PRENSA

Primero la amenaza del “por decreto” y ahora esto así nunca se podrá tomar uno la política ni a ciertos políticos en serio...

Areces advierte a IU de que rechazar el recorte tendría consecuencias legales

Los socialistas temen que si no se aplican las medidas de Zapatero los consejeros puedan ser condenados, como ya sucedió en Siero

La Nueva España. Oviedo, P. G. / J. E. M.

El PSOE asturiano advirtió ayer a Izquierda Unida (IU), su socio en el Ejecutivo regional, de que la no aplicación de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central podría conllevar responsabilidades legales para los miembros del Principado que, siendo los encargados de aplicarlas, las incumplan. Las fuentes socialistas consultadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA señalan que esta responsabilidad jurídica afecta también a los funcionarios que deben llevar a la práctica medidas de ajuste como, por ejemplo, la reducción salarial aplicándola en el cálculo de las nóminas.

«La ley es de obligado cumplimiento y aunque no es exigible directamente a los ciudadanos, sí vincula a los gobiernos autonómicos, que deben aplicarla», apuntan fuentes socialistas que ponen como ejemplo el caso de los ex alcaldes de Siero, el socialista Juan José Corrales y el popular José Aurelio Álvarez, que fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 747.717 euros por aplicar una subida salarial a los funcionarios mayor de la autorizada por el Estado. «Podríamos encontrarnos con una situación similar por no recortar los gastos e incumplir la ley», subrayan estas mismas fuentes. De todas formas, los ex alcaldes de Siero condenados no han tenido que poner de sus bolsillos ni un euro, ya que el dinero se está descontando de las nóminas de los funcionarios.

Mientras, y en referencia a la amenaza de IU de dejar el Gobierno si se aplica el plan de ajuste por decreto, tal y como anunció el pasado viernes ante la Junta General el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, fuentes de la parte socialista del Ejecutivo regional explicaron ayer que «nos reafirmamos en nuestro deseo de que IU se mantenga en el Gobierno. El pacto es útil contra la crisis y ahora hay más motivos que nunca para profundizar en el acuerdo».

Según estas mismas fuentes «el ajuste debe aplicarse obligatoriamente, lo que trataremos de hacer es llevarlo a cabo de forma justa para que pague menos quien menos tiene», haciendo así un pequeño guiño a la postura defendida por los dirigentes de IU de que «la crisis no la pueden pagar aquellos que no la generaron», como los funcionarios o los pensionistas. Pero desde el seno del socialismo regional hacen un llamamiento a la calma a su socio. «IU debe tener en cuenta que ahora toca aportar soluciones y no generar nuevos problemas», dicen. Los socialistas señalan, contra lo expuesto por IU, que «Asturias está y seguirá en vanguardia en la defensa de las políticas de bienestar social y salud que por su impacto en el empleo son necesarias para superar la crisis».

Desde el Principado también contestan a las acusaciones del PP que tildó de «camelo» que aplicar el ajuste por decreto fuera a perjudicar a los funcionarios con menos sueldo. «Lo que es un camelo es rechazar en Asturias lo que ellos mismos están aplicando en otras comunidades», señalan desde el PSOE para rechazar, como pide el PP, que haga falta recortar empresas públicas: «Aquí el único chiringuito que hay es el de la trama Gürtel». En el PP dudan seriamente que, con el actual estatuto, sea posible legalmente que Areces pueda aprobar por decreto el ajuste.

El precedente de Siero

La sentencia

El Tribunal de Cuentas condenó el pasado mes de octubre al ya ex alcalde de Siero, el socialista Juan José Corrales, a devolver de su bolsillo 692.912 euros por una subida salarial a los funcionarios municipales, en el período 1999-2001, que fue considerada «ilegal». Su predecesor en el cargo, el popular José Aurelio Álvarez, también fue condenado, por la misma causa, a pagar 54.805 euros.

Los condenados

La sentencia considera a los alcaldes, que han recurrido la sentencia, como los únicos responsable del incremento salarial indebido, pese a que fue aprobado por el Pleno. Además, el Tribunal también pide a Corrales que devuelva ayudas para vivienda concedidas sin cobertura legal a los funcionarios.

El PSOE tiende puentes a IU y dice que el pacto es «más necesario que nunca»

Considera un error romper el acuerdo en plena crisis y propone «acentuar políticas progresistas y de izquierdas»

07.06.10 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio

La amenaza de Izquierda Unida de abandonar el Gobierno regional si no se corta de forma drástica con las políticas «de derechas» que propugna desde Madrid José Luis Rodríguez Zapatero encontró ayer una respuesta contemporizadora en el PSOE. Las fuentes del ala socialista del Ejecutivo consultadas por este periódico juzgaron inconveniente una fractura en el gabinete en un momento económico tan delicado, y apostaron por todo lo contrario. Esto es, por consolidar el acuerdo. «Si cuando se firmó el pacto había motivos para ello, la lucha contra la crisis, hoy hay más motivos que nunca para mantenerlo», apostillaron estas fuentes. Está por ver, en todo caso, hasta qué punto el escenario preelectoral -queda menos de un año para las autonómicas- y la tensión política y social que se avecina en un contexto de ajustes, sobre todo si hay huelga general, alteran el entendimiento entre las fuerzas de la izquierda.

La andanada del coordinador de IU, Jesús Iglesias, en respuesta a la amenaza de 'decretazo' de Vicente Álvarez Areces para aplicar el recorte salarial a los funcionarios, no tuvo desperdicio. Iglesias dijo que su formación no cambia «políticas por sillones», dando a entender que, en caso de materializarse un plan de recortes lesivo para los sectores más desfavorecidos, la coalición dejará solos a los socialistas en el Gobierno.

El PSOE no quiso ahondar en el enfrentamiento. «La voluntad es mantener el acuerdo con IU», apuntaron fuentes del ala socialista del gabinete, en la medida en que ha propiciado medidas «útiles para combatir la crisis desde la izquierda» y para que el Principado «soporte mejor la recesión que otras regiones». Si el pacto era una necesidad cuando se firmó, cuando la economía ya se asomaba claramente al abismo, «ahora lo es más que nunca». El razonamiento sigue: «La crisis se ha acentuado y, por tanto, también hay que acentuar las medidas progresistas y de izquierdas».

Desde la órbita socialista no se quiere entrar en valoraciones respecto al ataque frontal de IU a Zapatero y su política, y sobre la urgencia de que Areces se desmarque de esa línea de actuación si no quiere que el pacto salte por los aires. Estas fuentes se limitan a aseverar que el Ejecutivo regional tiene que aplicar el ajuste salarial a los funcionarios «porque es de obligado cumplimiento», y que el 'decretazo' no es la primera opción, sino la última posibilidad a la que se recurrirá: «Queremos hacerlo desde el consenso, minimizando el impacto sobre quienes menos tienen».

