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PRENSA

Noticias que empiezan a dejar de serlo … ¡buena señal!

Noticias que empiezan a dejar de serlo … ¡buena señal!

Contenidos del contrato programa

Salud logra por fin los centros de primaria necesarios para iniciar la «reforma Quirós»

El Sespa consigue que cinco centros pongan en marcha el proyecto piloto que implica ofrecer asistencia de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, para la Nueva España

Sangre, sudor y lágrimas le ha costado -si se permite una cierta exageración- a la Consejería de Salud del Principado poner en marcha el plan piloto de reforma de la atención primaria que propugna el departamento dirigido por Ramón Quirós.

La Administración sanitaria ha conseguido, por fin, convencer a cinco centros de salud -e incluso a más- de los beneficios de la denominada «gestión clínica». Un modelo que otorga notables cotas de autonomía a los profesionales en la toma de decisiones referentes a su trabajo cotidiano y que conlleva, como elemento más conflictivo, el traslado a las tardes de una porción de la jornada ordinaria de los médicos y enfermeros.

Según ha podido saber este periódico, al menos cuatro centros de salud han firmado ya con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) el contrato de gestión que determina las condiciones en las que estos equipamientos se comprometen a desarrollar su tarea asistencial.

El Gobierno regional pretendía que un mínimo de cinco centros (uno de cada área sanitaria urbana: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo) se integraran en un plan piloto que ponga a prueba la nueva organización. Para la quinta plaza hay varios candidatos. No ha trascendido si finalmente algún centro de salud urbano ha aceptado implantar el nuevo sistema organizativo.

En virtud del citado contrato con el Sespa, cada centro de salud se constituye en unidad de gestión clínica. El documento estipula tanto los recursos humanos y económicos de los que dispondrá esa unidad como los objetivos que se compromete a cumplir. Está previsto que a principios de 2010 se realice un balance del funcionamiento del modelo y que, con arreglo a las conclusiones obtenidas, se amplíe el sistema organizativo al conjunto de los centros de salud de Asturias.

El primero en incorporarse a la gestión clínica fue el centro de salud de Arriondas. Le siguieron los de La Fresneda y Luanco. La idea inicial de la Administración era que ya el pasado mes de enero hubieran comenzado a regirse por el modelo de gestión clínica, que sería evaluado y extendido a la totalidad de los centros a partir de mayo.

El retraso es consecuencia de la oposición manifestada por un abultado volumen de los médicos de atención primaria de Asturias, quienes, articulados en una plataforma surgida desde la base, se movilizaron en contra de la reforma organizativa de los centros de salud y, particularmente, en contra de la obligación del trabajo vespertino. La gestión clínica implica que los centros de salud permanezcan abiertos de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

Todo apunta a que las compensaciones económicas ofrecidas por el Sespa a quienes aceptaran acogerse al modelo de gestión clínica han surtido efecto. El cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión supondrá la percepción de hasta 10.000 euros anuales en concepto de incentivos para los médicos. Para las restantes categorías, las cuantías son inferiores.

Otro instrumento de presión empleado por la Administración regional consiste en vincular -tal como figura en el proyecto de plan de ordenación de recursos humanos- el progreso en la carrera profesional (con el consiguiente cobro de los pluses correspondientes) a la implicación de los profesionales en las unidades de gestión clínica.

El exconsejero de sanidad de Madrid declara por denuncia falsa …

El exconsejero de sanidad de Madrid declara por denuncia falsa …

Montes: "Lamela ha desacreditado a la sanidad pública madrileña"

El doctor Luis Montes considera que es "de justicia" que el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela haya sido llamado a declarar ante el juez por dar pábulo a una denuncia anónima para acusar a Montes y a su equipo de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS

Lamela declara por denuncia falsa por promover el encausamiento de los médicos del Hospital Severo Ochoa por presuntas sedaciones irregulares en el servicio de Urgencias; un asunto que terminó con el archivo de la causa y la supresión a cualquier referencia a mala praxis médica.

"Creo que es de justicia que igual que nosotros durante 2007 tuvimos que ir cada 15 días a los juzgados de Leganés, ahora las autoridades sanitarias declaren en el proceso. Detrás de este caso, había dos razones, una económica y otra ideológica. Siempre hemos entendido que era “una cortina de humo para el proceso que se puso en marcha para privatizar la sanidad pública", consideró Montes en declaraciones a la prensa ante los Juzgados de Plaza de Castilla.

Según explicó, en ese tiempo, "mientras en Madrid se hablaba de sedaciones irregulares, de 400 asesinatos, se hacían las concesiones para los centros de sanidad privados y proceso administrativo de concesión de esos hospitales".

