Qué bueno hubiera sido que algunos se hubieran acordado del “virgencita, virgencita, que me dejen como estoy ”, antes de montar este fregado

Miles de funcionarios pierden hasta 216 euros al mes al tumbar la justicia la carrera profesional

El TSJA derriba uno de los pilares del sistema salarial público instaurado por Areces en plena campaña electoral de las últimas autonómicas • Los jueces anulan la medida, que afecta a unos 19.000 empleados, al considerar que el Gobierno no dio respaldo legal a la retribución

Oviedo, I. RONZÓN / P. G., para La Nueva España

El régimen de retribuciones y primas que aplica la Administración del Principado, tras aprobarlo Vicente Álvarez Areces durante la campaña electoral de las últimas autonómicas, saltó ayer definitivamente por los aires. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) hizo pública la anulación de la resolución del Gobierno del Principado de mayo de 2007 sobre la que se sustenta la carrera profesional de miles de funcionarios de la Administración regional (servicios públicos, enseñanza y justicia). El motivo: no existe un desarrollo legal que dé sustento al sistema de retribuciones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el domingo 24 de mayo.

El fallo da la razón a un recurso presentado por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), apoyada por CSIF, SUATEA y USO. La decisión del TSJA deja en el aire las mejoras salariales que perciben desde 2007 unos 19.000 funcionarios, más de la mitad de los aproximadamente 35.000 que trabajan para el Principado. La mayoría de los de sanidad no están afectados.

Así, y dependiendo de la categoría profesional de cada funcionario (hay cinco como muestra el gráfico de la página 23), cada empleado podría dejar de percibir entre 56 y 216 euros, lo que anualmente se traduce en una pérdida entre los 2.601 euros y los 676,32 euros.

La carrera profesional es un sistema de primas centradas, fundamentalmente, en la antigüedad y en el cumplimiento de objetivos. A cambio la Administración exige a los funcionarios cumplir con ciertos criterios, como ampliar su formación y ser evaluados. Al año el Principado desembolsa más de 35 millones de euros por este concepto.

La decisión del TSJA, que el Principado tiene diez días para recurrir, abre ahora varios interrogantes, como es saber qué pasará a partir de ahora con el complemento salarial de la carrera profesional, que el Gobierno del Principado decidió adelantar en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 27 de mayo de 2007 a la ley de la Función Pública autonómica, que aún no ha sido aprobada y que puede ver la luz entre octubre o noviembre de 2010. El Gobierno anunció que preveía adelantarla.

Los trabajadores temen que el fallo obligue a devolver el dinero que cobraron desde 2007

Cada profesor de Secundaria tendría que reembolsar al Principado 6.250 euros y cada maestro 4.000 euros que recibieron de forma irregular

Aunque diversas fuentes apuntan a que los funcionarios de enseñanza, justicia y administraciones públicas no tendrán que devolver el dinero recibido a cuenta de la carrera profesional en los dos últimos años y medio, muchos no las tienen todas consigo, y ayer echaban cuentas recordando que el Tribunal de Cuentas ya obligó a los funcionarios del Ayuntamiento de Siero a devolver un dinero cobrado gracias a una decisión municipal que contravenía la ley. Así, a tenor de estos treinta meses cobrando la carrera profesional, por ejemplo, los profesores de Secundaria deberían reintegrar 6.250 euros, y los maestros, 4.000 euros, según datos de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO).

La sentencia subraya que la carrera profesional «está todavía huérfana del desarrollo legal indispensable para su eficacia». Además, señala que la decisión de poner en marcha la carrera profesional por parte del Gobierno sin una ley en marcha hurtó «a los representantes de la soberanía (en referencia a los legisladores autonómicos y estatal) su potestad de efectuar ese desarrollo, no siendo, en consecuencia, la vía convencional, y ni siquiera la reglamentaria, sin ese soporte legal previo, instrumentos ni cauces adecuados para establecer una carrera profesional, ni siquiera de forma profesional». A todo ello hay que añadir que el TSJA considera que el pago de dinero público que supone la carrera profesional (más de 35 millones de euros al año) debe tener «el consecuente respaldo legal».

La argumentación del TSJA también subraya que el sistema seguido por el Gobierno en este asunto no tiene en cuenta las distintas figuras de trabajadores públicos (funcionarios o empleados públicos). Mientras, desde el Gobierno del Principado se rehusó ayer hacer ningún tipo de valoración. El Principado prefirió guardar silencio ayer sobre el fallo judicial.

