PRENSA

Algo que ya hace tiempo anunciaron

El Colegio de Médicos lleva a los tribunales las nuevas unidades de gestión del HUCA

La entidad considera que no se ajustan a la legalidad al no haber sido aprobadas por el Consejo de Gobierno

05.06.10 –GIJÓN, en El Comercio.

Las nuevas unidades clínicas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han acabado en los tribunales. La demanda judicial ha sido presentada por el Colegio de Médicos, que desde un principio se manifestó en contra del proyecto que lidera la Consejería de Salud para modificar el actual funcionamiento de los servicios hospitalarios. La referida entidad busca impugnar esta nueva fórmula de gestión, que fusiona especialidades hasta ahora tradicionales, al considerar que no se ajusta a la legalidad vigente. Según explicó el abogado del colegio de facultativos, Javier Álvarez Arias de Velasco, las unidades de gestión como las habilitadas en el HUCA (en total suman nueve áreas) «deberían haber sido aprobadas por el Consejo de Gobierno, ya que así lo recoge el decreto que el propio Principado aprobó en julio de 2009». Además, el letrado detalló que varios de los requisitos que se exigen para convertirse en director de gestión del HUCA, como el de trabajar en exclusividad para la sanidad pública, «tampoco son legales».

Jefaturas de servicio

El Colegio de Médicos se ha hecho eco de las críticas y del malestar que dicho concurso ha generado entre los facultativos, principalmente, entre aquellos que tendrían que dejar de ejercer en la medicina privada. La constitución de áreas clínicas también causó resquemor entre los actuales jefes de servicio, que ahora tendrán por encima suyo a un coordinador, algo que no había ocurrido nunca en la sanidad pública asturiana. En todo caso, Álvarez recordó que la petición de exclusividad no respeta la legislación vigente. De hecho, el Colegio ya recurrió una norma similar incluida en el Plan de Recursos Humanos del Sespa.

No es la primera vez que la Consejería de Salud pretende implantar la dedicación exclusiva entre el personal facultativo. Ya en 2002 lo intentó mediante una ley, que meses más tarde tumbarían los tribunales. El asunto está ahora en manos del Constitucional. La convocatoria correspondiente a las plazas del HUCA afecta, de momento, a nueve áreas de gestión. Se trata de las de Laboratorio de Medicina, Nefro-Urología; Neurociencias, Pediatría, Pulmón, Salud Mental, Dermatología, Medicina Interna y Farmacia. El recurso del Colegio de Médicos apunta directamente a unidades que ya están en funcionamiento fusionadas y que, incluso, tienen director asignado desde el pasado mes de abril.

El Colegio de Médicos entiende que el organigrama que la Consejería de Salud ha diseñado para el HUCA y que será la piedra filosofal del nuevo hospital de La Cadellada, plantea un problema de autoridad, ya que habrá áreas que tendrán más de un responsable al frente. En varias de estas unidades de gestión, el nuevo coordinador que designe el HUCA tendrá que convivir con quien hasta ahora ejercía la jefatura. En esta situación, «los coordinadores no podrán dar órdenes a los jefes de servicio», advierte de antemano el abogado del Colegio de Médicos.

Pero las del HUCA no son las únicas áreas de gestión en conflicto. Las del Hospital de Cabueñes van por el mismo camino. En este caso, no será la entidad colegial la que recurra, sino el Sindicato Médico (Simpa). El centro hospitalario gijonés había sacado a concurso cuatro puestos de dirección clínica para las especialidades de Medicina Interna, Radiología, Cardiología y Salud Mental. Salvo esta última, las otras tres fueron dadas para atrás por el Servicio de Salud «por defectos de forma». Cabueñes fue obligado a rectificar y a hacer una nueva convocatoria. De momento, sólo ha vuelto a convocar el puesto de coordinador de Medicina Interna.

Los convocantes auguran el éxito de la Huelga del 8 de Junio

12 sindicatos convocan para el martes la huelga de funcionarios

Otro grupo de organizaciones, encabezadas por el SIMPA, están en contra porque «llega tarde y es un lavado de cara»

05.06.10 - E. A. | OVIEDO, en El Comercio.

Doce sindicatos, que aglutinan a más del 85% de los empleados públicos del Principado, anunciaron ayer, en una rueda de prensa, la convocatoria en Asturias de la huelga que el sector público llevará a cabo en toda España el próximo martes. Los convocantes criticaron con dureza los recortes aprobados por el Gobierno, que calificaron de «injustos, desequilibrados, antieconómicos y que afectarán a la negociación colectiva».

«Son parte del problema»

Además de la huelga general en el sector público, estos sindicatos (CC OO, UGT, CSIF, SUATEA, ANPE, UFP, SUP, CEP, SIPLA, UGC, la Asociación de Familiares y Simpatizantes por la Dignidad de los Guardias Civiles y CSI) convocan también una manifestación que tendrá lugar en Oviedo y que partirá, a las siete de la tarde, de la plaza de la estación de Renfe.

Otro grupo de sindicatos de funcionarios, entre los que se encuentra el SIMPA, USIPA, STAJ, ACAIP, SICEPA, USAE, SATSE, SIPU y USO, están en contra de esta convocatoria de huelga. El secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias, Antonio Matador, fue claro al señalar que «estamos en contra de la huelga porque llega tarde y es sólo un lavado de cara». Según explicó, «quienes convocan esta huelga son parte del problema porque hasta ahora estuvieron animando al Gobierno y no hicieron la convocatoria cuando debían. Saben que lo están haciendo mal y con esto sólo pretenden un lavado de cara».

Las centrales auguran el éxito de la huelga pese a la división sindical

USIPA plantea alternativas al paro, como una protesta de celo o dejar de consumir dos días a la semana

La Nueva España.  Oviedo, M. P. / P. G.

Los once sindicatos asturianos que apoyan la huelga del sector público prevista para el próximo martes en protesta por los recortes de los sueldos de los funcionarios auguraron ayer que la convocatoria será un «absoluto éxito», a pesar de que muchas de las centrales independientes, fundamentalmente en el sector sanitario, no secundarán el paro.

Por su parte, centrales como USIPA, con gran peso en el sector de la Administración, no apoyan el paro, pero sí otras medidas alternativas, como iniciar a partir del jueves «una huelga de celo o reglamento» y el «día sin consumo» dos días a la semana (martes y jueves).

