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PRENSA

Datos de la desaceleración en el coste de la sanidad…

Datos de la desaceleración en el coste de la sanidad…

Asturias encabezó el ajuste del gasto en sanidad

Registró incrementos del 7,7% anual frente a subidas del 17,9% de La Rioja o del 11,9% de Baleares entre 2002 y 2007

Es la comunidad donde menos creció la factura sanitaria durante el periodo postransferencial

06.12.10 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Asturias lleva tiempo ajustando su gasto sanitario. Aunque será en 2011 cuando se produzca la primera bajada real en el presupuesto del Servicio de Salud, con un descenso del 5,5%, la desacelaración (intencionada o no) viene de atrás. Los datos financieros conocidos hasta la fecha la sitúan como la comunidad donde menos creció el gasto sanitario en la etapa postransferencial. Entre 2002 y 2007, último periodo del que se disponen de cifras comparativas de todo el país, las cuentas sanitarias asturianas crecieron a un ritmo del 7,7% anual. Ese incremento podría parecer elevado, sobre todo, si se analiza en tiempos de crisis como los actuales. Pero no. Según esta comparativa regional, aparece como la autonomía que mayor contención aplicó sobre la partida destinada a financiar la sanidad pública, a la que ahora le toca apretarse un poco más el cinturón y dejar en el camino 90 millones de euros.

Según aparece reflejado en el estudio del Consejo Económico y Social (el de ámbito estatal), Asturias muestra incrementos mucho más comedidos que otras comunidades, como por ejemplo La Rioja, donde la factura sanitaria aumentó a la velocidad de un 17,9% anual. El 'Informe sobre desarrollo autonómico y competitividad y cohesión social en el sistema sanitario' del CES saca a la luz grandes contrastes económicos entre los presupuestos sanitarios de las distintas comunidades. Las diferencias entre unas y otros llega a diez puntos.

En esos cinco años, la media nacional de aumento fue del 9,6%. Hay siete comunidades que han experimentado subidas anuales superiores al 10%. Se trata de Extremadura (10%), Comunidad Valenciana (10,2%), Cataluña (10,2%), Castilla-La Mancha (10,5%), Murcia (11,7%), Baleares (11,9%) y La Rioja (17,9%). En los puestos de cola están Asturias (7,7%), Navarra (8,1%) y Galicia (8,2%).

Gasto de personal

La contención ha sido generalizada, aunque se observa un ajuste importante en el gasto de personal. Aquí Asturias se posiciona como la quinta comunidad con menor subida en materia de pago de nóminas tras Navarra, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana. En el Principado, el gasto destinado a costear sus plantillas sanitarias creció un 8,6% anual. En el mismo periodo, la media nacional de incremento fue del 10,2%. El ranking lo lideró en esta ocasión Cataluña, con un crecimiento anual de 16% y Baleares, con otro 13,4%.

Precisamente, uno de los retos anunciados por el consejero de Salud para 2011 pasa por mantener el nivel de empleo sanitario. «No habrá más, pero se mantendrá lo que hay ahora», detalló días atrás a EL COMERCIO Ramón Quirós. En el presupuesto sanitario del próximo año aparece una partida de 754 millones de euros para personal, lo que supone un 51,6% de todo el presupuesto del Sespa. El dinero destinado a costear las plantillas es un 4,49% menos que el de este año. El Sespa no tendrá mucho margen de maniobra, puesto que la factura de personal ya se había venido ajustando en los últimos años. El hecho de que en la comparativa del CES el Principado aparezca como la quinta comunidad en la que menos creció el gasto en trabajadores es una clara muestra de ello.

El peso en el PIB

Pese a la contención mostrada entre 2002 y 2007, cuya tónica se mantuvo en los años posteriores, el peso de la sanidad pública sigue siendo elevado. El gasto sanitario representó en 2007 el 6% del Producto Interior Bruto (PIB) del Principado, año en que ocupó el sexto lugar en el ranking nacional encabezado por Extremadura con un 8%.

Los expertos reunidos por el CES no sólo alertan sobre las grandes diferencias entre las diferentes autonomías, las cuales se agudizaron tras el traspaso de competencias del año 2002, sino también sobre la necesidad de que el Estado lleve a cabo una labor de coordinación sanitaria en todo el país. Entre sus propuestas figura una que viene siendo apuntada con insistencia desde la Consejería de Salud: la centralización de las compras de medicamentos, productos sanitarios y tecnología. También impulsar políticas de personal comunes y unificar el sistema de información.

El CES aboga por corregir desequilibrios en Atención Primaria

06.12.10 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

La Atención Primaria ha salido tradicionalmente mal parada. Tanto es así que los autores del informe del CES dan un tirón de orejas a las autonomías al considerar que con las políticas de contención de gasto han dejado a «la Atención Primaria infradotada». Para estos expertos, existe en dicho nivel sanitario «un desequilibrio que habría que corregir de manera decidida». En Asturias, el peso de la Primaria está por debajo del 15%. El aumento anual promedio fue inferior al PIB.

El Consejo Económico y Social recuerda la importancia de los centros de salud. Se trata, constata, de una red «potencialmente capaz de resolver la mayor parte de las demandas de atención sanitaria, con el consiguiente ahorro de gasto para el sistema».

Pese a ello, abunda, «sigue estando infradotada». En Asturias, la Primaria sufrirá el próximo año uno de los mayores recortes previstos. Su asignación bajará un 7,7%. Salud aclara que el mayor descenso está vinculado al gasto en farmacia, que se incluye en la partida de Primaria.

