Los expertos proponen la desaparición del artículo 418 del Código Penal, que recoge penas para las mujeres que abortan fuera de los supuestos de la ley de 1985

Los expertos proponen al Gobierno el aborto libre en las primeras 14 semanas

El plazo para la interrupción del embarazo aumenta hasta las 22 en el caso de que haya riesgo para la vida de la madre o graves anomalías del feto

 

Madrid

El Comité de Expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad para asesorar sobre la modificación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo propone el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías.

Después de seis meses de trabajos, el Comité presentó sus conclusiones a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien explicó ayer que serán elevadas hoy al Consejo de Ministros y previsiblemente «antes del verano» el Ejecutivo elaborará el anteproyecto de ley.

Aído manifestó que «no se trata de elaborar una norma más permisiva, sino más segura», que garantice el derecho de las mujeres y subrayó que el Ejecutivo «no sigue criterios fundamentalistas de ningún extremo», sino que ofrece «soluciones equilibradas».

Los expertos recomiendan que no haya límite de semanas en aquellos casos en los que el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y que a partir de la semana 22 -señalada por la OMS como período límite de viabilidad fetal- la interrupción del embarazo no se considere un aborto, sino «un parto inducido».

Según explicó el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, uno de los nueve integrantes del Comité, la mujer debe ser informada sobre las ventajas y las ayudas de las que dispone si quiere continuar con el embarazo y debe contar con un período de reflexión de tres días.

Para elaborar las recomendaciones, el comité tuvo en cuenta las legislaciones de países europeos y los cambios en el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva de las mujeres como un derecho que no puede ser «tutelado». También piden al Ejecutivo la puesta en marcha de una estrategia de salud sexual y reproductiva con enfoque de género para prevenir los embarazos no deseados y rebajar el número de abortos. En el plano jurídico, María Durán señaló que una ley de plazos queda «dentro del marco de la Constitución» y aboga por que nunca se penalice a una mujer por abortar, aunque incumpla los requisitos legales para hacerlo. En este sentido, Aído subrayó que el Gobierno tiene claro que «ninguna mujer que aborte pueda ser penada con la cárcel».

Para ello los expertos proponen la desaparición del artículo 418 del Código Penal, que recoge penas para las mujeres que abortan fuera de los supuestos de la ley de 1985: malformaciones, peligro para la salud física y psíquica y violación.

También aconsejan excluir la prisión y atenuar las penas para los médicos que practiquen abortos, aunque sí debe continuar la tipificación penal en caso de que no sea respetuoso con los requisitos legales, ha señalado Durán.

Por su parte desde el PP señalaron que las conclusiones del Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad suponen «un paso más» en la «farsa» que ha montado el Gobierno «para abrir la puerta al aborto libre en España». También consideran que el Comité trabaja «al dictado del Gobierno».