TRIBUNALES

Los controladores cobrarán 200.000 euros

SE REDUCE SU JORNADA LABORAL

El laudo arbitral del ex ministro Manuel Pimentel defiende que los controladores españoles trabajan "más que la media europea, pero también ganan mucho más".

nuevatribuna.es 

El salario medio de un controlador operativo se fija en 200.000 euros al año, mientras que la jornada máxima aeronáutica se establece en un máximo de 1.670 horas este año, frente a las 1.711 horas actuales, que se reducirán a 1.595 horas para 2013, según el laudo dictado esta mañana por el árbitro designado por controladores y AENA, Manuel Pimentel.

En rueda de prensa, Pimentel ha explicado que de esta forma la empresa tendrá "un colchón" para a partir de ahí reducir el absentismo laboral e ir ajustando la jornada, que respetará los porcentajes establecidos de descanso del 25% en turno de día y del 33% en turno de noche. Esto supondrá que en el futuro convenio se introducirá el binomio "jornada-productividad" al vincular el salario a la jornada y la productividad.

Pimentel defendió que los controladores españoles trabajan "más que la media europea, pero también ganan mucho más", por lo que es necesario ir ajustando la jornada para adecuarse a la media europea.

Tras reconocer la cualificación de un colectivo que está sometido a situaciones de estrés y no es adecuado que exceda de la jornada convenida, apuntó que el laudo arbitral recoge la legislación europea e intenta que se homologue con la normativa de cara a la implantación del ’cielo único europeo’.

Así, se incluirán 40 horas adicionales extra al año en materia de formación, hasta 1.710 horas en aquellos centros en los que se apliquen y sean necesarias, que pasarán a 25 horas para 2012 y 20 horas en 2013. Las horas extra seguirán siendo 80 al año.

En cuanto a la Licencia Especial Retribuida (LER), se creará una nueva figura denominada "reserva activa" (RA) que exigirá unos "nuevos requisitos". De esta forma, los controladores acogidos a la LER, suspendida por tres años, permanecerán en esta situación si se acogieron a ella antes del 5 de febrero. A partir de los 57 años, los controladores se someterán cada seis meses a unas pruebas psico-físicas pudiendo acogerse a la RA.

A la LER, situación previa a la jubilación, podían acogerse hasta ahora los controladores a partir de los 52 años, con al menos 30 años de servicio.

Con esta nueva figura, aquellos que hayan perdido su condición de controlador operativo pasarán a realizar otras funciones o a la llamada ’reserva activa’, donde cobrarán el 75% del salario tomando como base el doble de la pensión máxima.

PIMENTEL: "UN ÉXITO DEL DIÁLOGO SOCIAL"

Para Pimentel este "sistema gradual" permitirá aportar "seguridad y también garantías" para ambas partes en un sector como el transporte aéreo esencial para el ciudadano y en el que, como tal, se debe "garantizar el derecho de circulación de las personas", lo que ha tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión, además de ser sensible a las reivindicaciones laborales de un colectivo que necesitaba clarificar sus condiciones.

El árbitro aseguró que a la hora de dictar el laudo no ha partido de cero, sino que el acuerdo firmado por AENA y los controladores en agosto ha servido de base y punto de partida.

En esta línea, destacó que el laudo arbitral es "un éxito del diálogo social", pese a ser una vía no frecuente, tras haber mantenido reuniones "exhaustivas" con las dos partes.

NUEVA ETAPA DE PAZ SOCIAL.

Por su parte, el presidente del sindicato USCA, Camilo Cela, agradeció a Pimentel su reconocimiento público a que los controladores aéreos españoles "son los que más trabajan de toda Europa" y expresó su deseo de que con este laudo "llegue la paz social y se recupere la normalidad".

De su lado, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, destacó el trabajo "minucioso y honesto" de Pimentel con el que se abre un periodo de paz social y normalidad laboral para iniciar el proceso de transformación del ente. Lema aclaró que este convenio solo afectará a los controladores trabajadores de AENA.

Preguntado sobre la amenaza de convocatoria de huelga por el resto de los trabajadores de AENA en contra de la privatización, Lema señaló que prosiguen las negociaciones con los sindicatos, aunque dijo entender la inquietud de los trabajadores sobre cómo se va a articular el convenio del grupo a partir de las concesiones. "Estamos haciendo muchos esfuerzos y esperamos llegar a un acuerdo", zanjó.