Los socialistas creen que IU no tiene excesivos motivos para la queja. Recuerdan que se ha garantizado que los recortes no mermarán la calidad de los servicios básicos, sobre todo en sanidad, educación y política social, y que se contará con un volumen de inversión suficiente para dinamizar la actividad económica y crear empleo. «Y, además, hemos aceptado subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros y estudiamos la viabilidad de otras medidas», agregan estas fuentes.

Ese es, precisamente, uno de los obstáculos. IU quiere bajar ese límite de renta a los 60.000 euros, así como actuar sobre otras figuras tributarias como Sucesiones, Transmisiones o la fiscalidad 'verde'. A día de hoy, el PSOE es reticente a actuar con más intensidad sobre el IRPF, aunque podría ser más flexible en el caso del resto de retoques -de alguno de ellos- que pide IU.

La cosa pinta mal. IU exige esa reforma fiscal para avalar el ajuste salarial a los funcionarios en la Junta. Ajuste que, en función de los criterios de progresividad que se contemplan, se movería entre el 2% -incluso unas décimas menos- para los sueldos más bajos y entre el 6% y el 7% para los más altos. Esta modulación sólo es posible si el proyecto de ley sale adelante. La alternativa del 'decretazo', según dijo Areces el viernes, será «más lesiva». Contempla, de hecho, la reducción de plantillas públicas mediante el despido de interinos.

¿Llegará entonces el pacto al final de la legislatura? Es difícil aventurarse. Hay quien sostiene que IU está forzando su salida del Gobierno por intereses electorales, ya que le resultaría difícil hacer frente a una más que posible huelga general desde el Gobierno y no compartiendo pancarta con los trabajadores a pie de calle. Escenario que, según esta tesis, le haría mella en las urnas. La coalición rebate este argumento. «Es la contrario. Allí donde IU participa en tareas de gobierno logra medidas que favorecen a los sectores más débiles, propiciando que se suban impuestos a las rentas altas y frenando políticas regresivas. Salir del Ejecutivo sería dar margen al PSOE para que se echara en brazos del PP», radiografía un dirigente de la coalición.

Esa es otra. El PP. Su negativa a avalar la ley de los funcionarios irrita al Gobierno. «Hacen aquí lo contrario que en el resto de España, donde aplican el ajuste y con más fuerza», sostienen fuentes del Ejecutivo. Que, además, echan en cara a los populares su continua alusión a los «chiringuitos» -las sociedades públicas- «cuando el mayor chiringuito es suyo y se llama 'Gürtel', lo que debería preocuparles».

Al PP pertenece el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, que ayer entró en la polémica y dudó de que IU se vaya del Gobierno asturiano: «No creo que vayan a desamarrarse del pesebre y abandonen las moquetas».

 

Actuaciones de la OMS en entredicho. La alerta de la pandemia se mantiene.

La OMS ocultó que sus expertos en gripe A cobraron de farmacéuticas

El organismo no informó a los Gobiernos cuando les instó a reservar antivirales

La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue poco transparente. Según un estudio del British Medical Journal (BMJ), una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el informe que instó a los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por valor de unos 6.000 millones de dólares (4.900 millones de euros). Las críticas del British Medical Journal se suman a las del Consejo de Europa, que recientemente también acusó a la OMS de opacidad, aunque por otra razón: que los 16 miembros del comité de emergencia que asesoró durante la crisis a la directora del organismo, Margaret Chang, son secretos.

Si la identidad de los 16 miembros del comité de emergencia se mantiene en secreto para evitar que los presione la industria, la medida es ingenua y contraproducente, alegan los expertos críticos con la OMS. Los nombres de Robert Webster, del Hospital Infantil de Memphis (Tenessee, EE UU) , o de Tasiro Masato, jefe de virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, deben ser secretos para muy pocos industriales. Y mantener sus nombres ocultos es justo lo que impide al resto del público fiscalizar sus nexos con las farmacéuticas.

Las pautas de la OMS que recomendaban a los Gobiernos almacenar Tamiflu y Relenza -los únicos dos fármacos antivirales eficaces contra el virus H1N1- fueron publicadas en 2004, y se apoyaban en publicaciones de los tres expertos ahora cuestionados. Estos tres científicos sí declararon sus lazos con la industria en sus papers (publicaciones científicas), pero la OMS no recogió esa declaración en el informe que entregó a los Gobiernos.

Los vínculos entre los científicos de la OMS y la industria fueron anteriores a 2004. Roche y Glaxo les pagaron por una serie de conferencias y consultas. También han intervenido en investigaciones pagadas por los laboratorios. Este tipo de vínculo es muy común. Los principales expertos intervienen en los ensayos clínicos financiados por la industria. Pero deben ser transparentes, y la OMS debió declararlos en su informe, según el BMJ.

La postura de la OMS es que los conflictos de interés son "inherentes a cualquier relación entre una agencia como la OMS y una empresa que persigue beneficios". Lo mismo vale para los expertos que asesoran a la agencia y tienen "vínculos profesionales con las compañías farmacéuticas". Pero el organismo negó ayer que la industria influyera en la gestión de la pandemia.

Ya en enero, el Consejo de Europa organizó una audiencia en Estrasburgo para analizar si la declaración de pandemia, emitida por la OMS en junio del año pasado, estuvo justificada vista de la escasa peligrosidad del virus. Pese a los temores iniciales, el H1N1 ha resultado menos letal que la gripe común de cada año.

La reunión, promovida por Wolfgang Wodarg -hasta poco antes presidente del comité de sanidad del Consejo de Europa- no sirvió de nada. Wodarg se reafirmó en que la OMS había exagerado los riesgos en colusión con big pharma, y la OMS se enrocó en que "pandemia es cuando un nuevo virus se difunde, y este lo es", como dijo su número dos, Keiji Fukuda.

El H1N1 es un recombinante (un mestizo) reciente, con genes de un virus aviar, otro humano y dos porcinos. Causa en algunas personas enfermedades graves, pero su letalidad es baja en la población general. Los científicos no podían saber esto al iniciarse la crisis en México, cuando la mortalidad parecía alta. El criterio de la OMS para declarar una pandemia no es la letalidad del virus, sino su propagación. La OMS se limitó a aplicar su protocolo. Pero es el protocolo lo que cuestionan muchos expertos.

Poca gente había oído hablar de la OMS hace solo 10 años. La agencia de la ONU se ha convertido en un referente mundial debido a tres epidemias: el SARS, o neumonía asiática, en 2002 (800 muertos), la gripe aviar iniciada poco después (300 muertos) y la última pandemia de nueva gripe. En prevención de esta última, España compró 13 millones de dosis de vacuna, de las que se han usado solo dos millones.

El nuevo estudio crítico con la gestión de la OMS es una investigación del propio BMJ y del Bureau of Investigative Journalism británico. Los virólogos y epidemiólogos especializados en el virus de la gripe -el agente infeccioso más impredecible que se conoce- ya recomendaban a los gobiernos almacenar reservas de Tamiflu y Relenza antes de la aparición del H1N1, en prevención de cualquier posible pandemia de gripe.