«El problema no está entre sindicatos y trabajadores, es de la sociedad en general, porque todo esto lo va a pagar la ciudadanía», advirtió ayer Enrique Fernández (CC OO Enseñanza) en representación de los once sindicatos que apoyan la huelga, entre ellos UGT, CC OO, CSIF, SUATEA, SUP, UFP, CEP, SIPLA, UGC, la Asociación de Familiares y Simpatizantes por la Dignidad de los Guardias Civiles y ANPE. Fernández resaltó que los sindicatos convocantes «representamos el 85 por ciento de los trabajadores». Al mismo tiempo, las centrales consideran que este paro en el sector público es la antesala de «una huelga general que tendrá que plantearse antes de finales de este mes». Además, los sindicatos que apoyan el paro rechazaron la propuesta de servicios mínimos planteada por el Principado.

Las centrales sindicales consideran que los recortes de Zapatero han sido «desequilibrados», «antieconómicos» e «injustos», y que se ha puesto en marcha una campaña para «criminalizar y demonizar» a los funcionarios.

Sin fondos para la oficina judicial. El presidente del TSJ de Cantabria, César Tolosa, aseguró ayer que la crisis está influyendo de forma negativa en la implantación del nuevo sistema organizativo de la administración de justicia, la nueva oficina judicial. «La falta de fondos y la falta de posibles inversiones en el futuro como consecuencia de las medidas de recorte del Gobierno van a influir negativamente en la puesta en marcha de la oficina judicial», dijo.

UGT coincide con IU excepto en lo del IRPF por 60.000 € de ingresos anuales

UGT también reclama más presión fiscal

Propone recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, reactivar Sucesiones, aumentar el IVA en bienes de lujo e incrementar el IRPF

05.06.10 - E. ARENAS | OVIEDO, para El Comercio.

La Unión General de Trabajadores (UGT) también pide más presión fiscal para reducir el cuantioso déficit del Estado. Si anteayer la coalición Izquierda Unida (IU) dejó claro que la propuesta del Gobierno regional de subir el IRPF a quienes ganen más de cien mil euros al año quedaba corta y planteó un aumento para ingresos superiores a 60.000 euros, ayer UGT reclamó nuevas medidas relacionadas con los ingresos.

La reunión del II Comité de UGT de Asturias, celebrada en Oviedo, fue clara al pedir, en una de sus resoluciones, que «se deben producir medidas desde el lado de los ingresos y no exclusivamente desde el gasto». Los ugetistas plantean, en concreto, «la recuperación del Impuesto del Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el incremento del IRPF para las rentas más altas, así como el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida».

Sobre el incremento del IRPF para los más ricos, Braga quiso desmarcarse de la propuesta de Izquierda Unida. «La amenaza de gravar a los ricos -dijo- no vale para nada si se hace con seis meses de antelación porque en diciembre ya no habrá ricos en España. Esas cosas se hacen y no se dicen». Braga indicó también que «proponer que la subida de impuestos afecte a rentas de 60.000 euros sería negativo porque afectaría al consumo».

El II Comité de UGT de Asturias pidió también que la recuperación de la economía se asiente sobre un nuevo orden que esté «basado en la regulación y la supervisión del sector financiero, poniendo coto a la incertidumbre, la especulación, la inestabilidad y que se erradiquen los paraísos fiscales».

También UGT se pronunció sobre las medidas anunciadas por el Gobierno para ahorrar 50.000 millones de euros en tres años y, así poder hacer frente al déficit, y confirmó que habrá convocatoria de huelga general en el momento en que el Gobierno de Zapatero firme el decreto de reforma laboral. En el primer caso, UGT considera que las medidas contra el déficit «suponen el mayor y más radical ajuste y cambio de rumbo económico y social llevado a cabo por un Gobierno democrático en España».

Sobre la reforma laboral, Justo Rodríguez Braga indicó que «es el primer dique que quieren romper, pero no se van a conformar con eso», y auguró más recortes de los derechos de los trabajadores. «Hay quien habla ya de bajar las cotizaciones y hay que dejar claro que son parte de la retribución de los trabajadores y que no las hacen los empresarios», dijo.

Sobre la convocatoria de una huelga general, Justo Braga indicó que «en el momento en que se firme el decreto reuniremos a nuestros órganos y la convocaremos».

La “responsabilidad” entendida por el presidente incluye recurrir al “chantaje”, o por lo menos intentarlo ¿se dejará chantajear IU?

Álvarez Areces amenaza con su ’decretazo’ y aplicar un ajuste "más lesivo" para los funcionarios

05.06.10 – El Comercio.

El decreto, que pone en jaque el pacto de gobierno, contempla incluso aligerar las plantillas a través del despido de interinos

El Gobierno aplicará un ajuste «más lesivo» a los funcionarios si IU y PP tumban la ley en la Junta

La aplicación en Asturias del recorte del sueldo de los funcionarios decidido por el Gobierno central es de obligado cumplimiento. El presidente del Principado se encargó ayer de recordarlo varias veces y de varias formas. «Tenemos que cumplirlo», dijo Vicente Álvarez Areces en un primer momento. «Debemos contribuir», agregó después. «Y, sin duda, vamos a hacerlo», dijo con rotundidad, ya casi al final de su intervención ante el pleno de la Junta General. Dio dos opciones. La primera, «justa y dialogada», pasa por una reducción progresiva del salario de los empleados públicos, de forma que los más modestos se vean menos perjudicados y los más abultados sufran más la tijera. Sería a través de un proyecto de ley que necesita el ’sí’ del Parlamento para ser efectivo. La segunda, aparcada hasta ayer, es más rotunda. Areces advirtió de que, de fracasar la alternativa de consenso, resolverá el asunto a través de un decreto del Ejecutivo que impondrá un ajuste «más lesivo» para los trabajadores. La advertencia causó un profundo descontento en IU y deja en una situación harto complicada la relación con el PSOE y, por ende, el pacto de gobierno.

Tiene razón Areces cuando dice que la traslación a Asturias del recorte salarial impuesto por el Ejecutivo central es obligada. La cuestión es cómo hacerlo. Areces apeló ayer a la «responsabilidad» de los grupos políticos -sobre todo de IU, aunque sin nombrarla- para aprobar el proyecto de ley que el Gobierno presentará la próxima semana en la Junta. Por esa vía «se afectará menos a quienes menos tienen», se «moderará el impacto» de la medida y se intentará que «no impacte en lo sustantivo en los derechos de los trabajadores». Para lograr este objetivo, el presidente ofreció «diálogo» y recordó al Partido Popular que allí donde tiene margen de decisión «está aprobando el ajuste».

