CC.OO., UGT y FADE fueron informados el pasado 20 de julio en el marco del ACEBA...

El Principado admite que la sanidad asturiana peligra si no se corta el aumento del gasto

El consejero Rabanal alerta sobre la sostenibilidad del sistema tras un nuevo desfase en el presupuesto sanitario
El Gobierno subraya que el Servicio de Salud se encareció un 38% en cinco años y se plantea ajustes «sin reducir la calidad»

Oviedo, L. G. / P. G., para La Nueva España
El consejero de Economía, Jaime Rabanal, mostró ayer que el futuro de los servicios públicos, particularmente el de la sanidad, inquieta seriamente al Gobierno asturiano, máxime cuando los ingresos del Principado están menguando por la crisis y el gasto creciendo en proporciones análogas o incluso superiores a las registradas en los momentos de bonanza de la economía. «El problema está en que los gastos derivados de la prestación de estos servicios tienen un ritmo de crecimiento no solamente elevado, sino también superior al de los recursos disponibles para su financiación, circunstancia que pone en peligro su sostenibilidad», señaló el Consejero en unas declaraciones transmitidas por escrito.

Tales manifestaciones se producen después el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces decidiera realizar un ajuste extraordinario de los Presupuestos, recortando 101 millones de euros en gastos para destinar el dinero a garantizar el pago de la nómina del Servicio Público de Salud (Sespa) hasta final de año. Rabanal remarcó ayer que el Gobierno «jamás ha ocultado la necesidad de abrir un debate serio y reflexivo sobe la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos». Ahora el Ejecutivo ha ido más allá. Según trascendió ayer, ya el 20 de julio pasado, el Gobierno informó a la patronal FADE y a los sindicatos UGT y CC OO de que elaborará un «análisis en profundidad» sobre la evolución del gasto en sanidad y otros servicios sociales y acerca de los criterios para hacerlo sostenible. El principio general es, indicaron fuentes del Ejecutivo, racionalizar los costes «sin reducir la calidad ni las prestaciones».

La opinión del equipo económico del Gobierno es que si no se frena la escalada del gasto sanitario, en parte vinculado al envejecimiento de la población asturiana, estará amenazada la viabilidad futura del servicio. Mas aún cuando en Asturias, al igual que en España, el ciclo económico ha cambiado de signo. «El gasto sanitario supone el 40 por ciento (unos 1.500 millones al año) del presupuesto total del Principado, así como el 6,9 por ciento del PIB asturiano, y se ha incrementado en el período 2004-2008 un 38,4 por ciento», destaca un escrito remitido por el departamento del consejero Jaime Rabanal.

Añade el texto que el crecimiento del coste conjunto de los servicios públicos asturianos ha sido significativamente superior al que ha experimentado la economía. «Si esta reflexión la trasladamos al momento actual, la disparidad en el incremento del gasto de los servicios públicos y de la economía pasará del 4,8 por ciento en 2008 al 12 por ciento en 2009». Esa cuenta viene a reconocer que los costes del Sespa se han vuelto a disparar este año, el primero en el que el deterioro de la economía está pasando factura a los ingresos de la Administración regional.

«La evolución del gasto sanitario en los últimos años ha experimentado un crecimiento superior al PIB nominal en todas las comunidades, y Asturias no es una excepción. Esta evolución se confirma con los datos disponibles sobre el comportamiento del gasto sanitario hasta el 31 de julio de 2009», se añade.

La nómina de los funcionarios y el coste de farmacia, por encima de la media nacional

El Principado desembolsó en junio más de 29 millones de euros en medicamentos

Los sueldos de los empleados públicos crecen un 3%

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ, para La Nueva España

El coste de los servicios sanitarios y los sueldos de los trabajadores de la Administración pública son dos de los capítulos del gasto regional que más han aumentado en los últimos años. En este ejercicio el sueldo de los funcionarios crecerá un 3 por ciento, cuando el cálculo del IPC del Gobierno fue del 2 por ciento y en la actualidad este índice es del -0,4 por ciento.

Los sueldos de los funcionarios asturianos aumentarán en sintonía con los de otras comunidades como Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja. Por encima sólo están Andalucía (3,6 por ciento) y el País Vasco (3,5 por ciento), y por debajo el resto. Aunque el mayor desembolso se produce por otras vías. Entre ellas se encuentra la sanidad, para cuyo sostenimiento el Principado anunció esta semana un reajuste del presupuesto para liberar 101 millones de euros. «Se destinarán a financiar los servicios públicos, fundamentalmente el gasto sanitario», confirmó ayer Jaime Rabanal, consejero de Economía, en un comunicado.

