TRIBUNALES

En el BOPA de hoy por la Consejería de Administración Pública

 

Tras dar mil vueltas ¿será este, por fin, el cumplimiento adecuado de las reiteradas sentencias habidas…?

 

Anuncio relativo a las Resoluciones de 27 de diciembre de 2010 y de 28 de diciembre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por las que se convocan concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias (BOPA de 24 de enero de 2011).

 

En cumplimiento de los autos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo de fecha 26 de noviembre de 2010 en relación con el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 683/08 y de fecha 2 de noviembre de 2010 en relación con el expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 294/2009, mediante Resoluciones de 27 y 28 de diciembre de 2010 se convocaron sendos concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias, siendo ambos objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 24 de enero de 2011 (HOY).

VER RESOLUCION DE 27.12.10

VER RESOLUCION DE 28.12.10

Sin perjuicio de la plena ejecución de las decisiones judiciales, por el presente se pone en conocimiento de las personas interesadas que, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Principado de Asturias 14/2010, de 28 de diciembre, de octava modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, que dispone que “los concursos de provisión de puestos de trabajo convocados y no resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se adaptarán a lo dispuesto en la misma. La Administración del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses desde dicha entrada en vigor, procederá a realizar una nueva convocatoria ajustada a la presente Ley dejando sin efecto las convocatorias efectuadas”, la Administración ha iniciado los trámites para la aprobación de unas bases adaptadas a las nuevas disposiciones que sobre los concursos contiene la referida normativa que, una vez aprobadas, dejarán sin efecto las ahora publicadas a fin de dar cumplimiento a la nueva Ley.

La aprobación y publicación de las nuevas bases se llevará a cabo antes del 28 de febrero de 2011, plazo previsto en la referida Ley del Principado de Asturias 14/2010, de 28 de diciembre, previa la negociación con las organizaciones sindicales presentes en los órganos de representación de los empleados públicos.

Lo que se hace público para conocimiento general dado la pluralidad indeterminada de personas afectadas.

En Oviedo, a 21 de enero de 2011.—El Director General de la Función Pública.—Cód. 2011-01113.

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“La historia interminable”

El Colegio de Médicos emprende una nueva batalla judicial contra las jefaturas del HUCA

La impugnación de la corporación colegial rechaza el sistema de libre designación y la exigencia de dedicación exclusiva a los candidatos

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

No hay tregua. El Colegio de Médicos de Asturias ha emprendido una nueva batalla judicial contra el procedimiento de provisión de las jefaturas de las áreas de gestión clínica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El recurso administrativo incide en dos aspectos: que la selección se realice por el sistema de libre designación y que a los candidatos a la plaza se les exija dedicación exclusiva a los puestos en disputa.

Por consiguiente, el Colegio reclama la suspensión de las correspondientes convocatorias, publicadas en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) del pasado 3 de diciembre. Todo apunta a que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) rechazará tal pretensión y que el caso llegará, de nuevo, a los tribunales.

De nuevo, porque no es la primera vez que la corporación colegial actúa contra la cobertura de las citadas jefaturas, con las que el Gobierno asturiano pretende seleccionar a los líderes del nuevo modelo organizativo de la sanidad pública asturiana. El Colegio de Médicos ya impugnó la primera convocatoria y se salió con la suya: los jueces decretaron la nulidad tanto de los concursos como de siete de los ocho nombramientos que se llevaron a cabo con base en esas convocatorias (se salvó el proceso correspondiente a la unidad de gestión de farmacia, que quedó al margen de los recursos colegiales).

En esas primeras impugnaciones, de los diversos argumentos que esgrimía el Colegio de Médicos, los magistrados aceptaron dos: que las convocatorias debían ser publicadas en el BOPA; y que únicamente podía concurrir a las mismas el personal estatutario fijo, porque, de otro modo, el proceso «se convertiría en una vía de acceso libre y discrecional al empleo público». Como consecuencia de las sentencias, el Sespa convocó de nuevo las plazas en el BOPA.

Ya ha finalizado el plazo de presentación de candidatos y todo hace pensar que los elegidos en el proceso inicial, luego anulado por los tribunales, serán de nuevo los designados. Se trata de Julio Pascual, al frente del área de neurociencias; Victoriano Cárcaba, de medicina interna; Francisco Álvarez, del laboratorio de medicina; Pere Casán, de pulmón; Francisco Ortega, de nefro-urología; Hilario Prada, de salud mental, y Fernando Santos, de pediatría.