"En el plano ideológico el caso Leganés pretendía emponzoñar, enmarañar,... el ambiente en la sanidad pública", pues recordó que en esos años la película Mar Adentro ganó un Goya y el 61 por ciento de la población apoyaba la eutanasia.

MONTES RODEADO DE SIMPATIZANTES

Montes hizo estas declaraciones ante un centenar de simpatizantes, que le ovacionaron al llegar, concentrados a estas horas a las puertas de los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, donde Manuel Lamela comparece ante la juez María del Coro Cillán por promover la denuncia de supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa.

Los manifestantes portan carteles de "Lamela y Esperanza, culpables" y "Hospital, informes no creíbles", para protestar por un caso que, alentado desde la Consejería de Sanidad, puso en el ojo mediático a todo el servicio de Urgencias de este hospital bajo la acusación de "homicidios sistemáticos".

Asimismo, se puede leer "Por la dignidad del hospital" en la pancarta principal que encabeza la concentración, organizada por Comisiones Obreras y la Asociación por la Muerte Digna, personada en la causa que pretende esclarecer este caso.

Por su parte, el portavoz de CCOO, Paco Naranjo, recalcó que el proceso fue "demencial" porque era "ir contra la sanidad pública". "Venimos a apoyar a los profesionales del Severo Ochoa y pedir justicia por los hechos que se realizaron", indicó.

Asimismo, el presidente de Asociación de Vecinos de Leganés, Juan Antonio Sánchez, opinó que detrás de la denuncia de la Consejería estaba la intención de desviar la atención sobre la privatización de la sanidad. Anunció además que el próximo 25 habrá una marcha en defensa de la sanidad pública desde Pirámides a la Puerta del Sol.

La juez de Instrucción número 43 de Madrid tomará hoy declaración a Lamela y a seis médicos por denuncia falsa y falsedad después de que el pasado abril, admitiera a trámite una querella interpuesta por el doctor Luis Montes y su compañero del mismo centro Miguel Ángel López Varas, contra el consejero por dar pábulo a una denuncia anónima para acusarle a él y a su equipo de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.

Quedan fuera del paraguas legal la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia

Quedan fuera del paraguas legal la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia

La Junta de Andalucía aprueba el proyecto de "Ley de Muerte Digna"

Esta norma inicia así el último trámite previo a su debate en el Parlamento andaluz. Cualquier institución sanitaria tendrá que cumplir las normas de esta Ley, inclusive las de orden religioso. Sediciones paliativas, derecho a no recibir determinados tratamientos o a frenarlos son algunos de los nuevos derechos del paciente.

NUEVATRIBUNA.ES / A.M

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que inicia así el último trámite previo a su debate en el Parlamento andaluz, según han informado fuentes de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz.

Este proyecto de ley, que recientemente superó la fase de remisión al Consejo Consultivo de Andalucía, tiene como misión principal el hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.

De esta forma, la futura ley solventa situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

NI EUTANASIA ACTIVA, NI SUICIDIO ASISTIDO

No obstante, quedará fuera del paraguas legal del futuro texto normativo la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia, además de que está tipificado como delito dentro del Código Penal.

Con todo, hará prevalecer los derechos del paciente que exprese se deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. Además, establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención.

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como la de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado.

De acuerdo con el proyecto de Ley, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con objetivo de ayudarle en la toma de decisiones y evitar el paternalismo en el que a veces el cuerpo médico.

De igual modo, el texto regulará el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.

HABITACIÓN INDIVIDUAL Y COMPAÑÍA 24 HORAS

Tal y como ya ha venido defendiendo la titular de Salud, María Jesús Montero, la futura norma recogerá también el derecho de los pacientes que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Para tal fin, Montero ya puntualizó el pasado año que los centros tendrían un período de dos años para garantizar este derecho.

Asimismo, el enfermo podrá estar acompañado en todo momento por su familia durante el proceso de la muerte. La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también están garantizadas.

Homenaje a una larga trayectoria sindical …

Homenaje a una larga trayectoria sindical …

CC OO homenajea a Antonio González Hevia, histórico líder minero, que deja sus cargos

Encabezó, junto a Villa, el emblemático encierro en el pozo Barredo en la Navidad de 1991

Mieres / Langreo, J. A. O. , para La Nueva España

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias celebrará una comida de homenaje al histórico sindicalista Antonio González Hevia, en su retirada, el día 19, en el restaurante Latores. Aquellos afiliados que quieran asistir al acto deberán comunicarlo a sus respectivas delegaciones antes del día 12. El precio de las invitaciones es de 20 euros.