Y es que los servicios sanitarios asturianos consumen alrededor del 40 por ciento de los Presupuestos del Principado. Dentro de este capítulo destaca el gasto farmacéutico, que se lleva unos 400 millones de euros de los 1.500 millones del capítulo destinado a sanidad.

Así, el gasto en medicamentos, en Asturias, se encuentra por encima de la media nacional. El envejecimiento de la población asturiana es uno de los motivos por los que el gasto farmacéutico, por ejemplo en el pasado mes de junio, creció un 8,19 por ciento respecto al mismo mes de 2008, en tanto que la media nacional se situó en el 7,2 por ciento.

Sólo en junio, y según datos del Ministerio de Sanidad, el Principado desembolsó más de 29,3 millones en gastos de farmacia. En lo que se refiere al gasto interanual, Asturias también supera la media del resto de las comunidades autónomas, con un 5,73 por ciento frente a un 5,19 por ciento.

Precisamente el control del gasto sanitario es una de las cuestiones que Izquierda Unida, socio de Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, ha puesto sobre la mesa. También lo han hecho sindicatos como CC OO y UGT. Sin ir más lejos, Jesús Iglesias, coordinador de la coalición de izquierdas, apuntó anteayer que en 2008 el Sespa tramitó un millón de recetas más que un año antes.

Otro de los capítulos con peso dentro de las cuentas regionales son los sueldos de los funcionarios. El Principado cuenta, según sus datos, con unos 34.600 trabajadores, con un coste total de 1.566 millones de euros. El sistema educativo tiene cerca de 13.000 trabajadores, cuyos costes superan los 510 millones. En la sanidad trabajan más de 14.200 personas, cuyo sueldos suman más de 742 millones. Desde 2002, año en el que el Principado recibió las transferencias en materia de salud, los sueldos de los médicos y el personal sanitario aumentaron un 47,6 por ciento.

El Principado ve «en grave riesgo» la financiación de la sanidad

ANDRÉS SUÁREZ, OVIEDO, para El Comercio

Apuesta por reducir el gasto farmacéutico y no duplicar las mismas prestaciones en todos los hospitales

Rabanal coincide con IU en abrir un debate «serio» para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos

Cuando un gobierno se ve obligado a hurgar en los fondos de distintas consejerías y en capítulos presupuestarios varios para obtener recursos con los que pagar la nómina del personal del servicio de salud hasta final de año, es que algo falla. Y no se trata de un problema que aqueje sólo a Asturias, sino que afecta al modelo en sí. «La realidad es que la sostenibilidad del sistema sanitario está en grave riesgo», admiten fuentes del Ejecutivo regional, que creen que ha llegado el momento de tomar decisiones. En el caso concreto de la región, ya se han comenzado a aplicar medidas de ahorro, sobre todo en materia de gasto farmacéutico y de mayor coordinación en la red hospitalaria para no duplicar servicios. En el panorama nacional, y solventado el acuerdo de financiación autonómica, es el momento de buscar un gran pacto nacional que asegure la suficiencia futura de la sanidad.

El Principado cree que la crisis del modelo está ahí, sobre la mesa. La inversión en sanidad crece «de forma exponencial» y devora los ingresos, incluso los adicionales. Porque esa es otra. El Ejecutivo entiende que los recursos extra que aportará la financiación autonómica suponen un alivio, pero sólo «provisional», porque el gasto seguirá creciendo y los problemas «serán cuestión de tiempo». De ahí su apelación a un acuerdo de corte nacional más específico, centrado en la cuestión sanitaria.

Toca tomar medidas, porque por este camino se llegará a una situación «insostenible». El Ejecutivo regional, consciente de que en el capítulo de personal hay poco margen de actuación, ha comenzado a tomar decisiones en otros campos, con la premisa de poner el dinero «allí donde se necesita», sin despilfarros. La primera, volcar buena parte de sus esfuerzos en mitigar una de las grandes sangrías: el gasto farmacéutico.

«Es necesario combatir el abuso en este terreno y ya estamos obteniendo los primeros resultados positivos», destacan estas fuentes, que marcan las prioridades de actuación. Por un lado, abundar en las políticas de concienciación ciudadana, para lo que se prepara una nueva campaña. Por otro, incidir sobre el colectivo de las personas de mayor edad, que en muchos casos toman diversos tratamientos a la vez «que se solapan unos con otros».

Hay un segundo factor a tener en cuenta. El Gobierno quiere mejorar la coordinación entre los hospitales de la red pública, con una intención clara: evitar, en la medida de lo posible, que centros distintos situados a escasa distancia unos de otros presten los mismos servicios, duplicándolos y, por tanto, duplicando también el coste. Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, Asturias concentra grandes hospitales en un área geográfica muy pequeña (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo...) que en muchos casos ofrecen idénticas prestaciones. La aspiración del Ejecutivo es, en la medida de lo posible, crear una estructura más racional.