Asturias se sitúa como la sexta comunidad con menor prescripción de medicinas de bajo coste…

Asturias se sitúa como la sexta comunidad con menor prescripción de medicinas de bajo coste…

Genéricos que dejan huella

Los fármacos baratos permiten márgenes de ahorro de entre 40 y 70 millones anuales en Andalucía y País Vasco. Asturias estudia diversas propuestas para 2011

05.12.10 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Los fármacos genéricos, aquellos que se expiden sin el rótulo comercial y que por lo tanto, resultan más baratos, son la gran apuesta del Principado para el próximo año, cuando el presupuesto sanitario decrecerá un 5,5%. La factura farmacéutica se perfila como la gran 'salvadora' de las arcas regionales, ya que la administración sanitaria confía en lograr a lo largo de 2011 una bajada de un 9,4% en el gasto en medicinas, lo que llevado a euros supone 30 millones anuales.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Dirección General de Planificación de la Consejería de Salud estudian diversas alternativas. Los pocos detalles que hasta el momento ha desvelado el consejero de Salud, Ramón Quirós, hablan de avanzar en la compra centralizada de un mayor número de fármacos. También en mejorar la prescripción de genéricos, que en Asturias se mantiene en niveles algo bajos. Los datos de 2009 señalan que de los 24,5 millones de recetas emitidas, el 17,49% correspondió a fármacos de menor precio. Eso en cuanto a prescripción, porque en gasto el peso de los genéricos sigue siendo pequeño. Apenas un 5% de los 352 millones de euros gastados en medicamentos en 2009. Es decir, sólo 17,6 millones.

Con estos antecedentes, que sitúan a Asturias como la sexta comunidad con menor prescripción de medicinas de bajo coste, el Principado se plantea poner en marcha nuevas iniciativas. Aunque la competencia en política farmacéutica recae en el Gobierno de la nación, diversas autonomías han comenzado a ensayar medidas tendentes a aligerar la abultada factura de farmacia. La primera en hacerlo y la que acumula una mayor experiencia es Andalucía. Fue la primera en poner en implantar la prescripción por principio activo, que consiste en recetar el fármaco por su composición y no por la marca comercial. Según ha podido saber este periódico, desde 2003 el Servicio de Salud Andaluz logró un ahorro de 260 millones de euros, lo que arroja una media de 40 millones al año.

Consenso médico

En estos siete años, Andalucía ha alcanzado altas cotas de prescripción por principio activo. Actualmente supera el 75% de las recetas. Si Asturias lograra llegar este nivel de genéricos prescritos, conseguiría también un ahorro cercano a los 45 millones anuales. Así al menos lo detalla un informe que la propia Consejería de Salud elaboró en 2008, cuando intentó lanzar una campaña de promoción de medicamentos de bajo coste que finalmente fracasó por el enfrentamiento que el departamento de Quirós mantiene con el colectivo médico.

Gran parte del éxito en la prescripción de genéricos pasa por los bolígrafos de los facultativos. Sin el consenso con buena parte de los profesionales, las recetas de medicinas baratas no lograrán despegar. En el País Vasco, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo para que cuatro de los medicamentos de mayor consumo comenzaran a recetarse en modalidad genérica. Se trata de la 'atorvastatina', un fármaco contra el colesterol; el 'risendronato', destinado a paliar la osteoporosis; el 'Plavix', un anticoagulante y un cuarto que se receta para la tensión alta. Esta medida le está dejando a las arcas vascas un ahorro de seis millones de euros anuales.

Libertad de prescripción

Diferente es la medida aplicada en Galicia, que ha elaborado un catálogo de medicinas por su composición terapéutica con el fin de que los médicos empiecen a recetar las más baratas. La iniciativa ha generado resquemor entre los facultativos, que consideran que la decisión del Gobierno gallego (PP) atenta contra la libertad de prescripción. En Asturias no se sopesa poner en marcha esta actuación, al menos, de momento. Intentos de este tipo ensayados en otros autonomías se han visto abocados al fracaso, además de que pueden suponer una injerencia en las competencias farmacéuticas del Estado, indican.

LAS CIFRAS

352

millones de euros que Asturias gastó en 2009 en la compra de medicinas, un 4,11% más que el año anterior.

17,49%

porcentaje de fármacos de bajo coste recetados el pasado año por los médicos asturianos.

0,48%

descenso en el gasto de farmacia logrado este año. Es la primera disminución que Asturias consigue alcanzar en décadas.

30

millones de euros que el Principado confía en ahorrar en el gasto de medicinas de 2011. Para el próximo año, el presupuesto de la Consejería de Salud plantea un descenso del 9,4% en la factura farmacéutica.

La OPE no es un gasto es una inversión, un ahorro y el cumplimiento de un compromiso legal y legítimo, con los agentes sociales, que está pendiente…

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«Ya adelgazamos la Administración asturiana»

Ana Rosa Migoya. Consejera de Administraciones Públicas

«En los ayuntamientos, la fórmula que funciona y se ha demostrado eficaz es la de la asociación»

05.12.10 – El Comercio

La controvertida convocatoria de la oferta pública de empleo aplazada de 2008 y 2009 ha puesto en el ojo del huracán a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que se ha visto en la difícil tarea de tener que justificar un gasto que, en tiempos de recortes y austeridad, muchos juzgan innecesario. Recuerda que el Gobierno ha logrado adelgazar la Administración ordenando y planificando recursos. «Tenemos 35.500 empleados públicos, un 1,2% menos que hace dos años», asegura. La también portavoz del Gobierno asturiano afronta con buen humor el último tramo de la legislatura, convencida de que los esfuerzos que está llevando a cabo la Administración regional terminarán dando sus frutos.

-Ponerse al día con la oferta pública de empleo aplazada de 2008 y 2009 cuando otros gobiernos están eliminando funcionarios y ustedes hablan de austeridad parece un sinsentido. ¿Cómo lo explica?

-La convocatoria de esas plazas no supone un incremento de gasto, porque ya existen en la administración. Lo que pasa es que están cubiertas por personal interino y queremos acabar con esa interinidad. Dar fijeza y estabilidad.

-Pero eso supondrá un gasto. En los presupuestos hay una partida de un millón de euros para la selección de más de 1.500 funcionarios.