La OMS decidió el pasado día 3 de junio mantener la alerta de pandemia por la gripe A

El organismo volverá a reunirse el mes que viene para evaluar la situación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado hoy su decisión de mantener la alerta de pandemia de gripe A, un año después de su entrada en vigor y de la adopción de medidas sanitarias excepcionales en todo el mundo para controlar su propagación. La OMS volverá a reunirse a mediados de julio para evaluar la situación, ha dicho la directora general del organismo, Margaret Chan.

La decisión adoptada el pasado jueves sigue a una reunión que mantuvo el Comité de Emergencia de la OMS el pasado lunes por teleconferencia. Según las recomendaciones de dicho Comité, "desde una perspectiva global, aunque continúa la pandemia, el periodo de actividad más intensa parece haber pasado en muchas partes del mundo". No obstante, añadía, "sigue siendo crítico que los países mantengan la vigilancia respecto a la pandemia".

Por ello, y tras estudiar las recomendaciones de los científicos, los responsables de la OMS han decidido no levantar la alerta y convocar una nueva reunión del Comité de Emergencia para mediados de julio, "cuando ya esté disponible la información sobre la estación invernal de gripe del Hemisferio Sur".

El virus A(H1N1) se descubrió en abril de 2009 en Norteamérica y fue declarado el 11 de junio de ese año como la primera pandemia del siglo XXI debido a su rápida propagación geográfica y a los temores que generó por tratarse de un virus desconocido y con posibilidades de mutar. Asimismo, se estableció que los grupos de riesgo no eran los habituales (ancianos), sino personas más jóvenes (incluso con buena salud), mujeres embarazadas y personas con problemas de salud crónicos. Sin embargo, conforme transcurrían los meses, se confirmaba que, globalmente, la incidencia del virus era moderada y su tasa de mortalidad era incluso menor a la de la gripe estacional.

El virus A (H1N1) ha provocado desde entonces unos 18.000 fallecimientos confirmados por pruebas de laboratorio, frente a las 500.000 muertes anuales que se atribuyen a la gripe común.

Se perjudica a las comunidades que han hecho un mayor esfuerzo, puesto que no se diferencia entre servicios y prestaciones

El Principado perderá un millón de euros con el nuevo reparto de la dependencia

Bienestar Social sólo podrá justificar este año 11.874 casos en lugar de los 14.533 por los que cobró 9 millones en 2009

06.06.10, CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

1.013.800 euros de menos para la atención a los dependientes. Los nuevos criterios impuestos por el Ministerio de Sanidad y Política Social para repartir los fondos de la Ley de la Dependencia causarán un agujero de más de un millón de euros en las arcas del Gobierno regional. La pérdida llegará porque el Principado sólo podrá justificar este año 11.874 expedientes, frente a los 14.533 por los que cobró nueve millones de euros en 2009.

El saldo negativo de 2.659 casos no es fruto de una merma en la atención, puesto que en Asturias el número de beneficiarios reales de la ley se incrementó en 3.422 casos en doce meses, sino de que el año pasado el Ministerio de Sanidad y Política Social pagó a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, así como al resto de administraciones regionales, únicamente en función de las personas que ya tenían acreditada su condición de dependientes. En junio de 2009 eran 14.533 los asturianos con dicho certificado.

Sin embargo, este año, tal y como anunció la ministra, Trinidad Jiménez, a todos los consejeros del país en la reunión del martes pasado, pagará sólo por cada dependiente realmente atendido. Eso significa que sólo se contabilizarán los expedientes de las personas que ya estén disfrutando de un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o una residencia) o que perciban una prestación, ya sea tanto para pagarse un servicio como para tener contratado a un familiar como cuidador.

En esa situación, con servicio o prestación adjudicada, o, lo que es lo mismo, con Plan de Atención Individual (PIA) firmado, a 1 de junio sólo se encontraban 11.874 asturianos, puesto que el atasco en la aplicación de la ley mantiene aún sin firmar el PIA a 4.201 personas.

Asturias, «penalizada»

Por esa razón, y dado que las cifras contabilizadas para el nuevo pago serán las cerradas este mismo mes, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha situado a Asturias entre las regiones «penalizadas» por el nuevo criterio de reparto, ya que de continuar con el establecido, volumen de población con dependencia, el Principado recibiría más dinero, puesto que este mes ya tienen el certificado de dependencia 16.075 asturianos, 1.542 más que en el mismo mes, pero de 2009.

El estudio de esta entidad, convertida en 'Pepito Grillo' de la Administración con respecto a la dependencia, advierte de que la situación irá a peor, ya que el nuevo criterio, pagar más por personas atendidas que por personas con certificado de dependencia, este año sólo afecta al 56% del presupuesto, pero en 2013 será el requisito único. De esta forma, según los expertos, Asturias percibirá en 2013 6.679.271 millones de euros, tres menos que el año pasado.

Con tan negras previsiones, no es de extrañar el enfado que el nuevo criterio del Gobierno estatal ha generado entre los agentes sociales. Tanto Comisiones Obreras como UGT de Asturias, así como el Consejo de Mayores, han hecho públicos sendos comunicados en los que critican con dureza el reparto, ya que creen que «perjudica a las comunidades que han hecho un esfuerzo», puesto que no se diferencia entre servicios y prestaciones.

Esa es la política que defiende la consejera Noemí Martín, quien ha instado a la ministra a que el reparto se realice en función del servicio que se presta, criterio con el que Asturias saldría beneficiado. Porque, en un año el uso de la teleasistencia, los centros de día o la ayuda a domicilio se han disparado, hasta con incrementos de hasta el 600%.

Con ella coinciden las centrales sindicales, ya que entienden que el Ministerio de Sanidad y Política Social debería «penalizar las prestaciones a familiares», un recurso que la ley califica de «excepcional» y que, en realidad, es el mayoritario. En Asturias son más de 6.000 los asturianos que cobran por cuidar de un familiar, una cifra que creció un 40% sólo en un año.

En el acto que, por segundo año consecutivo, la Unión Comarcal de CCOO en Occidente organiza en la playa de Navia

ENCUENTRO SINDICAL.

CCOO habla abiertamente ya de la huelga general

06/06/2010 B.R.P., en La Voz de Asturias

El secretario confederal de acción sindical de CCOO en las negociaciones para la reforma laboral, Ramón Górriz, insistió ayer en Navia en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral que no "deteriore" los derechos de los trabajadores y dejó claro que, si el Gobierno opta por un decreto que no respete esos derechos, el sindicato optará por una huelga general que se convocaría antes del verano.

"Hacen falta dos reformas muy importantes y que tienen que ser antes de la reforma del mercado laboral, que son una reforma del sistema financiero y que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, para que se reactive la economía", señaló Górriz, que destacó que "el paquete de medidas planteado por el gobierno ha limitado y le ha hecho un flaco favor a la negociación, igual que los anuncios de que va a decretar la reforma, eso desincentiva la negociación".