El problema es que la iniciativa tiene pocos visos de cuajar. El PP ya aclaró que votará en contra. «Rechazamos en el Congreso que se toque el sueldo de los funcionarios y lo haremos aquí», afirmó el portavoz adjunto, Joaquín Aréstegui. «Es un asunto del Gobierno, del PSOE y de IU», agregó. La coalición, mientras, ha dejado claro que sólo dejará pasar el proyecto -absteniéndose- si se aprueba una reforma fiscal en profundidad que suba más los impuestos a las rentas altas. Y, de momento, la propuesta de hacerlo para los sueldos de más de 100.000 euros se ve insuficiente.

De concretarse esta posibilidad, habrá decreto. Areces lo confirmó, y advirtió de que esta fórmula será «más lesiva» y tendrá «más coste desde el punto de vista de las personas». No fue más allá, salvo para decir que es algo «que no queremos hacer», pero que el Gobierno ejecutará si no queda otro remedio.

Areces no entró en detalles, pero las posibilidades no son muchas. Y sí dolorosas. Dado que a través de un decreto se limita la capacidad para actuar sobre los complementos -específico y de destino- hay que buscar otras vías. Que, en esencia, son tres. En primer lugar, al personal laboral se le aplicaría una rebaja lineal en el sueldo del 5%, sin posibilidad de hacerlo gradualmente. Además, sí se podría meter tijera en retribuciones variables como las horas extra, las guardias o los pagos por objetivos. Y, como tercera medida, se iría a un recorte de las plantillas, tanto dejando sin cubrir bajas, vacantes y vacaciones como prescindiendo de personal interino cuyas plazas se amortizarían.

«Rancia derecha»

IU entendió las palabras de Areces como una amenaza y respondió de forma escueta pero tajante: «Sólo la rancia derecha gobierna a golpe de decreto». El PP se frotó las manos ante la posibilidad de otro roce entre los socios. «Es la muestra de un Gobierno débil que tiene que recurrir a fórmulas extraparlamentarias», apostilló Aréstegui.

Lo cierto es que la definición de los ajustes económicos en Asturias abre un serio problema en las relaciones entre PSOE e IU. Ayer, al término del pleno, Areces se reunió en una sala con el secretario general de la FSA, Javier Fernández, y con el coordinador de IU, Jesús Iglesias. Y nadie salió de allí con buena cara. De hecho, la salud del pacto parece peligrar. «Se constataron profundas diferencias en el seno del acuerdo de gobierno», indicaron distintas fuentes próximas al encuentro. Al parecer, la reticencia socialista a subir más los impuestos a los sueldos altos supone un serio obstáculo para el entendimiento. Y la decisión de Areces de esgrimir el decreto salarial no ha hecho sino empeorar el ambiente.

Las cosas están así. El Gobierno prevé aprobar el proyecto de ley salarial la próxima semana y llevarlo de inmediato a la Junta para su tramitación. Pero aún saliendo adelante, es más que probable que no llegue a tiempo para las nóminas de junio y el recorte se concentre en las seis pagas siguientes.

Areces advierte a IU de que aprobará el ajuste por decreto si no logra su apoyo en la Junta La coalición se une al PP para pedir a Zapatero que no congele pensiones

Fracasa un encuentro entre el Presidente, Javier Fernández y Jesús Iglesias para acercar posturas
IU deja solos a sus socios del PSOE en la defensa del paquete de medidas anticrisis del Gobierno central
Los socialistas no creen que «vayamos a tener que echar a los socios del Gobierno, se abstendrán»

Oviedo, J. A. O. / J. E. M., en La Nueva España

Vicente Álvarez Areces respondió ayer con contundencia a la amenaza vertida por sus socios de IU de paralizar el plan de ajuste en la Junta General apoyándose en el voto del PP. El Presidente está dispuesto a firmar un decreto para sacar adelante la medida en solitario, en el caso de que no cuente con apoyos en el Parlamento. Y ello pese a reconocer que se trata de una vía que «endurecerá el impacto del recorte salarial al funcionariado». «El ajuste lo sufrirán especialmente los sueldos más bajos, porque el descuento será lineal, el mismo porcentaje para todos, y no por tramos», explica el PSOE.

Los socialistas aseguran que el ajuste es de «obligado cumplimiento» y «urgente», dado que la reducción salarial a los funcionarios debería aplicarse ya en la nómina de junio, algo que ahora queda en el aire por la escasez de tiempo. Su intención es sacarlo adelante con el apoyo de IU, toda vez que el PP ya ha anunciado que votará en contra. La coalición ha dejado claro que no comulga con el programa socialista, pero que estaría dispuesta a apoyarlo si se complementa con otras medidas, entre ellas que la subida de los tramos autonómicos del IRPF sea para las rentas superiores a los 60.000 euros anuales y no por encima de los 100.000 euros como prevé el PSOE. El secretario general de la FSA, Javier Fernández, y el propio Areces mantuvieron ayer mismo un encuentro con Jesús Iglesias, coordinador regional de la coalición, para acercar posturas. Aunque desde el PSOE se llega a mostrar cierta disposición a incrementar la presión fiscal sobre las rentas más altas, como le pide IU, el encuentro no ofreció resultados positivos. «Las posturas están muy alejadas y las discrepancias son graves y de calado», precisaron fuentes del Gobierno.

Pese a las dificultades, el PSOE tiene previsto llevar el ajuste al Parlamento autonómico «la semana que viene» y garantiza que «saldrá adelante, sea con el respaldo del resto de fuerzas o sin él». En este último caso, el PSOE advierte de que la vía del decreto, que considera «no deseable», supondrá una traslación «pura y dura» de la normativa estatal, algo que impediría aplicar modulaciones progresivas en los recortes salariales. La reducción general sería del 5 por ciento para todos los trabajadores, independientemente de lo que cobren. «IU verá qué hace, porque si se empeña en votar que no con el PP puede perjudicar a muchos funcionarios, y, sobre todo, a los que menos cobran», señalan desde el PSOE.