El laudo, que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable, entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). .

Cosas curiosas camino de los tribunales

Sinceramente siempre creí que los altos cargos de libre designación no hacían cosas de estas…

El exsubdirector de Recursos Humanos del SESPA, Tomás Mendoza, al que hace mes y medio le dedicamos nuestra despedida por su “fichaje” para la dirección de Recursos Humanos de Osakidetza (VER NUESTRA NOTICIA DE ENTONCES) interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 7 de octubre de 2010 (BOPA de 25 de octubre de 2010), de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se adjudican, con carácter definitivo, los puestos de trabajo convocados para su provisión por Resolución de 16 de octubre de 2009…

En el BOPA de hoy se publica el requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, por el que se emplaza a los interesados en el expediente - Procedimiento Abreviado número 547/2010, interpuesto por, D. Tomás Mendoza Carnicero contra la Resolución de 7 de octubre de 2010 (BOPA de 25 de octubre de 2010), de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno -, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su no personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo…

Desconocemos cuál es la causa concreta que motiva su impugnación, pero no deja de parecernos “curioso” … por no decir otra cosa.

VER EMPLAZAMIENTO DE HOY EN EL BOPA

VER RESOLUCION IMPUGNADA

La “patata caliente” en manos de los jueces ... ¿es posible que una administración no cumpla o inejecute una sentencia?

Los funcionarios, «indignados» con el Principado por no abonar las ayudas sociales 

 

El Gobierno no acata la sentencia que le obliga a pagar porque dice que es «inejecutable»

La Nueva España. Oviedo, P. G.

Los sindicatos de funcionarios del Principado CSIF y USIPA han mostrando su «indignación» ante la resistencia del Principado a cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga a la Administración regional a conceder 1,2 millones de euros en ayudas sociales a 4.500 empleados públicos laborales que el Ejecutivo asturiano, sostenido por el pacto PSOE-IU, eliminó dentro de las medidas del control del gasto público. CSIF recurrió la medida al entender que la decisión vulneraba el convenio colectivo. Mientras esto ocurre, y según USIPA, el Principado ha adjudicado en los últimos meses dos contratos de servicios tecnológicos e informáticos para los cuatro próximos años por valor de 85,6 millones de euros. «Así sí que es difícil contener el gasto público», ironizaba José Luis González, coordinador de USIPA.

 

La pugna entre el Principado y los sindicatos llevó a ambos ante el juez el pasado viernes, después de que a finales de enero CSIF solicitase la ejecución de la sentencia sobre las ayudas sociales. En la vista, el Principado se opuso a la ejecución de la sentencia, ya que considera «imposible» pagar las ayudas sociales -en este caso ascienden a 1,2 millones de euros- dado que incumpliría el plan de reducción del déficit pactado con el Ministerio de Economía. Además, el abogado del Principado, según CSIF, advirtió de que la sentencia no es firme, ya que está recurrida en el Tribunal Supremo y pidió que se declarase como «inejecutable».

 

Ante esto, Juan Gavira, uno de los responsables del sector autonómico de CSIF, confía en que el Principado «no se salga con la suya». De lo contrario, Gavira entiende que si «una administración no puede cumplir una sentencia se habrá certificado que el Estado de derecho está prácticamente muerto y que los políticos tienen bula para saltarse las leyes». En este punto, tanto CSIF como USIPA coinciden en cargar contra Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas, y contra Daniel Álvarez, director general de Función Pública, a los que acusan de «empecinamiento crónico» de hacer siempre lo que quieren y de «ser incapaces de buscar una solución negociada».

 

La supresión de las ayudas también ha sido recurrida por CC OO, pero en este caso la denuncia incluye a todos los trabajadores públicos del Principado, tanto funcionarios como laborales.

 

El Comité de Empresa llevará a los tribunales la potencial bajada salarial...

