Todo pendiente de la lectura de la Sentencia

El Principado acelera una nueva ley tras el rechazo judicial a la carrera profesional

El Gobierno no valorará la sentencia del TSJA hasta leerla y el PP exigirá la dimisión de Migoya si se anula el modelo laboral del sector público regional

Oviedo, J. A. ARDURA, para La Nueva España
El Principado anunció ayer que llevará la nueva ley del funcionario al Parlamento este mismo año. El documento regulará, entre otras cuestiones, la carrera profesional. El anuncio llega tras trascender la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que anula parte del sistema de primas y retribuciones de 19.000 funcionarios de la Administración regional, la denominada carrera profesional. La base del fallo parece ser precisamente la falta de una ley que dé base al sistema de retribución, precisamente la ley que se llevará en las próximas semanas al Parlamento. Los sindicatos retrasan la aprobación de esa normativa legal hasta otoño de 2010.

El TSJA hará pública esta semana una sentencia sobre un pleito que, según varios sindicatos, pone en tela de juicio la normativa seguida por la Administración regional sobre la carrera profesional, una cuestión que afecta a 19.000 funcionarios del Principado. El PP, de confirmarse la anulación parcial de la carrera profesional, exigirá responsabilidades al Gobierno.

La Consejería de Administraciones Públicas eludió ayer pronunciarse sobre un fallo que, según los sindicatos, pone en cuestión parte de la resolución aprobada en mayo de 2007 por el Principado acerca de la carrera profesional. El sindicato CSI recurrió esa normativa por entender que suponía «un cheque en blanco» para la Administración ya que no definía de modo claro los criterios que deben cumplir los funcionarios para beneficiarse de la carrera profesional, que, en esencia, consiste en la mejora de retribuciones a cambio del cumplimiento de determinados objetivos profesionales. De ahí que CSI denunciara un excesivo margen de arbitrariedad por parte de la Administración a la hora de establecer esos criterios, que no estaban fijados en ninguna ley regional.

El Principado se limitó a confirmar ayer que el anteproyecto de la ley de Función Pública «se encuentra en su fase final». El borrador se ha trasladado a los sindicatos, hace ya bastantes meses, y la intención del Ejecutivo asturiano es presentarlo en la Junta General del Principado a partir del próximo período de sesiones, que arrancará en otoño para aprobar la ley «en esta legislatura». El Gobierno siempre ha defendido que Asturias es pionera en la aplicación de la carrera profesional a todos los funcionarios. El diputado del PP Ramón García Cañal sostuvo que, de confirmarse una sentencia contraria a la carrera profesional, «el Gobierno deberá asumir sus responsabilidades y el PP pedirá la dimisión de la consejera de Administraciones Públicas». Según Cañal, su gestión «ha sumido en el caos a los funcionarios: fallos en el Instituto Adolfo Posada, movilizaciones por negarse a convocar mesas sectoriales y ahora la carrera profesional».

Manifestación en Oviedo por las mesas sectoriales

Once sindicatos han convocado hoy una manifestación, que saldrá a las seis de la tarde de la estación de Renfe, en Oviedo, para reclamar la convocatoria de mesas sectoriales de negociación en la administración pública, sanidad, justicia y educación. El Principado se resiste a convocar las mesas sectoriales porque considera que el instrumento indicado para ese tipo de negociación es la denominada mesa general.