Antes de reunirse con Iglesias, Vicente Álvarez Areces lanzó un llamamiento a la «responsabilidad» de las fuerzas políticas asturianas para llegar a un acuerdo que impida tener que acudir al decreto para sacar adelante el recorte. «Nosotros no queremos hacer eso. Que quede claro que queremos hacerlo de una manera mucho más racional, moderada y equitativa», subrayó en respuesta a una interpelación del PP. Además, el Presidente quiso dejar claro que, aunque sea una medida «dolorosa», la «reducción de retribuciones supone un mandato básico del decreto-ley recientemente convalidado en el Congreso de los Diputados».

Aunque Areces pone el decreto encima de la mesa, fuentes socialistas se muestran convencidas de que, finalmente, IU no unirá sus votos a los del PP para paralizar el ajuste en la Junta General. «No vamos a tener que echarlos del Gobierno, porque se abstendrán», indican desde el PSOE en respuesta al órdago lanzado la víspera por Jesús Iglesias. En una comparecencia junto al secretario de CC OO, Antonio Pino, el coordinador de la coalición aseguró el jueves, en alusión al PSOE y a sus medidas de ajuste: «Hay que repartir los esfuerzos y, si no, que no cuenten con nosotros, o si quieren, que nos echen del Gobierno».

A la espera de concretar en detalle los términos del ajuste, el consejero de Salud, Ramón Quirós, aseguró ayer que el Gobierno de Asturias hará todo lo posible para reducir al «mínimo» el impacto del ajuste presupuestario en el funcionamiento de los servicios sanitarios. En Gijón, el Consejero admitió que la situación «es difícil», aunque «el Gobierno está estudiando en detalle cómo se va aplicar el ajuste» teniendo en cuenta que la sanidad «es un servicio básico esencial que marca la diferencia». Para IU, el ajuste castigará a los ciudadanos al empeorar los servicios públicos.

Oviedo, J. A. O., en La Nueva España

Nuevo desencuentro entre los socios del Gobierno regional.

IU unió ayer sus votos a los del PP en el Parlamento autonómico, dejando en minoría al PSOE, en este caso para afear a los socialistas su decisión de congelar las pensiones retributivas. En concreto, el respaldo de la coalición permitió a los populares sacar adelante una moción en la que se insta a la Junta General a solicitar al Gobierno central la anulación de tal medida.

El coordinador regional de IU, Jesús Iglesias, justificó la divergencia de postura con sus socios socialistas «no por entusiasmo ante la propuesta del PP, porque no creemos que sea sincero su interés en defender el sistema público de pensiones», sino porque, a su juicio, la congelación «es una medida injusta y con alternativas». Además, recordó que «IU ya se opuso en el Congreso al paquete de medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit».

Encargado de defender la moción, el diputado popular Joaquín Aréstegui aseguró que «en el ámbito regional, más de 35.000 pensionistas por incapacidad y otros 165.000 que cobran más de mil euros perderán unos 350 euros al año, mientras que otros 85.000 pensionistas por viudedad, con una media de 620 euros, perderán 150».

El socialista Álvaro Álvarez precisó en su intervención que el Gobierno «no ha decidido rebajar las pensiones, sino congelarlas para 2011, pero sin afectar a las no contributivas ni a las más bajas».

La Junta también aprobó ayer, en esta ocasión por unanimidad, solicitar al Gobierno que convoque una reunión del Pacto de Toledo.

 

Responsable es aquel que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas ¿conocéis a alguien así en nuestro gobierno?

Areces apela a la responsabilidad para sacar adelante el plan de ajuste

RTPA

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha apelado hoy a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas para sacar adelante el plan de ajuste planteado para la administración autonómica por importe de 210 millones de euros, que incluyen el recorte salarial para los empleados públicos.

La aplicación del decreto del Gobierno central para rebajar en un 5 por ciento el coste salarial en las distintas administraciones obligará a tramitar un proyecto de ley en el Parlamento regional que podría verse rechazado en caso de que el PP e IU, socio de gobierno del PSOE, votasen en contra de la iniciativa

 Según el jefe del Ejecutivo, el ajuste es "doloroso" pero imprescindible para reconducir el déficit público y las comunidades autónomas deber ser "serias, coherentes y responsables" porque son "parte del Estado" y estas medidas contribuirán a mejorar la economía española y la consideración exterior de su solvencia.

"Si empeoramos, a este país le costaría miles de millones de euros que sólo pagaríamos a los bancos y eso no creo que sea un buen negocio", ha indicado Areces que ha abogado por "dar pruebas" de que España "cumple sus compromisos y sabe hacer sacrificios".

En el caso de Asturias ha recordado que el Principado podría disponer de una mayor capacidad de endeudamiento al ser la segunda comunidad menos endeudada, pero que las administraciones "no pueden permanecer ajenas" a la actual situación de crisis.

Para el presidente asturiano, aunque en ocasiones "no se haya explicado bien las cosas", en estos momentos es necesario ser "serios" y no recurrir "al juego político de erosionar al contrario y de hacer demagogia" planteando la necesidad de rebajas fiscales.

"Desgraciadamente ese sentido de la responsabilidad no lo tienen todas las fuerzas políticas y algunas piensan más en sus intereses de partido que en los del país", ha apuntado.

A su juicio, una administración pública como la asturiana que recauda 400 millones de euros menos que hace unos años resulta "imposible de sostener" y debe "adaptarse a la situación, adelgazar y no expanderse" ante el riesgo de no tener "ingresos suficientes par hacer frente a los servicios" que presta.

Para Areces, aunque no vaya a ser "agradable para nadie que le recorten su salario", la aplicación de esta medida es un "imperativo" de un Estado de Derecho y se sitúa en la línea de las que se están adoptando en el resto de Europa.

El recorte de 210 millones en Asturias se hará, ha asegurado, "con mesura y racionalidad" buscando el objetivo de "salir fortalecidos de la crisis", sosteniendo el modelo social y aplicando recursos para seguir "alimentando" la economía productiva con licitaciones "aunque no se podrá mantener el nivel de los últimos años".

El Gobierno regional deberá llevar ante la junta General del Principado su propuesta de recorte salarial para los empleados públicos y el ejecutivo se enfrenta a dos problemas que pasan por la premura en el tiempo y la falta de apoyo en el parlamento

Empezando por sus socios de gobierno, IU-BA-Los quieren mantener la postura defendida en Madrid, en la votación del Real Decreto que impulsa este recorte donde la coalición votó en contra.