Sin embargo, el Colegio de Médicos vuelve a la carga con un recurso de alzada en el que Carmen Rodríguez, presidenta de la Corporación, recurre las bases del nuevo concurso en lo concerniente a la libre designación y a la exigencia de dedicación exclusiva. Estos dos aspectos también centraron las iras del urólogo Ramón Abascal, quien en el primer concurso optó a la dirección del área de nefro-urología con el propósito de poder impugnar los procesos, iniciativa en la que fue de la mano del Colegio de Médicos.

Los servicios jurídicos de la corporación colegial entienden que en la cuestión de la libre designación existen pronunciamientos recientes de la justicia asturiana que, aunque referidos a otras áreas de la Administración regional, les inducen a confiar en que los tribunales determinen que en estos procesos se incurre en un abuso de un método que debe ser empleado de forma «excepcional».

Y acerca de la exigencia de dedicación exclusiva, el Colegio apela a la normativa nacional y confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto sobre una demanda presentada por el Colegio de Médicos de Asturias hace la friolera de ocho años.

Argumentos del Colegio de Médicos

El recurso de alzada interpuesto por el Colegio de Médicos de Asturias ante el Servicio de Salud del Principado (Sespa) recoge los siguientes argumentos:

1) El sistema de libre designación es «excepcional, incluso cuando se trata de no ingreso al Servicio de la Función Pública, sino de provisión de puestos entre quienes ya ostentan la condición de funcionario, exigiéndose para ello una justificación derivada de la naturaleza de las funciones a desempeñar y la especial responsabilidad que comporta, siendo esto de aplicación al personal estatutario del Sespa. Ello excluye que pueda preverse tal sistema de provisión con relación a la plaza convocada».

2) «El sistema de libre designación no es el adecuado aunque se disfrace del sistema de libre concurrencia (...), al propio tiempo se utiliza la fórmula abierta que consagra la total y absoluta discrecionalidad en la elección del candidato».

3) La posibilidad de renunciar a la dedicación exclusiva «es inherente a todo licenciado sanitario (...) La ley asturiana y sus aplicaciones al ámbito práctico adolecen de inconstitucionalidad».

Amenazas, coacciones o insultos, pero ninguna agresión física, lo que está tipificado como atentado

Quince médicos asturianos denunciaron agresiones de pacientes en 2010

El Colegio de Médicos tiene registrados 95 casos en el Principado desde 2005 l La mitad de los incidentes llega a los tribunales

Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España

Un total de quince médicos asturianos denunciaron agresiones por parte de pacientes a lo largo de 2010. Esta cifra es muy similar a la registrada en los ejercicios anteriores, desde que en marzo de 2005 el Colegio de Médicos de Asturias puso en marcha un registro que computa este tipo de actos y lleva a los tribunales aquéllos en los que los facultativos así lo demandan.

El balance del año pasado a nivel nacional fue difundido ayer por la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que agrupa a todos los colegios de España. Según el Observatorio de Agresiones de la OMC, en 2010 se registraron 451 denuncias. Si esta cifra se extrapola al total de facultativos colegiados, se concluye que se producen 2,07 agresiones por cada 1.000 profesionales. El 65 por ciento de las agresiones a médicos se produce en el ámbito de la atención primaria, en tanto que Andalucía y La Rioja son las comunidades que encabezan el ranking de profesionales agredidos.

Javier Álvarez Arias de Velasco, responsable de la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Asturias, señaló que desde marzo de 2005 se han contabilizado en Asturias 95 denuncias de facultativos. En términos generales, en la mitad de los casos los afectados deciden emprender la vía judicial. Vejaciones, amenazas e injurias son los motivos de denuncia más frecuente. «Suelen acabar en una multa económica», precisa Álvarez Arias de Velasco.

Cuando el enfrentamiento llega a la agresión, y el médico requiere asistencia sanitaria, el hecho es tipificado como delito de atentado. En 2010 no se produjo ningún incidente que alcanzara tal categoría: todos fueron catalogados como falta. Los que llegaron a los tribunales están en su práctica totalidad pendientes de resolución.

Según la Organización Médica Colegial (OMC), los datos referidos no son más que la punta de «iceberg» del problema, ya que las denuncias todavía siguen siendo mínimas, afirmó el doctor Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, quien reclamó para los médicos iguales medidas de protección que para los políticos. «Un médico agredido es exactamente igual que un político agredido», argumentó el doctor Becerra, quien también demandó la misma repercusión mediática que la que está teniendo estos días la agresión sufrida por el consejero de Cultura de Murcia.