González Hevia fue secretario general del sindicato regional de la minería de CC OO de Asturias y, posteriormente, máximo responsable de la Federación Minerometalúrgica. Después, pasó a ocupar diversas responsabilidades a nivel estatal.

Con una larga trayectoria sindical a sus espaldas, Hevia fue uno de los participantes en el histórico encierro del pozo Barredo de Mieres, protagonizado por las ejecutivas del SOMA-FIA-UGT y de CC OO en la Navidad de 1991. Fue el 23 de diciembre de ese año cuando 36 sindicalistas, encabezados por José Ángel Fernández Villa y el propio Antonio González Hevia, iniciaron un encierro en la cuarta planta del pozo, en protesta por los planes de reconversión de la minería pública española. La protesta, acompañada por fuertes movilizaciones en las Cuencas y en toda Asturias, concluyó el día 3 de enero de 1992. Los encerrados salieron al exterior de Barredo aclamados por miles de personas.

Tras la reunión del pleno, con todos los magistrados, ayer …

Tras la reunión del pleno, con todos los magistrados, ayer …

El conflicto

La Sala de lo Contencioso dictará «en días» el fallo de la carrera profesional tras la reunión del pleno

La «trascendencia del litigio» abierto sobre los funcionarios llevó al presidente de la Sala a convocar ayer a todos los magistrados

Oviedo, I. R., para La Nueva España
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se reunió ayer por la mañana para abordar el proceso que varios sindicatos han abierto contra el Gobierno del Principado por su modo de gestionar la carrera profesional de los funcionarios. El presidente de la Sala, Jesús Chamorro, optó por convocar a todos los magistrados «dada la trascendencia del litigio», según informó el TSJA. La sentencia no se hará pública al menos hasta la semana que viene y será redactada por el propio Chamorro.

El objeto de impugnación es un acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que regula la incorporación del personal laboral y funcionarial de la Administración autonómica a la denominada «carrera profesional». Varios sindicatos llevan meses especulando con el contenido de la sentencia, que esperan que sea contraria a los postulados establecidos en la resolución del Gobierno autonómico. Los recursos que actualmente se encuentran pendientes de resolución en la Sala de lo Contencioso-Administrativo fueron presentados por los sindicatos CSI, CSIF y SUATEA, en sintonía con otras formaciones, como la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO). CSI precisó ayer que tuvo conocimiento de la reunión del Pleno por su propio procurador.

El proceso afecta a 19.000 trabajadores del sector público regional, todos a excepción de los 16.000 de la sanidad (que disfrutan de la carrera desde hace ya tiempo). Los denunciantes sostienen que la resolución del Principado sobre la carrera profesional suponen un «cheque en blanco» a la Administración, ya que «se exigía a los funcionarios la inscripción en una carrera cuyo contenido no se conoce y que está falta de sustento legal». Entre otros puntos, también se censura que el pago de la carrera profesional esté vinculado a la antigüedad y se excluyese de ella al personal temporal.

A finales de mayo había trascendido que los magistrados de lo Contencioso ya se habían reunido para votar la sentencia y que tan sólo faltaba redactarla y notificarla a las partes. La Sala puntualizó al respecto que en ese momento aún estaban pendientes «la votación y fallo» de los cinco recursos.

Los recursos

Varios sindicatos de funcionarios, entre ellos CSI, CSIF y SUATEA, en consonancia con la Federación de Enseñanza de CC OO, presentaron cinco recursos contra la resolución del Gobierno del Principado que regula la carrera profesional, entendida como un pacto con la Administración para que los funcionarios perciban mayores retribuciones a cambio del cumplimiento de determinados objetivos profesionales.

19.000 trabajadores

El proceso afecta a 19.000 trabajadores del sector público regional, todos a excepción de los 16.000 de la Sanidad, que ya disfrutan de la carrera desde hace tiempo.

Sin base normativa

Los denunciantes sostienen que la carrera carece de una base normativa. Además, CSI ha censurado que el pago de la carrera profesional estuviera vinculado a la antigüedad.

Los 16.000 de la Sanidad no estamos afectados por el fallo …

Los 16.000 de la Sanidad no estamos afectados por el fallo …

EL TSJA decide hoy si acepta el modelo de carrera profesional del Principado

El fallo afecta a 19.ooo funcionarios que, según los sindicatos, han firmado «un cheque en blanco»

 A.VILLACORTA, OVIEDO, para El Comercio

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) resolverá hoy el proceso que varios sindicatos han abierto contra el Ejecutivo regional por su forma de gestionar la carrera profesional de los funcionarios, un fallo que afectará a alrededor de 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público regional. Son todos a excepción de los 16.000 de la Sanidad, que disfrutan ya de la carrera.