Górriz hizo estas declaraciones en la tradicional comida de confraternización que, por segundo año consecutivo, organiza la unión comarcal de CCOO en Occidente, en la playa de Navia. Al acto también acudió el secretario general del sindicato en Asturias, Antonio Pino, quien afirmó que, "si la situación no cambia,vamos a ir el país entero a una huelga general antes del verano como presión hacia el Gobierno para que reoriente las medidas, y que no se atreva a decretar una reforma laboral que sea lesiva para los trabajadores", sentenció Pino.

Reforma laboral

Górriz (CCOO) insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo que no "deteriore" los derechos.

OVIEDO/NAVIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario Confederal de Acción Sindical y representante de CCOO en las negociaciones para la reforma laboral, Ramón Górriz, insistió hoy en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral que no "deteriore" los derechos de los trabajadores y dejó claro que si el Gobierno opta por un decreto que no respete esos derechos el sindicato optará por una huelga general.

Górriz participó hoy en Navia, junto al secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino y el responsable del sindicato en la comarca, Herminio Méndez, en el acto que por segundo año consecutivo, la Unión Comarcal de CCOO en Occidente organiza en la playa de Navia como jornada festiva y de reivindicación.

Antes de dar comienzo el acto, en declaraciones a Europa Press, Górriz se refirió a las "injustas y antieconómicas" medidas por las que ha optado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre las que la organización de CCOO se ha manifestado ya radicalmente en contra.

Sobre la reforma laboral indicó que la misma no es la solución a los problemas de paro que vive el país. "Una reforma laboral no va a generar empleo", dijo el sindicalista, que afirmó que el Gobierno "les ha negado que maneje un documento en el que se contemple el abaratamiento del despido".

"Ellos saben perfectamente nuestra posición y conocen que nos vamos a oponer a cualquier tipo de recorte de los derechos de los trabajadores", dijo el representante de CCOO.

Así mismo lamentó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero haya "vulnerado" el pacto de Toledo y aseguró que todas esas medidas adoptadas están ya "contaminando la negociación colectiva privada". Consideró además que sería un "contra sentido" que el Ejecutivo aceptase la petición de la patronal de rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social.

De momento PSOE e IU, cada uno en sus posiciones

Nuevo escenario para las cuentas autonómicas.

El Gobierno avisa de que reducirá plantillas si no se logra el acuerdo

Migoya apunta también a una revisión de los pactos sindicales.

06/06/2010 CAROLINA GARCIA, para La voz de Asturias

RE Nl recorte salarial de los empleados públicos asturianos puede ser, tal y como se plantea el panorama, la mejor de las opciones. Sin el apoyo de IU, el PSOE no podrá sacar adelante el proyecto de ley en el Parlamento regional. La solución que baraja el Gobierno es recurrir a nuevas fórmulas. Y apunta directamente a recortes en las plantillas o a la revisión de acuerdos sindicales.

Así lo indicó ayer la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que adelantó que si el Parlamento rechaza el proyecto buscarán otras medidas. Y, aunque no dio detalles del número de puestos de trabajo ni de los acuerdos a los que afectaría, sí dejó muy claro que, en todo caso, serán fórmulas "que hagan que podamos recortar y cumplir con ese mandato que está en una ley básica y es de obligado cumplimiento".

Solo un día antes, el Jefe del Ejecutivo, Vicente Alvarez Areces, aseguraba que, si el ajuste no se aprueba en el Parlamento, "se hará por decreto y será más lesivo para los trabajadores".

De momento, Migoya anunció que el decreto de ley del Principado "estará listo en breve". Y señaló que "estamos trabajando en el seno del Gobierno para presentar ese proyecto". Su contenido irá en la línea de lo que que han defendido estos últimos días. Por un lado, se basará en "tratar de minimizar el impacto lo más posible sobre los empleados públicos" y, por otro, en "hacerlo de manera gradual y escalonada teniendo siempre muy presente no perjudicar, en la medida de lo posible, a aquellos que tienen las retribuciones más bajas". La intención es que el ajuste salarial sea lo menos lesivo para los empleados públicos ya que "se trata de una norma de obligado cumplimiento y el Gobierno de Asturias será responsable".

IU pide "más justicia fiscal mientras Areces amenaza con despedir interinos"

Agencia EFE

Oviedo, 5 may (EFE).- El coordinador general de IU en Asturias, Jesús Iglesias, ha asegurado que su coalición habla de "más justicia fiscal" mientras que el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, "amenaza con despedir interinos".

A su juicio, el máximo responsable del Ejecutivo regional tenía la "oportunidad" de "tomar la dirección opuesta" al presidente José Luis del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y "gobernar desde la izquierda".

"Tenía la oportunidad de hacer las cosas bien y buscar una salida más justa a la crisis pero lamentablemente opta por el camino equivocado: el decretazo y el tijeretazo a los servicios públicos. Es decir, que paguen más la crisis los más débiles", sostiene en un comunicado.

"IU se opone a la política de Zapatero en Madrid y en Asturias. Venga de quien venga. Nosotros tenemos alternativas, porque es posible articular otras políticas basadas en la justicia fiscal y el reparto de sacrificios para proteger lo prioritario: crear empleo, impulsar la actividad económica, garantizar los servicios públicos y la protección social", ha afirmado.

El coordinador de IU ha señalado: "Si alguien, en Presidencia, piensa que vamos a cambiar política por sillones comete un gran error de cálculo y puede llevarse una importante sorpresa como ya demostramos en 2007".

El máximo responsable de Izquierda Unida insiste en una idea que ha defendido en los últimos días: "hay que buscar una salida global y más justa a la crisis. IU no va a negociar medidas aisladas. Esto no será una negociación por entregas. El Gobierno de Asturias tiene que tener claro la ruta que seguirá. No puede seguir jugando al regate corto".

Iglesias considera que "la salida a la crisis pasa por una reforma fiscal amplia, por un mayor esfuerzo en austeridad erradicando todo lo superfluo en la Administración asturiana, por la movilización del mayor volumen de recursos para financiar lo prioritario: crear empleo, impulsar la actividad económica, garantizar la calidad de la sanidad y educación públicas, y reforzar la protección social".

Asimismo, ha lamentado las "grandes resistencias que tienen los socialistas para tocar los impuestos. ¿Cómo explican a la gente que hay recortar las pensiones y no se atreven a subir los impuestos a las grandes fortunas o luchar contra el fraude fiscal? Tienen la oportunidad de convertir Asturias es un dique de la izquierda en nuestro país y parecen empeñados en practicar el seguidismo a Zapatero".

En relación a la advertencia realizada ayer por Areces, ha lamentado que "se recurra al decretazo", ya que "resulta paradójico que mientras IU habla de más justicia fiscal, Areces amenace con despedir interinos. Ayer fue un viernes negro para los socialistas. Sólo cabe esperar que el que asesora al Presidente no sea el mismo que hizo la ley de la Carrera Profesional".

Iglesias ha recordado a los socialistas que están tomando "medidas que sólo retrasan la salida a la crisis y castigan más a los más débiles".

