Titular homogéneo en lo de la carrera de los funcionarios: “no fue un error”

Areces: «Reconstruiremos la carrera profesional de los funcionarios; no fue un error»

El presidente Álvarez Areces rechaza pedir responsabilidades a su equipo por la anulación del régimen que se aplicó a 14.000 empleados públicos «Algunos quieren dar una bofetada al Gobierno en la cara de los funcionarios»

El Comercio. R. MUÑIZ, GIJÓN

El Principado aplazará el modelo hasta que Madrid apruebe el Estatuto del Docente

Pagar más a los empleados públicos que mejor trabajan. Ése es el principio que inspiró el sistema de carrera profesional, un modelo que el Principado llevaba dos años desarrollando. La semana pasada una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló el modelo al considerar que «carece de soporte legal», pero la decisión no desanima al Ejecutivo regional. «Lamentamos la situación, pero la reconstruiremos respetando la sentencia en todos sus términos», anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Vicente Álvarez Areces.

«No creo que fuera un error y, desde luego, no pienso exigir responsabilidades» dentro del Gobierno, defendió el presidente asturiano en una entrevista en la Cadena Ser. La decisión del TSJA llegó a raíz de la denuncia de cuatro sindicatos (USO, Suatea, CSI y CSI-CSIF) que, además de celebrar el fallo, coincidieron en reclamar la dimisión de la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. «Alguna gente tiene interés en darle una bofetada al Gobierno en la cara de los funcionarios», fue la respuesta que ofreció ayer Areces, quien optó por defender la política realizada por su equipo.

Según su versión, el objetivo que se marcó el Principado fue «extender» un modelo que ya habían adoptado los médicos y enfermeras. «Pactamos con las organizaciones sindicales de Asturias un acuerdo que era justo y sigue siendo justo», sostuvo Álvarez Areces.

El problema, según el relato presidencial, era aplicar el formato a los funcionarios y trabajadores de la Administración, pero también a los profesores. «Todos estos procesos desiguales necesitaban una cierta armonización y lo conseguimos», esgrimió en alusión al acuerdo que el Ejecutivo suscribió con UGT y CC OO en diciembre de 2006.

Informes favorables

En aquel momento «todos los informes que analizaron el modelo de carrera profesional eran favorables», esgrimió. Por eso se abrió un periodo de adhesión voluntaria entre los empleados públicos.

El resultado fue que 14.000 aceptaron entrar en un sistema que estuvo durante dos años aumentando sus nóminas con complementos de entre 676 y 2.601 euros anuales. Sin embargo, los informes oficiales terminaron estrellándose contra la decisión dictada por la unanimidad de los once magistrados-juez que componen la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Con la sentencia en la mano, la voluntad política no será suficiente para «reconstruir» la carrera profesional. Según asumió ayer Areces, antes habrá que aprobar la Ley de Función Pública del Principado y el Estatuto Básico del Docente. Esta última depende del Ministerio de Educación, que no ha iniciado su tramitación.

Reacciones a un fallo judicial que afecta a 14.000 funcionarios
Areces defiende que la carrera profesional «no fue un error» y no percibe responsabilidades

El Presidente rechaza categóricamente que hubiera intención electoralista al anunciar el pago poco antes de las autonómicas de 2007 • «Todo se acordó en el año 2006; el acuerdo se firmó en diciembre y se instrumentó en cuanto se pudo», afirma el jefe del Ejecutivo.

Oviedo, J. A. ARDURA, para La Nueva España
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, defendió ayer el procedimiento seguido por su Gobierno para poner en marcha la carrera profesional, que ha quedado paralizada tras una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Once magistrados decidieron anular las condiciones fijadas por la Consejería de Administraciones a los funcionarios para poder incorporarse a la carrera profesional, por carecer de base legal. Areces también anunció que no buscará responsabilidades en su Ejecutivo por esa decisión. La sentencia de la carrera profesional, un sistema de incentivos para los funcionarios a cambio del cumplimiento de ciertos objetivos y requisitos, afecta a más de 14.000 funcionarios, que verán menguadas sus nóminas hasta un máximo de 216 euros a partir del próximo mes.

«No creo que sea un error y, desde luego, no pienso exigir responsabilidades por algo que yo creo absolutamente positivo», manifestó ayer Álvarez Areces en el transcurso de una entrevista radiofónica.

El presidente asturiano rechazó categóricamente que hubiera intención electoralista en la decisión de aprobar la aplicación de la carrera profesional en la semana previa a las elecciones autonómicas de 2007, una posición que ya había mantenido Jaime Rabanal, consejero de Economía y Administración Pública cuando se adoptó la resolución anulada ahora por los tribunales. «Es mentira porque todo esto se acordó en el año 2006. El acuerdo se firmó en diciembre y se instrumentó en cuanto se pudo», sostuvo Areces. El Presidente aseguró que su Ejecutivo decidió poner en marcha ese proceso después de que en el año 2003 el Gobierno de José María Aznar (PP) aprobase la ley de la carrera profesional en la sanidad. «El Gobierno de Asturias instrumentó la carrera profesional en el marco de la sanidad, pero pactando también con las organizaciones sindicales de Asturias un acuerdo que era justo (...) ¿por qué hacer carrera profesional solamente con médicos y enfermeras?».

Areces destacó que su Gobierno contó con «informes favorables» para poner en marcha la carrera profesional, «aunque posteriormente los tribunales han decidido la anulabilidad».

El presidente del Principado defendió la gestión de su Ejecutivo sobre la carrera profesional:

«No creo que sea un error y, desde luego, no pienso exigir responsabilidades por algo que yo creo absolutamente positivo».

«Las acusaciones de electoralismo son mentira porque todo esto se acordó en el año 2006. El acuerdo se firmó en diciembre y se instrumentó en cuanto se pudo».

