SERVICIOS

Un repaso a obras y equipamientos proyectados antes de la crisis económica que por diversas causas no están en servicio

Langreo, en compás de espera

El tren turístico de Samuño, el centro de discapacitados, el aparcamiento subterráneo de Sama y el cuartel de la Guardia Civil son proyectos cuya puesta en marcha aún está pendiente

Foto: Centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas «Stephen Hawking» de Barros.

Langreo, E. PELÁEZ, en La Nueva España

La negativa de la compañía ferroviaria estatal Feve a participar junto al Ayuntamiento de Langreo en la gestión del tren minero de Samuño, esperada desde hace tiempo y confirmada días atrás, deja sola a la administración local y contribuye al retraso en la puesta en marcha del proyecto, uno de los varios equipamientos terminados en el concejo que aún no están en funcionamiento. A la iniciativa turística estrella de Langreo se suma el aparcamiento subterráneo de Sama, finalizado hace seis meses pero sin uso; el cuartel de la Guardia Civil, que dos años después de su construcción permanece vacío, y el área industrial de El Cadavíu, que no ha acogido a ninguna empresa desde que hace más de año y medio Hunosa concluyese las obras.

Mientras que las obras del centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Barros han quedado paralizadas en su última fase de ejecución por la entrada en preconcurso de acreedores de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras, las compañías Construcciones Valmaseo y Rehabitec Lleida, y la transformación de Talleres del Conde en recinto ferial y tecnológico también se ha detenido. No escapa de los retrasos el soterramiento de las vías de Feve en Langreo, reanudado recientemente por el Principado tras un año de parón, y los centros deportivos de Riaño y La Reguera cumplen dos años cerrados tras encallarse el convenio previsto entre Principado y Ayuntamiento para la cesión de las instalaciones a la administración local. Son obras y equipamientos proyectados antes del azote de la crisis económica que por diversas causas no prestan servicio a los langreanos.

Tren minero de Samuño. Las locomotoras y los vagones que llegaron el pasado mes de abril desde la República Checa esperan por sus primeros turistas. Feve, que se había comprometido inicialmente a aunar esfuerzos con el Ayuntamiento para gestionar el proyecto, ha dado un paso atrás. Aun así, el Consistorio tiene previsto poner en marcha el ferrocarril a principios del próximo año. Este proyecto se financió con 6,5 millones de euros de los fondos del Plan del Carbón y la mayor partida, de 1,9 millones, fue destinada al acondicionamiento del denominado socavón Emilia, la galería subterránea. Los trabajos fueron ejecutados por Tragsa. Inicialmente se había previsto que el proyecto recibiese otros 700.000 euros de fondos mineros pero esa financiación está ahora está en el aire debido al recorte del Plan del Carbón.

Talleres del Conde. La incertidumbre sobre la financiación de fondos mineros prevista para el recinto ferial y tecnológico y la imposibilidad de afrontar el adelanto de 800.000 euros necesario para concluir la primera fase ha motivado que el Ayuntamiento decidiese detener las obras de los Talleres del Conde. Hasta el momento de la «suspensión temporal» de la obra el Ayuntamiento había gastado alrededor de 1,6 millones de euros en la iniciativa. El proyecto de los Talleres del Conde nació ya con muchos problemas, uno de ellos la expropiación de los terrenos a Duro Felguera, que está pendiente de dictamen judicial. Langreo pagó cerca de 900.000 euros a la empresa, que exigió 8,6 millones. Los Talleres del Conde son una zona industrial, en pleno centro de Langreo, en desuso desde hace lustros, y que el Ayuntamiento pretendía, con un proyecto de 7 millones de euros, transformar en un equipamiento público.

Aparcamiento subterráneo de Sama. El parking cumple seis meses acabado y cerrado. El Ayuntamiento aún no ha recibido la obra, financiada con fondos del programa anticrisis regional, el «Plan A», por parte del Principado. Los pagos pendientes del Gobierno regional con la adjudicataria de la construcción del estacionamiento subterráneo ubicado en las inmediaciones de la casa consistorial han retrasado la entrega de la obra. Por su parte el Ayuntamiento tiene que decidir cuál será la gestión del área de estacionamiento, de 83 plazas.

Cuartel de la Guardia Civil. Las obras concluyeron a finales de 2010. Dos años después no se ha producido el traslado de los agentes desde las instalaciones de Langreo Centro. El pago del IVA de la construcción enfrentó al Ministerio del Interior y a Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo del Principado). Esta última acordó el pasado mes de julio ceder las instalaciones a la espera de que los tribunales diriman el litigio sobre el IVA. Hasta ese momento no aceptará la cesión de las antiguas instalaciones, con lo que no está conforme el Ministerio de Interior.

Polígono de El Cadavíu. Esta área industrial está lista desde marzo de 2011, pero no ha recibido ninguna empresa. Es la primera zona industrial del plan territorial de Hunosa. La urbanización fue realizada por Hunosa con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Este polígono está dividido en dos parcelas: una de 54.179 metros cuadrados y otra más pequeña, de 8.533. La primera se corresponde con el viejo cargadero de carbones, mientras que la segunda es el antiguo parque de maderas. De toda esta superficie, únicamente 36.000 metros cuadrados son aprovechables para industrias.

Centro de discapacitados «Stephen Hawking». La obra quedó paralizada recientemente por la entrada en preconcurso de acreedores de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras. Los trabajos, que se encontraban en la última fase de su ejecución, habían costado ya alrededor de 12 millones de euros debido a una serie de modificados de obra necesarios para poder levantar el edificio. A la paralización de la construcción del inmueble se le une la falta de presupuesto para el equipamiento del mismo, y para la contratación del personal necesario para ponerlo en funcionamiento.

Centros deportivos de Riaño y La Reguera. Estas áreas deportivas tampoco tienen uso, aunque no son equipamientos nuevos. Las dos instalaciones llevan más de dos años sin funcionar después de que el Principado decidiese cerrarlos con la intención de firmar un convenio con el Ayuntamiento para su cesión. El Gobierno local, en minoría, no logró en ninguna de las ocasiones en las que sometió el acuerdo al pleno sacarlo adelante ya que la oposición reclamaba una solución para los trabajadores.

Soterramiento de Feve. La eliminación del corsé ferroviario Langreo tampoco está listo. La obra ha sufrido problemas administrativos y técnicos. Recientemente el Principado retomó, tras más de un año de paralización, los trabajos en la zona de Valnalón. La estación de Los Llerones, en Sama, es la actuación más avanzada. El Gobierno regional ha iniciado la tramitación de un modificado para solventar los problemas geotécnicos surgidos como consecuencia de la presencia de coladas metálicas y cauces fluviales subterráneos que entorpecen la colocación de los pilotes estructurales (los que sujetan y dan forma al túnel subterráneo). Los trabajos del soterramiento han sufrido desde su puesta en marcha diferentes problemas administrativos y técnicos. Las obras comenzaron en 2009, con un plazo de ejecución de 30 meses, por lo que deberían haber acabado a mediados de este año. La obra se encuentra ejecutada únicamente al 33 por ciento.