A las medidas que pueda poner en práctica el Principado debe sumarse el análisis nacional. «El próximo debate que debe encarar España es la financiación del gasto sanitario», aducen estas fuentes. Es un debate «inaplazable» que, entre otras cuestiones, puede abordar temas polémicos como el copago de los medicamentos, «que debe verse no como un mecanismo de financiación, sino de disuasión». Conviene asimismo revisar, en opinión del Ejecutivo, la actual estructura de los servicios de urgencias, ya que considera que el «abuso» en su utilización es desmesurado.

El PP, «demagogo»

Los problemas no se circunscriben únicamente al terreno sanitario. También la educación y las políticas sociales «ven en peligro su sostenibilidad», tal y como admitió ayer el consejero de Economía, Jaime Rabanal, que alertó de las consecuencias del crecimiento elevado del gasto en estos ámbitos, «superior al de los recursos disponibles para su financiación».

Rabanal ’tiró’ de datos. Entre 2004 y 2008, los recursos destinados a la financiación de los servicios públicos crecieron un 38,8%, un 6,2% más que el PIB, que lo hizo en un 32,6%. El gasto en sanidad subió un 38,4%, mientras que la política social se encareció un 70%, sobre todo por la aplicación de la ley de dependencia. Y lo peor es que la espiral se agrava. Este año, la diferencia entre el incremento del gasto de los servicios públicos y el de la economía será del 12%, el triple que en 2008.

En este contexto, el consejero expuso el compromiso del Gobierno «con el futuro de unos servicios de calidad», y se mostró favorable a una «reflexión seria», como la reclamada por Izquierda Unida, sobre la sostenibilidad de la sanidad. Criticó asimismo la «demagogia» del Partido Popular, al que acusó de no creer en los servicios públicos. 

El recorte constata la «imposibilidad» de un presupuesto al alza

13.08.09 - A. SUÁREZ, OVIEDO, para El Comercio

«Esta situación constata que lo que decíamos no era un cuento ni una exageración, sino una realidad». El anuncio de la redistribución de 101 millones de euros del presupuesto de 2009, que serán transferidos de distintos capítulos a financiar el coste de las nóminas del personal sanitario, ha cargado de razones al ala socialista del Ejecutivo regional en su mensaje de que es «impensable» plantear unas cuentas al alza para el próximo ejercicio. El destinatario del 'recado' es el socio de gabinete, Izquierda Unida, que insiste en reivindicar un proyecto expansivo. «El momento económico no da para eso», insisten las fuentes del Gobierno consultadas por este periódico.

Para el Gobierno, el empeoramiento de la situación económica obliga a actuar con «absoluta rigurosidad» a la hora de realizar la planificación económica de 2010. Y eso, desde luego, excluye los excesos. «Se irá a la deuda, claro que sí, pero dentro de unos límites», matizan estas fuentes.

Las pautas de actuación son claras. Acudir a la deuda en unos límites razonables y «la mejora en la eficiencia de los recursos», con el objetivo de manejar fondos suficientes para atender las dos grandes prioridades que ya se han marcado desde hace semanas. Por un lado, que el capítulo inversor se mantenga en los términos actuales, rondando los 1.000 millones de euros. Por otro, que el gasto social continúe en el entorno del 65% del total del presupuesto.

Respecto a esa reorientación de 101 millones de euros, el consejero de Economía justificó ayer la medida en la necesidad de «garantizar los servicios públicos». Jaime Rabanal, eso sí, aseguró que este cambio «no pone en cuestión la inversión ni los objetivos del presupuesto», en la medida en que se utilizan recursos «que no son necesarios».

Déficit superior

¿Será este el último retoque en las cuentas actuales? «No está previsto nada más», replican fuentes del Gobierno, que destacan que el año se cerrará en los términos previstos, «aunque quizá con un déficit ligeramente superior a lo esperado».

En Izquierda Unida no lo tienen tan claro. No tanto por la posibilidad de que se decidan nuevos ajustes sobre el presupuesto actual, algo que parece improbable, como por la certeza de que los socialistas aprovecharán este nuevo panorama para justificar la necesidad de que las cuentas de 2010 sean contenidas.

El anuncio de Rabanal fue entendido así por la dirección de la coalición. Los socialistas, en todo caso, intentan calmar el debate y remiten el «ajuste fino» de las cifras a septiembre, cuando las direcciones de ambas formaciones políticas se reúnan para hablar de las cuentas. «A todos nos gustaría que la situación fuera mejor, pero eso, a día de hoy, es sólo un deseo», se resume desde el Ejecutivo.