El coordinador de IU, Jesús Iglesias asegura que Izquierda Unida apoyará el recorte de los salarios siempre que se realicen además otras propuestas.

Por su parte, el PP de Asturias se opondrá a la aprobación de estas medidas y mantienen que el recorte no debe afectar a los salarios y sí a otras partidas

El grupo socialista respaldará al gobierno y reclama responsabilidad de sus compañeros en la Junta. Por su parte, el Gobierno confía en la aprobación parlamentaria, y matiza que el ahorro es obligado para mantener los servicios públicos.

El Real decreto del recorte, y por tanto la rebaja del salario de funcionarios, deberá ser efectiva en la próxima nómina. Así las cosas la alternativa pasa por tramitar el proyecto de ley de forma urgente o como lectura única, esta opción no permitiría incorporar enmiendas.

Nuevo escenario para las cuentas generales.

ENLACE CON LAS DECLARACIONES OFICIALES DE LA CONSEJERA

El ajuste superará los 300 millones de euros, más de 100 en inversión

El Sespa asumirá el mayor recorte en personal y gasto con 40 millones.

La merma en Infraestructuras obligará a ralentizar y posponer obras.

La Voz de Asturias. 03/06/2010 E. G. BANDERA 

El Principado ya tiene un planteamiento inicial para afrontar el ajuste económico al que obliga el déficit público, que superará los 300 millones de euros. Por un lado, se recortarán 210 millones de euros en el capítulo presupuestario de personal y gasto corriente y, por otro, se perderán más de 100 millones de euros en inversiones, a las que el Gobierno regional iba a destinar en 2010 un total de 1.283,4 millones de euros. La principal consejería afectada por la merma inversora será la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en la que el recorte obligará a ralentizar y posponer obras previstas.

El recorte de 210 millones de euros, además del obligado 5% en los salarios de los 32.000 empleados de la Administración autonómica, se traducirá en una política de austeridad que limitará el gasto diario a lo imprescindible en cada departamento. El mayor recorte, en este sentido, será asumido por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), en donde alcanzará los 40 millones de euros. El paso siguiente será abordar un adelgazamiento del sector público, que afectará a todas las empresas, organismos y entes públicos, que también tendrán que reducir el gasto corriente a lo imprescindible.

"EQUITATIVO Y ESCALONADO"

Este es el nuevo escenario presupuestario que ayer se ponía sobre la mesa en el Consejo de Gobierno y que, en el caso del gasto corriente y de personal, deberá plasmarse en un proyecto de ley que será sometido a votación en el Parlamento asturiano. En el apartado de personal, el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros afecta únicamente a la base y a la antigüedad de los salarios de los empleados públicos, con lo que el Principado quiere definir en ese proyecto de ley un recorte "equitativo y escalonado" a través del resto de conceptos retributivos.

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, explicó ayer que el presidente regional, Vicente Alvarez Areces, propuso al Consejo de Gobierno cumplir con el objetivo final del 5% pero de manera que afecte "menos a quienes reciben los salarios más bajos dentro de la Administración". Migoya insistió en que una parte del recorte retributivo ya viene dada por el decreto-ley y que el Principado tiene ahora como margen de trabajo el resto de conceptos con la idea de lograr un ajuste en el que las líneas maestras sean la equidad y el equilibrio. "Vamos a trabajar en la línea de afectar a todos los conceptos retributivos, lograr el objetivo que marca el Gobierno de España y hacerlo de manera equitativa y justa en esa redistribución, de forma que los que más cobren tengan más ajuste y los que menos, se vean menos afectados", reiteró Migoya.

Y lo mismo en el personal laboral del Principado, para los que la ley prevé también un recorte del 5% en todos los conceptos retributivos, salvo que en el marco de la negociación colectiva de cada autonomía se llegue a un acuerdo de distribución diferente. Migoya explicó que esta puntualización para el personal laboral se incluyó en el decreto ley a petición de comunidades autónomas como Asturias y que, así, "vamos a explorar esa posibilidad en un marco de diálogo social y de negociación con los sindicatos en la mesa general para que ese escalonamiento llegue también a los laborales".

Con estas premisas sobre la mesa, indicó que ahora son las consejerías de Administraciones Públicas y Economía las que tienen una mayor responsabilidad en la confección de este plan de ajuste, siendo la que depende de Jaime Rabanal la que tiene que elaborar el proyecto de ley. El ajuste en las retribuciones del personal es urgente, puesto que tiene que aplicarse en la próxima nómina de junio y afectará a ocho, incluyendo la paga extraordinaria de Navidad.

Qué ocurrirá si PP e IU-BA-LV, como es previsible, no apoyan ese proyecto ley que modificará la de los presupuestos generales de 2010 para afrontar el recorte en los salarios? "No vamos a adelantar acontecimientos ni puedo prejuzgar el criterio soberano del Parlamento asturiano", dijo Migoya, que aseguró ayer que "siempre hay sintonía" con los consejeros de IU-BA-LV.

IU rechazará el proyecto de ley si supone "recorte de derechos"

La FSA afirma que este debate debe llevarse al seno del Gobierno regional.

03/06/2010 E. G. BANDERA, en La Voz de Asturias

Izquierda Unida de Asturias tiene claro que se opondrá frontalmente a un proyecto de ley que "suponga un recorte de derechos", aunque considera que la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un "primer paso" fruto de la presión de la coalición de izquierdas que ha venido apoyando esta medida "desde hace mucho tiempo". Sin embargo, aún es "insuficiente", según aseguraba ayer el coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, que consideró necesaria una modificación fiscal más "ambiciosa" y que, en el caso del IRPF, afecte, de forma progresiva, a quienes perciban más de 60.000 euros al año. En Asturias, más de 13.815 personas perciben unos ingresos anuales superiores a los 60.000 euros.

Iglesias consideró que debe exigirse ese esfuerzo a esos casi 14.000 asturianos que tienen "capacidad suficiente para afrontarlo" e incidió, de paso, en que entre ellos se encuentra la clase política, que debería "dar ejemplo de ello" y "teniendo en cuenta los niveles medios de ingresos de los diputados y de los miembros del Gobierno plantearnos que el incremento del IRPF sea a partir de los 60.000 euros".

