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¿Qué comunidades van a cerrar más camas este verano?
El sindicato Satse denuncia que más de 11.000 camas se cerrarán en todos los centros españoles por recortes "estivales"
Redacción Médica
Más de 11.000 camas de hospitales se cerrarán este verano por los llamados "recortes estivales" en la sanidad pública, según ha denunciado el sindicato enfermero Satse. Esto supondrá, entre otras consecuencias, "el aumento de las listas de espera, tanto médicas como quirúrgicas, las altas de forma precipitada y el amontonamiento de pacientes en Urgencias, obligando a los profesionales a atenderlos en zonas no habilitadas para ello", critica Satse.
Del mismo modo, prosiguen, el cierre de camas supone también un aumendo del índice de enfermos desplazados que no son atendidos por la unidad correspondiente a su patología y que, por tanto, no son visto por profesionales no especializados.
Aunque han cerrado la cifra en más de 11.000 camas, desde Satse se muestran seguros de que serán más, debido a la opacidad de algunas administraciones para que no se faciliten las cifras de algunos centros.
Por comunidades, la que más camas cerrará será Andalucía, con unas 2.600, seguida de Madrid (1.700), Galicia (1.200), Comunidad Valenciana (1.000) y Euskadi (1.000). Las que menos son La rioja, con cerca de 50, seguida de Cantabria (65), Baleares (120) o Navarra (130).
También menos profesionales
Sin embargo, no son solo las camas cerradas la principal preocupación para el sindicato, ya que además habrá menos profesionales "al no sustituirse a las personas que se van de vacaciones. Los porcentajes de contratación de suplencias en Enfermería van desde el 30 al 75 por ciento".
"Si las plantillas ya están bajo mínimos, la escasez de sustituciones durante el verano hace mucho más difícil la atención sanitaria a los ciudadanos, que si sale adelante es por el esfuerzo de los profesionales", señalan en nota de prensa desde el sindicato.
Por otro lado señalan que aunque es cierto que en verano se reduce la actividad quirúrgica y la presión asistencial, la disminución no es proporcional a la eliminación de recursos y servicios establecidos por las administraciones, que obedece solo "al deseo de los gestores de ahorrarse dinero sin preocuparse por la calidad asistencial", sentencian.
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