El PP de Gijón se empecina en la defensa de lo que sería una duplicidad sanitaria, no sólo absolutamente innecesaria, sino fuente de futuros problemas coordinación para empezar

«El Sumgi no será un chiringuito y no habrá en él nadie del PP», asegura Junquera

Los populares están dispuestos a renunciar al servicio de urgencias sanitarias municipal «si el Sespa pone otra UVI»

Foto: El concejal Eduardo Junquera, durante su intervención para explicar el funcionamiento del Sumgi sanitario y el Sumgi social

24.11.12 - IVÁN VILLAR | GIJÓN, en El Comercio.

«Esto no es un favor al Partido Popular, sino un proyecto para beneficiar a todos los ciudadanos de Gijón». El concejal Eduardo Junquera salió ayer en defensa de la propuesta del PP de poner en marcha el Servicio de Urgencias Municipal de Gijón (Sumgi), con un doble ámbito de actuación: sanitario y social. Lo hizo destacando la necesidad de cubrir determinadas demandas que hoy no están suficientemente atendidas y asegurando, ante las críticas recibidas, que el nuevo servicio «no será un chiringuito y nadie del Partido Popular va a trabajar allí». Junquera señaló que desde 2007 su objetivo es poner en marcha en Gijón un dispositivo que ya funciona en otras ciudades como Madrid, Cartagena y Bilbao y para el que el Ayuntamiento es competente, pues lo que ofrecerá serán «actuaciones complementarias» a las que ya presta el Sespa.

Para justificar el Sumgi sanitario, el concejal ofreció los datos de intervención de las dos UVIs móviles del Sespa con base en Pumarín. Una de ellas, aseguró, «es para transportes interhospitalarios y sólo intervino 266 veces del 1 de enero al 31 de octubre, es decir, una vez al día». La otra realizó en este mismo tiempo 2.042 servicios, lo que equivale a una media de siete intervenciones al día. Con un tiempo estimado de 75 minutos desde que se activa hasta que finaliza la intervención «supone tener la UVI ocupada y sin poder atender otras urgencias para las que hace falta durante nueve horas cada día». Según Junquera, esta limitación hace que en muchas ocasiones se envíen las ambulancias de soporte vital básico para emergencias en las que sería necesaria la actuación de la UVI, «sólo por el miedo a utilizarla sin motivo», algo que consideró como «mandar a alguien a ver si de verdad hay un fuego o no antes de enviar a los bomberos a un incendio dices que vaya uno a ver si hay fuego o no». Estas ambulancias «no tienen ni médico ni enfermera, y a veces lo que tienen que hacer es ir a buscar a un médico a un centro de salud, con la consiguiente pérdida de tiempo». La consecuencia, tanto por recurrir en primera instancia al dispositivo equivocado como por la imposibilidad de utilizar la UVI cuando está ocupada en otra emergencia, es que «muchas veces cuando se llegan a un domicilio lo único que pueden hacer los médicos es certificar la defunción porque llegaron tarde». Junquera aseguró que «muchos gijoneses saben de lo que hablamos, porque en su día necesitaron una ambulancia, pero tardó 40 o 45 minutos en llegar y cuando lo hizo ya no era necesaria porque la persona ya había muerto».

Por este motivo, el PP plantea la puesta en marcha de un servicio de urgencias de gestión municipal con base en Moreda que cuente con una UVI móvil propia y el correspondiente equipo de atención sanitaria, esto es, un médico y un enfermero especializados en la atención de emergencias, así como dos técnicos de transporte sanitario con la correspondiente preparación. Junquera señaló que aún no se puede hablar de su coste, porque dependerá por ejemplo de su horario, ya que si bien «lo ideal sería que funcionara las 24 horas del día», no se sabe con qué capacidad iniciará sus actividades.

El local de Moreda sería una mera estación base, con cuatro camas, baño y ducha que serían utilizadas por el personal y una sala de usos múltiples para impartir cursos sobre atención de emergencias a policías, bomberos y personal municipal, o a cualquier otro colectivo, lo que además permitiría contar con una fuente de ingresos para la autofinanciación del servicio. También se cobrarían unas tarifas determinadas por la atención de urgencias a los seguros y al Sespa.

Urgencias en vías públicas

Junquera plantea que el Sumgi se encargue de atender las emergencias sanitarias que se produzcan en la vía pública o en las instalaciones municipales -siempre dentro de los límites del concejo- y que colabore con el Sespa en la asistencia a la demanda por enfermedad común cuando su UVI esté atendiendo otras emergencias. También cubriría los acontecimientos de gran aglomeración de público como la Semana Negra, Antroxu, conciertos o pruebas deportivas. El edil puso como ejemplo de funcionamiento que ante un accidente de tráfico el 112 debería avisar en primera instancia al Sumgi y, si su vehículo estuviera ocupado, recurrir al Samu, mientras que ante un infarto en un domicilio sería el Samu el primero en acudir, pero si no pudiera le sustituiría la UVI del Sumgi. «Al Sespa incluso le viene bien este servicio», aseguró. Junquera señaló que el objetivo es acercarse a la media nacional de «una UVI móvil por cada 140.000 o 150.000 habitantes» y aseguró que si el Principado cubre esta necesidad poniendo un nuevo vehículo en Gijón «sería estupendo y podríamos dedicar el dinero del Sumgi sanitario para otras cosas».

La otra rama de actuación, el Sumgi social, supondría contar con educadores sociales que, en las horas en las que no funcionan los dispositivos sociales, pudieran atender casos urgentes no estrictamente sanitarios, como por ejemplo ancianos desorientados en la calle, menores desamparados, personas sin techo o víctimas de violencia de género.

Aunque sólo habla de problemas “sociales”…

Moriyón: «Lo defiendo por convencimiento»

Los presupuestos municipales de 2013 no se votarán hasta el Pleno del 11 de enero

24.11.12 - I. V. | GIJÓN, en El Comercio.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, aseguró ayer que defiende el proyecto del Servicio de Urgencias Municipal «por convencimiento». En opinión de la regidora «hay necesidades que aún están por cubrir» y que se podrían atender con el nuevo Sumgi. Aunque la puesta en marcha de este servicio formó parte de los acuerdos con el Partido Popular para aprobar los presupuestos municipales de este año, Moriyón señaló que su grupo apoya la propuesta de los populares «no por compromiso, sino desde el convencimiento». Aseguró que «no tengo dudas de que el Sumgi va a hacer un gran servicio por los gijoneses» y puso como ejemplo cómo en algunas actuaciones los bomberos «se encuentran a personas mayores que se cayeron al suelo y que están solas en su casa, un problema social que hay que atender».