"Y en esta aventura parece que no tienen ni el más mínimo rubor en recurrir a la mentira. Dicen que nuestras propuestas fiscales reducirán el consumo. ¿No afecta al consumo el recorte de pensiones y salarios o tener casi cinco millones de personas en paro, por no recordar el aumento del IVA que se traducirá en un incremento de precios?", ha concluido. EFE

A IU no parecen afectarle los emplazamientos “chantajistas” de Areces

IU emplaza a Areces a romper con la política de Zapatero para salvar el pacto

El presidente, que valora si las fórmulas fiscales de Izquierda Unida tienen cabida, desea «firmemente» la continuidad del acuerdo de gobierno

La coalición rechaza el 'decretazo' y advierte: «No cambiaremos políticas por sillones»

06.06.10 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

La orientación del plan de ajuste de 210 millones de euros en que trabaja la Consejería de Economía y la amenaza del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, de aprobar por la vía del decreto el recorte salarial a los funcionarios si no puede hacerse de forma consensuada en la Junta General, han llevado las relaciones entre el PSOE e IU a un callejón sin aparente salida. La coalición exige un aumento más severo de la presión fiscal a las rentas altas para apoyar la rebaja del sueldo a los empleados públicos, contrapartida que los socialistas, aunque estudian las opciones existentes, miran con mucho recelo. En este escenario de tirantez, el cruce de declaraciones se agría. Ayer, el coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, elevó el tono e instó a Areces a romper con las directrices que marca José Luis Rodríguez Zapatero, utilizando como mecanismo de presión una hipotética ruptura del acuerdo de gobierno. «No cambiaremos políticas por sillones», advirtió. El jefe del Ejecutivo, mientras, volcó sus ataques en el PP y dijo desear «firmemente» que el pacto de la izquierda llegue intacto al final de la legislatura.

La relación entre los socios es, cuando menos, tensa. Ya lo era por la tardanza del ala socialista del Gobierno en trasladar a IU las líneas generales del plan de ajuste. Su contenido, una vez conocido en sus cifras básicas, tampoco ha gustado en la parte minoritaria del Ejecutivo. Y la intervención de Areces en la Junta, el viernes, aludiendo al 'decretazo', ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los dirigentes de la coalición, que ayer hicieron patente su malestar.

Iglesias retó a Areces a abandonar el «seguidismo» de Zapatero, a cuya política IU se opone «aquí y en Madrid». Y lamentó que el presidente haya optado por seguir al pie de la letra las recetas llegadas desde Madrid, «por el 'decretazo' y el tijeretazo a los servicios públicos», en lugar de articular una política propia «basada en la justicia fiscal y el reparto de los sacrificios».

¿Cómo desembrollar la madeja? Difícil. El programa de IU es de máximos y no admite «las medidas aisladas y el regate corto» que reprocha a los socialistas. El emplazamiento que formula al PSOE es claro: si quiere su apoyo -por la vía de la abstención- al proyecto de ley que aplicará la rebaja salarial a los funcionarios, lo que evitaría el 'decretazo', debe ejecutar una batería de medidas orientadas a «que la crisis no la paguen los más débiles». A saber, una reforma fiscal en profundidad, un mayor esfuerzo de austeridad en las cuentas públicas y una apuesta por la protección social. De no ser así, habrá lío.

El ala socialista del gabinete estudia si puede poner en práctica alguno de los retoques fiscales (Sucesiones, Transmisiones, fiscalidad 'verde'...) que pide IU. Actitud que la coalición entiende como una «fuerte resistencia» que dice no comprender. «Los socialistas imponen sacrificios a mileuristas y pensionistas y no tocan a quienes ganan más de 5.000 euros al mes», se queja Jesús Iglesias con amargura.

De sus palabras se desprende que o Areces cambia de tercio, «porque sus medidas sólo retrasan la salida de la crisis», o el pacto de gobierno está en el alambre. «Es paradójico que nosotros hablemos de justicia fiscal y él amenace con despedir interinos», clamó Iglesias. «IU no hace políticas de derechas y tampoco las apoya; las rechaza y las combate», agregó. Y culminó su argumentación con una advertencia en toda regla: «Si alguien en Presidencia piensa que vamos a cambiar políticas por sillones comete un grave error de cálculo y puede llevarse una importante sorpresa, como ya demostramos en 2007». Entonces, la negociación para el pacto de gobierno no cuajó y IU prefirió quedarse en la oposición.

Tras el desencuentro que provocó el debate parlamentario del viernes, Areces prefirió ayer no entrar al choque con IU y arremeter contra el PP. Respecto a la relación con su socio, trasladó un mensaje tranquilizador. «Nuestro deseo es seguir manteniendo el Gobierno de coalición», precisó durante su visita a Mieres. El objetivo, comentó a modo de guiño, es «trabajar a favor de los que menos tienen y de políticas de progreso».

El presidente se esforzó en dejar claro que la posibilidad de recurrir al decreto para cumplir el requerimiento de Zapatero de rebajar el sueldo a los funcionarios no es ni mucho menos una amenaza, sino una necesidad. «No es una decisión del Gobierno de Asturias el hacer o no un decreto», reflexionó, sino que, de fracasar la fórmula de consenso del proyecto de ley, es la única opción para cumplir una orden estatal «de obligado cumplimiento». Aunque la medida no sea agradable, apostilló, «hay que aplicarla».

Prometió Areces apostar por el diálogo para que la rebaja salarial sea moderada, «muy leve» en el caso de los sueldos más modestos pero «tampoco de gran impacto» en los más cuantiosos. La medida, afirmó asimismo, liberará recursos para que Asturias pueda mantener su capacidad inversora en el futuro inmediato, animando así la incipiente recuperación económica.

El PP, «una desgracia»

El PP fue el objeto central de sus críticas. Acusó a su líder, Ovidio Sánchez, de «incoherente y demagogo» por rechazar ahora unos recortes «que pedía hasta hace dos días». Y señaló que en aquellas comunidades donde gobierna está aplicando la orden de Zapatero sobre los salarios públicos sin trabas. A su juicio, este análisis revela que el Partido Popular está incapacitado para gobernar Asturias. «Si en algún momento tuvieran que hacerlo sería una desgracia para nuestro país y para esta región», alegó.

Tampoco Sánchez se mordió la lengua. Tildó de «camelo» el argumento de Areces de que el ajuste salarial por la vía del decreto será más duro para los funcionarios, y se negó a tolerar «amenazas». Comparó su 'decretazo' con el 'pensionazo' de Zapatero y reiteró que votará 'no' en la Junta. «Está en el final de mandato y nos obsequia con posiciones penosas que no vamos a aceptar», sentenció. También criticó la subida de la presión fiscal a las rentas de más de 100.000 euros, que rebajó a «titular de mitin».