Los sindicatos confían en un «arreglo», pero piden el cese de la consejera Migoya

«A veces es peor el remedio que la enfermedad», apuntan las centrales, fuertemente divididas por el proceso en los Juzgados

La reacción de los sindicatos de funcionarios sobre la carrera profesional se divide entre la «satisfacción» de las centrales que apoyaron el recurso ante el TSJA y la preocupación de aquellas que se opusieron. Algunos de ellos, como la Federación de Educación de CC OO o CSI, solicitaron «la dimisión o el cese inmediato de los responsables más directos de la Administración en este asunto, comenzando por la consejera Ana Rosa Migoya». «Hay que buscar una solución para dar cobertura a todo el mundo. Es una discriminación entre empleados públicos», comentaba Lucas Álvarez, líder de CSIF, uno de los sindicatos que, junto a SUATEA y USO, apoyó la reclamación de CSI. Álvarez aseguró que los funcionarios que cobran esta mejora «no tienen que estar preocupados». De todas formas, todos confían en un «arreglo».

Para CSI, la sentencia acaba con «un cheque en blanco» que considera «un señuelo de unas cantidades no consolidables, sometidas a permanente chantaje y con indecentes diferencias salariales entre los distintos grupos de clasificación».

La Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia la «irresponsabilidad» de estos sindicatos «por privar del cobro» de la carrera profesional a miles de empleados públicos. Mientras, USIPA aseguró que «a veces es peor el remedio que la enfermedad», en alusión al recurso de CSI. «Todos éramos conscientes de que no había amparo normativo». USIPA solicita «una reunión con Administraciones Públicas para ver cómo se ejecuta la sentencia». El temor de algunos sindicatos es que los funcionarios no tengan que devolver el dinero cobrado hasta el momento, pero que se congele la carrera profesional hasta que el Principado apruebe la ley de Función Pública. Desde USIPA se quejan de que las reuniones entre el Gobierno y los sindicatos para acordar el texto de la ley están «congeladas» desde el pacto con IU a finales de 2008. Desde Unión Nacionalista Asturiana también se aplaude el fallo.

La carrera profesional, mejoras de hasta 10.000 euros por cumplir objetivos

La carrera profesional estableció un nuevo sistema de relación entre la Administración pública y sus trabajadores. La carrera profesional consiste en una serie de mejoras salariales que se dividen en cuatro tramos. Hasta ahora, salvo en la Sanidad, sólo se ha aplicado el primero. Para saltar de uno a otro hay que ir cumpliendo a lo largo de la vida profesional del funcionario una serie de requisitos.

El principal es el de la antigüedad en el cargo. Como mínimo para comenzar a cobrar este incentivo se debe contar con cinco años en el cargo. También hay que cumplir con los objetivos marcados por el servicio correspondiente a comienzos del ejercicio. Del mismo modo, puntúa el que los funcionarios vayan reciclándose. Así, un funcionario de la categoría A en el primer tramo cobraría 2.600 euros más al año. En el cuarto, 10.000. En categoría E va de 676 a 2.750 euros.

 

El TSJA anula la carrera profesional de 19.000 funcionarios del Principado

RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso dicen por unanimidad que el sistema «carece de soporte legal»

La decisión revoca un modelo que incluía a 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público regional

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló ayer el modelo de carrera profesional que el Principado de Asturias venía aplicando desde 2007. Los once magistrados-jueces que componen la sala de lo Contencioso-Administrativo apoyaron por unanimidad una sentencia que entiende que «esa carrera profesional está todavía huérfana del desarrollo legal indispensable para su eficacia (...) Es disconforme a derecho y, por tanto, debe ser declarada anulable». De esta manera el tribunal echa por tierra un modelo que el Gobierno regional diseñó con la intención de gestionar a 19.000 de los 35.000 trabajadores del sector público. Sólo quedaban fuera de su alcance los 16.000 empleados de la Sanidad, que seguirán disfrutando de una carrera profesional a la que no afecta esta resolución judicial.

El fallo deja un interrogante en la nómina que este mes recibirán entre 15.000 y 16.000 trabajadores, según estimaciones de los propios sindicatos. Son los que hace dos años aceptaron adherirse a la carrera profesional a cambio de percibir sus complementos salariales. Los sindicatos temen que la Administración ejecute la resolución judicial anulando los pluses. Pese a la inquietud generada, la Consejería de Administraciones Públicas declinó ayer comentar el alcance del fallo.

El origen de la polémica se sitúa en el 18 de mayo de 2007. Ese día la entonces Consejería de Economía y Administraciones Públicas (hoy dividida en dos) dictó una resolución con la que convocaba a los funcionarios a incorporarse a la carrera profesional. Para quienes sumaran más de cinco años de antigüedad, aceptar ese cambio de formato suponía incorporar a la nómina unos pluses que oscilaban entre los 54,17 y los 208,33 euros al mes.