En 12 días, a la junta

Por otra parte, la alcaldesa destacó que las negociaciones con el PP sobre el presupuesto de 2013 «van bien, con el calendario que se tenía previsto» y adelantó que la intención es que la junta de gobierno apruebe las cuentas el 4 de diciembre, dentro de doce días, para que, tras las oportunas comparecencias de los concejales, puedan ser sometidas a votación en el Pleno municipal del 11 de enero.

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En esta ocasión la saturación no es producida por un pico de gripe sino por la demora en las altas, otro efecto de la huelga del SIMPA

Cabueñes activa el programa de derivación de ingresos a Jove

La dirección del centro hospitalario de la zona este pidió el refuerzo del complejo del oeste ante el pico de saturación

A. RUBIERA, en La Nueva España

El Hospital de Jove ha abierto esta semana la planta de hospitalización de que dispone el centro como «colchón» para los momentos de mayor y menor intensidad en la actividad sanitaria. Dicha planta, que llevaba cerrada desde el verano y que no había sido necesario abrir hasta ahora, quedó lista a primeros de semana para recibir a los pacientes del área V que, pese a que les correspondería ingresar en Cabueñes, no pueden hacerlo por los problemas de saturación que sufre el principal hospital del área desde hace ya más de una semana.

Esta reapertura forma parte del programa de colaboración que hace ya unos años se estableció entre Cabueñes y Jove, y que en momentos puntuales como el actual se hace necesario reactivar. En otras ocasiones siempre habían sido los picos de la gripe los que hicieran necesaria la colaboración, pero no es el caso actual. El Hospital de Cabueñes pidió ayuda a Jove después de que se llegaran a registrar en días pasados hasta 50 pacientes en camas supletorias, lo que obliga a convertir habitaciones dobles en triples, y supone una incomodidad para pacientes y familiares. Algunos conocedores del hospital sostienen que esa saturación, que no se relaciona con la gripe, tiene que ver con un efecto colateral de la huelga, ya que los pacientes permanecen más tiempo ingresados de la media habitual, bien sea porque sus patologías son más graves o porque las altas no se dan con la agilidad de otros momentos.

En Jove aseguran que, en su caso, si bien en las últimas semanas se ha registrado una mayor actividad -tras un verano y un inicio de otoño bastante tranquilo-, en ningún caso se llega a situaciones de saturación como en Cabueñes. Por el momento las derivaciones de Cabueñes a Jove han sido «puntuales», siempre de casos de medicina interna y de pacientes que desde el mismo servicio de urgencias son enviados a Jove, sin que se traslade a los ya ingresados.

La saturación, dicen en Cabueñes, ya ha comenzado a bajar.

Esto de tener derechos sólo si puedes pagarlos enseguida llegará también al del ejercicio del voto así, de paso, ya garantizan no perder nunca unas elecciones.

Nuevas tasas judiciales o el adiós al derecho a la tutela judicial efectiva… (otro más que cae, y van...)

Las tasas de Gallardón sublevan a la justicia

El encarecimiento del acceso a los tribunales no se aplicará hasta dentro de “unas semanas” Nace con la oposición de partidos, sindicatos y profesionales del sector

V. GUTIÉRREZ CALVO / María Fabra, Madrid, en El País.

Las nuevas tasas judiciales —que a partir de ahora pagarán todos los ciudadanos, no solo ciertas empresas como en la actualidad, y que disparan su cuantía— fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrarán en vigor “en unas semanas” (no hoy mismo, como sería preceptivo, porque la gestión del cobro no se puede practicar). Nacen con la oposición de todo el sector de profesionales de la justicia —jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados—, de todos los partidos políticos salvo el PP y de los sindicatos.

La jurisdicción penal —que supone el 72% del total— queda exenta de las tasas, así como ciertos pleitos referidos a derechos fundamentales y algunos de los que tienen que ver con causas de familia y menores. Tampoco se pagará tasa en la primera instancia de los pleitos de lo social (por ejemplo, una demanda por despido). Para el resto, las cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y eso es solo la tasa fija: luego hay otra variable que resultará de multiplicar por 0,5% el dinero que se reclame en el pleito; si no se reclama dinero o no está cuantificado, la tasa variable serán 90 euros.

El PSOE ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que la nueva norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. De momento, jueces y letrados aprovecharán las concentraciones ya convocadas para este viernes ante el Ministerio de Justicia y ante todas las sedes judiciales para manifestarse en contra de la medida.

Sin embargo, el Gobierno no teme el recurso del PSOE: considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas “si respetan el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos”. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, aseguró ayer que “el diseño de esa nueva ley de tasas respeta ese principio”.

Pero los críticos sostienen justo lo contrario: las nuevas tasas, según consideran jueces, fiscales, abogados y partidos de la oposición, dividirán a los ciudadanos entre “ricos” —los que podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagarlo— y “pobres”, para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable.

El Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, replica con tres argumentos: que “los pobres” seguirán sin pagar tasas porque tienen derecho a la justicia gratuita; que la jurisdicción penal también sigue exenta y es el grueso de la actividad judicial; y que algún mecanismo disuasorio había que adoptar para acabar con la “excesiva litigiosidad” que hay en España (nueve millones de asuntos entraron en los juzgados el año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial). “Hay que plantearse si es justo que un servicio público que se usa de forma muy esporádica y que al Estado le cuesta mantener lo pague solo el conjunto de los contribuyentes, sin ninguna contribución del usuario”, afirma un alto cargo del Ministerio, que subraya también que muchos recurrentes alargan los pleitos con sucesivos recursos, ahora gratuitos, solo por ganar tiempo. Y concluye recordando: “Mucho más se paga por el abogado y el procurador que por estas tasas”.

El preámbulo de la norma publicada ayer señala que esta “pone todo el cuidado” en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social “no afecte al derecho a acceder a la justicia”.

En 1986 el Gobierno del socialista Felipe González anuló las tasas judiciales, derogando así una ley de 1959. El pago se reintrodujo en 2003, con el Gobierno de José María Aznar, pero solo para grandes empresas. A partir de ahora todos los ciudadanos habrán de pagar por presentar una demanda civil o un recurso contencioso administrativo. Justicia prevé ingresar 306 millones de euros por esta vía (el 10% de su presupuesto, menos que en otros países europeos).

El Consejo General de la Abogacía Española y representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, han optado por aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de esta ley.

Por otro lado, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró la iniciativa de Gallardón como “un retroceso más” en el “sistema de derechos y libertades” y acusó al PP de utilizar la crisis “como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología”. “La derecha española nunca se había atrevido a tanto”, agregó el dirigente socialista.