El 'decretazo' tampoco gustó en el ámbito sindical. La reacción de Comisiones Obreras fue rápida y rotunda. «Presidente, no cometas el error de Zapatero de tomar decisiones unilaterales porque si lo haces nos tendrás enfrente». Así se manifestó en Navia su secretario general, Antonio Pino, que advirtió de que «no vamos a admitir ni trampas ni chantajes de cambiar recortes de salarios por empleo en el ámbito de la función pública».

Tanto Luis Ángel Ardura, de UGT, como Juan Gavira, de CSI-CSIF, volcaron sus críticas no tanto en la forma de aplicar el recorte salarial como sobre el ajuste en sí. Ambos coincidieron en rechazar frontalmente la rebaja de los sueldos.

IU amenaza al PSOE con dejar el Gobierno si hay «decretazo», y Areces confía en que siga

Iglesias advierte a los socialistas de que no va a «cambiar política por sillones», mientras que el Presidente alerta de que un Ejecutivo del PP «sería una desgracia para Asturias y para España»

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

Izquierda Unida (IU) incrementa la presión al PSOE para que cambie su propuesta de ajuste, incluyendo una subida fiscal para rentas de más de 60.000 euros al año. El coordinador de la coalición, Jesús Iglesias, retó el viernes a los socialistas a que les echasen del Gobierno a cuenta del rechazo al recorte planteado por sus socios. Ayer dio un paso más y amenazó con la ruptura del pacto en el caso de que el PSOE acuda a la vía del decreto para aprobar el ajuste. Pese a la creciente tensión, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, se mostró confiado en que IU permanezca en su Ejecutivo y advirtió, puede que en referencia a las próximas elecciones autonómicas, de que un Gobierno del PP sería «una desgracia tanto para nuestro país como para Asturias».

«Si alguien en Presidencia piensa que vamos a cambiar política por sillones comete un gran error de cálculo y puede llevarse una importante sorpresa, como ya demostramos en 2007», advirtió Jesús Iglesias. En 2007, tras las elecciones regionales, IU y PSOE no llegaron a un entendimiento para formar el Gobierno de coalición, que, finalmente, se constituyó a finales del año siguiente. Desde entonces los enfrentamientos han sido constantes y en cuestiones de calado, pero sin consecuencias para el pacto. Iglesias mantuvo el viernes una primera reunión con el secretario general de la FSA, Javier Fernández, y con Álvarez Areces. El encuentro no dio resultado alguno, aunque al coordinador de IU le valió para comprobar «las grandes resistencias que tienen los socialistas para tocar los impuestos», algo indispensable para la coalición. En este aspecto, Iglesias acusó a sus socios de «imponer duros sacrificios a los mileuristas y pensionistas, mientras que no tocan a los que ganan más de 5.000 euros mensuales». «Tendrán que explicarlo a sus electores, pero lo que tienen que tener claro es que IU no hace ni apoya políticas de derecha, sino que las rechaza y las combate», indicó, tras lamentar que «mientras nosotros hablamos de justicia fiscal, Álvarez Areces amenaza con el despido de interinos».

Frente a la retahíla crítica de IU, Vicente Álvarez Areces -desde el acto de inauguración de la Feria de la Industria y de la Minería de Mieres- hizo votos por la estabilidad del pacto. «Nuestro deseo es seguir manteniendo el Gobierno de coalición; creo que en estos momentos tenemos que trabajar a favor de los que menos tienen y a favor de políticas de progreso», aseveró el jefe del Ejecutivo, quien centró sus críticas en el PP. Así, afeó a los populares su «manipulación y falta de seriedad», alertando de que su llegada al Gobierno sería «una desgracia» para Asturias y para España.

Álvarez Areces confirmó que si, finalmente, IU y PP unen sus votos en la Junta para bloquear la plasmación autonómica del ajuste estatal acudirá a la vía del decreto, pero lo hará por obligación, ya que, según precisó, el recorte aprobado recientemente por el Congreso es «de obligado cumplimiento». «El Gobierno de Asturias no tiene autonomía para decidir si lo hacemos o no. Estamos en un Estado de derecho y aunque no nos gusten determinadas medidas, hay que aplicarlas, pues son preceptivos muchos de sus elementos», aseguró el Presidente.

Por su lado, Ovidio Sánchez, presidente del PP de Asturias, calificó de «camelo» que aprobar el ajuste por decreto vaya a perjudicar a los funcionarios que menos cobran, como defiende el PSOE. Además, a su juicio, «el "decretazo" encaja perfectamente con las políticas de Areces, al igual que el "pensionazo" con las de Rodríguez Zapatero».

Radiografía de lo superfluo

Las denuncias de PP e IU sobre el gasto dibujan el mapa de lo que ambas formaciones consideran prescindible
Reuniones y conferencias cuestan 3,3 millones de euros, y la TPA paga otros 4 por las carreras que ofrece gratis la Sexta

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, La Nueva España

Puestos de acuerdo en la obligada necesidad de recortar el gasto público, los partidos políticos asturianos se enzarzan en discutir cuáles deben ser los criterios para realizar un ajuste económico que rondará los 210 millones de euros. PP e IU insisten en reclamar al PSOE que elimine todo lo superfluo, un concepto muy amplio, pero que han ido definiendo en las últimas semanas. Empresas públicas, la televisión autonómica (TPA), publicidad, publicaciones, protocolo, sueldos de altos cargos, asesores, viajes institucionales, fundaciones o «embajadas» en el exterior son algunos de los objetivos de los populares y la coalición con la tijera.

Las empresas públicas están en el punto de mira. Y no sólo ahora, sino mucho antes de que la crisis obligara a aplicar medidas de reducción del gasto. El PP insiste en la eliminación de todas aquellas que no sean estrictamente necesarias, salvando de la quema las de salud y servicios básicos, para lograr un ahorro de casi 300 millones de euros. Por su lado, IU reclama una reordenación de este sector para hacerlo más efectivo y mucho menos costoso. «¿Tiene sentido que el 112 y Bomberos de Asturias sean dos entes separados?», se preguntaba esta semana un dirigente de la coalición, socia de Gobierno.

La televisión autonómica (TPA) recibe 30 millones de euros de transferencias directas al año, aunque los contratos de publicidad y promoción con las distintas consejerías elevan la factura en torno a los 36 millones. El ente que dirige José Ramón Pérez Ornia paga cuatro millones de euros anuales por retransmitir las carreras de Fórmula 1, que también se pueden ver en abierto a través de la Sexta, al igual que ha ocurrido con el fútbol de los sábados por la noche en la última temporada. El PP pidió esta semana su privatización.

Otro campo en el que se reclama una mayor contención del gasto es el de los cargos de confianza. El equipo del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, sale por más de un millón de euros al año. El personal eventual de gabinete cuesta 983.400 euros, a los que hay que sumar los 147.520 euros que se destinan a los dos asesores que tienen rango de viceconsejeros, y los 59.390 euros de otro asesor que cuenta con la categoría de director general.