«Teníamos informes favorables para poner en marcha la carrera profesional».

«Todo esto forma parte del interés de alguna gente en darle una bofetada al Gobierno en la cara de los funcionarios».

El Principado recurre otra sentencia que le obliga a pagar el plus al resto de funcionarios desde 2007

El juez considera que la carrera profesional se aplicó como un complemento de productividad y que, como tal, todos los trabajadores tienen derecho a cobrarlo.

 Oviedo, J. A. ARDURA, para La Nueva España
El Principado tiene recurrida una sentencia que obligaría a extender a todos los funcionarios el pago del complemento de productividad, fórmula empleada por la Administración regional para abonar el pago de la carrera profesional.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo dictó una sentencia contra el Principado en la que dio la razón a un grupo de funcionarios que no habían solicitado su incorporación a la carrera profesional. El magistrado José Ramón Chaves reconoce a esos funcionarios «el derecho a percibir el complemento de productividad por incentivos al rendimiento en las mismas condiciones que quienes hubieren presentado solicitud formal al procedimiento de incorporación a la carrera y desarrollo profesional». El juez considera que la carrera profesional se estaba aplicando como un complemento de productividad y que como tal todos los trabajadores tienen derecho a cobrarlo.

El fallo recoge que la resolución firmada por el consejero de Economía y Administración Pública el 18 de mayo de 2007 no es ajustada a derecho, porque obligaba a los funcionarios a solicitar la incorporación a la carrera. Y añade que esa decisión, un acto administrativo, no tiene un rango superior al acuerdo adoptado en la Mesa General de Negociación, en diciembre de 2006, entre los sindicatos y la Administración, donde no se planteó tal exigencia.

La sentencia añade que el Principado no podía exigir a los funcionarios que reclamasen la incorporación para poder cobrar. «Si la Administración, mediante la técnica del anticipo, obvia el requisito sustancial de la evaluación del rendimiento, con mayor razón no puede alzar de motu proprio el requisito de la pura solicitud formal de los interesados, que ni tiene apoyo en el acuerdo negociado ni tiene amparo en el Estatuto Básico», dice el fallo.

El juez concluye que el Principado no puede establecer un trato salarial discriminatorio entre funcionarios. «La Administración abona el anticipo a título de complemento de productividad por incentivos al rendimiento, cuya naturaleza es distinta y distante de la encaminada a retribuir la carrera profesional (...) Ninguna vinculación lógica ni legal puede establecerse entre complemento de productividad y complemento de carrera profesional, cada uno de los cuales cuenta con su respectivo fundamento, normativa y condiciones». El Principado ha recurrido el fallo. Si fuera firme, miles de funcionarios podrían reclamar los cobros desde enero de 2007.

EL MODELO RETRIBUTIVO DEL PRINCIPADO.

Areces dice que no fue un error impulsar la carrera profesional

"Quieren dar una bofetada al Gobierno en la cara de los funcionarios", dice.

23/06/2009 J.S.R., para La Voz de Asturias

 El presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, aseguró ayer que ni se cometió ningún error al establecer el pago a cuenta a los funcionarios por la carrera profesional, ni exigirá responsabilidades políticas en su Gobierno tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que lo anuló y que dejará a partir de julio a 14.000 funcionarios que se acogieron al acuerdo con una nómina en la que habrá entre 200 y 400 euros menos.

Areces reiteró que la aplicación de la carrera profesional es "algo positivo" porque, lejos de ser una medida electoralista, la negociación se inició año y medio antes de las elecciones, se trataba de extender los logros que alcanzaron los profesionales sanitarios al resto de los empleados públicos del Principado y que, como no había "marco legal suficiente", se vinculó a la productividad.

Areces, en una entrevista concedida ayer a la cadena SER, criticó "el interés de alguna gente en darle una bofetada al Gobierno en la cara de los funcionarios", en referencia a los sindicatos que recurrieron la articulación de la carrera y a los que el TSJA les ha dado la razón: CSI, CSIF, USO, Suatea y la Federación de Enseñanza de CCOO.

A estos sindicatos Areces les acusó de estar buscando una manera de "originar un perjuicio" a los funcionarios que han cobrado la carrera y que se encuentran en una situación compleja sin tener ninguna culpa. Los 5.000 funcionarios --la práctica totalidad del sector de la enseñanza-- que no se acogieron a la carrera profesional ya anunciaron que reclamarán el dinero que ellos no han percibido en estos dos años y medio y que otros compañeros sí han ingresado a través de una figura que ha sido declarada ilegal.

Areces quiso subrayar que la anulación de la carrera profesional por el TSJA no quiere decir que se tenga que devolver el dinero que han percibido a cuenta los funcionarios, sino que la sentencia supone que se anula, pero se "reconstruirá".

En este sentido, el presidente del Principado apuntó que la carrera profesional "arrancará de nuevo" cuando se disponga de la ley autonómica de Función Pública y el Estatuto del Docente, marco éste que depende del Ministerio de Educación. Sin embargo, los sindicatos que respaldaron la carrera profesional, CCOO y UGT, ya han advertido de que no están dispuestos a esperar ese tiempo y, presionados por los funcionarios, ya han pedido que se reúna la mesa general en la que está la Administración, para que se busquen soluciones que permitan seguir adelante con el acuerdo.

Areces negó que el Gobierno esté pensando en aprovechar la coyuntura para ahorrarse por un tiempo los 21 millones al año que supone el pago de la carrera profesional, sino que lamentó la situación que se ha generado. En este sentido, el presidente recordó que no solo se trata de dar un dinero a los funcionarios, sino que este dinero es un incentivo para que se impliquen en la mejora en la calidad de los servicios y la atención al ciudadano.