Según la asociación de consumidores Facua, esta ley “abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento”. Y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se quejó de la nueva Ley de Tasas que, según consideran, les convierte en “meros recaudadores” y va “contra la ciudadanía”. Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y USO rechazaron también las nuevas tasas judiciales.

La ley fue publicada ayer por el BOE y, por tanto, las nuevas tasas deberían entrar en vigor hoy. Pero finalmente no será hasta dentro de “unas semanas” cuando los ciudadanos que acudan a los juzgados empiecen a notarlo en su bolsillo. La aplicación de la norma se ha retrasado porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el impreso de pago, con el que los usuarios deben hacer efectivas las tasas antes de presentar las demandas y recursos que han dejado de ser gratuitos.

El subsecretario de Justicia señaló que el retraso no se ha producido por la presión de los colectivos críticos sino porque la propia ley señala que Hacienda debe publicar la orden para regular el procedimiento. Bravo comunicará hoy a los secretarios judiciales que, de momento, no se cobre ninguna tasa.

El PSOE recurrirá las nuevas tasas porque «crean ciudadanos de segunda»

Rubalcaba alerta en Facebook de que "la norma divide entre los que tienen dinero y pueden hacer efectivos sus derechos y los que los tienen restringidos por carecer de medios"

21.11.12 - AGENCIAS | MADRID

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado la decisión de los socialistas de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la ley que eleva las tasas judiciales ya que a su juicio establece dos categorías de ciudadanos, los que tienen dinero y los que no lo tienen.

En un comentario publicado en Facebook, el líder de los socialistas ha afirmado que la norma divide a los ciudadanos entre "los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la salud, a la educación, y ahora a la Justicia, por un lado; y, por otro, los que carecen de medios y, como ciudadanos de segunda categoría, tienen restringidos sus derechos".

Rubalcaba ha calificado la ley, que entrará en vigor mañana tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como "un retroceso más en nuestro sistema de derechos y libertades", una norma que la "derecha española" ha aplicado "escudándose tras argumentos económicos falsos", ha dicho. Además, ha lamentado que el PP "utilice la crisis como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología".

Ayer, la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, que prevé una subida generalizada de entre 50 y 750 euros para poder recurrir una resolución en los tribunales.

Rodríguez confirmó que el PSOE ha tomado esta decisión ya que, en su opinión, esta subida de tasas vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva e impedirá a los ciudadanos defender sus derechos.

 

Casos prácticos que eran gratis y por los que habrá que pagar

Un divorcio costará 300 euros y una denuncia por preferentes 940 euros

La principal novedad de la Ley de Tasas es que estas se extienden a toda la población

V. G. C. / M. F., Madrid, en El Comercio.

La principal novedad de la Ley de Tasas que ayer publicó el BOE no es que suban las cuantías —que suben mucho— sino que se extienden a toda la población. Hasta ahora solo pagaban las empresas que facturaban más de ocho millones de euros al año; ahora lo harán todas las empresas y cualquier ciudadano que presente una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa (contra la Administración) o social (pleitos laborales). Pagará en primera instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir.

El Ministerio de Justicia sostiene que, aun así, las tasas solo se aplicarán finalmente a una minoría, que cifra en “más o menos el 20% de los litigios”: porque está exenta la jurisdicción penal (el 72% del total) y la primera instancia de lo social; porque están exentos ciertos pleitos sobre derechos fundamentales o de familia, o los relacionados con menores; y porque quienes se acogen a la justicia gratuita (actualmente, los que ingresan menos de 14.000 euros brutos al año, aunque ese umbral se va a subir) seguirán sin pagar.

Para justificar el copago que se impone al resto, fundamentalmente en la segunda instancia, los responsables del ministerio se apoyan en una estadística del Consejo General del Poder Judicial: “El 75% de los recursos los pierde el recurrente, el 90% en caso de llegar hasta el Supremo. Es decir, mucha gente recurre aun sabiendo que es muy probable que pierda el recurso. Hay que evitar ese abuso”, sostienen fuentes de Justicia. Disuadir apelando al bolsillo.

El ciudadano recuperará el dinero de las tasas si al concluir el pleito el tribunal le da la razón, siempre y cuando haya condena en costas para la otra parte. Es decir, la Administración no devolverá el dinero en ningún caso, pero la parte condenada en costas asumirá también la tasa que pagó el demandante inicialmente, con lo que este la recuperará. En la jurisdicción contencioso-administrativa siempre hay condena en costas, pero en la civil y la social puede haberla o no, según fuentes del ministerio. Así que ahí el recurrente recuperará el dinero... o no.

Estos son algunos casos prácticos en los que se verá la subida de las tasas judiciales:

» Divorcio, 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. Los asuntos de familia están exentos de tasa, pero no todos: solo aquellos que impliquen a menores o a “procesos matrimoniales sobre guarda y custodia de menores y pensión por alimentos”, o los referidos a filiaciones (reconocimientos de paternidad), entre otros. Un divorcio ordinario conllevará una tasa de 300 euros (más la variable, resultante de multiplicar 0,5% por el valor de los bienes que se reclamen). Si la demanda de custodia y pensión se presenta dentro del divorcio, pagará tasa; si se presenta de forma separada, no.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, aseguró ayer que esta tasa perjudicará a las mujeres maltratadas porque, aunque la demanda por malos tratos no pagará tasa (es un proceso penal), sí lo hará el hecho de “romper el último lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartiendo los bienes del matrimonio”. Será “un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales”, afirmó, según informa María R. Sahuquillo.

» Multas de tráfico: 200 euros por una multa de 100. Una demanda en procedimiento abreviado contra la Administración por una multa de tráfico serán 200 euros. En este caso se produce la paradoja de que, por ejemplo, si la demanda es contra una multa de tráfico de 100 euros, el ciudadano pagaría mucho más en tasas (el doble) que lo que aspira a recibir si le dan la razón y le anulan la multa. E infinitamente más si la sentencia es adversa y él recurre ante el Tribunal Superior (800 euros) o incluso llega hasta el Supremo (1.200 euros). Se podría producir así un efecto perverso, según todos los colectivos que critican la ley: que el ciudadano desistiese de pelear en los juzgados contra una sanción de la propia Administración, que es la que le disuade imponiendo la tasa.

En Justicia responden que, aunque en efecto este es un caso muy llamativo y real, “ese ciudadano se gasta bastante más en pagar al abogado y al procurador”, y que si finalmente el tribunal le da la razón recuperará el dinero de la tasa. Aducen, además, que muchos de los recursos por multas de tráfico constituyen uno de los ejemplos de “abuso” de quienes utilizan los juzgados sin pensar “en lo que cuestan al Estado”.