Cruz Roja prevé pérdidas de 600.000 euros anuales tras el recorte del Sespa
El gerente del hospital concertado afirmó en Canal 10 que la bajada salarial es una medida «injusta, pero menos lesiva que un ERE»
El Comercio. 24.02.11 - L. FONSECA | GIJÓN.
Foto: Carlos Prieto, gerente de Cruz Roja, ayer, en La Lupa.
600.000 euros de pérdidas. Este es el agujero económico que el Hospital de Cruz Roja vaticina para 2011, año en que volverá a sufrir recortes financieros por parte del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que mermará su financiación en un 3,2%. Carlos Prieto, gerente de la entidad, puso ayer cara a la «compleja» situación económica que atraviesa el hospital gijonés tras confirmarse que el Sespa fijó su techo presupuestario en 13,7 millones de euros, dos millones por debajo del dinero que el centro concertado llegó a recibir en 2009.
En el programa La Lupa, de Canal 10, a preguntas de Juan Neira, el responsable de Cruz Roja adelantó que para el presente ejercicio se estiman «unas pérdidas de 600.000 euros». Prieto fue bastante claro y reconoció que debido a esa previsión negativa «habrá que hacer ajustes». Entre las alternativas previstas para hacer frente al ajuste económico del Principado figura la reducción salarial, algo que afectará una plantilla compuesta por 250 personas. Carlos Prieto admite que el descenso de las nóminas «puede verse como una medida un tanto injusta», ya que los sueldos de los trabajadores de los centros concertados «son más bajos que los de la pública». Sin embargo, considera que es una acción «menos lesiva que un ERE (Expediente de Regulación de Empleo)».
El hospital prefiere recortar sueldos, ya que «siempre hemos apostado por mantener el empleo», abundó. El centro sanitario estima que con la bajada de sueldos se ’ahorrarán’ del orden de los 450.000 euros anuales. La reducción salarial «sería a cuenta» y afectaría «a parte de un complemento que en su día se pactó con el comité de empresa. Supone cerca del 5% de la nómina», explicó.
Medida reversible
Prieto insistió en que el recorte salarial «es de carácter reversible. Si por las razones que sean el hospital tiene un resultado equilibrado a finales de año, se daría marcha atrás», se comprometió en el plató de Canal 10.
Pero la medida no ha sido bien recibida por los afectados, que consideran que el gerente «carga el recorte del Sespa sobre la espalda de los trabajadores». El comité de empresa ya anunció que llevará al hospital a juicio. La semana pasada, trabajadores y empresa celebraron un acto de conciliación en el que no hubo acercamiento. En los próximos días, los sindicatos presentes en el hospital concertado oficializarán la demanda ante la justicia, precisaron.
Durante 2011, Cruz Roja deberá realizar la misma actividad que la que pactó con el Sespa para el año anterior. Serán del orden de las 6.500 intervenciones. Prieto confía en el que Principado cumpla con su compromiso de derivaciones, algo que no ocurrió el pasado año, cuando el hospital llegó al 31 de diciembre con 696 operaciones quirúrgicas por debajo de las concertadas.
Desde 2003, cuando el hospital incrementó su capacidad quirúrgica y pasó a disponer de cinco quirófanos, el número de operaciones se vio incrementado año a año. El techo se alcanzó en 2009 con 7.200 intervenciones, una cifra que se sitúa bastante por debajo de las realizadas el pasado año, cuando Cruz Roja se quedó en 5.872 cirugías.
«El Servicio de Salud siempre nos derivó más de lo previsto»
24.02.11 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
Operar más de lo pactado era algo habitual en Cruz Roja. «El Servicio de Salud siempre nos derivó más de lo previsto», reveló ayer el gerente del hospital. Carlos Prieto aseguró que era común que a finales de año el balance arrojara un mayor número de operaciones que las pactadas inicialmente con el Sespa. «Los convenios singulares plantean una aproximación de la actividad que se va a realizar, otra cosa distinta es lo que se deriva realmente».
Cruz Roja ha actuado en los últimos años como el balón de oxígeno de Cabueñes. Durante las obras de ampliación del hospital público, los quirófanos de la calle de Uría fueron utilizados como salvaguarda para mantener a raya las listas de espera y las demoras quirúrgicas. «Cruz Roja cumple una misión muy importante en el Área Sanitaria V», opinó el gerente, para quien «lo lógico sería establecer unos niveles de atención en base a una planificación anual, algo que se echa mucho en falta», dijo. Prieto recordó que «si se tiene un recurso sanitario disponible», en alusión al hospital que dirige, «sería lamentable que no se usara en toda su capacidad».