Tras Andalucía y La Rioja, se sitúan la Comunidad Valenciana y Extremadura como las comunidades que registran mayor número de agresiones, un dato que los responsables de la OMC ven en positivo, ya que puede deberse a que en estas regiones se han puesto en marcha planes específicos y se denuncia más. En el extremo contrario, se sitúan comunidades como Aragón, Baleares y Navarra, que arrojan unos índices muy bajos de agresiones.

Las causas por las que los médicos sufren agresiones son variadas, aunque tres de cada diez son por discrepancias en la atención médica que se le presta al paciente. Una de cada diez se debe a discrepancias personales entre el agresor y el médico y más de una de cada diez son por no prescribir lo que el paciente desea. Del total de agresiones, el 18,5 por ciento tuvo como consecuencia lesiones, mientras que el resto fueron verbales (amenazas, coacciones o insultos).

Los datos

En Asturias se registraron 95 denuncias de agresiones a médicos desde marzo de 2005.

El año pasado se contabilizaron 15 casos. Todos ellos fueron tipificados como faltas y están pendientes de resolución judicial.

Como promedio, en la mitad de los casos los facultativos afectados deciden emprender la vía judicial.

Vejaciones, amenazas e injurias son los motivos de denuncia más frecuentes. Suelen acabar en una multa económica.

En España, en 2010 se computaron 451 denuncias, lo que arroja una media de 2,07 agresiones por cada 1.000 profesionales.

El 65% de las agresiones a médicos se produce en el ámbito de la atención primaria.

Andalucía y La Rioja son las comunidades autónomas que encabezan el ranking de profesionales agredidos.

Una Consejera al borde del desacato

El juez exige a Areces que cumpla las sentencias de los funcionarios

La Administración paralizó la aplicación de autos judiciales sobre personal tras aprobar la ley de Función Pública

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ, en La Nueva España 

Los tribunales han vuelto a asestar otro golpe a la política de personal del Principado, responsabilidad de la Consejería de Administraciones Públicas, en manos Ana Rosa Migoya, en lo que se refiere a la selección de los altos cargos de la pirámide funcionarial de la Administración regional.

Por un lado, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Oviedo ha rechazado la petición del Principado de paralizar la ejecución de la sentencia que tumbó en su día el nombramiento del proceso de selección de 480 jefes de sección y de 350 jefes de negociado por la incorrección de una de las bases del concurso.

Por otro, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el Principado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que tumbaba la conversión de 15 puestos de jefes de servicio destinados a funcionarios en puestos destinados a personal laboral según un acuerdo del Gobierno de 2003. El Principado, tras los varapalos judiciales sufridos a tenor de las denuncias presentadas por sindicatos como USIPA, anunció a finales del pasado año la reforma de la ley de la Función Pública para tapar las vías de agua, entre otras cosas, que presentaba la antigua normativa sobre la elección de los altos cargos por el sistema de libre elección.

Con la puesta en marcha de la nueva ley, el Principado considera que sentencias como las que anulan el nombramiento de 480 jefes de sección y 350 de jefes de negociado quedaban sin efecto. Pero el magistrado José Ramón Chaves no lo tiene tan claro. De ahí que en un escrito con fecha del pasado día 11, niega la petición del Principado de no tener que ejecutar estas sentencias, porque lo que ordenan ya está recogido en una disposición transitoria de la nueva ley. Pero Chaves argumenta que «estamos ante una previsión o habilitación legal que por sí misma carece de fuerza para vaciar el contenido ejecutorio de una sentencia». El magistrado también asegura que «lo suyo sería que la Administración, haciendo uso de la citada disposición, procediese a dejar sin efecto la convocatoria anterior con una nueva convocatoria ajustada a la presente ley».

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, ésta confirma la anulación de un catálogo de puestos de trabajo de la Administración de 2003 en el que se convierten 15 jefaturas de servicio para funcionarios en puestos para personal laboral. Algo que, según las sentencias, sólo se puede hacer en determinados supuestos, que se cumplían en los casos denunciados. El Principado argumenta siempre que gana más del 90% de este tipo de reclamaciones.

Los datos

La pirámide funcionarial

El catálogo de puestos en el sector funcionarial está compuesto, de arriba abajo, de jefe de servicio, coordinador, jefe de sección, jefe de negociado y funcionario.

Las jefaturas en cuestión

Las denuncias de sindicatos como USIPA han puesto en duda la elección de 480 jefes de sección, la de 350 jefes de negociado y la de 15 jefes de servicio. Éstos últimos puestos fueron denunciados en 2003.