»Pleito por una deuda: 100 euros... o hasta 1.200. El recurso más común en España (650.000 asuntos el año pasado) es el monitorio, en el que se reclama una cantidad de dinero, por ejemplo, por deudas entre particulares. Presentar una demanda en procedimiento monitorio tendrá una tasa inicial de 100 euros; si se recurre la sentencia, 800 euros o hasta 1.200 euros (en caso de que llegue al Supremo).

» Denuncia contra el banco por preferentes: 940 euros. El Consejo General de la Abogacía facilitó ayer este ejemplo práctico: un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil, tendría que pagar 940 euros (los 300 de tasa fija más la variable) para reclamar una cuantía de 128.000 euros.

» Recurso por despido: 500 euros, aunque paga más la empresa. La jurisdicción de lo social estaba excluida hasta ahora de las tasas que pagaban las empresas. Ahora sigue excluida en primera instancia, pero no en segunda. El recurso contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 500 euros en tasas; el segundo, ante el Supremo, 750 euros. En realidad, el PP accedió a cambiar este punto durante la tramitación parlamentaria de la ley (ante la avalancha de críticas recibidas en un momento en el que se multiplican los procedimientos de despido), de modo que queda así: si es el trabajador el que recurre, solo pagará el 40% de esa cuantía; la empresa sí pagará el 100%, así como el comité de empresa en casos de demandas colectivas por expedientes de regulación de empleo (ERE).

UN ANALISIS DE URGENCIA DEL IMPACTO EN LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO EFECTUADO POR SEVACH

Desde las denuncias de los médicos a finales del mes pasado han pasado por el Hospital FORO, PP y ahora I.U

«El hospital de Cangas precisa inversión, eso no es discutible», subraya IU

La formación defiende la fusión de áreas «si lleva a una gestión más eficiente, como una central de compras»

Foto: José Manuel Martínez, Javier Rozas, Ismael Acevedo, Noemí Martín, Ángel González y Samuel Areces, ayer en el hospital de Cangas

Cangas del Narcea, Pepe RODRÍGUEZ, EN La Nueva España

«Hemos podido constatar que este hospital está a la cola de Asturias debido a su antigüedad, pues se fueron haciendo otros nuevos, con inversiones y obras. Aquí se necesita una inversión y eso no es discutible». Ángel González, portavoz de IU en la Junta General, subrayó de esta forma el apoyo de su formación política a que se habiliten partidas económicas para la mejora del centro hospitalario del Suroccidente.

González, junto a la también diputada Noemí Martín y varios representantes locales de la coalición, se reunió ayer con los médicos especialistas del hospital Carmen y Severo Ochoa, que llevan varias semanas denunciando que la intención del Principado es ir vaciando de competencias al centro hasta transformarlo en un simple ambulatorio.

El portavoz parlamentario de IU criticó que «si cada año la partida para inversiones se hubiera hecho no habría que hacerla ahora toda de golpe. Esperamos que el Gobierno del Principado actúe con racionalidad y se incorporen estas inversiones en los presupuestos. Argumentos hay más que de sobra para entender las prioridades».

Por su parte, Noemí Martín abordó uno de los aspectos que más preocupan a los médicos, que es la fusión del área sanitaria de Cangas con la de Oviedo y sus posibles consecuencias en la cartera de servicios del hospital. «Siempre hemos estado a favor de la fusión de áreas. Lo fundamental no es que haya fusión o no, ese no es el problema, lo que se debe hacer es garantizar que se cubran los servicios como hasta ahora. La fusión de áreas debe llevar a una gestión más eficiente y a que aparezcan servicios como una central de compras, que han de ser positivos para la sanidad».

La diputada aseguró: «Hemos venido a escuchar y trasladaremos al gobierno todas estas inquietudes de cara al debate presupuestario. Lo que queremos dejar claro es el apoyo al hospital de Cangas del Narcea dentro de la red sanitaria pública. También es verdad que somos conscientes de la crisis, de la disminución del gasto público y de los escasos recursos».

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“Ocurrencias” municipales de PP y FORO en Gijón para tirar 700.000 € de nada

Crear un Servicio de Urgencias Municipales de Gijón (SUMGI).

Un informe del Sespa concluye que el Sumgi «no está justificado»

Gijón cuenta con seis vehículos de transporte urgente y las UVIS tardan un máximo de 14 minutos en llegar a una emergencia

Foto: Pilar Pardo, responsable municipal del PP en Gijón.

22.11.12 - O. ESTEBAN | GIJÓN, en El Comercio.

Un informe del Sespa sobre los servicios de urgencias de Gijón, solicitado por el grupo municipal del PSOE, concluye que «no se justifica la creación de nuevos servicios paralelos a este sistema, que en todo caso duplicarían lo existente y tendrían que establecer nuevos mecanismos de integración en el sistema de emergencias del Principado al margen de los existentes». El informe confirma, por tanto, lo que la gerente del Sespa, Celia Gómez, ya adelantó a EL COMERCIO: que el nuevo Servicio de Urgencias Municipales de Gijón, el Sumgi, que el Ayuntamiento quiere poner en marcha el próximo año, no cuenta con el apoyo del Principado, al considerar que es innecesario y que invadiría competencias del Ejecutivo regional.

Según recoge el informe del Sespa, Gijón cuenta con seis vehículos sanitarios para transporte urgente (dos UVIs móviles y cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico), además de la ambulancia de transporte urgente que se suma durante la temporada de verano. Estos vehículos atendieron durante 2011 un total de 18.823 traslados, la mayoría realizados por las ambulancias de soporte vital básico, mientras que las UVIs móviles realizaron un total de 3.926 (de los que 1.1177 fueron traslados entre hospitales). En cuanto al servicio específico del verano, registró 278 servicios.

Cada UVI móvil es atendida por cinco profesionales (un médico, una enfermera, un residente MIR y dos ayudantes formados en urgencias, uno de ellos el conductor). La ubicación y número de las UVIs (están en Pumarín), se planifica para que tarden un máximo de 30 minutos en llegar al lugar donde se requiere la atención. Ese tiempo máximo, en el área urbana de Gijón, es de 14 minutos. Pero es que los datos del mes de octubre indican que en el área sanitaria V, que incluye los municipios de Villaviciosa y Carreño, el tiempo medio de respuesta, desde que se activa la UVI, hasta que llega al domicilio, fue de 10 minutos y 42 segundos. En general, siempre está entre 10 y 11 minutos.

En cuanto a los servicios de urgencia hospitalaria (Cabueñes y Jove), en 2011 se registraron en total 127.226 casos, de los que 17.576 fueron derivados desde Atención Primaria. El promedio en Gijón es de 374 urgencias hospitalarias al día. Y en la Atención Primaria la cifra fue de 161.896, con una media diaria de 35. Solo un 3,4% fueron derivadas a los hospitales. El informe del Sespa concluye que «la presión asistencial, teniendo en cuenta el número total de dispositivos existentes, es baja, por lo que hay que entender que los recursos actuales tienen holgada capacidad de respuesta para la demanda de atención urgente de la población gijonesa».