Además, consideró que la propuesta se queda coja y debería ser más amplia, afectando también a otros tributos, tal y como ha venido demandando IU-BA-LV en las reuniones del pacto del Gobierno y en las previas a la elaboración del presupuesto. Asimismo, consideró que debe realizarse un mayor esfuerzo de austeridad, reduciendo lo superfluo, tal y como tiene previsto en todo caso la parte socialista del Gobierno.

Desde IU también advertían ayer de que se mantiene una "discrepancia absoluta" con la política de abordar el déficit público a través del recorte de los gastos. Y, de hecho, ayer trasladaron a sus socios de gobierno que no van a tener su apoyo si se hace frente a la crisis sólo por la vía del gasto. Y mucho menos admitirán que los recortes supongan una merma en los servicios públicos, "que impliquen más listas de espera en los hospitales, el deterioro de la escuela pública o dejar en papel mojado la Lay de Dependencia".

Y, si el proyecto de ley que se someterá a votación en la Junta incluye estas premisas negativas, IU votará en contra: "No podemos ni plantearnos apoyar en ningún caso ese tipo de medidas", Además, emplazan a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) a abordar desde la izquierda una salida "más justa y en la que se repartan más los sacrificios". Desde la FSA, respondían ayer que "las decisiones que deban adoptarse deberán tomarse en el seno del Gobierno". Y, en ese marco, IU tiene claro que no va a eludir el debate sobre el recorte de gastos, para el que los socialistas tienen clara su postura favorable, aunque reiteran que el marco adecuado es el propio Ejecutivo. Entienden que este punto es coincidente con su política fiscal ante la crisis, como ya adelantó Javier Fernández.

El Principado subirá el IRPF a los 6.000 asturianos que ganan más de 100.000 euros

Contempla un alza de hasta tres puntos y estudia avanzar en la fiscalidad ’verde’ o retocar Sucesiones y Transmisiones

03.06.10 -A. SUÁREZ, OVIEDO, en El Comercio.

El Principado tomará la senda abierta por Cataluña y Baleares y también subirá los impuestos a las rentas altas. En concreto, a aquellas que tributen más de 100.000 euros al año, tal y como propuso ayer el presidente, Vicente Álvarez Areces, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. La medida tiene un carácter más ejemplarizante que recaudatorio, ya que afectará a unos 6.000 asturianos y permitirá ingresar entre 15 y 20 millones de euros, y no está del todo cerrada. Por dos razones. Primero, porque se estima que se aplicará a través de un incremento de tres puntos en el tipo máximo del IRPF, que pasaría del 43% al 46%, si bien ese porcentaje es aún objeto de negociación. Y segundo, porque IU, socio del PSOE en el Ejecutivo, es mucho más ambiciosa. Reclama que el repunte tributario se extienda a las rentas por encima de los 60.000 euros y toda una batería de reformas que afecten a impuestos como Sucesiones o Transmisiones y desarrollen la fiscalidad ’verde’.

Lo que sí es una evidencia es que las reivindicaciones de una subida de impuestos planteadas en los últimos días por la Federación Socialista Asturiana y por Izquierda Unida ya han encontrado acomodo en el Gobierno. El pasado viernes, el consejero de Economía, Jaime Rabanal, ya dejó entrever, aunque con la boca pequeña, que la posibilidad de imitar a Cataluña y penalizar a las rentas altas podría abrirse camino. Esa opción se concretó ayer. En la primera sesión del Consejo de Gobierno que de verdad abordó el escenario de recortes económicos a ejecutar en las próximas semanas, Areces planteó la conveniencia de subir el IRPF a los asturianos que ingresan más de 100.000 euros al año. Medida que comenzará a aplicarse en la próxima campaña de la renta.

La portavoz del gabinete, Ana Rosa Migoya, lo justificó así: «El Gobierno no va a quedarse sólo en el recorte del gasto, también actuará por la vía de los ingresos porque todo el mundo debe contribuir a salir de esta situación». Esto es, vino a decir que si el severo ajuste recortará las posibilidades de pensionistas y funcionarios a través de la rebaja y congelación de sus percepciones, también es conveniente que quienes tienen unas retribuciones más elevadas colaboren en el objetivo de superar la crisis.

Discrepancias

La presentación pública del incremento fiscal constató, en todo caso, serias discrepancias entre los socios de gobierno. Porque mientras Ana Rosa Migoya ’vendió’ la subida del IRPF como una propuesta propia de Areces, IU asumió el mérito y dijo que la «presión» ejercida en los últimos días ha sido clave para que el ala socialista del Gobierno diera el paso.

Porque para IU es eso, un paso. «Un primer paso, pero todavía insuficiente», precisó su coordinador, Jesús Iglesias, que recordó que su formación ha puesto sobre la mesa la necesidad de introducir cambios fiscales en las últimas negociaciones para formar gobierno y en los sucesivos debates presupuestarios, sin éxito. Hasta ahora. El escenario ha cambiado. Y, curiosamente, será en las tres regiones donde IU tiene peso en el Gobierno -Asturias, Cataluña y Baleares- donde habrá subidas de impuestos.

Pero IU quiere más. Considera que el umbral a partir del cual las rentas deben experimentar la subida de impuestos tiene que bajar de los 100.000 euros anunciados ayer a 60.000. El incremento del IRPF sería progresivo, en función de los sueldos, y se crearía una figura especial para las rentas superiores a los 600.000 euros.

Y, asimismo, Iglesias pretende que el retoque no se quede únicamente en el IRPF, sino que sea más profunda y afecte a figuras como los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a la tasa del juego, e implique el desarrollo de la llamada fiscalidad ’verde’. «Es necesaria una reforma más amplia, dentro del marco competencial autonómico», opinó el máximo responsable de IU.

Reunión ’caliente’

Preguntada por la posibilidad de llevar a la práctica algunas de estas medidas, Migoya no se cerró en banda e indicó que el Ejecutivo estudia algunas de estas medidas. «No descartamos otros retoques», dijo, sin querer ir más allá.