Condena al SAS por acoso a la médica que denunció las listas de espera

El País. V. C. - Almería - 23/02/2011

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 120.000 euros por acoso laboral a la trabajadora del Hospital Virgen de las Nieves que denunció en 2008 supuestas irregularidades en la gestión de las listas de espera.

En la resolución, de la que informó ayer Comisiones Obreras, la juez afirma que "queda acreditada" la vulneración del derecho fundamental y por tanto reconoce el "mobbing o acoso laboral" y de ahí la condena a indemnizar a la denunciante, S. R., aunque no la restituye en su puesto, como ésta pedía.

Tras producirse la denuncia e iniciada la investigación judicial por las supuestas irregularidades en las listas de espera quirúrgicas, la dirección del centro trasladó a la trabajadora, médico de admisión y documentalista del servicio de atención al usuario, al Hospital de San Juan de Dios. Se argumentó, según Comisiones, que se producirían más rotaciones, que no hubo.

Traslado y sueldo

La profesional pedía también que se anularan las resoluciones posteriores del centro que dieron lugar al traslado y también las que atañen al complemento de rendimiento profesional, que descendió tras la denuncia de S.R. a la Fiscalía.

De que se le restituya o no en su puesto, algo a lo que no está obligado el centro según el fallo, dependerá que Comisiones recurra. El SAS anunció ayer mismo que sí lo hará. "Lo que ella quiere es volver a su puesto de trabajo", dicen fuentes del sindicato. La dirección del hospital cambió tras la polémica denuncia.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que se hizo cargo de la investigación sobre las posibles irregularidades, acordó en mayo de 2010 el archivo provisional del caso y remitió la información a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que en octubre pasado admitió a trámite la denuncia. El magistrado espera conocer de la información que analice la agencia si hay datos concretos "con valor probatorio de naturaleza penal". Al igual que la fiscalía, el juez consideró que las posibles irregularidades se podían extender a otros centros del SAS y podrían afectar a miles de personas. Por eso envió la información a la AEPD.

 

Y el Colegio de Médicos vuelve a impugnar

El Sespa mantiene las jefaturas clínicas del HUCA anuladas por la Justicia

Vuelve a designar a los mismos responsables de las unidades de gestión tras repetir el proceso por un recurso del Colegio de Médicos

Foto: Estado de las obras del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el pasado mes de enero. :: MARIO ROJAS  

22.02.11 – El Comercio.

No habrá cambio alguno. Seguirán los mismos jefes clínicos designados meses atrás. Las unidades de gestión del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) quedarán en manos de las jefaturas cuya designación había sido anulada a finales de 2010 por la justicia. Tras tener que repetir el proceso a consecuencia de un recurso judicial presentado por el Colegio de Médicos de Asturias, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha vuelto a nombrar a los mismos responsables.

Según ha podido saber EL COMERCIO, el complejo sanitario remitió semanas atrás al Sespa una propuesta de nombramientos que no difiere en absoluto de los designados a mediados del pasado año. Se trata de Julio Pascual, en el área de Neurociencias; Victoriano Cárcaba, en Medicina Interna; Francisco Álvarez, del Laboratorio de Medicina; Pere Casán, de Pulmón; Francisco Ortega, de Nefro-Urología; Fernando Santos, de Pediatría, e Hilario Prada, de Salud Mental.

A pesar de la paralización de los nombramientos, dichos médicos han seguido ejerciendo sus funciones como responsables de un área de gestión clínica.

Al nuevo concurso, que el Sespa volvió a convocar tras publicarlo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 3 de diciembre de 2010, se presentaron los candidatos que ya habían sido designados jefes. La única excepción fue en el área de Medicina Interna, a la que también concursó el médico Dámaso Escribano, del Hospital de Jove. Tras estudiar los méritos y la memoria presentada por el facultativo gijonés, el HUCA decidió mantener a Victoriano Cárcaba el frente de la gestión de dicha unidad.

