El recurso de Anpe impide al Principado materializar el no pagar a cuenta el mes que viene, en consecuencia si se cobrará el plus

El Principado seguirá pagando el plus a los funcionarios

El recurso planteado por Anpe al Tribunal Supremo paraliza la anulación del modelo mientras los jueces revisan el conflicto

26.06.09 - RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio

Han pasado ya diez días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró que «carecen de soporte legal» los pluses de hasta 216 euros que recibían 14.000 empleados públicos. En ese tiempo han hablado el Gobierno, la oposición y, al menos, siete sindicatos. Unos piden dimisiones, otros plantean si los funcionarios deberían devolver los casi 51 millones que han percibido en complementos durante los dos últimos años. Sin embargo, el resultado más inmediato es que el mes que viene en las nóminas seguirá apareciendo el tan discutido ’pago a cuenta’.

La resolución de la sala de lo Contencioso-Administrativo tenía todos los visos de convertirse en definitiva el próximo martes. El Principado anunció su intención de no recurrirla por miedo a que el Tribunal Supremo sí acabara obligando a los 14.000 empleados a devolver el dinero percibido gracias a un sistema declarado «anulable». Sin embargo, el sindicato Anpe, una de las trece partes implicadas en el fallo del TSJA, ha dado ya ese paso.

La paradoja ahora es que aunque el Principado dijo en su día que «acataría» la sentencia, el recurso de Anpe le impide materializar esa intención. Según ha podido saber EL COMERCIO, las próximas nóminas de los 14.000 empleados también incluirán el pago a cuenta.

«Es la consecuencia del recurso de Anpe, que deja en suspenso el fallo del TSJA», expone el abogado Manuel Rodríguez Alonso. «De momento, es como si nada hubiera ocurrido», abunda.

¿Cuánto tiempo durará ahora esa calma chicha? Por lo menos hasta que el Supremo decida si admite o no a trámite el recurso de Anpe. Sobre esta posición, los juristas consultados tienen sus dudas. «Es que hay mucha jurisprudencia según la cual este asunto puede considerarse un problema de personal, y en esas cuestiones no están admitidos los recursos de casación», apunta un asesor de la Administración. En todo caso, los expertos estiman que el Supremo tardará en decidir si revisa el caso «entre uno y seis meses».

El recurso ante el Supremo «sirve para ver la verdadera cara del Principado», defiende Gumersindo Rodríguez, presidente de Anpe. Este sindicalista temía que el Principado estuviera escudándose en el fallo del TSJA para «ahorrarse un dinero que no le viene nada mal».

Sin embargo, el recurso de Anpe cambia las cosas. La sentencia del TSJA -aunque esté firmada con la unanimidad de los once magistrados-juez del Contencioso-Administrativo- ya no basta para anular los complementos. Ahora, para que el Principado interrumpa los pluses, debería firmar una resolución anulando por propia voluntad el pago a cuenta, un extremo que de momento se descarta.

La paradoja es que en este pulso jurídico hay una cuestión que tienen clara todos los actores implicados: con toda probabilidad, si el Supremo revisa la causa, volverá a anular los pluses. Es decir, que esa nueva sentencia podría llegar dentro de tres años, obligando a devolver unos emolumentos que, para entonces, alcanzarían la suma de 105 millones de euros.

Ese es el escenario que pretendía evitar el Principado y por lo que declinó recurrir al Supremo. El recurso de Anpe funciona por tanto como una bomba de relojería sobre las Administraciones, a las que obliga a acelerar los trámites necesarios para sacar esas dos normas que legalicen definitivamente los pluses. Es una carrera del impulso político contra la Administración de Justicia. De momento, los primeros ya han reaccionado: el Ministerio de Educación ha convocado a los sindicatos el martes para reactivar la negociación del Estatuto Básico del Docente, una de las leyes que faltan. «Es lo que queríamos, darle tiempo al Principado para que resuelva el problema», afirma Gumersindo Rodríguez, presidente de Anpe.

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, declaró ayer que «respetamos la libertad sindical para que cada uno haga lo que estime oportuno».

Dimiten diez delegados de CC OO

26.06.09 - R. M., GIJÓN, para El Comercio

La fractura en CC OO ante la estrategia a seguir en el asunto de la carrera profesional se cobró ayer sus primeras bajas. Diez miembros de la comisión ejecutiva de la Federación de Enseñanza anunciaron que en una semana presentarán su dimisión. La medida dejará a la federación prácticamente descabezada. Entre las bajas están la de los secretarios general, de organización y finanzas, de mujer y salud laboral, o de acción sindical, que dejarán de ser liberados y volverán a la docencia. Los miembros de la Federación querían que CC OO criticara al Principado por la anulación del pago a cuenta.