La postura exigente de la coalición hace prever un mes de junio ’caliente’ en la política regional. De hecho, la reunión de ayer del Consejo de Gobierno ya evidenció algunos roces. Fuentes de la coalición precisan que, en su exposición inicial sobre el escenario económico y los ajustes a aplicar, la parte socialista no presentó ninguna propuesta concreta de incremento del IRPF. Y que ese planteamiento no se produjo hasta que los consejeros de IU advirtieron de que sin una subida fiscal a las rentas altas el panorama político se complicaría muchísimo. «Fue entonces cuando Areces aludió a la subida del IRPF, a modo de primer gesto, pero se le recordó que las cosas no se pueden quedar ahí y que deben ir más lejos», agregaron fuentes de Izquierda Unida.

Es verdad que en el seno de la coalición hay ya cierto hastío respecto a otro asunto, la tardanza de la Consejería de Economía en darles traslado de sus previsiones para realizar el ajuste de 210 millones de euros exigido por el Gobierno central para cumplir con los planes de reconducción del déficit público. Tampoco ayer Rabanal trasladó cifras concretas, según estas mismas fuentes. «Se equivoca la parte socialista del Gobierno si cree que vamos a negociar los recortes a ciegas», añaden. Y remachan: «No tenemos prisa, el PSOE no va a marcar los tiempos; no se negociará ni se decidirá nada mientras no tengamos los papeles». Los consejeros de IU, de hecho, trasladaron su rechazo «nítido y radical» al ala socialista por su forma de actuar en este asunto.

Respecto a cómo desarrollar ese ajuste, a qué partidas meter tijera y cuáles salvar, Izquierda Unida tiene las cosas muy claras. «Es necesario un mayor esfuerzo de austeridad, reduciendo todo lo superfluo», aseveró Iglesias. El recorte, sostiene el socio minoritario de gobierno, «no puede suponer más listas de espera en hospitales ni decisiones que dejen en papel mojado la ley de dependencia».

El PP se queja

Respecto a la conveniencia de esos recortes también se pronunció el PP. Su presidente, Ovidio Sánchez, apostó por priorizar la supresión de partidas presupuestarias prescindibles en lugar de optar por incrementar los impuestos a las rentas altas. «Hay que eliminar gastos superfluos», dijo, y anunció que mantiene su intención de, en caso de que los populares lleguen al Gobierno regional, se privatice la televisión pública asturiana «porque es lo razonable».

Según los cálculos del PP, por otro lado, los 294.270 pensionistas de la región perderán 836 euros de poder adquisitivo al año a raíz de la decisión del Gobierno central de congelar sus percepciones. «Es un atraco a los pensionistas», clamó Sánchez.

La Manifestación de ayer en los medios de comunicación...

2.500 funcionarios se concentran en Oviedo ante el ajuste salarial

Anuncian nuevas manifestaciones y piden la dimisión de Zapatero.

La Voz de Asturias, 03/06/2010 C. GARCIA

 

Los empleados públicos asturianos salieron ayer a la calle para mostrar su rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno de España que prevé un recorte en sus salarios. La manifestación, en la que según estimaciones de la Policía Local participaron 2.500 personas y la organización, unas 2.000, partió de la estación de Renfe en Oviedo.

La marcha, convocada por CSI, Satse, Simpa, Usae, STAJ, CSIF, USO, Usipla, Sicepa, SIPU, ANPE, Acaip y Suatea, recorrió el centro de la capital asturiana hasta Delegación de Gobierno, en Plaza de España, donde leyeron un comunicado. Bajo el lema, ´En Defensa de los Servicios públicos, por unos salarios y pensiones dignos, contra los recortes salariales´, los manifestantes al grito de "Zapatero dimisión", "Zapatero embustero" se quejaron, entre otras cosas, de que "especuladores, bancos, grandes corporaciones internacionales, grandes fortunas e instituciones privilegiadas, siguen impunemente aumentando sus beneficios y utilizando el dinero de todos para lucrarse sin sonrojo". También de que "seamos nosotros los que paguemos una crisis de la que no tenemos ninguna responsabilidad".

Además, aprovecharon esta primera protesta para anunciar nuevas movilizaciones. También para recriminar la actitud de UGT y CCOO que no estuvieron presentes en la manifestación.

El responsable del sector de Justicia de CSIF Asturias, Luis Pérez, señaló que las medidas suponen un "agravio comparativo" respecto a otros trabajadores. "Las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar quietas", puntualizó.

 

Contra el recorte salarial

Cientos de funcionarios se manifiestan en Oviedo

La marcha, que partió desde la estación de Renfe, transcurrió con consignas de los manifestantes del tipo "Zapatero, dimisión" o "Manos arriba, esto es un atraco"

 

La Nueva España

Cientos de funcionarios se manifestaron hoy por el centro de Oviedo para mostrar su rechazo a las medidas incluidas en el decreto aprobado por el Gobierno de España que afectan a empleados públicos y pensionistas. La marcha, que partió desde la estación de Renfe de Oviedo, transcurrió con consignas de los manifestantes del tipo "Zapatero, dimisión" o "Manos arriba, esto es un atraco".

Las organizaciones sindicales convocantes son CSI, Satse, Simpa, Usae, STAJ, CSIF, USO, Usipla, Sicepa, SIPU, ANPE, Acaip y Suatea-SF. La manifestación concluyó en la Plaza de España. Al concluir, se leyó un manifiesto en el que acusaron al Gobierno de "culpar" a los empleados públicos y los pensionistas de la situación económica, haciendo que paguen una crisis "de la que no tienen ninguna responsabilidad".

Mientras tanto, se quejaron de que "especuladores, bancos, grandes corporaciones internacionales, grandes fortunas e instituciones privilegiadas, siguen impunemente aumentando sus beneficios y utilizando el dinero de todos para lucrarse sin sonrojo".

Hablaron de una "campaña de desprestigio" contra el sector público y dijeron que los recortes en materia de servicios públicos "que ya se padece en Asturias" constituyen una política que conduce "al desastre" y que no resuelve los problemas, como el paro o la precariedad laboral.

Exigieron así la retirada de las medidas incluidas en el decreto aprobado por el Gobierno, porque van a suponer "un empeoramiento de las condiciones laborales y una merma brutal de la atención a la ciudadanía de la que los servicios públicos son garantes".