Las urgencias hospitalarias, junto a los vehículos de transporte urgente, conforman el sistema integrado de urgencias de la ciudad que, según el Sespa, «tiene una magnífica dotación».

En ese informe se basó ayer el grupo municipal socialista para mostrar su rechazo a la puesta en marcha del Sumgi. El PSOE preguntó sobre este servicio al equipo de gobierno en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Al parecer, durante la misma, el concejal del área, Rafael Felgueroso, comentó que el nuevo Sumgi contaría con la ambulancia de transporte urgente con la que se refuerza el servicio durante el verano, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre. Aunque lo cierto es que el equipo de gobierno trasladó a los vecinos de Moreda (donde se ubicará la sede del Sumgi), que éste dispondría de una UVI móvil.

UPyD también es crítico

La concejala socialista Esperanza Fernández Puerta mostró su absoluto rechazo al Sumgi, un proyecto solicitado por la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, ya el año pasado, y que está reflejado en el presupuesto de 2013 con una partida de 700.000 euros. «Cuando las necesidades básicas no están cubiertas vamos a gastar ese dinero en poner en funcionamiento algo que ya existe y que es competencia del Principado. No es de recibo». Fernández Puerta defendió que «Gijón ya tiene recursos. Lo que hay que hacer es trabajar para optimizar lo que ya existe». Y añadió: «No se puede gastar dinero público con el único objetivo de satisfacer las exigencias del Partido Popular».

En similares términos se pronunció el coordinador local de UPyD en Gijón. Armando Fernández Bartolomé se refirió al Sumgi como el «peaje» que debe pagar Foro para lograr el apoyo del PP a los próximos presupuestos municipales. Y aunque apuntó que este servicio de urgencias podría tener sentido, a su juicio, tal como está planteado es «un auténtico despilfarro de fondos públicos» porque no se ajusta «en absoluto» a las necesidades y características sociales del municipio.

Un informe del Sespa cree «innecesario» el Servicio de Emergencias Municipales

La presión asistencial en los casos de urgencias sanitarias es «baja», según el Principado, que advierte de una futura duplicidad de servicios

Luján PALACIOS, Gijón, en La Nueva España

Dos servicios de urgencia hospitalaria -en Cabueñes y Jove-, cuatro servicios de urgencia de atención primaria, once puntos de atención continuada, dos uvis móviles y cuatro ambulancias de soporte vital básico son medios suficientes, según se recoge en un informe elaborado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), para atender las urgencias sanitarias en la ciudad. Por lo tanto, «no se justifica la creación de nuevos servicios paralelos, que en todo caso duplicarían lo existente», advierte el documento con el que el Principado deja bien claro que está en contra de la creación del Sumgi, el Servicio de Emergencias Municipales impulsado por el PP y Foro.

Este servicio, que según el primer borrador de presupuestos municipales para el año que viene tendría un coste de 700.000 euros, no cesa de generar polémica entre los grupos de la oposición municipal. Ayer fue el PSOE el que esgrimió el documento redactado por el Sespa ante el temor de que el Ayuntamiento acabe invadiendo competencias que en la actualidad corresponden al Principado y lo que es peor a juicio de los socialistas, «que se despilfarre el dinero público para satisfacer las demandas del PP», criticó ayer la concejala Esperanza Fernández.

El PSOE gijonés está «radicalmente en contra» de que se ponga en marcha un servicio del que casi nada se sabe salvo cuestiones puntuales, como que «la uvi que permanece en la playa en los meses del verano pasará ahora a tener un servicio continuo durante todo el año», apuntó ayer la edil socialista, que no podía ocultar su desconcierto ante el cambio de un plan que «nació para atender emergencias sociales y que ha acabado derivando hasta transformarse en un servicio sanitario».

El Principado tampoco ve bien esta transformación, porque «el área sanitaria V tiene una magnífica dotación de urgencias que alcanza suficientemente la demanda actual y las previsiones inmediatas». El informe del Sespa recoge cómo el año pasado se atendieron en total 127.226 emergencias en los hospitales gijoneses, de las cuales, el 80 por ciento fueron espontáneas, sin necesidad de una derivación por parte del nivel de atención primaria. Por su parte, los servicios primarios atendieron 161.896 casos urgentes, «lo cual habla a favor de la ausencia de barreras administrativas y alta accesibilidad para la población», teniendo en cuenta además que sólo un 15 por ciento de estas urgencias terminan en ingreso, subraya el Sespa. A ello se suma que la planificación de estos medios de atención urgente hacen que las ambulancias tarden «como mucho 30 minutos en toda el área y 14 minutos en la ciudad de Gijón» en el caso de las uvis móviles, y tan sólo diez minutos en el caso de las ambulancias.

Con todos los datos de atención urgente del año pasado sobre la mesa, el Principado afirma que la presión asistencial «es baja» teniendo en cuenta el número total de dispositivos existentes», y advierte de que la puesta en marcha del Sumgi obligaría a «establecer nuevos mecanismos de integración en el sistema de emergencias del Principado al margen de los existentes». «Un auténtico despropósito», subraya Esperanza Fernández, quien pide en cambio «optimizar los recursos que ya tenemos».

Menos ambulancias, más ayudas para la compra de libros de texto

L. P., en La Nueva España

«¿Hacia qué política social vamos?». La concejala Esperanza Fernández mostraba ayer su disconformidad con las pautas que se están desarrollando en atención social en los últimos meses desde el Ayuntamiento gijonés, que, a su juicio, está dejando de lado cuestiones más urgentes y sangrantes para los ciudadanos. Como por ejemplo, el caso de las ayudas a la compra de libros. El Grupo municipal Socialista lanzó una propuesta en la última sesión plenaria para destinar una dotación mínima de 120.000 euros para el intercambio de libros en los colegios, que fue rechazada por el PP y Foro. Por ello, Fernández critica que «las necesidades más básicas de muchos menores que no pueden acceder a la compra de libros no están cubiertas y mientras tanto se quiere gastar el dinero en algo que ya existe».

Además, la edil recalcó cómo el servicio de emergencias sociales que funciona en otras ciudades como Madrid lo hace «con trabajadores sociales y equipos de calle, que es el tipo de labor que hace falta en este caso». UPyD también reclama un planteamiento social «que no tenga un coste desorbitado».