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Esperado

Al igual que para las plazas de la OPE de Médico de Urgencia Hospitalaria…

Desestimados los recursos presentados por CCOO, frente a la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias de 17 de diciembre de 2008, por el que se convocan concursos oposición para el acceso a 14 plazas de la categoría de FEAs (VER) y a 2 plazas de la categoría de Médico de Familia (VER).

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Porque manteníamos y mantenemos que la información es imprescindible tenerla de primera mano no que te la traduzcan o interpreten

Novedades jurídicas en el BOPA y en nuestra base de datos de la WEB…

En el BOPA de hoy salen dos ejecuciones de sentencia de nuestro ámbito:

1.- Estimada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a instancias de CSI-CSIF, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 28 de enero de 2009, por el que se fijan las cuantías para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y en su virtud se declara que el apartado D) del apartado 5 del citado Acuerdo debe ser anulado … VER

2.- Desestimado el recurso presentado por CCOO, frente a la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias de 17 de diciembre de 2008, por el que se convoca concurso oposición para el acceso a 44 plazas de la categoría de Médico de Urgencia hospitalaria… VER

En cuanto a nuestra base de datos en la WEB tenemos ya:

1.- La Sentencia de la Sala nº 1 de lo Contencioso-administrativo de Oviedo, de 24 de noviembre de 2010 por la que se determina con rotundidad que en caso de verse solapado el periodo vacacional por una situación de IT, las vacaciones quedan interrumpidas... salvaguardando su disfrute.

2.- La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2010 - Recurso de anulación – Reglamento (UE, Euratom) nº 1296/2009 en la que se anulan las adaptaciones, a partir del 1 de julio de 2009, de los nuevos criterios retributivos para empleados públicos y pensionistas de la Unión Europea, ante la crisis económica (“tijeretazo europeo”).

3.- Sentencia desestimatoria frente a la pretensión de ASEVINSE para que se anulara la Resolución del 5 de noviembre de 2010 por el que se convoca proceso para la actualización y valoración de méritos de los demandantes de empleo ante el SESPA (... anexos III al XII del Rgto. de Contrataciones...) . Sala 4 de lo contencioso-administrativo de Oviedo a 21.12.10.

4.- La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (23.12.10) que, a instancia de la CSIF en Conflicto Colectivo, concede las ayudas sociales que el Gobierno regional eliminó a los empleados públicos de manera unilateral en agosto, al aplicar el «tijeretazo» al Presupuesto regional para reducir el gasto corriente...

Todas estas últimas Sentencias podéis visualizarlas y/o descargarlas en nuestra sección de “SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA…”

Tal y como se preveía, la Consejería recurre y así, como mínimo, ganan otros tres o cuatro años antes de una solución final ajustada a derecho

El Principado aplaza el posible cierre de 24 farmacias al recurrir ante el Supremo

La Consejería de Salud lleva al alto tribunal las sentencias que anulan el concurso de adjudicación de boticas y los criterios de planificación

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

La amenaza continúa, pero su posible ejecución queda aplazada un mínimo de tres o cuatro años. La Consejería de Salud ha decidido recurrir ante Tribunal Supremo la sentencia que anulaba un concurso del Principado en el que fueron adjudicadas veinticuatro farmacias. El Gobierno regional también ha interpuesto un recurso sobre otra resolución judicial que invalidaba parcialmente el decreto autonómico que establecía las líneas maestras del mencionado concurso. Las dos sentencias recurridas fueron dictadas en noviembre de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Los recursos impulsados por el Principado tienen como objeto salvar la mayor autorización de farmacias llevada a cabo nunca en la comunidad autónoma. En una sentencia sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló un concurso convocado en el año 2002 en virtud del cual se pusieron en marcha 24 boticas. Unas semanas antes, la misma sala ya había echado abajo los principales criterios de planificación que el Principado aplicó durante años en los procesos de autorización de nuevas farmacias.

Los magistrados del alto tribunal asturiano concluyeron que la convocatoria del citado concurso «se ha hecho sin cobertura legal que la ampare». Asimismo, declararon contrarios a derecho dos de los parámetros básicos de la planificación farmacéutica regional incluidos en el decreto 72/2001. Se trata de los referidos a los módulos de población (una farmacia por cada 2.800 habitantes) y a las distancias mínimas entre boticas (250 metros). De otro lado, los jueces determinaron la ilegalidad del apartado del baremo que primaba a los farmacéuticos que habían ejercido su profesión en Asturias.

Las veinticuatro farmacias afectadas por la segunda sentencia están distribuidas por el territorio regional. Todas ellas están en marcha, en algunos casos después de muchos vericuetos. Los promotores de los recursos optaron por no pedir la ejecución de la resolución - el cierre de la farmacias-, ya que si posteriormente el Supremo determinara que la apertura de las mismas había sido legal, se verían obligados a pagar unas indemnizaciones estratosféricas.

