en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Por eso considera totalmente positivo que «actúe la Fiscalía de oficio para ver de quién dependen y qué relaciones tienen» las empresas propiedad de funcionarios que facturan al Principado». También apuntó al Gobierno de Álvarez Areces: «Alguien tiene que dimitir».

Mientras, Jesús González Alonso, responsable del sector autonómico de Comisiones Obreras, reconoce que lo deja «frío pensar que haya trabajadores que puedan favorecerse de su cargo». González Alonso entiende que esto es «un delito que la fiscalía tiene que perseguir e investigar» y que la Administración regional «debería ponerse roja» al saber que se han estado adjudicando contratos «para que se enriquezcan amiguetes». Este sindicalista de CC OO sentencia. «Esto huele a podrido».

Juan Gavira, de CSIF, defiende que órganos del Principado como la Inspección General de Servicios comprueben si el funcionariado «está cumpliendo con el régimen de incompatibilidades». A Gavira le cuesta creer que esto lo estén haciendo «auxiliares administrativos, que puedan mangonear contrataciones; a lo mejor estamos hablando de altos funcionarios». Pero aclara: «No por tener una empresa se tiene que estar cometiendo un delito. En algún sitio puede oler a podrido, pero en todos no». El sindicalista añadió que el Gobierno «tiene mucho que explicar por lo de Riopedre y por la falta de control».

Ayer también se analizó desde los partidos políticos asturianos la situación provocada por las revelaciones sobre el funcionamiento de la Administración que escondía el sumario del «caso Marea». Isabel Pérez-Espinosa, cabeza de lista del PP al Principado, entiende que el candidato socialista, Javier Fernández, tendrá que posicionarse respecto al caso. Y señaló que Fernández «se presenta orgullosamente como heredero del régimen "arecista", y por tanto también de estas irregularidades y estas actuaciones». Sobre el contenido del sumario, Pérez-Espinosa definió como «datos preocupantes» las últimas revelaciones del sumario, en concreto la «contratación con empresas pertenecientes a funcionarios y empleados públicos».

Tanto Javier Fernández, candidato socialista y líder de la FSA, que ayer eludió abordar la cuestión en un mitin en Luarca, como el Gobierno del Principado presidido por Vicente Álvarez Areces, guardan silencio sobre el asunto.

Desde IU, Jesús Iglesias, su coordinador y candidato, se comprometió por abogar por establecer «medidas para exclusividad de todos los funcionarios públicos y políticos, para que no puedan compaginar sus funciones con trabajos en el ámbito privado». Iglesias emplazó al Principado «a iniciar una investigación conjunta» porque situaciones como las desveladas por la «operación Marea» «generan preocupación e indignación». Por eso apuesta por «endurecer la legislación, reforzar los controles, pero sobre todo aumentar las sanciones». IU ya registró el pasado 2 de marzo, en la Junta General, una proposición de ley sobre incompatibilidades y cargos públicos.

Por su parte, Francisco Álvarez-Cascos, candidato de Foro, aseguró que desde que se ha levantado el secreto del sumario «los asturianos nos estamos quedando sin respiración viendo el nivel de deterioro que ha producido este escándalo de corrupción».