-Evidentemente que el proceso selectivo tendrá un coste. Hablamos de seleccionar, por ejemplo, a 43 especialidades de médicos. Sin embargo, es nuestra obligación llevarlo a cabo. Además, el ahorro en cotizaciones a la Seguridad Social y desempleo que supondrá convertir en fijas esas plazas oscilará entre los cuatro y los cinco millones de euros al año, superando ampliamente el coste del proceso selectivo en sí. En este momento debemos velar por ser austeros, eficaces en el gasto corriente y por dar estabilidad a los trabajadores que están prestando sus servicios en la Administración del Principado.

-Pero no me negará que este tipo de medidas no ayudan a adelgazar la Administración. ¿No cree que sería un buen momento para revisar sus dimensiones?

-En Asturias ya hemos adelgazado el tamaño de la Administración. Tenemos 35.500 empleados públicos, un 1,2% menos que hace dos años, porque hemos ordenado y planificado mejor nuestros recursos humanos. Además, hemos sido capaces de cubrir las necesidades de los nuevos servicios y dispositivos que se han puesto en marcha, como residencias para la tercera edad y juzgados. La realidad es cambiante y tenemos que adaptarnos. Es lo que tiene que hacer una administración moderna y responsable.

-La convocatoria de la oferta de empleo era un compromiso del ACEBA. ¿Cómo sentó en el Principado el malestar que manifestó la patronal tras conocer la propuesta?

-Hubo un malentendido. La patronal interpretó que creábamos nuevas plazas, pero no es así. Las plazas ya existen. Sólo hay que coger los presupuestos del Principado para comprobar que el gasto de personal no se incrementa sino que baja. Concretamente, en el presupuesto de 2011 nos ahorramos 92 millones con respecto a 2010.

-Otro de los frentes que tiene abierto su consejería es el de la anulación de las 350 plazas para jefe de negociado. El juez les ha dado un mes de plazo para convocar el concurso y amenaza incluso con tomar medidas penales si no lo hacen. ¿Cómo se ha podido llegar a este punto?

-El Principado siempre ha sido respetuoso con las sentencias y los autos de los tribunales. Cumplimos las sentencias cuando éstas son firmes y así lo vamos a hacer.

-El Principado ha puesto en marcha una reforma de la Ley de la Función Pública. ¿Se equivocó al elaborar la anterior normativa sin consensuarla previamente con los sindicatos?

-Esa normativa es de 1985, como casi todas las leyes de función pública, y con ella se ha venido funcionando durante muchísimo tiempo sin ningún tipo de problema. Pero han surgido recursos por parte de alguna organización sindical y reconocemos que la norma es genérica y ambigua. Por eso, hemos presentado un proyecto de ley más concreto, que esperemos sirva para dar seguridad jurídica a todos los procedimientos y evite interpretaciones distintas desde el ámbito ejecutivo o judicial.

El mayor recorte

-¿Cómo lleva el estar en la consejería que más recortes ha sufrido en el presupuesto de 2011?

-Esta es una consejería que tiene una parte de gasto corriente importante que hemos tratado de ajustar al máximo. Además, en 2010 se incluyó un proyecto extraordinario y coyuntural, que es el 'Plan A', que no forma parte de los créditos habituales de esta consejería. No se pueden comparar las cifras de 2010 con las de 2011 porque no estamos comparando cuestiones homogéneas. Si descontamos lo que tiene que ver con ese plan, la caída no es tan importante.

-¿Podrá cumplir los objetivos que se trazó al principio de la legislatura?

-Sí. Seguiremos apoyando a los ayuntamientos asturianos con planes de cooperación, fundamentalmente a los de menos de 20.000 habitantes, y culminaremos todo el proceso de desarrollo de la sociedad de la información y de las tecnologías de la información y la comunicación en el territorio.

-El 'Plan A' no fue precisamente un ejemplo de austeridad. ¿Sirvió al menos para reactivar el empleo?

-Me remito a una información que aparece en una publicación de la Confederación Asturiana de la Construcción. En ella, la propia patronal reconoce que gracias al 'Plan A' ha habido un volumen de inversión pública muy importante que ha permitido a las empresas tener estabilidad, mantener plantillas e incluso crear nuevos puestos de trabajo.

-Sin ese plan, en lugar de estar rozando los 80.000 parados, ¿estaríamos en cifras aún más alarmantes?

-La incidencia que el plan tuvo en el empleo es difícil de cuantificar. Me quedo con la valoración que hacen los propios empresarios, que son los que conocen de primera mano la incidencia del plan en sus empresas y en el empleo.

-Hablando de los ayuntamientos, ¿cree que es el momento de plantear la integración de los más pequeños, que no pueden subsistir por sí solos?

-Hay comunidades que tienen una situación mucho más difícil. Los ayuntamientos asturianos han sido bien gestionados. Somos conscientes de que tienen dificultades, como todas las administraciones, pero hemos sabido crear fórmulas de gestión (consorcios) para gestionar servicios de manera eficiente y hacer frente a los problemas puntuales que pudieran surgir en algunos ayuntamientos. Ha funcionado en la recogida de residuos, el transporte, el agua y los servicios tecnológicos.

-¿No se plantean entonces la eliminación de municipios?

-En Asturias más que pensar en eliminar municipios tenemos que seguir mejorando y profundizando en esas ideas que fueron exitosas para muchos servicios y que pueden serlo para muchos otros. Es decir, que la vía que hay que trabajar en los próximos años es la de la asociación, la prestación de servicios de forma conjunta y de la mano del Gobierno.

-Habla de asociación, pero el consejero de Economía, Jaime Rabanal, mencionó hace unos días en una entrevista a este periódico el término fusión.

