Como es lógico y ya anunció el Ministro de Sanidad en multitud de ocasiones, todo se enmarcará en el Pacto por la Sanidad a nivel estatal

Quirós se desmarca de un pacto por la sanidad ajeno al Gobierno central

El consejero de Salud del Principado asegura que, si se utiliza el copago para sostener el sistema sanitario, la fórmula será «que quien más tenga, más ponga»

 

Oviedo, P. GALLEGO para La Nueva España      

 

«Es impensable mantener un pacto al margen de la Administración del Estado». El consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, Ramón Quirós, negó ayer que Asturias esté involucrada en los contactos bilaterales que Madrid y Cataluña han promovido para llegar a un acuerdo entre comunidades de distinto color político que impulse el pacto por la sanidad sin contar con el Ministerio, como aseguró el consejero madrileño, Juan José Güemes.

 

«Cualquier acuerdo en este aspecto debe ser de ámbito estatal y el ministro tiene el apoyo de Asturias», declaró el consejero. «No he negociado nada con Güemes», aseguró. Lo que sí reconoció el consejero asturiano es que, en sus contactos con otros representantes autonómicos, entre los responsables autonómicos de Salud hay «preocupación por la sostenibilidad del sistema».

 

Según el consejero madrileño, en esta alianza de autonomías al margen del Gobierno central estarían incluidas, además de Madrid y Cataluña, País Vasco, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha.

 

La consejera catalana, Marina Geli, fue la primera en referirse al copago como la fórmula que garantizaría la supervivencia de la Sanidad pública durante los próximos veinte años, sobre todo en lo que se refiere al apartado farmacéutico. Quirós negó que esta fuese la única vía posible para sostener el sistema sanitario y aclaró: «Cualquier persona que necesite una intervención o un medicamento debe poder acceder a él».

 

«Si todo puede ser gratis, estupendo», añadió el consejero, «pero si no es así, como sucede con los fármacos», el responsable de Salud del Principado está convencido de que la fórmula que hay que seguir debe ser «que quien más tenga, más ponga».

 

Por otro lado, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ya ha hecho frente a las obligaciones económicas derivadas de sus convenios con centros concertados. Con anterioridad, se había barajado la posibilidad de retrasar los pagos a la primera quincena de enero, a consecuencia de la prórroga presupuestaria, algo que no ha sido necesario.

 

El copago no resolverá todos los males santiarios

 

Expertos advierten de que «esta fórmula, por sí sola, es el chocolate del loro» y que su gestión implica «una gran complejidad y elevados costes»

 

AZAHARA VILLACORTA, OVIEDO (El comercio Digital)

 

Decisión: «Una persona puede decidir si acude o no a la consulta del médico, pero no decide los fármacos que se requieren para tratar una determinada enfermedad».

 

Juan Luis Rodríguez-Vigil

 

Remedio: «Es necesario un acuerdo nacional y hacer un examen riguroso de la relación costes-beneficios, no vaya a ser que el remedio salga más caro que la enfermedad».

 

Javier Rey

 

Duda: «¿Quién será el guapo que le pone el cascabel al gato aunque no estemos en época electoral? Estamos ante una medida tan impopular como llamativa».

 

«No nos engañemos: el copago no resolverá todos los males sanitarios». El aviso a navegantes fue lanzado ayer por el ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, a propósito de las negociaciones que el Gobierno del Principado mantiene con otras seis comunidades con el objetivo de alcanzar un pacto para financiar la sanidad que garantice el sostenimiento del sistema.

 

Las conversaciones, que están auspiciadas por el Ministerio de Sanidad con catalanes y madrileños al frente y que deberán concluir con un batería de soluciones que permitan liquidar los desajustes del sistema, han vuelto a poner sobre la mesa algunas viejas propuestas como el copago o fórmulas de colaboración con la medicina privada, a imagen y semejanza de las que ya se han puesto en marcha en algunas regiones en manos del Partido Popular.

 

Como Rodríguez-Vigil, los expertos consultados ayer por EL COMERCIO, que coinciden en la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación sanitaria, abundaron en que «no tiene sentido hablar sólo de copago y esperar que resuelva los problemas si no forma parte de una estrategia global», en palabras del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio, que sí defiende que «las comunidades deben buscar métodos adicionales de financiación», pero que opina que «no es razonable pensar que, a base de copagos, se va a resolver el problema de la financiación sanitaria».

 

El consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, Ramón Quirós, llevaba meses avisando de que había que «perder el miedo a hablar del copago» y de que, si en algún momento llegaba a implantarse, debía ser «en función de la renta»: «Que aquellos que más tengan, más dinero paguen por un servicio».

