Mala gestión y con posible “dolo” ¿qué más se puede pedir en la empresa emblemática de la reactivación de nuestra cuenca?

La fiscalía encuentra irregularidades en la gestión que llevó a la quiebra a Venturo XXI

El ministerio público califica de «culpable» el concurso de acreedores, lo que permite mantener las denuncias contra el consejo de administración

Langreo, L. M. D., en La Nueva España
La fiscalía considera que fue la mala gestión del consejo de administración de Venturo XXI la que llevó a la empresa al concurso de acreedores, que ha acabado por despedir a toda la plantilla y poner a la cartográfica a un paso de su disolución. Dos empresas acreedoras de Venturo XXI denunciaron la gestión desarrollada por los responsables de la firma. Como diligencias previas del caso se encargaron informes a la administración concursal, que concluyó que no había indicios de delitos penales, y otro a la fiscalía, cuyos resultados son bien distintos. El ministerio público propone «la calificación del concurso como culpable», por lo que observa indicios de irregularidades en las actuaciones de los administradores y respalda las denuncias por alzamiento de bienes de los acreedores.

En su respuesta a las diligencias encargadas, el ministerio público califica como «culpable» el concurso de acreedores desarrollado en la empresa cartográfica afincada en el valle de La Güeria. Según la Ley Concursal, a esta conclusión sólo puede llegarse cuando «en la generación o la agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo (intencionalidad) o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales, y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores». Estas conclusiones de la fiscalía contrastan con las alcanzadas por el administrador concursal, que consideraba que en la gestión de Venturo XXI «no se observa alzamiento alguno de bienes» ni «salida real o fraudulenta de patrimonio». Los acreedores denunciaron que el responsable del concurso había actuado «con presiones».

Las empresas que denunciaron judicialmente al consejo de administración de la cartográfica esperan que las cuatro personas que lo componían -los empresarios extremeños José Antonio y Manuel Coronado, el ya ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), Víctor González Marroquín, y el representante de Sadim (Hunosa), Manuel Fernández- respondan con sus bienes personales de las deudas de la compañía. Además, si la acusación de la fiscalía y los acreedores sigue adelante, podrían enfrentarse a delitos penales, como el alzamiento de bienes.

Para los acreedores, la decisión de la fiscalía es «importantísima» porque la investigación «ya no puede echarse atrás». «Si se dictamina como culpable el concurso de acreedores», indicaron, «es que se ha visto claramente que hay irregularidades y que debe seguir investigándose. Por nuestra parte, seguiremos adelante con las acusaciones por alzamiento de bienes».

Para estas empresas, queda claro que los miembros del consejo de administración de Venturo XXI «no hicieron lo correcto» para asegurar la supervivencia de la empresa o, en su defecto, para presentar el concurso de acreedores con más tiempo de margen y con una deuda sensiblemente inferior a la que acumuló finalmente, unos 5 millones de euros. Así, la auditoría realizada en 2008 aconsejaba para asegurar la perviviencia de la cartográfica llevar a cabo una ampliación de capital. Lejos de tomar esta decisión, el consejo de administración dominado por los hermanos Coronado, pero en el que también tenían voz y voto la parte pública de la empresa, SRP y Sadim, aprobó una primera reducción de capital, que pasó de ser de 2,5 a 1,1 millones. Unos meses más tarde, en enero del año pasado, se volvió a llevar a cabo una nueva reducción que dejó el capital de la empresa en 103.840 euros.

Venturo XXI se instaló en La Güeria en 2005, de la mano de los hermanos Coronado, que mantenían «relación de amistad» con Víctor González Marroquín. Con una ayuda inicial de 1,6 millones de fondos mineros, de la que sólo recibió 1,2 millones, la cartográfica también tuvo ayudas para la formación de sus empleados y obtuvo un crédito «blando» de 2 millones de euros de Sodeco. La empresa llegó a tener más de 100 trabajadores, aunque cuando se inició el concurso de acreedores hace más de un año contaba con 73 empleados. Dentro de su gestión también hay dudosas operaciones inmobiliarias, como la compra por 380.000 euros del edificio de su sede, arreglado con fondos públicos y tasado en más de 1,5 millones.