-No vamos a ser demasiado exigentes con los términos. La fórmula que funciona y se ha demostrado eficaz es la de la asociación, manteniendo la identidad municipal de todos y cada uno de ellos, porque la tienen y la quieren tener, pero sabiendo unirse para gestionar servicios. Esa es la clave del éxito.

-¿Está entonces rectificando a Rabanal?

-No le estoy rectificando. Lo hemos hablando muchas veces y sé que pensamos lo mismo y que comparte este planteamiento que además es el de todo el Gobierno: eficiencia por la vía de la asociación y de crear instrumentos conjuntos de manera cooperada para gestionar políticas en zonas amplias.

-Entonces, ¿no ve factible que en el corto plazo se pueda reducir en la región el número de ayuntamientos?

-No parece que eso se vaya a llevar a cabo ni en el corto ni en el medio plazo.

-La ley de bases para financiar a los concejos ha sido aplazada sine díe. ¿Van a ser los ayuntamientos los más perjudicados por la actual coyuntura?

-Todas las administraciones estamos sufriendo los efectos de una crisis que ha supuesto una merma de los ingresos y de los recursos públicos disponibles y que está pendiente, en el ámbito del Estado, de esa modificación de la ley de bases. Hace poco, el Ministerio de Política Territorial habló de retomar la confección de esa normativa en la próxima primavera. Vamos a ver si eso es así. En Asturias, una vez que haya una ley estatal, desarrollaremos y pondremos en marcha nuestra propia ley de administración local.

-En el seno del Gobierno empieza a hablarse de una necesaria reorganización de organismos públicos. ¿Le están dando la razón al PP?

-El PP utiliza esa cuestión como un latiguillo para atacar al Gobierno sin ningún fundamento. Si según su teoría sobran organismos y entidades que nos diga cuáles. ¿Qué pretende el PP? ¿Eliminar el servicio de Bomberos de Asturias? ¿El 112? ¿La Orquesta Sinfónica? ¿El Museo de Bellas Artes? En su inmensa mayoría, los organismos públicos son gestores de servicios públicos eficientes y de calidad que son muy apreciados por los ciudadanos.

-¿Cuál es su propuesta?

-Lo que nosotros planteamos es una organización general en la ley presupuestaria para que este Gobierno o el que salga de las urnas, si lo considera necesario, pueda acometer alguna reestructuración para buscar la eficiencia o una mejor gestión de ese sector público. La realidad es cambiante y hay que adaptarse, pero eso no significa, como dice el PP, que sobra todo. Tenemos que prestar esos servicios a los ciudadanos y eso se debe hacer desde alguna entidad. ¿O acaso el PP nos quiere decir que lo piensa hacer desde el ámbito privado?

-¿Es inminente la reorganización de servicios?

-No hay nada prefijado ni estudiado y no se ha tomado ninguna decisión. Lo que se ha hecho es abrir la puerta para que, si se considera que es necesario hacer algún cambio, se pueda hacer.

-Ser socialista con la que está cayendo no parece una tarea fácil.

-Es un orgullo. Provengo de una familia socialista y tengo una profunda convicción ideológica de dónde estoy y lo que represento. En este momento vivimos momentos difíciles pero también estamos mejor preparados que en otras ocasiones y, con esfuerzo y medidas difíciles, vamos a salir adelante.

-Las dos grandes propuestas de los socialistas para ganar las elecciones son la sostenibilidad de los sistemas públicos y la creación de empleo, pero ¿cómo piensan convencer al ciudadano?

-El mejor aval es nuestra trayectoria a lo largo de toda la etapa democrática. Los socialistas hemos transformado esta comunidad tras superar momentos muy difíciles en los que gracias a políticas acertadas salimos adelante.

-¿Va a ser la crisis su principal adversario?

-Los adversarios políticos también están ahí, pero vamos a confiar en nuestras fortalezas, en nuestra gestión y en nuestro candidato.

«Al PP no le interesa Asturias ni su futuro, sólo el poder»

-El partido que ocupa las responsabilidades de gobierno suele pagar una factura electoral mayor en épocas de crisis. ¿Le asusta?

-Las medidas no siempre son comprendidas por los ciudadanos, pero vamos a tratar de explicar a los ciudadanos cómo queremos trabajar para luchar contra esta situación de crisis y volver otra vez a la senda del crecimiento.

-Siempre estuvo muy ligada al partido, pero en los últimos años ha estado dedicada a las labores de Gobierno, muy cerca del presidente. ¿Cree que eso la ha alejado de la FSA y de Javier Fernández? ¿Le podría condicionar su futuro político?

-Durante todos estos años he seguido en la vida del partido, de la FSA y de mi agrupación local, pero, al mismo tiempo, he tenido el honor de formar parte del Gobierno durante dos legislaturas. Eso me ha permitido desarrollar una tarea a la que cualquier persona que está en la vida pública aspira: gestionar y transformar la realidad. No creo que sean dos labores incompatibles. Tanto Vicente Álvarez Areces como Javier Fernández tienen mi máximo respeto y mi máxima consideración. Son personas muy inteligentes que están haciendo un gran trabajo por Asturias. El presidente lo ha demostrado durante estos 12 años y Javier lo ha hecho en el partido y lo demostrará en el Gobierno.

-¿Se imagina a Álvarez Areces fuera de la vida política?

-Me lo imagino con actividad y allí donde esté comprometido. No le veo de brazos cruzados viendo pasar la vida de manera contemplativa.

-¿Les está ayudando la división del PP?

-Lo que está pasando en ese partido es indescriptible. Muchas veces me preguntaba cómo podían ser tan duros con nosotros en la lucha política y tan agresivos y ahora me doy cuenta de que cómo no lo iban a ser con nosotros si lo son con ellos mismos. Es una lucha descarnada por el poder que demuestra que no les interesa Asturias ni su futuro ni los ciudadanos.

-Es una de las personas que mejor conocen la Administración. ¿Es una garantía para repetir en el Gobierno si gana Fernández?

