Del cortar por lo sano de la presidenta del Colegio de Médicos que quiere devolver las competencias al estado, a las más ponderadas y realistas de la FADSP
Los impagos de la deuda sanitaria le cuestan a Asturias cinco millones de euros al año
El Sespa quiere negociar con los grandes proveedores un plan de pago que condone los intereses de demora
19.01.2012 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.
La deuda sanitaria le sale cara a Asturias. En concreto, le sale por 5,4 millones de euros anuales, que es el dinero que tendrá que abonar este año por los intereses de demora generados por los impagos a proveedores, algunos de los cuales se retrotraen a 2010. Según los datos que aportó el pasado martes en la Junta General el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, el Principado mantiene una deuda sanitaria de 303 millones de euros. La intención es que ese déficit no vaya a más, es decir, que durante 2012 no se genere nueva deuda. Pero los 303 millones seguirán estando ahí, en el capítulo de los impagos. Acabar con ella excede, en opinión de Navia-Osorio, de las competencias regionales. «Es un problema de Estado», consideró.
Demorar los abonos de las cuentas sanitarias da un respiro a las finanzas regionales, pero tiene consecuencias. En concreto, 5,4 millones de euros que la Consejería de Sanidad deberá desembolsar para pagar los intereses de demora. El gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Juan Azcona, admitió en la comparecencia parlamentaria de anteayer que los acreedores ya tienen reclamados 3,8 millones de euros vinculados a los retrasos y es más que previsible que exijan otros 1,6 millones por el mismo concepto.
Aunque el presupuesto sanitario de este año crece un 6,7% y llega a los 1.648 millones de euros, ese aumento no permitirá acabar con la deuda de sanidad. No obstante, el Sespa se comprometió a eliminar los 45 millones que debe desde 2010 y también a abonar el 100% de lo que adeuda a los proveedores asturianos. Con los grandes acreedores, lo que suponen el grueso de ese déficit de 303 millones de negociará por otra vía. El Sespa pretende llegar a un acuerdo de pago con los proveedores mayores a cambio de que éstos perdonen los intereses de demora. La negociación está aún en sus inicios y es pronto para avanzar conclusiones.
Críticas de la oposición
La deuda sanitaria está dando mucho que hablar y que discutir. Entre otras cosas porque tanto el PSOE, responsable en el Ejecutivo saliente, como Foro, que ostenta el Gobierno actual, rehuyen de su paternidad. Los socialistas sólo admiten haber generado 140 millones de déficit sanitario. Según la diputada Pilar Alonso, esa es la cuantía de números rojos que había en la sanidad asturiana cuando ellos lo dejaron, en julio de 2011. El resto sería, según el PSOE, responsabilidad del Gobierno de Álvarez-Cascos.
Sin embargo, el consejero de Sanidad y el gerente del Sespa exhibieron documentación para acreditar que la deuda heredada de la sanidad asturiana se elevaba a 262 millones de euros, que provenían como gasto desplazado del Sespa de 2010.
El colegio médico plantea devolver al Estado la gestión de la sanidad
Carmen Rodríguez achaca el déficit sanitario de las regiones a la mala gestión
19/01/2012, Susana D. Machargo, Oviedo, en La Voz de Asturias
Hay fórmulas para combatir la deuda sanitaria de las comunidades autónomas. Al menos hay tantas fórmulas como colectivos relacionados con el sector. Cada uno tiene la suya. Solo coinciden en que urge tomar decisiones. El sistema público es sostenible pero no con la actual gestión. El Colegio Oficial de Médicos de Asturias cree que es necesario replantearse el Estado de las autonomías, que se ha convertido en un pozo sin fondo. Los proveedores piensan que es necesario ajustar el gasto a los ingresos reales para no acumular déficits astronómicos. La federación de usuarios aboga por incrementar los ingresos con nuevas tasas y con implantar un nuevo modelo de dirección. El Ministerio de Sanidad se limitó ayer a recordar las medidas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado para aliviar las arcas regionales, no solo en materia sanitaria sino de déficit global.
Las reacciones se producen 24 horas después de que el consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, cifrara en más de 300 millones lo que la Administración asturiana debe a los proveedores sanitarios y reclamara al Gobierno central su mediación. Navia-Osorio admite que Asturias está mejor que otras comunidades, pero como el problema afecta en mayor o menor medida a todas, cree que se ha convertido en una cuestión de Estado.