El recurso del Colegio de Médicos, el que trastocó los planes de la Consejería de Salud, data del verano pasado. La entidad colegial entendía que el concurso para las jefaturas de dichas unidades «debería haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno, ya que así lo recoge el decreto que el propio Principado aprobó en julio de 200». Además, también estimaba que varios de los requisitos que se exigen para convertirse en director de gestión del HUCA, como trabajar en exclusividad para la sanidad pública, «tampoco son legales».

El Colegio de Médicos se hacía así eco de las críticas y del malestar que dicho concurso generó entre los facultativos, principalmente, entre aquellos que tendrían que dejar de ejercer en la medicina privada para poder hacerse con un cargo de mayor responsabilidad.

La constitución de áreas clínicas también causó resquemor entre los actuales jefes de servicio que, desde entonces, tienen por encima suyo a un coordinador, algo que no había ocurrido nunca en la sanidad pública asturiana.

Problema de autoridad

El Colegio de Médicos entiende que el organigrama que la Consejería de Salud ha diseñado para el HUCA y que será la piedra filosofal del nuevo hospital de La Cadellada, plantea un problema de autoridad, ya que hay áreas que tienen más de un responsable al frente. En varias de estas unidades de gestión, el nuevo coordinador tiene que convivir con quien hasta ahora ejercía la jefatura. Es el caso, por ejemplo, de Nefro-Urología.

En septiembre pasado, el Colegio de Médicos lograba tumbar el proceso de las áreas de gestión del HUCA. Varios jueces le dieron la razón a la entidad, obligando a la Consejería de Salud a rectificar. Los jueces entendieron acertado que la convocatoria no era legal al no ser publicada en un diario oficial y, en particular, en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

El Sespa tuvo que convocar un nuevo concurso. Lo hizo mediante un anuncio publicado en el BOPA el 3 de diciembre de 2010. El 4 de enero de 2011 finalizó la presentación de candidaturas. Una semana después, el HUCA ya había tomado la decisión de mantener en sus puestos a los mismos jefes clínicos.

El de las unidades de gestión clínica -uno de los puntales de la denominada «reforma Quirós»- es un nuevo modelo con el que el Gobierno regional persigue racionalizar el gasto sanitario y mejorar la atención a los pacientes gracias a la autogestión de los distintos servicios hospitalarios. Pero los planes del consejero Ramón Quirós no convencen a los profesionales. El Colegio de Médicos impugnó, una por una, las 23 convocatorias de jefes de unidades de gestión clínica que se han ido aprobando en el HUCA, además de en los hospitales de Cabueñes, San Agustín, Jarrio, Valle del Nalón y Álvarez Buylla.

Nueva denuncia

Pero el caso no queda ahí. El segundo proceso también ha sido recurrido y denunciado por el colegio. El argumento es similar: la entidad considera ilegal que se exija exclusividad a los futuros jefes y también estima que el modo de designar a los nuevos jefes «atenta contra los principios de mérito, capacidad e igualdad presentes en la ley». El balón vuelve a estar en el tejado de los tribunales.

Además de una excusa inconcebible es ridícula e improcedente esperemos que el TSA actue en consecuencia y políticamente también se exijan responsabilidades.

Respuesta del Gobierno regional a la sentencia judicial sobre la ilegalidad de la supresión de las ayudas sociales…
El Principado considera «imposible» pagar las ayudas sociales a los empleados públicos

Administraciones Públicas plantea al juez que si realiza esos pagos, de 1,2 millones, no podrá cumplir el ajuste de 142 millones pactado con Economía

Oviedo, Juan A. ARDURA, en La Nueva España

El Principado ha remitido un escrito a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia donde expone que le resulta «imposible» cumplir la sentencia que le condenaba a pagar las ayudas sociales a 4.500 empleados públicos, por motivos económicos. El juez ha citado el próximo viernes a los abogados del Principado y del sindicato que recurrió ese recorte, el CSIF, para dilucidar la resolución del caso, que ganó en primera instancia el sindicato y que suponía el pago de, aproximadamente, 1,2 millones de euros.

El Gobierno regional ha elaborado un informe sobre «la imposibilidad de ejecutar» ese fallo judicial. La dirección general de Función Pública, que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, argumenta que los créditos existentes para hacer frente a esas ayudas «fueron objeto de retención por parte de la Consejería de Economía para poder lograr el objetivo de reducción del déficit en 2010».