Las representaciones asturianas en el exterior, con oficinas en las ciudades de Madrid y Bruselas, cuestan 5.068.574 euros y también han sido puestas en tela de juicio por la oposición, empeñada en eliminar los viajes institucionales del Gobierno regional. Según el PP, la última expedición, al Caribe y Centroamérica, tuvo un coste de adjudicación de 494.000 euros, a lo que habría que sumar la contratación de servicios para la organización, adjudicados por procedimiento negociado y por importe de 43.103,45 euros. El próximo viaje, a China, saldrá por unos 425.000 euros, de acuerdo con los cálculos populares.

La factura por la casi total privatización de los servicios de informática de la Administración autonómica llega a sesenta millones de euros. Un informe sindical asegura que la situación ha dejado a medio centenar de trabajadores públicos mano sobre mano. Además, la adquisición de aplicaciones informáticas sale por 12,3 millones de euros y otra serie de servicios en este ámbito cuesta 6,6 millones de euros. La aplicación del software libre podría rebajar la cuenta informática del Principado, según la opinión de los expertos.

En el apartado de reuniones y conferencias, la Administración regional gasta al año 3,3 millones de euros, de los que el 47 por ciento corresponde a la Consejería de Cultura y el 21 por ciento, a la de Presidencia, Justicia e Igualdad. Llama la atención que el Instituto Asturiano de la Mujer se lleve en este capítulo 275.000 euros, una cantidad por encima de las destinadas a las consejerías de Economía, Infraestructuras, Administraciones Públicas e Industria. El departamento de Educación, a cargo de José Luis Iglesias Riopedre, sólo absorbe el 5 por ciento del gasto destinado a conferencias.

Además, sólo la Dirección General de Modernización tiene para publicidad y publicaciones 356.000 euros, una cifra superior a la que manejan las consejerías de Sanidad (340.000), Industria (246.747) o Infraestructuras (364.000). Dentro de estos capítulos de gasto, la Junta destina 535.000 euros anuales a protocolo, publicaciones y publicidad, mientras que la oficina de la Procuradora General cuenta con 200.000 euros para publicidad. La cifra supera a la que maneja toda la Consejería de Medio Rural. El Principado destina otros 3,08 millones de euros a la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y Comunicación); dos millones a la Fundación Barredo, y 1,2 millones a la Laboral. IU ha puesto estos entes entre sus objetivos, al igual que el circuito Fernando Alonso.

Nuevo escenario para las cuentas autonómicas.

El Principado teme una fuga fiscal si se eleva el IRPF a las rentas medias

Asturias es la única región del norte que subirá el tramo regional de IRPF a los que más cobran.

Casi 14.000 asturianos tienen unos ingresos anuales entre los 60.000 y los 150.000 euros.

06/06/2010 LUIS FERNANDEZ, para La Voz de Asturias

RE Nl Gobierno del Principado teme que la subida del tramo regional del IRPF a las rentas de más de 60.000 euros, como propone IU, pueda provocar una fuga fiscal a las comunidades vecinas.

Hasta el momento, Asturias es la única región del norte que ha planteado la subida impositiva a los que ganan más de 100.000 euros, una medida que recaudará 18 millones de euros y afectará a unas 6.000 personas. De las comunidades más próximas, las gobernadas por el PP, Galicia y Castilla y León, no revisarán al alza el impuesto, mientras que el Gobierno cántabro, formado por regionalistas y socialistas, no tomará una decisión hasta la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 15 de junio.

Esta subida afectaría a un importante número de asturianos. A modo de ejemplo, aproximadamente el 15% de los 61.000 empleados de la Administración se verían afectados, ya que un elevado número de médicos, profesores o funcionarios de nivel A superan esa cantidad. En Asturias, son casi 14.000 personas las que cobran entre 60.000 y 150.000 euros. De todas formas, la fuga de capitales no es sencilla, puesto que para poder tributar en otra comunidad, es necesario demostrar que se reside en el domicilio de la región donde se declare durante, al menos, medio año.

EXPERTOS

Los economistas aplauden la decisión de subir el IRPF a las rentas más altas, aunque señalan que el efecto recaudatorio no será importante. El profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, Roberto Fernández Llera, considera que la medida "es adecuada", aunque la considera "simbólica". En su opinión, no tendrá "un gran efecto recaudatorio", pero considera que "es un mensaje nítido de que las rentas altas también deberán pagar la crisis". Sobre la propuesta de IU, Llera considera que "podría introducirse un tramo intermedio, con subidas progresivas". Además, duda de la eficacia de trasladar el domicilio fiscal, puesto que "el ahorro no compensa".

El decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente, asegura que "la medida es más estética que efectiva, porque recaudará poco". Pese a esto, considera que es adecuado "que sean los ricos los que más paguen, es lo normal". De la Fuente duda de que la subida implique una fuga fiscal, ya que, en su opinión, "no compensa", aunque considera que "debería existir coordinación entre autonomías". Además, pide "retocar el de sucesiones y subir los impuestos a las rentas del capital, entre otras medidas".

Sería la sexta huelga general de la democracia

Reforma laboral

CCOO se prepara para una huelga general ´inevitable´

La organización dirigida por Toxo ha celebrado dos reuniones plenarias de carácter extraordinario

EP

Los responsables de Organización, Comunicación, Acción Sindical y Empleo de todas las federaciones y territorios de CC.OO. han puesto en marcha hoy (por ayer), los preparativos para la convocatoria de una huelga general en España, al considerar que ésta "parece inevitable", según anunció el sindicato.

"Lo que hemos hecho ha sido poner la maquinaria en marcha por si tenemos que convocar la huelga general, para que todo esté engrasado", explicó, en declaraciones a Europa Press, el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

La organización dirigida por Ignacio Fernández Toxo celebró este viernes en Madrid dos reuniones plenarias de carácter extraordinario para iniciar dichos preparativos, a las que asistieron unas 150 personas.

El sindicato, que no precisó la fecha que se baraja para la huelga general, justifica la posibilidad de ir a esta movilización por el contenido del plan antidéficit, que considera "injusto, desequilibrado y antieconómico", así como por "algunos contenidos que se van conociendo de la reforma laboral".

Hasta ahora, ha trascendido que el decreto que llevará el Gobierno al Consejo de Ministros del próximo día 16 podría incluir la extensión del contrato indefinido con despido de 33 días, así como facilitar los despidos en las empresas que aleguen estar atravesando una mala situación económica, supuesto en el que se considerarían procedentes y la indemnización se reduciría a 20 días.

Lezcano cree que el Gobierno está "escuchando más por el oído derecho que por el izquierdo" al no atender las reivindicaciones sindicales de evitar el abaratamiento del despido y hacer caso de lo que demandan los empresarios para la reforma del mercado laboral.

El responsable de Comunicación de CC.OO. considera que lo que se va conociendo de la reforma y el hecho de que se haya puesto una fecha para aprobarla con o sin acuerdo puede llevar a pensar a la CEOE "que le va a ser más fácil" asumir el contenido del decreto del Gobierno que lo que resultaría de una negociación en la que los empresarios tendrían que realizar esfuerzos para llegar a un acuerdo.