Las dos sentencias citadas siguen las pautas marcadas por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que en una sentencia fechada el 1 de junio del año pasado señaló que «la estructura poblacional» de Asturias, «con evidente abundancia de núcleos rurales dispersos», invalida el establecimiento de un criterio general sobre densidad demográfica y distancias entre boticas.

De otro lado, el órgano judicial europeo rechazó el apartado del baremo que otorgaba más puntos a quienes hubieran ejercido en Asturias, pues sostienen que significa «una discriminación» por cuanto «privilegia en el proceso de selección a los farmacéuticos que han ejercido su actividad en una parte del territorio nacional».

Este pronunciamiento del TUE fue propiciado por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que planteó a los jueces europeos una cuestión prejudicial relativa a los recursos interpuestos por María del Pilar Chao Gómez y José Manuel Blanco Pérez, dos farmacéuticos asturianos que vieron rechazada su solicitud de abrir una botica. La repercusión de su impugnación se vio muy amplificada al recibir el apoyo de la denominada Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma).

El Gobierno asturiano sostiene que «la planificación del establecimiento de las oficinas de farmacia en base a criterios de población y distancia es la mejor forma de asegurar una adecuada distribución de estos recursos en el territorio de Asturias, tal como refleja la vigente ley de Ordenación Farmacéutica».

Y es que la Administración regional alega que el decreto anulado ya no está en vigor y que ha sido sustituido por la ley 1/2007, de 16 de marzo, que introduce «variación de módulos de población respecto de los establecidos en el Decreto 72/2001, en razón a la difícil orografía de la Comunidad Autónoma y a la distribución de su población». Según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, esta observación corrobora «que no hubo prueba de que al dictarse el decreto recurrido se hubiera realizado un estudio preciso para tener en cuenta cuáles serían los módulos y distancias que garantizasen la mejor prestación del servicio».

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¿Tendrá también el TSJA que advertir con acciones penales contra Migoya como ya ocurrió hace 1 mes en la Sala nº 5 de lo Contencioso Administrativo de Oviedo?

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El TSJA da la razón a 44 facultativos que llevan año y medio a la espera de destino

Aprobaron un concurso oposición en 2009, pero el Principado no les permite tomar posesión de su plaza

07.01.11 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Tienen plaza, pero no destino. Así llevan más de año y medio. Son 44 médicos de Primaria que ganaron un concurso-oposición en abril de 2009, pero que no acaban de tomar posesión de su plaza porque el Principado no les da opción de hacerlo. Tras meses de espera y reclamaciones, los afectados han llevado su caso ante la justicia. El juez acaba de darles la razón. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) conmina al Principado a levantar la suspensión cautela que pende sobre el proceso y otorga las plazas a estos facultativos.

La sentencia lleva fecha del pasado 29 de noviembre y ya es firme, por lo que la Administración regional tiene poco posibilidades de demorar aún más la resolución. El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA considera que la suspensión cautelar del proceso, decretada por la propia sala el pasado 25 de marzo atendiendo al recurso presentado por otro concursante, «genera evidentes perjuicios, tanto económicos como de índole personal» para los 44 médicos que ganaron la plaza.

Desde hace más de año y medio, estos facultativos de Primaria están a la espera de que el Sespa les asigne la vacante que lograron por ley tras presentarse y ganar un concurso oposición convocado en 2006. Son 44 plazas de APD (Asistencia Pública Domiciliaria), vinculadas mayoritariamente a consultorios y centros de salud de la zona rural, y que deberían estar asignadas y distribuidas desde abril de 2009.

El proceso empezó en 2006

La mitad de los afectados decidieron llevar al Sespa a los tribunales y reclamar por la vía judicial lo que no consiguieron por otros medios (antes mantuvieron entrevistas con responsables del Sespa y de Función Pública).

Todo empezó en 2006, con la convocatoria de una pequeña oferta pública de empleo. Los interesados tuvieron que esperar un año a que el anuncio se hiciera oficial en el BOPA, lo que ocurrió en abril de 2007. Luego aguardaron otro año y medio para los exámenes, un proceso «muy dificultoso», admiten, que culminó en abril de 2009 con sólo 44 personas aprobadas de las 300 que se habían presentado.

Algunos de los afectados llegaron incluso a renunciar al trabajo que hasta entonces desempeñan, ya que el Sespa les comunicó que la toma de posesión sería inminente. Así llevan 20 meses.

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