Fusión de las áreas sanitarias: empiezan a aparecer abanderados de los localismos que ya sabíamos estarían en contra

El PP rechaza el plan de Salud para la gestión única de los hospitales de Mieres y Langreo

Carlos Galcerán advierte de que la medida «eliminará y recortará» servicios y provocará «desplazamientos constantes de pacientes de una a otra comarca»

Mieres del Camino, David MONTAÑÉS, en La Nueva España

El presidente del PP de Mieres, Carlos Galcerán, rechazó ayer que el nuevo hospital Álvarez Buylla de Mieres y el Valle del Nalón de Langreo pasen a tener una gestión única, como recoge el organigrama que elabora la Consejería de Sanidad con el objetivo final de que las áreas sanitarias de la región pasen de las ocho actuales a solamente cuatro. «La medida consiste realmente en recortar, eliminar dispositivos y disminuir tanto servicios como recursos humanos», indicó. El también presidente de la comisión de Sanidad y Política Social de PP asturiano apuntó que, en contra de lo que afirma el Gobierno regional, la medida acarreará importantes perjuicios a los usuarios de los citados hospitales. «Es seguro que vamos a asistir a desplazamientos constantes de pacientes de una cuenca a otra para recibir asistencia de determinados servicios», matizó.

El planteamiento de Salud pasa por reducir de ocho a cuatro las áreas sanitarias y contempla fusionar las áreas VII y VIII, las correspondientes a las comarcas del Caudal y el Nalón. Las fusiones se desarrollarán con la Ley de salud y ordenación de los recursos sanitarios, que concretará las uniones de áreas atendiendo también a factores como el urbanismo, la demografía, los ejes de comunicaciones... de modo que algún concejo que ahora está enclavado en un área sanitaria pueda acabar perteneciendo a otra diferente. «Es precisamente en el texto de la legislación donde encontramos los argumentos necesarios para rechazar la fusión de ambas áreas. Indudablemente, la disponibilidad de recursos sanitarios puede pesar en la decisión final, pero el ámbito socio-demográfico y el de accesibilidad a los servicios hacen que la balanza se incline claramente hacia el mantenimiento del actual sistema», indicó Galcerán.

La fusión de las áreas sanitarias de Mieres y Langreo está ya prácticamente definida y supondrá que el nuevo hospital comarca Álvarez Buylla, cuya apertura está prevista para el próximo año, y el Valle del Nalón pasen a tener una gestión única. «Se trata de un sistema de colaboración en el que los profesionales y los pacientes se podrán compartir entre los centros de una forma ágil y eficiente, basada en el intercambio del conocimiento y experiencia, el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las consultas de alta resolución y la continuidad asistencial», señalaron fuentes oficiales de la Consejería de Salud. Carlos Galcerán defendió ayer un planteamiento totalmente contrapuesto: «En el momento en el que admitamos la fusión, Mieres habrá perdido parte de los recursos de los que ahora dispone en su Hospital y luego, como siempre, no habrá marcha atrás». El dirigente popular apunta que ahora es el momento de fijar posturas, antes de que se tome una decisión definitiva: «No podemos permitir la pérdida de servicios que hoy, y desde hace muchísimos años, tiene nuestro hospital Álvarez Buylla y que permiten, no sólo mantener la accesibilidad y la calidad del sistema, sino que son un elemento indispensable de la cohesión de la comarca».

El grupo municipal del PP de Mieres tiene previsto presentar en el próximo Pleno una moción de rechazo a las pretensiones de la Consejería de Sanidad sobre la gestión única de los hospitales Álvarez Buylla y Valle del Nalón. «Defendemos que ambos hospitales mantengan su actual cartera de servicios y que sigan siendo elementos de cohesión comarcal», señaló Carlos Galcerán. Y añadió: «Según la Consejería la gestión única es un sistema de colaboración en el que los profesionales y los pacientes se podrán compartir entre los centros de una forma ágil y eficiente, pero lo cierto es que al final se perderán servicios y habrá que desplazarse de una zona a otra constantemente».

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Los compromisos sobre el futuro de la sanidad en el Suroccidente no contenta a todos

Los médicos del hospital de Cangas exigen a Sanidad inversiones urgentes en el centro

La instalación precisa mover el paritorio junto a los quirófanos, un espacio para tratar la leucemia y un acceso a hemodiálisis, según los profesionales

Cangas del Narcea, Pepe RODRÍGUEZ, en La Nueva España

Menos palabras y más hechos. Los médicos del hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea retan a la Consejería de Sanidad a demostrar con inversiones que sus intenciones no son las que ellos sospechan, esto es, el desmantelamiento del hospital hasta convertirlo en un simple ambulatorio. En una carta firmada por 60 de los 62 facultativos (los dos restantes no estaban presentes en el centro estos días), éstos enumeran las deficiencias que les llevan a la conclusión de que el Principado ha abandonado el centro a su suerte.

En primer lugar, los médicos subrayan que la cantidad de 390.000 euros, que la consejería aseguró que eran para garantizar la mejora de los servicios, sólo es una partida destinada a contratos de mantenimiento, obligatorios, y no supone la renovación de la obsoleta tecnología del centro, como, por ejemplo, la del escáner que se rompió en fechas recientes. La situación, aseguran, obligó a tener que trasladar a un paciente a Oviedo para hacer una placa, lo que, a su vez, mostró el déficit de ambulancias. Los facultativos califican las explicaciones del consejero de «falacias».

En el tema tecnológico, advierten los médicos, hace ya seis años que el centro no gestiona el plan de necesidades. Denuncian que el de Cangas es el único hospital de Asturias que no dispone de imagen en alta definición en cirugía endoscópica, que sólo hay una torre de cirugía laparoscópica (con 10 años de antigüedad) compartida por todos los servicios y que el método de grabación de estas intervenciones aún es el VHS.

Los médicos del hospital señalan, asimismo, que la implantación del sistema informático Selene ha sido un gran fracaso, que es un sistema arcaico que requiere del navegador de Internet Explorer 6 para funcionar y que el plan de contingencia, para cuando falla, es volver a una caja de cartón donde están los volantes de toda la vida.

Los firmantes de la carta, además, critican que el plan director del hospital, que costó 400.000 euros, incluía un paquete de reformas positivas que nunca se cumplieron, pero en cambio avanza en el recorte de las prestaciones de la infraestructura suroccidental.

Entre los cambios positivos previstos, subrayan, se hablaba de mover el paritorio junto a los quirófanos, de un acceso a hemodiálisis a pie de calle, de no tener a los enfermos de leucemia recibiendo quimioterapia en el propio laboratorio, de habilitar para discapacitados el baño de endoscopias y, en general, de acometer unas obras de ampliación y una reestructuración del edificio que era totalmente imprescindible para el futuro del hospital.

Los médicos creen que esa parte del plan director era muy positiva y quieren que se hagan esas inversiones para que se demuestre, de verdad, que se apuesta por el futuro del Carmen y Severo Ochoa, más allá de las declaraciones políticas.