El responsable del sector de Justicia de CSIF Asturias señaló, en declaraciones a los periodistas antes de comenzar la manifestación, que las medidas suponen un "agravio comparativo" respecto a otros trabajadores. "Las organizaciones sindicales no nos vamos a quedar quietas", subrayó. Además, advirtió que la reforma laboral pendiente de aprobarse puede incluir medidas aún más agresivas para los empleados públicos. "No lo vamos a consentir", aseguró. Por su parte, la responsable de Satse en Asturias, Margot Marqués, consideró "injustas" las medidas y señaló que no van a servir para sacar al país de la crisis.

Entrevista en La Nueva España a Enrique Moreno, Cirujano, presidente del jurado del premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica

«Es imposible que quiebre algo tan importante como la sanidad pública»

«Hay médicos que pueden ser jubilados y otros que no; depende de las contribuciones de cada uno»

Oviedo, P. Á.

Enrique Moreno (Madrid, 1939) es uno de los cirujanos más destacados del país. Especialista en trasplante hepático, ganó el premio «Príncipe de Asturias» de Investigación Científica y Técnica en 1999 y preside el jurado que hoy otorgará en Oviedo este mismo galardón.

-¿Está la sanidad pública en riesgo de quiebra?

-Tenemos una sanidad pública excelente. Soy presidente del Consejo Superior de Medicina de la Comunidad de Madrid y puedo decir que, al menos en Madrid, la sanidad no tiene ningún atisbo de quiebra. Podría quebrar la Seguridad Social, quebrar la estructura financiera del Estado, podría quebrar la confianza de otros países en la economía española, pero es imposible que algo tan importante como la sanidad pública pueda quebrar.

-¿Ve necesarias fórmulas de copago?

-Llegará un momento en el que no ya los agentes sociales, sino la sociedad misma pedirá cuentas al Estado de lo que se está haciendo con lo que se recauda por vía de impuestos. Creo que no hay nadie interesado en que desaparezca la sanidad pública. Es muy importante. La actividad privada y las compañías de seguros son complementarias. Todas las personas y todas las familias tienen que saber lo que pueden ingresar y lo que pueden gastar, y darse cuenta de que no es bueno tener una farmacia en casa. Hay personas que utilizan mal los fármacos. Pero hay familias con salarios modestos que, si les aplicas un copago y tienen tres hijos con enfermedades crónicas, no podrían pagarlo.

-Habría que discriminar según el nivel de recursos.

-La mejor forma de discriminación sería siempre por vía de impuestos. Para que una sociedad funcione tenemos que llevar bien las cuentas con Hacienda, y luego exigir a nuestros gobernantes que distribuyan de forma correcta el dinero que recaudan. Hay familias que viven muy mal, con varios hijos, el marido y la mujer trabajando con sueldos que no llegan a nada. Se están esforzando por la sociedad porque tienen varios hijos, están educándolos y lo único que hacen es trabajar. Esas personas no podrían entrar nunca en un copago; esas personas son casi de matrícula de honor. Siempre hay sistemas para saber lo que cada uno está dando al Estado.

-Usted tiene 71 años y sigue realizando cirugías largas. En Asturias se ha implantado la jubilación obligatoria a los 65 años.

-No creo que esté mal la implantación de una jubilación. Hay personas que pueden ser jubiladas y otras que no. Hay personas que a la sociedad no le perjudica que se jubile por lo que están haciendo y hay otras que lo que están haciendo es más importante. Tengo amigos en Estados Unidos, como Thomas Starzl, que con 82 años sigue siendo director del Instituto Starzl de Pittsburgh, que se dedica sólo a los trasplantes, y sigue operando. Depende de las contribuciones que haga cada uno. En la Comunidad de Madrid se ha aprobado un decreto por el cual se nombrarán progresivamente profesionales eméritos. Hay que enviar un currículum y decir para qué quiere uno seguir. Tiene que presentar un proyecto de cinco años. Pero no se le da para cinco años, se le da para dos y luego se prorroga año a año, dependiendo de lo que haga. El factor más importante es que tiene actividad clínica, que también está sometida a control para saber si esa persona ejerce bien clínicamente. En ese proceso es muy importante la valoración del gerente del hospital, que puede decir si al hospital le conviene que siga o no.

-¿Cómo ve la nueva normativa del aborto y el papel decisorio que otorga a los médicos en los casos de chicas menores?

-En una situación en la que la economía falla, en la que está fallando la educación, en la que la sociedad está, en general, en crisis, es muy importante no centrarse en debates que no arreglan los problemas reales. España no tiene problemas con la ley actual del aborto. La sociedad tiene que decir al Estado: no me distraigan con campañas publicitarias, no me intoxiquen. Pero es cierto que se está coaccionando demasiado a los médicos.

-El debate es amplio.

-Tampoco el aborto tiene que resolverse de aquí a diciembre. Es una cuestión de educación de las personas. Un problema generacional, un problema de la sociedad. Recuerdo que un amigo norteamericano, muy relevante, cuando estaba en discusión la reforma sanitaria de Hillary Clinton, me dijo: «No habrá reforma sanitaria de la forma que Hillary Clinton quiere porque en Estados Unidos la mayor parte de las personas, por nuestra índole religiosa, somos muy prácticas y las cosas importantes no se las dejamos a los políticos ni a los gobiernos». Me escandalizó, pero luego entendí que se requiere un mayor nivel de participación de la sociedad en las cosas importantes. No se le pueden dar a un país las cosas hechas.

-Usted es catedrático de Universidad. ¿Cómo ve la aplicación del «plan Bolonia»?

-A los italianos, a los alemanes o a los ingleses no es una cuestión que les preocupe mucho. Sin embargo, en España se ha organizado un lío tremendo.

-¿Es escéptico?

-No escéptico, pero creo que las universidades no pueden cambiar las veces que están cambiando aquí. Vea la cantidad de veces que ha cambiado en los últimos años el sistema de provisión de algo tan importante como la provisión de plazas de profesores y catedráticos. Es imposible.

-¿Están los cirujanos madrileños molestos porque el Rey haya querido operarse en Cataluña?

-Lo que se le ha hecho podría habérsele hecho perfectamente en Sevilla, incluso con mejor clima, pero eligió Cataluña. Ha elegido bien a los médicos, ha elegido bien el hospital. Y creo que es bueno que no tenga que operarse en Madrid, sino que tenga la absoluta libertad de elegir donde quiera. Su Majestad está haciendo uso -lo cual es bueno- de la sanidad pública y, además, elige el centro y los médicos que quiere, lo cual es buen ejemplo para que todos puedan hacer lo mismo.