UGT estudia recurrir y dice que «el Gobierno tiene la sartén por el mango»

26.06.09 - R. M., GIJÓN, para El Comercio

UGT y CC OO solicitaron el viernes pasado una reunión «urgente» con la Consejería de Administraciones Públicas. La cita aún no se ha producido, pero Luis Ángel Ardura (responsable de Administraciones Públicas de UGT) y Manuel Nieto ’Lito’ (de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO) aprovecharon ayer para mandarle recados al Principado. Lo hicieron durante una entrevista en ’La Lupa’, el programa que dirige Juan Neira en Canal 10.

«El Principado es que el que tiene la sartén por el mango, el que puede activar soluciones para que los empleados no se vean perjudicados por la sentencia», afirmó Ardura. El responsable de UGT desveló que su central sigue estudiando si se une a Anpe y presenta también un recurso contra el fallo del TSJA. «El lunes se nos agota el plazo para ello y aún no lo hemos decidido», comunicó.

«Sigo pensando que el Gobierno tiene voluntad de resolver la situación, pero debe hacerlo ya», urgió Luis Ángel Ardura. «Si hace falta, se puede introducir una ley transitoria para legalizar» la continuidad de los pluses, según sugirió.

En CC OO «vamos a tomarnos el asunto con la tranquilidad necesaria, estamos trabajando a marchas forzadas para explorar todas las soluciones», reflejó Manuel Nieto ’Lito’.

Crítica doble

Ambos sindicalistas coincidieron en sus argumentos a la hora de criticar a quienes recurrieron a la Justicia para anular la carrera profesional asturiana. «Son unos irresponsables», apuntó ’Lito’. El acuerdo que UGT y CC OO firmaron y que permitió la implantación de los complementos «era bueno, como demuestra que lo firmaron el 98% de los que podían acceder a ellos», defendió Manuel Nieto. Entre esa parte demandante se encuentra Suatea, quien ahora reclama una subida de 300 euros para los profesores, algo que ayer rechazó UGT y CC OO. «¿Por qué 300 y no 350? Si se quieren hacer las cosas con seriedad, no se puede ir así», estimó Ardura.

Los riesgos de no seguir pagando

El recurso de la sentencia ante el Supremo sólo deja una certeza: la solución se aplazará al menos un año

Oviedo, M. P., para La Nueva España
La decisión del sindicato educativo ANPE de llevar hasta el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el desarrollo de la carrera profesional abre un abanico de incertidumbres y una única certeza: la resolución del conflicto se aplazará por lo menos un año. Ese es el plazo estimado para que el alto tribunal decida si admite a trámite el recurso. En caso afirmativo, la sentencia, según fuentes jurídicas, se demoraría al menos otros dos años.

La presentación del recurso, apuntan las mismas fuentes, no obliga al Principado a mantener el pago del complemento «a cuenta de la carrera profesional» que viene efectuando desde enero de 2007. Puede dejar de pagar, tal y como ha anunciado, para acatar la sentencia del TSJA, o seguir haciéndolo. Cualquiera de estas dos decisiones tendrá sus implicaciones, técnicas y políticas, cuando dentro de unos años se conozca el fallo del Supremo.

Si paga y el alto tribunal desestima el recurso, la devolución de el dinero abonado sólo sería efectiva si una de las partes, el Principado o los sindicatos denunciantes, pidiese la ejecución de la sentencia.

l Si no paga y el Supremo avala las tesis de los recurrentes, el Principado podría verse obligado a abonar todas las cantidades pendientes y algo más, los atrasos y los intereses. El desembolso total por este concepto ha ascendido, desde el 1 de enero de 2007, a 52,5 millones de euros (21 millones al año). Hasta ahora, el Gobierno regional ha manifestado siempre que su postura contraria a recurrir la sentencia del TSJA se ha basado en la necesidad de evitar esta posible obligación de devolver el dinero.

Queda pendiente de resolver, mientras tanto, la diferente situación que tienen los 14.000 trabajadores que firmaron y cobraron el complemento de la carrera con respecto a los aproximadamente 5.000 que decidieron no adherirse. Ayer, el sindicato CSIF se ofreció para apoyar las reclamaciones judiciales que, a título individual, decidan emprender todos los trabajadores para exigir el abono de los complementos salariales a cuenta de la carrera profesional.

Y se dirigen a todos los funcionarios, tanto a los que se adhirieron a la carrera como a los que no firmaron, y les instan a reclamar teniendo en cuenta que «el recurso de ANPE al Tribunal Supremo no paraliza la ejecución de la sentencia» y que esta no anula el acuerdo de pago, sino el desarrollo posterior que el Principado hizo de la carrera exigiendo la suscripción de un documento de incorporación.

Juan Gavira, secretario de acción sindical de CSIF en Asturias, aprecia «muchas posibilidades de ganar» los recursos que se presenten para reclamar el pago, toda vez que entiende que la sentencia elimina las diferencias entre firmantes y no firmantes de la carrera. Lucas Álvarez, presidente de la unión autonómica del sindicato, considera asimismo que «no hay razones para que se paralice el pago y mucho menos para que se devuelva el dinero».