Los once magistrados que componen el Pleno de la Sala tienen encima de la mesa, pendientes de votación y fallo, los cinco recursos presentados por los representantes de los trabajadores. En ellos, como informó el propio TSJA, «el objeto de impugnación es un acuerdo del Consejo de Gobierno que regula la incorporación del personal laboral y funcionarial de la Administración autonómica a la denominada carrera profesional». El presidente de la Sala de lo Contencioso optó por convocar al Pleno «dada la trascendencia del litigio».

Este órgano es el encargado de dictar una sentencia que los sindicatos confían sea contraria a las tesis del Principado. Su esperanza radica en que «no hay una norma legal que sustente la carrera profesional como se articula en acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en mayo de 2007», explicó José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Los recursos fueron presentados por los sindicatos CSI, CSIF y Suatea al estimar que el modelo aprobado por el Gobierno regional para desarrollar la carrera profesional dejaba fuera al personal temporal y abría paso a la arbitrariedad. En otras palabras, entienden que, con el modelo que propone el Principado, los trabajadores extienden una especie de «cheque en blanco» a la Administración regional porque los funcionarios se inscriben en una carrera cuyo contenido se desconoce.

Piquero explicó demás que su sindicato y UGT firmaron un acuerdo «para que se adelantara el dinero de la carrera profesional, pero el Gobierno lo vulneró y añadió que la gente se tenía que adherir». Y eso es lo que espera «que ahora eche abajo el TSJA».

Los centros de salud son los sitios donde más casos se registraron …

Los centros de salud son los sitios donde más casos se registraron …

El Sespa registró 272 agresiones en 2008

LAURA FONSECA, GIJÓN, para El comercio

115 enfermeras, 94 médicos, 31 auxiliares, 22 administrativos y 10 celadores denunciaron ataques, amenazas e insultos de usuarios

El 84% de los actos hostiles recayeron en personal femenino

Pacientes disconformes que acaban agrediendo o insultando al médico, la enfermera o al celador. También a administrativos o auxiliares. Aunque numéricamente no son muchas las agresiones registradas para un sector como el sanitario, donde en 2008 se contabilizaron 8 millones y medio de actos, sí son situaciones graves para quienes la viven en primera persona. El pasado año fueron 272 los profesionales que fueron víctimas de agresiones por parte de usuarios de la sanidad pública. Por colectivos, la peor parte se la llevó el sector de la enfermería. Según los datos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) casi la mitad de los ataques (un 42%) recayeron en enfermeras y enfermeros. 115 ATS sufrieron algún tipo de hostilidad a manos de usuarios disgustados, seguidos de 94 médicos, 31 auxiliares de enfermería, 22 auxiliares administrativos y 10 celadores. En total, 272 denuncias, un dato que supera a las poco más de 200 de 2007.

El Registro de Agresiones del Sespa creado en setiembre de 2006 revela que los ataques tienen un claro sello sexista, ya que el el 84% de los casos denunciados correspondieron a profesionales mujeres. Entre los facultativos, por ejemplo, un sector en el que existe cierta paridad numérica, el 75% de las amenazas se dirigieron hacia el personal femenino. Santiago Álvarez Labra, responsable del Plan de Prevención y Actuaciones frente a Potenciales Situaciones Conflictivas del Sespa, cree que hay una connotación de género: «Se agrede a quien resulta más fácil agredir», explica.

De las 272 casos denunciados, 142 correspondieron a amenazas y otros 51 a insultos. Hubo también 58 agresiones físicas y 21 tentativa de ataque.

¿Son muchas 272 agresiones por parte de pacientes? Según Santiago Álvarez «si las comparamos con los más de ocho millones de actos sanitarios que hubo a lo largo de todo el año en el Sespa, es una cifra pequeña. Está claro que las agresiones son la excepción dentro de la sanidad pero contaminan el ambiente, ya que el miedo es tóxico», argumenta.

Más casos en Primaria

Los centros de salud son los sitios donde más casos se registraron. Más de la mitad de las situaciones (132) tuvieron lugar en Atención Primaria. «Es un ámbito donde hay mucha más cercanía e interrelación entre usuarios y trabajadores, de ahí, que sea donde más casos se contabilizan», afirma Santiago Álvarez. En los hospitales hubo 63 agresiones, mientras que el resto, 77 casos, correspondieron al área de Salud Mental.