-Mi obligación ahora es terminar esta legislatura y hacer el trabajo que resta de aquí a mayo. El próximo presidente, que seguro va a ser Javier, confeccionará el Gobierno como estime oportuno.

Una “película” excesivamente reiterativa…

Una “película” excesivamente reiterativa…

Principado y empresas del HUCA deben decidir si rompen el contrato o pactan otra prórroga

El incumplimiento del plazo, que concluye a final de mes, puede originar multas de hasta 90.000 euros diarios si las constructoras no lo justifican

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

El Gobierno regional dispone de pocos días para decidir la estrategia que va a seguir en su negociación con las empresas que están construyendo el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Con arreglo al pliego de condiciones, tres son las posibilidades que se plantean ante el seguro incumplimiento del plazo otorgado a las constructoras para ejecutar los trabajos, que concluye el próximo día 31. Dos de ellas son traumáticas: disolver el contrato e imponer sanciones que podrían llegar a los 90.000 euros diarios. La otra debe ser negociada: prorrogar el plazo una vez más -sería la tercera- siempre que previamente las empresas hayan justificado de forma satisfactoria las razones que les impiden entregar el trabajo en la fecha estipulada.

Según ha podido saber este periódico, en el momento actual el Ejecutivo regional no descarta ninguna de estas posibilidades. El consejero de Salud, Ramón Quirós, ya planteó anteayer una suerte de ultimátum a las constructoras, a las que instó a explicar de forma oficial las razones por las que no podrán tener concluidas las obras a finales de este año, tal y como figura en el contrato que han suscrito con el Gobierno regional. «Si tienen alguna dificultad, que la presenten de forma muy justificada y muy concreta», señaló Quirós en alusión a Sacyr, San José y Sánchez y Lago, integrantes de la unión temporal de empresas que ejecuta los trabajos.

Según una información publicada el miércoles por LA NUEVA ESPAÑA, fuentes próximas a las empresas que ejecutan los trabajos del HUCA dan por imposible el objetivo de cumplir el plazo oficial, que termina el próximo 31 de diciembre. Esas mismas fuentes apuntan que la conclusión de las actuaciones será una realidad a mediados del año que viene, en el mejor de los casos, o incluso a finales del verano de 2011.

El Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces asegura que las empresas aún no han expuesto seriamente los problemas con los que se topan para cumplir el plazo. A menos de cuatro semanas para la fecha tope, todo hace pensar que las dos partes habrán de sentarse a la mesa, ya que, entre otras razones, el incumplimiento de los plazos puede ser castigado hasta con 90.000 euros diarios de sanción, según figura en el contrato vigente.

Observadores cotidianos de los trabajos de construcción del HUCA explicaron a este periódico que, pese a que el ritmo de trabajo es intenso, existen constataciones objetivas que podrían incluirse en una eventual negociación de un nuevo plazo. Entre ellas figuran el retraso de la acometida de electricidad y la demora en algunas zonas del nuevo edificio. Una de las áreas que más problemas parece presentar es el edificio destinado a labores administrativas. Si la idea inicial consistía en aprovechar -una vez remodelado- uno de los pabellones del antiguo Hospital Psiquiátrico, más tarde se comprobó la imposibilidad de mantenerlo en pie. Al tratarse de un edificio protegido fue necesario solicitar la preceptiva autorización al Ayuntamiento de Oviedo para demolerlo y construir un edificio de idéntica apariencia externa.

Los trabajos para levantar el nuevo recinto del Hospital Central en los terrenos de La Cadellada echaron a andar el 7 de junio de 2005. El plazo inicial, de 54 meses, concluía el 7 de diciembre de 2009, y fue prolongado en cuatro meses con motivo del primer sobrecoste. Más tarde, al negociar un segundo sobrecoste, se alargó hasta finales de 2010, un plazo que las empresas consideraron insuficiente desde el primer momento.

En el caso del nuevo Hospital Central, la controversia de los plazos tiene mucho que ver con el calendario electoral. En mayo del año que viene se celebrarán elecciones autonómicas y municipales, y nadie duda de que el HUCA es el mayor logro que puede poner sobre la mesa el Gobierno socialista de Asturias. Y para principios de 2012 -como muy tarde- están previstas elecciones generales.

El consejero de Salud ha subrayado en varias ocasiones su voluntad de «no sacralizar una fecha para la apertura», pero todos los síntomas apuntan, como pronto, a 2012. Las simulaciones que actualmente llevan a cabo las autoridades sanitarias permiten vaticinar que el traslado de la actual sede del barrio del Cristo al nuevo recinto de La Cadellada obligará a que ambas instalaciones funcionen simultáneamente durante un periodo aproximado de dos semanas.

Si no surgen nuevos contratiempos, el precio del edificio ascenderá a 295,427 millones de euros, una cifra que implica un sobrecoste de 90,1 millones sobre el importe de la adjudicación y de 28,6 sobre el precio de licitación.

PP, IU, UGT, CC.OO., José Mª Barreda, … critican la medida

PP, IU, UGT, CC.OO., José Mª Barreda, … critican la medida

La FSA sólo admitirá el recorte de los 426 euros si hay otra ayuda que lo sustituya

Javier Fernández: «Sólo puede ser aceptable si los parados reciben una cantidad análoga vinculada a la formación»

Oviedo / Madrid, J. E. MENCÍA / Agencias, en La Nueva España

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, se sumó ayer al grupo de los dirigentes socialistas que no aplaudieron el nuevo paquete de medidas anticrisis -especialmente la referida a la eliminación de los 426 euros que cobraban durante seis meses los parados a los que se les ha acabado el subsidio de desempleo- aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Sin entrar de frente en la crítica, Fernández marcó posiciones y señaló que la supresión del pago sólo puede aceptarse si se articulan otras ayudas sustitutivas. «Son muchas medidas las que se han tomado y, en fin, muy heterogéneas. Me preguntan ustedes por la de los 426 euros, que es, desde el punto de vista social, la más sensible para todos. Para nosotros también. Es una medida que hay que explicar, que yo creo que sólo puede ser aceptable en el marco de lo que plantea el Gobierno, es decir, que a través de la modificación de las políticas de empleo, pues esos trabajadores que ya han agotado la prestación por desempleo y que agotan el subsidio puedan recibir una cantidad análoga, pero vinculada a una formación», afirmó.