En ese aspecto, los profesionales del hospital de Cangas creen que la consejería tendría que responder a asuntos tan concretos como qué pasará con los servicios prestados por los otorrinos y los oftalmólogos que, atendiendo al plan director, no tendrían que operar en Cangas. Eso, unido a que la fusión de áreas, hará depender al hospital suroccidental del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo, es lo que lleva a los médicos a asegurar que «si bien tenemos claro que el hospital no se cerrará con un candado, sospechamos que se convertirá en un hospital básico, es la crónica de una muerte anunciada».

 

Reunión de hace 3 días entre el Alcalde de Cangas y el Consejero de Sanidad:

Blanco garantiza la continuidad del hospital de Cangas del Narcea

El consejero de Sanidad ha adquirido este compromiso durante la reunión que ha mantenido hoy (13.11.12) con el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

EFE

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha garantizado hoy al alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, del PP, que la cartera de servicios sanitarios y el personal del Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa se mantendrán como en la actualidad.

Según ha informado el Ayuntamiento, Blanco ha adquirido este compromiso durante la reunión que ambos han mantenido esta mañana en la que el alcalde pretendía aclarar todas las "anomalías" que presenta el centro, así como los temores sobre su futuro que el equipo de médicos del hospital comarcal le habían trasladado.

Según Fontaniella, la reunión con el consejero se convirtió en un debate "muy intenso", pero que finalmente permitió que ambas partes coincidieran en diferentes puntos de encuentro y de entendimiento.

A su juicio, es muy importante haber conseguido el compromiso del consejero de que se mantendrán los servicios sanitarios del hospital y su personal actuales "lo que permite asegurar el futuro del Hospital Comarcal en Cangas del Narcea".

Asimismo, ha trasladado al consejero su preocupación por la falta de renovación tecnológica en el material del hospital y por los desperfectos que sufren algunos de los instrumentos médicos.

"Hay aparatos que llegan a los 25 años de antigüedad, lo que daba a entender que era signo de la intención de la consejería de dejar morir poco a poco al hospital y convertirlo en un ambulatorio", ha señalado.

No obstante, según el alcalde, Blanco se ha comprometido a ir subsanando paulatinamente el material para asegurar el futuro del hospital aunque, según Fontaniella, si dentro de un plazo razonable no se avanza hacia la consecución de estos compromisos volverá "a la misma silla" a reclamar "lo que no se haya cumplido".

El consejero de Sanidad se compromete ante el alcalde de Cangas del Narcea a mantener el personal y la cartera de servicios actual del hospital

El PSOE cangués espera que a partir de ahora reine la cordura y no se alarme a la población innecesariamente

“La cartera de servicios sanitarios y el personal del Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa se mantendrán como en la actualidad”, este es el compromiso que el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha contraído con el alcalde cangués, José Luís Fontaniella, en la reunión que ambos han mantenido esta mañana y que fue calificada de “tensa” por éste.

Según una nota de prensa emitida desde la alcaldía, Fontaniella llegaba a la cita con el consejero de Sanidad preparado para “aclarar y poner sobre la mesa todas las anomalías que presenta el centro”, así como los temores sobre su futuro que el equipo de médicos del hospital comarcal le habían trasladado en los dos encuentros mantenidos desde que los facultativos hicieran sus denuncias públicas. Reconoce que la reunión con el consejero Faustino Blanco se convirtió en un debate “muy intenso”, pero que, finalmente, ambas partes coincidieron en diferentes puntos de encuentro y de entendimiento. Para el alcalde cangués es muy importante “haber conseguido el compromiso del consejero de que se mantendrán los servicios sanitarios del hospital y su personal actuales, lo que “permite asegurar el futuro del Hospital Comarcal en Cangas del Narcea”.

Asimismo, Fontaniella trasladó al consejero su “preocupación” por la falta de renovación tecnológica en el material del hospital y por los desperfectos que sufren algunos de los instrumentos médicos. “Hay aparatos que llegan a los 25 años de antigüedad, lo que daba a entender que era signo de la intención de la consejería de dejar morir poco a poco al hospital y convertirlo en un ambulatorio”, explica el alcalde. En este sentido, el consejero  se ha comprometido a “ir subsanando paulatinamente” el material, para asegurar el futuro del hospital.

El alcalde cangués también pidió al consejero que en el modelo de gestión sanitaria de los hospitales que pretende poner en marcha la actual consejería de Sanidad no se sigan los pasos marcados por el Plan Director. Faustino Blanco aclaró a Fontaniella que la intención de la actual consejería respecto al modelo de gestión “no tiene nada que ver con los puntos recogidos por el Plan Director”, y además explicó que para el hospital de Cangas del Narcea pasar a depender directamente del HUCA “va a suponer una ampliación de los servicios y una mejora en la calidad asistencial”.

Antes de abandonar la reunión, el alcalde pidió al consejero Faustino Blanco que hiciera públicos los compromisos adquiridos en apoyo hacia el mantenimiento del Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa. Además de anunciar que “si dentro de un plazo razonable no se avanza hacia la consecución de los compromisos, este alcalde volverá a estar en la misma silla reclamando lo que no se haya cumplido, en defensa de la sanidad de Cangas del Narcea y de la comarca suroccidental”.

EL PSOE CANGUÉS ESPERA QUE A PARTIR DE AHORA REINE LA CORDURA Y NO SE ALARME A LA POBLACIÓN INNECESARIAMENTE

Por su parte, el secretario general de los socialistas cangueses, José Víctor Rodríguez, ha declarado sentirse “atónito” por las declaraciones efectuadas por el alcalde al término de la reunión con el Consejero de Sanidad.

Para el líder de los socialistas cangueses, “que sea el alcalde el que tras arrojar gasolina al fuego de la alarma social pretenda venir ahora de apagafuegos, no lo puedo comprender”. Rodríguez ha querido remarcar que desde el pasado día 30 de octubre en el que estuvo el Director General de Salud Pública en Cangas del Narcea, la respuesta del gobierno del PSOE de Javier Fernández ha sido contundente. Rodríguez recordó las palabras del Consejero de Sanidad, Faustino Blanco, hace pocas semanas, las del Consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, en rueda de prensa y las del propio Presidente del Principado la semana pasada en sede Parlamentaria. “Todos ellos dijeron lo mismo. Mientas haya un gobierno socialista en Asturias no se cerrará ningún hospital, tampoco el Carmen y Severo Ochoa. Ni se tocará la cartera de servicios, ni se suprimirán servicios, tampoco los de nuestro hospital”, añadió.

El secretario general del PSOE cangués espera que “a partir de ahora reine la cordura y el PP se abstenga de continuar alarmando a la población cuando no hay razones para ello”. Además, desde la agrupación local creen que el Consejero se merece seguramente una doble felicitación. “Primero por convencer al alcalde que lo que se está haciendo en materia sanitaria en Asturias es garantizar la atención pública y de calidad. Y, segundo, porque que un alcalde del PP, cuyo partido solo cree en la atención privada, reconozca el trabajo bien hecho, pues es también meritorio”, apostilló.

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