No facilitar una baja médica, discrepar con el tratamiento prescrito, negarse a autorizar una prueba o la existencia de demoras en las citaciones han sido las principales causas de conflicto. «Afortunadamente no hemos tenido que lamentar lesiones ni casos graves», abunda Santiago Álvarez, quien apunta que el asesinato del psiquiatra Antonio Gimeno, en Langreo, a manos de un paciente hace ya diez años, «fue el punto de inflexión en Asturias».

Pero los ataques no sólo provienen de los pacientes. Muchas veces la hostilidad la protagoniza un acompañante. En 2008, 198 de las agresiones partieron de los propios usuarios pero en otros 74 casos la agresión o el insulto surgió de un familiar que venía con el paciente. Asimismo, los que agreden son mayormente varones, en una proporción de un 64% frente al 36% de mujeres.

El Sespa dispone de un Plan de Prevención y Actuación para abordar potenciales situaciones conflictivas, que incluye formación para el manejo de casos de riesgo, protección a los trabajadores, apoyo institucional y asistencia letrada y psicológica a las víctimas. «Quien sufre una situación de este tipo lo pasa mal», indica Álvarez. En alguna ocasión, la justicia ha llegado a dictar orden de alejamiento para el paciente agresor.

Las agresiones sufridas quedan apuntadas en un registro regional. Cada uno de los casos es comunicado a la gerencia del área y de ahí a los servicios centrales del Sespa. Santiago Álvarez se encarga de contactar con cada uno de los afectados. «Recogemos toda la información posible de lo ocurrido. Incluido parte de lesiones, si lo hay». A partir de entonces se inicia un proceso que acaba en la vía judicial si el agredido está de acuerdo. El paciente que propició el ataque es cambiado inmediatamente de profesional. En 2008, de los 272 profesionales agredidos seis acabaron de baja.

Delito de atentado

Pegar, insultar o amenazar a un médico, a una enfermera o a un administrativo puede resultar muy caro. 17 de estas agresiones acabaron en juicio en 2008. Otros 10 personas afectadas están pendientes de iniciar un proceso judicial. Según informó el Sespa, «todas las sentencias han sido favorables a los trabajadores». Además, se han dictado ya tres fallos que califican las agresiones como delito de atentado a funcionario público, lo que conlleva una pena de hasta 4 años de prisión.

El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal número 2 de los de Gijón, condenó a un paciente de la comunidad terapéutica de Somió a año y medio de cárcel por haberle propinado un cabezazo a una de las enfermeras. La sentencia, que calificó los hechos como delito de atentado, castigó al agresor a un año de prisión y añadió seis meses por otro delito de lesiones. Este es el tercer usuario de la sanidad al que los jueces asturianos envian a prisión por agredir a personal sanitario.

Esperemos que esta vez la medida sea eficaz y mantenga al Hospital de Arriondas lejos del candelero de noticias …

Esperemos que esta vez la medida sea eficaz y mantenga al Hospital de Arriondas lejos del candelero de noticias …

Dolores Menéndez anuncia un plan para agilizar las consultas tras las quejas de pacientes por los retrasos

Arriondas (Parres), B. MORÁN, para La Nueva España.

«Entiendo las reclamaciones de los pacientes, pero quiero que sepan que estamos trabajando mucho por acabar con la lista de espera en cardiología y en los últimos meses estamos poco a poco logrando resultados». Con estas palabras contestó ayer la gerente del Hospital de Arriondas, Dolores Menéndez, a la denuncia realizada por tres vecinos del concejo de Colunga, que aseguran que llevan más de un año esperando para tener cita para una revisión cardiológica. Estos usuarios no ocultaron su malestar, al recordar que deben examinar sus corazones cada seis meses.

Menéndez respondió al aluvión de críticas recordando que en lista de espera se atiende según la prioridad de la patología cardiaca. «En estos tres casos el cardiólogo estableció que su estado es ordinario y por lo tanto no prioritario y la revisión tampoco se estipula como un máximo de seis meses», destacó Menéndez, si bien admitió que la lista de espera en el servicio de cardiología es importante. Eso sí, insiste que su equipo no deja de dar pasos para menguarla. El más destacado para la gerente del hospital es el plan de contingencia en cardiología que funciona en Arriondas desde enero.

 «Es una medida que se aplica en la mayoría de hospitales comarcales de España», defendió la gerente. Este plan consiste, tal y como relató la gerente, en que los cardiólogos del Grande Covián tratan directamente con los médicos de familia para abordar de manera coordinada las patologías. Además, existe un canal de comunicación a través de correo electrónico para intercambio de información.

«Con este plan los pacientes son tratados por un cardiólogo a través de su médico de familia y así se diagnostica antes su afección y garantizamos que todos son atendidos», concluyó Menéndez.