El candidato socialista elogió el resto de medidas porque «responden al interés y las demandas realizadas por las empresas». La voz de Fernández no fue la única que se escuchó en el PSOE en el día en el que el Consejo de Ministros aprobaba el paquete de medidas sin precisar si pondrá en marcha otras paliativas para los afectados y sin confirmar si sigue adelante con su idea de abrir otra línea de ayudas vinculada al seguimiento de cursos de formación por parte de los afectados. En Madrid, el candidato a la comunidad, Tomás Gómez, valoró la supresión de la ayuda señalando que es «partidario de que no se rompa la cohesión social». En Castilla-La Mancha, el «díscolo» José María Barreda exigió directamente que se mantenga la prestación. Las críticas también llovieron desde PP, IU, UGT y CC OO.

Fernández, que ayer se entrevistó con una representación del equipo directivo de la Universidad de Oviedo, encabezada por su rector Vicente Gotor, en el inicio de un ronda de encuentros que mantendrá por Asturias con distintos colectivos y entidades para «escuchar» sus demandas y tratar de incorporarlas al programa socialista, anunció al valorar la falta de presupuestos estatales, criticada por la patronal, para desarrollar los centros de investigación de la leche, la nanotecnología y la biodiversidad, que «trataremos que los tiempos para desarrollarlos sean los más cortos posibles».

VER NOTICIA EN L.N.E. SOBRE LAS MEDIDAS DEL NUEVO AJUSTE

La negativa evolución demográfica de nuestra Comunidad Autónoma…

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Asturias vuelve a perder población y queda con 1.084.341 habitantes

Aunque mejora en 26.255 las previsiones de enero, junto a Castilla y León es la única comunidad que vio mermado su padrón

04.12.10 - CH. T. | GIJÓN, en El Comercio.

Asturias vuelve a perder población. Según el censo que ayer aprobó oficialmente el Consejo de Ministros, en el Principado viven, o lo hacían a fecha 1 de enero pasado, 1.084.341 personas. La cifra supone un 0,1% menos respecto a la población oficial registrada un año antes, al inicio de 2009.

Traducido el porcentaje a personas, son 948 menos, lo que convierte al Principado en la única comunidad, junto a Castilla y León, que ha perdido población. La vecina comunidad cayó un 0,2%, lo que supone que se ha quedado sin 4.006 habitantes.

A pesar de los datos negativos, lo cierto es que la cifra ahora oficializada supone un crecimiento de 26.255 personas respecto a las previsiones que, en enero pasado, realizaba el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tal y como publicó EL COMERCIO en aquel momento, el Principado presenta una pirámide poblacional invertida, ya que tiene más personas mayores de 65 años, 231.812, que menores de 20, grupo en el que sólo hay censadas 150.776 habitantes. En edad laboral, del poco más de millón de residentes se encuentran algo más de la mitad, 675.529 personas.

Ahora el Consejo de Ministros rectifica las cifras, pero no especifica los diferentes volúmenes poblacionales por edad y sexo, como hizo el INE a principios de año.

España, gana

Mientras que Asturias pierde, lo cierto es que el resto del país gana en población. El padrón refleja un incremento del 0,6% en los habitantes censados en enero de este año, con lo que la cifra de españoles llega a 47.021.031. En total, 275.224 más que un año antes, el 1 de enero de 2009.

Según las cifras oficiales recogidas en un real decreto tras revisarse el padrón municipal, Andalucía encabeza la lista por número de personas empadronadas (8.370.975), seguida por Cataluña (7.512.381), Madrid (6.458.684) y Comunidad Valenciana (5.111.706).

Aparte de Melilla (76.034) y Ceuta (80.579), las comunidades con menos personas empadronadas son La Rioja (322.415), Cantabria (592.250) y Navarra (636.924).

Los incrementos más grandes en el último año se han producido en Melilla, con un crecimiento del 3,5%, seguida por Ceuta, con un 2,4%, y Madrid y Murcia, un 1,1% en ambas. Aragón y Galicia, ambas con un 0,1%, son las que menos aumento han tenido.

Por provincias, Madrid (6.458.684), Barcelona (5.511.147) y Valencia (2.581.147) son en las que más personas están empadronadas, mientras que en las que menos empadronamientos se recogen son Soria (95.258), Teruel (145.277) y Segovia (164.268).

Mientras que por comunidades autónomas, sólo Asturias y Castilla y León pierden, en el cómputo por provincias son diez las que han visto también mermado su censo. Se trata, además del Principado, de Burgos (-0,2%), León (-0,2%), Lugo (-0,5%), Orense (-0,1%), Palencia (-0,5%), Salamanca (-0,3%), Segovia (-0,4%), Teruel (-0,1%) y Zamora (-0,7%).

La caída más abultada es la de Teruel se queda sin 1.474 habitantes, y la más suave la de Orense, que pierde 423. En total, 9.980 habitantes menos para todas ellas.

Asturias es una de las dos regiones que pierden población, pero menos de lo previsto

La región tiene 948 habitantes menos que hace un año, y el padrón alcanza 1.084.341 personas l España supera los 47 millones

La Nueva España. Oviedo / Madrid, P. GONZÁLEZ / Agencias

Asturias es, junto con Castilla y León, la única comunidad autónoma española que perdió población a lo largo de 2009, según los datos definitivos a 1 de enero de 2010 ofrecidos ayer por el Gobierno central. El Principado perdió, según el padrón definitivo, 948 habitantes, 232 menos de los previstos según los datos provisionales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del pasado mes de abril. Este descenso supone una pérdida relativa de un 0,1 por ciento. Esto deja la población total de Asturias en 1.084.341 habitantes frente a los 1.085.289 que tenía un año antes. Al tiempo, España supera los 47 millones de habitantes, 275.000 más que hace un año.