«Dimos la instrucción de que la gente no acogiese esa especie de 'cheque en blanco' detrás del que no se sabía qué había, pero hay que reconocer que más del 90% de los compañeros optaron por coger el dinero», recordaba ayer José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Cuatro sindicatos (CSI, CSIF Suatea y USO) reaccionaron interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la decisión. «Entendemos que la carrera profesional, tal como estaba planteada, suponía incorporar al empleo público los peores comportamientos de la empresa privada», justificaba ayer Adrián Álvarez, letrado desde hace cinco años de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

Un agujero legal

Pese a esa argumentación, los magistrados-jueces eluden toda valoración sobre el contenido de la carrera profesional. En cambio, sí han analizado las formas que ha seguido el Principado para su aprobación, y ahí han encontrado un error.

Los magistrados-jueces admiten que existe una norma, la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene «el concepto y principios que regulan la carrera profesional». A ella es a la que se acogió el Principado para iniciar su aplicación. Sin embargo, los togados aclaran ahora a la Administración regional que esa norma estatal «no diseña una carrera profesional, sino que fija unos principios y modalidades, unas pautas generales que no permiten su inmediata efectividad».

Es decir, lo que el Congreso de los Diputados aprobó fueron unos principios generales, cuya aplicación deben después desarrollar las comunidades autónomas. «El legislador básico ha querido que sean los legisladores autonómicos (...) los que diseñen y perfilen la carrera profesional», expone la sentencia.

Para los abogados, «estamos ante la crónica de una sentencia anunciada». «Se sabía desde el principio que no había base legal para hacer esa carrera profesional, pero aquí es grave que hayan pasado dos años y el Principado no los haya aprovechado para desarrollar esa normativa», lamenta Adrián Álvarez.

La interpretación del TSJA obligará ahora al Principado a ir a la Junta General y negociar allí una ley asturiana que desarrolle la carrera profesional. ¿Por qué? Los magistrados recuerdan que es la propia Constitución la que defiende un régimen funcionarial dentro de las administraciones públicas. Cualquier cambio que se haga al respecto debe llegar negociado por los partidos políticos. «No se puede (...) hurtar a los representantes de la soberanía su potestad de efectuar ese desarrollo» de la carrera profesional, reprocha la sentencia.

Todos en el mismo saco

La sala del TSJA que preside Jesús María Chamorro aprovecha también la sentencia para dar un toque de atención de cara a esa futura norma asturiana. Según aclara la sentencia, «no es posible regular de manera idéntica, como hace la actuación impugnada, un régimen de carrera para funcionarios públicos y personal laboral». El Principado pretendía con su fallida carrera profesional incluir a todos los empleados con cinco años de antigüedad, pero los jueces advierten: para regular a los funcionarios hace falta una norma con rango de ley, un extremo que no es necesario con los empleados públicos.

La sentencia deja en el aire los pluses de «casi 16.000 trabajadores»

Los docentes son el estamento más afectado por un fallo que señala que los complementos «no tienen cobertura legal»

17.06.09 - R. M., GIJÓN, para El Comercio

La sentencia del TSJA golpea directamente la nómina de «entre 15.000 y 16.000 empleados públicos», según las estimaciones de UGT y CC OO. Son los trabajadores que hace dos años se adhirieron a la carrera profesional propuesta por el Principado. Esa decisión incrementó sus nóminas con unos pluses que para este año alcanzan hasta 2.601 euros anuales en los casos de trabajadores de categoría A.

El fallo del TSJA dinamita esa gratificación al establecer que los pagos a cuenta vinculados a la carrera profesional «no tienen todavía respaldo en la aplicación de la Ley 7/2007, ni tampoco lo encontraríamos en el sistema anterior, por lo que no cuentan con cobertura legal suficiente».

El gremio más afectado por semejante interpretación son los docentes. «Calculamos que hay unos 8.000 maestros; en estos dos años y medio de aplicación de los pluses habrán recibido 6.250 euros los de Secundaria y 4.000 los de Primaria», estima José Ángel Piquero, de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Fuera de Educación «es complicado afinar el número, pero creemos que hay entre 7.000 y 9.000 trabajadores vinculados a las distintas consejerías», indica Manuel Nieto, responsable del Área Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. «Ahora, esos sindicatos que irresponsablemente impugnaron el acuerdo, que vayan a toda esa gente y les expliquen por qué van a perder dinero», lamentaba Carlos González, secretario de organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

En CSI, una de las centrales que auspició ese recurso, abogan en cambio por hacer un frente de defensa de esos complementos: «Lo que no es de recibo es que la incompetencia del Principado la vayan a pagar los que no tienen culpa ninguna».