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó una sentencia a finales del pasado mes de diciembre en la que obligaba a la Administración regional a dar las ayudas sociales que recortó a los empleados públicos en 2010. El Principado aplicó el «tijeretazo» a las becas de estudio y para libros de los hijos de los empleados públicos y las ayudas económicas a quienes tienen a su cargo hijos discapacitados.

Los magistrados decidieron que el Gobierno regional debía convocar y conceder esas ayudas sociales porque estaban incluidas en el convenio colectivo del personal laboral del Principado, suscrito por la Administración y los sindicatos. Este fallo afecta únicamente al personal laboral y no a los funcionarios.

El TSJA advertía en su sentencia que el Principado acordó la supresión de esas ayudas de forma «unilateral» y que el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, aprobado por el Gobierno central y esgrimido por el Principado como principal argumento, «establecía medidas de contención y reducción de masa salarial», pero no hacía referencia alguna a las ayudas sociales.

La dirección general de la Función Pública responde en su informe que el Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció para Asturias un recorte de 142 millones de euros para contribuir a la reducción del déficit público, de los que 68 millones correspondían a recorte de gastos de personal, bien de retribuciones de los empleados o de «otras partidas asimilables». El Gobierno sostiene en su argumentario que «la convocatoria de las ayudas a estudios, tal como estaba prevista inicialmente, provocaría que la comunidad autónoma del Principado de Asturias incumpliese el compromiso alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para 2010». El director general de Función Pública concluyó en su informe que «resulta de imposible ejecución legal la sentencia de la Sala de lo Social» y pidió a los servicios jurídicos del Principado que trasladasen ese planteamiento al juez. «Son excusas de mal pagador. El Gobierno regional se atreve a decir que en un presupuesto de 4.000 millones de euros no tiene un millón doscientos mil euros para hacer efectiva una sentencia. Un gobierno de PSOE e IU, que se dice progresista, es capaz de dejar a niños minusválidos y a sus familias sin ayudas», valoró Juan Gavira, del sindicato CSIF, que entabló ese pleito contra el Principado.

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PRIMERA EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Abierta la vía para que el Constitucional revise el recorte salarial a los funcionarios

Una providencia dictada por un juzgado de Badajoz permite cuestionar la constitucionalidad del real decreto aprobado el pasado 20 de mayo de 2010 por el Gobierno.

nuevatribuna.es

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha abierto la vía para elevar al Tribunal Constitucional el recorte salarial del personal funcionario de las Administraciones Públicas, en una providencia dictada el 10 de febrero ante el procedimiento abreviado promovido por CCOO contra el recorte al personal del Ayuntamiento de Badajoz, según informó el sindicato este jueves.

El Juzgado ha dictado con fecha 10 de febrero de 2010 una providencia por la que abre la vía a cuestionar la constitucionalidad de dicha norma, ampliando tanto los motivos en cuestión, como el personal afectado, al extenderse al personal funcionario de las Administraciones Públicas, según consta en el procedimiento abreviado 0000368/2010, promovido por CCOO de Extremadura, contra el recorte salarial practicado al personal del Ayuntamiento de Badajoz, en aplicación del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

 

Esta providencia es la primera dictada en el Estado por esta cuestión en el ámbito Contencioso-Administrativo y, para el sindicato, significa que los más de 3 millones de personas asalariadas en el sector público español, tanto laborales como funcionarios, personal de las distintas administraciones, entes, empresas y organismos autónomos, “podrían obtener la protección judicial de sus derechos individuales y colectivos, mediante la intervención del Tribunal Constitucional”.

 

La providencia, por la que concede plazo a las partes para que “aleguen lo que estimen pertinente sobre la necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad”, en relación con algunas disposiciones contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, ampliando los posibles motivos de inconstitucionalidad ya recogidos en autos de diferentes salas de la Jurisdicción Social en el Estado.

 

Esta providencia, sin prejuzgar el sentido final del procedimiento, "refuerza”, según Enrique Fossoul, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, “la posición defendida por nuestro sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos alcanzados en las administraciones y sector públicos".

 

CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos de los asalariados del sector público, en el curso de su campaña de acciones jurídicas colectivas frente al recorte salarial, y exige al Gobierno el cumplimiento del Acuerdo Administración-sindicatos para el periodo 2010-2012.