 

Todos estos datos contrastan con las previsiones a largo plazo que maneja el INE y en las que asegura que Asturias tendrá en 2020 casi 35.000 habitantes menos (el 3,2 por ciento del total), lo que supone una pérdida aproximada de 5.500 personas al año. Esta negativa evolución demográfica hace temer a los expertos por el futuro del Estado del bienestar en la región, muy marcado a su vez por la alta tasa de envejecimiento. Las previsiones del INE señalan que para este año la caída de población en Asturias sería de 4.731 personas, y de 5.034 en 2011.

 

De todas formas, la honda depresión en la que se encuentra sumida la demografía asturiana encontró un balón de oxígeno en los últimos años gracias a la inmigración interior. La llegada de españoles de otras comunidades supuso para Asturias 857 nuevos vecinos en 2007, 1.956 en 2008 y 528 en 2009. Aún así, la tendencia de la población asturiana sigue a la baja, después de que creciera ligeramente en los años previos a la crisis económica. Pero este repunte no sirvió para recuperar la tasa de natalidad en el Principado -una de las más bajas de Europa- ni adelgazar los tramos altos de la pirámide de población donde se concentran las personas de mayor edad. Junto a Asturias, y ante los datos aportados ayer por el Gobierno central, sólo pierde población Castilla y León. La comunidad vecina perdió 4.006 habitantes, el 0,2 por ciento de su población. El resto de las regiones españolas vieron crecer sus padrones el último año. Los mayores incrementos se produjeron en las ciudades autónomas de Melilla (2.574 personas, 3,5 por ciento) y Ceuta (1.905 personas, 2,4 por ciento). Otras regiones donde la población crece por encima del 1 por ciento son Madrid (71.752 personas, 1,1 por ciento) y Murcia (15.459 personas, 1,1 por ciento). En lo que se refiere a las comunidades del Norte, Galicia gana 1.564 habitantes (0,1 por ciento), Cantabria sube 3.015 personas (0,5 por ciento) y el País Vasco 6.614 (0,3 por ciento). En total hay empadronadas en España 47.021.031 personas, 275.224 más que hace un año (0,6 por ciento).

Los cambios que “todos” ven imprescindibles no “todos” los ven en la misma dirección…

Los cambios que “todos” ven imprescindibles no “todos” los ven en la misma dirección…

Presión sobre el Pacto de Toledo

La comisión tiene solo unas semanas para hacer su propuesta, en la que ya están identificados todos los puntos 'calientes'

04.12.10 - JOSÉ LUIS GALENDE, en El Comercio.

Nunca en sus 15 años y medio de vida el acuerdo sobre las pensiones conocido como Pacto de Toledo había corrido tanto peligro. El anuncio del Gobierno de aprobar la reforma del sistema antes de dos meses pone a prueba otra vez la voluntad de los partidos para negociar unos cambios que todos ven imprescindibles.

Jubilaciones anticipadas. Reducir las jubilaciones anticipadas es un objetivo que mencionó Valeriano Gómez, y comparten todos los grupos parlamentarios. No parece existir la más mínima duda al respecto. De hecho, Gómez mencionó esta propuesta incluso antes de anunciar la necesidad de medidas que prolonguen la vida laboral. Aunque las penalizaciones existentes tienen un efecto neutro o positivo sobre el gasto de la Seguridad Social en los trabajadores que se retiran con pensión entre los 60 y los 65 años, esta salida puede ser taponada, aun a riesgo de que se complique el rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas y se cierre una vía al mercado laboral a muchos jóvenes en estos tiempos de elevado paro. Cuando quedan ya pocos trabajadores con derechos adquiridos para retirarse a partir de los 60 años -los cotizantes a las mutualidades existentes antes de 1967-, acabar con la otra fórmula, la jubilación anticipada para los mayores de 61 años que llevan dos años en paro, es una opción que el Gobierno estaría barajando.

Mención aparte merecen las jubilaciones parciales por contrato de relevo, que han sido endurecidas en la última reforma laboral y que tenían hasta entonces para el sistema un coste medio de 120.000 euros .

Prejubilaciones, solo privadas. Su fin está también próximo, salvo las que son financiadas en exclusiva con fondos de las empresas. El propio ministro ha reconocido que en ese caso no se puede hacer nada, dado que se trata de acuerdos privados.

Incentivos: mejoras para seguir trabajando. Poco más de 100.000 personas siguen trabajando en España a partir de los 65 años, pese a que acumulan un 2% de pensión por cada año que retrasen la edad de jubilación si tienen más de 35 cotizados. Elevar estos incentivos es una fórmula en la que están de acuerdo todos los grupos parlamentarios, aunque el Gobierno no es partidario de llegar a lo planteado en alguna ocasión por el PP de compaginar cobro de pensión con salario.

Retrasar la edad de retiro. Existen varias fórmulas, como dijo el ministro ante el Pacto de Toledo, aunque no las especificó. La más polémica y que más rechazo provoca es alargar a 67 años la edad legal de retiro. De las intervenciones en la comisión parlamentaria cabe deducir que renunciar a esta propuesta es condición indispensable para alcanzar un amplio consenso sobre la reforma que se avecina.

Cotizar más años para tener una pensión completa. Además de las actuaciones ya citadas, otra opción es elevar la cifra de años cotizados para tener derecho a una pensión completa. En la actualidad está en 35 y hay voces que proponen llevarla hasta los 38. La medida permitiría a los trabajadores con carreras largas retirarse a los 65 años, pero obligaría a otros a permanecer en el mercado laboral más allá, ante el riesgo de penalización en su prestación.