CC.OO. pondrá en marcha una campaña de información "paciente, razonada e intensiva" para explicar en los centros de trabajo y a la sociedad las razones de la huelga.

En sus reuniones de hoy, los responsables de CC.OO. acordaron también ratificar la estrategia de movilización unitaria junto a UGT y desarrollar un plan organizativo para hacer llegar a los afiliados y a todos los centros de trabajo el análisis y las alternativas del sindicato.
La sexta huelga general
De materializarse, lo que parece más que probable, ésta sería la sexta huelga general de la democracia y la quinta que se le haría a un Gobierno socialista.

El primer paro general de la historia democrática española, convocado en solitario por CC.OO., tuvo lugar el 20 de junio de 1985 contra el recorte de las pensiones de jubilación aprobado por el Gobierno de Felipe González.

La segunda huelga general, que paralizó el país, fue convocada por CC.OO. y UGT el 14 de diciembre de 1988 para protestar contra el abaratamiento del despido y la generalización de los contratos 'basura' para los jóvenes. Tras el éxito de esta convocatoria, el Ejecutivo de Felipe González retiró la reforma prevista y elevó el gasto social.

CC.OO. y UGT le hicieron dos huelgas más a Felipe González: una de media jornada el 20 de mayo de 1992 por el recorte de las prestaciones por desempleo, y otra de 24 horas el 27 de enero de 1994 contra la reforma laboral diseñada por el Gobierno.

La quinta huelga general de la democracia fue el 20 de junio de 2002 contra un Gobierno del PP. José María Aznar, que llegó al poder en 1996, aprobó el llamado 'decretazo', por el que se modificaba la cobertura a los parados y se reducían los costes del despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación. La norma fue cambiada parcialmente durante su paso por el Congreso unos meses después de la huelga.

Diecinueve días de encierro en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio.

CC OO critica al Principado «por desviar contratos de cartografía a otras empresas»

Pino carga contra Sadim, Sodeco y el gerente de la SRP, Víctor González Marroquín, «por conocer la situación de Venturo XXI y no hacer nada»

Foto: Los trabajadores de Venturo XXI encerrados en el Ayuntamiento de San Martín recibieron ayer la visita de la alcaldesa de Langreo. ROMÁN

05.06.10 - MARTA VARELA | SOTRONDIO, en El Comercio.

El secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, Antonio Pino, visitó ayer a los trabajadores de Venturo XXI encerrados en el Ayuntamiento de San Martín y, tras el encuentro, manifestó que «la Administración regional es responsable directa y debe buscar con urgencia un socio capitalista». En su análisis, indicó que «los dueños no apoyaron todo lo que debían a esta cartográfica y tendrán que explicar por qué se desviaron contratos a otras empresas, como Huso 29 (propiedad también de los hermanos Coronado), en lugar de a Venturo XXI y por qué no se facilitó más trabajo». El responsable de CC OO indicó que «es necesario incrementar la presión y las movilizaciones para que Industria haga más de lo está haciendo». Eso sí, matizó que «vamos a contar en todo momento con la opinión de los trabajadores, que son los más importantes en este momento».

Pino cargó contra los socios públicos, que tienen el 49%: Sadim, Sodeco y la Sociedad Regional de Promoción (SRP), cuyo gerente es Víctor González Marroquín. «La situación actual es fruto de una mala gestión avalada por Marroquín, que forma parte del consejo de administración. Tanto él como los responsables de Sodeco y Sadim conocían la marcha de la empresa y no hicieron nada». En el plano positivo, los encerrados están recibiendo visitas a diario. En las últimas horas acudieron a compartir con ellos algunos minutos la asociación langreana Les Filanderes y una comisión del ejecutivo local langreano con su alcaldesa, Esther Díaz, al frente.

CC OO acusa a los promotores de Venturo XXI de desviar dinero de la firma a otra empresa

Antonio Pino denuncia que «Marroquín y Sadim avalaron la mala gestión» de la compañía y anuncia un aumento de «presión» en las movilizaciones

Sotrondio, L. M. D., en La Nueva España.

Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias acusó ayer a los promotores de Venturo XXI, los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado, de desviar dinero desde la empresa «a otras compañías de su propiedad», como Huso 29, la matriz del conglomerado empresarial. CC OO denunció además que esto se produjo con «el aval» de los socios públicos representados en el consejo de administración de la firma, la Sociedad Regional del Promoción (SRP) y Sadim.

El secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, visitó ayer a los trabajadores de Venturo XXI encerrados en el ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio como protesta por la situación que atraviesa la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores y sobre la que pesa un expediente de regulación de empleo que supondría el despido de 67 de los 73 empleados de la cartográfica. Antonio Pino afirmó que «Huso 29 facturó en varias ocasiones trabajos que realizó Venturo XXI», por lo que el dinero que generaba la empresa asturiana «no repercutía en sus cuentas». La cuantía de estos contratos «tendrá que determinarla el juzgado que lleva el proceso concursal», señaló Pino, pero «está claro que lo que ha ocurrido en Venturo XXI es fruto de una gestión nefasta, tutelada por el señor Víctor González Marroquín (presidente de la SRP y director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, el IDEPA) y por Sadim».

Antonio Pino se mostró partidario también de «apretar más» a la administración regional, para obligarla a que «intensifique la búsqueda de capital privado» para Venturo XXI, «la única solución para la empresa». El secretario general de CC OO de Asturias afirmó que «la administración es responsable» de la mala gestión de la empresa y que por eso «habría que aumentar la intensidad de las movilizaciones». Pino aboga para ello por unir a los trabajadores de varias empresas que atraviesan una mala situación, como por ejemplo «Chupa Chups o Duro Felguera». «Todas ellas son empresas con problemas latentes, por distintos motivos, pero los trabajadores pueden unirse para reivindicar una solución a su situación».

Desde CC OO de Asturias se incidió en que «la mala gestión de la empresa» contó con el «aval de Sadim, de Sodeco y de Marroquín» (SRP), que cuentan con el 21, el 7 y el 21% del capital de la empresa cartográfica, respectivamente. Pino explicó que desde el sindicato «no entendemos como la empresa, en su día, no hizo una clara apuesta por el mercado exterior, utilizando para ello herramientas que pone el Principado, como Asturex». Según Pino, la compañía «tenía carga de trabajo en España», que se vio ligeramente afectada por el inicio de la crisis, ya que «incluso la administración regional», añadió el sindicalista «tuvo además la oportunidad de otorgarle más contratos, pero se decidió por otras empresas». En todo caso, «si se hubiese apostado por salir al exterior, como parecía factible» el futuro de la empresa «podría haber sido otro».

«Está claro», añadió Antonio Pino, que «las administraciones son responsables, en parte, de esta situación, que amenaza a muchas familias». Por este motivo «deben hacer todo lo posible por encontrar capital privado que revitalice la empresa». Para ello, CC OO solicitará reuniones tanto con la SRP como con Hunosa (de quien depende Sadim) para conocer «en qué situación está la búsqueda».