La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, comparte el análisis y es la más contundente a la hora de buscar soluciones. Carmen Rodríguez, que es la esposa de Enrique Álvarez Sostres, diputado de Foro, aplicaría el bisturí a las autonomías y devolvería competencias al Estado. Cree que la raíz del problema está en las transferencias del ministerio a las regiones y en la mala gestión de los diferentes Ejecutivos autonómicos a lo largo de los años. Porque la presidenta cree que más grave, incluso, que la deuda es la pérdida de calidad en el servicio y la diferencia en equidad y en prestaciones que se ha generado entre diferentes comunidades.
Cortar por lo sano
La solución: que el Estado recupere las riendas y vuelva la caja única para los servicios básicos. Rodríguez sostiene que el mejor ejemplo es trasladar las grandes cifras del sistemas sanitario a la economía doméstica. Si una familia tiene tres casas y no las puede mantener, lo normal es que las cierre y se quede solo con una, la que puede pagar. Esta filosofía es aplicable a la sanidad.
¿No se ha acercado entonces el sistema sanitario al ciudadano y ha mejorado la calidad asistencial?
La presidenta del colegio afirma que, más bien, se han creado 17 virreinatos poco eficientes que han degenerado en una auténtica sangría económica. Ese mismo pensamiento lo traslada a la sanidad y la justicia.
Los proveedores utilizan argumentos más prácticos. Quieren que las Administraciones paguen lo que deben. Si trasladan su visión a la economía doméstica, tal y como propone Carmen Rodríguez, se traduce en que abonen en los plazos estipulados por la ley y que no gasten cantidades que no pueden afrontar. Así de sencillo. La Federación Española de Proveedores de Tecnología Sanitaria (Fenin) reconoce que la situación es grave. De seguir acumulándose más deudas, las empresas no podrán soportar la situación y llegará un momento en que no serán capaces de seguir distribuyendo sus productos, matizan sus portavoces.
No obstante, el panorama no es igual de desesperado en todas las comunidades, por lo que los integrantes de Fenin afirman que el problema no está solo en la crisis sino que también radica en la mala cabeza de los gestores autonómicos. Así, mientras Navarra está cumpliendo la normativa vigente, que fija un plazo máximo de 50 días para abonar los productos sanitarios, y País Vasco, Ceuta y Melilla lo superan por poco, Valencia tarda en pagar 760 días, es decir más de dos años.
¿En qué situación se encuentra en Asturias?
La Consejería de Sanidad del Principado está en la mitad de la tabla y empeorando. Los últimos datos oficiales son del mes de septiembre, aunque ya está a punto de salir una nueva actualización. En esa fecha, y según las cifras que baraja Fenin, los proveedores sanitarios tardaban en cobrar de la Administración asturiana una media de 306 días. El balance era peor que el registrado en junio, antes del cambio de Gobierno que situó a Foro al frente del Ejecutivo, cuando la demora era de 260 días.
Los proveedores dicen que si es necesaria la intervención del Estado, tal y como plantea José María Navia-Osorio, cuanto primero se haga mejor, porque la evolución es negativa y no hay visos de mejora.
Los usuarios ven futuro
En cambio, hay quien cree que las autonomías tienen margen de maniobra, como es el caso de Carlos Ponte, presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública y responsable de UCI en el HUCA. Ponte no es un iluso. Pone sobre el tapete medidas concretas: poner en marcha una política efectiva de precios, aplicando el criterio de coste/efectividad, tal y como ya se hace en Inglaterra; y también incrementar los ingresos, por ejemplo con una nueva subida de los impuestos al tabaco, que además serviría para profundizar en las políticas de deshabituación. La asociación propone, por tanto, atacar en un frente doble, el del ahorro, racionalizando el gasto en las compras, y también mejorar la recaudación, por la vía impositiva.
De todos modos, Ponte, sin negar la gravedad de la situación, cree que se está haciendo un uso político de la deuda sanitaria para hacer recortes sin contestación social. De hecho, se pregunta por qué nadie se asusta del déficit en Defensa, que es mayor.
VER EL DOCUMENTO DE HACE UN AÑO DE LA FADSP CON 12 PROPUESTAS AL RESPECTO
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