Exigencia mínima, elevar los quince años actuales. Otra vía indirecta para mantener al personal en el mercado laboral es elevar el plazo mínimo de cotización para generar una pensión, ahora de 15 años.

Dar “confianza” a unos mercados insaciables no es la solución porque seguirán pidiendo más y más…

Dar “confianza” a unos mercados insaciables no es la solución porque seguirán pidiendo más y más…

El Gobierno acelera las reformas

Salgado certifica la liquidación de las ayudas de 426 euros a los parados y la creación de ventajas fiscales a empresas

Rubalcaba anuncia que el Gabinete aprobará el 28 de enero el nuevo sistema de pensiones

04.12.10 – El Comercio.

El presidente del Gobierno dejó clara esta semana su determinación de acelerar las reformas para aplacar a los mercados antes de que sean los propios especuladores quienes le impongan los ajustes, como sucedió en mayo pasado, cuando las turbulencias en torno a la deuda estuvieron a punto de arrojar a España al pozo de un rescate financiero. El Consejo de Ministros dio luz verde a sus nuevas medidas, que incluyen una subida de impuestos sobre el tabaco, rebajas fiscales a las empresas y la supresión de las ayudas de 426 euros a parados sin prestación. Además, puso fecha a la reforma de las pensiones: se hará el 28 de enero, haya o no acuerdo en el Pacto de Toledo.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha empleado a fondo para no perder el control del timón. El pasado miércoles, tras una semana de rumores sobre la solvencia del país y dos días de desplomes bursátiles que dispararon al 14% las pérdidas del Ibex-35 en noviembre, el jefe del Ejecutivo sorprendió al Congreso de los Diputados al anunciar nuevas medidas destinadas a reducir gastos y dinamizar la actividad empresarial. Ayer dio un paso más, y su vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que abordará de forma inminente la gran reforma estructural pendiente, que los mercados y la patronal reclaman desde que la crisis disparó el déficit. Esa determinación contribuyó a corregir al alza la deriva bajista del Ibex, que cerró la semana con una subida del 4,89%, la mayor desde principios de julio, y recuperó los 10.000 puntos.

Un año después

Rubalcaba puso así fecha de caducidad a unas discusiones en el seno de la comisión del Pacto de Toledo que se han alargado muchos meses. El próximo 28 de enero -un año después de que dicho organismo recibiera el encargo de elaborar un informe sobre la reforma- el Consejo de Ministros aprobará la regulación del nuevo sistema, por decreto si es necesario, para que pueda ser enviada «inmediatamente» al Parlamento para su tramitación. El vicepresidente explicó que este anuncio no significa que el Gobierno renuncie al acuerdo. Su intención, aseguró, es «intensificar» el diálogo para llegar a la meta lo antes posible. «Para el Gobierno el tiempo ya ha terminado y creemos que es bueno fijar una fecha para que todo el mundo sepa a qué atenerse», afirmó.

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, consideró que la reforma de las pensiones dará «confianza» a los mercados. En las últimas cuarenta y ocho horas, recordó, los inversores se han calmado «y los fundamentos de nuestra economía no han cambiado» ni tampoco la determinación del Gobierno de acelerar la consolidación fiscal. «Tenemos que tratar las turbulencias como turbulencias», recalcó.

El Gobierno aprobó el decreto-ley que recoge las medidas en el ámbito fiscal y laboral que anunció Rodríguez Zapatero en la pasada sesión de control. Y sumó una más al paquete, un aumento de los impuestos especiales que gravan el tabaco que encarecerá 25 céntimos de media cada cajetilla de cigarrillos. El Ejecutivo confirmó, asimismo, la liquidación de las ayudas de 426 euros para los parados sin prestación. Como contrapartida, presentó la contratación de 1.500 orientadores laborales (que se suman a otros 1.500 que ya trabajan en los servicios públicos de empleo desde 2008) que se incorporarán el 1 de enero para ofrecer atención personal a los parados e información a las empresas.

Beneficios fiscales

El decreto también consagra la elevación, de 8 a 10 millones de euros, de la facturación límite que posibilita acogerse al régimen especial de las empresas de reducida dimensión, que garantiza un tipo reducido del 25% en el impuesto de Sociedades, frente al 30% del gravamen general. La misma ventaja disfrutarán las compañías que declaren una base imponible de hasta 300.000 euros, frente al límite anterior de 120.000. El Gobierno cifra en 40.000 las empresas que se beneficiarán de esas ventajas fiscales. Además, se amplía en tres años, hasta 2015, la libertad de amortización para inversiones nuevas vinculadas a la actividad económica, que ahora se extiende a todas las compañías y sin el condicionante del mantenimiento del empleo.

Queda aprobada, además, la privatización de una parte de AENA, para dar entrada a capital privado en la gestión de los aeropuertos «de forma minoritaria», según Salgado. Asimismo, el Gobierno dio luz verde a la privatización de hasta el 30% de Loterías y Apuestas del Estado. La vicepresidenta recalcó que ello no modificará el régimen de las administraciones de loterías, que podrán seguir operando en las mismas condiciones.

La norma declara voluntaria la pertenencia a Cámaras de Comercio, y por tanto el pago de las cuotas, que hoy sufragan 2,5 millones de empresas. En 2008 esas aportaciones obligadas sumaron 250 millones, de los que 90 fueron aportados por pymes y autónomos. Además, la reforma agiliza la creación de sociedades: cualquier empresa con capital social de entre 3.000 y 3.100 euros podrá constituirse en 24 horas con un coste de 100 euros.

Por último, se establece la integración de los funcionarios que ingresen desde 2011 en cualquier administración pública en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos del cobro de la pensión. De los alrededor de 2,5 millones de funcionarios hoy existentes, 1,5 millones cotiza al régimen general, y los restantes por el sistema de clases pasivas.