 

Quirós se refería así hace apenas quince días al copago por servicios sanitarios, una fórmula que implicaría la aplicación de medidas como el «ticket» moderador por la utilización de urgencias o la consulta, de manera que se cobrase una cantidad simbólica por visitar al médico. En todo caso, precisó entonces el consejero del ramo, «debe ser una política de Estado, no de comunidad autónoma».

 

Pero las tornas acaban de cambiar y el máximo responsable de los servicios sanitarios en la región se declara ahora en contra del copago médico. Quirós sí apoya, en cambio, el copago farmacéutico en función de la renta de los usuarios con el fin de evitar que las personas con ingresos muy bajos paguen por sus medicinas mientras que los jubilados tenga acceso a su gratuidad aunque sus rentas sean muy altas.

 

El copago, cuya defensa lidera Cataluña e instaurado en muchos países de la Unión Europea, «ya existe en España, donde los únicos que no pagan son los pensionistas de la Seguridad Social, mientras que la gente que no es pensionista asume el 40% del coste de la mayoría de los medicamentos», recuerda el ex secretario del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad Javier Rey.

 

«Desmanes» al recetar

 

Rey cree que «introducir el criterio de la renta puede parecer lo más justo», pero desconfía de que la propuesta salga finalmente adelante: «El copago en función de renta ya se plantea en estos términos desde el famoso Informe Abril, en 1991, y cada vez que se saca a la palestra los pensionistas montan un pollo de tal calibre que impiden su puesta en marcha».

 

Rey cree que la fórmula «es el chocolate del loro» y duda «de que las comunidades autónomas logren avanzar en una línea que tampoco supondría un mayor control del gasto farmacéutico», ya que está demostrado, alega, que, «si se analizan los fármacos en los que más se gasta, se descubre que son aquellos que acaban de salir al mercado, que no ofrecen grandes ventajas terapéuticas pero que son los más caros».

 

Javier Rey se pregunta además «quién será el guapo que le ponga el cascabel al gato aunque no sea época electoral», consciente de que es una medida tan «impopular» que «contará con la oposición de ciertos facultativos que protagonizan desmanes a la hora de recetar y de la mayoría de laboratorios farmacéuticos», como llamativa y que, por sí sola, «no conduce a nada más que a la melancolía».

 

El ex secretario del Consejo Interterritorial incide asimismo en la «complejidad» que supone, una cuestión en la que también abunda Carlos Monasterio, que alerta de que, al contrario de lo que ocurre con la fórmula actual, sin costes administrativos, el copago farmacéutico en función de la renta del usuario «implica unos gastos de gestión muy elevados» ya que «el registro de los ingresos debe ser controlar y actualizar permanentemente en colaboración con la Tesorería de la Seguridad Social».

 

En caso de que finalmente salga adelante su implantación, la clave sería, según el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, «buscar un criterio que garantice la equidad como que todo el mundo pague excepto quienes puedan demostrar que están por debajo una determinada renta».

 

Sin embargo, Monasterio apunta una objeción de base al copago farmacéutico frente a aquel en el que se asume parte del coste de los servicios sanitarios: «Una persona puede decidir si acude o no una consulta, pero no decide los fármacos que se requieren para tratar una determinada enfermedad».

 

«Desidia» ministerial

 

«El copago es lo suficientemente complejo que lo sensato es que se produzca un acuerdo nacional», resume Juan Luis Rodríguez-Vigil, que critica que «las comunidades autónomas hayan tenido que ponerse a trabajar ante la desidia y la irresponsabilidad del Ministerio de Sanidad, que se mantiene completamente al margen de los problemas sanitarios y que se caracteriza por su no hacer».

 

El ex presidente regional recomienda que, en esta tarea, «debe predominar la sensatez y realizarse un examen riguroso de la relación costes-beneficios, no vaya a ser que el remedio salga más caro que la enfermedad», aunque se muestra pesimista respecto a su efectividad: «Ojalá el sistema sanitario español se arreglase sólo con el copago, pero está tan herido que resulta improbable».

 

Guillem López Casasnovas, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, va más allá: «No creo que el copago generalizado entre en la nueva financiación sanitaria. No veo a un interventor a las puertas de los centros de salud y los hospitales cobrando porque el primer consejero de Sanidad que lo ponga en marcha se llevará las tortas».

 

El profesor López Casasnovas tiene otro diagnóstico: «El Estado animará a que las comunidades autónomas hagan un mayor esfuerzo por generar recursos propios adicionales, porque se haga un mayor esfuerzo fiscal, a los que el fondo de suficiencia garantiza y cada región deberá decidir si los genera o no».